La Generalitat niega que se ordenara denegar atención médica a residentes pese a los miles de fallecidos sin traslado al hospital

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha negado este lunes que existiera ninguna orden para denegar la atención hospitalaria a usuarios de residencias de mayores durante la pandemia de vovid-19.

En una comparecencia telemática en la comisión del Parlament, recogida por Europa Press, que investiga la gestión de las residencias de gente mayor, el conseller ha respondido así a la acusación que lanzó la organización Amnistia Internacional, que la semana pasada publicó un informe en el que denunciaba violaciones de derechos humanos en ese ámbito.

El Homrani, a preguntas de diputados de la oposición, ha asegurado que "no ha habido ninguna orden de no trasladar los residentes a los hospitales" y, ha explicado que las decisiones médicas han sido las que han regido las actuaciones del sistema asistencial.

"La decisión de ingresar o no en un hospital, con covid, antes de covid y después de covid, siempre la tiene el personal sanitario desde una perspectiva clínica, y debemos tener la máxima confianza en ellos", ha afirmado.

Según desveló infoLibre, al menos 2.797 mayores murieron en marzo y abril en residencias de Cataluña sin ser trasladados a un hospital, acorde a los datos oficiales de la Generalitat. Una cifra que equivale al 72% del total de residentes fallecidos en dicho periodo. Aunque la versión oficial de la Generalitat siempre ha negado la existencia de órdenes escritas para impedir el traslado de residentes a centros hospitalarios, sí que se conoce la existencia de un Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas que recogía, entre sus recomendaciones, no ingresar en la UCI a determinados pacientes mayores de 80 años, según hizo público betevé.

El conseller ha defendido que, con la irrupción de la pandemia, el Govern mejoró los mecanismos de coordinación entre las residencias y el ámbito sanitario: "Uno de los aspectos que reforzamos en la primera ola fue vincular de forma mucho más directa el sistema de atención sanitaria primaria con el sistema residencial; se movilizaron más de 800 profesionales de la primaria", ha esgrimido.

El Homrani también ha reconocido que, en la primera ola, no se dispuso del número suficiente de equipos de protección individual (EPI) en las residencias, y ha apuntado como causas a la saturación del mercado y a la centralización de la compra de las mismas por parte del Gobierno: "La situación era muy compleja", ha explicado.

El conseller ha afirmado que la responsabilidad de la compra de EPI en residencias de mayores gestionadas por empresas depende de los gestores, si bien el Govern colaboró, según ha explicado, para conseguir dichos equipos; también ha asegurado que el ejecutivo central "requisó" EPI adquiridos por otros agentes para centralizar su reparto.