La tensión en el mercado inmobiliario sigue subiendo a medida que los precios continúan con su escalada. La brecha entre la rentabilidad de quienes pueden explotar activos inmobiliarios y quienes buscan un piso para vivir se sigue ensanchando y se muestra en protestas, manifestaciones o luchas contra procedimientos de desahucio. Este martes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas anunció una campaña para promover una huelga de alquileres a la empresa Alquiler Seguro y solo un día después, el Ministerio de Consumo confirmaba una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa tras desestimar un recurso de alzada presentado por la inmobiliaria. La iniciativa trata de forzar a la empresa a negociar con los inquilinos, que llevan tiempo denunciando abusos, pero su encaje legal es complicado, ya que la huelga solo está reconocida como derecho laboral.

“No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de la contratación de suministros con empresas del mismo grupo. Hartas de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”, señalan los afectados en una nota de prensa. Se quejan, además, de que el juicio tras la demanda impuesta por el sindicato se ha fechado para dentro de dos años.

Una de las inquilinas que va a respaldar la huelga explica a infoLibre que todas las vías para tratar de hablar con la empresa se les han cerrado y protesta por la impunidad con la que sigue "abusando" de su posición de poder. Cuenta que, tras un tiempo buscando piso sin éxito, encontraron una oferta de Alquiler Seguro a través de un conocido y la necesidad de tener un techo les hizo aceptar todas las exigencias: “Pagamos un servicio de atención al inquilino que, según ellos, era obligatorio; contratamos un seguro de vida con una de sus empresas, aunque ya teníamos uno, y otro seguro más de impago”, cuenta la afectada, que prefiere permanecer en el anonimato. Cuando hicieron notar a la empresa que muchas de aquellas condiciones eran ilegales, no recibieron respuesta, asegura. 

Alquiler Seguro tiene varios frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales y que le ha valido una multa de 3,6 millones. Por otro, el Sindicato de Inquilinas de Madrid le ha interpuesto una demanda cuya primera vista está fechada para febrero de 2028. La sanción de la Administración ya solo se podría recurrir por vía judicial, tras agotar este miércoles las opciones para resolverla por vía administrativa. La empresa ya anunció este jueves que recurriría la multa por medio de un contencioso porque "todos sus servicios son legales" y que también solicitará medidas cautelares.

Plantear una huelga de alquileres no es algo nuevo, pero tampoco es un trámite sencillo porque la ley no reconoce explícitamente el derecho a una huelga de este tipo como puede ocurrir en el ámbito laboral. La primera experiencia que se conoce en España ocurrió en Cataluña en 1931. Entonces, 90.000 familias barcelonesas dejaron de pagar los alquileres cuando, en plena ola migratoria hacia la ciudad condal, los trabajadores no podían hacer frente a unas rentas inmobiliarias crecientes y se plantaron. La huelga se zanjó un año después con un pacto entre propietarios e inquilinos, pero tras una larga represión. La última es la que los 71 inquilinos de La Caixa plantearon en Cataluña en 2024, reteniendo 257.631 euros en rentas de alquiler durante casi un año para tratar de forzar la renovación de sus contratos, que la entidad pretendía rescindir.

“El plan original de la Fundación La Caixa era tan simple como agresivo: dejar expirar el periodo de alquiler protegido para expulsar a miles de familias y vender al mejor postor”, explica en una nota el Sindicat de Llogateres. Al final, la protesta social terminó por movilizar al Govern, que adquirió las 170 casas para el parque público por un valor de 15 millones de euros, a las que luego se irían sumando más. Actualmente, el proceso sigue judicializado por las demandas cruzadas entre los inquilinos y la entidad bancaria, pero para los sindicatos es una victoria, ya que los afectados tienen ahora como casero a la Administración Pública.

No son procesos fáciles, explica Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, pero responde a la necesidad de que los inquilinos ganen espacios de protección para reclamar sus derechos. "Estamos empezando una ronda de contactos para explicar la propuesta e informar bien a los inquilinos de los riesgos", apunta. Una vez en marcha, el proceso pasa por distintas fases. "En primer lugar, lo que se hace es notificar individual y colectivamente a la empresa de que se ha producido un cobro fraudulento o irregular de alquiler y demandar su resarcimiento", indica Reverte. Si no hay respuesta, se inicia una demanda colectiva y se notifica a la empresa la convocatoria de una huelga. "Aquí se inicia otro proceso de mediación y, si no llega a buen puerto, es cuando se ejecuta la huelga", concluye.

En este punto, los inquilinos no dejan de pagar, sino que depositan el dinero correspondiente en un fondo común, es decir, lo retienen para que la empresa no lo reciba. "En este punto las posibilidades son dos: que la empresa devuelva el dinero que los inquilinos consideran como cobros indebidos, o que reclame a los inquilinos las rentas no abonadas", explica el responsable sindical. Es cuando el proceso de mediación termina, cuando la empresa tiene derecho a demandar para reclamar las cuantías o a reclamar la devolución de la vivienda con una petición de desahucio por impago del alquiler. "A partir de aquí ya entran en juego las estrategias de defensa que tenga pensadas cada grupo", concluye.

Javier Fajardo, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Navarra, explica a infoLibre que, en términos legales, la huelga está regulada en la Constitución como un derecho de los trabajadores y tiene que ver con las relaciones entre un empleado y un empleador, pero no se contempla fuera de ese ámbito. "En este caso se le ha llamado huelga porque quizá tiene una historia y unas connotaciones adecuadas para ejercer presión social y utilizarla como bandera de movilización", apunta.

"Desde un punto de vista puramente legal, si tú eres un inquilino y no pagas, el arrendador te puede llevar a juicio para proceder al desahucio. El hecho de declarar una huelga, en este caso, no establece ningún mecanismo de amparo o de protección como ocurre en una huelga laboral", explica el profesor. Este proceso legal se regula por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y por la Ley de Enjuiciamiento Civil y se puede dar desde el impago de la primera cuota, aunque "no es algo habitual", puntualiza Fajardo, ya que se suele demandar cuando hay varios atrasos.

Una vez iniciada la senda judicial, explica, se puede tratar de llegar a un acuerdo o, de no ser así, también está la opción de enervar. Esto último permite pagar en el mismo momento los importes pendientes. "Si se toma esta última opción, la causa se archiva sin costas judiciales". En caso de seguir adelante, puntualiza, sí que habría que asumirlas.

La clave de estas iniciativas, coinciden los expertos, es ganar peso en la negociación de forma que las reclamaciones individuales tengan un respaldo. "La estrategia contra las grandes empresas de alquiler que cometen abusos día tras día sin consecuencias es reclamar de forma masiva. Si la mayoría de los inquilinos afectados por Alquiler Seguro se suman a esta huelga que está por concretarse, es la mejor forma de frenar la extracción de rentas", señala Alejandra Jacinto, abogada de CAES. Para la letrada, que lleva además algunas demandas que tiene en marcha el sindicato, la presión de grupo puede resultar más efectiva.

La idea de fondo es romper con el modelo de negocio que garantiza el cobro de los alquileres: “No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, afirman desde los Sindicatos de Inquilinas, quienes además consideran probable "que la inmobiliaria deje de cumplir también con sus obligaciones hacia los caseros, del mismo modo que ya incumplen sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas".

Por el momento, la huelga contra Alquiler Seguro está en un estadio inicial, pero su idea es sumar al mayor número posible de personas. En la nota explican que la compañía gestiona alrededor de 30.000 viviendas y su intención es elevar la iniciativa a nivel nacional. Desde la agrupación sindical señalan que el hartazgo es cada vez mayor y que la iniciativa ha partido de los propios afectados. "Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción”, señalan.

"En mi caso, he luchado un año para que me arreglasen unas humedades y al final tuve que recurrir a la dueña", explica la afectada con la que ha hablado infoLibre. "Es un abuso bochornoso, porque además hemos pagado por seguros y por asistencias que no recibimos", concluye. Si hace falta, dice, visitarán puerta a puerta para hablar con otros afectados para, a finales de junio, poder crear una asamblea de afectados.

"Hay una diferencia en la forma en que las administraciones o el Ayuntamiento atienden las reclamaciones vecinales de unas zonas de Madrid y de otras". Quien pronuncia esta frase es Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica cómo la capacidad de hacer visibles las reclamaciones vecinales, la movilización social y la renta de los barrios condiciona el éxito o el fracaso de los objetivos que se fijan los ciudadanos cuando se plantan ante la Administración. 

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid escuchaba las quejas de los vecinos de El Viso y paralizaba el plan del Ministerio de Defensa para levantar una torre de 18 plantas que albergaría oficinas militares. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, pidió a Defensa que se sentara con los vecinos, quienes protestan porque la construcción supondría una alteración del entorno y empeoraría el tráfico en un barrio residencial. Tras 88 alegaciones, el proyecto está actualmente detenido. A esto se suma la reciente victoria en los tribunales de los vecinos del Estadio Santiago Bernabéu, que han frenado la construcción de unos parkings en la zona, además de imponer su anterior reclamación por el ruido que generaban los conciertos.

Otro ejemplo de éxito, al menos momentáneo, es el del barrio de Montecarmelo. Cientos de residentes se habían organizado para defender su vecindario de la instalación de una infraestructura que consideran inadecuada por su proximidad a viviendas y colegios: un cantón de basura. A través de protestas, acciones legales y una intensa presión mediática, los vecinos han logrado arrancar al Ayuntamiento el compromiso de que no se tratarán residuos, ni habrá maquinaria ruidosa o compactadores. Aunque desconfían, porque el proyecto que sigue vigente es el mismo que llevan rechazando desde hace años. "Todavía no está del todo claro cuál va a ser la capacidad del cantón que el Ayuntamiento de Madrid prevé construir porque no han aclarado qué superficie tendrá finalmente", explican desde la FRAVM. En la misma lucha se encontraban los vecinos de La Elipa, aunque ellos no tuvieron tanta suerte y sí han visto cómo se ejecutaba la obra, de forma que, de ser un parque de maquinaria, el espacio pasó a transformarse en un área donde se trasvasa basura. 

La presión vecinal depende de la capacidad para influir en las administraciones, de expresarse en su lenguaje o de llegar a la opinión pública. También, de los medios económicos para sostener demandas que, en general, se prolongan en el tiempo. Pero hay muchos otros matices. 

"Hay una parte que resulta lógica y es que, con dos gobiernos conservadores [la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento], las respuestas a las reclamaciones vecinales parecen estar condicionadas por cierto cálculo político. Da la impresión de que estos gobiernos son más sensibles a las reclamaciones vecinales que surgen en zonas donde tienen un número de votantes más importante", apunta Nacarino. 

Y luego están los medios económicos. "Es mucho más fácil para los vecinos de la zona del Bernabéu o del barrio de Castilla poder conseguir fondos para iniciar un procedimiento contencioso contra una Administración —en este caso, contra el Ayuntamiento de Madrid y contra el Real Madrid— por las obras que se planeaban en el Estadio Santiago Bernabéu. O es mucho más fácil obtener esos mismos recursos económicos para los padres y madres del Colegio Alemán, en el barrio de Montecarmelo, que para los vecinos de San Fermín (Usera, en el sur de la capital) en su lucha contra el crematorio", señala el responsable de la FRAVM. 

La instalación del crematorio que el Ayuntamiento de Madrid quiere ubicar en el tanatorio de la M-40 lleva años en liza. "Se paralizó en el año 2015, pero lo han vuelto a intentar y desde entonces estamos batallando con el consistorio para que no concedan la licencia, ya que está muy cerca de las casas y de un centro educativo", explica una vecina de la agrupación del distrito de Villaverde. Para avanzar en el proceso, apunta, tratan de recaudar fondos propios "cuando se puede" y se apoyan en la Federación de Asociaciones Vecinales para obtener representación legal.

"La Administración hasta ahora nos ha ignorado y, en el fondo, nuestra queja es que este tipo de instalaciones están siempre en los mismos barrios de la zona sur", explica la vecina de Villaverde. "Siempre perjudican al mismo vecindario. Tenemos depuradoras, escombreras, crematorios... instalaciones que serían impensables en otros distritos de la capital", concluye.

Si bien es difícil establecer una comparación entre los diferentes casos, el capital social —ese conjunto de conocimientos adquiridos y contactos ligados a la posición económica— puede ser un matiz que termine de inclinar la balanza, más allá del peso evidente que tiene el factor económico. 

"El sur es el espacio donde se coloca todo aquello que la ciudad necesita, pero que resulta molesto. En el centro de la ciudad siempre hay un informe ambiental, una sentencia en contra, un juez que paraliza la licencia, etc. Pero en el sur es donde esas cosas terminan encontrando cabida", relata Antonio Abueitah, de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque. Abueitah enumera varios ejemplos, entre ellos el festival de música MadCool, que se celebra en su distrito. "No se entiende que en el WiZink Center (ahora Movistar Arena) no se puedan prolongar los conciertos más tarde de las 11 de la noche, o que en el Bernabéu no se puedan celebrar, mientras que el MadCool se instala aquí con música hasta más allá de las dos de la mañana", apunta. "Así se termina normalizando la idea de que en el centro hay unas normas, mientras que en otros barrios estas regulaciones son más laxas", concluye.

Abueitah cuenta que esta constatación les ha obligado a elegir qué luchas pueden permitirse abordar y cuáles no. "Al final, si no fuese por el abogado de la federación regional (FRAVM), no podríamos pagar un equipo de abogados que nos represente". Su asociación de vecinos comparte un representante legal que trabaja con la FRAVM y que les ayuda, pero que también lleva otros casos. "Hay algunos casos, como este del crematorio, que por su gravedad y por la preocupación de los vecinos se decidió llegar a los tribunales, pero lo normal es que no se nos pase por la cabeza demandar". De hecho, la zona de Villaverde-San Cristóbal de Los Ángeles tiene una renta bruta media anual de 25.748 euros, según los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas publicados por la Agencia Tributaria. A mucha distancia, la zona de Castilla-Chamartín, donde se sitúa el Santiago Bernabéu, tiene una renta media de 75.739 euros. En este último caso, los vecinos habían conseguido organizarse para pagar una derrama mensual de 200 euros que sustenta su asistencia legal.

Dar visibilidad y crear un espacio social que atraiga atención mediática es una de las cosas que desde la FRAVM consideran más importantes y que menos se tiende a considerar. "En el caso de Montecarmelo, lo que ha habido detrás —más allá de la capacidad económica que puedan tener estos vecinos con respecto a otras zonas de Madrid— es una gran movilización social", apunta Nacarino. La FRAVM cifra en 3.000 personas la asistencia a algunas de las concentraciones organizadas en este distrito, con las que, por el momento, han conseguido parar la obra del cantón.

"Los vecinos de San Fermín y de otras zonas de Usera y de Villaverde también se han unido y han sido capaces de sacar a más de 5.000 personas a la calle para protestar contra la instalación del crematorio", enumera Nacarino. "No todas las batallas que se pueden dar son judiciales y no podemos naturalizar que la forma de interactuar con la Administración sea la justicia, porque los vecinos merecen ser escuchados". Mandar ese mensaje, advierte, puede frenar la movilización y la voluntad de salir a la calle en aquellas zonas donde la capacidad económica para sostener un contencioso es más limitada.

Este martes, coincidiendo con el primer día de la campaña de la renta, el Partido Popular organizó un acto con un título que dejaba claro el tono de la conversación: Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez. El encuentro tuvo lugar un día después de que el recién estrenado vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abordase su primera sesión de control en el Senado apelando a crear un “tono constructivo” y ofreciendo “mano tendida”. A las acusaciones del PP ha respondido en la tarde de este miércoles el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tachando de "demagogia" la posición de los populares y señalando que "ningún dato avala" el "infierno fiscal" que dibuja el PP.

El buen comportamiento de la economía española a nivel macro y una mejora en las cifras de empleo —a pesar de que la precariedad laboral es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)—, movió a los populares a centrar sus ataques al Gobierno en el ámbito de la fiscalidad durante el evento. Es una posición recurrente en el argumentario de la formación azul y que concretó en seis medidas: bajar el IVA de los alimentos básicos hasta el 5%, ajustar el IRPF a la inflación y reducirlo los cuatro primeros años de trabajo en el caso de los jóvenes, quitar el IVA a la vivienda y a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros anuales, bonificar el impuesto de sucesiones en todas las comunidades y crear un modelo fiscal alternativo. Aunque algunos de estos gravámenes, como el impuesto de donaciones, las transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, corresponden a las competencias de las comunidades autónomas. 

Además de desgranar las medidas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió durante la clausura del acto en el mismo mantra de que "la gente paga más y recibe menos" y que "con menos impuestos se puede recaudar más". También tiró de algunos tópicos polémicos, como el que sostiene que la incidencia de la incapacidad temporal se debe a trabajadores "que no quieren trabajar", un argumento que sustentó en el hecho de que el porcentaje de incidencia baja en los autónomos y sube en la media. Evitó referirse, eso sí, a la mejora de los salarios, atacando ese flanco por la parte que se destina a las cotizaciones sociales y sin mencionar a las empresas, y tampoco hizo referencia a la incidencia de la salud mental en las bajas.

Feijóo también deslizó una crítica a la reciente celebración del Gobierno por los datos del mercado laboral: "Presumir cuando tanta gente las pasa canutas pese a contribuir más que nunca, es la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle", remarcó.

Desde el Ejecutivo, el responsable de Hacienda aludió a las rebajas del IVA acometidas durante la crisis o a la reducción de los gravámenes sobre la energía para defender que en los últimos años ello había supuesto un ahorro de 50.000 millones de euros. En el cruce de datos, el Gobierno también ha negado que se hayan acometido más de un centenar de subidas de impuestos y ha desmentido que en Europa la presión fiscal sea menor. De hecho, según Eurostat, la media de la Unión Europea en cuanto a carga fiscal se sitúa en el 40,4%, algo más de tres puntos porcentuales por encima de España (37,3% del PIB).

El evento se abrió con una mesa redonda moderada por Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid que fue al grano desde su primera intervención: "Hoy empieza la campaña de la renta y en un par de días todos vamos a tener que pagar más a Hacienda". Albert se refirió a la inflación como un impuesto más y acusó al Gobierno de utilizarla para recaudar al no deflactarlo del IRPF. Esta crítica alude al fenómeno conocido en la jerga económica como progresividad en frío, que es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Esta polémica ha surgido porque recientemente Hacienda descartaba la posibilidad de ajustar la tarifa estatal del IRPF a la inflación y a la progresión de los salarios. Esto implica que, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación.

La mesa la completaron Emilio Froján, propietario de startup de motos eléctricas; Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, un centro de estudios de orientación liberal, y de un programa de EsRadio; Sergio Mateos, emprendedor, joven ganadero y copropietario de una empresa; Anabel Fernández, fundadora y CEO de la consultora Afford Health; y Marina Fernández, que se presentó como "ama de casa" y madre de familia numerosa.

"En el Instituto Juan de Mariana hemos elaborado una herramienta para eliminar, mediante una motosierra digital, normas y regulaciones que son inútiles", afirmó Llamas, quien fuera, hasta 2023, viceconsejero de Economía en Madrid y uno de los asesores de Isabel Díaz Ayuso en esta materia. No es la primera vez que Llamas hace referencia a la economía de la motosierra, que popularizó el presidente de Argentina, Javier Milei, y al cual ha citado como ejemplo a seguir en otras ocasiones. El economista habló de "derogar el sanchismo" y, entre otras cosas, calificó la regulación de vivienda como un ataque a la propiedad privada y la relacionó con la "inseguridad jurídica". "Han atacado como nunca a la propiedad privada", señaló. Albert, por su parte, acusó al Gobierno de utilizar el dinero de los impuestos para "seguir financiando el independentismo" y para mantenerse "un día más en La Moncloa".

En la jornada también se habló de la baja natalidad y de las dificultades de los jóvenes para formar una familia. Rocío Albert pidió a Marina Fernández que aportara ideas sobre "cómo animar a los jóvenes a tener hijos", una experiencia que, según la consejera, "llena más que cualquier cosa en el mundo". La ponente respondió reclamando un mayor "acompañamiento" social en todo lo relacionado con la maternidad y explicó cómo el encarecimiento de la cesta de la compra afecta en su día a día.

En lo que respecta al campo y la agricultura, se puso el acento en los problemas de relevo generacional que afectan al sector primario y en la carga burocrática. "Actualmente tenemos que hacer un cuaderno de campo digital, pero la media de edad de los agricultores en Soria es de 60 años y muchos no tienen la formación para hacer eso", relató Sergio Mateos y pidió "facilitar esos trámites" para aquellas personas que lo requieran.

Feijóo cerró el acto lamentando que, cada vez que su partido reclama bajadas de impuestos, se les "ridiculiza", y volvió a insistir en el mantra del "infierno fiscal", que todo apunta a que se convertirá en el principal ariete contra el recién estrenado vicepresidente primero del Gobierno.

La empresa pública de vivienda, Casa 47, comienza a avanzar en la puesta en marcha de su primera oferta pública de adquisición de vivienda. Con una dotación de 100 millones de euros, fuentes de la entidad señalan que prevén adquirir entre 500 y 600 casas para incorporarlas al parque público. Casa 47 está abierta a ofertas tanto de particulares como de personas jurídicas y primará la adquisición de pisos en zonas tensionadas. Fuentes de la empresa señalan que ya han recibido algunos contactos, principalmente de particulares, y que se encuentran en conversaciones con fondos de inversión que buscan deshacerse de sus activos de vivienda.

El procedimiento de adquisición se llevará a cabo mediante concurso. Se priorizarán las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda. Además, fuentes conocedoras señalan que la etiqueta de mercado tensionado se podrá aplicar independientemente de que la comunidad autónoma aplique o no el reglamento de vivienda. También se priorizarán las ofertas de bloques completos o conjuntos de viviendas frente a las casas sueltas.

En cuanto a los precios de compra, la entidad pública utilizará como referencia los precios que establece el Portal Estadístico del Notariado. "Casa 47 comprará por el precio que se ofrezca en la propuesta, siempre y cuando se adecúe al valor de tasación de la vivienda y no exceda del precio medio de venta que marca el Portal Estadístico del Notariado en cada zona", señalan en una nota de prensa. La tasación, explican las mismas fuentes, la llevará a cabo una entidad externa acreditada por el Banco de España y se considerará la oferta de vendedor siempre que no exceda los parámetros del notariado.

El presupuesto de la convocatoria se destinará a cubrir el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de su compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.

En cuanto a los plazos que se manejan, Casa 47 prevé cerrar la fase de concurso el próximo 9 de julio y a partir de esa fecha se irán conociendo las adjudicaciones.

Las cifras de afiliación laboral se han convertido desde hace unos años en una fuente de buenas noticias en lo que atañe al número de trabajadores en activo. Este marzo se han sumado al mercado laboral 211.510 afiliaciones, hasta alcanzar las 21.882.147 cotizaciones, el mejor dato desde el inicio de la serie en 2001. En un video en sus redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se adelantaba a la publicación oficial de los datos con un post donde celebraba los datos. “Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social”. La cifra que daba el presidente es el dato desestacionalizado, es decir, el que corrige los picos y las caídas que se producen por el efecto del calendario en los meses de más actividad como la Semana Santa, el verano o la Navidad. Es útil, explica a infoLibre Valentín Bote, director de Randstad Research, para identificar tendencias, pero menos efectivo si se quieren conocer los datos reales de un mes concreto. La elección de esta estadística ha generado cierta polémica, ya que el PP ha afeado al presidente la elección de este dato en vez de la media mensual, ligeramente inferior (21,88 millones en vez de 22 millones).

No es la primera vez que el presidente del Gobierno participa en un anuncio relacionado con el mercado laboral. A finales de febrero también intervino en la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) junto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. En ese momento, Sánchez reprochó a las patronales CEOE y Cepyme su ausencia en el acuerdo. En esta ocasión, el tono ha sido mucho más informal y en el video aparece con una camiseta de fútbol en cuyo dorso se muestra el número 22. Más allá de la polémica sobre qué estadística elegir, el Ejecutivo parece estar centrando su atención en sacar brillo a los datos de un mercado laboral que, sin embargo, preocupa a los ciudadanos.

En el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los problemas "de índole económica" y la "calidad del empleo" son, solo después de la vivienda, las principales preocupaciones de los españoles. También lo es el desempleo, que figura en séptimo lugar. Estos dilemas no son ajenos al comportamiento del mercado de la vivienda (la mayor fuente de dificultades para un 43,5% de los encuestados), que lleva ocupando el primer puesto más de un año. Precios de compra cada vez más altos y una evolución en el importe de las casas y los alquileres que deja atrás la revalorización de los salarios crean una situación nada fácil de digerir. De hecho, una de las peticiones que han venido trasladando los sindicatos tiene que ver con que se contemple este incremento de precios inmobiliarios a la hora de calcular cuánto deben subir los salarios.

Sin embargo, en este contexto de preocupación, las cifras de afiliación no dejan malas noticias. Con una parte de la Semana Santa ya recogida en los datos que se han conocido hoy, la hostelería lidera las altas con casi 80.000 personas más en el último mes. Le sigue la construcción con 17.156 cotizantes más, las actividades administrativas (17.206) y la sanidad (8.368).

El paro registrado también descendió en 22.934 personas y se situó en 2,4 millones. Es la cifra más baja para un mes de marzo desde hace 18 años.

Otros miembros del Ejecutivo, como Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también celebraban la estadística en sus redes sociales, pero el Partido Popular les afeaba que no utilizasen el dato de afiliación media, que llegó en marzo hasta los 21,88 millones y no hasta los 22 millones de trabajadores, como señala el dato desestacionalizado. A continuación se puede ver la evolución de ambos indicadores: uno señala la tendencia y el otro fluctúa en función de los días hábiles de cada mes para darse de alta o de la estacionalidad de los diferentes sectores.

El anuncio ha desatado una polémica sobre qué indicador es el más preciso. Desde el Partido Popular, el secretario de Economía y Empleo, Alberto Nadal, le reprochaba la elección del dato, ya que este indicador desestacionalizado se crea tratando los datos estadísticamente para establecer una media donde se suavizan los altibajos de los periodos de más y menos empleo. "Cómo le gusta la propaganda al presidente del Gobierno. En España no hay 22 millones de afiliados, hay 21,86", señalaba Nadal en la red social X.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también respondió a las críticas que lanzaba el Partido Popular afirmando que la serie desestacionalizada ofrece datos "limpios" que muestran "la tendencia de fondo". "Es un crecimiento más robusto y dinámico que en el mes de febrero y en un contexto complejo", señalaba en una publicación en su perfil social de X.

Como se observa en el gráfico anterior, realizado a partir de los datos mensuales del Ministerio de Seguridad Social desde 2024, la afiliación media se mueve al ritmo de las particularidades que se dan en fechas de más actividad como el verano o la Navidad, mientras que la serie desestacionalizada dibuja una tendencia. Si se observa la evolución anual desde 2001, el movimiento de ambos indicadores sigue prácticamente la misma trayectoria.

"Lo primero que hay que destacar es que los datos de la Seguridad Social lo que cuentan es el número de afiliaciones y no el número de trabajadores, y hay muchas personas que tienen más de una afiliación", explica el director de Randstad Research. "La segunda es que los datos nos dan promedios mensuales, no el dato a día 31 de marzo, porque esto fluctuaría mucho", concluye. Para Bote, la cifra desestacionalizada tiene interés cuando se trata de establecer tendencias y poder comparar unos meses con otros. "Por ejemplo, enero es un mes donde se destruye muchísimo empleo y marzo uno de los meses en el que más trabajo se crea; por eso lo que se hace es aplicar una fórmula matemática que estima el efecto de estas correcciones para poder comparar. No es un dato de verdad, es un dato al que se le aplica un cálculo", subraya.

Más allá de la polémica en torno a las estadísticas, los últimos movimientos del Gobierno han centrado la atención en lo que tiene que ver con el trabajo, recogiendo también el guante de una ciudadanía a la que le preocupa la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios. "Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de sueldos", le lanzaba Pedro Sánchez a las patronales en la presentación del acuerdo sobre el SMI. Esta vez el tono era más ligero, pero de nuevo el presidente hacía acto de presencia para poner en valor un dato relacionado con el mercado laboral.

El mercado inmobiliario y el problema de la vivienda son dos conceptos muy diferentes. Dos caras de una misma moneda que atañe a algo tan básico y necesario como tener una casa, pero donde también prosperan negocios como el alquiler de oficinas, los centros de datos, las residencias..., que requieren de suelos, de obras y de grandes caseros. En el ámbito de la vivienda, mientras el ladrillo brilla al calor de la especulación, de la falta de oferta o de la necesidad de construir más casas, los precios de compra y alquiler cada vez se separan más de los presupuestos de los ciudadanos. Algo que ha creado una crisis que la coloca como el principal problema para la ciudadanía en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los datos de las principales empresas del sector inmobiliario dan una pista del despegue del sector, que, sin embargo, no muestra síntomas de contención en los precios. En el caso de las promotoras y las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que se dedican a adquirir, promover o rehabilitar inmuebles para su arrendamiento, el despegue de sus cuentas es llamativo. Entre las seis principales (Colonial, Merlín Properties, Metrovacesa, Neinor, Realia y Renta Corporation) firman unos beneficios de más de 980 millones de euros y, en conjunto, el resultado neto agregado supera los 1.440 millones, casi duplicando los resultados obtenidos en 2024, de en torno a 733 millones. 

Por otro lado, en el conjunto del sector había, al cierre del año pasado, 159 socimis en España, tras haberse incorporado 21 durante el ejercicio, según un informe de la consultora ArmanexT.

Las cifras marean y se concretan en productos como la vivienda, las oficinas, los centros de datos, las residencias, los centros comerciales, etc. Todo unido muestra un sector en auge a nivel macro, que contrasta con los precios a los que se enfrentan los ciudadanos cuando intentan comprar o alquilar una casa. El primer trimestre de 2026 cerró con un incremento trimestral del precio de la vivienda del 4,7% y uno interanual del 21,1%, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con los alquileres, la dinámica se replica y, si se observa la serie en el Instituto Nacional de Estadística, entre enero de 2019 y diciembre de 2025, los precios habrían aumentado más de un 30% para los arrendatarios.

"La iniciativa privada no puede producir viviendas asequibles. No va a producir vivienda a 300 o a 700 euros porque a lo más que llegan los Planes Vive de colaboración público-privada es a precios de 1.200 euros, inasumibles para dos tercios de los trabajadores", apunta el arquitecto y profesor de urbanismo Gerardo Roger. La única forma de contrarrestar la concepción de la vivienda como negocio y como mercado es, insiste, crear modelos de gestión íntegramente pública. "Las empresas no son ONG y no pueden permitirse construir y recuperar a largo plazo la inversión, pero la Administración sí, porque ademas el suelo le cuesta cero. Por eso lo ideal sería que se creasen más modelos como Casa 47 a nivel autonómico y municipal, para crear bolsas de vivienda y gestionarlas", señala. "Porque además es una inversión que tiene retorno", concluye.

Colonial es la que más beneficios firmó el año pasado, con 344 millones, un 12% más que en 2024. La multinacional, que se fusionó con la francesa SFL, habría vendido edificios por valor de 300 millones de euros y su principal negocio es el alquiler de oficinas. Por su parte, Merlin Properties obtuvo un resultado neto de 786 millones de euros, un 176% más que los 284 millones de 2024 y un beneficio de 327 millones. Su fuerte son los centros de datos y, al igual que Colonial, apenas se dedican a la vivienda residencial. 

La compañía madrileña Metrovacesa es una de las principales promotoras de España. Obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, una cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024. Entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y poseía al cierre del año 3.917 en construcción. En sus propias cuentas detallan que adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuatro de las plazas más caras de España en materia de vivienda.

Neinor es otro de los grandes nombres del sector que aportó en beneficios 122 millones de euros a los resultados del conjunto. Este importe aumentó en un 80% con respecto al año anterior gracias a la adquisición de uno de sus rivales, Aedas, lo que la convierte en la mayor promotora del país. Esta compañía de origen vasco cuenta con banco de suelo para construir 38.000 viviendas y el año pasado alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 euros por unidad, según sus propios datos.

Realia, la promotora inmobiliaria de FCC que también tiene una participación en Metrovacesa, ganó 129,4 millones de euros en 2025, un 74% más. Entre las circunstancias que la han ayudado a llegar a estas cifras está el incremento del precio de los alquileres, tanto de viviendas, como de oficinas. "La mejora de la actividad de patrimonio se explica por el alza del 3,8% en las rentas que cobra a sus inquilinos", señalaba un análisis de Europa Press.

Finalmente, Renta Corporation, con un beneficio en 2025 de 2,5 millones, es la única que ha visto menguar sus cifras en un 24,2% con respecto al ejercicio previo. Una merma que ellos achacan a un "mayor gasto impositivo". Aunque sus ingresos sí crecieron un 72%, hasta los 45,6 millones.

Si en algo suelen coincidir los expertos es en la necesidad de construir más vivienda. Las discrepancias suelen surgir al tratar de ponerle número a ese déficit o al trazar el papel que debe tener lo público en el control de los precios. Con todo, el ritmo de construcción ha crecido un 8% el año pasado si se observan los datos sobre visados de obra nueva que proporciona el Ministerio de Vivienda, pero nada se ha notado en los precios, que siguen al alza. También se puede apreciar en el gráfico la espectacular diferencia con los años previos a la burbuja, cuando los visados llegaron a superar los 800.000 anuales.

El despegue del sector no ha conseguido que la tensión en la demanda se alivie. Un reciente estudio de BBVA Research señala que la escasez de oferta "limitará las ventas y mantendrá la presión al alza sobre los precios", mientras que la demanda se mantendrá fuerte. "El precio de la vivienda crecerá con fuerza, con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027", señalan los analistas de la entidad financiera.

En cuanto a su análisis sobre las empresas del sector, BBVA Research apuntaba que "la rentabilidad de las empresas españolas en 2024 continúa siendo inferior a la media europea". Esto se debe, explican, a que el tamaño medio de las empresas es más pequeño y hay un gran peso de las pymes en el sector. Estas son, en general, "más dependientes de la financiación y poseen menos recursos propios", lo que termina repercutiendo en la capacidad de ampliación del parque de viviendas.

Para Roger, la Administración pública debería ganar músculo con respecto a la iniciativa privada, de forma que al mercado llegue una oferta suficiente de casas públicas a precio asequible que pueda torcer las dinámicas del mercado. Para él, lo público y lo privado no son excluyentes, pero un mayor equilibrio sería la clave para calmar el comportamiento de los precios y el malestar social. "Si renunciamos a la promoción pública y nos movemos solo con musculatura privada, pues tendremos que terminar ayudando con subvenciones a los inquilinos. Y eso sí que es a fondo perdido", concluye el urbanista.

La inteligencia artificial (IA) sigue llenando titulares a golpe de previsiones, pero en medio del desarrollo vertiginoso de estas tecnologías comienzan a emerger algunas certezas. Una de ellas es el impacto de esta tecnología en el acceso al empleo de los jóvenes. Los perfiles con menos experiencia, en proceso de aprendizaje y que suelen desempeñar tareas más mecánicas al comienzo de su carrera empiezan a ver cómo la cantidad de ofertas se contrae a medida que la IA gana terreno. Es una de las conclusiones que se extrae de un informe realizado por la empresa tecnológica Anthropic, fundada por exmiembros de OpenAI y dueña de un asistente similar a ChatGPT llamado Claude.

Un estudio de Oxford Economics señala que, desde mediados de 2023, el 85% del aumento de la tasa de desempleo se concentra en los nuevos integrantes del mercado laboral que no encuentran trabajo. Es decir, el muro para entrar al mundo laboral cada vez es más alto. Y en las conclusiones advierte de algo similar a lo que recoge Anthropic: “El mayor desempleo entre los recién graduados universitarios se debe principalmente a un cambio estructural en la contratación", sobre todo en lo que se refiere al ámbito tecnológico, donde las ofertas se estrechan precisamente en la base. En este escenario, afirman que el empleo crece, pero que existen indicios de que los “puestos de nivel inicial están siendo desplazados por la inteligencia artificial a un ritmo mayor”, concluyen. 

En el análisis, son los menores de 27 años quienes se llevan la peor parte. “Si bien el empleo para mayores de 27 años en informática y matemáticas ha crecido un modesto 0,8% desde 2022, el empleo para personas de entre 22 y 27 años, o recién graduados, ha disminuido un 8%”, algo que puede apuntar a que las empresas están optimizando procesos mediante tecnología y sin ampliar sus plantillas. Los datos de Oxford Economics son globales, pero donde más se empiezan a notar es en Estados Unidos.

“Hay una estadística que compara el crecimiento en valor de las principales empresas del índice S&P500 con el número de puestos vacantes que ofertan. Se está viendo que ambas variables se empiezan a separar, es decir, las compañías aumentan su valor, pero el número de vacantes no crece”, explicaba a infoLibre Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School. Eso, explica, indica un repunte en la productividad que puede emanar de la automatización en las tareas más simples y repercutir, además, en un ahorro en costes laborales para la empresa.

En España, la tasa de paro entre los más jóvenes sigue siendo el punto más crítico de un mercado laboral que ha crecido mucho en los últimos años. El desempleo en el corte de edad de los 16 a los 19 años alcanza el 30,4%; en la franja entre los 20 y los 24 se sitúa en el 21,8% y, en las edades comprendidas entre los 25 y los 29, el porcentaje llega hasta el 12,7%. Y, aunque también en este punto los porcentajes han mejorado en los últimos tiempos, la tasa de inactividad con respecto a otros países de nuestro entorno sigue siendo muy alta. De hecho, la media de desempleo juvenil para los menores de 25 años en Europa está en el 15,1%, muy por debajo de las franjas porcentuales españolas.

En este contexto, el potencial impacto de la inteligencia artificial mira directamente al grupo más vulnerable. Isabel Aranda, experta en psicología del trabajo y profesora de EAE Business School, explica que el mayor impacto se está dando en los perfiles administrativos y en ciertos sectores tecnológicos. "Hay empresas de auditoría y despachos de abogados que han pasado de contratar decenas de becarios al año a ninguno", señala. De hecho, un artículo publicado en el diario Financial Times aludía a este mismo caso y señalaba que, en el ámbito de la consultoría, las contrataciones de jóvenes se estaban congelando en grandes nombres del sector como PwC o McKinsey debido a las “expectativas de incremento de productividad gracias a la IA”. 

Y aquí surge otra cuestión: ¿cómo vas a entrar a los niveles intermedios de una organización sin haber pasado por ese primer estadio?, se pregunta Aranda. La respuesta, señala, pasa por "reorganizar la formación para acceder al trabajo", pero también reconoce las dificultades que entraña romper con la lógica que ha operado hasta ahora de "incorporarse paulatinamente al trabajo". Por otro lado, los primeros pasos en una compañía solían servir, concluye, como un proceso de socialización y de adaptación a un equipo, algo que con la irrupción de la IA se complica, ya que la gente que accede lo haría a perfiles intermedios.

El informe de Anthropic apunta a que la capacidad de la IA para cubrir las funciones en empleos relacionados con informática, matemáticas o negocios y finanzas supera el 80%. Otros ámbitos menos expuestos serían las ciencias de la vida y sociales (77%), las ventas (62%), los empleos en educación y bibliotecas (61,7%), el personal sanitario (59,9%) y los servicios sociales (50,5%).

La compañía tecnológica apunta en su informe que hay tareas en las que ya destaca de manera suficiente como para frenar las nuevas incorporaciones. En lo que tiene que ver con la programación, es capaz de escribir código y actualizar software; en lo que tiene que ver con atención al cliente, puede interactuar, resolver dudas y recibir órdenes; es capaz de manejar y extraer información de grandes bases de datos o de mercados y de realizar gráficos o resúmenes relacionados; en el ámbito médico, apuntan a una gran capacidad para gestionar y ordenar datos de pacientes, etc.

"La mayoría de los efectos perjudiciales de la IA en el mercado laboral deberían incluir un período de mayor desempleo, a medida que los trabajadores desplazados buscan alternativas", explica el informe de la tecnológica, que sin embargo reconoce el impacto incierto en función de las políticas o los desarrollos que se lleven a cabo.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Otra estimación, en este caso del Ministerio de Sanidad, señalaba que unos 8.700 hombres y 850 mujeres habrían fallecido en 2015 por enfermedades oncológicas ligadas al ámbito laboral. Pero solo son estimaciones, ya que los datos reales quedan ocultos por la ausencia de protocolos de reconocimiento claros, según denuncian los sindicatos. "El gran problema es que no estamos controlando a qué nos enfrentamos", apunta Carmen Mancheño, secretaria de salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO), quien define este problema como "el gran agujero negro de la prevención de riesgos laborales".

“Lamentablemente, en la actualidad no contamos con información suficiente para poder calcular el porcentaje de personas fallecidas por cánceres laborales”, señalan a infoLibre desde el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Para hacerlo, explican, es necesario “avanzar en el reconocimiento del origen profesional del cáncer para disponer de datos contrastados”. De hecho, en el gráfico, extraído de un informe de CCOO, se ve la marcada brecha de reconocimiento con respecto a otros países europeos que arrastramos desde hace años. La participación de las afecciones oncológicas sobre el conjunto de las enfermedades profesionales se quedaba en España en el 0,2% en 2016, frente a un 32% en Alemania. Los datos actuales señalan que la incidencia ha ido subiendo, pero apenas hasta un 0,4%, según el Ministerio de Sanidad.

Entre las cifras y los porcentajes emergen casos a través de los cuales se hace más patente el laberinto al que se enfrentan los trabajadores que enferman por estar expuestos en su trabajo y que quieren que se les reconozca. Es el caso de Ferran Sangüesa, un trabajador de la industria del azulejo que falleció en 2023 por un adenocarcinoma de pulmón. La lucha por que se reconociera el vínculo de su dolencia con su trabajo comenzó en 2022, pero la primera victoria judicial le llegó tarde: el juzgado número 3 de Castellón reconoció en 2025 que su cáncer estaba relacionado con su actividad profesional como esmaltador en 2025; la sentencia llegó dos años después de su fallecimiento.

"La resolución judicial desmonta los intentos de la empresa, de la mutua FREMAP y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de desvincular la enfermedad del trabajo, señalando que no han sido capaces de probar la ausencia de relación causal ni que otros factores personales puedan explicar el desarrollo de la misma", señala un comunicado de CCOO. "Es una lucha quijotesca", señala su compañero y secretario general de CCOO Hábitat Castellón, Jordi Riera. Además, la sentencia aún no es firme y las partes acusadas han recurrido.

"Tú, como trabajador, te tienes que enfrentar a la empresa, a la mutua y al propio INSS, que tienen muchísimos más recursos y además en un momento de tu vida en el que te enfrentas a una enfermedad muy grave", explica Riera. "En este caso hay una acumulación de hechos que el juez no ha podido obviar, con denuncias previas e incluso falta de mascarillas a la hora de trabajar", relata a infoLibre, "y aun así está siendo muy difícil", concluye.

En su caso, estaba expuesto a polvo de sílice y, en teoría, su lucha debería haber sido más fácil porque es un agente cancerígeno reconocido en el Real Decreto 1299/2006. Muchos de estos agentes ni siquiera lo están (como los riesgos de trabajar al sol o el gas radón) por lo que lograr que se reconozca es mucho más complicado.

"Demostrar esta vinculación es un trabajo tan largo, tan jodido y tan tedioso, que muchas veces fallecen compañeros pero no se hace el trabajo de depuración necesario para acreditar y probar la causa de la enfermedad", explica Riera. El problema, subraya, es que luego esas personas no existen en las estadísticas. "El caso de Ferran es particular, porque era delegado de prevención en el sindicato y presidente del comité de empresa. Eso llevó a su familia a seguir con la pelea, pero no suele ser así".

"Los datos son ínfimos respecto a la cantidad de diagnósticos que hay”, señala Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT. "La causa está en la falta de obligatoriedad normativa, porque con el amianto pasó exactamente igual. Se tardó muchísimos años en que se reconociera como enfermedad profesional. Al final se consiguió y, además, se implantaron medidas de protección. Pero faltan medidas para productos químicos, para el gas radón, para la exposición al calor, etc. Hay muchísimas causas que no están respaldadas por una normativa concreta y están escapándose al registro", explica a este medio. Además, insiste en que otro problema es que el servicio de salud pública no está determinando las contingencias del origen de los cánceres de forma adecuada. "No tiene protocolos para determinar la causa, el origen o el agravamiento de un tipo de cáncer por las condiciones laborales", concluye.

En España, el grupo de dolencias causadas por agentes carcinógenos es el que menos prevalencia ha tenido en la serie histórica. En 2025 se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por agentes carcinógenos sobre un total de 30.713, apenas un 0,38%. En la serie histórica que ofrece el Observatorio de Enfermedades Profesionales (Cepross), desde 2011 ha habido un total de 972 casos sobre un total de 324.113 enfermedades profesionales. Con estos datos oficiales, la incidencia de los agentes carcinógenos en el total se queda en apenas un 0,29%. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y la Comisión Europea señala, en base a ellas, que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

"Las estimaciones científicas apuntan a que entre un 4% y un 10% de todos los cánceres se pueden deber a la exposición a agentes en el entorno laboral y, sin embargo, en los datos oficiales es lo que menos se ve", coincide Carmen Mancheño, quien sentencia que el cáncer "es el agujero negro de la prevención". "Lo que estamos demandando son sistemas de registro de trabajadores y de sustancias carcinógenas a las que pueden estar expuestos. Es algo que ya existe en otros países europeos y que ayuda también a conseguir diagnósticos precoces porque la gente se enferma y se muere sin saberlo".

Si la exposición no está acreditada en el lugar de trabajo, establecer causalidad se convierte en un laberinto. Pero aun contando con esto, como le ocurrió a Ferran Sangüesa, que enfermó por sílice cristalina, el reconocimiento no es inmediato. La mayoría de los cánceres reconocidos en 2025 están relacionados con la exposición al amianto, concretamente 60 casos, y en segundo lugar aparece, precisamente, la sílice, con 15 casos el año pasado. El caso del amianto, señala la responsable de CCOO, es el único para el que existe un programa con registros y vigilancia, pero "pasaron años" hasta que se logró su puesta en marcha. De ahí que sea uno de los cánceres más declarados en los registros oficiales.

"La sílice es una sustancia que está presente en todo el proceso de fabricación del azulejo y además provoca efectos negativos dispares en los trabajadores, aunque sea en concentraciones muy bajas, por lo que la prevención debe ser máxima", explica Jordi Riera. Pero hay otros muchos sectores donde aparece como un riesgo, bien en la fabricación de productos, bien por exposición a materiales que lo contienen, como el cuarzo. "Te dicen que el polvo de sílice es inherente a la producción de azulejo, pero se quedan tan anchos; no hay pluses por toxicidad o cocientes reductores a la hora de jubilarte a pesar de que te juegas tu salud", concluye Riera.

"Es el elefante en la habitación, todo el mundo lo sabe, pero no se está elaborando un registro eficaz. No somos capaces de ponerle cifra", explica Patricia Ruiz, quien habla de "dejación de funciones" por parte del Ministerio de Sanidad.

Desde el ámbito sindical piden además que se incluya en el catálogo la exposición a peligros climáticos, por ejemplo, el riesgo de personas que trabajan al sol y cómo aumenta la incidencia de los melanomas. De hecho la Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada tres muertes por cánceres de piel en el mundo se relaciona directamente con la actividad profesional.

Mientras avanza (o no) la regulación, las estimaciones científicas y los datos reales evolucionan a ritmos muy dispares. "Un médico sabe si la persona a la que le diagnostica un melanoma trabaja al sol, o si el cáncer de pulmón que diagnostica a un paciente tiene algo que ver con el radón porque trabaja en un parking. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos para medir bien estas situaciones", concluye la responsable de UGT.

La salida de María Jesús Montero de la Vicepresidencia Primera y del Ministerio de Hacienda para presentarse como candidata socialista en Andalucía ha propiciado que Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, haya asumido este viernes el cargo de vicepresidente. En el siguiente escalón de las vicepresidencias se encuentra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ostenta la segunda, y en tercer lugar Sara Aagesen, que lidera la cartera de Transición Ecológica. En el Ejecutivo también se estrena como ministro de Hacienda Arcadi España. Con este nuevo esquema, vuelven a encontrarse en las vicepresidencias dos enfoques económicos que han generado no pocos debates en la coalición de PSOE y Sumar.

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han protagonizado algunas de las disputas más llamativas dentro del seno del Gobierno, una dinámica que ya se venía dando cuando Nadia Calviño ostentaba la cartera de Economía. El subsidio por desempleo, la entrada de capital saudí en Telefónica o las prórrogas de los ERTE llenaron titulares y debates con los enfoques (nada próximos en general) desde cada uno de los ministerios. Ahora el esquema se repite y Economía vuelve a la vicepresidencia primera de la mano de Cuerpo, aunque las diferencias entre Trabajo y Economía, en realidad, nunca cesaron. La reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional (SMI) o el registro horario han sido, y son, los frentes abiertos entre las, ahora, vicepresidencias primera y segunda. 

Sus diferencias emergen de dos enfoques diferentes sobre cómo debe ser la economía política. Carlos Cuerpo llegó al ministerio en 2023. Es un perfil técnico, poco dado a entrar en disputas políticas —ni siquiera tiene carnet del PSOE—. Comenzó su carrera en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posteriormente, se marchó a Bruselas como analista económico antes de recalar en la política. Yolanda Díaz es abogada laboralista y tuvo su propio despacho. Comenzó su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol por Izquierda Unida. Su relación con los sindicatos es estrecha y durante sus primeros años de mandato contó con una posición fuerte en la mesa de diálogo social, llegando a consensos incluso con la patronal de las empresas. Un ejemplo característico de esto se produjo en 2020 cuando se acordó de forma tripartita una subida del SMI. O cuando se plantearon los ERTE por la pandemia.

Ahora las posiciones del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE y Cepyme están mucho más alejadas e incluso desde el Gobierno se ha reprochado a los empresarios su negativa rotunda a participar en algunas negociaciones. Economía, en cambio, se posiciona en un terreno intermedio y ha defendido, por ejemplo, medidas especiales para las pymes en relación con el nuevo registro digital o plazos más dilatados para su posible implementación. De hecho, el fichaje digital es el enfrentamiento más sonoro que mantienen ambos ministerios en la actualidad. 

Fuentes de Trabajo señalaban recientemente a este periódico que el ministerio liderado por Carlos Cuerpo había tenido en general, y no solo ahora, una concepción económica ortodoxa y que la tónica solía ser la de disputar los pasos que se daban en el ámbito laboral. 

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que decayó por falta de respaldo en el Congreso. También será, previsiblemente, un reestreno de los ya conocidos duelos entre las vicepresidencias primera y segunda.

Recientemente, Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba este miércoles la titular de Trabajo en el Congreso. Previamente, fuentes de Trabajo habían señalado que Economía estaba boicoteando uno de los acuerdos de Gobierno con Sumar. 

De hecho, muchas veces se ha hablado, más que de diferencias, de unas políticas económicas a dos velocidades. Si Economía pide “tiempo”, “equilibrio” o plazos más largos; Trabajo suele presionar para un aterrizaje más rápido y plazos más cortos. Es algo que se ha visto, por ejemplo, en el debate sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta los diez días. Tras el anuncio de Trabajo, Cuerpo respondía desde Bruselas que la propuesta debía implementarse, eso sí, “de forma equilibrada, teniendo en cuenta a las empresas”, remarcaba. 

Es habitual que Díaz apriete en el debate público y que Cuerpo replique ciñendo el debate a las medidas técnicas. “Es casi de mala persona decirle a los trabajadores que no a reducir la jornada media hora al día”, le espetaba la vicepresidenta segunda en relación a la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, a lo que el ministro replicaba aludiendo a las cuestiones de fondo, es decir, a la norma, y evitando los adjetivos. Este perfil, de político solvente con los datos, calmado y con alto conocimiento técnico, le ha valido a Cuerpo ser el ministro mejor valorado, según el último barómetro del CIS, publicado en enero. Como curiosidad, cuando en 2021 Yolanda Díaz repetía aquello de “le voy a dar un dato” en los debates parlamentarios, era a ella a quien el CIS coronaba como la mejor posicionada. 

Por otro lado, el buen comportamiento de la macroeconomía española, siendo uno de los países que más a salvo se ha puesto del estancamiento que sufren países como Alemania y con un crecimiento del 2,8% en 2025, el doble que la zona euro, también ha hecho del Ministerio de Economía un reducto de buenas noticias que, sin duda, suma puntos a esta buena percepción.

Tras el anuncio ayer tarde de los nuevos nombramientos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda ha felicitado a Carlos Cuerpo en sus redes sociales. "Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", a lo que añadía una referencia al acuerdo de Gobierno, en el que, como han insistido estos días desde Sumar, figura la reducción de jornada y el control horario. “Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", finalizaba su texto en la red social Bluesky. 

El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la reforma del fichaje digital, una norma que endurece la forma en que los trabajadores registran su jornada y obliga a las empresas a hacerla "digital e interoperable" para que Inspección de Trabajo tenga acceso a la información. El ministerio que dirige Yolanda Díaz seguirá adelante con la tramitación del real decreto a pesar de que el Consejo de Estado —y previamente el Ministerio de Economía—, se han mostrado en contra de la formulación de la norma. Fuentes de Trabajo explican que dichos informes no son vinculantes y en ningún caso paralizan la tramitación de la norma. Señalan además que esta medida formaba parte del acuerdo de Gobierno, por lo que esperan que siga adelante pese a las dudas del Ministerio de Economía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que decayó por falta de respaldo en el Congreso. Por eso, las mismas fuentes señalan que si la jornada efectiva en España está en 40 horas semanales, lo lógico es que ese horario se cumpla y se controle escrupulosamente.

En la mañana de este martes el titular de Economía pedía una implementación "equilibrada" y calificaba el proyecto de "ambicioso". Desde este ministerio pedían un periodo de adaptación más largo para las pequeñas empresas y Trabajo argumentaba que muchas pymes ya utilizaban aplicaciones de fichaje, por lo que el coste sería cero para muchas de ellas. Además, las mismas fuentes de Trabajo señalan que el real decreto no modifica la ley, sino que aporta una herramienta más fiable para su cumplimiento, de forma que se evite el fraude con horas extra no pagadas ni reconocidas.

La evaluación del Consejo de Estado lanza tres críticas fundamentales al fichaje digital: la primera, que excede la potestad reglamentaria del ministerio al imponer "nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores" y que podría interferir en competencias que atañen a a la negociación colectiva; la segunda es relativa al cálculo del coste, que consideran insuficientemente fundamentado; y una tercera, que se apoya en un dictamen de la Agencia de Protección de Datos que considera que "no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia" por el acceso de terceros a los asientos del registro de los trabajadores.

Para el Ministerio de Trabajo estas críticas resultan desafortunadas y las mismas fuentes señalan que no supone un cambio legal, sino que simplemente implementa una herramienta digital y a la que Inspección de Trabajo puede acceder con más facilidad. La norma, insisten, busca mejorar un sistema que ya existe desde 2018 para que sea efectivo y permita atajar el grave problema de las horas extras no remuneradas, que se estiman en dos millones semanales.

También inciden en la potestad del Gobierno para regular este aspecto y subrayan que no puede depender de la negociación colectiva ni hacer excepciones según el tamaño de la empresa. Porque de ser así, insisten, no se estaría protegiendo a todos los trabajadores por igual.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Carlos Cuerpo no ha entrado al choque y se ha limitado a pedir una implementación equilibrada para las pymes. Para su tramitación, la norma tendrá que pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), dependiente de su ministerio. Yolanda Díaz si ha señalado a Economía como uno de los obstáculos para la puesta en marcha de la medida y en un mensaje en red social Blue Sky señalaba que "A pesar de los intentos del Ministerio de Economía", sacarían adelante el proyecto.

Últimamente el comercio global se tropieza con la política internacional y las consecuencias se van trasladando de manera progresiva desde unos sectores a otros. El conflicto en Irán ha vuelto a poner en el centro las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, por las que se mueven dos tercios del comercio internacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea. Así, el cierre del Estrecho de Ormuz está incidiendo sobremanera en los precios de los combustibles y la energía, pero también en otros ámbitos comienzan a sentirse las consecuencias del conflicto y ven peligrar su abastecimiento de materias primas. Uno de ellos es el del aluminio, como lo son los fertilizantes, el helio o el cereal.

Un informe sectorial explica que el 22,9% de las importaciones españolas de aluminio primario proceden de nodos logísticos en el Golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar y Arabia Saudí) que han sido afectados bien por los bombardeos, bien por los bloqueos comerciales. A esto se suma, explica Gonzalo de Olabarria, secretario general de la Asociación Española del Aluminio (AEA), el embargo comercial que pesa sobre Rusia y que impide adquirir allí esta materia prima. “Con la suma de las interrupciones en estos dos mercados calculamos que puede estar comprometido hasta el 32% del suministro de aluminio en España”, recalca. En total, unas 218.000 toneladas, que suponen una “elevada exposición” del sector al devenir de la guerra. 

El freno a la producción de dos grandes industrias, una en Catar y otra en Bahréin, es lo que más preocupa ahora mismo. “La paralización de operaciones en Qatalum (Qatar), tras los ataques a infraestructuras de gas en Ras Laffan, y la declaración de fuerza mayor por parte de Aluminium Bahrain (ALBA) han retirado del mercado más de 2,3 millones de toneladas de capacidad de producción, más del doble de lo que toda la industria española transforma en un año”, explica la patronal en un informe. 

A nivel europeo, el 14% de las importaciones de aluminio procede del Golfo Pérsico, según un informe de la consultora financiera S&P Global. En esta región se genera un 23% de la producción primaria de aluminio del mundo y a Europa llegaron 1,4 millones de toneladas métricas en 2025, principalmente en forma de lingotes —que luego transforman las industrias—, barras de alambre, láminas y chatarra. 

La externalización de este tipo de industrias hacia otros países, explica Olabarria, tiene que ver con una forma de producir que exige grandes consumos de energía. “Hace 25 años en Europa se producía el 10% del aluminio mundial, pero en 20 años hemos perdido gran parte de la capacidad de producción, que se ha externalizado a otros países. El aluminio primario es intensivo en energía, por tanto, si los precios de la energía no son competitivos, las empresas deciden no producir en los países donde los precios son más altos”, explica Olabarria, que cifra la producción europea actual en el entorno de un 1% de toda la producción mundial.

Los bolsillos de los consumidores tampoco salen indemnes de estos movimientos tectónicos en las grandes cadenas de suministro. Aunque esto afecta primeramente a las industrias de ingeniería, construcción o reparto, el efecto termina llegando al producto final. "A nivel industrial estamos hablando de semiproductos —que luego terminan siendo partes de otros— pero que son clave, por ejemplo, para los paneles solares, la producción de cable, el transporte o las propias ventanas", enumera el secretario general.

Así, si el petróleo y la energía tienen un efecto transversal y casi inmediato —hemos visto la gasolina y el gasóleo subir casi a diario—, aquí opera algo más parecido a un efecto dominó. "El conflicto ha escalado a niveles superiores, aumentando el riesgo de que las disrupciones se extiendan más allá de la logística y las rutas de transporte hacia cierres reales de producción o daños en infraestructuras", señala Mathieu Racheter, analista del grupo financiero suizo Julius Baer. Algo que en su opinión hará que a corto plazo prevalezca una "elevada" incertidumbre en los mercados y, por tanto, en las empresas que dependen más de ellos.

Un reciente informe de Naciones Unidas titulado Las disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Implicaciones para el comercio global y el desarrollo, señalaba que, después del petróleo, el gas y sus derivados son los químicos, los contenedores y el grano seco los productos más frecuentes en esa ruta. Además, recoge que el tránsito a través del estrecho ha caído un 97% de media entre febrero y la primera semana de marzo. Por ejemplo, si el 27 de febrero atravesaron el estrecho 141 barcos, para el día 7 de marzo la cifra había bajado a cuatro.

Otra materia prima que está atascada en este conflicto son los fertilizantes, ya que un tercio del comercio marítimo mundial de este producto pasa por el estrecho. Unas 16 millones de toneladas, en su mayoría urea (67%) y fosfato diamónico (20%) que son componentes clave en la agricultura. En España, sectores como el del aceite avisaban la semana pasada de que "el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes" presionarían sobre los costes. "La guerra de Irán está provocando un aumento considerable del precio del gasóleo y de los fertilizantes, precisamente en plena época de preparación del olivar y de abonado", señalaba la patronal. Ante este escenario el Gobierno ha centrado una parte de su paquete de medidas en el sector, con descuentos en el gasóleo que también llegarán a los transportes.

En cuanto a los fertilizantes, "se han encarecido alrededor de un 25%, mientras que la urea, uno de los productos más utilizados en el abonado de cultivos, ha registrado una subida cercana al 30%, situándose actualmente en torno a los 600 euros por tonelada", apuntan desde la asociación de agricultores Asaja.

Otro producto que pierde flujo con el bloqueo es el helio, un gran desconocido que es clave para la fabricación de chips. Según apunta la agencia Bloomberg, la interrupción de la producción de gas natural licuado en Ras Laffan (Catar) ha dejado fuera de operación a cerca de un 30% del suministro global. El otro gran productor es Estados Unidos, pero consume una gran parte internamente. "El helio desempeña un papel esencial en múltiples sectores, con especial relevancia en la fabricación de semiconductores, donde se utiliza en enfriamiento de obleas, detección de fugas y procesos de grabado", explican los analistas.

Los cereales son otro punto sensible. Aunque no están tan expuestos como los derivados del petróleo o los fertilizantes, la especulación en los mercados que se deriva del conflicto ha hecho que su precios suba. En este caso, Irán es uno de los países importadores, principalmente desde Brasil, y ha suspendido todas las exportaciones de este producto por el momento, tal como explicaba el diario británico Financial Times. Además, este ámbito se cruza con el atasco en los fertilizantes, que corre el riesgo de mermar la producción. De hecho, los diez principales destinos de los fertilizantes que cruzan Ormuz son India, Estados Unidos, Turquía, Tailandia y, precisamente, Brasil, principal suministrador de trigo a Irán. Paradojas del comercio global.

Funcionan las 24 horas, no requieren de personal y suelen ocupar espacios en el centro de las ciudades más turísticas de España. Son los locales de taquillas para guardar equipaje, un negocio que crece de la mano del turismo y de los apartamentos vacacionales. Basta con abrir alguno de los buscadores de consignas online y situarnos en la capital para que al momento aparezcan decenas de puntitos señalando sus ubicaciones, casi medio centenar en Madrid. Algo similar ocurre en otras ciudades con alta afluencia de visitantes como Barcelona, Sevilla o Valencia y en zonas cercanas a grandes nodos de comunicaciones como estaciones o aeropuertos.

En el centro de la capital, al lado de la madrileña sala de conciertos El Sol, un local amarillo con un cajero ATM incrustado en el escaparate ofrece taquillas que van desde seis euros al día por guardar una maleta pequeña a los 19 euros diarios por un espacio para tres unidades. En la misma calle se puede ver algún signo más de lo que se denomina turistificación: varias franquicias de comida, un local para reservar bicis y tours guiados o apartamentos turísticos a los que se accede con un código QR.

La demanda de estos servicios está vinculada a turistas que llegan a la ciudad o regresan hacia su lugar de origen y necesitan un espacio donde aparcar sus maletas por unas horas antes de poder entrar a su alojamiento o tras el check-out. Un servicio que los hoteles suelen prestar, pero que en el caso de los apartamentos no siempre está disponible. Los cambios en la composición de los barrios turísticos más demandados empiezan por el tipo de comercios que albergan y, en este caso, las taquillas para maletas son uno de los servicios que se ve reforzado.

La mayoría de estos negocios se sitúan en bajos comerciales y funcionan sin apenas personal, ya que las taquillas son automáticas y el acceso está regulado por un código que reciben los usuarios. “Negocio innovador con alta automatización, ideal para inversión y con bajo coste laboral”, publicita una de las empresas que ofrece franquicias para personas dispuestas a invertir en el sector.

En Madrid, varias empresas y algunos nombres como Locker in the City o Lock & Be Free cuentan con más de una decena de bajos en la zona centro. Otras como Locker4rent cuentan con siete y Lock & Enjoy suma hasta cinco, según señalan en su web. No todas registran beneficios, pero en este último caso, su depósito de cuentas recoge que cerraron 2024 con un resultado de 89.108 euros y dos empleados. "A diferencia de otros negocios, no es necesario contratar empleados para la atención al cliente, ya que el sistema automatizado permite a los usuarios gestionar sus propias reservas y acceder a las taquillas sin intervención humana", señala otro anuncio para atraer franquiciados. En este caso ponen en valor la rapidez del retorno y la baja inversión inicial: taquillas físicas y un software que controle su funcionamiento. Un pequeño detalle que no se suele mencionar es que hay que contar con un local, o con pagar un alquiler en caso de que el emprendedor no cuente con uno.

Fuentes del sector señalan a infoLibre que el sector ha crecido mucho en los últimos años. Si bien el turismo y las viviendas vacacionales son uno de los motores de su actividad, también matizan que la crisis inmobiliaria les ha complicado el proceso de apertura por el encarecimiento en el alquiler de los locales. Amortizar una inversión inicial con un modelo empresarial que se basa en muchas y pequeñas cantidades de dinero ya no resulta tan sencillo y tampoco conseguir más ubicaciones para escalar el negocio y trabajar con mayor volumen. Aunque en este segundo caso, puntualizan, se vuelve necesario contar con personal que gestione reclamaciones o incidencias y los gastos aumentan.

En un rastreo por la web y por el listado de locales que ofrece la Comunidad de Madrid, se pueden identificar hasta casi medio centenar de establecimientos dedicados a esta actividad, con especial incidencia en la zona centro. En la lista hay desde sociedades limitadas de titularidad particular hasta franquicias o compañías que diversifican su actividad con este tipo de negocios. Desde el sector señalan que este modelo de negocio, pese a proliferar, también tiene un alto porcentaje de cierres.

Haciendo un repaso por otras empresas que ofertan servicios similares en la capital, aparecen, además de las ya mencionadas taquillas, locales como estancos, floristerías, mercerías, bares..., dedicados a otras actividades, pero que sirven también como puntos para dejar el equipaje y con ello ganan una comisión por cada maleta o artículo almacenado.

El turismo y el empuje de la vivienda vacacional están cambiando el perfil de los barrios, con una oferta de comercios más centrada en los visitantes y que ha desdibujado los negocios de toda la vida. El número de viviendas vacacionales en Madrid ha ido creciendo en los últimos tiempos.

En el distrito Centro, el 5,9% de su parque residencial, un total de 5.098 pisos, está destinado al alquiler vacacional, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fechados en noviembre del pasado año. Esta concentración es muy superior a la del resto de la ciudad, que de media alcanza el 0,82%. Es el caso de la sección que incluye la Puerta del Sol, Canalejas y el entorno de la parada de metro de Sevilla; los pisos turísticos alcanzan el 19% sobre el total de viviendas. Esto sin contar aquellas que podrían estar operando sin las licencias precisas, las ilegales. De hecho, el verano pasado apenas un 10% de los pisos turísticos estaban inscritos en el registro obligatorio. El Ministerio de Consumo, en un informe publicado hace un año en base a anuncios de viviendas en portales inmobiliarios, apuntaba que en Madrid habría hasta 16.335 alojamientos ofertados sin licencia.

Cinco de los diez distritos que más se han gentrificado en toda España durante la última década están en Madrid y el resto en Barcelona, de acuerdo con un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los investigadores han analizado datos desde el año 2012 hasta 2021 para ver cómo actuaba el encarecimiento de los precios y la sustitución demográfica de las clases bajas por otras más elevadas. Otro fenómeno que constatan es la llegada de la gentrificación a zonas más populares y alejadas del centro. En Madrid cita, por ejemplo, el barrio de Carabanchel, más allá de la M-30. Mientras todos estos cambios reconfiguran el espacio urbano, el precio de la vivienda sigue su tónica habitual y el pasado viernes los datos definitivos del INE corroboran que al cierre de 2025 el incremento anual fue del 12,7%, su mayor alza desde 2007.

Este viernes el Ejecutivo ha dado a conocer el Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio. Tras una semana de contactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la respuesta a la crisis se articularía en dos reales decretos. El primero, centrado en temas de vivienda; y un segundo, más amplio, que busca una "reducción drástica de la fiscalidad energética" con bajadas de impuestos en los carburantes, la electricidad y el gas.

Los dos decretos, que se han aprobado en el Consejo de Ministros, entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —previsiblemente este sábado— y luego contarán con 30 días para su ratificación. El segundo, que incluye las medidas fiscales, pasará por el Congreso la semana próxima, ya que cuenta con los avales necesarios, según explican fuentes del Ejecutivo. En cuanto al primero, relativo a la vivienda, es más polémico y requerirá previsiblemente de más tiempo para negociarlo con los grupos parlamentarios. Cabe recordar que las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts.

La vivienda ha estado en el centro de la polémica durante toda la negociación. A lo largo de esta semana, el ala de Gobierno de Sumar insistía en ella, pero el Ministerio de Economía pedía tiempo para valorar el impacto de la crisis en este ámbito. Finalmente, este viernes, se ha incluido una propuesta para prorrogar por dos años todos los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

El plan también prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas mientras dure esta crisis. Por otro lado, trata de imponer medidas para evitar que las rebajas se transformen en un aumento de los beneficios empresariales y no lleguen a la gente. Así, articula un control de los márgenes de las empresas que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El escudo social se complementa con un bono social eléctrico para familias vulnerables que será del 42,5% y se ampliaría al 57,5% para los casos severos. También propone reforzar el bono social térmico, prohibir el corte de suministros a los consumidores vulnerables y flexibilizar por ley los contratos de suministros de energía para empresas y autónomos.

En el ámbito laboral también se ha acordado acelerar la implementación de planes de movilidad sostenible. Así, las empresas deberán promocionar formas de movilidad colectiva para sus trabajadores, de forma que su factura en combustibles se reduzca. Esta era una regulación que se esperaba para el año próximo, pero que ahora se adelanta en el marco de la crisis por la guerra de Irán.

En la parte que toca a la energía, las bajadas impositivas son el centro de la propuesta. El Ejecutivo reducirá el IVA del gasóleo, gasolina y otros combustibles del 21% al 10%, lo que se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante o de 20 euros por depósito medio. También se reduce el impuesto especial a los hidrocarburos y se aplica una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

El paquete contempla una bajada del IVA de la electricidad y el gas natural al 10% y también lo hace para otros productos como los pélets y la leña. El impuesto especial eléctrico, que se refleja en las facturas de los hogares, se reduce del 5% al 0,5%, y se suprime temporalmente el impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, que pagan las empresas. Todo junto supone, según el Ejecutivo, una rebaja fiscal del 60%. Por otra parte, a la bombona de butano y propano también se le aplicará un tope de precio.

En este punto es donde la CNMC tendrá un papel importante, para controlar que las compañías no absorban las bonificaciones y terminen cobrando un precio superior a los consumidores. Según ha explicado Sánchez, se ampliará la supervisión y las sanciones a las empresas que lleven a cabo estas prácticas.

Por sectores, el Ministerio de Economía había insistido esta semana en la necesidad de respaldar a aquellos que tienen una mayor incidencia en la cesta de la compra, en aquellos que sufrirían un choque más severo con el precio de la energía disparado o los que no podían abastecerse de materias primas necesarias para su producción. Por eso el plan pone el foco en la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias electrointensivas.

Primero ofrecerá una ayuda extraordinaria y temporal de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Ayudas para la compra de fertilizantes y líneas de financiación pública. En este último caso, se han anunciado préstamos ICO/MAPA/SAECA, creados para ayudar a compensar las pérdidas de rentabilidad en el campo y la pesca.

Sobre la industria, se planean bonificaciones del 80% de los peajes eléctricos a las empresas electrointensivas, lo que les supondría un ahorro de 200 millones de euros en total.

Para completar el paquete de respuesta en lo que tiene que ver con el consumo energético, el decreto de ayudas incluye una deducción del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y para la instalación de placas solares. También mantiene otra deducción del 15% en el IRPF por comprar vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible y la simplificación de los procedimientos administrativos para renovables.

Es cada vez más cara, escasa, supone la principal preocupación de los españoles y hasta pone un punto de sombra en el momento favorable que vive la macroeconomía. La vivienda está en el centro de la economía social y, a la hora de negociar el paquete de respuesta a los posibles efectos de la guerra de Irán, ha surgido como la principal polémica dentro del Ejecutivo. Sumar, ERC, Bildu y Podemos presionan para que el paquete anticrisis recoja medidas de apoyo a los alquileres, pero por el momento no parece que esta presión vaya a tener efecto. Desde la parte socialista, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba que las medidas del Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio están ajustadas al impacto económico que se está observando e insistía en que el escenario es distinto al que se vivió en 2022 con la invasión de Ucrania. Así, un eventual escudo en materia de vivienda quedaría condicionado al comportamiento de los precios.

“La principal medida que estamos pidiendo es la prórroga de todos los contratos de alquiler que vencen este año”, señalan fuentes de Sumar. De hecho, el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, había declarado esta semana que la vivienda estaría entre los pilares del paquete. “En primer lugar, un nuevo escudo energético que proteja de manera reforzada a los consumidores más vulnerables. En segundo lugar, medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España”, enumeró. Del lado de Economía insisten en la “flexibilidad” y en “hacer seguimiento continuo de este impacto para evaluar la eficacia de las medidas”, aunque no han concretado si a medio plazo se contemplan intervenciones específicas en el ámbito inmobiliario.

En el centro de la polémica están los alquileres, uno de los principales factores de gasto para las familias y que podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación y subida de precios generalizada. “Las inquilinas ya necesitaban apoyo por parte de las instituciones antes de la guerra de Irán, pero la situación derivada del conflicto hace que esta intervención sea más urgente que nunca”, señalan fuentes de Sumar. Las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts. Pero en el escenario de una nueva crisis, Sumar, Podemos, ERC y Bildu ven una oportunidad para recuperar este escudo. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pedía intervenir el mercado, a la vez que Podemos criticaba la "inacción del Gobierno" y señalaba que "no se va a tomar ningún tipo de medida en materia de vivienda".

Para el Ministerio de Economía, las medidas que eventualmente se puedan tomar están condicionadas a la evolución de los precios. Por ahora, el golpe más acusado ha llegado al precio de los combustibles, pero en los organismos monetarios internacionales como la Reserva Federal estadounidense, coloquialmente conocida como la Fed, o el Banco Central Europeo (BCE) se observa la evolución de la inflación con cautela. Al igual que había hecho la Fed, el BCE decidió ayer mantener sin variación los tipos de interés en el 2%, pero aventuraba un repunte en los precios a corto y medio plazo.

"La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", apuntaba el BCE en su balance. Además, en esta nueva coyuntura, el organismo aumentó al 2,6% la subida de los precios para 2026, siete décimas más de inflación que en sus últimas previsiones. Pese a todo, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, lanzaba también un mensaje de calma: "Estamos bien situados para navegar en esta incertidumbre", señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Otra variable a considerar a la hora de ponderar el impacto de la guerra en los bolsillos son las hipotecas. Se espera un repunte del euríbor —índice de referencia para los préstamos hipotecarios mixtos o variables— para el mes de marzo que alcanza ya el 2,4% y ha hecho que los bancos ya se centren en ofertar modalidades de hipoteca fija al 3%.

Cuerpo ha insistido en que "con Ucrania se aprobaron siete paquetes de ayuda" y no ha descartado incluir medidas más adelante, aunque tampoco ha concretado en qué podrían consistir. En anteriores experiencias, además del escudo social, el Gobierno aprobó medidas que incluían la posibilidad de alargar los plazos de pago, periodos de carencia o protocolos de refinanciación de deuda en el caso de hipotecas.

Del lado de Sumar insisten en la urgencia de la medida más allá de la crisis internacional. "En un contexto de subidas de alquiler que van desde el 25% al 70% en algunos territorios, se suma un evidente encarecimiento del coste de vida derivado del aumento de los precios del petróleo, y la vivienda tiene un impacto extraordinario en estas economías familiares que ya van al límite", señalan a infoLibre fuentes del grupo.

Hasta ahora, las iniciativas para mantener el escudo social en materia de vivienda han naufragado al pasar por el Congreso y las mismas fuentes aseguran que las negociaciones en el seno de la coalición continúan en marcha. "Seguimos negociando e insistiendo en que son medidas necesarias para este escudo social, aunque el PSOE eche balones fuera".

Este miércoles comenzó el proceso judicial entre el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la inmobiliaria Alquiler Seguro. La demanda, interpuesta en 2024 por los inquilinos organizados en torno a la agrupación, acusa a la empresa de cobrar “honorarios encubiertos” y de retener “de forma irregular el depósito de la fianza de los alquileres”. Azael Babiano, abogado de la acusación, explicó a la salida de los juzgados que, tras la audiencia previa de hoy, la primera vista se ha fijado para febrero de 2028. “A los inquilinos que estaban pagando estas cláusulas les hemos dicho que dejaran de hacerlo porque son abusivas”, explican desde la agrupación sindical. Pese a que el juicio se dilatará otros dos años, este es un capítulo más en la batalla que muchos arrendatarios libran contra los sobrecostes que imponen ciertas agencias de alquiler de vivienda. 

El caso más llamativo son los honorarios de agencia, una tasa que se declaró ilegal en 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda. Desde ese momento, la normativa entiende que estas empresas ofrecen un servicio a los caseros y, por tanto, el inquilino no es quien debe abonarla. “Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia”, señalaba a infoLibre el portavoz del Sindicato de Inquilinas madrileño, Pablo Pérez. La “asimetría” de poder y “la urgencia del mercado”, explicaba, terminan por obligar a la gente a aceptar “condiciones abusivas o ilegales” si quieren tener un techo. En el caso de esta demanda, el sindicato afirma en su nota que “Alquiler Seguro camufla esta práctica bajo el sobrenombre de ‘servicio de atención al inquilino’, un servicio inventado que los inquilinos no reciben, no firman y del que no pueden desistir”.

La empresa tiene dos frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales; por otro, la denuncia del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que este miércoles ha llegado a los juzgados de Plaza Castilla. "No lo decimos únicamente nosotras. Tras la presión que hemos realizado, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador que ha derivado en una multa de 3,6 millones de euros por esas mismas prácticas abusivas", explica Rufina Parra, una de las afectadas y portavoz de los inquilinos. 

La agrupación sindical señala que la documentación aportada durante el procedimiento investigador “proveniente de varias afiliadas al sindicato”, demostraría que la inmobiliaria “exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino con las que se quedaba la propia empresa”, apunta en una nota de prensa. “Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico seguro de impago”, añaden. Además de estos dos puntos, también denuncian un presunto delito contra la protección de datos, al “obligar” a ceder sus datos a las dos partes implicadas en los contratos de alquiler.

La demanda comenzó su recorrido hace dos años y para sustentarla, el sindicato enumera diversas prácticas de dudosa legalidad: “Solicitan una cantidad de 200 euros por reservar un piso y puedes acabar perdiéndolos si al final no eres el inquilino elegido. Hay una letra aún más pequeña en la que se indica que, si pagas ocho euros, te aseguran la devolución de la reserva”. En otros casos hablan de exigencias como revisar “los últimos tres meses de movimientos bancarios” o exigir "un pago de 180 euros" por un estudio de solvencia cuando haya un cambio de nombres de las personas que habitan la vivienda.

La sanción del Ministerio de Consumo tenía también como objetivo poner el foco en una práctica que no se limita solo a una compañía. "Es un mensaje a otras empresas", señalaba el ministro Pablo Bustinduy tras anunciar la apertura de expediente. Su intención, apuntaba, era "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de prácticas, especialmente en materia de vivienda". Por su parte, Alquiler Seguro sostenía en una nota de prensa que cumplía con la ley y que "todos los servicios de la compañía son públicos, transparentes y voluntarios".

Estas tasas abusivas son, para los colectivos de vivienda y las asociaciones de consumidores, el gran elefante en la habitación. Facua ha denunciado en varias ocasiones y el propio sindicato ha mediado en reclamaciones que no llegaron finalmente a los tribunales. "Los tiempos de la justicia son lentos", apuntó Babiano a la salida de los juzgados, quien también se mostró optimista sobre el desenlace de la sentencia. "El resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando", concluyó.

Pero también hay sobrecostes abusivos que van más allá de este caso concreto: seguros de impago que debería abonar el casero, pero repercuten en el inquilino; cobros por visitar una vivienda que ni siquiera sabes si vas a alquilar; o gastos indebidos de comunidad y basuras son algunos ejemplos habituales que denuncian quienes buscan piso en la vorágine del mercado inmobiliario. 

Además, un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA, por sus siglas en catalán) titulado El impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler constata que estas prácticas han aumentado en los últimos años. En el caso de Madrid, entre quienes llevan más de 5 años en la misma vivienda, un 29,8% afirma haber pagado honorarios a la inmobiliaria. Entre personas que llevan menos de cinco años, ese porcentaje se dispara al 62%. El informe también constata que las agencias gestionan una parte cada vez mayor de las viviendas en alquiler; en concreto, median en el 34% de las operaciones en Madrid y en el 74,8% en Barcelona.

El informe de IDRA coincide con la sensación de los sindicatos de inquilinas. "Los honorarios de las inmobiliarias suelen calcularse en base al precio del alquiler, y todo parece indicar que en una parte significativa se sigue repercutiendo al inquilino y no a quien contrata el servicio de gestión, a pesar de que contraviene la Ley de Vivienda de 2023", concluyen.

Los sindicatos advierten que la persistencia de esta práctica se alimenta de la presión por conseguir un piso y de la altísima demanda. Ambas hacen que muchas personas terminen pagando estas tasas ilegales, aun sabiendo que tienen derecho a negarse, para conseguir un techo. Un dato que ayuda a ponderar la velocidad del mercado del alquiler es que el 15% de las viviendas que se anunciaron en el portal Idealista tardaron menos de 24 horas en encontrar un inquilino. En Barcelona y Girona ese porcentaje se elevó hasta el 36% y en Madrid se quedó en un 11%.

En cuanto a los precios, este miércoles un informe de UGT apuntaba que las mensualidades del alquiler cada vez se llevan un bocado mayor de los salarios. Constata, en base a 4.300 entrevistas, que casi el 40% de los inquilinos destina más del 40% del salario al pago y que un 31% se había mudado de piso cinco veces o más. "El alquiler es insostenible", remataba el estudio. Y más aún, si se le suman costes extra.

Los conflictos geopolíticos han llevado a la economía de un estado de incertidumbre a uno de alerta permanente. Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán hace dos semanas, las expectativas de crisis se acentúan día a día. Sin apenas tregua tras la ofensiva arancelaria, el epicentro es ahora el estrecho de Ormuz y la interrupción del 20% del flujo de petróleo mundial que atravesaba ese paso a diario y ha dejado de hacerlo.

Tras una semana de contactos entre el Gobierno y los diferentes ministerios con los sectores potencialmente afectados, el ministro de Consumo ha señalado que las primeras medidas del escudo social se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Por su parte, el Ministerio de Economía tiene puesto el foco en los sectores más expuestos a las subidas de los combustibles y que mayor peso pueden tener en la cesta de la compra: los transportes y el agro (agricultura y pesca). Carlos Cuerpo, titular de Economía, insistió a lo largo de la semana pasada en “medidas específicas” y "esencialmente fiscales" para el sector agrario y el transporte por carretera. Por otro lado, su homólogo del Ministerio de Consumo quiso poner el acento en la necesidad de vigilar que esas ayudas no se transformen en beneficios empresariales: “Cualquier medida fiscal debe ir acompañada de una intervención del mercado para impedir que se produzcan márgenes excesivos”, señaló Pablo Bustinduy. 

"Los agricultores no pueden repercutir directamente el incremento de costes porque los precios suelen variar por la abundancia o escasez de las cosechas, pero el encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes puede afectar tanto al sector como a la producción", explica Javier San Martín, especialista en mercados y profesor de OBS Business School. En cuanto a los transportes, el economista explica que sí podrían repercutir los precios con más facilidad, ya que muchos cuentan con cláusulas para hacerlo en caso de aumento de costes.

"Aquí además hay que sumar el efecto inflacionario de la inflación. Es decir, si piensas que las cosas van a subir de forma sostenida, reflejas esa subida de forma anticipada", explica. Es lo que ha ocurrido, apunta, con las empresas de distribución de combustibles: "A los tres días de empezar la guerra ya habían empezado a subir los precios, cuando se supone que tienen muchas existencias almacenadas y, además, cada gasolinera ofertaba un precio distinto", remarca.

Con estos mimbres se está diseñando un paquete de medidas del que aún se desconocen los detalles. Aunque el titular de Consumo dio algunas pistas: "En primer lugar, un nuevo escudo energético que proteja de manera reforzada a los consumidores más vulnerables. En segundo lugar, medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España”, enumeró.  Sobre esta segunda pata, cabe recordar que las medidas antidesahucios decayeron el pasado mes de febrero, después de que no se ampliase el escudo social por la negativa de PP, Vox y Junts.

Hasta el momento, el mayor choque para los bolsillos por el conflicto en Irán proviene de la energía y los combustibles, pero otros indicadores como el euríbor –índice de referencia para las hipotecas– dieron señales de alerta al sufrir el martes pasado su mayor repunte diario en 18 años. Además, el comportamiento de los precios, la inflación y las decisiones que los bancos centrales tomen sobre los tipos de interés son variables que los analistas siguen de cerca y que aún no arrojan demasiadas certezas.

“Un encarecimiento sostenido de la energía puede empujar al alza la inflación en el corto plazo. Pero, al mismo tiempo, también reduce la renta disponible de los consumidores y puede frenar la demanda. Dicho de otra forma, puede presionar los precios, pero también enfriar la economía”, recoge Javier Molina, analista de mercados de la plataforma de inversión eToro. “La sensación es de un mercado que se mueve entre fuerzas contrapuestas”, concluía el experto. 

Por otro lado, este lunes, BBVA Research congelaba las previsiones de crecimiento para la economía española en el 2,4%. Un pronóstico que habría crecido en dos décimas de no ser por el encarecimiento de la energía y las turbulencias que ha provocado el conflicto en Oriente Medio. "Habrá que vigilar muy de cerca las disrupciones en las cadenas mundiales de producción y el canal financiero global", advierte el documento.

En las estaciones de servicio, el precio de la gasolina ha pasado de 1,493 euros por litro el 27 de febrero, hasta los 1,739 euros que marcaba este lunes: un 16% más. En cuanto al gasóleo, pasa de los 1,447 euros, hasta los 1,866 euros, un 29% más. Es aquí donde comienza un ciclo que puede extenderse al resto de la economía con consecuencias para los bolsillos de los consumidores. Para los analistas, el tiempo que dure el conflicto será clave en la profundidad y el alcance, y han pasado de escenarios optimistas a previsiones más cautas. “Si bien una pronta resolución del conflicto es ciertamente posible, consideramos que su extensión hasta el segundo trimestre es igualmente probable, y no se puede descartar una guerra más prolongada”, recoge un informe del Bank of América que advierte sobre los posibles efectos negativos que se “podrían estar infravalorando” en esta crisis. 

Los representantes de las asociaciones agrarias señalan que solo el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los fertilizantes “supone más de 41 millones de euros adicionales cada semana para el sector, lo que equivale a casi 6 millones de euros diarios que salen del bolsillo de los productores”, explican desde la asociación agraria ASAJA. Para ellos, además del precio de los combustibles, los fertilizantes también se han convertido en un gasto adicional, ya que alrededor de un tercio de ellos pasan por el estrecho de Ormuz. También lo hacen componentes de estos como la urea, el azufre o el fosfato diamónico.

Javier San Martín explica que en el caso de la agricultura no es tanto el golpe en los costes como el hecho de que "llueve sobre mojado" porque ya trabaja con márgenes ajustados. "En la guerra de Ucrania, los fertilizantes llegaron a triplicar su precio, los presupuestos de la Política Agraria Comunitaria (PAC) han cambiado y también están las protestas por el tratado Mercosur, enumera. Además, los países árabes eran grandes clientes para las exportaciones en el sector del cereal, que se verá afectado por las interrupciones en la cadena de suministros. "Casi toda la alfalfa que se produce en España es para venderla en países árabes, pero ahora es muy difícil que llegue a su destino", apunta el economista de OBS. Lo que sí puede llegar con facilidad al consumidor final serían las consecuencias de una menor producción, derivada del encarecimiento de los fertilizantes o de los eventuales ceses de actividad que restringirían más la oferta.

En cuanto al transporte, el repunte de los costes que se deriva ya del aumento de precio de los combustibles, llegaría mucho más rápido al consumidor final, aunque está por ver cómo se aplican esta vez las medidas para contener los efectos de una crisis en la que, por ahora, la incertidumbre sigue gobernando el ánimo de los mercados.

"Hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro", explicaba el sociólogo Jorge Galindo en una entrevista con infoLibre. El problema de la vivienda tiene en su epicentro a los jóvenes que, pagando alquileres altísimos, no pueden reunir dinero para la entrada de una hipoteca, pero los datos también apuntan a que sus ascendientes —ya sean madres, padres o familiares en general— cada vez juegan un papel más determinante a la hora de amortiguar esta crisis. Además, estas familias que prestan dinero o legan una casa a sus descendientes no son necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobresfuerzo económico.

Tal es el peso del patrimonio familiar en el acceso a la vivienda que hasta se ha acuñado un término para referirse al momento en el que las generaciones más jóvenes (que viven de alquiler) hereden las casas en propiedad de sus ascendientes: "la gran herencia". Pero muchos expertos coinciden en que una vivienda en propiedad tampoco sirve como salvoconducto en esta crisis inmobiliaria.

"Cuando decimos que se está rompiendo la sociedad de propietarios, estamos señalando que los mecanismos de incorporación a la propiedad están fallando", explica Marta Ill, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). Y aquí, explica, hay que separar a los multipropietarios de aquellas personas que solo poseen la vivienda en la que habitan. "Para esas personas que solo poseen su casa en propiedad, el hecho de que sus viviendas ahora valgan mucho más que cuando las compraron no les soluciona nada. Tú no puedes vender la casa en la que vives para que tu hijo acceda a una". Quienes sí sacan partido de este mercado, insiste, son quienes tienen propiedades sobrantes. "A las personas que tienen que arriesgar su propia vivienda para ayudar a sus hijos a acceder a una no les hace tanta ilusión que la vivienda cueste cada vez más dinero", concluye. Y si además tienen que ayudar a sus hijos, la crisis inmobiliaria también les alcanza.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) advertía este mes de febrero que solo el 15% de las personas menores de 29 años vivían fuera del hogar familiar en la segunda mitad de 2025, el peor dato en ese periodo desde 2006. “El coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario”, señala un estudio del Observatorio de Emancipación del CJE. Los sueldos no bastan.

El importe desbocado de los alquileres se come las rentas de los jóvenes y esto también tiene efecto en la composición de su futuro patrimonio porque impide ahorrar y les condena a permanecer en un mercado del alquiler desbocado e inestable. Pero además, hay datos que señalan que esta espiral involucra también al resto de generaciones. Las donaciones entre padres e hijos se han disparado un 13% en 2025, hasta las 225.317 operaciones. Es una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Este organismo también señala que a lo largo de 2025 solo una de cada diez compraventas de vivienda (9,6%) correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años. El grueso de las compras correspondió al corte de edad entre 41 y 50 años, que realizaron el 26,5% de las operaciones. Pero hay un dato más demoledor: a los 36 años, el porcentaje de vivienda en propiedad para la generación nacida entre 1966 y 1975 (51 a 60 años) superaba el 70%. Ese porcentaje se desploma hasta el 45% cuando se miran los datos de la generación nacida entre 1986 y 1995, según el Banco de España.

"En las generaciones anteriores, el acceso a la vivienda giraba en torno a la estabilidad de su trayectoria laboral. Eso era lo que condicionaba tus posibilidades", explica Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "Antes la gente también recibía herencias; lo que ocurre ahora es que el precio de la vivienda es cada vez más elevado, los salarios tienden a crecer poco y, por lo tanto, ese componente de herencia era proporcionalmente menos importante de lo que es hoy", explica. Es decir, ante la impotencia de los salarios, se utiliza la renta familiar para tapar esa brecha creciente cuando es posible. Y así, la onda expansiva de la crisis de vivienda salta de una generación a otra.

Un estudio conjunto de Fedea —Fundación de Estudios de Economía Aplicada— y Mapfre con datos de 2022 señala que las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros anuales y "fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral", recoge el informe. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Además, cuando se observa la edad hasta la que se producen estas transferencias, el análisis de Fedea apunta que en España no dejamos de recibir dinero hasta los 30 años, un dato que casa con la cifra de emancipación nacional: 30 años, frente a los 26 de media de la Unión Europea.

Con unos precios de vivienda que han firmado la tasa de crecimiento más alta desde 2007 —un incremento del 12,7% en 2025—, la relevancia de estas transferencias gana peso, sobre todo cuando se requiere una entrada para comprar una casa en un contexto económico adverso para el ahorro.

Las donaciones, préstamos o cesiones de viviendas de quienes tienen capacidad para hacerlo hacia sus descendientes son salvavidas para algunos, pero cuando la familia no tiene capacidad económica y tampoco hay una vivienda que heredar, la brecha de desigualdad se reproduce más allá del ámbito inmobiliario.

Lo explica el economista Javier Soria, director de Laboratorio de Oportunidades y doctorando en Paris School of Economics. "Ahora, cuando los precios están más desbocados, las donaciones se vuelven un vector de desigualdad más importante de lo que son en tiempos normales, porque sabemos que hay muchos jóvenes que sí podrían pagar una hipoteca, pero no pueden ahorrar para una entrada", explica. Y aquí el factor de renta familiar es clave "porque una donación te soluciona eso", concluye. Si no dispones de ella, solo queda el alquiler.

"Lo que muestran los datos es que aquellos que han recibido una donación han accedido a una vivienda mejor y, además, se han endeudado menos. Eso cambia el patrón de acumulación de riqueza porque te permite comprar más joven, terminar antes de pagar y, además, tener una vivienda mejor", señala Soria. Si en vez de una donación, lo que se recibe es una herencia, esta suele llegar mucho más tarde, pero "la verdadera brecha que va a crecer en los próximos años es la de quienes no tienen ninguna de estas posibilidades", concluye. Otro economista, Iván Auciello, coincide en el análisis: "Quienes tengan estas facilidades o este apoyo económico tendrán más capacidad para generar ahorro porque en esos casos se elimina un gran factor de gasto como es el alquiler".

Incluso el Banco de España ha llegado a advertir que los límites de esta crisis de vivienda pueden derivar en un problema mucho más grande. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advertía el organismo en su último informe anual, relativo a 2024. En su análisis señalaban que las ratios de esfuerzo por el mercado inmobiliario de quienes menos ganaban se estaban ampliando y amenazaba también con afectar los datos de demanda interna de los hogares, uno de los motores de crecimiento económico en 2025.

El augurio de desigualdad al que alude el sociólogo Jorge Galindo y con el que comienza este artículo es, también para los economistas, una senda por la que, si nada cambia, seguimos avanzando. "A medio plazo, lo que veremos es un crecimiento de la población inquilina sobre todo entre quienes ya vienen de familias inquilinas", concluye Marta Ill.

Los centros sociales okupados y autogestionados (CSOA) son espacios ciudadanos que surgen en los noventa como una forma de dar un nuevo uso a lugares abandonados y que hoy ofrecen actividades variopintas. Se puede acudir a un taller de bicicletas, a clases particulares gratuitas, a recibir asesoramiento en materia de vivienda, a conciertos, a exposiciones de arte urbano o a eventos culturales. En ellos se habla de ecología, desigualdad, feminismo, modelos de ciudad, de trabajo... con un enfoque político de lo cotidiano. Pero también con un punto polémico: suelen ocupar espacios que, si bien estaban en desuso, no son de su propiedad. Esto los convierte en centros de protesta contra el sistema, su principio esencial, pero los vuelve también vulnerables a la hora de mantener su actividad. Tampoco son siempre un oasis de acuerdos asamblearios y luchas por la justicia social, pero cargan con un matiz negativo que no agota su definición.

La agenda de actividades depende del espacio y de quienes participen en él. Suelen describirse con un matiz underground, porque en muchos casos se ubican en edificios abandonados que se han okupado y rehabilitado a medias para prestar servicio o tejer una red vecinal. Muchas sedes eran (y aún son) ruinas de la burbuja inmobiliaria, locales que quedaron atrapados en la onda expansiva que dejó la crisis de 2007 y que nadie reclamó en aquel mar de quiebras y desahucios. Pero eso ha cambiado. Ahora, al calor de la fiebre inmobiliaria y de la crisis de la vivienda, los edificios abandonados se transforman en potenciales fuentes de rentabilidad y de poco sirve apelar a su función como espacio de socialización frente a una rentabilidad inmobiliaria desenfrenada.

El espacio EKO, un espacio autogestionado en el barrio de Carabanchel (Madrid) con 14 años de recorrido, lleva tiempo denunciando las presiones que reciben para abandonar el edificio en el que desarrollan su actividad. Dos de sus miembros cuentan a infoLibre que la presencia de una empresa de desokupación y la presión policial arreció durante un tiempo, después de que un fondo de inversión comprase el edificio. "En agosto de 2025 vinieron a las cinco de la mañana varios desocupas y antes de que aparecieran estas personas, pasó un coche de policía por allí poniendo un sonido de "tic, tac" por el altavoz", relatan.

Durante más de una década el espacio de EKO estuvo dentro de un concurso de acreedores y terminó en manos de una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners en 2024. "Denunciamos públicamente el inicio de un proceso de intimidación y amenaza de desalojo por parte del fondo Midtown Capital Partners", relataban en septiembre a través de su página web. "Claro que la especulación se nota en la presión que reciben los centros sociales", confirman desde la Asamblea Popular de Carabanchel, otro espacio social conectado con este CSOA.

"Compran barato para maximizar beneficios y, antes de iniciar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edificio de manera rápida y efectiva aunque ilegal", protestaban desde EKO.

Pero la comunidad en torno al CSOA consiguió frenar el proceso de acoso. "El barrio respondió muy bien; como estábamos en la puerta todo el día, mucha gente se pasaba un rato o nos traía comida y también vinieron desde otros colectivos como las asociaciones de vecinos", cuentan. Desde esa primera intentona han tenido algún incidente más. Este mismo miércoles "a eso de la 1:30 de la madrugada han intentado entrar varias personas con una supuesta abogada", relatan. "Había varias personas en el centro y apareció después la Policía, por lo que el incidente no fue a más", explican, aunque la sensación de incomodidad sí ha aumentado en este tiempo. "Tenemos la sensación de estar en alerta todo el tiempo", concluyen.

Colectivos como La Atalaya, que estaba en el barrio madrileño de Vallecas, también llevaban más de una década de actividad, aunque terminaron siendo desahuciados. Su sede, un instituto abandonado que pasó a ser propiedad del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), fue desalojada por la Policía Nacional en 2024 sin ninguna notificación previa, según expone el grupo en sus redes.

No es un fenómeno exclusivo de Madrid y en la lista hay nombres que se hicieron famosos. Minuesa, La Quimera, La Rosa, el Patio Maravillas, EKO, La Ingobernable y La Gatoteca, en Madrid; Can Vies, El Palomar de San Andreu, Can Masdeu o La Ruïna, en Barcelona; Malatesta o La Huelga, en Sevilla; Escarnio e Maldizer, en Santiago de Compostela. Muchas han sido clausuradas y otras aún continúan. Algunas ciudades, como Berlín, presumen de este tipo de iniciativas y Madrid incluso llegó a ceder espacios en régimen de alquiler a colectivos como la Eskalera Karakola, pero su realidad actual parece otra.

Hay un rosario de ejemplos y no todos se ciñen a Madrid. En junio de 2014 la Policía desalojaba en Oviedo el centro social autogestionado de nombre La Madreña. Era un antiguo edificio de la Consejería de Salud del Principado de Asturias que pasó a manos de una constructora y había quedado en letargo, como todo el sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. En 2011, al hilo de la euforia del movimiento social 15M, pasó a convertirse en un edificio okupado en el que vecinos y estudiantes de las cercanas facultades realizaban actividades. Pero esta iniciativa popular desapareció apenas tres años después con una sorprendente protesta social en la vetusta ciudad asturiana. Hoy es un bloque de pisos blanco y negro. 

Los CSOA proliferaron con el movimiento ciudadano 15M en solares o edificios vacíos que habían quedado varados en embargos, expropiaciones, concursos de acreedores o simplemente en manos de empresas que no podían permitirse hacer nada con ellos. Suelos sin calificación adecuada y un sector paralizado hicieron que nadie se ocupase de esos espacios. Sin embargo, hoy, en 2026, un suelo urbano es un diamante en bruto y la materia prima más cotizada de las constructoras.

El déficit de 700.000 viviendas en España que cifra el Banco de España, el encarecimiento de la vivienda y las altas rentabilidades del sector hacen que estos espacios vuelvan a ser muy codiciados. Por ejemplo, el precio de los suelos en los municipios de más de 50.000 habitantes subió en 2025 un 15,9% interanual, según las estadísticas de suelo urbano del Gobierno. En Madrid el metro cuadrado se situó en el tercer trimestre en los 415 euros de media, la comunidad más cara según la serie del Ministerio de Vivienda.

En 2019 también se hizo efectivo el desalojo de La Ingobernable, situada en un edificio del Paseo del Prado. El local, cedido a la fundación privada Ambasz, permanecía vacío cuando se okupó, lo que no evitó que el CSOA fuese desalojado. Tres años más tarde, esa ejecución terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

Precisamente es en la capital donde se acelera el desmantelamiento de estos proyectos autogestionados, cumpliendo con una promesa que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba en 2024: "Tolerancia cero con la okupación". Desde entonces , el cierre de espacios de este tipo ronda la decena.

Desde un punto de vista estrictamente legal, poco pueden hacer para mantener su actividad, ya que los desalojos suelen contar con órdenes judiciales. Ni pagan alquiler, ni el espacio es suyo. Sin embargo, la crisis en torno a la vivienda y la permeabilidad de los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda y los espacios comunes, han amplificado la importancia de estos espacios de socialización. Y es que hay una corriente de pensamiento que ve en la okupación una forma de resistencia a la gentrificación y una lucha de clases moderna. Como un espacio al que acudir cuando los resortes sociales no llegan.

En un ensayo reciente titulado Generación Inquilina (Capitán Swing, 2026), el sociólogo del CSIC Javier Gil afirma que "la ciudad ya no se diseña para compartirla, sino para monetizarla" y critica un proceso de atomización que se agudiza por una crisis inmobiliaria que no permite a los ciudadanos asentarse en un lugar, hacer comunidad. En este punto confluye una teoría social que, al calor de la crisis inmobiliaria, habla de una lucha de clases moderna en la que "se disputa el derecho a permanecer, a habitar, a decidir qué se hace en el territorio y con los recursos", concluye el sociólogo. 

El movimiento okupa tiene una historia más larga y bebe de culturas como los punks o los movimientos anarquistas. En noviembre de 1985, un artículo de El País describía el fenómeno, novedoso en ese momento, sin encontrar un adjetivo claro para definirlo: lo llamaban "ocupar viviendas vacías por el procedimiento de la patada a la puerta". Se les describía como jóvenes entre 18 y 23 años y no acertaba el cronista a ligarles a un grupo o filiación política concreta. Sí contaba que quienes habían okupado un edificio en Barcelona habían terminado detenidos. Y es que, este colectivo arrastra también desde sus inicios un sambenito ligado a la delincuencia que tratan de quitarse de encima.

En el contexto actual, en plena crisis habitacional, es una lectura que se ha ido relativizando. Movimientos ciudadanos como el "Nos quedamos", que promueven los sindicatos de inquilinos para responder a la especulación inmobiliaria, o el propio escudo social que el Gobierno sostuvo desde la pandemia hasta este año para suspender el desahucio de personas vulnerables que no podían hacer frente al pago del alquiler, han abierto muchos matices en el debate.

Alexander Vasudevan, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Oxford, desliza esta idea en su libro La ciudad autónoma: una historia de la okupación urbana (Alianza, 2017). En él habla de formas alternativas de convivencia y de reivindicar la ciudad en una época de crisis habitacional. En una entrevista con el diario Público, el profesor hacía referencia a un proceso de relectura de la okupación: "El mito está cambiando porque la crisis mundial de la vivienda está afectando sobre todo a la gente joven. Hijos de familias de clase media cuyos padres pudieron comprarse una casa. Pero el sistema ya no funciona para ellos y ni siquiera sus padres pueden ayudarles a comprar", señalaba.

"Tenemos despensa solidaria, un grupo artístico que se llama La Silla, un gimnasio popular, yoga, tres grupos de consumo, taller de autodefensa laboral, acogemos a la Asamblea Popular de Carabanchel, taller de bicis, teatro...". Y la lista que enumeran desde EKO sigue varios minutos de conversación. En estos 14 años, explican, las actividades han cambiado mucho en función de sus miembros y de unos intereses que, para ellos, siempre deben ser "asamblearios y comunitarios".

El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán ya se está dejando sentir a nivel económico. El precio de la energía, la inflación o el euríbor son componentes que han empezado a cambiar y no precisamente para bien. Las hipotecas variables o mixtas —que poco a poco habían ido recuperando la calma tras el conflicto de Ucrania— miran de reojo el repunte de su indicador de referencia, el euríbor, como consecuencia de un contexto internacional marcado por la guerra. Este indicador se frenaba este miércoles, pero ha experimentado un incremento sustancial desde el inicio del conflicto, pasando del 2,222% que marcó el 27 de febrero, el último día que cotizó antes del conflicto, al 2,369% que cotizó este miércoles. Por el medio llegó a sufrir una de las sesiones más agresivas, cuando el martes de esta semana se situó en el 2,553%, el mayor repunte diario en 18 años.

Pero en el extremo de esta madeja de porcentajes están los bolsillos de los consumidores, que terminarán absorbiendo el golpe, como está ocurriendo ya con los combustibles. Además, esta dinámica que encarece el crédito echa más leña a un mercado inmobiliario que ya es de por sí complicado y que representa desde hace tiempo una de las principales preocupaciones de los españoles.

Desde la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), advierten que las subidas llegarán a las cuotas hipotecarias. “Es previsible que golpee, sobre todo a las revisiones que se realicen de hipotecas a seis meses, de hasta 177 euros de subida al año”, recogen en sus previsiones. 

En las medias mensuales aún no se aprecia el repunte, pero la experiencia anterior, cuando en 2022 estalló el conflicto en Ucrania y el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a subir los tipos de interés, hace que este indicador sea una preocupación legítima para los ciudadanos. Entre 2023 y 2024, el euríbor se disparó por encima del 4%. En ese momento, algunos analistas llegaban a calcular incrementos de hasta 3.000 euros anuales para algunos hipotecados. Ante la tensión que este encarecimiento ponía sobre las cuentas de las familias, el Gobierno aprobó un paquete de medidas que incluía la posibilidad de alargar los plazos de pago, periodos de carencia o protocolos de refinanciación de deuda.

En relación al actual repunte del euríbor, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba que la duración del conflicto sería clave para saber si el impacto económico que ya se está viendo en los combustibles se podría extender también a las cuotas hipotecarias y a los precios en general. “Todavía no estamos en esa situación y esto dependerá de la duración del conflicto. De ahí la importancia de que esto termine lo antes posible”, señaló. Aunque también matizó que es ahora cuando “estamos empezando a notar los efectos de esta guerra en nuestros bolsillos”. Cuerpo no adelantó las medidas del paquete de respuesta contra la crisis que está preparando el Gobierno, aunque sí que insistió en que se basaría en iniciativas “de protección de las rentas” y de “impulso a las energías renovables”.  

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, apunta que las medidas de alivio para los consumidores deberían ser "quirúrgicas" y prevé que, en lo relativo a los costes hipotecarios, haya "un cierre de mes al alza".

En 2025 se firmaron en España 501.073 hipotecas sobre vivienda, un 17,8% más que en el ejercicio previo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra que ha ido al alza desde 2023. De las hipotecas que se cerraron a lo largo del año pasado, el 36,6% se constituyó como variable, con un tipo de interés medio al inicio del 2,82%. En cuanto al importe de los préstamos hipotecarios, aumentó un 12,6% al calor de un mercado inmobiliario que no da tregua al encarecimiento de los precios, hasta los 163.788 euros de media. 

Cuando se habla sobre el impacto en la renta de las familias, suele hacerse referencia a los desahucios, aunque cabe destacar que la mayoría de estos proceden de los arrendamientos y no de propietarios que no consiguen pagar. En los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, relativos a 2024, la mayoría de estos lanzamientos, el 74,6%, afectaron a inmuebles en régimen de alquiler, mientras que el 18,4% se derivaron de ejecuciones hipotecarias.

Por otro lado, el incremento en los importes de las hipotecas es casi calcado al aumento del precio de la vivienda que el INE identificó al cierre de 2025: un 12,7%. Esta es la tasa de encarecimiento más alta desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. La vivienda que más se encarece es la de segunda mano, con un 12,9% de subida, ya que la demanda se concentra en este ámbito debido a la escasez de la obra nueva y a que importes de estas últimas suelen estar muy por encima. 

Si bien es pronto para aventurar el impacto que puede tener este impulso del euríbor en el número de hipotecas que se firman, sí influirá en la política de tipos del Banco Central Europeo y se reflejará también, señalan los analistas, en la renta fija. "A corto plazo, la evolución de los mercados dependerá principalmente de tres variables: la persistencia del shock energético, la reacción de las expectativas de inflación y la respuesta de los bancos centrales", puntualiza Javier Molina, analista de Mercados de eToro.

El Ministerio de Trabajo presentó en febrero un informe realizado por expertos sobre la democracia en el ámbito laboral. En este documento de más de 400 páginas se analizaba la participación de los trabajadores en la gobernanza de las empresas, el papel de la inteligencia artificial (IA) y proponía una serie de herramientas para que, entre otras cosas, los sindicatos entrasen en la dirección de las compañías. Para CEOE y Cepyme se trata de una medida "intervencionista" y Yolanda Díaz, titular de Trabajo, señalaba este martes a las empresas por "no hablar" de los márgenes de beneficio que obtienen y que se concentran "en muy pocas manos y sin redistribuir la renta".

"La decisión de las organizaciones empresariales de no acudir a una mesa de diálogo social carece de precedentes y demuestra la renuncia de la patronal española a ejercer de interlocutor social", señalan fuentes del ministerio. "Es insólito que, sin conocer la propuesta, se nieguen a debatir sobre una cuestión habitual en la UE y que es, además, un mandato constitucional", remarcan.

Este es el enésimo encontronazo entre Trabajo y patronales, que tampoco han acercado posturas en temas como la reducción de jornada, la subida del salario mínimo, el fichaje digital o el estatuto del becario, por citar algunos ejemplos. En el caso de la gobernanza de las empresas, todo apunta a que seguirán la misma línea, pero ¿en qué se concreta esta nueva propuesta?

"Se trata de llevar a los órganos de decisión de todas las empresas a los representantes de los trabajadores. La fórmula que se está eligiendo es llevar esa representación a los consejos de administración, pero en Alemania, por ejemplo, eso se articula mediante los denominados consejos de vigilancia que deben tener todas las empresas de más de 50 trabajadores", explica Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. "Es un órgano paritario en el que participan a partes iguales empresa y trabajadores. No participa en todas las decisiones, pero sí tiene atribuciones en las materias que afectan a las garantías de los trabajadores", puntualiza.

"La mayoría de los países europeos reconocen legalmente el derecho de las personas trabajadoras a estar representadas en los consejos de administración de las empresas y a participar en las decisiones estratégicas a nivel de gobierno corporativo, una práctica conocida como cogestión", recoge el informe de expertos encargado por Trabajo. "Aunque España dispone de un sistema dual de representación laboral mediante comités de empresa y sindicatos, la falta de un mandato legislativo que garantice la representación de quienes trabajan en el nivel estratégico en los consejos de administración de las empresas privadas supone una desventaja significativa", concluyen.

La idea del ministerio que dirige Yolanda Díaz es promover una reforma legislativa que obligue a implementar estos modelos de cogestión. Contempla medidas como que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados. Cuando se trate de compañías de mayor tamaño, ese porcentaje se elevará hasta la mitad.

Otra cuestión que contempla es crear planes para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición un mínimo del 2% de las acciones cuando las empresas superen los 25 trabajadores. También amplía los poderes de los comités de empresa para "configurar y dar su consentimiento a la IA".

"Hay fórmulas de participación más y menos intensas, pero de lo que se trata ahora es de implementar algún marco nacional. Hay ya 19 países de la Unión Europea que tienen sistemas regulados y somos de los pocos que aún no lo tienen", subraya el economista, quien además insiste en que "no se puede confundir representación con participación".

La propuesta, que tendría que validarse en el Congreso, se debatirá este jueves en una mesa convocada por Trabajo y en la que CEOE y Cepyme han declinado participar. "Supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada", protestaba la patronal en un comunicado. "Plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva", remataban ambas agrupaciones empresariales.

La base teórica de la propuesta es que si los trabajadores ganan importancia en los procesos de gestión, en el diseño de los objetivos de la empresa y en el reparto de beneficios, la eficiencia económica, la calidad del empleo y la productividad mejorarán. Así, el "mandato legislativo" que quiere articular Trabajo descansa sobre el artículo 129.2 de la Constitución: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Aunque para las patronales esta propuesta atenta, a su vez, contra el artículo 38 de la Constitución, “que preserva los principios de la libertad de empresa”, y contra el Estatuto de los Trabajadores, que "otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección", remarcan.

El análisis de los expertos de Trabajo señala que ya existen experiencias prácticas concretas donde se incluye representación sindical en los consejos de administración de las empresas. Aunque matiza que son "dispersas y poco conocidas", cita a Renfe, ADIF, Paradores Nacionales, Navantia, Hunosa, ENSA y el Grupo TRAGSA, todas ellas con participación pública. En cualquier caso, la representación nunca es tanta como para poder bloquear decisiones y solo está articulada a nivel de convenios o acuerdos entre sindicatos y empresas.

Una de las razones que da el Ministerio de Trabajo para impulsar esta reforma es que la legislación de otros países de la Unión Europea ya contempla este tipo de normas. "La legislación de la UE y de algunos países ofrece la oportunidad a los representantes de los trabajadores en España de ocupar puestos en los consejos de administración o consejos de vigilancia de multinacionales con sede fuera de España", explican en el informe. Y ponen como ejemplo al grupo alemán Volkswagen, que cuenta con un representante español de su filial SEAT en el consejo de administración. También nombra otros casos como el de las compañías francesas Alstom e Imerys, en las que, en virtud de una ley estatal, se implementan modelos de gobernanza donde un representante de los trabajadores, elegido a través del comité de empresa europeo, se incorpora al consejo de administración.

El texto elaborado por los expertos cuestiona el modelo de gobernanza empresarial que se da en España, señalando que ha adquirido "rasgos del modelo angloamericano, dando prioridad prácticamente absoluta a los intereses del accionariado sobre el resto de partes interesadas", resalta el estudio. Por otro lado, cuestiona el reparto de los beneficios: "España se sitúa entre los últimos de la UE en cuanto a medidas de fomento y apoyo a la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de las empresas, independientemente de que participen o no en el capital de las mismas", concluyen.

Las cooperativas son el modelo que Trabajo considera más democrático, pero hay otras organizaciones que el estudio considera como referentes y que agrupa bajo la etiqueta de "economía social". En este ámbito habría un total de 43.071 empresas que dan trabajo a 565.402 personas. "Entre ellas, 22.033 son cooperativas, 11.902 son sociedades agrarias de transformación, 6286 son empresas propiedad de los trabajadores (sociedades laborales), 2182 son centros especiales de empleo, 308 son empresas de inserción, 223 son mutuas de previsión social y 137 son cofradías de pescadores", detallan en el análisis.

"Las cooperativas de trabajadores y las sociedades laborales, en las que los trabajadores ejercen un control democrático, son las dos formas de empresa que más se ajustan al espíritu del artículo 129.2", concluyen los analistas. Pero no es este el objetivo de la medida. "No se trata, desde luego, de convertir las empresas en cooperativas. Lo que se persigue es organizar un sistema de participación de los trabajadores y no solo de representación, como se entendía hasta ahora", concluye el economista.