La XIV Legislatura

De las renovaciones del CGPJ y el Constitucional a la de RTVE: las tareas pendientes del nuevo Congreso

Pleno del Congreso en el debate de investidura de Pedro Sánchez del 22 de julio de 2019.

La disolución de las Cortes para una convocatoria electoral conlleva que el grueso de las iniciativas parlamentarias decaigan. Es decir, que el contador se ponga a cero y los interesados en que se debatan y aprueben las leyes deben volver a registrarlas una vez se ponga en marcha la nueva legislatura. No obstante, hay un reducido número de ellas que se heredan, que pasan de un periodo a otro bajo el epígrafe de "traslado al próximo Congreso" Congreso. La breve XIII Legislatura deja en herencia a la XIV, que arrancará el 3 de diciembre con la constitución de las Cámaras, 79 iniciativas.

El grueso de ellas son proposiciones de las comunidades autónomas e informes del Tribunal de Cuentas. Pero también hay dos cuestiones relevantes que llevan tiempo atascadas: la renovación del CGPJ y la elección del presidente de RTVE.

El 4 de diciembre de 2018, hace ya casi un año, caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El proceso naufragó en noviembre después de que el candidato del Gobierno socialista y del Partido Popular a presidir el Supremo y el órgano de gobierno de los jueces, Manuel Marchena, diese un paso atrás después de difundirse un mensaje de whatsApp enviado a dirigentes del PP por el entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que este se jactaba de que el acuerdo iba a permitirles el control de la Sala Segunda del Supremo.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ya ha recordardo a las Cortes en tres ocasiones que tienen pendiente cumplir con esta obligación legal. La última vez que se avisó de la caducidad de los mandatos fue el 21 de mayo. La comunicación fue calificada por la Mesa el 5 de junio.

También estará sobre la mesa al renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), una iniciativa presentada en pasado 8 de julio y que fue calificada por la Mesa, el órgano de Gobierno de la Cámara el día 11 del mismo mes.

El presidente actual del Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Carlos Ollero y Fernando Valdés concluyeron su mandato la semana pasada, el 7 de noviembre. Fueron designados por el Congreso el 20 de julio de 2012. Atendiendo a lo que señala el artículo 159.3 de la Constitución, deberían permanecer en el cargo nueve años, hasta julio de 2021. Pero dado que fueron nombrados tiempo después de que vencieran los plazos de sus predecesores, se les descuenta este tiempo según se contempla en el Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Mayoría de tres quintos del Congreso

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del CGPJ, según puede leerse en el artículo 159 de la Constitución. Tradicionalmente, PP y PSOE se han entendido en esta materia. Está por ver lo que ocurre en esta XIV Legislatura en la que los conservadores han prometido una oposición dura después de que Pedro Sánchez haya decidido intentar ser investido presidente del Gobierno ofreciendo un Ejecutivo de coalición a Unidas Podemos. Como no le dan los números, tiene que hacerse con nuevos apoyos. Ahora el foco está puesto en lograr convencer a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El Congreso está integrado por 350 diputados, por lo que los tres quintos de la Cámara están ubicados en los 210 parlamentarios. Los socialistas obtuvieron 120 diputados el 10N; el PP, 89. La suma resulta 209 parlamentarios, a uno sólo de los tres quintos. Pero el PP también contaría con los dos escaños de Navarra Suma, la coalición con UPN y Cs con la que concurrieron en Navarra. Es decir, podrían llegar a los 211 diputados como mínimo, sin contar con la posibilidad de que se sumasen otros grupos.

El principal escollo para estos cálculos es que el Partido Socialista tendría que hacer algunos equilibrios para que sus socios vean con buenos ojos a los candidatos que propongan e incluso se reserven alguna cuota.

En el caso del CGPJ, ocho de sus 20 miembros son elegidos por Congreso y Senado –cuatro por cada Cámara–, también por mayoría de tres quintos.

Bloqueo también en RTVE

Saliendo del mundo judicial, otra de las grandes tareas pendientes es la del concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de RTVE

Este proceso lleva sin avances desde el 18 de diciembre de 2018, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) aprobaba la resolución del Comité de Expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE con el informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos y la relación de éstos en función de la puntuación obtenida. Hay varios recursos pendientes de resolución.

El trámite siguiente sería convocar a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados para realizar las comparecencias previstas en la ley.

"Tras la elección de los miembros del Consejo de Administración por el Pleno del Congreso de los Diputados, se procederá a la convocatoria de la Comisión de Nombramientos del Senado para realizar las comparecencias de los candidatos que no hubieran sido elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados. A continuación, y de acuerdo con el Reglamento del Senado, se procederá a la votación en el Pleno de esta Cámara", recoge la legislación.

Una vez realizada la elección de los miembros del Consejo de Administración, el Congreso tiene que designar, de entre todos los Consejeros, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo.

Dos reformas constitucionales

De esas 79 iniciativas que herederá el Congreso que se constituye el 3 de diciembre dos son proposiciones de reforma constitucional. Una es de Baleares y pretende la reforma del 69.3 de la Constitución para que la isla de Formentera eliga un senador propio, "con independencia del que elija la isla de Eivissa". La otra es del Principado de Asturias con el fin de que la "Constitución reconozca el derecho ciudadano a pedir la convocatoria de un referéndum, decidir sobre la derogación de una ley o solicitar la reforma constitucional".

También hay entre el listado de deberes pendientes de la Cámara Baja 10 proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas y siete propuestas de reforma de Estatutos de autonomía.

Entre las primeras destacan una proposición de ley de reforma del Código Penal para la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicido (Cataluña), una proposición de ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (País Vasco), una de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública (Asturias) o una modificación legislativa por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Cataluña).

La Región de Murcia está pendiente de que se debatan dos iniciativas de reforma de su Estatuto. Y también han registrado propuestas de este tipo La Rioja, Baleares y Cantabria. En el último caso, el de Cantabria, se pretende la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente autonómico y los consejeros de Gobierno.

Siete proposiciones fruto de iniciativas de los ciudadanos

La Constitución contempla la posibilidad de la Iniciativa Legislativa Popular. La ley orgánica que regula estos textos que parten de la ciudadanía establece que se ejerce "mediante la presentación de proposiciones de ley suscritas por las firmas de, al menos, 500.000 electores". En la actualidad, están en trámite en la Cámara siete iniciativas de este tipo.

Tienen que ver, entre otras cuestiones, con la "regulación del personal longevo al servicio de las Administraciones Públicas", la "efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español" o los "ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos".

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