Sindicatos

El Supremo libra de la pena de cárcel a Sánchez Gordillo por ocupar la finca militar 'Las Turquillas'

Juan Manuel Sánchez Gordillo

E. P.

El Tribunal Supremo ha absuelto al alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), del delito de desobediencia por el que había sido condenado a una pena de siete meses de cárcel por ocupar la finca militar Las Turquillas de Osuna en julio de 2012.

La Sala de lo Penal ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por Sánchez GordilloSánchez Gordillo, que recientemente renunció a su acta de diputado autonómico; el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Diego Cañamero; y los otros dos acusados Juan Vega y José Rodríguez Núñez al exonerarles del delito de desobediencia grave a la autoridad.

El alto tribunal mantiene el delito de usurpación de inmueble que se les imputa y que lleva aparejada una multa de 1.200 euros. Los magistrados remarcan que no cabe apreciar el delito de desobediencia grave pues la negativa de los ocupantes a abandonar voluntariamente la finca es "precisamente el contenido de injusto que integra el delito de usurpación".

Conde-Pumpido

La policía detiene a Diego Cañamero por la ocupación de la finca ‘Las Turquillas’

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"El acto simbólico de protesta social -atípico- se convierte en delictivo porque los acusados habían configurado la ocupación como indefinida, acordando no abandonar la finca hasta que fuesen obligados a ello por la fuerza", recoge la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

Los hechos se remontan al 24 de julio de 2012 cuando, a las 10.00 horas y convocadas por el SAT, se concentraron en las inmediaciones del acceso lateral de Las Turquillas unas 500 personas, que llegaron hasta el lugar en siete autobuses y unos 80 vehículos particulares.

El grupo iba encabezado por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate! Las Turquillas para los trabajadores'. Al frente de la comitiva estaban Cañamero, Sánchez Gordillo y otros dos militantes del SAT que contestaron a la Guardia Civil que "pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y querían entrevistarse con los responsables de la Yeguada Militar".

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