Al Govern se le acumulan los deberes para un final de curso minado de negociaciones y huelgas. El profesorado ha realizado un paro general en toda Cataluña y ha provocado el corte de varias carreteras. Se trata de la primera jornada de unas movilizaciones que se alargarán hasta comienzos de junio, si el Ejecutivo de Salvador Illa no lo impide con la aprobación de los presupuestos de este año, que previsiblemente anunciará con ERC la próxima semana (pasadas las elecciones andaluzas), después de meses encallados y al borde de fechas críticas.

Las nuevas finanzas prevén una inversión de 8.356 millones de euros en Educación, lo que representa un incremento del 24,4% respecto a 2023, pero apenas un 2,65% del PIB catalán, muy lejos del 6% que reclaman los sindicatos en una Iniciativa Legislativa Popular que se discute en el Parlament desde el mes de mayo pasado. "Quieren darnos 50 euros por noche de campamento, es decir, tres euros la hora. Y con eso se creen que es suficiente. Queremos que nos bajen el ratio por clase y reconozcan nuestro trabajo", pide una de las portavoces de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Cati Morros, en la multitudinaria manifestación de Barcelona. "Països Catalans, en peu de guerra per la pública!" ["¡Los Países Catalanes, en pie de guerra por la pública!"], se lee en su pancarta. 

De momento, tampoco ha aplacado las protestas la improvisada reunión con sindicatos que ha convocado la consellera d'Educació, Esther Niubó, para el jueves. "Llega tarde y sin propuestas concretas", se queja la maestra de música, al igual que el sindicato mayoritario, la USTEC, que se desvinculó en marzo del acuerdo de la conselleria con UGT y CCOO. El Govern confía ahora en que la inminente aprobación de los presupuestos, con aumentos salariales y mejoras en infraestructura escolar, sirva para desactivar las huelgas.

"Los límites al presupuesto en Educación tienen un problema de base: el sistema de financiación Estado-Cataluña. Los mismos límites que tiene ERC a la hora de conseguir algo más de dinero para rascar alguna concesión", asegura a infoLibre el politólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Marc Guinjoan, sobre las borrascosas negociaciones del PSC para lograr el apoyo de ERC a las cuentas de este año. Las cifras irán acompañadas de tres pactos políticos: la sociedad mercantil para asegurar las inversiones del Estado en infraestructura; la línea de tren orbital para conectar el cinturón periférico sin pasar por Barcelona; y el traspaso a la Generalitat de una competencia estatal, aún por definir, pero que podría ser un órgano bilateral para que la Generalitat participe en la gestión de los aeropuertos catalanes.

Aunque, de momento, todo es papel mojado. Por eso los republicanos han supeditado su apoyo a que los acuerdos se ratifiquen en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat que evite distorsiones entre lo anunciado y lo implementado. "Hay un largo historial de incumplimiento de los acuerdos de ERC con el PSOE y pocos se materializan, como ya se vio con la transferencia del IRPF", indica el profesor de la UAB. Desde el verano de 2024, los republicanos pactaron con los socialistas que Cataluña gestionase plenamente la recaudación del IRPF, algo que todavía no se ha implementado. 

A pesar de ese incumplimiento, el líder de ERC Oriol Junqueras decidió retirar en marzo esa demanda del entorno de la negociación con el PSC para dar viabilidad a los presupuestos. Algo que ha vuelto a suceder con la petición de cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que exigieron la semana pasada tras la infiltración de dos agentes de este cuerpo en una de las asambleas de profesores para planear la huelga. "ERC juega en muchas arenas políticas (entre el independentismo y su alianza en Madrid) y no le queda más alternativa que optar por la gobernabilidad de Cataluña ante un contexto de conflicto laboral y una demanda unánime de la sociedad catalana", afirma a este medio el analista y politólogo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marc Sanjaume, sobre el pragmatismo de los republicanos, que desde hace tiempo han escogido la gobernabilidad, máxime ahora frente al avance de fuerzas antiinstitucionales materializadas en Aliança Catalana. En este planteamiento, se juega a que es mejor tener a PSC y PSOE en el Gobierno que anticipar elecciones.

"Para nadie de su electorado es una sorpresa que ERC haya cedido, aunque tenga socios poco fiables", señala el politólogo de la UPF, sobre unas comisiones que han tenido "un historial de fracasos". De entrada, la Comisión Bilateral requiere de la aprobación del Congreso y, a finales de abril, Junts ya votó en contra -junto a PP y Vox- de crear un consorcio público bilateral formado por la Generalitat y el Estado para gestionar la implantación de futuras infraestructuras catalanas. Los de Puigdemont tacharon la propuesta de ERC de "otro chiringuito" colaboracionista con España, casualmente, cuando se cumple el 30º aniversario de la firma de la entente entre el PP de José María Aznar y la CiU de Jordi Pujol. 

Precisamente, ERC ha optado por aquel antiguo sistema Pujol de el peix al cove, conseguir lo que se pueda, cuando se pueda, pactando con quien sea para no desgastarse. Y, ante esa premisa, lo único que ha tenido que hacer el PSC para no dejarse materias para septiembre ha sido poner el balón en el tejado de los republicanos, que terminan presentándose a todos los exámenes sin ni siquiera formar parte de ningún gobierno.

Ocho personas han resultado heridas, una de ellas grave y otra de diversa consideración, debido a la explosión de una bombona de butano en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona, que ha tenido que ser desalojado.

Según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias, debido a la explosión, y posterior incendio en el edificio, una persona ha resultado herida grave y otra menos grave, de forma que ambas han sido trasladadas al Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Además, otras seis personas han sufrido afectaciones leves y han sido atendidas en el lugar de los hechos por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aunque en su caso no ha sido necesario trasladarlas a ningún centro médico.

Ante esta explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Desde hace quince años ningún papa ha visitado España. En poco más de un mes aterrizará León XIV en Madrid, primera parada a la que seguirán Barcelona y Canarias. Las administraciones trabajan de manera discreta aunque sin descansar para que todo esté listo. Pero, más allá de las grandes imágenes y ceremonias religiosas, su estancia dejará también varios mensajes de enorme calado tanto en la geopolítica internacional como en el tablero nacional.

El papa ha elegido Canarias como el colofón del viaje y estará en el archipiélago los días 11 y 12 de junio. Esto ilustra de forma clara su preocupación por el fenómeno migratorio y la integración de las personas que cruzan a Europa. Toda una declaración de principios que coincide en el tiempo con el proceso de regularización de migrantes emprendido por el Gobierno, cuya tramitación finaliza el día 30 de ese mes.

Este proceso de regularización en España ha sido defendido por la Iglesia, mientras que, a la vez, los partidos PP y Vox, los más afines al clero, están en pie de guerra contra el Ejecutivo por la reforma del reglamento que podrá afectar a más de 500.000 personas. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la regularización es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Desde la ultraderecha, Santiago Abascal habla de “invasión” y de “islamización”, al tiempo que promete dar la batalla jurídica contra la medida y obliga a incluir la “prioridad nacional” a Génova 13 en sus acuerdos en comunidades como Aragón y Extremadura.

Sus palabras chocan con el espíritu de la decisión del papa de visitar Canarias. En la web oficial del viaje, el obispo de Gran Canaria, José Mazuelos, explica: “Nuestras islas viven de cerca una realidad que marca profundamente nuestro presente: la llegada de tantos hombres y mujeres que, empujados por la necesidad, el sufrimiento o la falta de oportunidades, alcanzan nuestras costas buscando un futuro mejor. Esta situación interpela nuestra fe y nos invita a vivir con mayor autenticidad el Evangelio de la acogida, la fraternidad y la dignidad de toda persona”.

“Por eso deseamos que la presencia del santo padre entre nosotros sea también un signo de cercanía y esperanza para quienes atraviesan situaciones de fragilidad y para todos aquellos que trabajan cada día en la acogida, el acompañamiento y la defensa de la vida”, argumenta.

En una línea similar se expresa el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, que en su mensaje avanza que la diócesis, con motivo de esa visita, tiene la intención de poner en marcha junto a Cáritas un proyecto de centro de día para personas sin hogar, “entre las que, cada vez más, encontramos a inmigrantes”. Una iniciativa con una entidad que está en el punto de mira ahora mismo de la ultraderecha, que quiere quitarle las ayudas porque dice que vive del “negocio millonario de la migración”.

En este mundo cambiante y agitado, se da la paradoja de que esa visión integradora y humanista de la migración acerca a la Iglesia y al Gobierno de coalición frente a las derechas. Diferentes dirigentes socialistas reconocen en privado que tiene mucha importancia la elección del papa de Canarias como uno de los lugares de su viaje, por encima de las visitas a Madrid y Barcelona. 

Este lunes, por sorpresa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se vio en la Santa Sede con León XIV, un encuentro que no estaba recogido en las agendas oficiales. La audiencia duró 20 minutos y sirvió, según el jefe de la diplomacia española, para constatar la “enorme sintonía” entre el Vaticano y La Moncloa en temas de política internacional.

Además de la visita, los dos hablaron, según Albares, sobre preocupaciones comunes como "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes, y a favor del derecho internacional". Compartieron su “rechazo a la guerra para resolver conflictos” y “la defensa del multilateralismo”.

Albares también mantuvo un encuentro con monseñor Paul Richard Gallagher, responsable del Vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Él sí le preguntó directamente por el proceso de regularización y trasladó al español que “lo veía como un gesto positivo”, según el propio ministro.

El Gobierno está cuidando hasta el último detalle esta visita. Este lunes también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la reunión para coordinar el plan especial de seguridad. Un dispositivo de gran complejidad en el que están implicadas muchas instituciones, desde el Ejecutivo hasta la Casa Real y la Conferencia Episcopal pasando por las Comunidades de Madrid, Cataluña y Canarias, además de organismos como Renfe y Aena. Fuentes gubernamentales destacan el buen clima que se ha creado entre todos los actores implicados.

El viaje del papa coincide con el proceso de regularización y el debate abierto en el país. Este mismo lunes se publicó una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser que refleja la división de los españoles: el 37,6% de los ciudadanos la ve con buenos ojos, mientras que el 33% cree que es mala y el 21,5% la califica de regular. Los votantes de izquierdas son los que se muestran a favor de la iniciativa: Podemos (70%), Sumar (63%) y PSOE (59%). En cambio, el nivel de apoyo se desploma entre los electores de la derecha.

Pero, además, esta visita a España se produce en un momento en el que el pontífice ha alzado la voz claramente contra las políticas de su compatriota y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto por su política migratoria como por su ataque unilateral a Irán, solo de la mano de Benjamin Netanyahu (Israel). En privado, fuentes cercanas a Pedro Sánchez dan una gran importancia a la actitud de León XIV y la contraponen a otros momentos de la historia en los que la Iglesia calló, como durante el ascenso del nazismo.

León XIV, que llegó al poder en el Vaticano en mayo del año pasado tras la muerte de Francisco, tuvo una primera etapa en la que rehuyó enfrentarse a Trump. Pero, desde hace unos meses, se ha convertido en uno de sus grandes antagonistas. Lo que supone un duro golpe para el presidente de EEUU, porque el papa es el otro estadounidense más poderoso del planeta y el máximo responsable de la Iglesia católica, la fe que practica el morador del Despacho Oval. 

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revelaba como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’ y cuyo directo puede verse de nuevo a través de YouTube y X (antes Twitter).

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permitió conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Hemos reflexionado también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida corrió a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversó con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes se encontraban Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

La historia reciente de Ciutat Vella podría contarse como una sucesión de vacíos: solares que se abren como heridas en el tejido urbano, edificios que se desmoronan lentamente y una administración que, pese a disponer de herramientas legales, no logra activar los mecanismos necesarios para revertir la degradación. Pero también podría narrarse como la historia de una ciudadanía que se organiza, que investiga, que mapea y que exige. El documento elaborado por Amics del Carme entre 2024 y 2026 y dirigido por Teresa Reverte y Carlos Silvestre es un retrato preciso de ambas realidades: la persistencia del abandono y la potencia del activismo vecinal.

Desde hace más de dos décadas, esta asociación denuncia “problemáticas sociales y urbanas que afectan al barrio del Carme y a Ciutat Vella en general”, pero en los últimos años su foco se ha centrado en dos cuestiones que definen la vida cotidiana del centro histórico: los solares vacíos y los edificios en ruina. La magnitud del problema es evidente. A finales de 2024, el estudio impulsado por Amics del Carme identificaba 42.000 m² de suelo vacío repartido en más de 250 parcelas y, al menos, otros tantos de suelo disponible en edificios deteriorados. Estas son cifras que por sí solas revelan la profundidad del deterioro urbano y esta lacra de los solares vacíos parece que tiende al desequilibrio territorial, donde el Carme y Velluters son los tejidos más castigados.

Uno de los aspectos más valiosos del trabajo vecinal es su capacidad para suplir carencias institucionales. El “Taller de activación de solares vacíos en Ciutat Vella”, celebrado en 2023, no solo reunió a expertos, estudiantes y vecinos: generó propuestas concretas para cinco solares emblemáticos y reactivó el debate público sobre un problema que llevaba años normalizado. La posterior ruta “Solars i futur”, en 2024, volvió a situar el tema en el centro de la conversación, esta vez poniendo el foco en las condiciones urbanísticas y políticas que han permitido que Ciutat Vella se convierta en un “tejido profundamente agujereado”.

La exposición “Solars en trànsit”, también en 2024, consolidó este trabajo previo: un mapeo exhaustivo, datos precisos y la selección de once solares en proceso de transformación. La cifra más contundente —esos 42.000 m² de vacío— no surgió de un despacho municipal, sino del esfuerzo sostenido de vecinos comprometidos. Este tipo de iniciativas demuestra que el conocimiento urbano no es patrimonio exclusivo de la administración. Cuando los vecinos se organizan, investigan y documentan, el resultado es un diagnóstico más fino, más pegado a la realidad y, sobre todo, más orientado a la acción.

Quizá el aspecto más inspirador de las acciones llevadas a cabo es la evolución del activismo vecinal hacia formas más organizadas y formativas. En 2025 nace el grupo “Construint Ciutat Vella”, que impulsa los “Tallers d’activisme urbà”. Estos talleres no solo enseñan a los vecinos a leer el urbanismo, sino a intervenir en él: a conocer el RMSER, a solicitar información, a mapear edificios en mal estado y, finalmente, a diseñar acciones colectivas de visibilización. La acción final —una pegada masiva de carteles con los mensajes “aquí podría estar tu casa, pero hay un solar” y “aquí podría estar tu casa, pero hay una ruina”— sintetiza el espíritu del movimiento vecinal: ser directo, crítico, creativo y profundamente arraigado en la vida cotidiana del barrio uniendo conocimiento experto -geógrafos, urbanistas, arquitectas, juristas- con conocimiento experimentado -todas las personas residen y viven el barrio.

En total participamos más de 60 personas en estas acciones. Pero lo relevante no es la cifra, sino el gesto: la ciudadanía asumiendo un rol activo ante un problema que las sucesivas administraciones no han sabido resolver. El diagnóstico es claro: Ciutat Vella sigue siendo un territorio marcado por los vacíos, con un desequilibrio territorial evidente y una administración que no utiliza plenamente las herramientas a su alcance. Pero también es un territorio donde la ciudadanía ha decidido no resignarse. El trabajo de la AAVV Amics del Carme y de los colectivos implicados demuestra que el urbanismo no es solo una cuestión técnica: es una cuestión política y comunitaria. Los solares vacíos no son solo parcelas sin construir; son oportunidades perdidas para vivienda, equipamientos, espacios verdes o proyectos comunitarios. Son, en definitiva, un síntoma de un modelo urbano que ha priorizado intereses privados y turísticos por encima de las necesidades de quienes viven en el barrio. Lamentablemente la nueva regulación de la actividad terciaria hotelera profundiza esta realidad haciendo una llamada a actores ajenos a Ciutat Vella para abrir en canal las heridas de este distrito. Aún así, no nos resignamos.

En todas las actividades se confirmó una realidad: el Registro Municipal de Solares y Edificios en Ruina (RMSER) podría ser una herramienta decisiva para desbloquear la situación, pero su uso actual es claramente insuficiente. De los 33.207 m² de suelo vacío existentes en 2026, solo un 14,3% está incluido en el registro. Es decir, casi 28.500 m² quedan fuera de cualquier mecanismo de intervención. Los datos confirman que, por el momento, no está funcionando a su máxima capacidad. De los solares incluidos en el RMSER, solo uno está construido y cuatro están en obras. En total, apenas 385 m² han sido activados a través de este instrumento. Por cierto, que no es despreciable señalar que, de ese total de metros cuadrados de suelo vacío, 7.354 m2 son de titularidad municipal, es decir, un 18,35% al que hay que añadir el dato desconocido de suelo titularidad de otras administraciones.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede funcionar un registro municipal que deja fuera más del 80% del problema que pretende resolver? La suma de falta de voluntad política, falta de seguimiento técnico y falta de una estrategia clara para intervenir en solares pequeños y dispersos, especialmente en barrios como el Carme, La Xerea y Velluters lleva a esto.

Entre 2024 y 2025 se han construido o finalizado 1.807 m² de suelo, lo que supone un 4,5% del total existente en 2024. Si se suman los solares actualmente en obras, la cifra asciende a 4.763 m², aproximadamente un 12%. En total, un 16,5% de los solares han sido activados en dos años. Podría parecer un avance significativo, pero la realidad es limitada y más si tenemos en cuenta a qué se van a dedicar estos edificios.

En primer lugar, los solares más grandes intervenidos responden a usos terciarios hoteleros, como los de Eixarchs, carrer del Bany o Guillem de Castro. Es decir, el mercado turístico sigue siendo el principal motor de transformación urbana en Ciutat Vella, mientras que el uso residencial —especialmente el asequible— queda relegado, profundizando la enfermedad del barrio.

En segundo lugar, las intervenciones se concentran en zonas menos afectadas por la presencia de vacíos. Tres de las siete construcciones se ubican en el área delimitada por la calle de la Paz, la avenida del Oeste y Colón-Xàtiva, “el área menos castigada por la presencia de estos vacíos”. Mientras tanto, el Carme y Velluters continúan acumulando solares pequeños, dispersos y difíciles de activar sin una estrategia pública decidida. El documento lo resume con claridad: “Resulta preocupante cómo viabilizar la intervención en pequeños solares más diseminados, como los que aparecen en el Carme y Velluters”.

La pregunta que hacemos a la administración es si será capaz de escuchar, aprender y actuar en consecuencia. Porque el conocimiento ya está ahí, generado desde abajo, con rigor y con compromiso. Como recuerda el documento, “el grupo de trabajo sigue activo”. Y esa es, quizá, la mejor noticia para el futuro de Ciutat Vella.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

La Plaça de la Pau es un espacio efímero. Con olivos. En mitad del pabellón 8 de la Fira de Barcelona. Su duración: 48 horas. “Make love, not fascism”, reza la gorra de uno de los asistentes. Allí se cruzaron todos los caminos de la Global Progressive Mobilisation. Y se concentraba el sentimiento del evento: surge una nueva relación entre las izquierdas mundiales para hacer frente a la hiperorganizada internacional ultraderechista.

El dj que pinchaba en esta plaza enganchaba temazo tras temazo entre los distintos foros y diálogos. Preferencia por Bad Bunny. Pero no era una mera coincidencia, sino el reflejo del sentimiento compartido por más de tres mil progresistas llegados de todos los puntos del planeta. La izquierda se quita la cara agria y se pone rumbosa (o rumbera, que también sonaba Peret). Se acabó llorar. 

Durante 48 horas se ha compartido, desde todos los niveles, que la ultraderecha no es invencible y que empieza a dar signos de agotamiento con ejemplos palpables como la derrota en Hungría, el ‘no’ al referéndum de Giorgia Meloni en Italia y la caída de la popularidad de Donald Trump. Pero no se trata sólo de que se debilite el otro bloque. Barcelona supone un punto de inflexión. Los problemas son compartidos, y hay que empujar con soluciones a nivel internacional.

Y de esta cita sale un bloque con una alternativa clara configurado en muchos estratos. En la cabeza están líderes como Pedro Sánchez (España), Claudia Sheinbaum (México), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Yamandú Orsi (Uruguay). Pero también reman con fuerza figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no estuvo presente en la ciudad condal, pero envió a Ana María Archila, una de sus colaboradoras más cercanas y encargada de asuntos internacionales. Sí acudió desde Minnesota el gobernador Tim Walz, que fue el tique electoral de Kamala Harris.

La red progresista impulsada en Barcelona cuenta con figuras emergentes como la italiana Elly Schlein y referentes con peso simbólico como el expresidente chileno Gabriel Boric, además del paraguas institucional global con pilares como Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea.

El compromiso es firme: se abre una nueva etapa de unidad. Y se debe hacer con practicidad. Con medidas concretas y de la mano de intelectuales y de la sociedad civil. Prueba de ello, por ejemplo, es que de Barcelona sale la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, un órgano impulsado por el vicepresidente primero espñaol, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato (University College London).

El espíritu de derrotismo no ha existido en el foro en Barcelona, que se ha convertido en un gran referente progresista a través del triunvirato Pedro Sánchez-Salvador Illa-Jaume Collboni. “Estamos armando el ejército desde el bando correcto de la historia”, deslizan fuentes del Gobierno. Y es que la izquierda ha encontrado su narrativa durante estas horas, uniendo puntos en común. Desde el “No a la guerra” a la necesidad de frenar la especulación de los pisos turísticos, pasando por la reivindicación de la democracia y la exigencia de una política fiscal progresiva con impuestos globales.

“La izquierda necesita también narrativa”, analizan desde el entorno del presidente. La cita de Barcelona tiene una gran importancia política para Sánchez, que se ha convertido en uno de los grandes referentes del espacio a nivel internacional. España será una de las grandes batallas políticas mundiales el año que viene. Es uno de los grandes objetivos de las derechas. Y una eliminatoria previa se vivirá en Brasil este otoño, con Lula a la cabeza. El brasileño ha sido el otro gran referente durante estos dos días en la capital catalana.

Pero esta cita también ha servido para reconstruir el puente entre España y México. Claudia Sheinbaum dejó atrás las rencillas por su choque con la Casa Real por sus exigencias de condena del pasado colonial: “No hay crisis diplomática, nunca la ha habido”. Y se implica de lleno en la construcción de este bloque progresista y se ha ofrecido como anfitriona de la cumbre para el próximo año. Asimismo, invitó a Sánchez a visitar el país.

"Es el momento de hacer frente al miedo con más democracia y a la desigualdad con más justicia", fue uno de los mensajes que llevó Sánchez a Barcelona, donde llamó a la acción conjunta del progresismo: “Si estamos aquí es porque compartimos una preocupación pero, sobre todo, una responsabilidad. Hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre. Estamos aquí para responder y actuar”.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral. Un intento de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad. La desinformación erosiona la confianza en los gobiernos y, por tanto, en las instituciones. Es el riesgo al que nos enfrentamos: que la democracia se vacíe por dentro mientras se le ataque desde fuera”, analizó Sánchez.

Por eso, el jefe del Ejecutivo pidió a los líderes y a todo el espacio progresista que la respuesta no sea meramente defensiva: “No basta con resistir. Tenemos que proponer, tenemos que liderar. Tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. Es el espíritu de esta reunión”. La hoja de ruta de la izquierda a nivel internacional, marcó Sánchez, debe pasar por el multilateralismo. Y mirando en ese 'ahora qué', el presidente apostó por una reforma de la ONU y por una mujer como sustituta de António Guterres. Entre las favoritas están en estos momentos Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan, aunque el Gobierno español no ha concretado ninguna preferencia específica.

En esos pasos precisos que debe dar la izquierda, otra de las prioridades que se ha puesto sobre la mesa es la gobernanza digital. De hecho, varios equipos de los países participantes han estado en contacto en Barcelona para empezar a trabajar en temas de redes sociales. Otra de las columnas vertebrales del proyecto es el combate contra la desigualdad.

Esas sensaciones se extienden entre los líderes progresistas. Pero no sólo con el pegamento anti Trump. Lo definía así el colombiano Petro: “Es una cumbre por una alternativa en el mundo, no en contra. Es una especie de faro que, en medio de la confusión y del desorden global peligroso, marca una especie de flecha que sigue un rumbo. El rumbo de la vida y no de la muerte”.

Pero la red que se lanza desde Barcelona no solo se trata de un orden de mandatarios, sino que se enfoca con fuerza en lo local. Es donde se ejercen las políticas públicas más cercanas a los ciudadanos; donde la izquierda debe demostrar su forma de gobernar; y donde se frena a la ultraderecha puerta a puerta. Esto no va solo de grandes discursos.

Algo que se evidenció en la gran asistencia al foro sobre gobiernos locales pilotado por el alcalde de Barcelona, que ha centrado mucho la atención de sus colegas por la decisión de acabar con los pisos turísticos en la capital catalana, lo que hará que salgan al mercado más de diez mil viviendas. El regidor se prepara para una dura lucha contra los fondos buitre, pero, como confesaba en los pasillos, en lo más profundo se trata de una lucha “entre el poder democrático de una ciudad y los especuladores”. Él quiere que la gente pueda seguir viviendo en L'Eixample y en Gràcia.

Esas experiencias las llevó hasta Barcelona también Kicillof, uno de los políticos más aplaudidos en sus intervenciones y en los pasillos. Contó en primera persona lo que está sucediendo en Argentina: “La política de Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el modelo productivo, la salud y la justicia social. Este desastre recae sobre los gobernadores y alcaldes, que somos el escudo y la red para sostener la vida cotidiana. Estamos actuando con valentía. Tenemos que dar respuesta a la gente”. “Hay que decir que hay otro camino. Y también ‘No a la guerra’. Milei no representa lo que siente el pueblo argentino y de Buenos Aires. La solución ante esta política tiene que ser internacional. Acá la estamos construyendo”, remachó.

Barcelona lanza esa flecha internacional, como decía Petro. Y las luces se apagan, pero para encenderse de nuevo mañana entre los progresistas. Ahora toca poner en marcha todo lo dicho. El momento de la acción. “Creo que no somos conscientes de lo que ha pasado en estos dos días”, decía un organizador entre bambalinas al abandonar el recinto.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revela como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’. Tendrá lugar el martes 21 de abril a las 19:00 h. en el Museo de Historia de Barcelona y se podrá seguir a través de YouTube y X (antes Twitter). En este enlace puedes reservar tu invitación.

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permite conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Reflexionaremos también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida correrá a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversará con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes estarán Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

Los ojos están puestos en Barcelona. Un laboratorio de 48 horas de la izquierda a escala global. Y Pedro Sánchez como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre que pretende marcar el arranque de una gran alianza frente a la ola ultra que azota el tablero internacional y que está cambiando las reglas del orden mundial.

La cita de Barcelona, que se desarrolla durante este viernes y este sábado, supone un paso adelante en las relaciones internacionales de líderes progresistas bajo un paraguas en el que se cobijan organizaciones y espacios como la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el foro de Democracia Siempre impulsado por Gabriel Boric. 

Pero esta cumbre pretende ser un “inicio”, según indican fuentes de la organización a infoLibre, para consolidar un bloque de gobiernos y de partidos frente a la internacional ultra liderada por Donald Trump (Estados Unidos) y apoyada por figuras como Javier Milei (Argentina) y Benjamin Netanyahu (Israel), con la idea de imponer la ley del más fuerte frente a las relaciones multilaterales y basadas en leyes internacionales surgidas después de la II Guerra Mundial.

Y la geopolítica sufre un azote cada minuto en un momento en el que la guerra de Irán no ve un horizonte final, mientras la propia ultraderecha, a la vez, empieza a sufrir reveses como la derrota de Giorgia Meloni en el referéndum en Italia para cambiar el sistema judicial y la pérdida del poder de Viktor Orbán en Hungría tras las elecciones del pasado fin de semana. 

Más de tres mil participantes y más de cien partidos

Esta cumbre ha sido impulsada principalmente por el presidente español, junto a Stefan Löfven, líder del Partido Socialista Europeo, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Y cuenta con mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). Además, supone el reencuentro de España con Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El deshielo está en marcha después de las palabras del rey Felipe VI reconociendo “mucho abuso” en la conquista de América. El viaje supone acercar de nuevo a los dos países con la vista puesta en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Este encuentro en Barcelona tendrá varios escenarios y niveles. Este viernes da el pistoletazo de salida con la cumbre bilateral entre Sánchez y Lula da Silva, que se han convertido en pareja de hecho en muchos movimientos a escala global reivindicando el papel de las potencias medianas frente a las ansias imperialistas de Trump. Los dos han movido fichas de manera conjunta en temas como el rechazo al genocidio de Gaza y a la guerra de Irán.

El sábado se reunirán Sánchez y Lula de forma conjunta con Petro, Orsi y Sheinbaum en una cumbre coral con el objetivo de reafirmar su defensa de la democracia. De manera paralela, se desarrolla durante el viernes y el sábado la Global Progressive Mobilisation, en la que también estarán estos líderes junto a más de tres mil inscritos, entre representantes de más de cien partidos, de sindicatos, de organizaciones internacionales, de ONG y de colectivos de la sociedad civil. 

Por la Fira de Barcelona desfilarán, en los más de cien paneles y foros, nombres como Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), António Costa (presidente del Consejo Europeo), Mia Amor Mottley (primera ministra de Barbados), Teresa Ribera (vicepresidenta de la Comisión Europea), Isabel Allende (presidenta honoraria de la Internacional Socialista), José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente de España) y Josep Borrell (presidente del CIDOB).

Asimismo, durante estas 48 horas pondrán sobre la mesa sus ideas intelectuales como Mariana Mazzucato (profesora de Economía de la Innovación en la University College London), Gabriel Zucman (profesor de Economía en Berkeley) e Isabella Weber (profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst). 

Otro de los puntos fuertes de esta cita en Barcelona es la red que se quiere crear entre alcaldes progresistas de todo el mundo. El regidor de la ciudad condal, Jaume Collboni, será el nexo de figuras de gobernanza municipales y regionales como Philippe Close (Bruselas), Roberto Gualtieri (Roma), Haris Doukas (Atenas) y Axel Kicillof (Buenos Aires). El nuevo regidor de Nueva York, Zohran Mamdani, no viajará hasta Barcelona por su promesa de estar principalmente en la ciudad, pero en su nombre participa Ana María Archila, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad.

Construir un ordenado “faro de esperanza”

Como señalan fuentes de la organización, la cita de Barcelona supone entrar en una nueva fase de organización de la izquierda frente a la internacional ultraderechista, que sí lleva años colaborando y actuando de manera conjunta a nivel internacional a pesar de que su discurso es de corte nacionalista. En cambio, el mundo progresista apenas ha protagonizado grandes eventos que sirvan como paraguas para colaborar en todos los lugares del mundo.

Esta cumbre, organizada por los socialistas españoles y en la que no hay presencia de otras formaciones de izquierdas del país, busca que se compartan ideas y se establezcan relaciones personales entre actores del espacio. Fuentes de la cita explican: “Vamos hacia otro nivel de conexión. Allí un participante escucha lo que está haciendo Barbados en materia de cambio climático y otro explica cómo es la labor de la oposición en Italia. Se trata de interconectar, de organizar, de arrancar un nuevo proceso”.

Además, la idea es que este bloque progresista no se presente bajo la imagen de izquierda gruñona como vende la ultraderecha, sino que se vehicule la idea de “faro de esperanza” con pilares comunes como la justicia social, la redistribución, la igualdad, la lucha contra el cambio climático, los servicios públicos y la defensa de los sistemas democráticos en unos momentos de avance de los autócratas. 

Y el plan es que el trabajo sea global, no se quede enmarcado, como otros intentos, en foros de ámbito europeo o latinoamericano. En la organización dan mucha importancia a la participación telemática de partidos progresistas de Israel. Asimismo, Palestina tiene una delegación, con la presencia del ex primer ministro Mohammad Shtayyeh. La idea es que el evento no puede ser la foto de dos días, sino que de él salga el compromiso de estar en coordinación permanente por parte de todos los participantes para hacer frente a la ultraderecha. 

Este domingo, el Moll de la Fusta de Barcelona volvía a ser el epicentro de la acción humanitaria. La Global Sumud Flotilla (GSF) zarpaba con destino Gaza, pero las condiciones meteorológicas impedirán que la misión se adentre en aguas internacionales como ha explicado Thiago Ávila. "Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia", decía Ávila, pero los planes harán que la misión humanitaria parta del Moll de la Fusta y amarre en otro puerto barcelonés.

La previsión es que "en un día o dos máximo" la flotilla pueda partir hacia aguas internacionales, una vez mejoren las condiciones meteorológicas, con una flota de 100 embarcaciones y 3.000 participantes de un centenar de países, entre los que se encuentran médicos, educadores, voluntarios e investigadores.

Esta nueva misión supera ampliamente la del año pasado. Desde la organización reconocen que navegan “no a pesar de la guerra, las escaladas, las amenazas y los frágiles y quebrantados alto el fuego, sino debido a ellos” porque para los organizadores “esperar cuesta vidas".

Como novedad con respecto a la misión del pasado septiembre, en esta se incluye un convoy terrestre que salió de Mauritania este viernes. "Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla.

La flotilla está previsto que llegue a Gaza hacia el 20 de abril, con una escala de una semana en el sur de Italia.

La Global Sumud Flotilla surgió en 2025 como una alianza de diferentes ONG como Coalición de la Flotilla de la Libertad, Marcha Mundial hacia Gaza, la Flotilla Magreb Sumud y Sumud Nusantara. La palabra que vertebra todo procede del árabe, Sumud, que significa “firmeza” o “perseverancia constante”.

La propia flotilla se define como un movimiento global integrado por ONG, trabajadores humanitarios, médicos o estudiantes “unidos para defender la dignidad humana y el derecho internacional, independiente de cualquier gobierno y sin afiliación política”, asegura la propia organización. 

Compuesta por un crisol de profesionales que tienen el objetivo de ayudar al pueblo palestino, su Comité Directivo internacional está integrado por figuras como Thiago Ávila, que fue detenido tras la interceptación de la flotilla en 2025; Saif Abukeshek, activista palestino-catalán afincado en Barcelona con más de veinte años de trabajo en la ONG Palestina en Europa; Susan Abdallah, concejala noruego-palestina; la italiana Maria Elena Delia, física y coordinadora de la delegación italiana; y la activista alemano-turca Sümeyra Akdeniz Ordu.

Entre las entidades que participarán en la botadura se encuentran Greenpeace, Open Arms, Urgence Palestine, Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network, la Comunitat Palestina de Catalunya, Pallasos en Rebeldía, el Sindicat de Llogateres, la CGT, el USTEC y el Centre Delàs. 

Para esta nueva misión, Greenpeace pone a disposición de la organización como apoyo marítimo, técnico y logístico su Arctic Sunrise, un rompehielos de 50,5 metros de eslora con capacidad para 30 personas que forma parte de la organización desde 1995.

A la flotilla también se suma Open Arms. Gerard Canals, jefe de operaciones de la ONG española de rescate en el mar, explicó en la rueda de prensa celebrada en el Parlament de Catalunya que la organización aportará su buque homónimo como "apoyo técnico, logístico y sanitario". 

No es la primera vez que la ONG intenta romper el bloqueo a Gaza. Ya hubo un primer intento junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios. 

Canals justificó la decisión de la ONG de Camps de participar con un barco en que “no posicionarse es permisividad. Nos sumamos para actuar y no solo para mirar". Pero el jefe de operaciones advierte de que “no sería la primera vez que se nos ha imposibilitado” la navegación sin limitaciones y ha pedido a la Dirección General de la Marina Mercante permiso para navegar libremente.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, su alcalde, Jaume Collboni, aseguró que “el consistorio apoya esta misión colaborando tanto en su viabilidad económica como en el acompañamiento institucional y logístico necesario para hacer posible el evento" y, para esta salida hacia Gaza la aportación municipal se incrementará un 60% respecto a la iniciativa del pasado año.

La rama española de la flotilla ha logrado recaudar para esta singladura cerca de 30.000 euros en la plataforma de crowdfunding Chuffed, muy cerca de los 35.000 que ha conseguido la agrupación Global Sumud Arabian Gulf, la delegación que más aporta. El conjunto del proyecto ha conseguido sobrepasar los 450.000 euros.

Ariadna Masmitjà, una de las responsables de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, celebró que Barcelona vuelva a ser el epicentro de la misión, pero denunció el impacto directo en Cataluña de lo que ocurre en Palestina. Cargó contra el aumento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales. Señaló al Banco Santander, BBVA y CaixaBank por "financiar la industria militar mientras especulan con la vivienda", y a la multinacional ICL por "proveer el fósforo blanco para las bombas sionistas del genocidio en Gaza mientras contamina las aguas catalanas".

Desde la organización defienden que no se trata de una iniciativa externa de solidaridad, sino de una respuesta a un mandato: "La sociedad civil palestina ha instado a los movimientos de solidaridad internacional a movilizarse. Su voz guía cada decisión que tomamos".

La GSF denuncia que el contexto regional ha empeorado: "A medida que la atención mundial se ha ido desplazando hacia el conflicto regional más amplio, el régimen israelí ha intensificado su agenda genocida, endureciendo el bloqueo, estrangulando la ayuda, ampliando los asentamientos, acelerando el robo de tierras y enterrando sus crímenes de guerra bajo el caos".

La directora ejecutiva de Greenpeace para Oriente Medio y Norte de África, Ghiwa Nakat, destaca el posicionamiento de su organización y el apoyo a la flotilla contra “los crímenes de guerra, la hambruna intencionada, la limpieza étnica, el genocidio y el ecocidio. Esta flotilla es un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que pongan fin a su silencio, protejan la acción humanitaria y actúen con urgencia”.

Además, no se ha querido olvidar de “la devastación que ahora se extiende a Líbano y que ya ha sufrido Gaza a través de una destrucción implacable y un sufrimiento humano cada vez mayor”.

La misión busca establecer una presencia permanente y especializada. A bordo irán personal sanitario, constructores, investigadores y otros miembros de la sociedad civil preparados para trabajar junto al pueblo palestino en la reconstrucción de la Franja.

Las exigencias políticas de la flotilla están fundamentadas en el derecho internacional. Las peticiones van desde la “apertura de un corredor marítimo y terrestre permanente hacia Gaza”, como se pidió en la primera misión, hasta que la reconstrucción de la Franja sea “liderada por palestinos, libre de control extranjero, condiciones políticas y desplazamientos”. 

Tambíen exigen la “rendición de cuentas por genocidio mediante la ejecución de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional (CPI)”, contra Benjamin Netanyahu y otros cargos de su Gobierno.

La primera expedición de la flotilla arrancó el pasado 31 de agosto desde Barcelona. Entre los pasajeros figuraban la activista medioambiental Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o los actores Liam Cunningham y Susan Sarandon. Las embarcaciones transportaban –al igual que ahora– agua potable, alimentos, leche en polvo para bebés, pañales, prótesis y medicamentos.

Una semana más tarde, en Túnez, los barcos Family y Alma fueron abordados mientras estaban fondeados, pero a medida que la flota avanzaba, más de 15 drones llegaron a atacar las embarcaciones.

España e Italia despacharon buques de guerra como gesto de protección: la fragata italiana Virginio Fasan y la española Furor pusieron rumbo a la flotilla hasta que se tuvieron que retirar a escasas millas de la zona de exclusión israelí.

La noche del 1 de octubre, las fuerzas navales israelíes interceptaron la flotilla a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Usaron cañones de agua, cortaron comunicaciones, abordaron los barcos a punta de pistola y confiscaron la mayor parte de la flota al amanecer. Israel detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev. 

La respuesta de la organización fue entonces la misma que ahora: "Vamos con más personas, más barcos y más fuerza frente a la represión", dijo Abukeshek al ser preguntado por una posible detención.

La activista independentista Blanca Serra, que interpuso la primera denuncia por torturas durante el franquismo que llegó a los tribunales, ha fallecido en Barcelona a los 83 años, han informado este sábado fuentes de su entorno.

En 1977, Serra (Barcelona, 1943) fue torturada durante tres días por miembros de la Brigada Político Social de la policía franquista en la comisaría de Via Laietana junto a su hermana, la también activista Eva Serra, fallecida en 2018.

Blanca Serra, fundadora de la Assemblea de Catalunya (1971), la Plataforma pel Dret de Decidir (2005), la Assemblea Nacional Catalana (2012), Poble Lliure (2014) y el Consell per la República (2018), entre otros movimientos independentistas, denunció en 2024 ante la Fiscalía las torturas a las que fue sometida.

Amparada en la ley de memoria democrática de 2022, la Fiscalía de Barcelona presentó esa denuncia, la primera por crímenes del franquismo, en la que reconocía un delito de torturas durante la detención de Serra, aunque al mismo tiempo pedía su archivo al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

Con ese caso, la Fiscalía sentó las bases para que las víctimas del franquismo puedan ser reconocidas en los tribunales, un proceso limitado por la propia ley de memoria, que no prevé indemnizaciones, y la amnistía del 77, que impide juzgar crímenes de la dictadura.

Las torturas que la policía franquista infligió a Serra dieron pie a la primera investigación penal de la Fiscalía sobre los crímenes de la dictadura, después de que los tribunales hayan dictaminado repetidamente que lo sucedido antes de 1977 no se puede enjuiciar.

Lo hizo invocando la ley de memoria democrática de 2022, que, según el ministerio público, no solo permite, sino que obliga al Estado a llevar a cabo una "investigación efectiva" con el fin de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas del crímenes del franquismo, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no prescriben.

Con esa denuncia por torturas, la Fiscalía se desmarcó de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, que han impedido hasta ahora que prosperaran las investigaciones judiciales sobre los crímenes del franquismo al considerar que la ley de amnistía de 77 lo impide.

Poble Lliure, Llibertat.cat y Edicions del 1979 han recordado este sábado "el compromiso infatigable con la independencia y el socialismo" de Blanca Serra, que era licenciada en lenguas clásicas por la Universidad de Barcelona (UB) y había sido profesora en el Instituto Narcís Monturiol de Barcelona.

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha defendido este viernes que su formación y Esquerra Republicana sean las "fuerzas motrices" del proceso de unidad de las izquierdas y ha abogado por negociar con "discreción" y "respeto" con todos los partidos de izquierdas para que esta propuesta prospere, según informa EFE.

En una entrevista en 2 Cat y Ràdio 4, Montero ha subrayado que el acto del jueves en Barcelona con el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, supuso poner una primera "piedra para hacer camino".

"Sé que se necesita más concreción, pero también creo que la gente entiende que hemos ido hasta donde podemos ir por ahora para también dejar espacio para que se respete a todos con quienes tenemos que hablar para seguir transitando ese camino", ha indicado.

La dirigente morada ha reiterado que el jueves se "esbozó una idea" basada en que ella y Rufián hagan "equipo" y que sus respectivos partidos "puedan asumir la tarea de ser fuerzas motrices de ese proceso para tener una candidatura fuerte en las elecciones generales".

Aunque ha señalado que le "encantaría" que ese equipo con Rufián se concretara en un tándem electoral, ha subrayado que eso es avanzar muchos pasos. Según Montero, tras el acto del jueves, el siguiente paso es "hablar con todo el mundo".

"Nunca hemos dejado de estar en contacto con todos los partidos. Más allá de la narrativa mediática, nunca hemos dejado de estar en contacto. Tenemos que hablar con todo el mundo. La clave es que los medios no sean el escenario donde nos decimos las cosas por primera vez. Es mejor primero hablar y que cuando lo contemos sea porque hay un acuerdo", ha remarcado.

En este sentido, tras años de críticas cruzadas con Sumar e Izquierda Unida a raíz de su ruptura, Montero ha remarcado que "nada de lo que haya pasado hasta ahora es más importante que lo que podamos hacer en el futuro".

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha confirmado este jueves la detección de 11 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, informa EFE.

Desde el 28 de noviembre, fecha del primer positivo detectado, han analizado 3.388 jabalíes, de los que 252 son casos positivos en peste porcina.

En un comunicado, la Generalitat catalana ha destacado que todos los nuevos positivos han sido detectados en la zona de alto riego.

De momento, el departamento ha encontrado los positivos en 11 municipios de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell y El Papiol.

Por otra parte, durante la última semana el Departamento de Interior de la Generalitat ha capturado 294 jabalíes dentro de la zona infectada, llegando al total de 3.325 capturas.

Este número asciende hasta los 27.000 jabalíes si se suman las llevadas a cabo en el resto de Cataluña desde el pasado uno de enero, un número que no varía, ya que en los meses de abril y mayo no se realizan batidas.

¿Qué hay que hacer? Es la pregunta a la que tratarán de dar respuesta el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, este jueves en un acto en Barcelona moderado por el exlíder de En Comú Podem, Xavier Domènech. Se trata del segundo evento en el que participará el político catalán tras compartir escenario con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado el pasado mes de febrero, lo que supuso todo un revulsivo para un espacio huérfano de liderazgo —especialmente tras la decisión de la vicepresidenta Yolanda Díaz de no repetir como candidata— y que acumula muchas derrotas electorales en los últimos meses, lo que complica su campaña de cara a las generales.

Tras las contundentes victorias de la derecha en tres elecciones consecutivas —Extremadura, Aragón y Castilla y León— y con las andaluzas a la vuelta de la esquina, Rufián reivindica que la izquierda debe actuar y no caer en el pesimismo. En el acto con Delgado, el portavoz de ERC planteó la fórmula que cree que debería aplicar la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales con el objetivo de "contrarrestar los 200 y pico diputados del PP y de Vox". ¿Cómo? Estudiando provincia a provincia dónde se deben presentar para evitar la división de las izquierdas y la consecución de escaños por las barreras impuestas en ley electoral, pero siempre priorizando el "arraigo territorial".

Este jueves dará más detalles sobre cómo articular esa idea. Según avanzan a infoLibre fuentes cercanas al político catalán, reivindicará a Podemos como la "fuerza motriz de confluencias de izquierdas en el Estado" mientras que defenderá que ERC debe ser la referencia de las izquierdas soberanistas en Cataluña. Además, también apostará por que ambas fuerzas se pidan "el voto mutuamente" y abrirá la puerta a participar en actos de campaña de la izquierda estatal pese a presentarse en las listas de Esquerra Republicana. El mensaje que busca transmitir es que, más allá de siglas, las izquierdas deben colaborar actuando "con generosidad".

El modelo, según trasladan las mismas fuentes, debe ser similar al acuerdo alcanzado en Andalucía entre Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos bajo el paraguas de Por Andalucía. Sin embargo, en ese caso fue IU el que impulsó el acuerdo al ser el partido con mayor representación institucional, además de haber sido una fuerza de gobierno en la comunidad. En ese sentido, Rufián planteará que es importante que los morados "estén" dentro de ese espacio y considera que es "positivo" que la dirección de Podemos participe de la unidad después de su ruptura con Sumar tras el 23J, que acabó con sus diputados en el Grupo Mixto.

El planteamiento de Rufián, sin embargo, no está exento de problemas. La relación entre la cúpula de Podemos y el ecosistema que actualmente forma parte de la coalición Sumar, dentro del cual está IU pero también Más Madrid, Compromís y En Comú Podem, es complicada. Los morados sostienen que la coalición que encabezó Díaz el 23J se hizo para acabar con ellos y que por eso dejaron fuera de las listas a la propia Irene Montero. Para Podemos, la unidad solo tendría sentido si garantiza autonomía, primarias y un giro político claro respecto a Sumar. Sin embargo, también son conscientes de su debilidad tras sus malos resultados autonómicos.

Por su parte, para los partidos que hoy vertebran Sumar, la unidad no pasa por reconstruir Podemos ni por entregarle el liderazgo como antaño, sino por recomponer una coalición amplia bajo otros liderazgos y planteamientos políticos. En ese sentido, consideran que los morados han quedado atrapados en una lógica de conflicto permanente que solo beneficia a sus adversarios políticos. Así, algunas voces plantean que los morados "contaminan" el espacio político y no "suman" adhesiones, sino todo lo contrario. Y aunque el nombre de Rufián les suena bien para liderar un proyecto, el de Montero creen que les haría "perder votos" por el camino.

Con todo, Rufián también insistirá en que su partido es Esquerra Republicana y que su "lealtad" está con Oriol Junqueras, su presidente, que sin embargo no asistirá al acto alegando "motivos de agenda". Lo cierto es que el líder de ERC se ha mostrado muy duro con la idea de Rufián, ha reivindicado los 95 años de historia de su formación y ha rechazado concurrir en una lista electoral con otras fuerzas políticas. "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de ERC", señaló recientemente. Ni él ni su número dos, Elisenda Alamany, acudirán al acto, pero la dirección de ERC enviará al secretario general adjunto, Oriol López, y a una de las vicesecretarias generales, Laura Pelay. También estará Joan Tardá, exportavoz de ERC en Madrid y mentor de Rufián.

Por su parte, desde la dirección de Podemos trasladan que Montero insistirá en la idea de que "hay mucha gente con ganas de izquierda y de que la situación actual cambie". "Lo que queremos es darle certezas a esa gente, que sepan que vamos a dar la pelea, porque solo si la izquierda está fuerte en Cataluña y en España será posible parar a la derecha y que pasen cosas como bajar el precio de los alquileres y los alimentos o hacer el transporte público gratuito", planteará la exministra de Igualdad. En declaraciones a infoLibre tras anunciar el acto, la número dos de Podemos aseguró que estaba "encantada" de "hacer equipo" con Rufián. En el entorno de Rufián niegan, sin embargo, que él vaya a formar un "tándem" con Montero de cara a las generales.

Un planteamiento en el que ha incidido especialmente el exlíder de la formación, Pablo Iglesias. El lunes defendió en Radio Nacional de España (RNE) que el acto ha despertado mucho interés tras agotarse las entradas en cuestión de minutos —al igual que pasó en el encuentro con Delgado en Madrid—, que el de Rufián y Montero es un "tándem de liderazgos" y dijo que, "sobre esa base", la izquierda estatal "tiene opciones" e incluso podría dar "una sorpresa" en unas generales. Unas palabras que contrastan con las duras críticasdel exvicepresidente al candidato de ERC en los últimos meses, al que ha acusado de connivencia con el agitador ultra Vito Quiles y también le ha recriminado sus declaraciones "racistas" al decir que la izquierda debe hablar sobre la inmigración.

Según Iglesias, el "equipo" de Rufián e Irene Montero "ilusionaría a mucha gente", al contrario que, dijo, ha sucedido con el pacto andaluz y, en ese sentido, lo contrapuso al "modelo Sumar", que criticó por basarse en "acuerdos de despacho" y por no haber celebrado primarias. Los morados reclamaron dos puestos de salida en alguna de las cinco provincias donde Por Andalucía logró representación en 2022: Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada, pero el resto de formaciones se negaron a mover a sus cabezas de cartel. Al final, aceptaron integrarse tras lograr el número dos por Sevilla, el número dos por Málaga y el número uno de Jaén, puestos que inicialmente ocupaban candidatos de IU. Para Iglesias, el acuerdo "no fue generoso" con Podemos y, por tanto, "difícilmente" su formación puede "estar satisfecha": "Hay mucha gente de Podemos estos días que está indignada", aseguró.

Fue el partido de Antonio Maíllo el que entregó un documento a los partidos en octubre de 2024 que se discutió durante un año y medio en el marco de la "mesa de partidos", un órgano de negociación interna. Podemos solo aceptó pactar la semana antes de que se cerrara el plazo para registrar coaliciones, forzado también por los malos resultados de la formación en Aragón y Castilla y León. En el primer caso, los morados únicamente obtuvieron 6.206 votos, el 0,94% del total; en el segundo, se hicieron con 9.225 papeletas, el 0,74%. En ambas elecciones se presentaron en solitario y la coalición entre Sumar e IU obtuvo más apoyos. Para los morados, unirse a Rufián en un momento en el que las encuestas coinciden en que es el mejor activo que tiene la izquierda, es vital para la supervivencia de su propio proyecto.

Rodalies de Catalunya ha recuperado este martes el servicio de trenes de la línea R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell, lo que ha permitido restablecer la circulación ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Terrassa Estació del Nord (Barcelona), ha informado la compañía Renfe y recoge EFE.

Este tramo fue cortado tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, cuando un muro de contención de la AP-7 cayó sobre las vías de la línea R4 a su paso por esta población debido a las fuertes lluvias, contra el que chocó un tren que circulaba por la zona, lo que provocó la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de heridos. 

Desde este martes, Gelida, San Sadurní d'Anoia, Lavern-Subirats, La Granada, Vilafranca del Penedès, Els Monjos, L'Arboç y El Vendrell recuperan la conexión en tren con Barcelona sin necesidad de transbordo.

Con la nueva programación, el servicio entre Sant Vicenç de Calders – Terrassa Estació del Nord se presta en tren, y entre esta estación y Manresa con trenes lanzadera y servicio complementario por carretera. Además, se ha restablecido el recorrido completo de la línea R1 entre Maçanet y L'Hospitalet de Llobregat sin necesidad de servicio lanzadera entre Blanes y Maçanet. En esta línea, se recupera el número de frecuencias, llegando a los 8 trenes por hora y sentido en hora punta entre Mataró y Barcelona. 

Debido a la ampliación del horario de mantenimiento de la infraestructura por parte de Adif, se mantiene transporte alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes en las últimas y primeras circulaciones (entre las 22 y las 8 horas).

El servicio de la línea R2 ha adaptado los horarios con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, haciéndola compatible con la obra que Adif ejecuta en el tramo entre Garraf y Sitges.  

De este modo, se han incrementado las frecuencias entre Granollers Centre y Castelldefels, lo que permite mejorar la conexión ferroviaria con Barcelona, además de aumentar la oferta para los viajeros de los servicios Regionales que utilizan El Prat de Llobregat como punto de transbordo.

Toda la información sobre estas modificaciones se puede encontrar en las páginas web rodalies.gencat.cat y renfe.com, en el canal de Whatsapp de Rodalies, en el teléfono 900 41 00 41, y en la app Rodalies de Catalunya y en los puntos de atención al cliente de las estaciones, destaca la compañía Renfe.

El sector del porcino español, el más potente de la Unión Europea, comienza a convivir con la peste porcina africana (PPA). El foco original, detectado hace exactamente cuatro meses, se ha extendido a una zona mucho mayor y cada semana se detectan nuevos positivos entre los jabalíes silvestres, pero el virus continúa alejado de las granjas y no hay contagios en cerdos, lo que permite mantener el 80% del volumen de exportaciones que había antes de la crisis.

Para considerar a un país libre de la PPA y volver a acceder al 100% de los mercados internacionales deben pasar 12 meses desde la detección del último positivo, pero por ahora no ha empezado a correr ese calendario. El último reporte del Ministerio de Agricultura, del 19 de marzo, registraba cinco contagios nuevos frente al informe de la semana anterior, con un total de 232 positivos divididos en 40 focos. Y ninguna prueba apunta a un cambio de tendencia.

El titular de ese ministerio, Luis Planas, ha subrayado esta semana que aún así el sector está protegido porque la peste porcina no ha entrado en ninguna explotación, y que la mejor prueba de que el control del virus ha funcionado es que el 82% de los certificados –cada uno de los más de 400 productos que se venden procedentes del cerdo– se siguen exportando, así como el 80% del volumen total de productos. "Un país que no diese garantías no estaría ni en el 40%", comentó el ministro en una entrevista en TV3 este martes.

Lo único que ha cambiado desde el estallido de la crisis es el precio del cerdo. En las primeras semanas el coste del animal se desplomó ante la previsión de una sobreoferta –por la caída de las exportaciones–, pero el precio del cerdo vivo ha remontado sin parar en las últimas seis semanas, hasta los 1,25 euros por kilo, alrededor de un 20% más que a cierre de 2025. Y ya está muy cerca de los 1,30 euros que costaba antes de la crisis.

Esta subida no significa que el sector esté sumido en el optimismo por la situación epidemiológica, sino que es una respuesta natural del mercado tras el desplome de precios en diciembre y enero, según Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, la lonja porcina de referencia. "La subida de marzo es habitual porque en enero hay exceso de oferta de cerdo y el precio baja, para después volver a subir. En España y en Europa. Y este año se suma que en España teníamos unos precios excesivamente bajos", valora el portavoz. "De momento seguirán subiendo hasta Semana Santa, y después es incierto", añade.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, describe cómo el porcino español se mantiene en una calma tensa: los precios comienzan a asentarse y parece que las exportaciones no peligran, pero todo depende de que la PPA continúe sin saltar a un cerdo de granja. En este momento ya se han registrado casos en jabalíes silvestres en diez municipios y hay 45 explotaciones ganaderas bajo vigilancia intensa.

"El sector está preocupado, pero no estamos en el pánico del primer momento. Se ha logrado estabilizar la zona afectada y no estamos en el peor escenario", valora Resco.

La crisis ha golpeado además en un momento dorado, con un récord de producción porcina en 2025 de 5,27 millones de toneladas de producto, aunque eso hace todavía más vulnerable al sector, porque acumula un stock mayor de carne mientras la lista de compradores se ha reducido.

Una decena de países han prohibido de manera prácticamente total las importaciones de cerdo español, con Japón, México y Filipinas como los más grandes. Otros 11 tienen limitaciones parciales (entre ellos Brasil y Argentina). La buena noticia es que toda la Unión Europea y China, los dos grandes socios de la ganadería porcina española, permiten la entrada de cerdo de fuera de la provincia de Barcelona. Otros grandes compradores como Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos también tienen la puerta abierta al producto ibérico, así como otro medio centenar de países.

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), por su parte, señala que esta crisis porcina ha sacado a la luz otros problemas del sector. "Es un buen momento para plantearnos un debate sobre el futuro del cerdo en España", valora. Por ejemplo, si el modelo de sobreproducción es viable a largo plazo. "Creo que el crecimiento que hemos tenido en el sector no volverá a repetirse", añade. Los motivos son varios: China cada vez importa menos cerdo, el impacto ambiental de las granjas intensivas es enorme y criar a millones de cerdos genera una gran dependencia de importaciones de cereales y soja para alimentarlos. 

Varios expertos recuerdan también estos días que la crisis de la peste porcina en Alemania, que sufre desde hace cinco años, ha llevado a pique a la ganadería de cerdo de este país. La producción total ha caído en una cuarta parte desde 2020 y unas 5.000 explotaciones han cerrado.

El ministro Luis Planas también subrayó el martes que España ya está en la fase dos de la respuesta frente a la PPA –la primera fue la de controlar geográficamente el virus–, que consiste en la caza masiva de jabalíes, un animal que es capaz de extender el virus a docenas de kilómetros a la redonda. En los primeros meses del brote, el Gobierno prefirió optar por otras respuestas de control, pero a medida que el área de riesgo ha multiplicado su tamaño –abarca ya 33 municipios, para el riesgo bajo–, hace falta una respuesta más dura.

El ministerio se posiciona así con las demandas que hizo el sector porcino desde el primer minuto de la crisis, que reclamó abatir a todos los jabalíes en un área de 20 kilómetros, una medida que fue rechazada por grupos conservacionistas, como Greenpeace, que valoraron que esa vía era un error porque esos animales "son el mensajero y la víctima de la peste porcina africana, no el culpable de que haya aparecido".

La flotilla más grande de la historia para romper el bloqueo israelí sobre Gaza saldrá de Barcelona el próximo 12 de abril, y contará con más de 100 barcos y cerca de 3.000 participantes, con médicos, educadores, profesionales de la construcción o especialistas para documentar los crímenes cometidos en la zona.

La Flotilla Global Sumud, que ya organizó la expedición del año pasado, también salió de la capital catalana y en la que una cuarentena de embarcaciones fueron interceptadas por Israel antes de llegar a Gaza, ha presentado este miércoles la nueva misión, que contará con el apoyo técnico y logístico de Open Arms.

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, el jefe de operaciones de Open Arms, Gerard Canals, y la tripulante de la misión del año pasado Ariadna Masmitjà han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya, acompañados de representantes del PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Abukeshek ha subrayado que tras la experiencia del año pasado regresarán "más fuertes" y con más determinación y ha señalado que la flotilla volverá a contar con caras conocidas entre su tripulación, aunque todavía no han desvelado ningún nombre.

Barcelona será el puerto de salida de la flotilla y gran parte de los barcos zarparán desde la capital catalana, aunque se irán sumando otras embarcaciones desde diferentes puntos del mediterráneo.

Además de la expedición marítima, que llevará ayuda humanitaria y contará con médicos, representantes legales o profesionales de la construcción, en esta misión se incluirá un convoy terrestre que está previsto que salga de Mauritania el día 10 de abril. "Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Abukeshek.

El coordinador de la flotilla ha denunciado que, a pesar del "apagón informativo" sobre Palestina, desde la firma en octubre del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha seguido habiendo operaciones militares, ataques y bombardeos en la zona que han causado más de 600 muertos.

En esta ocasión, la flotilla contará con el apoyo de Open Arms, que movilizará su buque homónimo, que brindará asistencia técnica y mecánica al resto de la flota, así como proveerá de comida fresca, podrá remolcar varias embarcaciones y además ofrecerá atención médica. "Open Arms no es solo un barco, es una herramienta al servicio de un principio básico, proteger la vida humana", ha subrayado Canals, que ha recordado que la ONG ya intentó romper el bloqueo a Gaza y abrir un corredor humanitario junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios.

Tras subrayar que "no posicionarse no es neutralidad, sino permisividad", Canals ha explicado que su buque necesita una autorización de la Marina Mercante y ha instado a la administración a no impedir su salida.

Por otro lado, Masmitjà ha animado a la sociedad civil catalana a apoyar la iniciativa, colaborando económicamente o participando en los actos que se celebrarán en Barcelona el 11 y el 12 de abril antes de la salida de la flotilla.

Las polémicas zonas de bajas emisiones (ZBE) han sido hasta ahora la principal medida para frenar los elevados niveles de contaminación del aire en las ciudades españolas, pero parece que por sí solas no van a ser suficientes para proteger la salud de los habitantes. Un estudio ha demostrado por primera vez en España que la restricción de la entrada de los coches más contaminantes solo reduce la presencia de uno de los tres principales contaminantes derivados del tráfico urbano, el dióxido de nitrógeno (NO2), pero no afecta a la presencia de las micropartículas PM2,5 y PM10. Estas requieren acabar con todo tipo de tráfico, incluso con el de vehículos eléctricos.

El Instituto de Salud Global de Barcelona ha calculado el impacto que ha tenido la zona de bajas emisiones en el aire de la capital catalana, donde precisamente está implantada desde 2020 la mayor ZBE de todo el país. La conclusión principal es que durante los dos primeros años esas restricciones redujeron hasta en 7,6 µg/m³ (una bajada del 16%) la concentración de NO2, un gas irritante que puede causar inflamación pulmonar. Sin embargo, la concentración de micropartículas apenas se redujo en alrededor de 1 µg/m³, prácticamente nada.

Los resultados coinciden con otros análisis en zonas de bajas emisiones europeas, donde la concentración media de NO2 suele caer entre un 5% y un 25%, mientras que en la mayoría de los casos estudiados en otros países no hay cambios en las PM2,5, otro contaminante muy dañino para la salud. Xavier Basagaña, investigador en ISGlobal y coordinador del estudio, explica a infoLibre que las conclusiones son las esperadas. "Los resultados encontrados están en los rangos que había predicho la agencia Barcelona Regional para el Ayuntamiento de Barcelona en 2019. Aunque había muchas incertidumbres [sobre el resultado], no sorprende", valora el experto.

Las micropartículas que flotan en el aire de las ciudades se diferencian en dos tipos: inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5) e inferiores a 10 micras (PM10). Ambas entran en el organismo por la nariz, pero las primeras son especialmente peligrosas porque son tan pequeñas que pueden filtrarse por los tejidos y llegar al torrente sanguíneo, provocando inflamación y daños en diferentes órganos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 murieron de manera prematura en España 18.500 personas por la contaminación del aire.

A diferencia de otros contaminantes –como el NO2 o el ozono–, las partículas PM son una referencia genérica que se da a todo tipo de elementos que flotan en el aire. Pueden estar formadas por carboncillo, metales, restos vegetales, rocas… y llegan al aire de la ciudad desde múltiples orígenes. Uno de ellos es el tubo de escape de los vehículos de combustión antiguos, principalmente los diésel sin filtros modernos, pero también proceden de las obras urbanas, del rozamiento de los coches contra el asfalto, de las estufas antiguas o del polvo africano que arrastra el viento.

Es por ello que prohibir en Barcelona la entrada de coches muy contaminantes –no se permite el acceso a vehículos sin etiqueta durante los días laborables, de 7:00 a 20:00 horas– solo ataja uno de los muchos orígenes de estas emisiones. Incluso si se fomenta la entrada de coches eléctricos, estos siguen emitiendo virutas microscópicas a través del rozamiento de las ruedas con el asfalto y el que ocurre en los discos de los frenos.

Miguel Ángel Ceballos, experto de Ecologistas en Acción, subraya que la única manera de alcanzar realmente una buena salud atmosférica es reduciendo drásticamente el tránsito de vehículos. "El factor esencial es el número total de vehículos y los kilómetros recorridos. Hay que recortar la circulación, ya sea de eléctricos, híbridos o de motor de explosión, y fomentar el transporte público eléctrico y el peatón", resume el experto.

Ceballos también añade que las partículas PM se forman en las ciudades en grandes cantidades mediante reacciones químicas complejas que derivan del tráfico. Según explica, los filtros de urea que llevan los vehículos modernos para reducir las emisiones de NO2 del tubo de escape, conocidos como AdBlue, emiten amoniaco al aire, y este forma micropartículas PM2,5 al unirse con otras partículas que flotan en el aire.

"Se puede dar la contradicción de que para reducir el NO2 se utilizan sistemas que incrementan la aparición de partículas finas. Seguramente, ahora el amoniaco es el elemento principal en la formación de PM en ambientes urbanos", opina Ceballos.

El experto de Ecologistas subraya también que para cumplir con los nuevos requisitos de calidad del aire europeos que entran en vigor en 2030, hay que repensar el sistema, porque los registros de las grandes ciudades están en las antípodas de las exigencias de la próxima década. "No va a ser suficiente con las zonas de bajas emisiones tal y como las tenemos ahora diseñadas", valora Ceballos.

De hecho, España está tan atrasada en este aspecto que ni siquiera los ayuntamientos cumplen a la hora de establecer esas restricciones. La Ley de Cambio Climático obliga desde hace tres años a que las 153 ciudades que superan los 50.000 habitantes tengan una ZBE, pero solo están aprobadas en 59 urbes, según el portal del Ministerio de Transición Ecológica, y muchas de las que están implementadas ni siquiera son efectivas.

La Fiscalía de Barcelona ha concluido la investigación iniciada como consecuencia de la primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por una víctima de torturas durante el franquismo.

Durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales.

Tras analizar el resultado de las mismas, el Decreto realiza un relato de los hechos, que considera constitutivos de delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad. Según dicho relato, agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático.

Considera, además, que los hechos se perpetraron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada, y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.

Pese a ello, las diligencias practicadas no han podido revelar la identidad de los autores materiales del delito, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido.

Todo ello sin perjuicio del ejercicio de otras acciones judiciales previstas en la ley, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil.

Las asociaciones proderechos humanos Irídia y Òmnium Cultural, que representan a Serra, consideran “insuficiente” la investigación de la Fiscalía, por lo que estudian recurrir el archivo de la causa.

La Fiscalía de Barcelona plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de los hechos. “Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.