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La gran paradoja del 21A: un Parlamento más soberanista, una ciudadanía menos independentista

Cataluña

El Gobierno prevé actuar contra Mas y Forcadell antes de aplicar el 155 de la Constitución

"El Gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos y que esta propuesta de resolución, en el caso de ser aprobada por el Parlamento de Cataluña, no surtirá ni uno solo de sus efectos. El Estado no va a renunciar al uso de todos sus mecanismos políticos y jurídicos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes". Este párrafo encierra la esencia de la respuesta del presidente del Gobierno a Junts pel Sí (JxSí) y la CUP después de que este martes registraran una propuesta para el inicio del proceso independentista. El recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) es, de todas las vías de acción que están sobre la mesa, la que más opciones tiene según la fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre.

En última instancia, este recurso permitiría sancionar o suspender al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y a la presidenta del Parlament, la recién elegida Carme Forcadell. A la vuelta de las vacaciones de verano, el Partido Popular presentó una reforma del Tribunal Constitucional, calificada de "electoralista" por la oposición en pleno, y que le habilita para proceder contra quienes no cumplen sus resoluciones. Esta reforma tenía un destinatario especial: Artur Mas. Y ahora el Gobierno parece dispuesto a ponerla a prueba.

El recurso al artículo 155 de la Constitución, el de la suspensión de la autononía, queda, pues, como última baza del Gobierno de Mariano Rajoy. Como la opción más dura y, de momento, a evitar, salvo que los acontecimientos se precipiten.

La única duda existente sobre la vía del Constitucional es sobre los plazos. El Gobierno, que ha encargado a los servicios jurídicos que analicen todos los posibles escenarios, podría solicitar la impugnación de la resolución antes de ser aprobada o una vez que tenga el visto bueno del Parlament.

Como ha ocurrido en otras ocasiones en este proceso, el texto dejaría de tener efecto desde que es admitido a trámite por el TC. La pelota quedaría, entonces, sobre el tejado de la Generalitat: seguir o no seguir con la hoja de ruta marcada en el texto de JxSí y la CUP.

Si no se respeta la suspensión, es cuando entraría en marcha la reforma del TC. Y es aquí donde Mas, como presidente en funciones, y Forcadell, como responsable de la tramitación del texto, tendrían que asumir responsabilidades. "Ellos o cualquier otra autoridad que hubiera intervenido en el proceso suspendido por el tribunal", precisan desde el Ejecutivo.

Un escenario que viene marcado en la resolución

No es, a priori, un escenario remoto si se tiene en cuenta que el punto seis de la propuesta de resolución subraya que el Parlament y el proceso "no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegetimado y sin competencia desde la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña".

La reforma del TC contempla que si aprecia el incumplimiento de una de sus resoluciones podrá adoptar varias medidas, desde imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros a la suspensión de las funciones "de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".

Pese a que las esperanzas son nulas, y todo acabará en el TC, según las fuentes del PP consultadas, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlament intentará frenar la resolución que salga del órgano de Gobierno de la Cámara autonómica. Pero el PP está en una posición minoritara y no conseguiría apoyos para articular una mayoría.

No obstante, en el partido que preside Alicia Sánchez-Camacho consideran que es una buena forma de ver "cómo se retratan" el resto de fuerzas.

Aplicación del 155

Otro de los mecanismos que tiene el Gobierno es la suspensión de la autonomía, consagrada en el artículo 155 de la Constitución, que reza como sigue: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Desde el Ejecutivo llevan semanas insistiendo en que el hecho de que el Senado esté disuelto no es óbice para que pudiese cumplirse. En este caso, sería la Diputación Permanente, el órgano de la Cámara que adopta las funciones del pleno en los periodos no oficiales de sesiones, el que se encargaría de llevar a cabo los pasos marcados en el artículo 189 del reglamento del Senado.

En todo caso, de llegarse a este escenario, la intención del Gobierno de Rajoy es la de una aplicación parcial. "Hay mucho mito sobre el 155. La imagen es que llegan estructuras del Estado y lo invaden todo. Pero hay varias alternativas", señalan las fuentes consultadas.

Una de las posibilidades de las que se habla es, por ejemplo, la de intervenir la tesorería de la Generalitat para bloquear la salida de dinero para la creación de estructuras de Estado.

Pasos a seguir

Si el Gobierno quiere dar este paso, tiene que presentar al presidente del Senado un escrito con el contenido y el alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de que se ha requerido al presidente de la comunidad para que adopte una serie de medidas que no se han cumplido.

A partir de ahí, la Mesa del Senado trasladará el escrito a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y se reclamará al presidente autonómico que presente alegaciones, se estudiarán las mismas y la Comisión propondrá al pleno –en este caso sería a la Diputación Permanente– sus argumentos a favor o en contra. Tras el debate parlamentario, se vota la propuesta.

Una campaña "catalanizada"

En este contexto, el PP y el Gobierno se prepara para una campaña "catalanizada" marcada fuertemente por lo que esté ocurriendo en Cataluña. Sobre todo si se tiene en cuenta que la resolución "considera pertinente iniciar en el plazo máximo de treinta días la tramitación de las leyes del proceso constituyente, seguridad social y de hacienda pública".

Fuentes de la dirección nacional de los conservadores lamentan que el desafío soberanista vaya a monopolizar todo lo que ocurra en política de aquí al 20-D , pero no ocultan que van a aprovechar para dejar claro que "el PP es el único partido con las cosas claras a la hora de defender la unidad de España". Señalan que no lo tienen muy difícil porque es lo que ha hecho Mariano Rajoy durante toda la legislatura.

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"Lo de hoy [por el martes] nos altera algo la campaña que teníamos diseñada. Pero no vamos a desaprovecharlo", mantienen. "Rajoy se ha mantenido firme, no ha cedido a ningún tipo de chantaje, se ha comportado como un hombre de Estado. Y eso es para sacar pecho de ello", considera un dirigente conservador.

¿Y qué hay en frente? Los conservadores consideran que en este campo llevan la delantera a un PSOE "que no tiene claro su discurso en Cataluña" y a Ciudadanos, "que en el Gobierno central no tiene ningún margen de actuación".

Este mismo martes, el líder de Ciudadanos reclamó al Gobierno que recurriera ante el TC, un gesto que podría conducir a pensar que van a ir más allá en su estrategia que el partido de Mariano Rajoy. En el PP señalan que, a día de hoy, "nadie tiene ninguna duda de que Rajoy ha actuado siempre como debía en este proceso y que hay unos plazos que cumplir y una serie de estudios jurídicos que analizar". "Contundencia y proporcionalidad", resumen.

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