Imputados en los casos 'Nóos', 'Gürtel' y la trama china buscan la amnistía fiscal de Montoro

¿Qué tienen que ver los imputados de tres de los principales casos de corrupción que se investigan en España: Gürtel, Nóos y Emperador? Pues que varios de los implicados en estos casos de corrupción han recurrido a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoyamnistía fiscal para intentar sortear el delito contra la Hacienda Pública. En el caso Gürtel ésta intención de los imputados la confirma el contenido de un escrito del Abogado del Estado presentado el 5 de febrero en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional en relación a Luis Bárcenas: "Resulta evidente que el imputado pretende que la presentación de las dos declaraciones tributarias produzcan un efecto exoneratorio de su presunta responsabilidad penal por lo que se refiere a los posibles delitos contra la Hacienda Pública".

De esta forma, mientras la amnistía fiscal de Montoro solo ha logrado recaudar menos del 50% del dinero previsto inicialmente (1.191 millones de euros de los 2.500 esperados) algunos de los imputados en importantes casos de corrupción la han tratado de utilizar para evitar posibles delitos. Como por ejemplo el citado del extesorero del PP, que ha sido el caso que más ha trascendido. Sobre todo después de que el propio Bárcenas hiciera público en enero que había legalizado casi 11 millones de euros pagando solo el 10% a Hacienda.Bárcenas

Pero en Gürtel otros dos imputados, Alfonso García Pozuelo Asins y Fernando Martín, regularizaron diferentes sumas. También pusieron al día sus fondos opacos, aunque mediante otros procedimientos diferentes a la amnistía del Ejecutivo, Manuel Salinas Lázaro (7,5 millones), Amando Mayo, (1.359.019 euros), Ramón Blanco Balín (504.742,99 euros), la empresa Begar de José Luis Ulibarri, (430.600,48 euros), Alberto López Viejo (4.722 euros) y Alfonso Bosch (3.111 euros).

En el caso de Bárcenas las comisiones rogatorias demuestran que el exsenador por Cantabria del PP abrió en 1999 una cuenta en la que también figuraba Francisco Javier Yáñez, otro exempleado de su partido. Esa cuenta, y las que le siguieron, fueron incorporando todos los años importantes cantidades de dinero hasta llegar a los 47 millones en los bancos Dresdner y Lombard Odier. En 2009, tras destaparse el caso Gürtel, Bárcenas nombró apoderado a Iván Yáñez, el hijo de su amigo y compañero en el PP Francisco Javier Yáñez, que se encargó de cerrar todas las cuentas y transferirlas a una sociedad uruguaya denominada Tesedul. Precisamente fue Yáñez, que también se ha acogido a la aministía fiscal de Montoro, quien en nombre de Tesedul pagó los 1,1 millones de euros necesarios para regularizar los casi 11 millones de euros que Bárcenas tenía en la cuenta de esa sociedad. Todo con la intención de evitar ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública.

Pero este intento podría ser vano ya que la última comisión rogatoria ha puesto de manifiesto que Bárcenas llegó a disponer de hasta 47 millones de euros. Bárcenas 47 millones de eurosPor lo que te tendrá que explicar al juez Pablo Ruz qué fue de los 36 millones que suponen la diferencia con los 11 millones de euros regularizados gracias a la ley de Montoro.

La legalización del dinero de Bárcenas fue posible gracias a la conocida ley de amnistía fiscal del Ministerio de Hacienda. Un ministro que en todo momento negó que el extesorero de su partido pudiera eludir el delito contra la Hacienda Pública. En una nota de prensa del departamento dirigido por Cristóbal Montoro se llegaba a asegurar que, al haber presentado Yáñez la declaración y no Bárcenas, la amnistía no podría beneficiar al extesorero del PP. "Tampoco permite regularizar rentas con un procedimiento abierto administrativo o judicial antes de su presentación", completaba la nota.

Pero el escrito presentado por el Abogado del Estado ante el juez Pablo Ruz muestra la letra pequeña de la ley, que siembra dudas sobre si se puede acusar o no a Bárcenas de un delito contra la Hacienda Pública. Al contrario de la pretensión del letrado, su escrito aumenta más las dudas acerca de la posibilidad de que Bárcenas pueda ser encausado por un delito contra la Hacienda Pública por los fondos detectados por la investigación de Tesedul.

El abogado del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, es decir, al Ministerio de Hacienda, concluye que Bárcenas no puede acogerse a la amnistía fiscal y que además no le privará de afrontar un delito fiscal. Aunque reconoce de forma implícita varias lagunas en la ley. La primera, cuando asegura: "Como puede apreciarse, el Real Decreto Ley nada dice respecto a qué ocurre en los casos en los que la declaración tributaria especial se presente después de iniciado ya un proceso penal por delito". Y no lo hace, dice, porque era "innecesario" asegurando que tal cuestión ya estaba regulada en el Código Penal, que sostiene que no puede quedar exento de un delito contra la Hacienda Pública quién regularice su situación tributaria después de estar imputado por ese delito.

Modificación del Código Penal

Pero el Abogado del Estado también alerta sobre la existencia de una disposición adicional referida a la declaración tributaria especial incluida en la Ley Orgánica 7/2012 aprobada el 27 de diciembre de 2012, que modifica el Código Penal tal y como había considerado necesario el vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez."Esta disposición viene a decir que las rentas declaradas a través de la declaración tributaria especial se considerarán rentas declaradas en plazo", explica el abogado del Estado, que representa a Hacienda en el caso Gürtel en relación a la modificación del Código Penal por parte del Gobierno, al mismo tiempo que reitera que la regularización solo puede ser válida si fue presentada antes de que se hubieran iniciado las actuaciones penales.

De opinión totalmente contraria es el portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, que representa a un colectivo que consideró que los abogados de Bárcenas habían realizado "una jugada maestra" regularizando las cuentas de Tesedul. En declaraciones a infoLibre, este funcionario confirma que, por el momento, el extesorero ha logrado su objetivo de regularizar los casi 11 millones de los que disponía en esa sociedad. Y lo ha hecho porque, según la ley, esta iniciativa es válida si se ha hecho antes de haber recibido una comunicación oficial del inicio de una investigación concreta, no una investigación general. Y en este caso, pese a que Bárcenas está imputado de forma indiciaria por un delito contra la Hacienda Pública, el nombre concreto de Tesedul no se conoció hasta después de que el extesosero del PP regularizara su dinero. No obstante, Mollinedo indica que los últimos documentos remitidos por Suiza la semana pasada abren la puerta a su imputación por el mismo delito contra la Hacienda Pública en 2005, pero no en años posteriores.

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En el caso Emperador, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tuvo conocimiento hace varios días de que la empresaria María Iria García de Sáez Borbón Dos Sicilias, prima del rey Juan Carlos, había reconocido que en diciembre pasado había regularizado un millón de euros que tenía su madre en una cuenta en Suiza. Según explicó en su declaración, la aristócrata había recibido el dinero de una herencia de su familia polaca. Fuentes del caso han argumentado que en relación con esta pariente del rey la Fiscalía ya no puede acusarla de un delito contra la Hacienda Pública al no haberse comunicado su imputación antes de que hubiera regularizado el millón de euros. Además, ella ha asegurado que cuando una de las integrantes de la trama le dio 20.000 euros "de parte de don Quijote", ese dinero formaba parte de la herencia de su madre contenida en el millón de euros. En ese caso, según el portavoz de los técnicos de Hacienda, no hay dudas, al tiempo que se cumplen las previsiones de que solo acuden a los procesos de regularización quiénes están seguros de que van a ser descubiertos.

En la investigación sobre el yerno del rey, Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin, también se ha sumado a la lista de beneficiados por la ley de Montoro. Legalizó 160.000 euros que tenía en una cuenta de banco en Luxemburgo, que no había sido detectada ni por la Fiscalía Anticorrupción ni por el juez. Ese es el motivo por el que Torres, al igual que la prima lejana del rey, podrá evitar la acusación de delito contra la Hacienda Pública.