Los abusos de la banca

Pedraz pide al Banco de España el perito que el Gobierno le negó para investigar el Banco de Valencia

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no se da por vencido tras la negativa de un organismo del Gobierno a nombrar peritos arquitectos que realicen tasaciones de varias fincas incluidas en el caso Banco de Valencia. Y por eso el pasado 11 de diciembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 dictó una providencia en la que requiere al Banco de España para que designe a "un perito experto en tasaciones".

El juez solicita al organismo regulador este nombramiento después de que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) le contestara que no podía designar dos arquitectos que determinaran las presuntas irregularidades de los dirigentes del Banco de Valencia.

Además, el funcionario designado por el Banco de España no debe haber realizado "funciones inspectoras ni de supervisión del Banco de Valencia", indica el magistrado, que desde el 24 de noviembre de 2013 viene reclamando sin éxito a la Agencia Tributaria y a diferentes organismos del Gobierno que le asignen funcionarios con la intención de cerrar ocho piezas separadas del caso, en el que está imputado el expresidente de Bancaja y del banco valenciano José Luis Olivas.

17.000 millones de rescate

En su intento por reactivar el caso, que investiga la gestión del banco que tuvo que ser rescatado con más de 17.000 millones de euros de dinero público, Pedraz dirigió una carta al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, en la que aseguraba que la participación de los peritos es "imprescindible", al tratarse de un procedimiento penal de especial trascendencia.

Precisamente el informe de los peritos designados por el Banco de España para el caso Bankia han puesto de manifiesto la importancia que tuvo en la matriz BFA-Bankia el maquillaje de las cuentas de la entidad valenciana. Según estos funcionarios, Bankia tendría que haber incluido 591 millones de euros en pérdidas procedentes del Banco de Valencia, por lo que el folleto de la salida a Bolsa tendría que haber reflejado pérdidas por 62 millones.

Pedraz pretende que el perito del Banco de España "analice [...] la corrección de las tasaciones realizadas con motivo de la financiación y dación en pago objeto de la investigación en estas actuaciones", especifica la providencia a la que ha tenido acceso infoLibre.

Irregularidades en las tasaciones

También quiere que el funcionario "informe, sobre la base de su experiencia en ese campo, sobre cualquier irregularidad en la confección de dichas tasaciones".

El magistrado justifica su determinación por la incorporación de los peritos porque "son expertos objetivos e imparciales, sin vinculación privada con ninguno de los contendientes y su imparcilidad viene determinada por su condición de funcionarios públicos, cuya actuación debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales".

La decisión de Pedraz coincide con el ofrecimiento de la asociación de pequeños accionistas de Banco de Valencia (Apabankval), que en un escrito dirigido al magistrado propone a dos peritos para que realicen las tasaciones requeridas: "Nosotros hemos identificado a expertos de reconocido prestigio que podrían encargarse de las tasaciones", asegura a infoLibre Diego Muñoz-Cobo, el letrado que presentó la querella inicial en nombre de los pequeños accionistas del Banco de Valencia, que dio inicio al caso que se investiga en la Audiencia Nacional.

Ratificación de los peritos

Por otra parte, Pedraz ha convocado a todos los peritos del Banco de España que han realizado informes sobre el Banco de Valencia para que ratifiquen desde el 26 de enero y durante cuatro días sus trabajos, de los que se desprende que los directivos de la entidad valenciana no hicieron caso de las advertencias de los funcionarios del organismo regulador.

El caso Banco de ValenciaBanco de Valencia se compone de una pieza principal, en la que se investiga la despatrimonialización de la entidad financiera valenciana, pero también de otras trece causas mediante las que el juez Pedraz trata de determinar si los antiguos administradores y directivos han cometido los delitos de apropiación indebida, en su modalidad de distracción de dinero, estafa y administración desleal.

Las ocho querellas presentadas por el FROB se centran en el diseño y aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación "verdaderamente ruinosas", principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.

Metrovacesa y Polaris World

En concreto, el FROB presentó querellas por una operación urbanística de la sociedad participada Nou Litoral para la construcción de una urbanización; la financiación conferida a la inmobiliaria Metrovacesa; la compra de dos edificios al empresario mallorquín Bartolomé Cursach; y otras tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad, entre las que se encuentra la de la promotora murciana Polaris World.

El fondo de rescate también se querelló por la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la adquisición de acciones de la sociedad Costa Bellver; la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial y la financiación del grupo inmobiliario Salvador.

Entre los imputados en estas piezas por la comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida y otros, se encuentran altos directivos del banco como su expresidente José Luis Olivas, su exconsejero delegado Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo. También están imputados el expresidente del Valencia C.F. Bautista Soler, varios integrantes de la familia Calabuig, y distintos empresarios de la construcción.

Los informes de los peritos de Bankia servirán también para acusar a los directivos del Banco de Valencia

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