La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el cobro de dietas pero ha rebajado las penas: fija dos años de cárcel para el exdirector Roberto López Abad y un año para otros cuatro encausados más, entre ellos, el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón,ha informado Europa Press.

Así se desprende de la resolución, en la que el Alto Tribunal estima parcialmente los recursos de los condenados en lo referido a la penalidad, que la ha reducido ante la ausencia de razones justificativas que permitieran establecer la pena que se impuso al no concurrir agravantes.

Inicialmente, López Abad fue condenado a dos años y seis meses de prisión y los otros cuatro encausados a un año y medio por el delito de apropiación indebida. Así mismo, la Audiencia impuso nueve meses de cárcel al expresidente de la caja Modesto Crespo tras reconocer los hechos y llegar a un acuerdo con las acusaciones.

Los directivos condenados orquestaron una estructura para permitir que el entonces presidente cobrara unas dietas por presidir la sociedad Tinser sin actividad real alguna al frente de la misma.

Así, López Abad propuso a la Comisión de Retribuciones de la CAM que en Tinser se constituyese un Consejo de Administración, se nombrase presidente a Crespo y se le retribuyese por el desempeño de tal función con la cantidad de 300.000 euros anuales. Por ello, aceptaron una proposición "inasumible" que vulneraba lo dispuesto en los estatutos y la política retributiva de los consejeros por ellos fijada.

"Detallada" valoración de prueba

El TS entiende, tras estudiar los recursos, que existe una "detallada y exacta" valoración de la prueba por el tribunal juzgador ante un entramado en la entidad bancaria dirigido a fijar una dieta al presidente de la entidad bajo la creación de una figura instrumental de un cargo en una empresa perteneciente al grupo donde se fija artificialmente una dieta de 600.000 euros sin dedicación alguna al ejercicio de actividad real para soslayar que como presidente de la entidad bancaria no podía cobrar.

Se reconoce que existe una articulación del plan orquestado bajo la intervención directa del director general de la entidad y la comisión de retribuciones que fueron pieza esencial, así como el secretario del consejo que redactó el acta ocultando tal dato en la junta al resto de consejeros, que ignoraron todo lo que se estaba haciendo.

Así, el tribunal da por probado que "e articuló una*artimaña de ingeniería societaria o abuso de la persona jurídica para burlar la clara prohibición estatutaria y cobrar un dinero en contraprestación a un labor meramente representativa que era, por definición, gratuita y honorífica".

Entiende que la remuneración que se confirió al presidente de la CAM vulneraba una clara prohibición normativa y, para ocultarlo, se utilizó el subterfugio de un órgano de gobierno "absurdo, inútil e innecesario".

Además, subraya que no existió prestación de servicio que conllevara tiempo, dedicación y responsabilidad, al margen de su condición de presidente de la CAM que pudiera justificar su percepción y, además, bajo una apariencia formal y simulada de transparencia, se quebró "de forma abrupta e injustificada" la ya generosa política general de retribuciones de los consejeros por su intervención en empresas participadas del grupo.

"Ello denota a las claras que se trató de pagar algo más que la simple asistencia y dirección de un órgano de gobierno, a sabiendas que ello excedía de forma notoria los poderes de administración encomendados delimitados en los Estatutos de la Caja", considera.

"Ideación criminal concertada"

A su entender, hubo una "ideación criminal concertada" del presidente de la CAM y director general, así como de la comisión de retribuciones y el secretario del consejo.

La actuación individual de los miembros de la comisión en el discurrir de los acontecimientos que acabaron permitiendo que Modesto Crespo cobrara injustificadamente una percepción ilícita y desproporcionada está, a juicio del tribunal, "clara".

Asumieron, en definitiva, que el pago encubría algo diferente y distinto del cobro de una mera dieta por asistencia en una sociedad instrumental sin capacidad de determinación estratégica o de vigilancia autónoma, y ese algo distinto era el pago de labores meramente protocolarias dentro de la CAM y, en consecuencia, vulneraba la prohibición estatutaria, siendo por tanto ilícito.

El tribunal destaca que la aceptación favorable de la propuesta, con los datos que ya disponían, "suponía adherirse de forma tácita al plan ideado de poder pagar una remuneración encubierta e ilícita al nuevo presidente de la CAM, causando con ello un perjuicio a la entidad".

La primera ruptura en las negociaciones para una fusión bancaria se ha producido oficialmente un viernes por la tarde: BBVA y Sabadell han dado por liquidadas las conversaciones en torno a la operación al existir fuertes desacuerdos en, sobre todo, el precio de canje. Una fusión fallida que sorprende por el contexto de euforia mediática en torno a la concentración financiera en España, espoleada por los otros maridajes entre Caixabank y Bankia y entre Liberbank y Unicaja. Las fusiones son necesarias de acuerdo con la opinión pública, una visión de la que discrepan cada vez más expertos económicos temerosos del oligopolio bancario.

Esta última operación, sin embargo, contaba con muchos riesgos, principalmente por el estado de salud del Sabadell: el valor de mercado del banco catalán —con sede en Alicante— era ocho veces inferior a los registros del propio banco en sus libros contables. Y el precio de la acción al cierre de este viernes 27 de noviembre era de 0.36 euros, ligeramente por encima del valor de la acción del Banco Popular (0,317) la víspera de quebrar en 2017. Antes del anuncio de la fusión la acción había llegado a cotizar por debajo del banco rescatado por el Santander por el precio simbólico de un euro. 

Un porvenir no demasiado halagüeño para un banco que recibirá ayudas públicas por más de 12.000 millones de euros (12.635 millones) por absorber a la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por un euro en diciembre de 2011, en pleno proceso de reestructuración del sector bancario español. Los años más duros de la pasada crisis. Esta cantidad es el máximo que se desprende del acuerdo firmado entre la entidad catalana y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en 2018.  

La absorción de la CAM costó además a todos los contribuyentes españoles la friolera de 12.458 millones de euros en ayudas directas a la caja para evitar su bancarrota, según los datos que aporta el Banco de España a infoLibre cuya última actualización se hizo el 31 de diciembre de 2018. "Con ayudas en capital y EPA [esquema de protección de activos]", indican portavoces del supervisor español. De esos 12.458 millones "únicamente se han recuperado 16 millones", confirma la institución que preside Pablo Hernández de Cos. Sin embargo, las ayudas a la CAM a fondo perdido no repercuten sobre la salud de la entidad que preside Josep Oliú. Pero los 11.901 millones sí. 

Para entender las ayudas directas al Sabadell hay que remontarse a la absorción de la CAM. Al producirse dicha operación, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)activó una EPA para cubrir 24.600 millones de activos tóxicos procedentes de la CAM. La EPA que se inyectó en el Sabadell, el banco absorbente, tenía un valor de 3.799 millones de euros y nunca ha sido devuelta. 

Ayudas que no serán devueltas

Aquel esquema de protección fue insuficiente y las ayudas del FGD al Sabadell continuaron hasta sumar otros 8.123 millones de euros, tal y como aparece en las cuentas del Fondo de Garantía de Depósitos relativas a 2017. Así, las cuentas del Fondo reflejan un pago adicional de 3.239 millones "en razón de la cobertura que brinda el EPA" , a los que hay que añadir, siempre según los datos del FGD, 4.884 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2017 como "pérdida estimada pendiente de liquidar, tras los pagos efectuados".

La suma de ambos conceptos da los 8.123 millones citados e inyectados directamente en el Sabadell, que se añaden al importe inicial del esquema de protección de activos para totalizar casi 12.000 millones. Una cantidad que va aparte de las ayudas directas a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, ya rescatada por un importe similar. 

El importe final es fruto del acuerdo entre el FGD y Sabadell a finales de 2018 (Acuerdo de Clarificación), fijando un precio máximo a la EPA, un mecanismo muy criticado entre la competencia por considerarse un regalo. No obstante, hubo una subasta pública por la CAM, una caja que había rechazado absorber incluso Emilio Botín, entonces al frente del Banco Santander. A cambio, el Sabadell tendrá que acelerar la venta de activos y continuar su saneamiento. 

El relato del rescate de la caja fue denunciado por el periodista Ernesto Ekáizer en su ensayo El libro negro. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos (Espasa, 2018). "La operación de absorción de la CAM produjo importantes efectos en las cuentas del Banco Sabadell, de manera especial en lo que se refiere a coberturas por riesgo de crédito que decía mantener al finalizar el año de absorción del banco CAM", cuenta Ekaizer.

Venta de TSB como síntoma

Fuentes financieras aseguran que la salida del ex director general del Fondo de Garantía de Depósitos Luis Lorenzo Olmeda (2010-2018) se debió, entre otras razones, al hartazgo de este último con relación al Sabadell y su "capacidad de quemar dinero público". Lorenzo Olmeda fue sustituido en diciembre de 2018 por Manuel Herrera. Oficialmente la marcha fue por jubilación, pero varios consultados aseguran que Lorenzo Olmeda había renovado al frente del FGD.

"El Sabadell fue rescatado silenciosamente llevándose la CAM en 2011", dice otro conocedor del sector. "Y como no se exigió nada a cambio y se presentó como el salvador, se dedicó a crecer y a comprar bancos". Y así fue: en 2015 la entidad catalana se hizo con el banco anglosajón TSB -sexto del país- por 2.300 millones de euros. Tras la compra, se sucedieron los fiascos, como el fracaso de la cuenta online y de la integración -más costosa de lo previsto- que llevaron a la destitución en 2018 del entonces consejero delegado de TSB, Richard Meddings. El Brexit hizo el resto. Este viernes el Sabadell precisamente anunció que encargaba a Goldman Sachs la venta de la filial británica TSB y del negocio mexicano, coincidiendo con el anuncio de que no habría fusión. Dos aspectos del acuerdo con el Fondo. 

Una tercera fuente opina que el BBVA, tras la venta de su filial en Estados Unidos este mismo mes, "puede comprar lo que quiera y al precio que considere, a pesar del problema reputacional que arrastra con el caso Villarejo". "Lo que parece claro es que el precio de canje que quería abonar el BBVA no convencía a los directivos del Sabadell, que es un banco con mucho riesgo en el sector de empresas y pymes", prosigue la misma fuente. "Y ya veremos lo que ocurrirá cuando aflore la morosidad post-covid". 

Se avecina una nueva fusión con carácter inminente: BBVA y Sabadell confirmaron este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el "mantenimiento de conversaciones" entre directivos de ambas entidades "en relación con una potencial operación de fusión". A tenor de la experiencia reciente con Caixabank y Bankia, a finales de septiembre, y con Liberbank y Unicaja, un mes después, los anuncios de este tipo suelen derivar en matrimonio financiero.

Un matrimonio plagado de riesgos que, como suele ser habitual, brillan por su ausencia en los análisis económicos. Solo que está vez los riesgos son mayores que en las dos fusiones mencionadas debido a los problemas de solvencia de la entidad de origen catalán pero con sede en Alicante desde septiembre de 2018. Sobre todos los riesgos impera un dato estremecedor recogido de las cuentas del Sabadell del tercer trimestre de este año: el valor patrimonial de la entidad es ocho veces mayor en los libros contables que el precio real que el que el mercado asigna al banco.

A 30 de septiembre de 2020, el valor contable por acción de la entidad que preside Josep Oliu se situaba en 2,35 euros, pero el valor bursátil de la acción del Sabadell era 7,9 veces menor: 0,297 euros por acción. Teniendo en cuenta que la entidad poseía al cierre del tercer trimestre y siempre según sus cuentas algo más de 5,5 millones de acciones (5.586.000 concretamente) la diferencia es increíble: 13.127 millones de euros era el patrimonio contable frente a algo más de 1.600 millones en el mercado. Ocho veces más.

En ninguna de las fusiones anteriores ese riesgo había sido tan alto: por citar dos casos, la diferencia entre el valor contable y bursátil en Caixabank era de 1 a 2 (11.000 y 25.000 millones, respectivamente), datos peores en el caso de Bankia. Por su parte, tanto Unicaja como Liberbank valen cuatro menos en el mercado que en los libros en el momento de anunciarse la operación, a finales de octubre de este año. 

Incluso tomando como referencia el precio de la acción del Sabadell al cierre del lunes, impulsada por las "conversaciones" para la fusión y la subida general que el Ibex experimenta desde la semana pasada por el anuncio de la primera vacuna, los números no cuadran. Al cierre del 16 de noviembre, el precio de la acción se situaba en 0,42 euros, seis veces menos que el patrimonio neto contable. 

"Según el mercado, el Sabadell está a precio de intervención pública", resalta una fuente financiera. "Su precio por acción en Bolsa está en línea con el del Popular el mismo día de su quiebra y venta por un euro al Banco Santander a mediados de 2017. Incluso la acción está por debajo"

Más magnitudes peligrosas que arrojan sombras sobre la previsible fusión: los activos ponderados por riesgo (APR, en la jerga financiera) se elevaban a 77.797 millones de euros a 30 de septiembre sobre un total de activos valorados en 236.094 millones de euros. Es decir, un 33% de los activos totales tienen la consideración de riesgo. 

La compra de CAM por un euro en 2012

Para entender la actual coyuntura de la entidad que preside Oliu desde 1999, hay que detenerse en lo más agudo de la pasada crisis financiera. Al igual que la compra del Popular por el Santander, Sabadell se hizo con la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo, con sede en Alicante) por el simbólico precio de un euro.  Las autoridades diseñaron entonces un Esquema de Protección de Activos (EPA) por valor de más de 16.000 millones para proteger al nuevo banco de, por lo menos, el 80% de pérdidas de su cartera de activos. Previamente, se dotó un fondo de provisiones de 3.882 millones de euros que se agotó en 2015. Entonces la cúpula del Sabadell fue haciendo uso de la EPA. 

En enero de 2017 el Tribunal de Cuentas señaló que el rescate de la CAM había recibido en ayudas públicas 26.302 millones, de los que más de 12.000 millones salieron del Fondo de Garantía de Depósitos, nunca recuperados. Este mismo 2020 el Fondo de Garantía de Depósitos ha seguido inyectando tramos correspondientes a la EPA para, en teoría ayudar a Sabadell a digerir los activos tóxicos, fundamentalmente inmobiliarios. Todo este enjuague financiero empezó a hacer aguas a lo largo de 2020, ya durante la pandemia, cuando la acción del Sabadell tocó su suelo histórico.

Ayudas públicas por 26.000 millones

"Como a Oliu y compañía no se les exigió cambios directivos ni normativos durante el chorreo de miles de millones de ayudas públicos, los nuevos administradores de la caja absorbida han situado al banco otra vez a punto de quiebra", denuncia otra fuente anónima conocedora de los entresijos. 

En octubre de 2017 la Audiencia Nacional condenó a cuatro directivos de la CAM a entre dos y cuatro años de cárcel por falsear cuentas; en 2018, un año después, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a seis ex altos cargos por cobrar dietas millonarias a diferentes penas de entre nueve meses y dos años y medio de prisión. Finalmente, en julio de 2019, el Supremo rebajó las condenas y absolvió a parte de la antigua cúpula. 

La Mesa de la Asamblea de Madrid debe decidir este lunes si admite la propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión que investigue las irregularidades de Avalmadrid, en el centro de la controversia por las vinculaciones de las empresas a las que avalaba con consejeros y directivos de la sociedad de garantías, así como por el trato de favor dispensado, entre otras, a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos y Vox ya han anunciado que apoyan la creación de la comisión, pero el PP la descarta con el argumento de que Avalmadrid es una empresa privada y, como sociedad de garantía privada, ya está sometida a la supervisión del Banco de España. Queda fuera, por tanto, del ámbito de control de la Asamblea madrileña. El informe que los letrados de la cámara regional acaban de enviar a la Mesa desmonta ese razonamiento, al determinar que la supervisión administrativa del Banco de España no excluye la parlamentaria y que ésta se centra, precisamente, en la actuación del Gobierno o en la información que el Ejecutivo tiene gracias a su participación en los órganos de dirección de esta sociedad.

Además, son numerosas las comisiones de investigación abiertas, tanto en el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos, desde 1977. Y muchas de ellas se ocuparon de empresas privadas y semipúblicas, como es el caso de Avalmadrid, cuyo 26,1% pertenece a la Comunidad madrileña. Otro 25,4% del capital lo aporta Bankia, que a su vez es propiedad del Estado –a través del FROB– en un 61%. El presidente de Avalmadrid lo nombra el Gobierno regional, y en su consejo de administración se sientan también otros dos altos cargos de la Comunidad: el viceconsejero de Economía y el secretario general técnico de esa consejería.

  RUMASA

El Congreso de los Diputados, ya en la segunda legislatura, examinó la evolución del grupo Rumasa desde que se creó, en 1961, hasta que fue expropiada por el Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983. Todos los grupos, menos el Mixto, apoyaban la investigación, que se abrió sólo tres meses después de la expropiación y se prolongó hasta abril de 1985, un año más de lo previsto. El dictamen final, que contó con los votos particulares de Alianza Popular y UCD, culpó a los gobiernos anteriores a 1977 del crecimiento irregular de Rumasa así como de sus “desastrosas repercusiones, sociales y económicas”. También consideró la expropiación como la única “solución eficaz”. El grupo comandado por José María Ruiz-Mateos llegó a tener más de 700 empresas, incluidos 17 bancos, y a contar con una plantilla de 60.000 trabajadores. Pero en el momento de ser expropiado sufría un déficit patrimonial que Arthur Andersen cifró en 1.558 millones de euros. Debía 64,7 millones a la Seguridad Social y 116 millones más a Hacienda.

Como suele ser habitual con las investigaciones parlamentarias, también hubo una actuación judicial. Y en este caso fue múltiple: la Fiscalía demandó a Ruiz-Mateos, que fue detenido en abril de 1985 en Fráncfort y extraditado. Fue juzgado por falsedad documental y contable en la Audiencia Nacional pero absuelto en 1997, pese a quedar probado que falseó la contabilidad, porque cuando lo hizo el Código Penal no lo consideraba un delito. Pero tanto el Supremo como el Constitucional fallaron en contra de Ruiz-Mateos y confirmaron la legalidad de la expropiación.

En 1986, en cambio, el Congreso rechazó crear una segunda comisión para investigar la gestión que hizo el Gobierno de la Rumasa expropiada y su posterior privatización. Alianza Popular promovió la iniciativa, que fue apoyada por el PDP, IU, CDS y el Grupo Mixto, pero contó con el rechazo del PSOE, entonces en el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara Baja.

  GESCARTERA

En septiembre de 2001 se constituyó otra comisión que investigó a una empresa privada: la agencia de valores Gescartera. Ese verano había sido intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había descubierto un agujero patrimonial de 100 millones de euros. Perdieron su dinero la mitad de los clientes, unas 2.000 personas. El fraude se convirtió en un escándalo político cuando se hizo público que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del secretario de Estado de Hacienda y que la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, había mantenido reuniones con los dueños de la sociedad de valores a petición suya. Enrique Giménez-Reina tuvo que dimitir, al igual que Valiente. Además, el vicepresidente de la CNMV –y exdiputado del PP– Luis Ramallo, había recibido regalos del principal accionista de la agencia, Antonio Camacho, por valor de 12.000 euros. Gescartera había sido investigada desde 1993 en varias ocasiones por la CNMV, pero nunca actuó contra ella.

En noviembre de 2001, el Congreso aprobó el dictamen de la comisión, que eximía al Gobierno de responsabilidades políticas. Sólo la apoyaron, además del PP, CiU y Coalición Canaria. Mientras, el frente judicial se prolongó hasta marzo de 2008, cuando la Audiencia Nacional condenó a 52 años en total a las ocho personas acusadas.

También en los parlamentos autonómicos se han sucedido las comisiones de investigación desde 1977 hasta ahora. Bajo la lupa se pusieron tanto empresas privadas como semipúblicas. Por recibir subvenciones –las primeras– o por la participación de los gobiernos autonómicos en su gestión –las segundas–. Sin olvidar las cajas de ahorros, entidades privadas pero con dependencia orgánica de las administraciones territoriales.

  SPANAIR

Así, el Parlamento catalán investigó en 2014 la quiebra de Spanair, una de las empresas del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ocurrida dos años antes. Fue solicitada por todos los grupos políticos, que querían saber qué había ocurrido con los 185 millones de euros que habían inyectado la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para apoyar la compra de la aerolínea por parte un grupo de inversores catalanes. Sin embargo, entró en concurso con un pasivo de 474 millones de euros.

En julio de 2015, la comisión eximió de responsabilidad política a las instituciones, con los votos de CiU, PSC y ERC, la abstención de ICV y el rechazo de PP y Ciudadanos. Si éstas apoyaron con dinero público la operación fue porque consideraron que el proyecto era “viable”, aseguraba el dictamen. La Audiencia Nacional terminó exonerando a la cúpula de la empresa, que había sido condenada en primera instancia a pagar 10,8 millones de euros, al igual que la sociedad de la Generalitat Avançsa, que ejercía de administradora de la empresa, Fira de Barcelona e Inversions Turistiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, un consorcio municipal.

  PROYECTO CASTOR

Tampoco ha tenido problema el Parlament para investigar el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas que una empresa del grupo ACS, Escal UGS, perforaba frente a la desembocadura del Ebro en Tarragona. El proyecto tuvo que ser clausurado cuando empezó a detectarse una fuerte actividad sísmica en la zona. El Estado, que había asegurado el riesgo geológico de la obra, terminó pagando 1.350 millones a la empresa, propiedad de Florentino Pérez. La comisión se creó con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara. Aún no ha terminado sus trabajos.

  EPSILON E HIRIKO

En otros casos, los parlamentos autonómicos han investigado a empresas privadas por sus relaciones con las administraciones públicas. Por ejemplo, el Parlamento vasco analizó en 2015 las ayudas concedidas por el Gobierno de esa comunidad autónoma a los proyectos Epsilon –60 millones de euros en 2007– e Hiriko –15 millones en 2009–, que resultaron fracasados. La comisión halló responsabilidades políticas en miembros tanto del Consejo de Promoción Económica como del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y de SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial.

  MUSEOS GUGGENHEIM Y BALENCIAGA

En la comisión que se abrió en 2008 sobre el Museo Guggenheim, se trataba de dilucidar responsabilidades políticas por las “irregularidades financieras, ausencia de control administrativo y anomalías” descubiertas en las dos sociedades públicas del museo: la Sociedad Tenedora, encargada de comprar obras de arte, y la Sociedad Inmobiliaria, dueña del solar y del edificio. El 50% de la Sociedad Tenedora es propiedad del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, pero sus cuentas no estaban integradas en los presupuestos de ninguna de estas instituciones ni sujetas a control público. La oposición las tachaba de opacas.

El detonante de la investigación fue el desfalco de más de medio millón de euros entre 1998 y 2005 cometido por el director de Finanzas del Museo, Roberto Cearsolo. Pero también se sometió a escrutinio una operación de compra de dólares –destinados a la adquisición de obras de arte–, donde la Sociedad Tenedora perdió más de seis millones de euros, de los 17,3 millones que habían aportado el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

El dictamen de la comisión culpó al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, por su “falta de capacidad profesional” para controlar a sus subordinados, tutelar los bienes de la institución y gestionarla. Pero sobre todo reprochó a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, su “falta de celo” en el control al director del museo y que hubiera “relajado su atención” sobre el manejo de recursos públicos. Azkarate presidía los consejos de administración de las dos sociedades antes citadas.

Casi al mismo tiempo, el Parlamento vasco indagaba en las irregularidades detectadas en otro museo, el Balenciaga, en esos momentos aún en fase de proyecto. En el patronato de la fundación que lo promovía se sientan el Ayuntamiento de Getaria (Guipúzcoa) y el Ministerio de Cultura, así como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, en 2005 las cuatro instituciones constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar para impulsar la construcción del museo dedicado al diseñador.

La comisión atribuyó responsabilidades políticas a los miembros del consejo de administración de Berroeta Aldamar por su “dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos, falta de celo en su función de control de sus gestores y por avalar actuaciones de su gestor máximo con resultados contrarios al interés de la sociedad”. También culpó a la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco de una “insuficiente actuación en la supervisión e inventario”.

  GRUPO HISPANO TEXTIL

En Castilla y León fue el grupo Hispano Textil el que tuvo que someterse a escrutinio de su parlamento por una subvención de 3,61 millones de euros que la Junta le había concedido en 1992. Más otros 1,6 millones en incentivos regionales. De dos millones se desconoce aún cuál ha sido su paradero. La empresa de Béjar (Salamanca) cerró en 1983, dejando a 350 trabajadores en la calle. La comisión parlamentaria concluyó eximiendo de responsabilidades políticas al Gobierno del PP, pese a que durante las investigaciones se habían aportado documentos que revelaban fraude en la contabilidad, con indicios de caja B.

  NEW TECHNO

Otra subvención bajo sospecha fueron los 360.000 euros que recibió la empresa New Techno de la Junta de Castilla-La Mancha en 1987. Además, el Ministerio de Industria le concedió otros dos millones. El problema era que la empresa tenía escasa viabilidad. Aun así, la Junta, a través de la Sociedad de Fomento Regional (SFR), se quedó con 600 acciones de la empresa a cambio de la ayuda. Además, New Techno resultó ser la dueña del jaguar que durante años condujo el entonces secretario del Grupo Socialista en el Congreso, el abogado José María Mohedano, quien tuvo que dimitir cuando se hizo pública su relación con la empresa: también actuaba de asesor legal de su dueño, el empresario José Luis Gómez Pinto-Fontán.

  ACOREX

En Extremadura la comisión que investigó la quiebra de Acorex, la mayor cooperativa agrícola de la comunidad autónoma, en 2015 fue un fracaso: el Parlamento autonómico no llegó a aprobar un dictamen conjunto porque cada uno de los cuatro grupos sólo votó a favor del suyo propio y rechazó el del resto. Las indagaciones se centraron en la intervención de la Junta de Extremadura en Acorex, que entró en concurso de acreedores ese año, y en la Caja Rural extremeña. Todos los grupos coincidieron en la existencia de “injerencias políticas” en la empresa y en la caja, para unos por parte del Gobierno del PP y para otros, del PSOE. Podemos pidió la comparecencia de más de 100 personas, pero finalmente no acudieron ni los presidentes Guillermo Fernández Vara (PSOE) ni José Antonio Monago (PP), mientras que la Caja Rural de Extremadura pidió –y consiguió– que las sesiones no fueran públicas. La Junta, a través de la sociedad pública Avante, inyectó 16,9 millones de euros en el grupo cooperativo, de los cuales 10 millones eran préstamos. La Caja Rural debía actuar como “pulmón financiero” de Acorex, que salió del concurso en 2017. Según dijo entonces el PP, la intervención en la caja rural fue para “evitar que desapareciese”, siguiendo el consejo del Banco de España.

  CAJAS DE AHORROS

Un capítulo aparte merece la atención que han prestado los parlamentos autonómicos a las cajas de ahorros de sus respectivos territorios. Las vinculaciones entre estas entidades financieras y los políticos llevan mucho tiempo en el ojo del huracán. En 1988 el Parlamento canario empezó a investigar las cuentas corrientes que los miembros del Gobierno regional y los diputados tenían en las cajas de ahorro de las islas. Quería saber si algunos de ellos se habían beneficiado de créditos concedidos por estas entidades. La comisión se creó a solicitud del CDS, después de que IU lanzara las primeras acusaciones: el presidente canario, Lorenzo Olarte, había pedido un crédito de seis millones de euros a la Caja Insular de Ahorros de Canarias –de la que había sido presidente– para levantar una urbanización en Fuerteventura. En la misma comisión tuvo que comparecer otro presidente canario, el socialista Jerónimo Saavedra, para explicar la concesión de créditos por la misma entidad financiera.

En el Parlamento andaluz todos los grupos aprobaron el dictamen que denunció las múltiples irregularidades financieras y contables cometidas durante años en la Caja Rural de Jaén. Fue en 1983 cuando se destaparon los pufos que llevaron a la intervención de la entidad y los que se cometieron cuando ésta ya era inminente. Entre ellos, el trato de favor recibido por el teniente coronel Antonio Tejero. Ya había sido condenado por el intento de golpe del 23-F cuando pudo rescatar unos 20 millones de pesetas –120.000 euros– invertidos en valores de la Caja Rural de Jaén antes de su vencimiento. Esa cantidad le había sido entregada por la empresa editora del diario ultraderechista El AlcázarEl Alcázar. Cuando la entidad estaba a punto de ser intervenida, Tejero pudo así recuperar su inversión y los intereses, mientras que muchos otros clientes perdieron hasta un 25% de su dinero.

Además, el presidente de la entidad, Domingo Solís Ruiz, había utilizado fondos de una caja B para financiar un partido que había fundado, Acción Social Agraria, también para financiar a la UCD.

Pero es sin duda la crisis que llevó a la desaparición de las cajas de ahorro tras el estallido financiero de 2008 el asunto que más ha acaparado la atención de las cámaras autonómicas en los últimos años. Las de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han dedicado a intentar dirimir responsabilidades. Pero con éxito dispar.

En Castilla y León, la comisión que indagó por los motivos que llevaron a la desaparición de sus seis cajas de ahorro terminó el pasado enero sin conclusiones tras año y medio de trabajo. No salió adelante ninguna propuesta por el empate entre los 42 escaños del PP y los del conjunto de la oposición. Los populares pedía que eximiera de toda responsabilidad a la Junta de Castilla y León, además de culpar de lo ocurrido a la falta de vigilancia del Banco de España. Eso sí, los directivos de las cajas de Segovia, Ávila y Caja EspañaSegoviaÁvilaCaja España han afrontado en los juzgados sus correspondientes procesos.

En la Comunidad Valenciana, la cámara autonómica examinó el desvalijamiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una comisión que se constituyó con el apoyo unánime de los grupos en octubre de 2011 y no concluyó sus trabajos hasta marzo de 2015. Indagó sobre los motivos por los que la cuarta caja de ahorros española terminó siendo intervenida por el Banco de España y desapareció con unas pérdidas de 1.731 millones de euros y una tasa de morosidad del 20%. Lo que no fue óbice para que sus directivos se embolsaran cuantiosas indemnizaciones, los mismos que habían concedido avales a proyectos inviables y habían permitido una sobreexposición de la entidad al ladrillo de 16.000 millones de euros.

En sus conclusiones, la comisión repartió culpas entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por falta de diligencia. Pero también señalaron a los directivos por sussueldos desorbitados y sus pensiones vitalicias, además de acusarles de manipular las cuentas y los balances. También reprocharon a la auditora KPMG por una actuación “complaciente”. Y no faltaron las menciones al trato de favor recibido por algunos empresarios.

La Audiencia Nacional sigue aún juzgando a algunos de los directivos responsables de la estrepitosa caída de la CAM, mientras el Tribunal Supremo acaba de absolver del delito de falsedad contable a su ex director general Roberto López Abad y de reducir las penas a otros dos ejecutivos.

En La Rioja, la comisión que investiga la integración de su caja en Bankia empezó a trabajar en septiembre de 2016. Fue suspendida en junio de 2017. Y aún hoy sigue sin cerrarse.

En Navarra, por el contrario, el dictamen se aprobó el pasado 22 de febrero y determinó que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) podría haber continuado en solitario, en lugar de desaparecer al quedar integrada primero en Banca Cívica, en 2010, y en 2012 en Caixabank. Contó con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, pero con el rechazo de UPN, PSN y PP. La comisión atribuyó el fin de la CAN al cambio de modelo de negocio que impulsó su último director general, Enrique Goñi, así como a una “dejación de funciones de control” por parte de los gobiernos forales de entonces. Además, destaca que la pérdida patrimonial que sufrió la caja navarra, del 80%, fue “muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación relativa a la venta de preferentes y deuda subordinada por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en aplicación de la conocida como doctrina 'Botín' al no ejercer acusación el Ministerio Fiscal y después de que las acusaciones particulares pidieran el sobreseimiento de la investigación, informa Europa Press.

El tribunal explica en un auto que, de esta manera, se archiva la causa abierta contra los exdirectivos de la caja alicantina Roberto López Abad y Dolores Amorós, que se enfrentaban a 10 años de prisión por delito de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas y multa conjunta de 11 millones de euros.

El pasado 4 de julio, con motivo de la primera sesión de vista oral, el letrado Diego de Ramón, que representa a cerca de 1.000 clientes, y la asociación Adicae, que ejerce la defensa de 700 personas, se retiraron al exponer que la mayoría de sus representados habían sido resarcidos por el Banco Sabadell al ofrecerles la recompra de acciones de la entidad.

No obstante, Adicae solicitó la continuación del procedimiento en calidad de acusación popular, pero ahora el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo deniega la petición y sobresee la causa, aunque deja abierta la posibilidad de una sanción por la vía administrativa. Contra esta resolución se puede interponer recurso de casación en el plazo de cinco días.

No se constatan más perjudicados

"Es importante tener en cuenta que en autos no se constata la existencia de más supuestos perjudicados, distintos de los personados y de los que aparecen resarcidos en su derechos económicos, no dejando margen de actuación a la acusación solitaria de Adicae, pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento han manifestado su tajante voluntad de retirada", reza el auto.

La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que no ejerce acusación en este procedimiento, solicitó al inicio de la vista oral que se aplicara la doctrina 'Botín', que establece que, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, se archive la causa. De esta manera, los dos exdirectivos acusados evitarán un segundo juicio en estas dependencias judiciales ya que ya fueron juzgados y condenados a tres años de cárcel el pasado año por falseo de cuentas relativas a los ejercicios 2011 y 2012.

Tras la larga instrucción, la magistrada Carmen Lamela abrió juicio oral el pasado mes de enero contra los dos exdirectores de la caja alicantina, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos.

No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad y cuya instrucción archivó en varias ocasiones al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.

850 millones en la emisión C

En lo que respecta a la venta de preferentes, la caja alicantina realizó tres emisiones: la serie A emitida en agosto del año 2001 por 300 millones de euros, la B de agosto de 2002 por 160 millones de euros y la serie C emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones, según el escrito de las acusaciones particulares que recoge que, en lo que respecta a deuda subordinada, se realizó una emisión en febrero de 2004 por importe de 300 millones de euros.

La comercialización de la serie C a un total de 5.540 clientes se hizo en un momento en el que la Caja de Ahorros del Mediterráneo atravesaba graves problemas financieros, lo que le llevó a ocultar la verdadera situación económica de la caja y a presentar unos balances durante los ejercicios de 2011 y 2012 que reflejaban beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Finalmente, la CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para 13 investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

Según Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos contra la hacienda pública (artículo 305 bis).

En su auto declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades a Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas a la sociedad Valfensal. Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Dolores Mataix y José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos.

La magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana, tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos.

El expresidente de la CAM Modesto Crespo asumió este lunes la totalidad del escrito de acusación del ministerio fiscal por el que se declara culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, según informó Europa Press.

En la segunda sesión de juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial, a preguntas del fiscal afirmó: "Estoy de acuerdo con el escrito de Fiscalía con todas sus consecuencias", y desestimó contestar a más preguntas.

Crespo formalizó así en la sesión el acuerdo alcanzado con Fiscalía y acusación particular, por el que reconoce los hechos y logra una rebaja de la pena que se le pide de cuatro años de prisión a uno.

En la vista se juzga a 20 miembros del Consejo de Administración de la entidad alicantina, acusados de aprobar el cobro de dietas entre los que encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón.

El acuerdo de Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, representada por Diego de Ramón en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM, implica para Modesto Crespo la reducción de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos, el primero de ellos ya fue abonado.

En este proceso se juzga si el director general de la entidad ideó un plan para burlar el artículo 9 de los Estatutos de la CAM, que se establecía el carácter honorífico y gratuito de la Presidencia, lo que impedía al presidente cobrar dietas extraordinarias.

Para saltarse la prohibición, según Fiscalía, López Abad propuso el 26 de noviembre de 2009 a la Comisión de Retribuciones de la CAM que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L, una tenedora de inversiones participada al 100% por la caja, cargo por el que iba a percibir 300.000 euros anuales. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración de la CAM, el 27 de noviembre de 2009.

Por primera vez cobra dietas un presidente

El exdirector de la entidad, Roberto López Abad, que mantiene su inocencia, afirmó a preguntas del ministerio fiscal que al Consejo de Administración de la CAM del 27 de noviembre se le trasladó una propuesta de la Comisión de Retribuciones y que esta incluía una contraprestación de 300.000 euros.

Dijo que no recordaba si en el Consejo fue leída una carta-informe de la Comisión de Retribuciones en la que aseguró que no se abordó la retroactividad –pese a que sí figura en el artículo 4 del acta de este Consejo Informaciones y Propuestas el Director General–, pero sí que "todo fue expuesto tal y como figura en el acta. Se expuso en el punto 8".

Para el exdirector, que reconoció que las actas no siempre reflejan la totalidad de lo que se aborda, se trató de un Consejo muy denso, ya que en él se abordaron, entre otras cuestiones, las futuras fusiones que se estaban planteando en el seno de la entidad.

López Abad defendió que el objetivo era el relanzamiento de Tinser Cartera S.L., y que, ante la propuesta de Modesto Crespo de ocupar la Presidencia, "se consideró que potenciaría la Tenedora de Inversiones por su experiencia previa con las medianas y pequeñas empresas", explicó.

A Modesto Crespo se le contrató para trabajar, y en este caso "pasó a haber una gran vinculación y un enorme compromiso. Eso es lo que justifica las dietas", aunque admitió que era la primera vez que se planteaba que un presidente de la CAM cobrara unas dietas.

Los sueldos de los consejeros estaban fuera del mercado

El fiscal Anticorrupción le cuestionó por el artículo 9 de la CAM, así como por la pertinencia de que fuera la asamblea general quien tendría que aprobar la cuantía de las dietas.

López Abad aprovechó la ocasión para destacar la inoperancia de las dietas en estos momentos, a lo que añadió que "nunca en las Cajas entendimos que las cuestiones de las dietas afectasen a los consejeros fuera de los órganos de gobierno y, en este caso, Tinser es una empresa participada que no forma parte de estos órganos".

Además, añadió que la decisión se basó en las recomendaciones de dos consultoras externas que concluyeron que "los consejeros estaban fuera del mercado, que sus retribuciones no eran acorde a su responsabilidad", por lo que recomendó "la corrección en donde lo permitan los Estatutos de la CAM".

Asimismo reconoció que de todo eso se dio cuenta a la Asamblea General en los informes anuales del gobierno corporativo de la caja alicantina. El ministerio público acusa a Roberto López Abad de inductor y cooperador necesario y le pide cuatro años de prisión, lo mismo que solicita la acusación particular, y una multa de 400 euros diarios durante 10 meses.

El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, se ha declarado este lunes culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, posibilitando, así, el acuerdo al que han llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por Diego de Ramón, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM. Asimismo, el tribunal le permite no asistir a las sesiones del juicio, excepto a su declaración, por el estado de salud de su mujer, informa Europa Press.

Crespo ha aceptado su culpabilidad en la primera sesión del juicio contra 21 miembros del consejo de la entidad alicantina, que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Alicante. El resto de los 20 acusados, entre los que se encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes.

El acuerdo implica la reducción para Crespo de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos. Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas, señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado este lunes la primera sesión de cuestiones previas del juicio contra el expresidente, Modesto Crespo, y el exdirector, Roberto López Abad, de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, junto a 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.

En las cuestiones previas, la defensa de López Abad ha solicitado la suspensión del juicio ya que faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. A esta petición se ha sumado la totalidad defensas y el Fiscal Anticorrupción Felipe Briones. La sala, que ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio.

La defensa cuestiona a la plataforma

Además, por parte de la defensa se ha planteado la vulneración de derechos fundamentales al ejercicio legítimo de la defensa, ya que no se tiene toda la documentación, anulando la posibilidad de plantear otras cuestiones previas. De la misma manera, en este inicio de juicio, también se ha planteado por parte de la defensa que no consta acreditada ni legitimada la representación de la Plataforma CAM, ya que sus miembros no han sido perjudicados en este caso, por lo que no cabe el ejercicio de la acusación popular. Por último, la defensa de Antonio Gil Terrón, plantea que el Banco Sabadell no se siente perjudicado ni reclama cantidad alguna.

Frente a ello, el fiscal, Felipe Briones, ha defendido su calificación previa por los delitos de apropiación indebida y el delito societario y ha rechazado valorar la "falta de respeto" de la que se ha sentido apuntado por una de las defensas por acusarle de ser "recaudador" del Sabadell.

En cuanto las cuestiones excepcionales, el tribunal ha permitido la no asistencia a todas las sesiones del juicio a Modesto Crespo, por motivos de salud de su mujer; y también ha excusado, por su estado de salud, al miembro del Consejo de Administración de la CAM, Aniceto Benito Núñez. Ambos deberán comparecer el día que tengan que prestar declaración.

El tribunal ha dado por concluidas las sesiones por cuestiones previas y ha emplazado a los acusados y sus defensas al primer día de juicio, fijado para el 4 de junio.

Plan para burlar los estatutos de la CAM        

En este proceso se juzga si el director general de la entidad ideó un plan para burlar el artículo 9 de los Estatutos de la CAM, que establecían el carácter honorífico y gratuito de la presidencia, lo que impedía a Modesto Crespo cobrar dietas extraordinarias.

Para saltarse la prohibición, López Abad propuso el 29 de noviembre de 2009, a la Comisión de Retribuciones de la CAM, que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L, una tenedora de inversiones participada al 100% por la caja, cargo por el que iba a percibir 300.000 euros anuales.

La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración de la CAM, el 27 de noviembre de 2009. Un nombramiento "meramente formal", en una Junta que nunca se reunió físicamente y con una supuesta dedicación "inexistente".

El ministerio público acusa a López Abad de inductor y cooperador necesario y le pide la misma pena que al presidente, cuatro años de prisión, lo mismo que solicita la acusación particular y una multa de 400 euros diarios durante 10 meses.

En cuanto a los miembros de la Comisión de Retribuciones de la Entidad, al promotor y exvicepresidente de la CAM, Antonio Gil-Terrón, al expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y al exministro socialista, Martín Sevilla, que se les acusa de autores, Felipe Briones ha propuesto la rebaja de tres años a nueve meses de prisión y una multa diaria de 300 euros durante nueve meses. En este caso, la acusación particular eleva la pena del exvicepresidente a cuatro años de prisión.

En cuanto al resto de los 16 miembros del Consejo de Administración, también autores, Fiscalía también propone la rebaja de dos años a seis meses de prisión y una multa diaria de 10 euros durante tres meses (900). La acusación particular retirará la petición de penas en el caso de que haya una cooperación efectiva.

El juicio continuará el 4 junio. El 5, 6, 11 y 12, se celebrarán los interrogatorios de los acusados. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, y propone juzgar a 13 investigados, entre ellos al exdirector general de la entidad Roberto López Abad, por delitos de apropiación indebida y/o administración desleal.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

La magistrada da a partir de ahora un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras 11 personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal SL.

Estudios "muy deficientes"

El auto describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la UCO expresa en todas ellas una "serie de irregularidades comunes", tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos.

Todos estos estudios, según la juez, "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal". Además, remarca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

Lamela afirma en su auto que Roberto López y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, "consintieron" que Ferri y Baldó "dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

Deficiencias en los sistemas de control de la cúpula 

Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad".

"Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El escrito señala cómo el 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional.

Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, reseña el auto.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Abengoa, a la que el fiscal acusaba de un delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado indemnizaciones de casi 16 millones de euros cuando la empresa se encontraba al borde del concurso de acreedores. Los magistrados no sólo han librado al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega –los que cobraron–, sino también a tres miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que informaron favorablemente sobre las indemnizaciones. Para los primeros las acusaciones pedían cinco años de cárcel y cuatro para los segundos.

Según la sentencia, los contratos de Benjumea y Sánchez Ortega fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que ambos intervinieran en su redacción. Tampoco cree el tribunal que los miembros de la comisión de retribuciones actuaran “torticeramente” al informar favorablemente sobre las condiciones económicas de los dos máximos ejecutivos de la empresa de ingeniería sevillana.

Además, descarta que existiera “confabulación” alguna para beneficiar a presidente y consejero delegado con su salida de la compañía. Finalmente, la Audiencia Nacional destaca que ni siquiera la propia Abengoa les pide ninguna cantidad, pese a que “ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado”. Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la empresa en 2015; Abengoa perdió 7.626 millones de euros en 2016.

La sentencia rechaza con dureza las que considera “peticiones indemnizatorias desbordadas” de las acusaciones. Y les reprocha que pretendieran ampliar el ámbito de los perjudicados por la mala gestión de los ejecutivos de Abengoa a los accionistas y bonistas de la empresa: los primeros vieron diluida su participación en un 95% con el acuerdo de refinanciación de noviembre de 2016 y los segundos sufrieron quitas superiores al 70%. “Se ha planteado el juicio como una causa general contra la actividad empresarial desarrollada en Abengoa”, recrimina la sentencia a los acusadores.

Reproche moral, pero no delito

Pese al escándalo y la indignación que han suscitado los múltiples casos de altos directivos que recibieron cuantiosos sobresueldos o prejubilaciones mientras sus empresas se encaminaban a la ruina, sólo unos pocos ejecutivos han sido condenados y han tenido que devolver lo indebidamente cobrado. De hecho, el Tribunal Supremo ha dejado al margen de toda responsabilidad penal las “conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche moral, ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal”. Con ese argumento el Alto Tribunal archivaba en julio de 2013 las actuaciones judiciales contra la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas irregulares en una comisión de Caja Navarra que no figuraban en las cuentas de la entidad ni habían sido comunicadas al Banco de España ni a la CNMV.

Desde luego, los casos más sonados han sido los que han afectado a los máximos directivos de las cajas de ahorro. A punto de ser rescatadas con dinero público o fusionadas con otras, asfixiadas por el ladrillo tóxico y recortando sus plantillas en miles de trabajadores, muchas de ellas subían los sueldos o aprobaban bonus y prejubilaciones para los responsables de su nefasta gestión.

Una conducta que las instituciones europeas quieren extirpar de raíz aplicando una cláusula de recobro o clawback, para los directivos de bancos con pérdidas o en trámite de resolución. Establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco de España la impuso el pasado 1 de enero y el Santander acaba de activarla para reclamar 25 millones de euros a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a los consejeros delegados Pedro Larena, Francisco Gómez e Ignacio Sánchez Asiaín. A Ron le correspondió una prejubilación de 12,8 millones y a Gómez, otra de nueve millones. El banco de Ana Patricia Botín absorbió el pasado mes de junio el Popular, que perdió la mitad de su cotización bursátil y agotó su liquidez tras reformular sus cuentas en 700 millones de euros.

Sólo  pagan Caixa Penedès y Novagalicia

A la espera de lo que decidan los tribunales sobre las prejubilaciones del Banco Popular, muchos son los directivos de entidades financieras que han debido defenderlas en sede judicial. Algunos ya han tenido que pasar por caja. Los primeros fueron cuatro exejecutivos de Caixa Penedès, después integrada en Banco Mare Nostrum (BMN). Condenados a dos años de cárcel por administración desleal, se libraron de ir a prisión porque devolvieron 27 millones de euros percibidos ilegalmente como prejubilaciones.

También fueron condenados a reintegrar prejubilaciones de escándalo los directivos de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas. Se embolsaron casi 19 millones de euros. Primero se subieron los sueldos y luego cambiaron sus contratos, justo cuando la entidad se encontraba técnicamente en la quiebra y había pedido ayudas públicas para ser rescatada. Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó un total de 10.118 millones de euros, de los que da por perdidos 8.648 millones, según los cálculos del Banco de España.

El Supremo les obligó a devolver 10 millones de euros, pero como no desembolsaron ni la mitad, la Audiencia Nacional les envió a prisión el pasado mes de enero. Fernández Gayoso, de 85 años, salió de la cárcel el pasado agosto, debido a su elevada edad y a que ha terminado devolviendo la cantidad íntegra que le exigía el tribunal. Los demás continúan entre rejas, pero han obtenido permisos de salida semanales antes de conseguir el tercer grado.

Por el contrario, los 13 máximos ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –luego integrado en el Banco Sabadell– se libraron de reintegrar los 47 millones de euros embolsados en 2010 y 2011 entre prejubilaciones, rentas vitalicias, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones variables. La Audiencia Nacional las consideró legales en una sentencia del pasado octubre tras absolverles de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La operación fue similar a la de Novagalicia: los ejecutivos aprobaron mejorar sus rentas justo cuando la CAM se dirigía hacia la bancarrota. El Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre con aportaciones del resto de las entidades bancarias españolas, inyectó para el rescate de esta antigua caja un total de 11.093 millones de euros, según las últimas cuentas del Banco de España. La sentencia avala las actuaciones de la cúpula de la CAM con el argumento de que aun no siendo “siempre lógicas e incluso inteligibles”, estuvieron “amparadas por las resoluciones de la comisión de remuneraciones y el consejo de administración” de la entidad.

Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caja Segovia, pendientes

Pendiente de la decisión final de los jueces se encuentran aún los antiguos gestores de Caja Madrid. Según los cálculos que el FROB remitió a la Fiscalía, los ejecutivos de la entidad percibieron indebidamente un total de 14,8 millones de euros entre 2007 y 2010. Empezaron subiéndose el sueldo más de 26%, entre retribución fija, variable, aportaciones a planes de pensiones e indemnizaciones. También acordaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas black.

Tanto el expresidente Miguel Blesa como su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, estaban obligados a sentarse en el banquillo por los 8,57 millones de euros que cobraron en sobresueldos ilegales y por los que la Fiscalía Anticorrupción les pedía cuatro años de prisión. También les reclama su devolución. Blesa se suicidó en julio, pero el Tribunal Supremo le condenó cuatro meses después a responder con sus bienes por los 9,3 millones de euros que defraudó por el uso de las tarjetas blackblack y de los que sólo devolvió una mínima parte. Por este caso, la Audiencia Nacional condenó a los 65 implicados a devolver 12,5 millones de euros. De ellos, 2,7 millones corresponden a Rodrigo Rato, que a partir de 2010 también presidió la sucesora de Caja Madrid, Bankia.

Y Bankia, una vez intervenida y nombrado José Ignacio Goirigolzarri al frente, exigió enseguida a 72 de sus mayores ejecutivos que devolvieran los bonus cobrados en 2011. Como resultado de la revisión de sus cuentas, los 309 millones de euros de beneficios que habían servido a los directivos para cobrar sus variables se convirtieron en 2.979 millones en pérdidas. Lo mismo ocurrió con la indemnización de un millón de euros que pretendió llevarse Rodrigo Rato al salir de Bankia en mayo de 2012.

A lo largo de los próximos meses los tribunales deberán dilucidar qué ocurre con las cantidades cobradas por todos ellos en los casos de las tarjetas black de Caja Madrid –pendientes de recurso en el Supremo–, así como de la salida a Bolsa y de la falsedad de las cuentas de Bankia. La Audiencia Nacional sostiene que las irregularidades contables que precedieron a la operación bursátil permitieron también a los altos ejecutivos cobrar bonus ilegales .

La Fiscalía pide para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y su ex director general, Adolfo Todó, cuatro años de cárcel por buscar únicamente su propio beneficio aprobando unos sobresueldos y prejubilaciones “escandalosos”. El rescate de la entidad catalana costó a las arcas públicas 11.830 millones de euros inmediatamente después. El fiscal les  ha reclamado, a ellos y a otros 39 miembros del consejo de administración una fianza conjunta de 9,5 millones de euros. Todó cobraba un sueldo anual de 600.000 euros, más una retribución variable del 35% y se aseguró una prejubilación del 90% del sueldo entre los 60 y 67 años, para a partir de esa edad percibir de forma vitalicia el 80%. Serrá sumó dietas extraordinarias de hasta 135.000 euros a su retribución anual de 175.000 euros.

Esta primavera se sentarán igualmente ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia, una de las entidades que terminó formando parte de Bankia. Pese a que un juzgado de Segovia archivó en junio de 2016 la causa por apuntarse 17 millones de euros en prejubilaciones, la Audiencia Provincial la reabrió después de que el Tribunal Supremo condenara a la cúpula de Novagalicia. Como en otros casos similares, los directivos de la caja segoviana se adjudicaron 34 millones de euros –17 millones en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones– justo antes de que la entidad se integrara en Bankia.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este viernes sobreseer provisionalmente las actuaciones contra la cúpula de la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) por los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal en la causa de las operaciones realizadas por la entidad en el Caribe con el grupo hotelero Valfensal, informa Europa Press.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha aceptado así la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción de sobreseimiento por estos delitos, con lo que ahora la causa se seguirá únicamente por el delito contra la Hacienda Pública.

En esta investigación están imputados José Salvador Baldó, Juan Vicente Ferri, Jaime Escriba y Alfonso Climent, que ya han declarado en la causa. Además, la magistrada cita como investigados por delito contra la Hacienda Pública a Neus Tarres, Mar Muñoz y Rebeca Alfonso para el próximo 11 de enero a las 9.00 horas.

El escrito de Anticorrupción solicitaba el sobreseimiento por la imposibilidad de evaluar el perjuicio económico. El Ministerio Público incluso argumentaba la imposibilidad de determinar si finalmente existirá perjuicio económico.

Después de valorar los informes periciales emitidos así como la documental aportada, Lamela coincide con el fiscal en que no existió "un perjuicio para la CAM, y por consiguiente para el Fondo de Garantía de Depósitos —responsable de la querella por la que se les imputó—, procedente del impago efectivo de los créditos o de una disminución sobre el valor del 30% que TIP ostentaba en Valfensal, sino, y únicamente, para el fondo de una previsión de resultados negativos que llevó a la dotación de la provisión correspondiente y que finalmente no llegó a producirse".

Por ello, explica la magistrada, "se comparte el criterio del Ministerio Fiscal en el sentido de estimar que la acción que por los hechos que se investigan en el presente procedimiento se imputa a los querellados no ha ocasionado finalmente perjuicio alguno a la entidad CAM".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van de los dos años y nueve meses y los cuatro años de cárcel a cuatro exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos los los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por falsear presuntamente las cuentas relativas a los ejercicios 2010 y 2011.

La sentencia de la Audiencia Nacional los condena por los delitos societarios de falsedad contable y falsedad en la información a los inversores por contribuir estos directivos a "vulnerar el principio de imagen fiel de la CAM en momentos de grave crisis económica y financiera".

El fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha elevado a definitivas este lunes su petición de penas de cárcel que alcanzan hasta los siete años y medio para los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se sientan en el banquillo de los acusados por falsear las cuentas de los ejercicios 2010 y primer trimestre de 2011 de manera "intencionada", según informa Europa Press.

En esta nueva sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional dedicada a las conclusiones finales, el fiscal del caso ha insistido en que las cuentas no reflejaban la imagen real de la caja alicantina y que la excúpula reconoció beneficios en los estados financieros de esos ejercicios a través de dos mecanismos: la incorrecta calificación de provisiones y el mecanismo de las titulizaciones.

"Se ha hecho trampas, ustedes han engañado", ha dicho el fiscal Anticorrupción a los acusados a quienes les han recordado que aunque sus acciones no fueron causa de la quiebra de la CAM, no se trató de un error sino de una actuación intencionada.

Por ello les imputa delitos de falsedad contable en los estados de 2010 y 2011 y estafa continuada y pide que indemnicen de forma solidaria al Banco Sabadell con 20 millones de euros y a los afectados por la compra de cuotas participativascuotas participativas entre marzo y julio de 2011, muchos de ellos personados como acusación en el juicio.

El Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel para el exdirector general de la entidad Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez y de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

Para los exdirectores de Financiación y de Información Financiera Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, respectivamente, solicita 1,2 años de cárcel y para Vicente Soriano (Recursos) diez meses. Exculpa al expresidente de la caja Modesto Crespo que se sientan en el banquillo a petición de las acusaciones.

Rodríguez Sol ha insistido en que como consecuencia de una incorrecta rehabilitación de créditos fallidos y dudosos a normales, los acusados presentaron en 2011 unos resultados que arrojaban beneficios de 65 millones de euros cuando en realidad existían unas pérdidas después de impuestos de 1.136 millones de euros. A esta conclusión llegaron los administradores provisionales nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención del Banco de España en julio de 2011.

Culpables y cómplices

De López Abad ha dicho que, como principal administrador, dio las instrucciones para elaborar los presupuestos "sentando las bases" de lo que pasó en 2011. En concreto se ha referido a un correo electrónico enviado en noviembre de 2010 por el entonces director general en el que instaba a los principales ejecutivos a sacar 300 millones de euros de ganancias de cara al cierre del ejercicio.

El objetivo era facilitar la creación del Sistema de Protección Institucional (SIP) integrado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria que diera luz verde al Banco Base, proyecto que finalmente no vio la luz al retirarse el resto de cajas del proyecto ante las dudas de solvencia de la CAM, que acabó vendiéndose al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro. Por ello ha considerado al resto de acusados "cómplices" de los hechos que comenzaron a juzgarse el pasado 29 de mayo.

Respecto al papel del supervisor, el representante del Ministerio Fiscal ha dicho que los informes del Banco de España ya reflejaron que la situación de la caja alicantina era "crítica" ante la falta de liquidez y ha respaldado la versión otorgada por los peritos judiciales del mismo que declararon durante el juicio en calidad de testigos.

"No es lo mismo que el beneficio salga porque se han aplicado correctamente las normas contables que porque se han hecho trampas. Lo que no se puede hacer nunca es trampas y una vez hechas explicar que hubiéramos ganado igual. Ustedes han engañado", ha espetado el fiscal en referencia a la versión de los acusados que insistieron en su declaración en calidad de investigados que el Banco de España les permitió ajustar contra reservas las plusvalías de la cuentas de 2010.

Imagen falsa al inversor

También se ha referido al mecanismo de las titulizaciones como herramienta empleada por la excúpula para maquillar las cuentas y presentar un resultado presupuestado en 2010 superior a los 200 millones de euros. Con esta incorrecta contabilización de préstamos hipotecarios aparentaron una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo.

En relación a la cuotas participativas Rodríguez Sol ha recordado que se ofreció una imagen falsa al inversor y que se le provocó un perjuicio con la emisión de este producto financiero cuyo valor quedó reducido a cero una vez vendida la caja alicantina al Banco Sabadell.

Igualmente ha insistido ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que los acusados cobraron indebidamente beneficios de la entidad quebrada en calidad de planes de pensiones, incentivos o prejubilaciones y que costaron a la caja un desembolso indebido superior a los 20 millones de euros. Al respecto ha defendido que la aseguradora Caser es la responsable real "casi sin ningún género de dudas" por la póliza de responsabilidad civil de los exaltos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

La sección tercera de la Audiencia de Alicante ha confirmado el procesamiento del expresidente de la CAM Modesto Crespo, el ex director general Roberto López Abad y el resto de la entonces cúpula de la Caja Mediterráneo por el caso de las dietas y ha rechazado los 15 recursos presentados contra la decisión del juzgado de Instrucción número 5 que así lo acordó. La sala considera que los hechos investigados, tal y como estimó el instructor, pueden ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Así lo señala en un auto, de fecha 15 de junio, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y contra el que ya no cabe recurso alguno. En este caso, se ha investigado el presunto cobro de dietas por parte de Crespo, al ser designado presidente de Tinser, una sociedad participada 100% por la CAM. El nombramiento de Crespo al frente del consejo de administración de Tinser y el pago de cantidades, pese a lo dispuesto en los Estatutos de la CAM, se acordó en un consejo de administración que lo aprobó por unanimidad en noviembre de 2009.

La Audiencia, aunque precisa que no es el momento de realizar una valoración "exhaustiva" sobre la relevancia jurídica de los hechos y su calificación jurídica, indica que el Consejo de la CAM adoptó un acuerdo que tuvo unas consecuencias económicas y que se adoptó "con apariencia de corrección formal", aunque bajo esa apariencia, de acuerdo con los autos del instructor, "se ocultaba un intento de burlar el mandato de gratuidad del cargo de presidente de la CAM".

Además, subraya que no puede obviarse que Tinser "era parte de la CAM" y estaba participada al cien por cien por la entidad y que, pese a las alegaciones de algunos investigados de que la retribución de Crespo no se trató en al reunión de 27 de noviembre de 2009, existen indicios para sostener lo contrario.

Así, la sala indica que, con las cautelas propias de la fase procesal, los hechos investigados pueden constituir los ilícitos penales de apropiación indebida y administración desleal, aunque la calificación corresponde a las acusaciones. Sobre las alegaciones de Crespo de que su retribución no vulnera ninguna disposición legal ni estatutaria en Tinser y que fue acordada por los órganos sociales, señala que estas cuestiones deberán ser valoradas en el juicio.

En el escrito, la sala señala que al ser una resolución de transformación del procedimiento abreviado, no precisa formular imputaciones tácticas concretas sino que el instructor valora que existen indicios para continuar la tramitación del procedimiento y ordena dar traslado a las partes acusadoras para que formulen sus acusaciones o pidan el archivo y la práctica de diligencias.

En ese auto del instructor, según la sala, se detallan las personas a quienes se atribuyen los hechos punibles, se hace una determinación de todos ellos y se refleja una relación de las diligencias practicadas de las que se desprenden esos indicios. Además, en la contestación del juez que investigó la causa a los recursos de reforma, se concreta la vinculación de los investigados con los hechos: eran los miembros del consejo de administración que aprobó por unanimidad en 2009 las dietas al presidente. Con todo ello, considera la sala que se colman las exigencias de orden formal y de motivación del auto recurrido.

El pasado mes de febrero la Audiencia ya confirmó la apertura de juicio oral contra 21 exdirectivos de la CAM en este caso, al rechazar cuatro recursos de los investigados contra el auto del instructor de junio del pasado año, por el que se acordó llevar a juicio a los procesados. En este caso, la sala consideró que la resolución por la que un juez instructor inicia esta fase del procedimiento no es recurrible.

Un mes antes de esa primera resolución, Fiscalía había presentado su calificación provisional en la que solicita cuatro años de prisión para el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, y la misma pena para el que fuera director general de la entidad, Roberto López Abad, por urdir un plan para poner un sueldo al presidente de la entidad, a pesar de que era un cargo "honorífico y gratuito".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba el pasado mes de abril que el Banco Popular era “solvente”, porque así se lo había comunicado el Banco de España. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, insistía dos días después en que también el Banco Central Europeo (BCE) había informado al Gobierno de que el Popular, intervenido este miércoles por las autoridades europeas ante una quiebra inminente, “no presentaba problemas de solvencia”. De hecho, el Banco de España sólo reconocía su preocupación sotto voce, mientras susurraba a la prensa que el único problema del Popular era de “gobierno corporativo, con un accionariado muy representado dentro del consejo” y decía apoyar el proyecto nonato de banco malo diseñado por el expresidente de la entidad Ángel Ron para liquidar el exceso de ladrillo tóxico que envenenaba sus balances.

Además, el banco recién comprado por el Santanderaprobó todos los tests de estrés a que le sometió desde 2011 la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) menos uno.

“Los supervisores no estuvieron atentos o no se atrevieron a tomar medidas drásticas en el momento adecuado”, razona el analista Juan Ignacio Crespo. “Está claro”, añade, “que no tomaron medidas a tiempo, tranquilizados por los trankimazines de las sucesivas ampliaciones de capital trankimazinesque iba completando el Popular”. El banco que desde febrero gobernaba Emilio Saracho lanzó cuatro ampliaciones de capital en cuatro años, la primera después de suspender las pruebas de esfuerzo europeas en 2012. La última, hace sólo un año, sirvió para mejorar el aprobado por los pelos obtenido por el Popular en los tests de la EBA del verano pasado, cuando quedó el quinto peor de los 51 bancos puestos a prueba. Las ampliaciones de capital debían ayudar a tapar un agujero que, por el contrario, no hizo más que aumentar hasta los 8.200 millones de euros que ha calculado la Junta Única de Resolución (JUR) antes de liquidar la entidad.

También el profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo cree que al Popular los organismos supervisores “le han dado más cancha” que la concedida a las cajas de ahorro. “Si esto mismo le hubiera ocurrido a una caja, habrían intervenido hace mucho tiempo”, apunta. Con un banco no se podía argumentar que “la gobernanza era mala porque la llevaban los políticos”, como se hizo con las cajas de ahorro, lo que, a juicio del economista, ha dejado al Popular “en una situación no deseable, que ha terminado desbordándose: cuando los depositantes pierden la confianza, ya no se puede parar”.

Juan Ignacio Crespo echa de menos que no se tomaran medidas para reducir el riesgo, sobre todo en lo que se refiere a los activos tóxicos inmobiliarios. El analista ve en el Popular una “vida gemela” a la de Caja Duero. Ambas entidades llegaron tarde al boom inmobiliario, en 2005, y “fueron corriendo detrás de precios y promociones”, recuerda. Cuando la burbuja pinchó, en 2008, la caída empujó a Caja Duero primero a una fusión con Caja España, después a su conversión en banco y finalmente a ser comprada por Unicaja.

Múltiples señales de que algo iba mal 

El Popular, en cambio, caminaba solo pese a las señales claras de que algo iba mal. García Montalvo destaca el nivel de provisiones, que no superaba el 35% frente al más de 50% de media que poseía el resto de la banca. Además, el profesor de la Pompeu Fabra reprocha al Banco de España que se haya comportado como en ocasiones anteriores, considerando cada problema como una “crisis pasajera”, una estrategia que considera “un error garrafal desde el principio” y que no se ha seguido “ni en Estados ni en ningún otro país”.

Desde luego, rechaza que el Banco Popular tuviera un problema de gobierno corporativo. “No conozco muchos casos en que un consejo de administración haya despedido a su presidente”, contrapone José García Montalvo en referencia a la salida de Ángel Ron de la entidad el pasado diciembre. Fueron los consejeros independientes quienes permitieron a la presidenta del comité de nombramientos iniciar el despido, explica el profesor de la Pompeu Fabra. “Parece que la gobernanza no funcionaba tan mal”.

Más signos de alarma: el pasado abril una auditoría de sus cuentas llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers desveló un agujero de 633 millones de euros. Aunque entonces el banco aseguró a la CNMV que el desfase no le obligaba a reformular las cuentas –con unas pérdidas de 3.485 millones en 2016 y 137 millones más en el primer trimestre de este año–, el anuncio coincidió en el tiempo con la dimisión de su consejero delegado y número dosnúmero dos, Pedro Larena, sólo siete meses después de haber accedido al cargo.

Al tiempo, Standard & Poor’s alertaba de que la situación de capital del que fue considerado durante años “el banco más rentable del mundo”, era “débil” y “limitada su capacidad para generarlo de forma orgánica”.

El millonario fichaje de Emilio Saracho, procedente de JP Morgan, tampoco ha dado el resultado que se esperaba. Buscaba una nueva ampliación de capital, imposible según iba desplomándose el valor de la acción en las bolsas. García Montalvo considera que, en realidad, Saracho tenía poco margen de maniobra cuando fue nombrado el pasado 20 de febrero: “Quizá estaba mal informado o pensaba que iba a tener más capacidad para convencer a posibles inversores”. Los bajistas, que apuestan por la caída de la acción, llegaron a hacerse con el 12% del capital mientras se sucedían los rumores sobre la salida de depósitos. Las noticias sobre el interés de Bankia, BBVA o Santander no fructificaban. En sólo cuatro días, el Popular perdió la mitad de su valor en bolsa, un 65% en el último año. Tras la intervención europea, la CNMV ha asegurado que prestó “la máxima atención” al Popular durante los últimos meses, y seguido “estrechamente la evolución de la cotización” del banco en cada momento. Pero en ningún momento llegó a suspenderla. Hay que recordar que, tras la venta al Santander, los 300.000 accionistas del Popular han perdido todo su dinero. También los poseedores de deuda híbrida y subordinada. Los CoCos (obligaciones convertidas en acciones) valen cero.

Las tests de estrés no sirven para detectar problemas

El Banco Popular desaparece menos de un año después de aprobar los tests de estrés de la Autoridad Bancaria Europea. Pero tanto García Montalvo como Juan Ignacio Crespo coinciden en que estas pruebas sólo detectan “los casos extremos”, los evidentes, como el del italiano Monte dei Paschi, recién rescatado. “Los tests se hicieron por primera vez en 2009 en Estados Unidos y su objetivo era estabilizar el sector bancario, dando confianza a los inversores, independientemente de cómo esté cada entidad”, explica el profesor de la Pompeu Fabra. Para Juan Ignacio Crespo, las pruebas de esfuerzo bancarias no son más que “quitamiedos”.

Ahora el Santander tendrá que digerir los 38.000 millones de activos tóxicos del ladrillo que han acabado por matar al Popular. “Si algún banco puede hacerlo es el banco de Ana Patricia Botín, es el que tiene mayor capacidad de gestión y mayor capacidad para conseguir esos 7.000 millones de euros previstos en la ampliación de capital”, aventura García Montalvo. “Si no descubre pérdidas adicionales”, añade Juan Ignacio Crespo, “será una buena operación para el Santander”. A juicio de este analista, no cabía otra solución: “El Gobierno tiene que estar aplaudiendo: el Santander se hace cargo, quitándole un problema sin coste para el contribuyente y planteando un provisionamiento de hasta el 70%, una cifra tremenda”.

García Montalvo, por su parte, apunta que los accionistas del Popular no son los únicos que han perdido sus inversiones durante la crisis. Ya les ocurrió, indica, a los del Banco de Valencia y a los poseedores de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –que también fue vendida por un euro, al Banco Sabadell–. También los accionistas del BBVA o del Santander, continúa, han perdido el 50% o 60% de sus inversiones desde el comienzo de la crisis: “Esta fiesta la han pagado muchos, no sólo el sector público, sino también inversores”.

Miguel López, yerno de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, ha abandonado la cárcel de Foncalent este lunes a las 18.57 horas en el coche de su abogado y sin hacer declaraciones tras pagar la fianza de 150.000 euros que había impuesto el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante que investiga los hechos, informa Europa Press.

López estaba en prisión provisional desde el 10 de febrero como presunto autor de los dos disparos que causaron la muerte de su suegra el pasado 9 de diciembre en el concesionario de la familia que gestionaba.

El juez ha aceptado así las alegaciones presentadas el viernes por la defensa de López y, aunque en el auto dictado este mismo lunes considera que se mantienen los indicios en contra del detenido, entiende que de acuerdo con un "criterio de proporcionalidad" de las medidas limitativas del derecho fundamental a la libertad personal, es posible modificar la prisión provisional acordada sobre él y sustituirla por el abono de una fianza "suficiente" y la adopción de medidas cautelares de carácter personal alternativas.

Quien sí ha atendido a los medios ha sido el abogado de Miguel López, José Antonio García, que ha llegado a la prisión a las 18.13 horas para recogerle. Se ha felicitado de la puesta en libertad de su defendido y ha señalado que con su salida "se abre una posibilidad muy grande de defensa". Además, ha comentado que van a trabajar "para demostrar lo que realmente ocurrió".

Sobre su defendido ha manifestado que tiene "los nervios a flor de piel", que está emocionado y que no era el momento de hacer declaraciones. No obstante, ha abierto la puerta a hacerlo "más adelante".

La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a los antiguos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la salida a bolsa de Bankia ha activado de inmediato la investigación de las responsabilidades políticas, paralizada, cuando no paralizada, tanto en el Congreso de los Diputados como en algunos parlamentos autonómicos.

El Pleno del Congreso debatirá el miércoles de la semana que viene la solicitud de Unidos Podemos y Compromís de crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, incluida Bankia. La petición se suma a las iniciativas en la misma dirección presentadas por Ciudadanos –inadmitida el pasado 31 de enero–, ERC, Compromís –el pasado martes– y el PSOE, que acaba de registrar la suya sobre la salida a bolsa de Bankia. Aunque todavía falta por decidir hasta dónde llegará la investigación –sólo Bankia o el rescate financiero al completo–, el PP ya ha anunciado que no se opone a crear la comisión y el resto de los grupos han expresado su pleno apoyo. El Congreso, por tanto, investigará lo ocurrido en las cajas de ahorro desde el estallido de la crisis financiera, su posterior nacionalización y las irregularidades y fraudes descubiertos.

Así se pone fin al bloqueo que han sufrido todas y cada una de las iniciativas que sobre el asunto se presentaron en el Congreso desde 2012. La que presentó Joan Baldoví, de Compromís, para crear una comisión no permanente sobre Bankia ni siquiera fue admitida. Las dos del PSOE para investigar el rescate financiero fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Otra de la Izquierda Plural –IU, ICV y CHA– junto a PNV y el Grupo Mixto fue bloqueada por el PP en la Junta de Portavoces y terminó caducando.

En diciembre de 2013 los socialistas volvieron a intentarlo. En la Diputación Permanente –se discutió en enero de 2014, periodo de vacaciones en el Congreso–, consiguieron el apoyo de IU y UPyD, pero ni el PNV ni CiU los secundaron. Entonces prefirieron esperar a que se dilucidaran primero las responsabilidades judiciales. Los populares, por su parte, rechazaron la comisión asegurando que las decisiones en Caja Madrid las habían tomado por unanimidad representantes de los partidos políticos que ahora exigían una investigación.

En octubre de 2014 Izquierda Plural registró una nueva iniciativa junto al Grupo Mixto para investigar los fraudes y casos de corrupción cometidos en las cajas de ahorro. Tampoco pasó de la Junta de Portavoces.

Ni en la Asamblea de Madrid ni en las Cortes manchegas

La fusión de cajas que dio lugar a Bankia, su rescate, las tarjetas black y la salida a bolsa llegaron también a la Asamblea de Madrid. UPyD pidió que se creara una comisión de investigación en mayo de 2012. Contó con el respaldo del PSOE e IU, pero el PP rechazó la solicitud con el argumento de que Bankia es una entidad financiera de ámbito estatal, no madrileño –como si lo era Caja Madrid, su precursora– y, por tanto, la Asamblea carecía de competencias para investigarla.

En parecidos términos fundamentó el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, su negativa a crear un comisión sobre el rescate a Caja Castilla La Mancha (CCM), que costó 7.300 millones de euros. “Es al Banco de España al que le compete investigar”, aseguró en julio de 2010 en las Cortes manchegas. En este caso fue el PSOE el partido que se negaba a dirimir las responsabilidades políticas de la nefasta gestión de las cajas. Lo hizo “hasta ocho veces”, según repetía María Dolores de Cospedal, entonces en la oposición pero luego presidenta de la comunidad autónoma. Tras prometer una comisión durante la campaña electoral e incluso repetir su “compromiso” nada más llegar al poder, tampoco permitió, sin embargo, que las Cortes investigaran qué había pasado en CCM para terminar siendo intervenida por el Estado. En febrero de 2016, su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por manipular las cuentas de la entidad financiera.

Galicia, Cataluña y Valencia sí investigaron

Por el contrario, el PP sí accedió a crear comisiones de investigación en otras comunidades autónomas. El Parlamento gallego abrió la suya en 2012 sobre la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que dio lugar a Novacaixagalicia, finalmente nacionalizada. Tras vendérsela al venezolano Banesco, que la ha convertido en Abanca, el Estado ha dado por perdidos en su rescate 8.532 millones de euros. La convocatoria anticipada de elecciones en octubre de 2012 cerró la actividad de la comisión en falso. Hasta el pasado mes de enero. El ingreso en prisión de la cúpula de Novacaixagalicia, con Julio Fernández Gayoso al frente, fue la espoleta que resucitó la comisión parlamentaria.

El PP ya ha anunciado que admitirá nueva documentación, pero no nuevas comparecencias, justo lo que le pide el resto de los partidos. El BNG ha solicitado que acuda a dar explicaciones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entusiasta defensor de la fusión y de la venta a Banesco. También quiere que se investigue la indemnización de 18 millones de euros que se llevó el histórico exdirector de Caixa Galicia José Luis Méndez. Aunque fue denunciado al igual que el resto de los directivos de las cajas gallegas, se libró de la imputación al jubilarse justo antes de que se fusionaran.

Los populares gallegos, por su parte, quieren “cerrar” la comisión cuanto antes. “De una manera rápida, pero sin ansiedad, hay que hacer el informe que cierre esta cuestión”, ha declarado el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. A su juicio, “no es bueno andar siempre revisando, la cuestión está suficientemente clara”. Como en otras cajas, también en este caso el Gobierno autonómico implicado responsabiliza al Banco de España de las libertades que la cúpula de Novacaixagalicia se tomaron con sus retribuciones.

Las Cortes valencianas abrieron igualmente una comisión para investigar las irregularidades en sus cajas. En octubre de 2011 aprobaron la petición de Esquerra Unida de poner bajo la lupa la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que el Estado inyectó 11.064 millones. El PP apoyó la iniciativa, no sin antes achacar la responsabilidad de lo ocurrido al Banco de España. “La CAM es lo peor de lo peor”, declaró Miguel Ángel Fernández Ordóñez en septiembre de 2011.

Un dictamen a la Fiscalía

El Parlamento catalán comenzó a investigar la gestión de las cajas de ahorro en 2013, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendiera la primera subasta de CatalunyaCaixaCatalunyaCaixa, que quedó desierta. El Estado la recapitalizó con 12.676 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Casi un centenar de comparecencias, entre ellas las de los expresidentes de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó. Ambos están siendo juzgados en la Audiencia de Barcelona por administración desleal: se subieron los sueldos cuando la situación financiera de la caja era crítica y habían despedido a 1.600 trabajadores.

En junio de 2014 el Parlament emitió su dictamen, que trasladó a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Catalana del Consumo –por la responsabilidad de las cajas catalanas en la venta de preferentes y subordinadas– para que incorporaran su documentación y comparecencias a los procesos judiciales abiertos sobre las entidades financieras bajo sospecha.

Finalmente, en Castilla y León Podemos acaba de pedir en las Cortes que se indague en la fusión de Caja España con Caja Duero y su posterior integración en Unicaja, la entidad malagueña.

El yerno de la viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM), María del Carmen Martínez, detenido el pasado miércoles por su presunta implicación en el asesinato de su suegra, ha llegado este viernes a los juzgados de Benalúa (Alicante) minutos después de las 8.30 horas para prestar declaración, ha informado Europa Press.

La Policía le ha trasladado desde la Comisaría provincial, de la que ha salido sobre las 8.20 horas de esta mañana, donde permanecía desde que fue detenido. El arrestado ha llegado a los juzgados para prestar declaración a lo largo de la mañana de este viernes ante el titular del juzgado de Instrucción número 7 encargado del caso.

María del Carmen Martínez recibió dos disparos la tarde del pasado 9 de diciembre en las instalaciones del concesionario que gestionaba su yerno, que fue detenido el miércoles por su presunta implicación en los hechos.

La Audiencia Nacional comenzará a juzgar el próximo 17 de enero de 2017 a los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós y a otras seis personas por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra.

Así lo ha señalado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia en un auto que se ha dado a conocer este miércoles. El juicio contra estas ocho personas comenzará el próximo 17 de enero a las 10.00 horas y continuará hasta el dos de marzo del mismo año.

En concreto, se ha previsto sesiones para los días 17,18,19 y 20 de enero; 6,7,8,9, 13,14,15,16,27 y 28 de febrero; y 1 y 2 de marzo de 2017. Se juzgará, además al ex director de Planificación y Control, Teófilo Segrob Pomares, exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez García, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el de Financiación Juan Luis Sabater Navarro, el de Información Financiera Salvador Ochoa Pérez y el expresidente Modesto Crespo Martínez.

Se les acusa de los delitos de estafa de inversores, estafa agravada, societario en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Los ocho acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años de cárcel.

Además, en este juicio estarán como responsables civiles subsidiarios la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y el Banco Sabadell y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.

Declararán cinco inspectores del Banco de España

En dicho auto, los magistrados Ángela Murillo (presidenta del tribunal), Teresa Palacios y Juan Francisco Martel (ponente) han aceptado algunas de las pruebas solicitadas por las partes. Entre estas admisiones, el tribunal cree que se debe tomar declaración, en calidad de testigos o de peritos, a cinco inspectores del Banco de España, tal y como ha solicitado la Fiscalía y por las acusaciones particulares.

La juez de instrucción Carmen Lamela dictó la apertura de juicio oral el pasado mes de abril contra estos ocho acusados, siguiendo el criterio de su antecesor, Javier Gómez Bermúdez, de que los exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".

Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial" del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.

La magistrada sentó en el banquillo a Crespo, Amorós, Soriano Terol y Sogorb por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

En cuando a López Abad, Lamela le acusa de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Además, acusa a Martínez García, Sabater y Ochoa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.

Petición de penas

La Fiscalía pide que López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez sean condenados a penas de siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 180.000 euros cada uno de ellos.

Reclama sendas penas de un año y dos meses de prisión y multas de 9.000 euros para Sabater y Ochoa; mientras que solicita imponer a Soriano la pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros. Para todos ellos, pide la inhabilitación especial para ser elegidos en unas elecciones y para ejercer la actividad bancaria durante el tiempo de sus condenas.

Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama, nueve años para Crespo, Amorós, y Sogorb y tres años para López Abad y Martínez García. Pide para todos ellos la imposición de una multa de 144.000 euros. En el caso de Sabater, pide dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros.

La acusación popular ejercida por el abogado murciano Diego de Ramón reclama, por su parte, 16 años de cárcel para los ocho. Otra acusación que representa a un particular, solicita 17 años de cárcel para todos.

La entidad fue intervenida en 2011

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell –que se la adjudicó por un euro– comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

El Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob), el organismo del Estado responsable de la recapitalización de las cajas de ahorros, persigue en estos momentos a los responsables de 24 pelotazos cometidos en el seno de las entidades restacadas, según desveló esta semana el presidente de este organismo público, Jaime Ponce, en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, en la que especificó que el organismo que preside ha denunciado 47 actuaciones sospechosas que han supuesto "un perjuicio económico" de 3.587 millones.

Jaime Ponce cuantificó las ayudas concedidas por la Administración pública al sector financiero español: 58.996 millones, entre las ayudas directas aportadas para la recapitalización y las garantías otorgadas en varios procesos. En cualquier caso, hasta ahora sólo se han recuperado 4.837 millones, un 8% del total. El Tribunal de Cuentas casi dobla aquella cifra y asegura que han sido necesarios 107.914 millones de euros.

Desde que se constituyó el Fondo, en mayo de 2013, este organismo dependiente del Ministerio de Economía y del Banco de España ha revisado 90 operaciones dudosas de las entidades en las que ha ido asumiendo la propiedad, aunque después haya vendido sus participaciones, como por ejemplo es el caso del Banco de Valencia, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Catalunya Banc.

Casi la mitad de estas denuncias se encuentran en manos de los tribunales por actividades de las entidades financieras relacionadas "con el tráfico inmobiliario y las prácticas retributivas", según especificó Jaime Ponce a los parlamentarios.

1.503 millones de impacto

En marzo, el Frob envió una decena de operaciones a la justicia, con un impacto patrimonial de 1.503 millones, esto es, un 40% de todo el perjuicio calculado de las nacionalizadas.

Asimismo, el Fondo se ha personado en 24 causas penales de las que 20 se han iniciado por denuncia de este organismo, según aclaró Ponce, bien ante la Fiscalía o mediante las propias entidades durante el periodo que fueron administradas por el Estado. Sin embargo, una portavoz del organismo no ha querido especificar en qué causas concretas está personado. infoLibre hace un recuento de estos casos:

operaciones vinculadas con el Banco de Valencia

El exfiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas llegó a asegurar a infoLibre que el caso Banco de Valencia, compuesto por una pieza principal y una decena de piezas separadas "está dando un trabajo infernal". Lo dijo tras reconocer que ha tenido que asignar a tres fiscales al caso y sus ramificaciones.

La investigación se inició después de que el Frob, una de las entidades que ha tenido que suministrar una parte de los 17.000 millones necesarios para evitar su quiebra, denunciara ocho actuaciones presuntamente ilegales. El fondo estatal de rescate señaló como principal responsable al exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que figura en las ocho querellas como presunto autor de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. 

Precisamente, el juez Santiago Pedraz ha acordado el archivo de dos de estas piezas separadas del caso Banco de Valencia. La última de ellas contra Parra y el exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias de la entidad Alfonso Monferrer y el empresario Bartolomé Cursach por la presunta comisión de apropiación indebida en la concesión de préstamos a dos empresas del grupo.

Novacaixagalicia Banco

La Audiencia Nacional condenó el 22 de octubre a Julio Fernández Gayoso como excopresidente de Novacaixagalicia, así como a su exdirector general José Luis Pego y al antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, en una causa en la que el Frob ejerció la acusación popular.

La Audiencia les condenó a dos años de cárcel por delitos de administración desleal y de apropiación indebida por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascendieron a 14 millones. Sin embargo, ninguno ha ingresado en prisión.

Asimismo, el Frob envió a la Fiscalía nueve operaciones correspondientes a NCG Banco, que podrían suponer un daño estimado de 810 millones. Entre ellas está un crédito de 60 millones que otorgó Caixanova a la inmobiliaria Rivas ACI para la compra de una parcela de 40.000 metros cuadrados en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid.

Según el diario económico Expansión, en las denuncias también se incluye la conexión entre Caixa Galicia y la inmobiliaria Astroc, cuyos hechos presuntamente delictivos dejaron un agujero de 300 millones de euros en las cuentas de NCG Banco.

Catalunya Banc

El Frob remitió a la Fiscalía General del Estado 16 operaciones financieras presuntamente delictivas correspondientes a Catalunya Banc (Catalunya Caixa), con un perjuicio estimado de 900 millones, así como un expediente relativo a una cartera de préstamos hipotecarios minoristas concedido por esta entidad.

Además, el Fondo envió a la Fiscalía un expediente relativo a la extinción de contratos de alta dirección correspondientes al periodo 2008- 2009. En aquella época la entidad estaba presidida por el exvicepresidente socialista Narcís SerraNarcís Serra y dirigida por Adolf Todó.

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona acabó denunciando a Serra, Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia".

Bankia y Caja Madrid

Por lo que respecta a las operaciones relacionadas con retribuciones de los administradores, el Frob denunció ante los fiscales dos expedientes relativos al grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, o a las cajas que lo formaron. En ambos casos está personado el Frob.

El primero de estos expedientes es el de las tarjetas blackblack, tal y como lo denominó el propio teniente fiscal Alejandro Luzón, que está juzgándose ahora mismo en la Audiencia Nacional con 65 procesados, entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. El fiscal Luzón les acusa de haberse beneficiado de forma irregular de 12 millones de euros.

El segundo caso denunciado por el Frob sobre Bankia y Caja Madrid ante la Fiscalía está relacionado con sobresueldos e indemnizaciones por parte de directivos de Caja Madrid en el período 2007-2010. Tanto Blesa como su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, declararon por este asunto como investigados ante la jueza de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto. El perjuicio provocado presuntamente por estos sobresueldos, según el Fondo, fue de 14,8 millones.

El organismo presidido por Jaime Ponce también está personado en la pieza principal del caso Bankia,caso Bankia, en la que se juzga a Rodrigo Rato y otros directivos por las irregularidades cometidas en la fusión y posterior salida a bolsa. El agujero de Bankia es, según el Tribunal de Cuentas, de 22.400 millones.

Caja de Ahorros del Mediterráneo 

Los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) solicitaron tras el rescate bancario a la Audiencia Nacional personarse como acusación particular en la causa que investiga a la anterior cúpula directiva de la entidad financiera. El juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional instruye una causa contra la anterior cúpula por estafa, delito societario y falsedad documental.

El agujero dejado por la CAM, según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas, es el mayor de todos, superando incluso al de Bankia. La CAM ha necesitado 24.000 millones de euros por 22.400 la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri. En estos momentos la entidad de origen valenciano y murciano forma marte del grupo Sabadell.

Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès

En julio del año pasado el Frob remitió a la Fiscalía General del Estado otras cinco operaciones relacionadas con Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedés, con un daño conjunto para el Estado cifrado en 175 millones de euros. Hasta el momento, ninguna de estas denuncias se ha convertido en una querella interpuesta en los juzgados.

El Banco Mare Nostrum (BMN) que conformaron junto a la entidad granadina, las también desaparecidas Caja Murcia, Sa Nostra y Caixa Penedés precisó un total de 1.645 millones de fondos públicos para evitar su quiebra.