Mónica García tacha de "insólito" lo vivido este martes en el Senado con Javier Arenas, senador del PP que vapeó en su escaño mientras la titular de Sanidad intervenía para responder las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

La ministra reprobó esta actitud en unas declaraciones a la prensa al salir del hemiciclo, al señalar que le parece "insólito", aunque ha añadido que está a falta de que se acredite que realmente vapeaba.

"Todas las instituciones se las están saltando, y la prueba es el señor Arenas vapeando", ha apuntado García respecto a la manera de ejercer el PP su mayoría absoluta en el Senado.

García tacha de "falta de respeto" lo sucedido en la Cámara Alta y dice de la actitud de Arenas que "sólo le faltó poner los pies encima de la mesa". En declaraciones a LaSexta, la ministra ha dicho que "en el PP se creen que todos los sitios son El Ventorro".

En las imágenes de la emisión de video del Senado se pudo ver cómo el senador popular por Andalucía se llevaba un objeto, a simple vista, un vapeador, a su boca y se lo retira al ser avisado por su compañera de escaño, María Salom, que se sienta a su izquierda, le agarra la mano para avisarle y le señala con la mirada las pantallas del hemiciclo.

Tras esto, Arenas, las mira y se guarda el objeto en un bolsillo de su chaqueta sin expulsar el humo.

La imagen se pudo ver porque la realización del Senado se centraba en la intervención de la ministra Mónica García, situada justo delante del escaño de Arenas.

El senador popular aseguró en los pasillos de la Cámara Alta que "bajo ningún concepto vapea en interiores" y que solo se puso el objeto en la boca como "el que se lleva un boli Bic".

Desde el día 1 de octubre de 2004, los representantes públicos del Senado tienen prohibido fumar tabaco tras la aprobación de una iniciativa de la extinta Convergència i Unió que propuso extender la prohibición que ya existía en el Congreso desde el 1 de junio de ese mismo año a la Cámara Alta.

"Se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales". Así lo explica el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto en el que da por finalizada la investigación de la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación que podía afectar al partido conservador en la causa judicial que se había abierto sobre su financiación ilegal. Una trama en la que sitúa en el "vértice" al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al que fue su número dos, Francisco Martínez, responsables de repartir ese dinero público.

Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial. 

El magistrado no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen, ya que el espionaje implica medios personales –los agentes que se destinaron, las horas que echaron, etc.– y materiales –vehículos, por ejemplo– que son muy difíciles de calcular. Sï explica que lo que ha quedado acreditado son los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.

Los sucesivos escándalos de uso fraudulento de fondos reservados que se hicieron públicos en la primera mitad de los noventa llevaron al Gobierno de Felipe González a promulgar en 1995 una nueva Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, así como una posterior orden ministerial del entonces jefe de Interior, Juan Alberto Belloch, con las normas internas de gestión, documentación que obra en el sumario de la operación Kitchen. En esa orden se deja muy claro que “toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto”.

Nadie duda de que operaciones como las que se sufragan con gastos reservados no deben ser de dominio público, pues se trata de operativos antiterroristas o relacionados con la seguridad del Estado. Sin embargo, lo que la Kitchen ha revelado es que la orden ministerial no ha servido para evitar que personas concretas manejen irregularmente unos fondos que en 2020 alcanzaron los 27,86 millones de euros, cantidad que se mantiene en los Presupuestos de 2021. Según la investigación de la trama parapolicial, Sergio Ríos habría cobrado los 2.000 euros al mes justificados con recibís rellenados y firmados a mano, un modo de hacer no poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un ministerio tan sensible, una documentación que la Fiscalía Anticorrupción constata que "no se ajustaba a la normativa legal que regulaba esos fondos desde 1995".

Se daban los fondos antes de comprobar para qué

En el auto que pone fin a la instrucción, el juez García Castellón destaca que la normativa reguladora de los fondos reservados "atribuye las funciones de su control al ministro del Interior y por delegación a la Secretaría de Estado de Seguridad". Y su conclusión de todo lo investigado es que la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado para sufragar la operación Kitchen "no se ajustaba a la normativa legal" por varios motivos. En primer lugar, desde el departamento que dirigía Francisco Martínez "se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa" (DAO) que en aquel momento gestionaba Eugenio Pino.

Asimismo, se abonaban fondos reservados mensualmente al comisario jefe de la UCAO, que "en ningún caso era una unidad autónoma receptora de fondos reservados, con independencia de los fondos que podía recibir su unidad en la Comisaría General de Información". El dinero que recibía García Castaño, que tenía una cuantía fija, "no estaba vinculado a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario". Las entregas estaban autorizadas "verbalmente" por Eugenio Pino. El descontrol, por tanto, era total.

García Castaño ha manifestado en varias ocasiones ante el juez que Martínez conocía estos hechos. El instructor reconoce que no se ha podido acreditar este extremo –que el ex número dos de Interior niega–, pero sí relaciona al ex secretario de Estado con "otro gasto directamente vinculado con la operación ilegal", la compra de un ordenador y de una pistola para Ríos "con cargo a fondos reservados", por un recibí en el que constan "1.905,82 euros, compra material informático para S.E." y "700 euros, compra pistola para cocinero", aparte de los 2.000 euros mensuales.

El exjefe de la UCAO es uno de los principales investigados en la macrocausa Tándem y su patrimonio y cuentas bancarias ha sido escrutado por los investigadores por supuestamente ser uno de esos mandos policiales que se habrían enriquecido ilícitamente. Pero no sólo por los fondos reservados de la operación Kitchen, sino por participar activamente en los negocios privados de Villarejo por los que habría percibido comisiones. En un informe del año pasado incorporado al caso, se le atribuyen ingresos en efectivo durante más de una década que suman más de medio millón de euros.

No sólo el exjefe de la UCAO aparece relacionado en la operación Kitchen con el gasto de este dinero público para fines ilícitos. En el desarrollo de la operación ilegal, prosigue el juez, "al menos en una primera fase habrían participado funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos, bajo el mando del comisario Marcelino Martín Blas, quien, al parecer, sabría de los verdaderos objetivos de la operación y habría dispuesto de fondos reservados autorizados para uso de la Unidad de Asuntos Internos para el pago del colaborador Sergio Ríos, entregándoselos materialmente y sin ningún control ni resguardo documental a José Manuel Villarejo". Posteriormente, Martín Blas "habría dejado paso a García Castaño, quien habría encomendado a la unidad especial de Seguimientos de la UCAO las vigilancias y los seguimientos".

Permitido por Martínez, cono conocimiento de Fernández Díaz

Según García Castellón, "una vez desclasificada la documentación relativa a los pagos efectuados a Ríos, se ha podido comprobar que la solicitud mensual de asignación de fondos reservados se elevaba desde la Dirección Adjunta Operativa a la Secretaría de Estado de Seguridad". Las peticiones "no cumplían con la normativa interna del Ministerio del Interior sobre gestión y control de los fondos reservados, que exigía que se tenían que adjuntar una serie de documentos acreditativos del uso de los fondos asignados en la mensualidad anterior, y que en esos documentos constaría la designación de la operación policial concreta para la cual se solicitan fondos de carácter reservado extremos que no se cumplía en este caso". 

Así, lo que concluye el magistrado es que la Secretaría de Estado que dirigía Martínez libraba los fondos reservados antes de comprobar y verificar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa, pese a que no se ajustaba a la normativa legal que regulaba la gestión de estos fondos a partir de 1995". "Esta irregular entrega de fondos reservados era permitida por el secretario de Estado de Seguridad, con el conocimiento del ministro del Interior", afirma en el auto, razón por la cual propone juzgar a los dos por malversación, entre otros delitos.

Sobre este modo de actuar fueron muy reveladoras las declaraciones en calidad de testigos que prestaron en sede judicial José Manuel Benavides, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a lo largo de siete años hasta el otoño de 2013, y su sucesor, Enrique Lacasa. Una forma de trabajo, y aquí está lo preocupante, que no enmarcaban en la operación Kitchen, sino en el quehacer general de esos años en la DAOoperación Kitchen.

Según Benavides, “las unidades operativas comunicaban a la secretaría general la cantidad que necesitaban para el mes siguiente” y ese dinero era el que él solicitaba a la Secretaría de Estado de Seguridad. El que entregaba los fondos era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, cargo que desempeñó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos durante parte del tiempo en el que se extendió la operación Kitchen. Los fondos se entregaban en metálico y el propio Benavides firmaba el “recibí”, tras lo cual los repartía a las unidades que los habían reclamado para sus operaciones. Pérez de los Cobos gestionaba los seis millones de euros que aproximadamente maneja Interior –según cifras del propio coronel–, pero aseguró al juez que no conocía el pormenor de las operaciones. Declaró como testigo en noviembre de 2020 y en el auto de cierre de la causa no aparece por ninguna parte en el relato de hechos.

De la explicación de Benavides y Lacasa se desprende que nunca tenía el detalle del destino del dinero. Lo que hacía era justificar lo solicitado en un libro de contabilidad, pero sin especificar para qué. Los dos subrayaron este detalle: “Ni quería saber ni preguntaba para qué era ese dinero”, dijo el segundo. Lo que se pedía, lo que se recibía de Interior y lo que se gastaba era apuntado en un libro de contabilidad con conceptos genéricos que impiden saber si el dinero reclamado era gastado en el desarrollo de las operaciones para las que en teoría iba destinado.

Miguel Ángel Bayo, asesor jurídico de la DAO durante más de treinta años que declaró como testigo, confirmó este modo de hacer: “Te dan cuarenta y tienes que responder de cuarenta. Y que cada palo aguante su vela”, dijo sobre el funcionamiento de la salida y entrada de fondos reservados, que gestionó durante un tiempo tras la jubilación de Lacasa, en referencia a que no se daban detalles del destino del dinero.

La trama en la cárcel y el falso cura

Esto es lo que ha permitido revelar una investigación que ha estado abierta casi tres años. En los últimos meses, se descubrió también que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en la primera etapa en la que Luis Bárcenas pasó entre rejas tras la apertura de la causa de la contabilidad irregular del PP en 2013. La finalidad era seguir la pista de una grabación que tendría Bárcenas escondida y en la que se escucharía al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex secretario general del partido Javier Arenas hablando de esa caja b, para lo cual los mandos policiales implicados habrían seguido el rastro de presos con los que habría contactado el extesorero en la prisión. A uno de ellos, Bárcenas le encargó supuestamente que destruyera esos audios, ya que en aquel momento el PP y él mantenían un pacto de no agresión en los tribunales.

García Castellón ve acreditado que a principios de 2014, Sergio Ríos informó de que un preso llamado Isidro Sánchez Suárez "podría tener en su poder las claves que facilitarían el acceso unos archivos a los que pretendería acceder siguiendo instrucciones de aquel". Con la "coordinación activa del secretario de Estado", y gracias a la información facilitada por Ríos, García Castaño y Villarejo "lograron impedir este acceso".

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al magistrado que alargara el plazo de instrucción para, entre otras cosas, tratar de determinar cuánto de los fondos reservados se destinó a esta parte de la trama, sobre todo a saber a qué otros colaboradores se habría recurrido en la prisión y si se les pagó por ello. Pero García Castellón considera que ya se han acometido las diligencias necesarias para ello y no han llevado a una conclusión.

Tampoco ve necesario seguir indagando en el asalto al domicilio de la familia de Bárcenas de Enrique Olivares, conocido como el falso cura, que cumple pena de prisión por el secuestro. Por un lado, el juez recuerda "no se encuentra en condiciones psíquicas" para declarar y considera que el planteamiento de los fiscales de que podría haber estado “bajo el control de otros servicios de seguridad" es de una "amplitud y generalidad" que "impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma".

El sumario secreto de la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen de espionaje ilegal a Luis Bárcenas, revela que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en la primera etapa en la que el extesorero del PP pasó entre rejas tras la apertura de la causa de la contabilidad irregular del partido en 2013. La finalidad era seguir la pista de una grabación que tendría Bárcenas escondida y en la que se escucharía al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex secretario general Javier Arenas hablando de esa caja b, para lo cual los mandos policiales implicados habrían seguido el rastro de presos con los que habría contactado el extesorero en la prisión. A uno de ellos le encargó incluso que destruyera esos audios.

La relación entre la operación Kitchen y los reclusos con los que contactó Bárcenas se pone de manifiesto en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional incorporado al sumario, sobre el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de levantar el secreto. El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, hace la conexión entre la declaración judicial del extesorero sobre unos sucesos ocurridos a principios de 2014 y las anotaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los cuadernos en los que iba apuntando conversaciones, encuentros e informaciones que consideraba relevantes.

Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional que justo después de su entrada en prisión provisional en el verano de 2013 empezaron los contactos de una persona muy cercana a él con "personas vinculadas al PP" con el objetivo de empezar una "aproximación" para un pacto de no agresión de cara a las causas judiciales que empezaban a acumulársele al partido. Aparte de la recientemente abierta sobre la caja b a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas en el diario El País, en el caso Gürtel ya se habían abierto un buen número de piezas. Según el extesorero, lo que transmitieron a su amigo desde la formación es que "estaban dispuestos" a darle "500.000 euros de forma extraoficial a cambio de mejorar" sus condiciones en la cárcel, donde, afirma, recibía un "tratamiento denigrante".

"No debe quedar nada. Es mi compromiso"

En este contexto, Bárcenas explicó al juez que en esos meses contactó con un preso, Isidro Sánchez Suárez, con quien, según el informe de Asuntos Internos, tuvo "frecuentes contactos en el departamento de comunicaciones internas". En un posterior cacheo a este recluso se le incautó una nota manuscrita supuestamente por el extesorero del PP en la que se lee la siguiente anotación: "Alex hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Su "compromiso" era con el partido, un "gesto de buena voluntad", tal y como explicó Bárcenas en la Audiencia Nacional, según el audio de la declaración al que ha tenido acceso este periódico.

Nota intervenida al preso con el que contactó Luis Bárcenas para que destruyera la supuesta grabación que comprometía a Rajoy. Sumario 'Operación Kitchen'

"Como gesto de buena voluntad, le doy esta nota al interno, le digo dónde lo tengo en la nube (el audio) y ahí pasa una cosa rocambolesca: este señor sale de permiso, pero lo detienen y tiene que volver al centro penitenciario. No recuerdo su nombre, pero por las fechas el centro puede saber su nombre", explicó el extesorero. Los agentes de Asuntos Internos se pusieron manos a la obra y, efectivamente, la dirección de Soto del Real les envía información sobre el recluso, documentos que obran en el sumario. Bárcenas, según contó él mismo, consiguió a cambio "una ventaja penitenciaria: dos vis a vis más" de los que disfrutó unos "dos meses", tras lo cual, "en un momento determinado", el amigo que hacía de enlace con el PP le comunica que "no se puede seguir con lo de los vis a vis extraordinarios" y que "las personas que en el PP estaban gestionando esto se desmarcan del acuerdo de no vamos a hacernos daño".

Lo que dice Bárcenas que desconoce es si el preso en cuestión destruyó la supuesta grabación de Rajoy y Arenas. Lo que sí hizo el reo fue cobrar lo que, según el extesorero, le dio él mismo a través del que entonces era su chófer, Sergio Ríos, imputado en esta causa por ser el confidente del operativo Kitchen. "Esa persona cobró 2.500 euros y cuando volvió al centro ya no lo volví a ver en absoluto. Me enteré de que lo habían detenido en el permiso. Cuando yo salí (de la cárcel) en febrero de 2015, en la nube no había nada absolutamente", explicó al juez García Castellón.

La conexión con las agendas: conversaciones con Enrique García Castaño y Francisco Martínez

Después de transcribir esta parte de la declaración de Bárcenas y adjuntar los documentos de la cárcel de Soto del Real, los investigadores de Asuntos Internos reflejan en su informe unos apuntes extraídos de los cuadernos de Villarejo, incautados en otoño de 2020 en su domicilio, en los que se hace mención a la detención del preso. Las anotaciones están fechadas en marzo de 2014, lo que coincide con el momento señalado por el extesorero. El 10 de marzo, un apunte: "BIG. Avisó de salida del objetivo amigo de LB". "BIG" es el comisario jubilado Enrique García Castaño, uno de los mandos policiales imputados en Kitchen, como Villarejo, y uno de los tres comisarios que captaron al chófer de Bárcenas como confidente.

Otro apunte del 11 de marzo: "BIG. Al final al amigo de LB lo detuvieron en la comisaría de Chamberí". Esta anotación coincide con el oficio del centro penitenciario incluido en el sumario que informa de la detención del preso un día después de salir de permiso. Según esta comunicación, el preso durmió en un hotel de la calle Gaztambide de Madrid y a la mañana siguiente fue detenido, ya que constaba una orden de detención de un juzgado por otros delitos pendientes. El mismo día 11 consta otro apunte de Villarejo: "CHISCO. Localizado Alex y aviso de su detención. En líneas generales muy contento". "CHISCO" es el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también imputado por la operación Kitchen.

Pero es que previamente a la detención del recluso, Villarejo también reflejó las maniobras que los mandos implicados en el operativo estaban realizando para tenerle fichado. Según lo que apuntó el comisario en enero de 2014, "CHISCO" estaba "muy interesado en los movimientos de LB". A principios de marzo, anotó tras hablar con "BIG" que iban a "organizar control del amigo de LB".

Enero de 2013, publicación en el diario El País de los papeles de Bárcenas. Después, apertura de diligencias en la Audiencia Nacional que llevaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a elaborar un informe al respecto. Al frente de estas pesquisas, el inspector Manuel Morocho, que acaba de revelar toda clase de "presiones" y maniobras de sus superiores para que borrara de ese informe los nombres de altos cargos del PP que aparecían en la documentación de la caja b que había elaborado el extesorero del partido. El policía, entonces, optó por incluirlos en un anexo que también entregó al juez instructor, entonces Pablo Ruz. En el informe principal apenas aparece el nombre del expresidente Mariano Rajoy; en el anexo, un total de 44 veces.

Este fue sólo uno de los numerosos ejemplos que Morocho relató al juez Manuel García Castellón esta misma semana dentro de una estrategia más parecida a obstaculizar la investigación de la caja b del PP que a facilitarla. Y detrás de estas maniobras, el inspector citó varios nombres, algunos de sus entonces jefes en la UDEF, incluido el comisario principal José Luis Olivera, quien había sido máximo responsable de la unidad policial. Estas revelaciones han llevado a la imputación de Olivera, a quien el magistrado que investiga la operación Kitchen sitúa como uno de los comisarios a quien el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino habría encomendado en 2013 "el desarrollo de labores operativas para obtener" del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, "información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo". Las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo revelan que previamente habría participado en una estrategia del PP para "salvar" en 2012 al extesorero en el caso Gürtel.

Primero había que "salvar al tesorero". Meses después se puso en marcha un "plan contra LB" (Luis Bárcenas), según los apuntes de Villarejo que llevaron a García Castellón a citar como testigo a Morocho. En más de tres horas de comparecencia, reveló la imposición de sus jefes para que no incluyera en el informe que debía entregar a Ruz los nombres de altos cargos del PP como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes o Javier Arenas: "Simplemente se puso que había personas vinculadas a la formación política, no se expresó quienes eran, no me dejaron que se pusiera". El inspector, según explicó, optó por incluirlos en el anexo V, un documento de 40 páginas titulado "Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política", en el que figuran las anotaciones de Bárcenas con las entradas y salidas de dinero de la contabilidad b que manejó durante casi veinte años.

"Mariano se infiere que es Mariano Rajoy Brey"

En ese anexo, consultado por infoLibre, el nombre de Mariano Rajoy se repite un total de 44 veces, incluidas las alusiones que hizo Bárcenas y la explicación que dan los investigadores. Por ejemplo, el extesorero apuntó en una entrada "1º semestre Mariano" y a continuación, en la casilla de "salidas" anotó "12.600". Después, la UDEF recalcaba que “Mariano se infiere que es Mariano RAJOY BREY"Mariano. Así en todas las ocasiones en que el nombre del expresidente sale a relucir en los papeles de Bárcenas.

El informe data de 2013 y años después la caja b del PP ha sido acreditada por sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, pero a día de hoy el expresidente del Gobierno sigue negando su existencia. Como Rajoy, también se desmarcan de los papeles de Bárcenas otros exdirigentespapeles de Bárcenas como José María Aznar, Cospedal, Arenas, Acebes o Álvarez-Cascos. Los tres últimos también aparecen en el anexo V: Arenas, un total de doce veces; Acebes, catorce, y Álvarez-Cascos, cinco. 

"A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención", aseguró Morocho al juez García Castellón en su declaración del pasado lunes en la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso infoLibre de forma íntegra. De ahí que se decantara por incluirlos en el anexo: "Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a dirigentes políticos del PP y esas salidas de fondos anotadas en esa contabilidad. Aspectos sustantivos que tuvimos que limar, buscar la manera en la que pudiéramos aportar esos resultados de una manera menos directa, pero sin permitir que dejaran que aflorar".

Pero no sólo eso. Se le "conminó" además a que "desvalorara los documentos que sacó El País" y que plasmara en sus informes la estrategia que estaba exponiendo el PP ante la opinión pública, que la única financiación del partido era la aportada al Tribunal de Cuentas y que los papeles de Bárcenas eran del extesorero, no del partidopapeles de Bárcenas. La misma maniobra que han desplegado en el reciente juicio por el pago en negro de la sede central del PP en la calle Génova tanto el abogado de la formación como los ex altos cargos que han comparecido como testigos. "Yo dije que no", explicó Morocho.

Eliminar la relación con el delito de cohecho

El informe tras la publicación de los papeles de Bárcenas es de los primeros que el equipo de Morocho ha elaborado en la causa sobre la caja b del PP que aún sigue instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que ahora dirige Santiago Pedraz. En este marco, el magistrado tomará declaración al propio extesorero el próximo 16 de julio a raíz de que éste enviara un escrito hace pocos meses en el que aseguraba que Rajoy era "perfecto conocedor" de la contabilidad opaca. La caja se nutría, según Bárcenas y según sospechan también los investigadores, de donativos que procedían de "personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

En esta causa se investiga un posible delito de cohecho, pero en 2013 al inspector de la UDEF se le indicó por parte de sus superiores que "eliminara aquellos elementos que metodológica e indiciariamente pudieran relacionar las adjudicaciones de obras públicas a las empresas que aparecían como donantes".

Debido a todas estas órdenes que iba recibiendo Morocho, el informe estuvo "más de veinte días" retenido en la UDEF sin poder entregarlo al juez Pablo Ruz. No obstante, éste estaba "permanentemente informado" de lo que ocurría y en todo momento le transmitió al inspector la directriz de que su trabajo "no podía ser sometido a cambios" que pretendieran modificar la "carga indiciaria", tan sólo que obedecieran a instrucciones técnicas". "Se me incidía sobre elementos nucleares de la investigación, pero yo no construyo cosas que no existen", afirmó el policía.

La intención en todo momento, concluyó Morocho ante la estupefacción del juez García Castellón por lo que estaba escuchando, era que "la autoridad judicial", esto es, la Audiencia Nacional, no tuviera conocimiento de los resultados de la investigación de la UDEF y así "le impidiera adoptar decisiones sobre los hechos". ¿Y quiénes le hacían todos estos requerimientos? "Toda la cadena de mando", que iba desde el comisario general de Policía Judicial José García Losada al que fuera jefe de la UDEF Manuel Vázquez y a sus superiores directos.

Las negativas del inspector a cumplir las indicaciones de sus superiores sobre este informe fueron reflejadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo en uno de sus cuadernos en los que apuntaba escrupulosamente encuentros, conversaciones o información que le llegaba. "Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC", anotó el 29 de abril de 2013 tras, supuestamente, hablar con José Luis Ortiz, el entonces jefe de gabinete de Cospedal. 

Los exdirigentes del PP que han declarado en el juicio por la caja b del PP no se han salido del guión que vienen manteniendo desde que a principios de 2013 se publicaron los llamados papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. Frente a los intentos de las acusaciones populares, que fueron las que propusieron sus comparecencias en calidad de testigos en esta vista oral, uno por uno han negado que existiera la contabilidad paralela en el partido, o que ellos hubiesen tenido conocimiento de su existencia, o han sostenido que en todo caso sería una financiación oculta que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas por su cuenta y riesgo. Una contabilidad que, sin embargo, sí ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia de la primera época de la trama Gürtel.

Su aparición en los papeles de Bárcenas como dirigentes del PP que cobraron sobresueldos en negro la achacan a inventos del extesorero y algunos consideran que a pesar de aparecer con nombres y apellidos, Bárcenas se estaría refiriendo a otra persona. Es el caso de Javier Arenas, ex secretario general del partido conservador, quien ha llegado a afirmar que no es "el único Javier que aparece en esos papeles y quizá no el único Javier Arenas de la organización", en referencia a los apuntes sobre cobros en b de un tal "Javier Arenas", "Javier Are" o "J. Arenas".

Francisco Álvarez-Cascos, quien también ejerció como secretario general en el partido durante más de diez años y fue ministro de Fomento en el segundo gobierno de José María Aznar, ha negado igualmente en cobro de sobresueldos, a pesar de que en la contabilidad opaca consta que recibió más de 400.000 euros. En un momento dado, incluso, se ha mostrado ofendido y "perplejo" de que una acusación popular le preguntara si las donaciones de empresarios tenían algún tipo de contraprestación en contratos de obra pública y ha llegado a afirmar que fue el PP y no otro partido el que cuando llegó al gobierno "acabó con prácticas" que pudieran desembocar en contratos amañados.

Álvarez-Casos iba preparado. Ha entrado en la sala de vistas de la Audiencia Nacional con una carpeta en la mano que ha tratado de utilizar cuando un abogado le preguntaba por los estatutos del partido y donde también llevaba una fotocopia de una portada del diario El País de 1991 en la que se leía "Borrell insta a los magnates de la construcción que no paguen comisiones a los partidos", en referencia a Josep Borrell cuando ejercía como ministro de Obras Públicas. Visiblemente molesto por el camino que tomaba el interrogatorio, Álvarez-Cascos ha sacado el político que lleva dentro para dar un pequeño mitin y defender que fue el gobierno del que formó parte el que aprobó "un nuevo reglamento para desarrollar la ley de contratos de las administraciones públicas" con el que "facilitar la transparencia y la eficiencia en la contratación".

Por eso, ha apuntado, es "inverosímil" que durante su etapa al frente de Fomento se pudieran amañar contratos. "Ni el ministro ni el Consejo de Ministros fueron órganos de contratación, por tanto es inverosímil. Es imposible que desde el año 2000 alguien haya intentado siquiera métodos espurios para lograr un contrato. Estoy orgulloso del gobierno que puso fin a estas prácticas, y ahora resulta que estamos bajo sospecha por los que no quieren investigar lo que ocurría antes de que llegara este gobierno", ha insistido ante los intentos de la acusación popular por interrumpir su disertación.

"Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo", ha llegado a decir, a pesar de que Bárcenas le situó como la persona que ordenó el sistema de sobresueldos en el PP a principios de los noventa, cuando ascendió a la Secretaría General del PP. Según el extesorero, todas las personas que ocuparon este cargo conocieron la contabilidad b, pero Álvarez-Cascos lo ha negado de plano, igual que cualquier contacto con empresarios para que aportaran fondos al partido: "Ni siquiera he recibido un cita para eso, nadie entra a comprar fruta a una ferretería", ha espetado visiblemente irritado.

La Policía investiga una veintena de contratos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no está muy de acuerdo con el exministro y por eso pidió recientemente a la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada que indaga en las donaciones de empresarios al PP, poder indagar en los más deuna veintena de contratos que fueron firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros y se incluyen varios contratos de Fomento, los más cuantiosos. El juez Santiago Pedraz dio luz verde y ya ha empezado a recibir documentación.

Con diferencia, la testifical más larga de este miércoles ha sido la de María Dolores de Cospedal. Casi durante dos horas, la ex secretaria general del PP ha negado conocer la contabilidad opaca y haber cobrado sobresueldos. Su declaración ha comenzado asegurando al tribunal que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados del juicio, una afirmación que choca con el enfrentamiento, judicial y mediático, que mantiene casi desde que llegó a número dos del partido con el extesorero Luis Bárcenas. Luego lo ha aclarado: no tiene "animadversión", aunque sí "desprecio".

Un nombre, el de Bárcenas, que se había propuesto no pronunciar en ningún momento. Hacia el final de la testifical, no ha podido evitar decirlo en unas tres ocasiones, pero el resto del tiempo sólo se ha referido a él como "el extesorero" o "esa persona". "Desde febrero o marzo de 2009 ya no volví a tener relación con esa persona"; "esa demanda terminó con una condena contra esta persona"; o "la caja b es de esa persona, no del PP". Esta última afirmación la ha querido dejar clara en no pocas ocasiones: la caja b era de Bárcenas, no del PP. Posiblemente en respuesta a la propia declaración que prestó el extesorero hace sólo un par de semanas: "Son los papeles del PP".

Cospedal también ha cambiado la forma en que expresó, allá por 2013, la indemnización "en diferido" de Luis Bárcenas con la que justificó que el partido llevara pagándole desde 2009 a pesar de haber sido destituido a mediados de ese año. Ahora, ha optado por una expresión mucho menos dada a polémicas: "Se le pagaba en concepto de indemnización por haber renunciado al cargo y se le pagaba de esa manera".

Hasta seis exdirigentes del PP han comparecido este martes como testigos en la Audiencia Nacional y los intentos de las acusaciones populares han sido en vano. Unos por videoconferencia y otros en la sala de vistas han negado conocer la caja b, una práctica que, según la investigación, se remonta a principios de los años noventa y, según Bárcenas, mucho más atrás, hasta principios de los ochenta. Más que testigos propuestos por las acusaciones, los exdirigentes del partido parecían testigos de las defensas, incluido el propio PP, que está acusado en este juicio como responsable civil subsidiario por el pregunto pago con dinero negro de la sede central de la calle Génova.

El fiscal apenas ha preguntado

La dinámica ha sido parecida en todas las comparecencias: las acusaciones preguntaban sobre caja b y sobresueldos en negro, la Fiscalía Anticorrupción apenas ha dirigido alguna pregunta a los testigos, pero siempre centrada en las obras de la sede y no en la contabilidad opaca, lo mismo que la Abogacía del Estado. Algo parecido ha ocurrido con las defensas de los acusados; por ejemplo, el abogado de Bárcenas no ha formulado una sola pregunta.

Es previsible que la mecánica sea muy similar este miércoles con el plato fuerte de la fase de testificales: los expresidentes del PP y del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Ambos declararán por videoconferencia, como han hecho otros testigos como Arenas o la también ex secretaria general María Dolores de Cospedal, que se han ahorrado así el paseíllo al tribunal paseílloy tener que sentarse en la mesa de los comparecientes. A pesar de esto, han declarado con mascarilla, lo que ha llevado a algún abogado a preguntarles si estaban solos en la habitación que habían escogido, a lo que han declarado que sí. Por la decoración de la pared que aparecía tras Pío García-Escudero, otro de los dirigentes que aparecen en los papeles de Bárcenas, daba la impresión de que había decidido comparecer desde el Senado, cámara de la que es vicepresidente.

Las videoconferencias le restan ceremonia a un juicio. La entrada por la puerta del fondo de la sala de vistas, la manera de expresarse y el lenguaje corporal dicen mucho de los comparecientes, pero ha habido exdirigentes del PP que han preferido optar por el recurso que les da la pandemia de coronavirus para pedir al tribunal que les permita declarar a distancia y los magistrados se lo han concedido. Esto ha provocado interrupciones, como en el caso del exdiputado Juan Ignacio del Burgo, cuya testifical se ha tenido que posponer a la espera de mejor conexión, y situaciones singulares como que Javier Arenas no mirara a cámara. Sólo Álvarez-Cascos, el también exministro Jaume Matas, el exdiputado Eugenio Nasarre y el periodista Pedro J. Ramírez han optado por la antigua normalidad y han hecho acto de presencia en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de Del Burgo y Nasarre podían parecer en un principio favorables a las tesis de las acusaciones, pero aunque los dos han reconocido que recibieron dinero en efectivo, han apuntado que su impresión es que todo era legal porque firmaron recibís. Ninguno ha cambiado la versión que ya dieron durante la instrucción del procedimiento, pero sí hay un matiz que va a afectar a uno de los testigos más esperados, pues ha declarado que Aznar le autorizó en 1991 el pago de una "compensación económica" en efectivo a Calixto Ayesa, excargo de UCD que asumió la dirección de una consejería en el Gobierno navarro. 

Ayesa, según ha dicho Del Burgo, que fue quien recogió ese dinero en Génova en pequeñas cantidades entregadas periódicamente, recibió esa cantidad como compensación por una deuda que había contraído tras la disolución de UCD por haber adelantado a esa formación el dinero para financiar su campaña electoral en la comunidad foral. El dinero que le dio el PP pudo proceder de donaciones anónimas, según Del Burgo, porque era una de las fuentes de financiación de los partidos políticos, pero rechaza que exista una "conexión con nada que se tratara de un dinero negro". Aznar, que siempre ha negado la existencia de una contabilidad opaca y al que Bárcenas nunca ha señalado a diferencia de Rajoy, deberá dar su versión sobre este asunto.

Luis Bárcenas y su guerra abierta contra el expresidente Mariano Rajoy y lo que él llama "el PP antiguo" inaugurará las comparecencias de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen. Con la precampaña y, posteriormente, campaña electoral madrileña como telón de fondo político, este órgano parlamentario tratará de ahondar, con sesiones previstas hasta junio, en el operativo policial sin autorización judicial que se puso en marcha en 2013 para robar documentación que el extesorero se había llevado del PP cuando fue despedido y que podía comprometer tanto al partido como a algunos de sus dirigentes.

Los trabajos comienzan este miércoles con la víctima de la trama, Luis Bárcenas, quien la semana pasada ya ofreció un adelanto de lo que será su intervención en la Cámara Baja al señalar directamente a Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como centro de sus acusaciones sobre quiénes estaban más interesados en poner en marcha el operativo parapolicial. La incógnita que está aún por despejar es si en las sesiones parlamentarias se podrá intuir quién es la X de la KitchenKitchen, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional, que lleva investigando este caso desde hace más de dos años, aún no ha logrado aclararlo.

En el juicio que se celebra estos días por la caja B del PP, el extesorero insistió en que "el PP antiguo, no el actual de Pablo Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizaron una operación parapolicial" para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la "contabilidad extracontable", como él la llama, y habló de dos grabaciones sustraídas en las que se oirían conversaciones que mantuvo tanto con Rajoy como con el ex secretario general Javier Arenas, que probarían que ambos tenían conocimiento de esa caja B. "Si se ha destruido o no, no lo puedo afirmar", remarcó.

Según el relato de Bárcenas, primero habló con Arenas, a quien comentó que le quedaba "un saldo en la caja B" y que "dadas las circunstancias" entendía que ya no se iba a utilizar. El ex secretario general del partido le instó a "desentenderse de eso" y a entregarle ese "sobre" al entonces presidente del PP porque "él sabe lo que tiene que hacer". Siempre según el relato del extesorero, subió al despacho de Rajoy para entregarle esa cantidad y mostrarle las dos últimas hojas de la contabilidad opaca y el entonces jefe del Ejecutivo le espetó: "Pero Luis, ¿cómo podéis llevar esto?". El extesorero le explicó, según su narración, que "era una indicación de Álvaro Lapuerta y que era una garantía" para ellos, "por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera decir que había habido una apropiación indebida por parte de alguien". Ahí, dijo Bárcenas, terminó la conversación, pues Rajoy cogió los papeles, se "giró" y los "destruyó" en una máquina.

"Organizan una operación para sustraerme los documentosque servirían para respaldar el conocimiento de Rajoy de una contabilidad paralela extracontable", afirmó el extesorero del partido conservador.

Su otro gran objetivo: María Dolores de Cospedal. No es un secreto el enfrentamiento que ambos mantuvieron en el pasado en los tribunales. La semana pasada, Bárcenas también se ocupó de citarla en varias ocasiones durante el juicio, insistiendo en que también cobró sobresueldos en negro, pero también apuntando hacia ella al afirmar que el comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los policías imputados en Kitchen y asesor de la ex secretaria general en el gobierno de Castilla-La Mancha, fue el que "se llevó" los audios que implicarían a Rajoy y "debería aportarlos".

La comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen ha preparado una treintena de comparecencias que incluyen, después de Bárcenas, a mandos policiales imputados en esta pieza 7 del caso Villarejo, pero también otros nombres que aparecen en el sumario de la causa que habrían tenido conocimiento de la operación, como el exjefe de la UDEF José Luis Olivera o el abogado Javier Iglesias, ambos grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. También se citará al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, quien explicó ante el juez Manuel García Castellón cómo el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le apartó de esa causa en 2015.

Dos políticos imputados

Después, será el turno de los políticos. Aparte de Rajoy y Cospedal, que serán los últimos, también están en la lista de comparecientes el marido de ésta, Ignacio López del Hierro, por la relación con Villarejo; la antigua cúpula de Interior con Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez; el sucesor de éste último, José Antonio Nieto; y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. De todos estos, sólo Fernández Díaz y Martínez están imputados por la operación Kitchen, al estar al frente del departamento que gestionaba los fondos reservados de la Policía. Ninguno de los dos ha apuntado hacia sus superiores en sus declaraciones ante el juez y mientras que el primero asegura que desconocía por completo este operativo, el segundo defiende que creía que era legal y que estaba en conocimiento del juzgado que investigaba el caso Gürtel.

Sin embargo, este órgano parlamentario, que prevé alargar sus sesiones hasta junio –sin perjuicio de que pueda haber más ampliaciones de plazos–, comienza lastrada por la falta de documentación del sumario de la causa que aún se investiga en la Audiencia Nacional y con limitaciones que podrían alegar los comparecientes para hablar sobre el uso de los fondos reservados, que es una de las claves puesto que la trama se financió con este dinero público.

Para realizar los trabajos con toda la información disponible y que los diputados puedan hacer las preguntas pertinentes a los comparecientes, la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, solicitó tanto al juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, como a la Fiscalía Anticorrupción documentación muy concreta del sumario de la causa. Según han informado fuentes parlamentarias, la petición se cursó a través del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente. En el caso del Ministerio Público, no rechazaron hacer entrega de lo solicitado, si bien aclaraban que se trataba de copias, no de los documentos originales –los cuales están a buen recaudo en la Audiencia Nacional–, por lo que no podían asegurar que fueran "íntegras y completas". En lo que respecta al magistrado, éste contestó a la comisión que no remitirá la documentación debido a que "se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado".

Los papeles que requirió la Mesa de la comisión abarcaban desde información relativa al comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus agendas incorporadas a la causa, hasta las grabaciones efectuadas por el expolicía a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, así como la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017 en la que comentaron que Rajoy había sido grabado admitiendo conocer la financiación irregular del partido y los sobresueldos en negro. También solicitó tener acceso a los archivos del teléfono móvil del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil del exministro Jorge Fernández Díaz y que hacían mención al operativo. Sumaba a esto todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas fichado como confidente, a la escala básica de la Policía.

Pues bien, el instructor respondió con un breve escrito, consultado por infoLibre, en el que recordaba que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral", y que hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". Por eso, incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación escudándose en "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas".

El otro hándicap de este órgano parlamentario es que muchos de los comparecientes son cargos policiales imputados en la Audiencia Nacional y todo aquel que esté investigado está exento de contestar a las preguntas de los diputados para no incriminarse. Además, las diligencias de la pieza 7 del caso Villarejo versan sobre la utilización de dinero público, al menos 53.000 euros provenientes de los fondos reservados, para financiar un operativo policial sin autorización judicial y con el objeto de destruir pruebas de la caja B del PP, un asunto sobre el que el Consejo de Ministros ya tuvo que dar autorización a los imputados para hablar de ello ante el juez.

Los fondos reservados

Sobre esto mismo envió un escrito a la Mesa de la comisión el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El GordoEl Gordo, uno de los policías investigados y quien se habría hecho con dos dispositivos electrónicos de Bárcenas. Dos agentes han declarado en la Audiencia Nacional que fue el chófer del extesorero quien les facilitó los dispositivos en octubre de 2013 y que los clonaron sin ningún tipo de orden judicial y sin dejar registro de nada, todo por indicación de García Castaño, que entonces era su superior. 

Según adelantó ABC y han confirmado fuentes parlamentarias, el comisario remitió un escrito en el que recuerda que no tiene autorización del Consejo de Ministros para revelar secretos oficiales a este órgano del Congreso, sino sólo a la Audiencia Nacional, lo que supone un obstáculo para que explique el uso de los fondos reservados en general, y en el caso de Kitchen en particular. Otros mandos policiales podrían alegar también este impedimento para declarar sobre la gestión de los fondos.

Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy desfilarán como testigos ante el tribunal que ha de dirigir la vista oral de los papeles de Bárcenas, y lo haránjunto con aquellos que durante dos décadas y de manera sucesiva conformaron la verdadera plana mayor del PP.  El juicio, para el que sigue sin haber fecha a punto de cumplirse cinco años desde el auto que en mayo de 2015 ordenaba su celebración, pondrá en primerísimo plano la contabilidad secreta que Luis Bárcenas plasmó de su puño y letra entre 1990 y 2008.

Tras un periodo casi en barbecho, el protagonismo de la caja B se ha acrecentado en los últimos meses con la investigación judicial sobre la denominada Operación Kitchen. Es decir, aquella que, capitaneada por el comisario José Manuel Villarejo en 2013, pagada con fondos reservados y desarrollada con medios policiales y parapoliciales a espaldas del juez que ya investigaba la caja B, sometió a espionaje a Bárcenas y su entorno para evitar que el extesorero conservase documentación incriminatoria.

La asociación de abogados Adade, que ya en el macrojuicio de Gürtel cuya sentencia desencadenó en 2018 la moción de censura contra el PP logró que el tribunal obligase a declarar a Rajoy, es la que ahora logra sumar a la lista a Aznar. Bajo su mando inició su meteórico despegue la trama empresarial de Francisco Correa, cuya participación en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag nunca ha dejado de planear sobre el expresidente.

Si marcó un hito el testimonio de Rajoy, quien siendo presidente y de forma inédita en España tuvo que comparecer como testigo, ahora serán dos los exjefes de gobierno llamados a prestar testimonio veraz en un proceso por corrupción. El PP, que en el primer juicio de esta compleja y extensísima causa fue declarado beneficiario económico de la trama –figura que carece de connotaciones penales– se halla en esta pieza solo como responsable civil subsidiario.

Además de Aznar y Rajoy, se relevarán en la silla de los testigos quienes a partir de 1990 ocuparon el segundo puesto en la jerarquía del PP, es decir, todos los secretarios generales. Por orden cronológico son estos: Francisco Álvarez Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (2008-2018). Entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, ese cargo lo ocupó Rajoy. 

Deben comparecer igualmente como testigos otros pesos pesados del PP en esas dos décadas. Entre ellos, los exministros Federico Trillo, estratega jurídico del partido durante años; Rodrigo Rato –ahora encarcelado por las tarjetas black y en espera de sentencia por la salida a Bolsa de Bankia–; José María Michavila; y quien tras ser titular de Medio Ambiente con Aznar fue luego presidente de Baleares, Jaume Matas, que cumple ya condena por corrupción.

Asimismo, desfilarán Juan Gabriel Cotino, exdirector general de la Policía, luego conseller y presidente de las Corts en Valencia y ahora a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por otra de las ramas de Gürtel, la de la visita del papa; Pío García Escudero, expresidente del PP madrileño y presidente del Senado con Rajoy como presidente; el ex senador Luis Fraga y los exdirigentes del PP navarro Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa.

Entre todos estos testigos cuya declaración ha admitido el tribunal hay un nexo común adicional al de la militancia que compartieron o siguen compartiendo en el PP. Y ese nexo son las anotaciones contables manuscritas de Bárcenas. La mayoría aparece como perceptores de sobresueldos. Todos ellos lo han negado. Y buena parte lo hizo durante el primer juicio de Gürtel, donde ya se vieron forzados a acudir como testigos.

La credibilidad de Rajoy

En aquella vista, Rajoy negó no solo el cobro de sobresueldos sino la existencia de una contabilidad opaca y proclamó una ignorancia casi absoluta sobre las cuentas del partido. Aquello condujo al tribunal a cuestionar su "credibilidad".

Qué hará Aznar cuando llegue su turno –justo antes que Rajoy– constituye de momento una incógnita, aunque este lunes ofreció una pista que a ciertas fuentes jurídicas relacionadas con el caso produjo sorpresa: porque, según el primer presidente del PP tras la refundación del partido en 1989, el juicio de los papeles de Bárcenas en nada le concierne. A través de su cuenta de Facebook, el expresidente afirmó esto: "En relación con la noticia recogida hoy por medios de comunicación en la que se afirma que puedo ser citado como testigo en la causa relativa al presunto pago de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular con supuesto dinero irregular, he de recordar que dejé la presidencia de dicho partido en 2004, varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras se llevaron a cabo".

Esas palabras sugieren que Aznar figura entre quienes creen que el hecho de que la primera sentencia de Gürtel certificase la existencia de una financiación ilegal del PP deja ahora la caja B fuera de la panoplia de hechos que se someterán a juicio en la pieza de los papeles de Bárcenas. Pero no es así. Porque, en efecto, las revelaciones de Correa en el juicio que condujo a la sentencia de 2018, ahora pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, obligaron a reabrir parte del caso. Básicamente, lo que el jefe de la red corrupta dijo fue que distintos empresarios pagaban mordidas a cambio de contratos públicos. El cobro del 3% –sostuvo– era una "práctica" habitual.

Pero la reanudación parcial de las investigaciones sobre ese aspecto del caso no impide al tribunal pronunciarse sobre los hechos señalados en el auto que marcó el inicio de una lenta aunque irrevocable cuenta atrás hacia el juicio. Como si tratase de disipar cualquier eventual duda, el mismo juez que en mayo de 2015 había dictado el auto de apertura de juicio, José de la Mata, firmó una breve resolución donde enumeraba los hechos sujetos a la vista oral: la "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", los "trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13", por los que supuestamente el partido pagó 1,5 millones en negro; la ausencia de "declaración del Impuesto de Sociedades 2008 por el PP" y la "compra de acciones de Libertad Digital".

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.

Después de 36 años de gestión socialista en Andalucía, este martes el líder del PP en la región, Juanma Moreno, pronunció su discurso antes de ser investido como nuevo presidente de la Junta. Organizaciones feministas, apoyadas por el PSOE, se han movilizado convocando protestas en contra del pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, que ven como una amenaza para los derechos de las mujeres y para las leyes contra la violencia machista.

Desde el PP, Ciudadanos y Vox, han criticado al PSOE por respaldar estas movilizaciones a las que han dedicado epítetos que van desde "escraches" a "kale borroka"kale borroka.

  15.00:

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sugerido al portavoz del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, que se "lave la boca" para poder hablar de movimientos pertenecientes a la sociedad civil como el movimiento feminista porque han logrado "legar derechos y libertades" a nuestros hijos e hijas que "les harán más felices". Así se ha pronunciado la portavoz después de que Serrano asegurase este martes que "no se puede permitir que haya una kale borroka en la puerta del Parlamento", en referencia a la concentración de colectivos feministas coincidiendo con el inicio del debate de investidura de Juanma Moreno como candidato a presidente de la Junta.

14.05: Tras la intervención de Moreno, varios líderes políticos han hecho declaraciones en los pasillos de la Cámara andaluza. Así, Francisco Serrano, de Vox, ha elogiado a Moreno asegurando que "apuesta por el cambio real [...] La letra y la música nos gusta", ha dicho.

Muy distinta es la valoración de Mario Jiménez (PSOE), que ha afirmado que el PP "dice muy poco de lo que hará este Gobierno al frente de Andalucía".

En la misma línea crítica se ha expresado la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, con el futuro gobierno de derechas que gestionará la Junta de Andalucía: "No van a poder hacer todo lo que quieren hacer con nuestra tierra si hay resistencia", ha afirmado.

13.55:

 Juanma Moreno ha finalizado su intervención. La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha suspendido la sesión, que se reanudará mañana con los discursos y réplicas de los portavoces de todos los grupos parlamentarios —de menor a mayor representación en el hemiciclo—.

Consulta aquí, íntegro, el discurso de investidura de Juanma Moreno (PDF).

13.50: El expresidente del PP andaluz y senador, Javier Arenas, se ha ofrecido para aportar "modestamente" cuando se le reclame ayuda u opinión.

13.45: Juanma Moreno se dirige a Susana Díaz: "Como candidato a la Presidencia, considero justo y necesario reconocer y agradecer esa labor previa, de usted y de su Gobierno, que, más allá de los aciertos o los errores, estoy seguro que realizó con las mejores intenciones", ha dicho.

Moreno también ha insistido en que está abierto a dialogar con "todos los grupos de la Cámara" y ha recalcado que ha "venido a gobernar para todos los andaluces sin distinción de ideología".

13.40: Moreno no se ha referido explícitamente a la violencia machista, simplemente ha agrupado a todas las personas que sufren "violencia física, psicológica o social" y ha asegurado que su gobierno las protegerá. Este mismo martes, Vox se ha vanagloriado de conseguir introducir en la política el debate sobre el cambio de la ley contra la violencia de género. El líder del partido ultra, Santiago Abascal, asegura que el "76,2% de los españoles" están a favor de modificarla.

13.35: Moreno también le ha hecho un guiño a Vox hablando de familia en su intervención: "El gobierno del cambio hará de la familia un eje vertebrador de sus políticas, con un concepto transversal de la gestión, de manera que las demandas y las necesidades de las familias estén presentes en todas las decisiones que se adopten". 

13.30: Otro de los conceptos en los que Moreno está poniendo el acento durante su discurso de investidura es el de "diálogo": "Utilizaremos el arma más poderosa que existe: el diálogo", ha dicho.

13.25:

 La dirección nacional del PP ha confirmado que el líder del partido, Pablo Casado, asistirá este viernes a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Ese mismo día comienza la celebración en Madrid la Convención Nacional del PP, a la que asistirán los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

13.20: Otra de las propuestas anunciadas por Moreno en su discurso, está la de eliminar algunos impuestos como el de sucesiones: "Les anuncio que iniciaremos de manera inmediata los trámites para eliminar en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones".

13.15: Continúan las protestas organizadas por colectivos feministas frente a la sede del Parlamento de Andalucía. Algunos congregados hablan de "miles de mujeres y hombres".

13.10:

 Tras prometer que pondrá en marcha una oficina para luchar contra la corrupción, Moreno ha abierto el apartado económico hablando de los retos del crecimiento económico en épocas de desaceleración y fustigando a la gestión socialista en asuntos como el desempleo. "No traemos una solución mágica. Pero sí reformas, ideas y esfuerzo. Y, sobre todo, el convencimiento de que el desempleo no es una maldición insuperable para Andalucía. Sabernos capaces será el primer paso para vencerle", ha asegurado.

13.05: En su discurso de investidura, Juanma Moreno ha anunciado que limitará a ocho años el mandato de los consejeros y el presidente de la Junta. Esta medida formaba parte del pacto que el PP firmó con Ciudadanos en la región.

13.00: Sindicatos como UGT se han sumado a las protestas convocadas por varios colectivos feministas para protestar contra la investidura de Moreno.

12.55: Moreno ha prometido que si sale elegido nuevo presidente, "Andalucía hará su propia transición a la alternancia política" y se compromete a "otorgar a Andalucía el lugar que le corresponde: dignificar la política y las instituciones, otorgarle más peso a Andalucía en la defensa de un proyecto del que somos parte fundamental como es España".

12.50: Susana Díaz ha respondido a Vox, que este martes se ha referido a las manifestaciones feministas como femiborroka. A través de Twitter, Díaz ha dicho que 'kale borroka' es justificar la violencia hacia las mujeres, el terrorismo que más vidas se ha cobrado en nuestro país".

12.45: En su discurso de apertura, Moreno incide en el cambio de signo político que va a experimentar Andalucía tras 36 años de gobierno socialista y en la regeneración: "El triunfalismo, el acomodamiento y el conformismo de la clase dirigente han resultado paralizantes para nuestra tierra. Una actitud que por desgracia se ha perpetuado en esos gobiernos hasta el día de hoy", ha dicho.

12.40: Comienza el pleno de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet le cede la palabra al candidato.

12.35:Centenares de manifestantes marchan por las calles de Sevilla hasta el Parlamento andaluz en protesta por el retroceso que, dicen, ocasionarán las medidas sobre género del nuevo gobierno de Andalucía integrado por el PP y Cs y sustentado por Vox.

12.30: El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también se ha sumado a las críticas al PSOE por la movilización feminista. Rivera califica las protestas feministas convocadas de "escraches" y ha aprovechado para reclamar al PSOE andaluz que "sepa perder" y le desee suerte al próximo Gobierno de la región con un traspaso de poderes "leal". El líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, ha declarado que en el acuerdo firmado por el PP han impulsado "la protección a las víctimas".

12.15: Después de ser criticado por PP y Ciudadanos, el PSOE ha ratificado su apoyo a la concentración feminista programada para este martes frente al Parlamento andaluz. El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha justifica la participación activa de los socialistas en dicha concentración porque se trata, dice, de denunciar el "pacto de la vergüenza" entre PP, Cs y Vox en la autonomía.

12.00: El líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, ha celebrado la convocatoria de manifestaciones feministas asegurando que son "el músculo de una sociedad no dispuesta a perder derechos como se avecina". Maíllo también ha asegurado que el movimiento feminista "se siente amenazado por unos discursos absolutamente machistas y patriarcales que pretenden hacer retroceder muchos avances conseguidos".

11.45: Tanto Ciudadanos como Vox garantizaron el apoyo a Moreno en primera votación, después de que el PP firmase sendos acuerdos para obtener una mayoría parlamentaria suficiente y poder formar Gobierno.

11.30: Tal y como consensuó la semana pasada la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz, a propuesta de su presidenta, el pleno y la votación de investidura se desarrollará del siguiente modo:

11.15: Por su parte, Ciudadanos también ha criticado las manifestaciones, pero aprovechando para cargar contra el PSOE. El secretario de programas de la formación naranja, Toni Roldán, ha asegurado que "el PSOE debería reflexionar en vez de montar espectáculos paralelos que sólo son ruido político que es irrelevante y perjudicial para todos los ciudadanos".

11.00: El líder de Vox en Andalucía también ha aludido a las concentraciones feministas tildándolas de femiborroka. En los pasillos del Parlamento andaluz, Serrano calificado de "lamentable" dichas concentraciones y ha asegurado que ha tenido que llegar muy temprano a Cámara "para impedir que pueda ser objeto de una agresión".

10.45: El Partido Popular ha intentado defenderse de las acusaciones de querer retroceder en lo referente a derechos de las mujeres acusando al PSOE de no apoyar movilizaciones por los ERE. Además los acusa de gastar dinero en prostitución.

10.30: A través de un comunicado, las organizaciones feministas andaluzas justifican las protestas, efectuadas "para denunciar este sistema patriarcal que cada día nos agrede, nos viola y nos asesina. Para denunciar la justicia patriarcal que sólo nos cree cuando somos asesinadas. Para reivindicar que seguimos siendo nosotras las que sostenemos la vida echándonos a nuestras espaldas el peso de los cuidados y las que realizamos los trabajos más precarizados".

10.15: No solo hay previstas movilizaciones en Andalucía, sino que en varias ciudades españolas hay convocadas marchas con el lema "Ni un paso atrás en igualdad y diversidad. Nuestros derechos no se negocian". Otras urbes de países como Alemania, Francia o Argentina también acogerán manifestaciones feministas.

10.00: Las protestas habían sido convocadas inicialmente por varios colectivos feministas a raíz de que Vox manifestase su deseo de derogar todas las leyes de género en Andalucía y acabar con las subvenciones para víctimas de violencia machista. Un día después de estas declaraciones el PP equiparó la violencia contra la mujer con el resto de violencias y propuso dar cobertura económica a hombres por "violencia doméstica".

9.45: El PSOE fletó autobuses este lunes desde múltiples agrupaciones de toda Andalucía para facilitar el traslado a Sevilla. En algún caso, esos autobuses eran totalmente gratuitos —el coste lo asume la agrupación correspondiente—.

9.30: La presidenta del Parlamento andaluz, la dirigente de Ciudadanos Marta Bosquet —también es la primera vez que alguien ajeno al PSOE preside la Cámara—, ha confiado en que el debate de investidura "sea, sobre todo, constructivo", y desea que los socialistas entreguen el poder "con el máximo respeto".

9.15: El pasado sábado, la presidenta en funciones publicó una carta en la página web del PSOE andaluz en la que instaba a sus bases a salir a la calle contra la llegada al poder de la derecha en la región. "Todos y todas debemos implicarnos al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político. La mayoría de progreso que hay en esta comunidad autónoma ha de estar movilizada contra la extrema derecha", decía, entre otras cosas, el escrito.

9.00: A pesar de que los socialistas reconocen la "legitimidad" del acuerdo entre las fuerzas de derechas, con estas manifestaciones pretenden dar a conocer su perfil de oposición, centrado en el rechazo a la involución, que según ellos, acarrearán la visión sobre derechos de las mujeres y violencia machista que tienen los socios del nuevo Ejecutivo.

La comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP ha acordado este jueves citar al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y al exministro Jorge Fernández Díaz por el operativo policial llevado a cabo cuando estaban al frente de Interior para, supuestamente, recuperar documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas mediante pagos a su chófer, Sergio Ríos, que también va a ser convocado en la Cámara Baja.

Cosidó ha negado tener conocimiento de esa denominada Operación Kitchen para presuntamente espiar a Bárcenas y su entorno con el fin de recuperar documentos supuestamente comprometedores para dirigentes del PP del momento como Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy.

En todo caso, y al tratarse del ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, y de su director de la Policía, Ignacio Cosidó, los grupos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han promovido su presencia en el Congreso.

Así, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa y los portavoces de la comisión de investigación han acordado este jueves citar a Fernández Díaz y Cosidó el próximo 11 de diciembre, mientras el día 18 se convocará al chófer al que la Policía hizo su confidente y que habría facilitado el robo de la documentación que comprometía a los dirigentes 'populares'.

También para el día 18 se ha acordado llamar al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Unidos Podemos ya promovió su citación el pasado mes de febrero alegando su aparición como donante del PP en los papeles de Bárcenas, pero no se llegó a poner fecha para convocarle.

Ahora, una vez que se ha conocido que él propició la reunión que Cospedal tuvo en su despacho de 'Génova' con el ahora retirado comisario de Policía José Manuel Villarejo, al que encargó trabajos sobre compañeros de partido como Javier Arenas, los grupos consideran pertinente que acuda a la comisión.

Quedarán sólo dos sesiones

Estas nuevas citaciones han trastocado los planes que habían diseñado PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para las dos sesiones que la comisión celebrará en diciembre, para las que inicialmente habían programado otras comparecencias que, de momento, quedan en el aire, pero que algunos ya dan definitivamente por perdidas.

Así, ha quedado en suspenso la idea inicial de citar el 12 de diciembre al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, cuya empresa aparece como una de las donantes del partido en la documentación entregada a la Justicia por Bárcenas.

Para el mismo día se planeaba llamar también a otro donante, el consejero delegado del Grupo Azvi, Manuel Contreras Caro, quien inicialmente había sido citado para 13 de noviembre, pero excusó su presencia porque tenía un viaje al extranjero.

Las personas a las que se pensaba citar el 18 de diciembre eran el empresario Rafael Palencia, quien reconoció haber pagado a 'Génova' comisiones a cambio de adjudicaciones, en una conversación con el que fuera responsable del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, a quien también se preveía interrogar en el Congreso.

Al igual que al presidente del Grupo Intereconomía Julio Ariza, quien, según narra en otra grabación el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, utilizó la cinta de la charla entre Palencia y De Miguel, que se investiga en el caso Lezo, para intentar chantajear a Rajoy.

Conclusiones antes del 11 de marzo

Ahora está por ver si alguna de estas comparecencias que no se han llegado a concretar se rescatan el año que viene. Enero es inhábil en el Congreso y en principio la comisión no prevé pedir autorización para reunirse ese mes.

De mantenerse los planes de no reunirse en enero, sólo quedarían dos sesiones más de comparecencias, una el 5 de febrero y otra el 12 de ese mes, una fecha que, en principio se reserva para Rajoy, en virtud del acuerdo alcanzado por todos los grupos, salvo el PP, para que fuera el expresidente del Gobierno el último en acudir a la comisión.

Una vez finalicen las comparecencias, los grupos parlamentarios tendrán que aprobar las conclusiones de su investigación y deberán hacerlo antes del 11 de marzo, cuando concluye el plazo para que finalicen sus trabajos. Después, las conclusiones se elevarán al Pleno del Congreso.

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que el partido "pasa página" con la marcha de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que anunció el miércoles que deja el escaño en el Congreso de los Diputados tras aparecer en los audios del excomisario José Manuel Villarejo implicada en una supuesta trama de espionaje político. "¿Si me parece adecuado espiar a un compañero? No, tajante", ha asegurado Maroto en declaraciones en Onda Cero recogidas por Europa Press, haciendo referencia a las grabaciones publicadas por el diario Moncloa.com que apuntan que Cospedal encargó investigar a Javier ArenasJavier Arenas.

Según ha defendido, la decisión de Génova es "pasar página con todas las consecuencias", asumiendo que el caso de Cospedal no puede poner en entredicho los pilares del proyecto del partido. Preguntado por si la marcha de Cospedal responde a una exigencia de la dirección nacional, Maroto ha defendido que la decisión de Cospedal de dejar el escaño ha sido fruto de "su reflexión personal". "Ha confesado su equivocación y comparte los valores del PP", ha alegado.

El dirigente del PP ha defendido que el proyecto del PP liderado por Pablo Casado se basa en la "limpieza", "honestidad" y "transparencia", por lo que, a su juicio, en el caso que afecta a la ex número dos del partido "no valen medias tintas" ni "mirar para otro lado". "Además de palabras tiene que haber hechos, la honestidad y limpieza no es una opción para el PP de Casado sino una obligación", ha recalcado Maroto, diciendo que actitudes contrarias a estos valores "no caben" dentro del partido.

Cospedal no ha informado al PP de más reuniones

Con respecto a la posibilidad de que salieran más grabaciones de Cospedal con Villarejo, Maroto ha explicado que en la reunión que mantuvo Cospedal con la dirección del partido ella no ha informado de que mantuviera más encuentros con el excomisario. "No ha trasladado que existan más reuniones", ha zanjado Maroto, asegurando que Cospedal ya ha explicado el alcance de las reuniones con Villarejo.

Sobre si los pilares que ahora defiende el PP no eran los que representaban al partido en la etapa de Mariano Rajoy, el vicesecretario general ha admitido que los votantes han penalizado la reacción del PP ante casos de corrupción, de ahí que la nueva dirección haya decidido actuar. "También lo dije en mi etapa anterior: la importancia de la contundencia, la firmeza y reaccionar a tiempo. Creo que eso, que son palabras, se conforman en los hechos", ha subrayado.

Las advertencias de Casado

El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró este jueves que no va a tolerar "ningún comportamiento que no sea ejemplar" y será "absolutamente inflexible" ante cualquier irregularidad, "sea quien sea" la persona afectada.

Así se pronunció en declaraciones ante los medios de comunicación, en el Congreso del PPE que se celebra en Helsinki (Finlandia).

Ante la contundencia con la que se expresó su 'número tres', Javier Maroto, asegurando que el PP "pasa página" con la salida de Cospedal, Casado señaló que su responsable de Organización y él mismo se han "caracterizado siempre" por defender las siglas del PP, pero también por "exigir responsabilidad y ejemplaridad" a los miembros del partido que "hubieran podido hacer algo mal".

Sáenz de Santamaría ve al PP con distancia

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que ve con distancia la actual situación del PP, tras el abandono de la política de Cospedal, y ha asegurado que está centrada en su nueva etapa como consejera de Estado. En una conversación informal con periodistas, momentos antes de tomar posesión en el Consejo de Estado, ha dicho que ahora ve "con distancia" la situación del PP, tras ser preguntada por el abandono de la política de Cospedal, y ha añadido que además "así es como tiene que ser".

Moreno ve a Cospedal "responsable y sensata"

El presidente del PP-A y candidato de la Presidencia a la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que Cospedal, ha sido siempre una persona "responsable y sensata" y que respeta su decisión "personal" de renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. "Ella ha tomado una decisión de abandonar casi en la práctica la vida política, deja el Comité Ejecutivo del PP y su escaño. Siempre ha sido una persona responsable y sensata, y ha tomado la decisión que ella considera sensata y responsable", ha afirmado Moreno.

Catalá afirma que no se ha demostrado 'ninguna actividad ilegal'

El secretario de Justicia del PP, diputado nacional y exministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este jueves que la exsecretaria general de su partido ha protagonizado un "ejercicio de generosidad" al renunciar a su escaño, defendiendo que no ha sido "demostrada ninguna actividad ilegal" durante su labor en dicho cargo y asegurando que ella sólo intentó "tener información de si se estaban produciendo algunas actuaciones irregulares". Por eso, ha expresado su "sensación de tristeza", porque el PP "pierde a una extraordinaria dirigente".

Zoido: 'Hoy es un día triste'

El exministro del Interior y cabeza de lista del PP por la provincia de Sevilla al Parlamento andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que es un "día triste" ante el anuncio de la exsecretaria general del PP. "Ha demostrado su altura de miras y su generosidad", ha afirmado Zoido, que ha participado en Sevilla en unas jornadas con colectivos del ámbito de la Justicia.

El momento más duro de la carrera por la sucesión en el Partido Popular se produjo en la mañana de este viernes. A las 12.00 horas, el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso (COC), Luis de Grandes, había convocado a la prensa para ofrecer los detalles de la cita que culminará el próximo sábado con la elección del sustituto de Mariano Rajoy. A esa hora, por los móviles de dirigentes y militantes conservadores ya circulaba un breve vídeo que, protagonizado por Celia Villalobos, Javier Arenas y Cristóbal Montoro, intentaba trasladar la idea de que ellos llevan toda la vida en política y el futuro del PP no puede seguir en manos de los mismos. Un dardo en toda regla contra la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que también aparece en este documento gráfico y a quien apoyan los tres políticos citados.

"Cuéntame cómo vais a renovarnos", podía leerse sobreimpreso en unas imágenes que repasaban los "fracasos" de Arenas en Andalucía, episodios de Villalobos como cuando las cámaras de televisión la cazaron gritando a su chófer o las subidas de impuestos de Cristóbal Montoro. Como banda sonora, la de la serie de TVE Cuéntame cómo pasó, que narra la vida de una familia española entre finales de los años 60 y los 80.

Quienes iban recibiendo el vídeo tardaban poco en llegar a una conclusión: "Esto tiene el sello del equipo de Casado", aseguraba un dirigente territorial en conversación con infoLibre. En este sentido, hacían hincapié en que contiene muchos de sus argumentos de campaña: la necesidad de un líder joven, la necesidad de regeneración y de marcar un antes y un después en el partido y la urgencia de una reforma fiscal.

Mientras, en el equipo de Casado lo desmentían "tajantemente". Pero el enfado crecía por minutos. En la COC, en la dirección del PP y en el entorno de Santamaría. Los conservadores, que han evitado a toda costa un debate entre los dos candidatos con el argumento de no dar munición a los adversarios políticos del PP, se llevaban las manos a la cabeza por un vídeo que ataca no sólo a la candidata Santamaría, sino "a las siglas, a toda la historia del PP".

Pasadas las 15.30, el equipo de Casado emitía un breve comunicado en el que, sin mencionar el vídeo, rechazaba "frontal y enérgicamente cualquier acción que suponga un ataque hacia cualquier compañero del Partido Popular". Y concluía: "Necesitamos un PP fuerte y unido y para eso trabajamos".

Horas antes, habían podido escuchar a Luis de Grandes decir en rueda de prensa que "si [la campaña] se pasa de tono, a lo mejor se lanza algún tipo de advertencia". Tampoco mencionaba el vídeo. Pero parecía hablar a sabiendas de la subida de decibelios.

"Guerra sucia"

Durante toda la tarde del viernes, desde el entorno del candidato insistieron en negar cualquier tipo de "guerra sucia, patadas o zancadillas". El polémico vídeo no se parece "en nada" a los que viene haciendo la candidatura, "todos con el mismo patrón, reconocibles", destacaban. Además, subrayaban, ellos no tienen a su alcance los recursos documentales y de fotografía empleados en ese material.

"Hemos pedido a nuestra gente que sea muy respetuosa con el partido y no distribuya ni por mensaje, ni whatsApp ni en redes sociales ese vídeo que nos hace daño a todos", explicaba a este periódico un dirigente que colabora con Casado.

"No podemos controlar todos los mensajes que circulan ni todas las críticas pueden atribuirse a nosotros", añadía.

Pero estas explicaciones no convencieron ni en el otro lado, en el de Santamaría, ni en Génova. A lo largo de la tarde en círculos conservadores ya circulaban los nombres de los tres supuestos autores del vídeo, todos ellos colaboradores del exvicesecretario. "Es un error tremendo que es una muestra de que hay gente que está muy nerviosa. Pero así no se gana", decía uno de los fieles a la vicepresidenta.

Episodios como este, consideraban, no sólo no gustan a quienes apoyan a la otra candidata, sino a los militantes. El día 21, uno de los dos dirigentes que van a someterse al criterio de los compromisarios va a tener que hacerse con el control del partido y, dicen, cuanto menos herido y divido lo encuentre, mejor.

La propia candidata también fue muy contundente en su reacción y no esquivó el tema en ninguna de las dos ocasiones en las que atendió a los informadores.

"No hacer daño jamás al PP"

"Mis principios y valores son no hacer daño jamás al PP", sentenció la ex vicepresidenta del Gobierno. Recuperaba Santamaría para referirse al tema del vídeo uno de los ejes de la campaña de Casado: el de recuperar los "principios y valores" tradicionales del PP. Una demanda clásica del sector más conservador del partido que tiene como referentes a José María Aznar y Esperanza Aguirre.

"Tengo 47 años y tengo energía, experiencia, muchas horas de vuelo. Un partido es una organización intergeneracional si quiere tener éxito [...] La experiencia también es capacidad de sufrimiento y el control sobre la ansiedad", añadió en un acto en Getxo (Bizkaia).

"En positivo"

Poco después, en Madrid, donde cerró la jornada, dijo que el material "se explica por sí solo". "Tiene poco o nada que ver con lo que es el PP", dijo al tiempo que señaló que ella seguirá haciendo una campaña "en positivo". Y es que, tras el polémico vídeo, no eran pocos en el PP los que señalaban que el entorno de Casado debería reflexionar sobre cuál sería su reacción si empiezan a circular imágenes del candidato con Ignacio González o Francisco Granados, investigados por corrupción y con los que coincidió en la etapa de Esperanza Aguirre. Las hemerotecas estarán llenas, consideran. 

Santamaría hacía estas últimas declaraciones a su llegada a un acto en el madrileño parque del Retiro. Fue el mismo escenario que días antes había escogido Casado para una jornada sobre libertades en la que estuvo acompañado por opositores venezolanos y por la expresidenta del PP de Euskadi, María San Gil. La foto con San Gil, que dio un portazo a Rajoy en 2008 por discrepancias sobre la ponencia política del XVI Congreso Nacional, escoció en sectores del PP, también en el entorno de Santamaría por "el componente anti-Rajoy" de la misma. La exlíder de los conservadores del País Vasco había accedido a acompañar a Casado porque su proyecto para el partido volvía a ilusionarla. Una enmienda a la totalidad del presidente del PP saliente.

El congreso

De Grandes anunció en rueda de prensa que “El futuro de España" es el lema elegido por el Partido Popular para su XIX Congreso Nacional Extraordinario, que se celebrará el próximo viernes 20 y sábado 21 de julio en Madrid. Comenzará a las 11.00 y a las 13.00 se proclamarán los resultados.

diversas incidencias de carácter "menor".

dos urnas y papeletas de dos colores para distinguir las listas al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva. 

El próximo fin de semana 3.184 compromisarios elegirán al sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. En público, destacados miembros de la dirección del partido y el grueso de los barones territoriales insisten en la necesidad de que al cónclave llegue sólo una lista consensuada. Pero con uno de los dos candidatos, Pablo Casado, habiendo ya descartado "al cien por cien" esta posibilidad, los conservadores cruzan los dedos para que de este proceso el partido salga lo menos lesionado posible. Ambos candidatos se ven ganadores. Soraya Sáenz de Santamaría, por haber sido la lista más votada la primera ronda y porque así se lo trasladan sus colaboradores que trabajan sobre los territorios. Y Casado, por considerarse aglutinador de gran parte del voto de las otras candidaturas que se quedaron a mitad de camino, sobre todo la de María Dolores de Cospedal, que obtuvo 15.092 votos, el 25,9% del total.

En la última semana, desde el entorno de Casado se destaca la "absoluta sintonía" entre su candidatura y Cospedal y su equipo. Ambos dirigentes conservadores han mantenido contactos y fruto de ellos es que miembros del equipo que acompañó a la secretaria general ya trabajan para ayudarle a ganar. Es el caso de Agustín Conde, Vicente Tirado o de la exministra de Medio Ambiente Isabel García Tejerina. "Llegarán más, cada cosa a su tiempo que todavía queda una semana de campaña", avanzan.

En este sentido, cargos del PP esperan un "apoyo explícito" de la secretaria general a Casado en los próximos días, pero mantienen que el hecho de que colaboradores de la exministra de Defensa estén "haciendo llamadas a compromisarios" y acompañando a Casado en actos ya es una muestra de ese respaldo. No obstante, advierten del "error" de incluir al bloque leal a Cospedal en la cuenta de resultados del candidato. "No es tan automático como se plantea", afirman.

¿Por qué? En el entorno de Cospedal dicen que, pese a que está fuera de la batalla final, tiene el control sobre más de 1.000 compromisarios. "Es complicado que ese bloque entero vaya transferirse a Pablo Casado. No es todo tan mimético. La secretaria general tenía comprometidos algunos apoyos, posiblemente en base a acuerdos de futuro, que ahora han perdido su vigencia", analiza un dirigente provincial.

"Ese bloque pierde solidez. Los muy fieles, el entorno más cercano, no tendrán duda a la hora de ubicarse al lado de Casado. Es una cuestión de lealtad entendida en el sentido de no dar la victoria a Santamaría, enemiga interna de María Dolores [de Cospedal]", valora una diputada. 

Sin obligación a mayores lealtades

Sin embargo, otros de sus apoyos, coinciden las fuentes consultadas, con Cospedal fuera de la batalla no se sienten obligados a mayores lealtades y tendrán que poner en una balanza qué quieren para ellos, qué quieren para sus territorios y qué quieren para el partido.

En conversación con infoLibre, un barón territorial asegura que aboga por una lista de consenso, que lo lógico sería que le encabezara Santamaría en su calidad de candidata más votada, pero que dado que esa opción no fructifica está recomendando a quienes le preguntan que voten "con la cabeza y con el corazón". "A partir del día 21 tenemos que ponernos las pilas. No podemos descuidar la tarea de oposición y tenemos que ser el partido mejor preparado para ganar las próximas citas electorales y eso pasa por hacernos el menos daño posible", añade.

Como tarde, después del verano, el Partido Popular tiene que abrir el proceso de designación de los candidatos a las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019. Este es uno de los factores que, a ojos de los dirigentes consultados, está haciendo que el grueso de los barones se muestren ambiguos a la hora de apostar por uno u otro candidato. Hay miedo, dicen, a caer del lado equivocado. ç

Casado "ha radicalizado su discurso"

El argumento de que el bloque de apoyos de Cospedal no es directamente transferible a Casado también se repite entre los fieles a Santamaría. "No estamos hablando de afiliados, estamos hablando de compromisarios, el cuerpo electoral es diferente. Ahora tiene mucho peso el territorio y la provincia", destacan.

Además hay un asunto que quienes apuestan por Santamaría creen que puede jugar a su favor y es el hecho de que Casado haya "radicalizado" en los últimos días su discurso y exdirigentes conservadoras como Esperanza Aguirre o María San Gil hayan salido a respaldarle.

Consideran que Aguirre y San Gil recuerdan a la división de la etapa precongresual de 2008, cuando la capacidad de liderazgo de Rajoy era puesta en duda. Y ven estos apoyos como una especie de enmienda a la gestión del expresidente. "Cospedal, como Soraya, ha sido una colaboradora cercana a Rajoy y ha vivido fuertes tensiones con el aguirrismo y con el aznarismoaguirrismoaznarismo".

Los candidatos, que no han celebrado todavía una reunión formal, asistirán este viernes en Santiago de Compostela al funeral por el expresidente gallego Gerardo Fernández Albor. Ambos han modificado sus respectivas agendas de campaña para no faltar a la cita.

Después, Santamaría se trasladará al País Vasco y cerrará el viernes con un acto en Madrid. Casado tenía previsto estar en Canarias, planes que ha aplazado.

Este jueves, el enfrentamiento entre candidatos vino sobre todo a cuenta de las declaraciones de Santamaría en las que había destacado que el 63% de los afiliados había apostado el pasado 5 de julio por una mujer. 

Tras las palabras de Pablo Casado diciendo que es una ofensa para la mujeres decir que una mujer debe presidir el partido solamente por serlo –"¿Tan poco vale la candidata o tanta cuota o tanto hándicap hay en España por ser mujer?", se preguntó–, la exvicepresidenta dijo que no cree que sea ninguna ofensa que cualquier institución sea presidida por una mujer, sino todo lo contrario.

Mientras, un nuevo miembro de la dirección del partido, el portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, abogó por esa lista única que cada día parece más difícil. 

"Entre seguir lo que dijeron los afiliados y darle la vuelta a lo que dijeron los afiliados, hay que buscar una posición intermedia", subrayó González Pons, en declaraciones en la Cadena Cope recogidas por Europa Press.

El dirigente del PP pidió a Casado que "al menos intente el diálogo" porque "la confrontación nunca es mejor idea que la negociación". A su juicio, Casado, Santamaría y Cospedal representan "sensibilidades diferentes" dentro del partido y se ha preguntado por qué tiene que renunciar a las tres.

La vehemente andanada de Álvaro Pérez contra el marido de María Dolores de Cospedal y un amigo de infancia de Rajoy, ambos "atizantes que soltaban el mondongo" y de los que lamentó que ni estén en el banquillo ni nunca nadie les haya llamado a declarar por los papeles de Bárcenas, marcó este martes la cima de su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

Pero el hombre de Gürtel en Valencia regresó a la prisión de Valdemoro, donde cumple condena por el caso Fitur, dejando tras sí no solo su queja por el hipotético "privilegio" que ha salvado al empresario Ignacio López del Hierro, que ha anunciado una querella, y a Ángel Piñeiro, "el edecán de Rajoy", de aparecer en los grandes medios y de afrontar cualquier trámite judicial –la Audiencia denegó que declarasen en los papeles aunque figuran en ellos.

Quien durante años fue la cara visible de Orange Market se marchó tras haber aventado también un puñado de nombres y datos a modo de aviso: aviso medido en todos los casos pese a que por momentos se le veía descender por una pendiente atropellada en la que parecía a punto de revelar algún dato inédito y de máxima relevancia.

En sus casi dos horas y media de comparecencia, El Bigotes disparó a discreción contra el PP y sus aledaños... pero con salvas de aviso. Formalmente, las salvas de aviso constituyen una ceremonia de saludo naval y no una maniobra hostil de advertencia. En la práctica, Pérez hizo las dos cosas: la primera, saludar a quienes un día le entregaron una tarjeta vip para la sede de Génova que todavía guarda como "recuerdo" y hoy le tratan como a un "apestado"; y la segunda, dejar la sala José Pedro Pérez Llorca del Congreso, allí donde se reúne la comisión de investigación, como un campo de paint ball jalonado de delatores avisos o marcas de pintura. De momento, nadie en la trama Gürtel ha quemado todas las naves. Pero el aviso permanece. Condenado a 12 años por los contratos valencianos de Fitur, Pérez mantiene recurrida la sentencia ante el Supremo.

El Bigotes incluyó al presidente del Senado, Pío García Escudero, en la lista de interlocutores habituales durante su larga etapa de trabajo para el PP, mencionó a los ya clásicos Jesús Sepúlveda y Ana Mato, aprovechó para recriminar a la justicia que "el cuñado del rey se pasea por el lago de Ginebra mientras yo estoy en Valdemoro", subrayó que al diputado y dirigente del PP Juan Carlos Vera también le regaló un coche Correa y, sobre todo, introdujo nombres nuevos de primer orden:  Federico Trillo, José María Michavila y Esteban González Pons.

"Veo el plano del hemiciclo y sigo viendo a los mismos", clamó a punto de finalizar su intervención en respuesta a una pregunta de Podemos sobre si comparte lo dicho por Correa de que más que una trama Gürtel existía una trama del PP. El diputado de Podemos Txema Guijarro perdió la oportunidad de repreguntar quiénes eran esos mismos. Su compañera Carolina Bescansa lo intentó pero fuera ya de tiempo. Y el preso de Valdemoro, contento de estar "calentito" en la Cámara Baja durante una mañana, se zafó con una acusación genérica y una queja que sonó amarga: "Pasan caminando por el fuego cruzado y no les pasa nada".

Casi al inicio de la comparecencia, el socialista Artemi Rallo, cuya pregunta sobre si había visto alguna vez a López del Hierro por la sede del PP fue la que desató la furia de Pérez sobre el marido de Cospedal, ya había inquirido por los interlocutores básicos con quienes se reunía. El interrogado contestó así: "Bárcenas nunca jamás. Pío o Ana Mato cuando estaban ejerciendo, cuando controlaban el partido estaban en algunas reuniones pero no en todas. [Juan José] Matarí casi siempre. [Javier] Arenas cuando era secretario general. Con Rajoy no tenía ese tipo de reuniones".

"Gente importantísima de este país"

Pérez actuó casi como un experto en el arte del suspense cuando, por ejemplo, dijo que el financiero Ramón Blanco Balín, arquitecto de la estructura societaria de la trama, asesoraba a "gente importantísima de este país". Raudo, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó le tendió el guante: "Tráceme un perfil". El interpelado no lo recogió: "No soy yo quien lo va a decir, lo saben muchos periodistas que no se atreven ni a poner la pluma". Una de las grandes incógnitas irresueltas del caso Gürtel es la identidad de los usuarios de una cuenta puente denominada Soleado,Soleado, descubierta en Suiza y con la que también operó el grupo de Francisco Correa.

Y fue así, deslizándose y midiendo, como el factótum de Francisco Correa en Valencia introdujo nuevos nombres en el ya abigarrado mapa de relaciones del PP con la trama Gürtel –"trabajábamos para el PP en toda España", precisó–. Lo hizo, para empezar, con el marido de Cospedal y el amigo de pupitre de Rajoy. Y siguió avanzando por esa senda cuando soltó que la empresa que realmente se llevaba "todas las adjudicaciones" de eventos institucionales en Valencia era Engloba, investigada en el caso Taula –eso lo dijo a medias– y que pertenece a un empresario "que lo hacía todo en todas las consejerías, bien relacionado con Esteban González Pons [portavoz de la delegación del PP en el Parlamento Europeo y exconsejero valenciano] y con el hermano de Ana Michavila [la ex jefa de gabinete de Francisco Camps y hermana del exministro José María Michavila]".

¿Y a cambio de qué conseguía Engloba esas adjudicaciones? Cuando se lo preguntó Cantó, Pérez no dudó un segundo: "Pues imagino que igual que nosotros pero con otros empresarios, es que si no es imposible". O sea, que según Pérez también a esa mercantil, al igual que a Orange Market, eran contratistas públicos de la Generalitat quienes le abonaban servicios que en realidad tenían por destinatario al PP.

Para el próximo juicio de la serie 'Gürtel', El Bigotes tiene ya casi perfilado "el tercer testamento"El Bigotestercer testamento, anunció. Dado el contexto en que pronunció esa afirmación y su capacidad para el aviso, eso podría indicar que Pérez prepara nuevas revelaciones en el próximo juicio sobre la visita del Papa a Valencia.

Perfectamente rasurado, con voz desgarrada en los instantes en que se erigió en una suerte de portavoz de los presos españoles pero recreándose las más de las veces en un estilo zumbón y deliberadamente plagado de improperios, Pérez citó a Rajoy para decir que nunca fueron amigos lo que se dice amigos, que jamás hablaban de dinero y que si le escribió una carta en reclamación de una deuda pendiente del PP gallego con las empresas de Gürtel fue porque era "el que mandaba". Citó también al presidente para recordarse viajando en su compañía a Argentina y yendo juntos a una óptica a renovar sus gafas: una simple anécdota pero que repitió tres veces, exactamente tres. Y le citó por último para enmendarle de manera implícita o sutil la plana sobre la verdadera razón por la que rompió amarras con el grupo de Correa –la contratación del ex jefe de gabinete de Aznar, Antonio Cámara, con quien "Rajoy se llevaba a palos" y no el aviso de Lapuerta invocado por el presidente– así como sobre la fecha misma de esa ruptura: "Once meses después del dramático atentado de Atocha" y no a mediados de 2004, que es lo que sostiene el líder conservador. Como colofón sobre el tema, Pérez sostuvo lo siguiente: "No se puede demoniazar al señor Rajoy porque haya habido una serie de personajes que hayan hecho perrerías".

Pérez citó a Federico Trillo, "que era un poco el director de orquesta" en estrategia jurídica. El que –vino a decir– aconsejó a Camps que dejase en la cuneta a los dos acusados del caso de los trajes –Víctor Campos y Rafael Betoret– que se reconocieron culpables para evitarse el juicio. Fue Camps, relató, quien les dijo "iros para allá". Y allí que los dejó.

De todo lo que este martes dijo El Bigotes, fue su retrato verbal sobre Camps y su exconsejero Juan Cotino –"solo tiene amigos en los altares"– el que más verdad rezumó: es decir, el que sin ninguna duda transmitió el mensaje de que, sea cual sea el motivo, en Álvaro Pérez no queda ni una brizna de simpatía por quien antaño era su "amiguito del alma". Ni, por supuesto, por Cotino, con quien se verá las caras en el próximo juicio sobre la visita del Papa a Valencia. La forma en que contó el episodio de los trajes marcó el cénit de su relato sobre Camps: "Si el Supremo dice que yo no le he regalado trajes, yo no le pienso llevar la contraria". Y todo el mundo entendió.

Pero si hubiera que levantar un podio de rencores, probablemente Álvaro Pérez situaría allí, junto a Camps y a Cotino, al yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. A él, el mismo que le había presentado a Francisco Correa cuando El Bigotes trabajaba en el Berlín Cabaret, el amigo a quien ayudó a preparar su boda, le dedicó el compareciente esta parte de su relato: "Yo tenía una estrecha amistad, una muy estrecha amistad con el señor Agag, que me enteré en un programa de televisión de que seguía vivo porque nunca me llamó desde que saltó esto".

La segunda jornada dedicada en el primer gran juicio del caso Gürtel al informe final de la Fiscalía sacudió este martes la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, ahora más que nunca aislada geográfica y simbólicamente en medio del huracán de Cataluña. La existencia de una caja B en el PP, proclamó en distintas ocasiones la fiscal Concepción Sabadell, ha quedado "plena, constante y abrumadoramente" acreditada. 

Pero la representante del ministerio público no se quedó ahí: las donaciones de empresarios que reflejan los llamados papeles de Bárcenas –dijo– no eran contribuciones altruistas sino entregas destinadas a propiciar la obtención de contratos públicos. Y esa contabilidad paralela de la que durante dos décadas dejó constancia el extesorero del PP –razonó Sabadell–, incluía el pago de sobresueldos opacos –afirmó asimismo– aunque los distintos testigos que han desfilado por la sala de vistas los hayan negado: admitirlos les habría acarreado un reproche social, argumentó la representante de Anticorrupción.  

El dibujo trazado por la fiscal en su arranque del lunes, cuando definió a la trama de Francisco Correa como "un modo de vida", una organización "constituida para delinquir" y esquilmar las arcas públicas a cambio de sobornar a cargos del PP y "ahorrarle costes" al partido, se endureció así en la segunda parte del informe. El alegato de Sabadell, que proseguirá este miércoles, dibuja a la formación que preside Mariano Rajoy como beneficiaria de un sistema basado en el amaño de contratos públicos, los cohechos en metálico o en especie, el pago de comisiones camufladas como donaciones y el dopaje electoral.

La intervención de Sabadell este martes quedó repleta de reproches al PP. La fiscal, por ejemplo, censuró al partido que minimice el alcance de lo sucedido y niegue por definición la existencia de una contabilidad B cuando “ni siquiera ha investigado su existencia”. La fiscal no lo explicitó, pero ese reproche remite directamente a las palabras vertidas en julio durante su comparecencia en el Congreso por la actual tesorera del PP, Carmen Navarro. Ante la comisión encargada de investigar la presunta financiación ilegal del PP, Navarro pronunció la siguiente frase: "Yo he venido a gestionar el presente, no a investigar el pasado, y no lo voy a investigar nunca".

Pagos opacos para Hacienda

Que el PP niegue la existencia de una doble contabilidad nada significa, vino a decir la fiscal. Porque reconocer que la mantuvo "supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública". Sabadell golpeó la armadura de defensa de Bárcenas como la del propio PP cuando sostuvo que el hombre que durante dos décadas gobernó las cuentas de la formación conservadora y que llegó a acumular 48 millones de euros en Suiza se enriqueció sustrayendo fondos de esa caja B.

Sabadell enumeró los elementos que llevan a Anticorrupción a formular un diagnóstico de tal dureza sobre la caja B: confirman su existencia  la propia declaración del extesorero Bárcenas, que reconoció la existencia de una "contabilidad extracontable"; las testificales de antiguos dirigentes ya retirados de la política como Jaime Ignacio del Burgo o Santiago Abascal Escuza, que reconocieron algunas de las entregas de dinero; los informes periciales caligráficos, que han determinado la autenticidad de los apuntes de Bárcenas; y las pruebas documentales, que han corroborado el uso opaco de esos fondos para comprar acciones de Libertad Digital.

En este juicio, el PP se arriesga a ser condenado como partícipe a título lucrativo de los manejos de la red corrupta, lo que le obligaría al pago de más de 325.000 euros. La figura de partícipe a título lucrativo o beneficiario económico no reviste carácter penal: hasta 2015, el Código Penal no tipificó como delito la financiación ilegal de partidos.

Pero el contenido del informe de Anticorrupción no solo zarandea la imagen del PP sino que le augura un camino empedrado en distintas causas derivadas del tronco común de Gürtel –las llamadas piezas separadas– y donde las cuentas de la organización ocupan un espacio central. Entre ellas, la de los papeles de Bárcenas, cuya investigación quedó reabierta tras la declaración prestada hace un año por Francisco Correa en este juicio, en la que destapó el supuesto pago de comisiones del 3%; y una dedicada a los presuntos desmanes de la trama en Valencia, donde nueve empresarios ya han confesado que financiaron las campañas municipal y autonómica de 2007 y la de las generales de 2008.

La recta final hacia la declaración de Mariano Rajoy como testigo ante el tribunal de Gürtel mantendrá intacto hasta su último milímetro uno de los grandes interrogantes de la comparecencia con mayor relevancia política del juicio: el de hasta dónde permitirá este miércoles el presidente de la sala, Ángel Hurtado, que las acusaciones pregunten al presidente del Gobierno por la presunta financiación ilegal –en puridad, entonces solo irregular– plasmada en una contabilidad B que no solo Anticorrupción sino la propia Abogacía del Estado dan ya por acreditada y que habría permitido al PP ingresar entre 1990 y 2009 donaciones en negro así como pagar a sus dirigentes sobresueldos igualmente opacos.

Oficialmente, ese vasto apartado se incluye en la pieza de los llamados papeles de Bárcenas, distinta a la que está juzgando la Audiencia Nacional. Pero hace solo un mes, y cuando la citación de Rajoy era ya firme, el tribunal dio vía libre a las acusaciones para interrogar sobre esos puntos a los cinco antiguos dirigentes del PP que se sucedieron en los mismos cargos que había desempeñado el presidente antes de convertirse en líder máximo del partido: vicesecretario general y secretario general. Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y, muy especialmente, Javier Arenas recibieron una batería de preguntas al respecto. La fiscal Concepción Sabadell le preguntó, por ejemplo, a Arenas desde quién recibía los donativos a si el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, tenía autorización "para llamar a algún ministerio", en clara referencia a que las hipotéticas donaciones se entregarían a cambio de contratos.

El nombre de Mariano Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 6.300 euros trimestrales entre 2002 y 2008. Y durante su declaración ante el juez Pablo Ruz en julio de 2013, el extesorero sostuvo que, además, había entregado 20.000 euros al presidente "en el verano de 2009" y 25.000 "en marzo de 2010" en sendos sobres. Y otras dos cantidades idénticas en las mismas fechas a María Dolores de Cospedal. Bárcenas, cuya estrategia de defensa es hoy radicalmente opuesta a la de 2013, se opuso en abril a que el líder del PP fuese citado como testigo. Algunas fuentes de su entorno aseguran que este miércoles no estará en la sala de vistas durante la declaración de Rajoy, pero infoLibre no ha podido verificarlo.

Preguntas para obtener "una visión de conjunto"

El PP lleva días difundiendo la tesis de que Rajoy acude como testigo para decir lo que sabe sobre los 245.000 euros que los manejos de la trama habrían reportado al PP  –de ahí que se arriesgue a ser declarado partícipe a título lucrativo o beneficiario económico–. O más exactamente –y esa es la versión del PP, no la de la Anticorrupción– a los alcaldes de dos municipios madrileños, Majadahonda y Pozuelo, ambos acusados, que emplearon el dinero en su campaña municipal de 2003.

En realidad, no es así. Dictado el 19 de abril con el voto en contra del presidente de la sala, a quien este lunes dedicó una encendida alabanza el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, el auto de citación de Rajoy no acota el campo del interrogatorio al episodio de Majadahonda y Pozuelo. Muy al contrario, introduce un párrafo alusivo a la ausencia de límites. "Circunstancias procesales –dice la resolución–como la necesidad de fragmentación de las causas complejas para hacerlas mínimamente manejables no pueden llegar al punto de impedir al tribunal que disponga de una mínima visión de conjunto que le permita alcanzar una apreciación lógica, racional y lo más real posible de los hechos". En resumen: que una cosa es que el sumario se haya troceado en piezas porque de otro modo sería ingobernable y otra muy distinta que a Rajoy o cualquier testigo no se le puedan formular preguntas que ayuden al tribunal a obtener "una visión de conjunto".

De hecho, cuando la fiscal Concepción Sabadell la emprendió a preguntas con Javier Arenas el 20 de junio, el juez Hurtado no planteó objeciones. Tampoco las puso cuando la fiscal lanzó la siguiente pregunta a quien durante años gobernó el PP andaluz y ahora ostenta la vicesecretaría de política autonómica y local del PP: "¿Ha recibido alguna cantidad en efectivo?" Javier Arenas, que por no saber aseguró que ni siquiera sabía que alguien hubiera dado instrucciones en 2004 para no contratar más con determinadas empresas –las de Correa–, negó tajante el cobro de cualquier sobresueldo. Y todo lo demás. Ese todo incluye cualquier atisbo de conocimiento de que el partido manejara una contabilidad B paralela a la oficial. Los otros cuatro dirigentes tampoco saben qué hacía el partido con el dinero. Y tampoco –declararon sujetos a la obligación de decir la verdad– cobraron nunca sobresueldos en negro.

Los cinco declararon como testigos de espaldas al banquillo de los acusados pero a su misma altura y mirando de frente al tribunal. A diferencia de ellos, no se sabe dónde exactamente se sentará el presidente. Este lunes y en respuesta a la pregunta de la asociación de abogados Adade –la acusación popular que reclamó la declaración de Rajoy– sobre dónde se ubicará el testigo, el tribunal ha comunicado que la decisión no se tomará hasta este mismo miércoles. Fuentes jurídicas interpretan esa respuesta como un nuevo signo de discrepancia en el seno de la sala. El interrogatorio de Rajoy está fijado a partir de las 10.00 de la mañana.

De las comisiones del 3% a los "organismos centrales"

Pero no solo los antiguos vicesecretarios generales y/o secretarios generales han tenido que responder sobre la caja B, los sobresueldos anotados por Luis Bárcenas en lo que el extesorero define ahora como "anotaciones extracontables" y las donaciones/comisiones a las que nada más comenzar el juicio en octubre de 2016 se refirió Francisco Correa para sorpresa general e inquietud de quienes ya se habían congratulado por el cerrojazo a la instrucción de los papeles de Bárcenas.

La pieza de los papeles ha sido reabierta. Pero esa no ha sido la única consecuencia práctica de la declaración de Francisco Correa sobre el supuesto pago de comisiones del 3% abonadas por empresas que querían contratos públicos así como la brevísima prestada por otro de los acusados, el empresario Alfonso García Pozuelo. Antiguo dueño de Constructora Hispánica, Pozuelo alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena. En el juicio, y sin más detalles, hizo una confesión enigmática: que le había dado dinero al jefe de la trama para "organismos centrales". La fiscal no repreguntó. Y García Pozuelo rehusó contestar a las acusaciones populares, así que el misterio persiste nueve meses después.

Junto con la reapertura de la investigación sobre los papeles de Bárcenas, las declaraciones de Correa y García Pozuelo alcanzaron un segundo efecto inmediato: todo lo vinculado a la –presunta– financiación ilegal del PP ha sobrevolado desde entonces la sala de vistas donde se juzga la pieza denominada como Época I (1999-2005).

Además de a Cascos, Arenas, Rato, Acebes y Mayor Oreja, el tribunal ha permitido que Anticorrupción y, en menor medida, las acusaciones populares pregunten a otros testigos por la contabilidad B del PP. Por ejemplo, al exsenador Luis Fraga, quien rebautizó los papeles de Bárcenas cuando la fiscal Sabadell le preguntó si había recibido retribuciones del PP sin declarar: "Eso ha salido en los llamados papeles de Génova". O al empresario Joaquín Molpeceres, a quien la fiscal interrogó sobre si es el "Volpeceres" que aparece en los papeles de Bárcenas.

También el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo se adentró en el territorio de los papeles de Bárcenas. Del Burgo admitió que el extesorero del PP Luis Bárcenas le entregó dinero en efectivo para que se lo hiciese llegar a otras personas, no por decisión suya sino porque era un "ejecutor de órdenes".

Incluso a Rosendo Naseiro,  protagonista del primer –presunto– caso de financiación ilegal del partido, que se salvó in extremis gracias a que el Supremo anuló en 1992 las principales pruebas que incriminaban a sus responsables y ahora de nuevo en primer plano tras su paso por la comisión de investigación del Congreso, le dirigió la fiscal Sabadell una pregunta sobre el asunto.  "¿Con usted se inició la caja B del PP?", preguntó Sabadell. "Falso, totalmente falso". Ocurrió el 7 de marzo. A diferencia de lo que hace dos semanas ocurrió en el Congreso, a Naseiro le resultó perfectamente audible lo que estaba diciendo la fiscal. Y abundó en su negativa: "Yo no he tenido nada que ver con eso", fue su añadido. Eso era la contabilidad paralela a la oficial.

El exministro y exsecretario general del PP Javier Arenas ha asegurado este martes que el extesorero del partido Álvaro Lapuerta le dejó claro "muchas veces" que las donaciones de empresas o particulares que recibiera la formación como forma de financiación no debían hacerse nunca a cambio de la asignación de contratos.

Así lo ha subrayado Arenas en su comparecencia como testigo durante el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que se celebra en la Audiencia Nacional, donde ha explicado que cuando fue nombrado secretario general del PP, en el año 1999, mantuvo una conversación con Álvaro Lapuerta en la que éste le detalló las formas de financiación del partido.

"Me contó que las fuentes de financiación tenían que ver con ayudas públicas, las cuotas de los militantes y las donaciones, que representaban un porcentaje muy pequeño. Y también me repitió muchas veces que nunca hubiera una donación a cambio de algo", ha señalado el exministro de Trabajo y de Administraciones Públicas.

Desfile de exministros

Los exministros del PP Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato han llegado a primera hora a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para declarar como testigos en el juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005).

El único de los exdirigentes populares que ha sido recibido con reproches ha sido Ratopopulares, el último en llegar a la sede judicial, a quién un preferentista le ha dedicado una poesía en el que le llama "banquero mentecato y ladrón empedernido".

Este afectado por Bankia recuerda que tras las disputas con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien colocó a Rato en la entidad bancaria. "Ellos se han hecho de oro y a nosotros nos han buscado la ruina, y ahora dice el señor Rajoy que de eso no opina".

El vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, pidió este sábado al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, que "no podemice" al PSOE y que "no juegue con la unidad de España", informa Europa Press.

Durante su intervención en Islantilla (Huelva), acompañado por la secretaria general del PP andaluz, Loles López, en la inauguración del 15º Congreso Provincial del PP de Huelva, con Manuel Andrés González como único candidato a la presidencia, le pidió también a Sánchez que "tenga claro que la unidad significa la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles".

En este punto, señaló que su deseo es que ante el reto del independentismo catalán el PSOE "nos ayudara" en el trabajo, que "de manera extraordinaria en el fondo y en las formas, está haciendo la que hoy es una persona que es el símbolo de la cohesión de España en Cataluña, que es la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría".

En este punto, reconoció "no estar contento con lo que está pasando en el PSOE, nunca es bueno que un partido referente para España se parta por la mitad, y el pasado domingo el PSOE se partió por la mitad", a la par que aseguró que si llega a ganar la candidata Susana Díaz "también se hubiera partido".

A su juicio, "el lío del PSOE es una desgracia para España y ojalá lo resuelvan pronto con su ideología de izquierda moderada", ya que "España ha sido el quinto país del mundo que más ha prosperado en las últimas décadas".

En este sentido, precisó que "lo nuevo no es sinónimo de bueno", y criticó "eso de llegar y decir que no tengo partido, sino dos cámaras de televisión y mucha televisión", por lo que se preguntó "dónde están los anclajes ideológicos y la implantación territorial".

Por ello, abogó por "cultivar la independencia como proyecto político de nuestro partido, que es el partido de la gente, de la mayoría y por eso ganamos las elecciones", y es así porque el PP es "un partido nacional, se siente orgulloso de ser español y no imita a nadie, mientras que el PSOE no opina lo mismo del conjunto de las comunidades autónomas".

"Sueños por cumplir"

Durante su intervención, Arenas alabó a la persona de Manuel Andrés González en su tarea de presidencia del partido en Huelva, y le instó a cumplir "tres sueños fundamentales, como son tener concejales en todos los pueblos; volver a gobernar en la capital onubense y hacer al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía".

Para Arenas, "en política hay que tener sueños, pasión, porque sin la pasión no hay libertad y alma porque sin ella se muere, que solo tiene sentido si uno está orgulloso de su pasado y la gente que lucharon por este partido", momento en el que se refirió a la dirigente Pilar Pulgar.

"Los sueños son muy importantes y los congresos no son una meta, sino un punto de salida y suponen momentos en los que hay que renovar los sueños", remarcó Arenas, quien subrayó que el PP "ha cumplido algunos como gobernar las ocho capitales de Andalucía y cinco diputaciones provinciales".

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, aseguró este sábado en el marco del XV Congreso Regional del PP-A, que se celebra en Málaga, que "lo que va a pasar en Andalucía" es que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "se va" y que el presidente de los conservadores andaluces y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "se queda".

Arenas pidió a Díaz el "favor" de que, "como se va, nos deje como herencia quitar el impuesto de sucesiones en Andalucía", que, en su opinión, supone "una agresión a todos los andaluces, una discriminación brutal", al tiempo que recordó que "las competencias y sobre todo las incompetencias son del PSOE".

Sobre sanidad, dijo que la culpa de las lista de espera "inhumanas" no la tiene Mariano Rajoy o Angela Merkel, sino "quienes hace 38 años asumieron las competencias".

Arenas señaló que en el PP "hacemos de que Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía nuestra más firme esperanza", insistiendo en que será "el primer presidente centrista" de la comunidad.

Además, aseguró que con este congreso "hemos venido a decir que para nosotros, Andalucía es lo primero, que los andaluces son la razón de ser de nuestro partido", y también que "tenemos un proyecto de futuro", porque, apuntó, "sabemos conectar con las necesidades de los ciudadanos".

Así, Arenas dijo que el PP es "un partido ganador" por "no tener problemas internos y estar unidos", lo que, subrayó, permite "estar dedicados a los problemas de los demás, no a resolver nuestras cuitas internas".

"Somos un partido ganador porque somos el partido de la gente, porque la mayoría de la gente ha votado al PP", manifestó, apuntando que la formación es "un pedazo de partido" desde que lo fundó Manuel Fraga, también con José María Aznar y "hoy con Mariano Rajoy y Juanma Moreno, más que nunca".

Areenas dijo que el PP tiene varios avales, sobre todo, que "cuando gobernamos los españoles viven mejor", junto a que se consideran "muy andaluces, pero al mismo tiempo somos españoles hasta el tuétano y no entenderíamos Andalucía nunca sin España".

"Andalucía es la garantía de la cohesión de España", señaló Arenas, quien aseguró que "decimos sí a la diversidad pero no a cualquier ruptura" del país, que, en su opinión, "demanda partidos coherentes y estables".

Por eso, recordó a algunas formaciones políticas que "no les vendría mal un baño de coherencia", diciendo a Ciudadanos que "no se puede estar hablando por la mañana de moderación y por la tarde pactando con Podemos". "No se puede estar hablando de libertad económica y votar en contra del decreto de la estiba que nos cuesta a los españoles 140.000 euros diarios. Un poco de coherencia", apuntó.

Asimismo, Arenas destacó que el PP gana porque tiene "el mismo discurso" en toda España, además de que ofrece "fiabilidad y no imitamos a nadie", considerando que "el partido político que imita a otros termina no significando nada", aludiendo a CIU en Cataluña y al PSOE que "miraba todos los días a Podemos".

El líder del PP, Mariano Rajoy, anunció este sábado en el XVIII Congreso Nacional del partido el nombre de los dirigentes que le acompañarán en la nueva etapa que inicia la formación. No hubo grandes cambios en la segunda línea de la dirección. Rajoy optó por mantener a su número dos, María Dolores de Cospedal, a pesar de las discrepancias sobre su acumulación de poder expresada por parte de los afiliados.

Tampoco hizo modificaciones relevantes en las vicesecretarías ocupadas por caras más nuevas y más jóvenes desde el verano de 2015. Sí incluyó una nueva figura en la estructura del partido, la del coordinador, que ocupará Fernando Martínez-Maillo, aunque el que fuera presidente de la Diputación de Zamora ya se había incorporado a la dirección nacional del PP en esa última remodelación de la cúpula del partido. 

No es un secreto que determinados sectores del partido y del Gobierno miran con lupa los movimientos de los bautizados como "nuevos" o "jóvenes" dirigentes. En ocasiones critican su "valentía" a la hora de agitar lo que los más veteranos consideran los "principios y valores inamovibles" de la formación, algo que consideran un error. En otras, se les acusa de haberse contagiado de la llamada "nueva política" a la hora, por ejemplo, de reaccionar a los escándalos de corrupción. El caso de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y su repentina muerte volvió a poner de manifiesto las diferencias entre los más veteranos y los más jóvenes del PP.

Intentando mantener equilibrios Rajoy ha optado ahora por no mover de la dirección del partido a varios dirigentes de su generación. Entre los que resisten está el veterano Javier Arenas, un hombre del aznarismo convertido al marianismo y que se mantiene en la vicesecretaría de Política Autonómica y Local. De esta forma, el dirigente andaluz, amigo del presidente del Gobierno, mantiene sus competencias intactas desde el congreso de 2012. La permanencia de Arenas en la cúpula del partido conservador tiene mucho que ver con la permanencia de Cospedal. Ambos y sus entornos llevan años enfrentados internamente y prescindir de cualquiera de los dos habría sido interpretado puertas adentro del PP como la victoria de uno y la derrota de otro.

En el Comité Ejecutivo Nacional, la dirección ampliada de los conservadores, Rajoy ha incluido también al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que atraviesa un momento complicado en este momento. En el plano personal, el también diputado por Barcelona está convaleciente después de haberse sometido a una intervención quirúrgica para tratar un cáncer de hígado.

Además, el pasado 27 de septiembre el pleno del Congreso de los Diputados acordó, con el voto negativo del PP, la creación de una comisión de investigación centrada en parte de su gestión al frente del ministerio. La base de esta iniciativa parlamentaria fue una información, adelantada por Público, con audios como prueba documental, según la cual Fernández Díaz se reunió con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, para buscar casos de corrupción que afectasen a líderes independentistas. Ahora, Fernández Díaz es presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso, un nombramiento que vino rodeado de una fuerte polémica.

También estará en la dirección del partido la que fuera alcaldesa de Cádiz durante veinte años, entre 1995 y 2015, Teófila Martínez. La dirigente es uno de los máximos exponentes del PP andaluz, precisamente en una comunidad autónoma donde los conservadores nunca han logrado la Presidencia del ejecutivo regional. Martínez perdió la Alcaldía en las últimas elecciones municipales en favor de la agrupación de electores Por Cádiz Sí Se Puede, liderada por José María González Kichi. 

Otra histórica, la malagueña Celia Villalobos, también tendrá un puesto en la dirección ampliada del PP. La parlamentaria por Málaga, exvicepresidenta de la Cámara baja, abandonó tras las últimas elecciones generales la Mesa del Congreso de los Diputados por decisión de su jefe de filas. Villalobos, que es la mujer de Pedro Arriola, uno de los asesores de cabecera de Rajoy, llevaba en el órgano de gobierno de la Cámara desde hace más de una década. No obstante, no perdió todo su protagonismo en el Congreso, donde ocupa una portavocía adjunta. 

El eurodiputado Luis de Grandes es otro de los veteranos que estarán en la nueva dirección del partido conservador. Es amigo de Rajoy, igual que Miguel Ángel Cortés.

Miembros natos 

Además, por los cargos institucionales que ostentan son miembros natos del Comité Ejecutivo Nacional otros veteranos dirigentes de la formación, pues los estatutos establecen que forman parte de este órgano los presidentes de las cámaras legislativas, los portavoces parlamentarios o los presidentes autonómicos del PP, entre otro cargos. Entre estos destaca la figura de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que es amiga personal de Rajoy y está en su círculo de máxima confianza. Pastor fue ministra de Fomento en la pasada legislatura. 

Otro histórico del PP como Miguel Arias Cañete también estará en la dirección de la formación conservadora, en este caso también como miembro nato pero por su condición de comisario de Energía. Arias Cañete ha ocupado numerosos cargos públicos, desde 1982, entre los que destacan eurodiputado en el Parlamento Europeo, presidente de las comisiones de Pesca y Política Regional del Parlamento Europeo, portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados, Presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados y ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación durante los gobiernos presididos por José María Aznar y Mariano Rajoy.

Y Mariano Rajoy habló. A diferencia de lo que había ocurrido en los dos congresos nacionales del PP anteriores, el jefe de los conservadores aguantó hasta el último minuto el secreto de la configuración de su equipo para los próximos cuatro años. 

El líder del PP no ha tocado la estructura del Comité de Dirección del partido. Lo justificó argumentando que es mejor no modificar lo que funciona. Y que su equipo funciona. Como estaba previsto, pese a las dudas que generaba su acumulación de cargos, Rajoy mantiene a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, pero encarga al vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, la labor que coordinación que ya venía ejerciendo sin cargo expreso. Es el puesto que ya ocupó Ángel Acebes cuando Francisco Álvarez-Cascos tenía que compaginar el Gobierno de José María Aznar con la Secretaría General.

El resto de vicesecretarios tampoco abandonarán su despacho en Génova. Javier Arenas, el más veterano, seguirá al frente de Autonomías y Ayuntamientos. Javier Maroto de Sectorial y Pablo Casado de Comunicación. La otra mujer en el Comité de dirección es Andrea Levy, responsable de Estudios y Programas.

"Son los que había. No los he cambiado porque lo ha hecho bien. Se cambia lo que no funciona", señaló. 

"Partidos que caben en una plaza de toros"

"Quiero ser el presidente del Partido Popular y os pido que me apoyéis", arrancó Rajoy su intervención de presentación de candidatura. "Sólo vengo a pediros de nuevo vuestra confianza", añadió.

Rajoy hizo una defensa cerrada de su partido. Dijo que gobernar se puede, o no. Pero que siempre queda el partido. "El partido es el manantial de las ideas, el que ha sustentado al Gobierno en momentos de mucha dificultad", añadió.

"Algo bueno tiene este partido", sacó pecho a cuenta de haber logrado revalidar una nueva legislatura. Rajoy hizo una definición de los últimos meses como un 'todos contra el PP'. Para Rajoy ser presidente de su partido ha sido un "enorme honor" y mostró su convencimiento de que todavía puede dar "mucho más". 

Como en todos sus grandes discursos, Rajoy recordó su trayectoria en la formación conservadora. Insistió en que antes de llegar a la presidencia empezó desde la base. Y presumió de haber recorrido toda España. 

Rajoy vendió su experiencia frente a los nuevos partidos. Esos que "sin haber pisado un pueblo más que para hacer turismo se afanan en darnos lecciones de lo que es la política". Partidos que, en alusión a Podemos "caben en una plaza de toros".

Unidad de discurso

El jefe de los conservadores defendió, ante los aplausos de los suyos, que el PP, a diferencia de otros partidos, es fiel a su unidad de discurso.

"No tenemos más guía ni límite que el interés general. Cambiamos cuando es necesario para así poder defender a los desafíos", mantuvo señalando que el PP es "reformista". "A nuestro ritmo", añadió. Porque el Partido Popular "es un partido con personalidad".

Rajoy hizo una defensa de su estilo haciendo política, la del "cambio sereno", sin "revoluciones" ni "sobresaltos". Porque, a su juicio, "los derechos no los defiende quien más grita, sino quien trabaja para defenderlos".

El partido, dividido sobre Cospedal

El arranque del 18 Congreso Nacional del PP había sido muy complicado para María Dolores de Cospedal. Tras un discurso de balance de la Secretaría General del partido en el que reivindicó su función de los últimos años que culminó con el auditorio en pie y aplaudiendo, el plato amargo del viernes llegó en el debate en el plenario de la ponencia Política y de Estatutos cuando tocó debatir sobre la acumulación de cargos.

Se debatía una enmienda de Francisco Risueño, militante del PP de Cuenca, en la que se citaba expresamente el caso de Cospedal como modelo a imitar en lo que a acumulación de cargos se refiere. En la votación, la formación se partió en dos: 328 votos en contra frente a 303 a favor. Ocho delegados optaron por abstenerse.

Este debate dejaba en una posición complicada a la número dos del partido y al terremoto que la noticia había causado en la dirección nacional su sumaron réplicas en forma de dimisión en el PP de Castilla-La Mancha, formación regional que lidera Cospedal.

El malestar interno con su acumulación de cargos ha existido desde que la secretaria general compatibilizaba este puesto con el de líder del PP regional. Se agravó cuando fue elegida presidenta autonómica y en los últimos meses ha estado en el punto de mira porque ella misma dio por hecho que iba a seguir de número dos del partido tras este congreso pese a ser titular de un ministerio de Estado.