Andalucía

La Iglesia invirtió en Abengoa dinero de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Imagen de la Mezquita de Córdoba.

El Cabildo de Córdoba, órgano eclesial responsable de la administración de la Mezquita-Catedral, tiene dinero invertido en Abengoa. Concretamente, se trata de derechos sobre acciones de la compañía en una filial estadounidense, Atlantica Yield, según fuentes conocedoras de la operación. Tanto el Cabildo como la Diócesis mantienen en secreto los ingresos que la Iglesia consigue con la gestión de la Mezquita-Catedral, inmatriculada por la Iglesia en 2006 y que disfruta de un beneficioso régimen fiscal. Más de 1,6 millones de personas visitaron el monumento en 2016, según el Cabildo. Las entradas cuestan 10 euros para la visita diurna (el año pasado eran 8: han subido un 20%) y 18 para la visita nocturna. El Cabildo rechazó este lunes realizar cualquier comentario o aclaración. A juicio de la Plataforma Mezquita-Catedral, que defiende la titularidad pública del monumento y la transparencia de sus cuentas, esta inversión "desmiente las reiteradas declaraciones efectuadas por el Cabildo acerca del uso de los beneficios en proyectos de conservación del inmueble y ayudas de naturaleza social".

Los intereses del Cabildo de Córdoba en Abengoa fueron desvelados por el diario Expansión, que publicó un listado de 350 inversores en los créditos urgentes que ofreció la compañía tras ser declarada en preconcurso de acreedores en noviembre de 2015. Se trata del listado de inversores facilitado por Atlantic Yield a la SEC (Securities and Exchange Commision), la agencia federal encargada de la supervisión de los mercados financieros en Estados Unidos. Abengoa es titular de más del 40% de las acciones de Atlantica Yield, pero están puestas en garantía a favor de los financiadores de Abengoa, tanto acreedores como bonistas.

Es ahí, explican fuentes conocedoras de la operación, donde se encuentra el Cabildo de Córdoba, a la espera de recuperar su inversión. Estas fuentes rechazan la interpretación de que el dinero aportado por la Iglesia haya sido para "salvar a Abengoa". "El Cabildo tenía dinero invertido en la empresa. Cuando Abengoa entró en preconcurso y en fase de reestructuración, ofreció a tenedores de bonos y deuda la posibilidad de adherirse al plan y realizar una inversión de lo que se conoce como dinero nuevo, que mejora la calidad de la deuda. Que eso sirviera indirectamente a la supervivencia de Abengoa es secundario. Lo que pretendían todos estos inversores era garantizar el cobro de la deuda", explican. No es que el Cabildo tenga acciones de Atlantic Yield, sino que las tiene Abengoa pignoradas (puestas como garantía) a favor de otros, entre ellos el Cabildo.

Abengoa atraviesa una situación económica muy delicada, aunque ha evitado la quiebra gracias –entre otros factores– a un duro ajuste laboral. Atlantica Yield, que cotiza en el Nasdaq, es un activo valioso de la compañía. En caso de venta de esta empresa cotizada, permitiría reducir la deuda de Abengoa. La compañía presidida por Gonzalo Urquijo rechazó realizar cualquier comentario sobre la inversión de la Iglesia, afirmando que es un asunto que concierne al Cabildo.

"Absoluto descontrol"

La Plataforma Mezquita Catedral emitió este lunes un comunicado en el que denunció que "el Cabildo Catedral destina el dinero que obtiene por la explotación comercial de la Mezquita Catedral de Córdoba a salvar multinacionales en quiebra afines ideológicamente". "Lamentamos", añade el comunicado, que la Iglesia "use para fines espurios los millonarios fondos derivados de las entradas de un bien fundamental del patrimonio cultural andaluz". A juicio de esta organización laicista, esta inversión "pone sobre la mesa el absoluto descontrol en las cuentas de la Mezquita Catedral", que disfruta –afirma el mismo comunicado– de "opacidad fiscal". Por ello, la plataforma exige a la Junta de Andalucía que "obligue al Cabildo a actuar con transparencia y rigor en su gestión económica", de forma que se conozcan con detalle tanto los ingresos como los gastos.

La plataforma recuerda que el Estado, a través de sus distintas administraciones, ha financiado la conservación de la Mezquita-Catedral, "permitiendo que el monumento omeya llegue a nuestros días en óptimas condiciones". "No es de recibo que la Iglesia, además de apropiarse de forma unilateral del edificio y quedarse en exclusiva con los beneficios de su explotación comercial, encima los destine a inversiones mercantiles que nada tienen que ver con el fin patrimonial del monumento", añade el comunicado.

"Portal de transparencia", pero sin detalle

La mezquita fue construida en el siglo VIII por Abderramán I. Fernando III la convirtió en catedral en el siglo XIII. En el siglo XV el obispo Iñigo Manrique impulsó la construcción de una capilla catedralicia en el interior del templo. Hoy todo el conjunto pertenece jurídicamente a la Iglesia, aunque la titularidad es objeto de discusión. El Ayuntamiento (PSOE-IU) y la Junta de Andalucía (PSOE) pretenden que sea pública, aunque actualmente estas instituciones no tienen abiertas vías para conseguirlo. No obstante, ha sido la Iglesia la que hasta la fecha se ha llevado el gato al agua. La pretensión de deshacer la inmatriculación y forzar por vías legales un cambio de titularidad se antoja difícil.

El monumento es gestionado por la Iglesia, que afirma que emplea dinero obtenido con las entradas para su conservación. Es imposible conocer cuánto ingresa y gasta la Diócesis de Córdoba en la Mezquita-Catedral de Córdoba consultando los supuestos estados contables que publica en "portal de transparencia" de su web. El último documento colgado corresponde al ejercicio de 2015. En "Ingresos Fondo Común Diocesano" aparece una "aportación Cabildo Catedral" de 912.000 euros. En los ingresos al fondo para la "sustentación del clero", figuran 72.200 euros. Los ingresos por las entradas de la Mezquita-Catedral no pueden ubicarse ni en "aportaciones voluntarias de los fieles", ni en "ingresos patrimoniales", ni en "otros ingresos corrientes". El Cabildo, que disfruta de un generoso régimen de exenciones por los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 y la ley de mecenazgo de 2002, rehusó aclarar dónde figuran.

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