Rueda da marcha atrás 24 horas después de minimizar el vertido y acepta que no es capaz de retirarlo sin ayuda

Mezclados con los microplásticos vertidos por el mercante Toconao, en la línea de costa de la playa de O Vilar, un extenso arenal de más de un kilómetro de extensión dentro de los límites del parque natural de Corrubedo (A Coruña), se acumula un volumen aún mayor de plásticos de todo tipo, desde botellas hasta palitos de caramelos. Pero los operarios desplazados al lugar por la Xunta no los recogen. “Sólo tenemos instrucciones para retirar los pellets”, contestan cuando se les pregunta por el motivo de ese comportamiento. El resto de los plásticos queda allí, expuesto a los elementos y a la fuerza de las olas.

El trabajo de esta cuadrilla de cuatro operarios, equipados con chalecos amarillos con el logotipo de la Xunta y resignados a llevar a cabo una labor cosmética incompatible con la recogida del vertido en un área tan extensa, es paradigmático de lo que ha estado sucediendo en las playas de la treintena larga de municipios en los que el Gobierno gallego reconoce afectación por microplásticos.

La recogida, cuando se lleva a cabo correctamente, es claramente extensiva en mano de obra. Y, según las organizaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza que llevan semanas trabajando sobre el terreno, exige meticulosidad para barrer la playa y separar las bolitas de plástico haciéndolas flotar en capazos y cubos para poder extraerlas sin afectar al ecosistema del arenal.

La Xunta, sin embargo, apenas ha desplazado a unos 200 operarios a las playas de la treintena larga de ayuntamientos en las que el vertido ya se ha hecho visible, según sus propios datos. Aproximadamente media docena por municipio, muchos de los cuales cuentan con varios arenales, algunos de ellos muy extensos. Algunos de estos operarios trabajan equipados con aspiradoras para la recogida. Otros hacen uso de pequeños rastrillos y palas. Mientras, una cifra indeterminada de voluntarios, organizados de forma autogestionada, trabaja en los arenales, aunque su número ha descendido desde el fin de semana.

Malestar creciente

Empujado por el creciente malestar de una población que no acaba de ver un verdadero despliegue de medios para atajar el problema, por la inquietud creciente del sector pesquero, que no sabe cómo afectarán los microplásticos a su medio de vida, y por la presión de los municipios afectados, el Gobierno de España y la oposición parlamentaria, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el sucesor de Alberto Núñez Feijóo, dio este martes marcha atrás.

El Ejecutivo gallego, que hace apenas 24 horas decía que la afectación era “testimonial” y no necesitaba ayuda, ha terminado por elevar el nivel de riesgo previsto en el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia y posibilitar así la llegada de la ayuda que hace varios días le brindó el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera. La misma medida que había aprobado horas antes el Principado de Asturias, a cuyas costas también están llegando microplásticos procedentes del contenedor hundido. Y a la que sumó después Cantabria, cuyas costas están expuestas al mismo problema.

La Xunta no ha explicado el motivo de este cambio de postura, más allá de asegurar que se basa en informes de MeteoGalicia sobre las corrientes marinas. 

Eso sí: Rueda ha precisado que sólo quiere ayuda del Gobierno de España para localizar en el mar las bolsas cargadas de microplásticos que todavía puedan flotar a la deriva desde que el barco perdió su carga el pasado 8 de diciembre a la altura de la localidad portuguesa de Viana dos Castelo, muy cerca de la frontera española. No para ayudar a la Xunta a recoger el vertido en las playas, que es lo que le ofrece el Ejecutivo.

“Hay sacos que no llegaron y el momento de recogerlos es ahora que están en el mar y las corrientes de estos días lo van a hacer todo más fácil”, argumentó tras visitar la playa de Espiñeirido, en Porto do Son (A Coruña).

Ayuda en tierra

Sin embargo, a la espera de recibir la petición concreta de la Xunta, lo que el Gobierno de España ofrece son medios para trabajar en la limpieza de las playas, no para tratar de localizar bolsas en el mar. Al menos eso es lo que anunció el martes por la tarde la vicepresidenta Ribera. “Los equipos están pendientes de entrar en contacto”, explicó, para evaluar “cómo se articula esta colaboración sobre el territorio”.

La Delegación del Gobierno en Galicia ya había señalado el lunes que la búsqueda en el mar no está dando frutos. Desde que se tuvo constancia del vertido, el 20 de diciembre, asegura este organismo, se han llevado a cabo salidas diarias por aire y por mar de medios dependientes de Salvamento Marítimo en busca de bolsas sin detectar nada. Tampoco la flota pesquera comunicó ningún avistamiento.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, abundó después en las intención de la Xunta de limitar la colaboración del Gobierno de España a la búsqueda en el mar. “Todo lo que llegue en sacos es mucho más controlable que las miles de partículas que puedan esparcirse por las playas”, razonó.

La Xunta calcula que hasta ahora solo han recogido un 10% de los 1.000 sacos que llevaba el contenedor. Pero aun así aseguró que el dispositivo que tiene habilitado la Xunta en tierra es “suficiente”. A partir de ahora, anunció, la recogida no se centrará solo en la limpieza del vertido, sino que va a incluir “todo tipo de plásticos”. “De un problema tenemos que hacer una virtud”, se jactó la conselleira.

Cambio de criterio

El cambio de posición de Rueda estuvo precedido por la constatación de que la Xunta minimizó el problema durante semanas. Supo del vertido el 13 de diciembre y fue avisado de su origen el 20, a pesar de lo cual no activó el plan de contingencias hasta el 5 de enero, casi un mes después de que el carguero perdiese el contenedor con más de 26 toneladas de microplásticos en su interior. Su antecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, lo reconoció en una entrevista en Onda Cero, y lo constató una carta enviada por la Xunta a los ayuntamientos antes de Navidad.

La credibilidad de la Xunta se ha visto además comprometida después de que el Gobierno gallego afirmase la inocuidad de los microplásticos basándose en un análisis encargado por la Consellería de Medio Ambiente. Al día siguiente, sin embargo, se supo que el dictamen no se basaba en el examen del vertido, sino en una ficha técnica sobre su supuesta composición.

Investigadores de la Universidad de A Coruña (UDC) consultados por la agencia Efe han alertado del problema de ingerir este material al consumir peces que los hayan comido. El director del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA), Jaime Rodríguez, advierte de que los microplásticos suponen “un grave problema” y “no por su toxicidad, sino porque se acumulan”.

Tampoco la versión del Gobierno de España permanece indemne. Europa Press difundió un informe de las autoridades portuguesas emitido el 8 de diciembre en el que trasladaba a España que el buque Toconao había perdido seis contenedores frente a sus costas. Una comunicación que, de ser cierta, pondría en entredicho la versión del Ejecutivo español, según el cual no supo del origen del vertido hasta el día 20.

En el centro de la campaña electoral

El vertido se ha convertido ya en un tema central de la precampaña electoral en Galicia, que el 18 de febrero renueva su Parlamento. En el PP cunde la preocupación porque este asunto acabe movilizando a una izquierda en cuyo desinterés por los comicios confiaban para que Rueda pudiese renovar la mayoría absoluta que Feijóo consiguió mantener durante los últimos 14 años.

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Las visitas de los candidatos a las playas se suceden y el fuego cruzado de acusaciones, también. La Xunta acusa al Gobierno de haber ocultado información sobre el vertido, a pesar de que este afirma que les comunicó lo ocurrido en cuanto tuvo constancia. La vicepresidenta Teresa Ribera no ha dudado en interpretar la reacción de Rueda, primero en contra de recibir ayuda y después a favor, como fruto del contexto electoral.

“El lunes (Rueda) dijo que era desleal ofrecer ayuda” a la Xunta, y eso “tiene que ver más con el compromiso electoral que con otra cosa”, señaló este martes. Galicia “es una comunidad autónoma en la que la memoria reciente de contaminación marina es dura y complicada, la sensación de abandono de la población local todavía pervive y la sensibilidad es alta”, advirtió. “Los ciudadanos lo que quieren es reacción inmediata y de colaboración entre las administraciones para restaurar la normalidad”, añadió.

La asociación Ecologistas en Acción presentó este martes una demanda penal en el Juzgado de Noia (A Coruña) contra la empresa armadora propietaria del buque, así como contra su capitán. En la demanda solicitan una caución de 10 millones de euros a la naviera para hacer frente a una descontaminación que prevén sea “larga y costosa”. La acción judicial, realizada junto con Plademar Muros-Noia, atribuye a la empresa un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales de Galicia.