La sincronización judicial con las derrotas del PP o cuando las togas marcan el ritmo de la política

En los últimos tiempos la actualidad política y la judicial se entremezclan constantemente. La primera depende, en muchas ocasiones, de la segunda. El calendario judicial tiene casi tanto impacto como el electoral. Y en el Gobierno central tienen la sensación de que la oposición juega "con las cartas marcadas" en este frente judicial, como afirmó el propio presidente Pedro Sánchez, que también ha llegado a acusar a algunos jueces de "hacer política", lo que le ha granjeado numerosas críticas por parte de asociaciones judiciales y de la oposición.

La tesis del Ejecutivo es que hay algunos estamentos judiciales que trabajan para tumbar a Sánchez y que tratan de contrarrestar los momentos de debilidad del principal partido de la oposición para dar un golpe al Gobierno de coalición. Y lo cierto es que esta última semana han sido varias las resoluciones judiciales que han ayudado al Partido Popular a pasar de pantalla tras sufrir varias derrotas en clave política: comenzando por el interrogatorio a Sánchez en el Senado y pasando por la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, que está obligando a la formación de Alberto Núñez Feijóo a volver a negociar con Vox un nuevo candidato de cara a seguir gobernando en la Generalitat Valenciana.

Este mismo miércoles, en plena tormenta política para el PP, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez —y al que Sánchez llegó a denunciar por prevaricación—, ha dictado un auto en el que anuncia la nueva fase de su instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno. Peinado también ha ampliado la causa con más diligencias y ha añadido una nueva imputación, la de Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia. El juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, para apuntalar la investigación por un posible delito de malversación de caudales públicos.

Una decisión que llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara el intento de Peinado de dividir en dos el procedimiento, lo que habría derivado en sendos juicios con un jurado popular. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid resolvió a finales de septiembre que Gómez fuera juzgada con esta fórmula por el presunto delito de malversación. Justo tras conocerse que la jueza mandaba al banquillo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

La apertura de diligencias contra Begoña Gómez por parte de Peinado se produjo a finales de abril de 2024, lo que provocó que Sánchez enviara una carta a la ciudadanía en la que sopesaba dimitir por el desgaste que estaba provocando a su familia la citada instrucción. El socialista decidió permanecer al frente del Gobierno y, un mes después, en plena campaña de las europeas, se produjo la citación de su esposa en el juzgado.

De Leopoldo Puente a García Castellón

El pasado viernes, cuando aún no habían pasado 24 horas del fallido interrogatorio en el Senado a Sánchez en el que el PP no consiguió arrancar ninguna falsedad ni incoherencia manifiesta al socialista con la que llevarle, precisamente, a los tribunales, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente decidió enviar al juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional —donde se investiga una parte del caso Koldo— los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y su exasesor para que sean investigados. Tras conocer la decisión, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, concluyó que el Supremo había "acreditado" que el PSOE era "incapaz" de certificar "a quién paga ese dinero ni cómo", aunque por ahora no se ha probado ningún tipo de financiación irregular.

A esto se suma que este primer lunes de noviembre también se daba a conocer el informe de la UCO sobre la contratación de compra de mascarillas y otro material sanitario por parte del Gobierno de Canarias, dirigido en aquel entonces por el hoy ministro Ángel Víctor Torres. Un informe que la derecha política y mediática llevaba meses pronosticando que sería tan contundente como el que llevó a prisión provisional al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en junio, pero que finalmente señala que el actual ministro no cometió "ninguna actuación delictiva" en el contrato de mascarillas por un importe de más de 12 millones con la empresa Soluciones de Gestión, de Víctor de Aldama, en lo peor de la pandemia de 2020, cuando era presidente de Canarias.

Esta misma semana, además, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón defendió ante los micrófonos de Catalunya Ràdio que nunca quiso alterar el calendario político cuando, en plena negociación para la investidura de Sánchez, pidió al Supremo investigar al expresident catalán, Carles Puigdemont, por terrorismo. Aseguró que ese movimiento se produjo “cuando llegaron los informes de la Guardia Civil" y que nunca tuvo en cuenta lo que podría suponer para la gobernabilidad del país.

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A este cóctel se le suman las denuncias o querellas que presentan asociaciones o colectivos cercanos a la ultraderecha, o incluso los propios partidos, apoyándose en los artículos publicados o en testimonios sin identificar plenamente. Lo han hecho durante los últimos años Vox, el PP, Manos Limpias, Abogados Cristianos, HazteOír, el Movimiento por la Regeneración Política de España, la asociación Liberum o Iustitia Europa. Todas muy cercanas a la extrema derecha. Y todas con una clara intencionalidad política.

Los participantes en este mecanismo no siempre buscan una sentencia favorable: el simple hecho de interponer una acción judicial ya garantiza titulares y abre un frente de desgaste. En ocasiones basta con adjuntar recortes de prensa para que la querella sea admitida a trámite (como sucedió en el caso de Begoña Gómez), aunque más tarde termine archivada por falta de indicios. Mientras tanto, la noticia de la denuncia aparece en titulares y tertulias; el archivo, a menudo, ni siquiera llega a ser noticia.

Un ejemplo es el caso de la supuesta entrega de una ayuda millonaria de manera irregular a la compañía aérea Air Europa, siguiendo, supuestamente, instrucciones de la esposa del presidente, Begoña Gómez. La información original no afirmaba este hecho, pero lo sugería mediante una hábil redacción de los titulares. Suficiente para que portavoces políticos inmediatamente lo diesen por cierto y denunciasen un "grave caso de malversación de fondos públicos y tráfico de intereses".