Así se organiza una evacuación masiva cuando un incendio amenaza a la población
La sucesión de grandes incendios forestales que arrasaron zonas de Madrid, Ávila y Toledo durante la última semana obligaron a evacuar o confinar a cerca de 100.000 personas en cuestión de horas, dando lugar a uno de los mayores operativos de protección civil de los últimos años. Este reportaje explica, a partir del dispositivo desplegado en la Comunidad de Madrid, cómo se organiza una evacuación masiva cuando un incendio amenaza a la población. Detrás de cada orden de evacuación existe un engranaje que moviliza a administraciones, cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y ayuntamientos para sacar a la población de las zonas de riesgo y garantizar que pueda regresar cuando las condiciones vuelvan a ser seguras.
En conversación con infoLibre, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, resume cuál ha sido la prioridad durante la gestión del incendio de la Sierra Oeste madrileña: "El objetivo primero de toda la emergencia ha sido salvar vidas". Ese principio ha guiado las decisiones sobre confinamientos, evacuaciones y el regreso de la población en el operativo desplegado en la Comunidad de Madrid.
La decisión de evacuar no la toma una sola persona
La decisión de evacuar una localidad no depende únicamente del avance de las llamas. Antes de activar un desalojo se analizan numerosos factores: la evolución prevista del incendio, la dirección del viento, el humo, la existencia de vías de escape seguras o la posibilidad de proteger el núcleo urbano.
Según explica Martín, la Unidad Militar de Emergencias (UME), como mando operativo, recopila información propia y la de especialistas en comportamiento del fuego, como los Grupos de Actuaciones Forestales (GRAF) o el Grupo de expertos del Ministerio de Transición Ecológica (FAST), además de los informes de la Guardia Civil sobre seguridad y movilidad. Con todos esos datos se decide si lo más seguro es evacuar, confinar temporalmente a la población o mantener la situación sin restricciones.
En algunos casos, la mejor opción no es evacuar, sino confinar a la población. Cuando existen edificios seguros y las vías de salida pueden resultar más peligrosas que permanecer en el interior, los responsables de la emergencia optan por pedir a los vecinos que permanezcan en sus viviendas hasta que el riesgo disminuya.
"A partir de esos criterios, de cómo iba a evolucionar el fuego y de si podía ponerse en peligro a la población, se determinaba la evacuación, el confinamiento o mantenimiento de la situación", explica el delegado del Gobierno en Madrid. La existencia de vías de salida seguras también condiciona cada decisión.
La Guardia Civil: avisos casa por casa
Una vez tomada la decisión, comienza una de las fases más complejas: ejecutar la evacuación. La portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, explica a este medio que los agentes reciben la orden desde el Puesto de Mando Avanzado y se despliegan inmediatamente por las localidades afectadas. "Nosotros estamos a disposición de quienes lideran la emergencia. En este caso ha sido la UME la que ha ostentado el mando operativo y nosotros éramos los encargados de ejecutar esa orden", explica la portavoz.
En muchos casos, la evacuación debe realizarse puerta a puerta, especialmente cuando hay personas mayores, vecinos con movilidad reducida o residentes que desconocen la gravedad de la situación.
Cuando los vecinos no quieren marcharse
"Nos hemos encontrado personas que no querían salir de casa y otras que ni siquiera se habían enterado porque estaban durmiendo la siesta", relata Mercedes Martín, que recuerda uno de los episodios más llamativos del operativo: la aparición de un vecino convencido de que todo seguía con normalidad mientras el resto del municipio ya había sido evacuado.
En los casos en los que algún vecino se resistía a abandonar su vivienda, los agentes optaron por el diálogo antes que por la imposición. "Lo que hacemos es intentar convencer. Nadie quiere abandonar su casa, pero cuando ven que el fuego está llegando, muchas veces son ellos mismos quienes deciden salir", explica la portavoz de la Guardia Civil.
No basta con sacar a la población
Mientras los agentes recorren las calles, otro dispositivo trabaja en paralelo. Las administraciones deben localizar municipios capaces de recibir a cientos o miles de personas, organizar el transporte para quienes no disponen de vehículo y preparar instalaciones deportivas, pabellones o centros municipales donde puedan pasar la noche.
Francisco Martín explica que la Delegación del Gobierno coordina este trabajo con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos para identificar espacios de acogida. Gracias a esa colaboración, unos 16 municipios han habilitado recursos para alojar a quienes no tenían otra alternativa mientras permanecían lejos de sus viviendas.
En paralelo, Cruz Roja ha reforzado la atención en los albergues provisionales con equipos especializados, alimentos, camas, mantas, apoyo psicológico y asistencia a personas mayores, familias con menores o personas con discapacidad.
Proteger las casas vacías
La evacuación no termina cuando los vecinos abandonan el municipio. Con las calles desiertas, la Guardia Civil reorganiza sus efectivos para impedir robos o actos de pillaje en las viviendas desalojadas. Para ello, se establecen patrullas permanentes en las localidades evacuadas y se mantiene el contacto con los propietarios, especialmente con aquellos que cuentan con sistemas de alarma, para actuar con rapidez ante cualquier incidencia. "El músculo que tiene que demostrar la Guardia Civil está precisamente en saber distribuir las patrullas de una manera adecuada para proteger las poblaciones que han quedado vacías", explica Mercedes Martín.
Durante los momentos de mayor intensidad del operativo en la Comunidad de Madrid, llegaron a participar hasta 600 agentes de la Guardia Civil, repartidos entre las labores de evacuación, vigilancia y protección de las zonas afectadas.
La vuelta a casa tampoco es automática
Antes de levantar una evacuación, los técnicos vuelven a analizar la evolución del incendio, el estado de las carreteras y las condiciones de seguridad. Solo cuando todos esos parámetros son favorables se autoriza el regreso de la población.
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El regreso también requiere coordinar transporte, informar a los municipios de acogida y organizar la vuelta escalonada de las personas evacuadas para evitar nuevos riesgos. Como resume Francisco Martín, el objetivo es que "el proceso de limitación y el de liberación se desarrollen de manera ordenada y con suficiente anticipación".
Aunque buena parte de la población ya ha podido regresar a sus hogares, el operativo aún no ha terminado. Solo en la Comunidad de Madrid llegaron a evacuarse unas 9.500 personas, de las que alrededor de 600 tuvieron que ser alojadas en puntos de acogida habilitados por distintos municipios.
Sin embargo, todavía hay vecinos que continúan lejos de sus casas. Es el caso de unas 400 personas de Robledo de Chavela que, según explica el delegado del Gobierno, permanecen repartidas entre diferentes municipios mientras los técnicos verifican que existen las condiciones necesarias para autorizar su vuelta. "Los ayuntamientos se han volcado para ofrecer unas condiciones muy dignas, aunque nadie quiere estar fuera de su casa y menos sin saber cuándo podrá volver o qué se va a encontrar", señala Martín. El retorno, concluye, solo se autoriza cuando el incendio deja de representar un riesgo para la población.
