Dos jueces de la Audiencia Nacional reactivan la investigación sobre las cajas B del PP

Dos semanas horribilis para el Partido Popular. Los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco han reactivado en los últimos días las investigaciones sobre la contabilidad B del Partido Popular, que controlaba a nivel nacional el extesorero del PP Luis Bárcenas y en la Comunidad de Madrid el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, acordó la reapertura de la investigación sobre la caja B que el PP mantuvo supuestamente entre 1990 y 2008. En un auto de 28 de febrero, citó a declarar como investigados para el 23 y el 24 de marzo al presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y a los empresarios Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez.

El instructor de la pieza separada de los papeles de Bárcenas reabrió el caso después de que el propio Correa asegurara en el juicio de la primera época de Gürtel [1999-2005] que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, abonó comisiones de entre el dos y el tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas".

Y pese a que rechaza llamar a declarar a los empresarios Juan Manuel Villar Mir y Rafael Palencia Marroquín, y al expresidente balear Jaume Matas, el magistrado no cierra la puerta a hacerlo en un futuro, al asegurar que de ello depende "de lo que resulte de las diligencias anteriores".

Por su parte, el magistrado Eloy Velasco ha reactivado esta semana la investigación de la pieza separada de la Púnica sobre la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre, reabriendo las pesquisas que había archivado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira sobre la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), creada en 2000 por el exalcalde de Majahadonda Ricardo Romero de Tejada, condenado a un año de cárcel por las tarjetas black.

Contraprestaciones en metálico

En su auto, De la Mata recuerda que el objeto de la investigación, que estaba "provisionalmente archivada" en relación a los empresarios, era comprobar si las anotaciones "constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

Sin embargo, el juez Ruz no pudo procesar a ninguno de los empresarios que presuntamente habían pagado las mordidas que Bárcenas anotaba de forma manuscritamanuscrita en su cuaderno.

En una de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, Correa se jactó de que había llevado "mil millones de pesetas" [seis millones de euros] a la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Precisamente el extesorero, que es uno de los procesados en la pieza separada de la contabilidad B del PP, declaró ante el juez Pablo Ruz que el partido tenía en "todas las provincias y regiones" una caja B que se destinaba a la financiación de las campañas electorales, siendo revisado este sistema por los secretarios generales y conocido por los presidentes.

La primera caja B

En concreto, Bárcenas declaró que el ex secretario general del PP y exministro de Defensa Francisco Álvarez-Cascos fue la persona que entre 1990 y 1993 supervisó la caja Bcaja B del PP tras la detención en 1990 del entonces tesorero Rosendo Naseiro en el caso que lleva su apellido. Álvarez-Cascos siempre negó dicha acusación y nunca figuró como imputado.

Según Bárcenas, Naseiro fue el encargado de aportar en abril de 1990 los primeros ocho millones de pesetas (48.080 euros) que aparecen en la contabilidad manuscrita del PP.

El juez Ruz concluyó la investigación y acreditó la existencia de la caja B del Partido Popular. Además, Ruz confirmó que desde 1990 y hasta al menos 2008 el PP se benefició de diversas fuentes de financiación "ajenas al circuito económico legal”.

Asimismo, el magistrado constató el destino de este dinero negro: "El pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; a gastos generados en campañas electorales; y a distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad. Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido".

 

José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons.

Según los apuntes manuscritos de Bárcenas, publicados por el diario El País, Mariano Rajoy habría sido el político del PP que más dinero recibió en negro: 373.000 euros. Por su parte, el presidente del Gobierno siempre ha negado haber cobrado cantidad alguna.

En su declaración en el juicio de la Época I de Gürtel, Bárcenas trató de exculpar a su mujer de haberse quedado con una parte del dinero de la caja B, y para ello apuntó al PP: "El partido los ingresa en la cuenta oficial, esos 60.00 euros que salieron de las anotaciones extracontables del partido, que estaban anotados, entran ahora sí en la cuenta de donativos anónimos del partido, las dos cantidades que conforman los 149.600 euros acaban siendo e ingresados en las cuentas del partido, en la cuenta de donativos del partido".

Fundescam en la PúnicaPúnica

Pero los problemas judiciales no sólo se multiplican para el PP nacional. El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, ha reactivado sus pesquisas sobre la única pieza separada que permanece secreta, la de la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre.

Y lo ha hecho gracias a que los agentes de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron durante los registros que realizaron hace un año del ordenador que el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez tenía en su puesto de trabajo, pero también en su vivienda.

El pasado miércoles, Velasco llamó a declarar como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, que fue también tesorero del PP de Esperanza Aguirre; al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Los dos últimos, Arturo Fernández y Beltrán Gutiérrez han sido condenados a seis y ocho meses de cárcel, respectivamente, en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Según aseguran fuentes de las declaraciones de Echeverría y Fernández, ya que la comparecencia de Gutiérrez fue pospuesta hasta este lunes, el juez Velasco interpeló a los investigados sobre los pagos a FundescamFundescamy a otras firmas.

Delitos no prescritos

Según adelantó el diario El País, en los registros ordenados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se encontraron documentos que probarían que las presuntas actuaciones irregulares se habrían extendido hasta 2011, por lo que los delitos, que podrían ser considerados continuados, no estarían prescritos, tal y como rubricó el magistrado que investigó el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.

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Un informe realizado por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, considera que Beltrán Gutiérrez era "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña" de 2003. El documento sostiene que Correa facturaba a Fundescam los actos electorales que realizaba con sus empresas para el Partido Popular madrileño e incluso para el nacional.

Además, el juez Velasco tiene en su poder una hoja de uno de los cuadernos manuscritos de Granados en la que aparecen anotaciones, que según su exsocio y ahora arrepentido David Marjaliza, identifican al mencionado gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, y al empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL, que también ha sido condenado a seis meses de cárcel en el caso de las tarjetas black.

Pero los papeles de Bárcenas y la Púnica no son los únicos casos que tocan de lleno a la financiación del PP. También esta pendiente de juicio la financiación ilegal del PP valenciano, así como otras piezas separadas de Gürtel como las actividades de Correa en Boadilla del Monte (Madrid).