Corrupción política

El juez y las fiscales del ‘caso Gürtel’ creen que el PP engañó al Tribunal de Cuentas

El juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y las fiscales que investigan el caso Gürtel, Concha Sabadell y Myriam Segura, creen que elPartido Popular engañó al Tribunal de Cuentas, según consta en un auto dictado este miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 y en un escrito del Ministerio Público.

En concreto, el auto del juez hace suyo el documento de las fiscales, que oponiéndose a la versión del PP aseguran que el Tribunal de Cuentas no ha confirmado la regularidad de las cuentas de este partido.

"Tal confirmación en modo alguno excluye la posibilidad de que se hubieran utilizado recursos económicos respecto de los que el órgano fiscalizador no pudiera haberse pronunciado debido, precisamente, a su ocultación y falta de consignación en los estados contables correspondientes", especifica el juez en el auto que confirma su decisión de llevar a juicio la primera parte del caso Gürtel.

Financiación ilegal

En la misma resolución, Ruz sostiene también que de la presunta financiación ilegal "obran indiciosfinanciación ilegalobran indicios en el supuesto que nos ocupa y en otras piezas separadas de la causa", en referencia al caso Bárcenas, "cuyo testimonio se ha acordado unir a la presente pieza separada".

Las fiscales, en su escrito dirigido al juez, van un poco más allá en su relato sobre el engaño del PP al Tribunal de Cuentas y aseguran: "Esto sería, de acuerdo con todos los indicios, lo que habria acaecido en el supuesto que nos ocupa".

"Responder del beneficio"

Precisamente, la "ocultación" del PP de estos fondos, explican tanto el juez como las fiscales, ha permitido que esta formación política se beneficiara "con fondos indiciariamente procedentes de un delito, por lo que debe responder del beneficio obtenido de modo que se neutralice cualquier ventaja generada con motivo de la presunta comisión de las infracciones penales atribuidas a Jesús Sepúlveda y a Guillermo Ortega". El primero, exmarido de la ministra Ana Mato, fue alcalde de Pozuelo de Alarcón y el segundo de Majadahonda, dos de las poblaciones madrileñas con mayor recaudación.

Así, explica el juez que "el Partido Popular se habría lucrado con la organización de eventos a su favor y con el mantenimiento y gestión de su oficina electoral en Pozuelo de Alarcón para las elecciones municipales de 2003 sin coste alguno para la formación política, toda vez que dichos servicios se habrían sufragado con los fondos obtenidos".

En este sentido, según el juez y la Fiscalía, el Partido Popular se habría beneficiado "a título lucrativo de los fondos obtenidos de modo presuntamente ilícito" por los imputados Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, propiedad, al menos en parte, de los Ayuntamientos de Pozuelo y MajadahondaPozuelo y Majadahonda.

Perjudicados

Y precisamente los dos representantes de ambos consistorios, gobernados por el PP, se han personado como perjudicados ante las presuntas irregularidades que habrían beneficiado a este mismo partido.

Tanto el instructor como el Ministerio Público llegan a la conclusión de la implicación del PP gracias a los diferentes informes realizados por la Policía Judicial. Como por ejemplo el fechado el 1 de junio de 2011, en el que se constata que el presunto cerebro de Gürtel, Francisco Correa, facturó a contratistas del Ayuntamiento de Majadahonda las campañas del PP. Además, Correa pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la policía.

Empresas de Correa

"Los fondos que entran en la cuenta [que la red corrupta utilizaba para los actos del PP] proceden del cobro de facturas emitidas por las sociedades de servicios de Francisco Correa", especifica el informe de la Policía judicial, que da el nombre de esas empresas: Special Events, Down Town Consulting, TCM o Pasadena.

Las firmas citadas anteriormente facturaban a contratistas municipales: "En unos casos adjudicatarios de contratos públicos por el Ayuntamiento, como por ejemplo la unión temporal de empresas (UTE) de la recogida de las basuras Sufi-FCC, a Equipamientos Ambientales, a Osepsa, la UTE Saglas-Panasfalto, Licuas o Tecmed".

También cobraron fondos, según los agentes, "a sociedades como Serprinsa, al Patronato Monte del Pilar, al Ayuntamiento y a la firma Creative Team, de la red de Francisco Correa".

El documento policial apunta que los fondos de la cuenta que la red Gürtel asigna a Majadahonda se destinan a abonar facturas de publicidad institucional del Ayuntamiento o del PP de Majadahonda. Todas ellas desarrolladas en medios de comunicación. El dinero de la cuenta de Correa también se destinó al pago de servicios profesionales, como por ejemplo los trabajos gráficos realizados para el Ayuntamiento o el PP de Majadahonda en los años 2003 y 2004.

Sepúlveda

En el caso de Sepúlveda, la Policía destaca que de los 560.000 euros que supuestamente percibió de la trama el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, la mayor parte (312.000 euros) se pagaron cuando Sepúlveda se encargaba de la organización de actos del partido y su entonces esposa, la actual ministra de Sanidad, era responsable del área de participación y acción sectorial del PP nacional.

Pero la partición del caso Gürtel, que ha dejado fuera de la primera pieza separada los hechos cometidos en el municipio de Boadilla del Monte, ha provocado que de momento el juez Ruz no haya destacado otro informe policial, que concluye que el acto electoral celebrado el 6 de marzo de 2003 por Esperanza Aguirre en Boadilla del Monte (Madrid), con un coste de 11.449 euros, fue sufragado al 50% por las sociedades FCC y Sufi a través de la red Gürtelred Gürtel.

Estas dos sociedades habían logrado el contrato para la recogida de la basura en ese municipio y, según la investigación, pagaron una comisión ilegal que acabó sufragando actos electorales del PP.

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