“Me gustaría ser el primer alcalde de Barcelona de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas”. La declaración de intenciones es de Gerardo Pisarello, candidato de los comuns en las próximas elecciones municipales. La capital catalana será una de las grandes batallas electorales del próximo año, con el socialista Jaume Collboni tratando de repetir mandato y con la irrupción de la extrema derecha de Aliança Catalana.

Pisarello vive a medio camino entre Barcelona y Madrid, donde es diputado y miembro de la Mesa del Congreso. Sostiene que sólo tiene sentido continuar la legislatura si se adoptan decisiones valientes, especialmente en temas de vivienda o derogando la ley mordaza. Cree que las izquierdas deben estar más en la calle y disputarle a la ultraderecha “cada club de fútbol y cada asociación de estudiantes”. Y apuesta por el entendimiento en ese espacio, aunque cree que las listas conjuntas se deben hacer donde sean eficientes electoralmente. Y lleva por bandera que si llega al despacho de la Alcaldía se opondrá a la ampliación del aeropuerto de El Prat y prohibirá las compras especulativas de los fondos buitre.

¿Por qué ha dado este paso en su vida política para optar a la Alcaldía de Barcelona?

Tengo experiencia municipalista. Quiero y conozco a mi ciudad. En un mundo convulso, Barcelona puede ser referencia no solo de resistencia, sino también de innovación y de grandes transformaciones sociales como pasa en Nueva York, Ámsterdam y Seattle.

¿Qué balance hace de la gestión de Jaume Collboni?

Una gestión sin imaginación y sin valentía política. Es como si Collboni tuviera que pedirle perdón a los grandes lobbies de la ciudad por haber gobernado en su día con Barcelona en Comú. Es una muestra clara de que si no hay una izquierda fuerte, el PSOE no toma decisiones valientes.

¿Es partidario de un gobierno de coalición municipal junto al PSOE?

Aspiro a dirigir un proyecto de cambio y de transformación social en Barcelona y que entienda que esta ciudad se ha vuelto muy cara. Hace falta una Alcaldía que esté dispuesta a enfrentarse a los poderes económicos y a defender a la gente. Hay que batallar por la bajada de precios de la vivienda, de los alimentos y del transporte público. Barcelona no necesita la Fórmula Uno en el Passeig de Gràcia. Lo que necesita la ciudad es que se prohíba la compra especulativa de vivienda y llevar los ejes verdes a los barrios populares. No podemos dejar en la cuneta a mucha gente que lo está pasando mal. 

Se han dado pasos como la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña y en Barcelona se contienen más los precios que en Madrid. Pero es un drama para los ciudadanos comprarse una casa en la ciudad. Si fuera alcalde, ¿qué medidas efectivas tomaría?

Prohibiría las compras especulativas, adquiriría estratégicamente bloques de edificios para que los fondos de inversión no puedan entrar y reduciría el precio del transporte público. También haría progresivo el IBI. Lanzaría un mensaje con hechos de que queremos parecernos al Nueva York de Mamdani. Ahora tenemos una ciudad en la que Collboni vive de lo que puede hacer Pedro Sánchez en Madrid. Eso no puede ser. Y quiero hacerlo con un movimiento municipalista con la gente de EH Bildu, de Adelante Andalucía y de Compromís. 

Barcelona también vive una gran dicotomía con el turismo. Por un lado, es una fuente de ingresos, pero también conlleva la gentrificación de muchos barrios y la subida de precios. ¿Qué haría de manera concreta?

Vivimos un momento de descontrol turístico producto de un modelo económico que ve la ciudad como un espacio de especulación. El turismo tiene sentido si está al servicio de la ciudad. Hay que generar un modelo más diversificado y que se extienda por toda el área metropolitana. La gallina de los huevos de oro puede acabar desapareciendo. Barcelona siempre ha sido una ciudad abierta, lo que no puede ser es que el turismo se utilice de manera descontrolada. Y hay que introducir, por ejemplo, elementos que protejan a los comercios de barrio. Todo en defensa de la Barcelona diversa. Y quiero decir de manera clara que estoy en contra de la ampliación del aeropuerto de El Prat. 

Este viernes se presentó ya al candidato de Aliança Catalana para Barcelona. El partido de Sílvia Orriols aparece en algunas encuestas como la segunda opción en intención de voto en Cataluña. ¿Cómo explica el ascenso tan fulgurante de una opción de extrema derecha?

Proviene de algunas élites decepcionadas con el procés. Ahora están haciendo un giro peligroso, bajo la apariencia de defender el catalanismo, hacia las políticas de Vox y del PP. Su objetivo es criminalizar a la población migrante con un despliegue obsceno de islamofobia para dividir a los trabajadores y pagarles menos. Me preocupa que la gente trabajadora le vote y quiero interpelarla para mostrar que la solución no es atacar a tu vecino. 

¿Por dónde pasa esa interpelación?

A mí me gustaría ser el primer alcalde de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas. Quiero demostrar que puedes defender las tradiciones culturales y, al mismo tiempo, reconocer que la incorporación de personas de otros lugares del mundo es un factor de riqueza. Es lo que ha convertido a Barcelona en una ciudad de referencia. Hay que hacer una apuesta muy fuerte por dignificar las condiciones materiales de vida de los migrantes y de la población autóctona que vive de manera precaria. La mejor manera de hacer frente a la ultraderecha es con políticas sociales valientes, que impidan que la gente se enfrente. Por ejemplo, apuesto por supermercados públicos para que baje el precio de los alimentos. 

Usted es todavía diputado en el Congreso y miembro de la Mesa. Desde ese punto de observación, ¿hasta cuándo cree que va a durar la legislatura?

No quiero dejar el Gobierno de mi país al PP y a Vox, pero no basta con eso. Para que no lleguen el PP y Vox, hay que adoptar medidas valientes en ámbitos de la plurinacionalidad y de lo social. Esta legislatura sólo tiene sentido si sirve, por ejemplo, para derogar la ley mordaza. El Ejecutivo, que tiene músculo financiero, debe comprar pisos para que no lo hagan los fondos buitre. Y también se debe regular el tema de los alquileres de temporada, que es un agujero enorme. No puede haber inmovilismo. Se acabó el tiempo de los trucos de ilusionista, no basta con que Pedro Sánchez diga algo en una cumbre internacional. Y también hay que apostar por la democratización de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay que establecer mecanismos que eviten fenómenos de corrupción heredados del bipartidismo. Detrás de la ofensiva brutal contra Sánchez y dirigentes socialistas, hay un intento clarísimo por parte de sectores de la derecha judicial y mediática de convertir al PSOE en el viejo partido del régimen que gobernaba entendiéndose con el PP. Pero también veo en muchos casos que hay comportamientos que eran propios del bipartidismo.

¿Cree en la inocencia de Zapatero?

Hay un intento de castigar a un expresidente que decidió que se podía gobernar con la izquierda del PSOE y que se podía dialogar con el independentismo. Pero, al mismo tiempo, salen a la luz unos comportamientos que, más allá de su catalogación penal, son muy discutibles en términos políticos. Si un presidente recibe determinadas joyas y no las pone a disposición de Patrimonio Nacional, hay una percepción de que eso era normal. Parece que es un comportamiento de la monarquía parlamentaria bajo el bipartidismo que no se puede repetir. 

¿Y qué le parece el conocido como caso Leire Diéz?

El PP puso en marcha cloacas en los ámbitos de la UCO y de la UDEF, controlando por la puerta de atrás algunos sectores judiciales. Pero si el PSOE vio eso y pensó que había que luchar, lo suyo no era hacer una cosa cutre y tomar una iniciativa oscura, sino haberlo convertido en un debate de Estado con luz y taquígrafos. Y tendría que haber planteado a los grupos políticos que le daban su apoyo hacer reformas compartidas. Ya le dijimos a Félix Bolaños que no se podía pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial solo con el PP. Ahora en parte es tarde, pero esperemos que el PSOE lo haya entendido. Quiero que haya presupuestos generales, pero no quiero que ese debate sea una excusa para irse posicionando de cara a las elecciones. Por eso, vamos a insistir cada semana para que se aprueben normas. Y hay que llamar a la ciudadanía a defender los derechos.

¿Cree que todavía las izquierdas pueden luchar contra el PP y Vox en las próximas elecciones generales y conservar el Gobierno? ¿Hay esperanza todavía?

Las izquierdas debemos estar más al lado de la gente que nos votó. Necesitamos un nuevo arraigo territorial, estar en los barrios escuchando las exigencias de la gente que peor lo está pasando. Si no, esa gente sólo va a escuchar los argumentos de la ultraderecha. Lo principal es que nos volquemos en lo territorial. No hay que pensar solo qué se hace en las redes. No todo es la batalla digital. Hay que hacer una presencial. Llevamos un ciclo con muchas elecciones que no permitieron hacer ese arraigo. Hay que disputarle a la ultraderecha cada club de fútbol, cada asociación de estudiantes. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, acordar un programa común para toda la legislatura. 

¿Qué opinión le merece el acto de Gabriel Rufián y de Mónica Oltra? ¿Cómo ve ese fenómeno?

Comparto con Gabriel el sentido de urgencia frente a que supondría un Gobierno de Vox y de PP para la gente trabajadora, las mujeres y los más vulnerables. Y comparto que las izquierdas tenemos que buscar las formas más eficaces de cooperar. Yo sigo sus actos y habría estado con gusto en el que hizo con Mónica Oltra, una referente para todos. Siempre he defendido esta vocación frenteamplista, pero no parece que Oriol Junqueras esté aquí.

¿Ha merecido la pena formar parte del Gobierno de coalición con el PSOE?

Gobernar en minoría con el PSOE siempre tiene riesgos. En el Gobierno tiende a moverse a la derecha. En este caso, Sánchez no pudo hacerlo. Las mayorías no le permitieron gobernar con Albert Rivera. Entendió que sólo podía hacerlo con Unidas Podemos y entenderse con Bildu y ERC. Incluso con el PNV y Junts. Mi experiencia es que al PSOE no se le puede dejar solo. Mientras más fuerza tengas para condicionarlo, más posible es que se puedan producir los cambios estructurales. Ahora escucho a Sánchez defender políticas como la regularización de migrantes y la subida del salario mínimo, pero ninguna fue impulsada por el PSOE. La cuestión no es estar dentro o fuera del Gobierno, sino dónde colocas la presión. El debate es para qué.

¿Qué papel puede jugar Ada Colau en este proceso de la izquierda?

El feminismo es una de las fuerzas más transformadoras para luchar contra la ultraderecha. Tenemos muchos nombres de dirigentes en la izquierda de primer nivel como Ada Colau, Mónica Oltra, Teresa Rodríguez, Irene Montero, Rita Maestre, Mónica García, Sira Rego, Amanda Meyer… Son mujeres valientes que podrían encabezar proyectos contra la ultraderecha y defensores de la justicia social y climática. Representan el humanismo frente a la ideología de la crueldad y de la codicia de Trump, Abascal y Ayuso.

Seguramente no tenía que hablar de esto, con la que está cayendo… Pero no me resisto. Y no me resisto porque, a veces, lo menor desnuda a lo mayor. A veces, lo pequeño nos lleva a pensar en lo grande. Y eso me ha pasado a mí con el espectáculo que Madrid ofreció al papa en el Santiago Bernabéu… y su contraparte en Barcelona. Más allá de la broma fácil, esos dos espectáculos explican mucho de en qué se ha convertido Madrid en estos años. Y no, no es caer en la competición burda entre las dos ciudades. Es que lo de Madrid desvela la realidad de una ciudad/comunidad gobernada desde hace muchos años por la peor derecha. El acto con el papa en el Bernabéu, desgraciadamente, nos muestra un Madrid que conocemos bien quienes vivimos aquí; porque ha sido construido/destruido por un neoliberalismo que es también un movimiento cultural que lo impregna todo. Esta es la ciudad que consiguió hacer un tema de que Carmena osara vestir a un Rey Mago con un traje de fantasía. 

Hay un dicho en Madrid que dice que esta ciudad nunca ha dejado de ser un poblachón manchego. Yo entiendo que con eso quiere decirse que es una población que se encuentra, física y simbólicamente, en un páramo; aislada de cualquier foco cultural relevante. Esto es así pero, además, podríamos añadir aquí que, debido a su capitalidad, Madrid tiene un evidente complejo de superioridad que le lleva a suponer que, con eso, es suficiente; por ello ha terminado siendo paleta y localista. En Madrid se pretende hacer todo a lo grande, pero “grande” no es bueno, ni bello, ni interesante, ni mejor. “Grande”, en el caso de la cultura, de un espectáculo, de una fiesta, no significa nada. 

El acto que la Iglesia de Madrid montó en el Bernabéu, supongo que con mucho apoyo institucional, nos ha mostrado al mundo como el epítome de lo cutre, casposo, desfasado, hortera. Y no será por falta de recursos. El espectáculo que tuvimos la desgracia de contemplar sólo puede atribuirse a esa tradición por la que cualquier cosa que se haga en Madrid con dinero, con mucho dinero, está bien hecha. En Madrid hace mucho que se da un trumpismo avant la lettre que entiende que hay que dar la batalla contra la izquierda también en la cultura y esa idea, con el tiempo (y con muchas resistencias, naturalmente) ha ido impregnando mucho de lo relacionado con la cultura, las celebraciones populares, los espectáculos. 

Hace mucho que el PP de Madrid presume de ignorancia y mediocridad, hace mucho que se ponen impedimentos a las fiestas populares, salidas de los barrios y de la gente; hace mucho que decidieron subvencionar los toros o espectáculos caducos y cutres antes que esforzarse por convertir esta ciudad en un foco cultural de vanguardia. No voy a decir que la cultura es de izquierdas porque, aunque en gran medida sí lo es, ha habido y hay grandes creadores de derechas, incluso dictadores terribles, que amaban la cultura y que eran cultos. Esa es otra discusión que no se da en la derecha neoliberal trumpista, donde una de sus características principales es hacer ostentación de ignorancia, de incultura, incluso de estupidez. Y no es sólo hacer ostentación de todo ello, sino que hay también una intención consciente por insensibilizar a la gente ante la belleza o la cultura. Supongo que piensan que cuanto más brutos sean los votantes más se sentirán representados por políticos ignorantes que se ríen de cualquier muestra de sensibilidad artística. La cultura es woke, la belleza es woke, la inteligencia es woke, ETA y comunismo. Incluso la bondad es woke. Es en ese sentido en el que la ceremonia de inauguración del Mundial de futbol que se celebró en EEUU, con todos los recursos posibles a su alcance, fue absolutamente cutre, pobre y aburrida. 

Los espectáculos, tanto el del Bernabéu como el del Mundial, tienen ambos que ver con la mirada que esta derecha que padecemos proyecta sobre el mundo. Si Trump forra la Casa Blanca de oro porque un día vio el palacio de Versalles y le pareció de buen gusto, los organizadores del acto del Bernabéu han sido capaces de hacer un acto casi inexplicable. Dos locutores deportivos gritaban "GOOOOL" sin ton ni son mientras un cuerpo de baile sacado de un instituto daba patadas (flojitas) a un balón al tiempo que otros cuantos ¿bailarines? ¿voluntarios? ¿La juventud del papa? daban saltos desacompasados y absurdos celebrando esos falsos goles papales. No sé cuánto costó la broma, pero la cosa era muy parecida a la fiesta de fin de curso de un colegio y el guionista del engendro merece padecer los males del infierno. 

En Barcelona no sólo hicieron un espectáculo lleno de belleza, sino que tuvieron el buenísimo gusto de que pareciera que todo iba dedicado a Gaudí, con lo que no sólo los católicos podían sentirse incluidos. Hicieron coincidir la bienvenida al papa con la presentación de una de las últimas torres que faltaban por concluir de la Sagrada Familia y los drones proyectaron en el cielo la imagen del arquitecto. Si eso se llega a hacer en Madrid, allí hubiéramos visto la cara iluminada del papa, o de Ayuso, quien sabe, o puede que de Nacho Cano. 

Las fiestas y los espectáculos de Madrid son en demasiadas ocasiones así: cutres, casposos, baratos (aunque cuesten muchísimo dinero), grises, deprimentes y carentes de cualquier rasgo imaginativo o de modernidad; y dan un poco de vergüenza. Dijo Ayuso que el papa hablaba al mundo desde Madrid o Madrid se hablaba con el papa, o el papa hablaba para Madrid, porque todos somos uno… o varios. No se la entendió nada de lo que dijo en una de sus características entrevistas en las que le da por improvisar. Lo que sí se entendió es que Madrid es incapaz de montar un espectáculo digno porque hace mucho que los políticos que la gobiernan son como la cultura que imaginan y los espectáculos con los que se presentan al mundo: grises, tristes, casposos, cutres, desfasados, ignorantes. Para librarnos haría falta un fuerte y valiente impulso, sostenido en el tiempo, en la dirección contraria a aquella en la que vamos. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

El final del curso político no podía pintar mejor para el Partido Popular. Las investigaciones judiciales que rodean al entorno del presidente del Gobierno y la presión de unos socios parlamentarios que ven la legislatura en “vía muerta”,  dejaban el campo libre al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de corrupción, de un Gobierno agónico y presionar con unas elecciones anticipadas que también le reclaman a Pedro Sánchez aliados parlamentarios. Pero la moción de censura que volvió a agitar el lunes en una entrevista televisiva ha terminado colocando de nuevo al líder de Junts, Carles Puigdemont, en el centro del tablero y devolviendo a los posconvergentesel “foco” de la atención política y mediática que el PP tanto ha querido evitar en las últimas semanas.

El líder del PP dijo la pasada semana que estaba dispuesto "a todo" para desalojar al presidente del Gobierno. "Todo es todo", insistió Feijóo en el Congreso tras la entrada de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, en relación con el caso Leire Díez. Una frase que deja abierta la pregunta de si ese “todo” incluye también pagar el peaje de Junts, que este martes le exigió lo mismo que al PSOE para investir a Sánchez hace tres años. Una visita a Waterloo (Bélgica), ciudad en la que reside Puigdemont desde hace años, para “empezar” a negociar.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, evitó cerrar del todo la puerta a escuchar al PP este martes —a diferencia del “no” rotundo que esgrimía hasta ahora— , pero sí fijó sus condiciones: "Las reuniones serias las hacemos en Waterloo". Así, si Feijóo quiere los siete votos de los independentistas para una moción contra Sánchez, tendrá que aceptar primero una fotografía que lleva años denunciando cuando los protagonistas han sido miembros de la cúpula socialista, entre ellos el president catalán, Salvador Illa. 

Aunque no acudiera el propio Feijóo, en Génova asumen que esa imagen tendría costes en una gran parte de su electorado, sería utilizada por Vox y tampoco se entendería a nivel interno. A lo largo de la legislatura, tanto el líder en Cataluña, Alejandro Fernández, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han mostrado públicamente sus reservas a cualquier acercamiento a los de Puigdemont, especialmente después de que el equipo de Feijóo admitiera que planteó un indulto condicionado al líder de Junts e incluso sopesó la amnistía durante 24 horas. No obstante, también hay sectores del partido que creen que ese “precio” es asumible si con ello logran desbancar a Sánchez de La Moncloa antes de 2027.

Aunque Feijóo insiste en que, a diferencia de Sánchez, impulsaría una moción de censura "instrumental" para convocar elecciones de inmediato tras “limpiar instituciones” como RTVE o el CIS, Junts le pone las mismas condiciones que al presidente del Gobierno. En Génova entienden que el precio es demasiado alto para un partido que criticó con vehemencia que Santos Cerdán, exsecretario de organización, fuera a Waterloo a negociar con Puigdemont; que ha llegado a tildar al líder de Junts de “terrorista”; y que se refiere a él de manera habitual como “prófugo de la justicia”. Así, para no alimentar más la cuestión, el líder del PP no se refirió a la moción ni tampoco al partido de Puigdemont en el acto celebrado este martes en el Cercle d’Economia de Barcelona, en el que buscaba una alianza con el empresariado catalán para aumentar la presión sobre los posconvergentes. 

“No pretendo remover conciencias, no busco atajos porque lo que conviene es atajar la situación de España. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos, vengo a defender la necesidad de un proyecto limpio y a garantizar que en todo caso devolveré esa decencia a mi país con ayuda o sin ella”, fue lo único que dijo en el acto. A su salida, instó a "hablar de cosas serias", tras ser preguntado por la exigencia de Junts de desplazarse a Bruselas. Horas antes, desde su equipo aseguraban que no querían entrar a comentar las “ocurrencias” de nadie, tampoco de quienes son imprescindibles para desbancar al presidente del Gobierno. 

Los movimientos de Feijóo no han pasado desapercibidos para los barones de la formación, algunos de los cuales consideran que su líder se está “metiendo en charcos” innecesarios. Aunque más allá de la propuesta del exministro José Manuel Margallo de presentar un candidato alternativo a Feijóo —“políticamente neutral, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual”, en sus propias palabras—, ningún cargo de peso de la formación conservadora ha alzado la voz para cuestionar a su jefe de filas.

Más allá de las intenciones del líder del PP, hay varios motivos por los que la moción es, por el momento, inviable. El primero es Vox. Feijóo puede prometer que su líder, Santiago Abascal, no entraría en ese Gobierno transitorio, pero sin los 33 diputados de Vox no hay suma posible. Para el PNV, votar una moción que dependa de la extrema derecha es una línea roja. Para Junts, también implica un coste evidente en Cataluña, el de aparecer como socio de una operación que solo sería viable con los ultras. 

El segundo es Junts. Puigdemont no ha dicho un "no" definitivo, y precisamente por eso ha recuperado el foco. Le basta con poner una condición que sabe casi imposible para el líder del PP, que queda atrapado en ese regalo envenenado de los posconvergentes. Si acepta, blanquea la interlocución directa con el expresident catalán y dinamita años de discurso contra Sánchez. Si no lo hace, Junts puede responder que el "todo" de Feijóo tenía letra pequeña. En cualquiera de los dos casos, Puigdemont gana protagonismo.

En el caso de la moción, hay un tercer factor: la contradicción interna del PP. Feijóo acusa a Sánchez de haber entregado la gobernabilidad a Puigdemont, pero ahora le necesita para derribarle. Así, la tesis mayoritaria en Génova es que les sale más a cuenta esperar a que el PSOE “se siga desgastando” y ganar las generales, que no llegar con una moción condicionada por un Junts del que tampoco se fían. 

Es más, la situación judicial de Puigdemont explica, en parte, por qué mantienen la presión sobre Sánchez sin terminar de romper todos los puentes.  La ley de amnistía ya fue avalada en términos generales por el Tribunal Constitucional, pero el caso del líder de Junts sigue encallado por la negativa del Supremo a aplicársela en la causa de malversación. El TC admitió su recurso de amparo, pero mantuvo la orden de detención en España mientras resuelve el fondo. En los últimos meses la Fiscalía y la Abogacía del Estado han defendido que debe aplicarse la amnistía y han cuestionado la interpretación del Supremo. La última palabra, sin embargo, no ha llegado aún.

Así, mientras el expresident catalán siga pendiente del recurso del Constitucional y de la justicia europea, su partido conserva un poderoso incentivo para mantener abierta la negociación, elevar el precio de sus votos y evitar que el relato se le escape. Si la amnistía se desbloquea y Puigdemont puede volver, el tablero cambia y Feijóo pierde su oportunidad. Si no lo hace, Junts puede seguir acusando al PSOE de incumplimientos y de incapacidad para garantizar lo pactado.

El contexto catalán tampoco ayuda a Feijóo. Este martes, ante el empresariado reunido en el Cercle d’Economia, la presidenta de la entidad, Teresa Garcia-Milà, puso sobre la mesa otro asunto incómodo para el PP: la financiación autonómica. "El Gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla", trasladó ante Feijóo. La financiación es otro recordatorio de que el tablero catalán no se mueve solo por la moción y de que Cataluña es uno de los territorios en los que Feijóo prevé volcarse hasta las generales, pero también uno en el que gobiernan los socialistas de la mano del principal apoyo de Sánchez, Salvador Illa.

La geopolítica está inmersa en una desquiciante sacudida constante. Con un orden mundial revuelto. Las guerras golpean con dureza. Y la agenda ultra se impone en muchos rincones del planeta. En mitad de este panorama de convulsión, el Gobierno de coalición y el Vaticano se han encontrado en algunos caminos de vital importancia.

León XIV y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, juntarán estas sendas durante estas semanas, con una primera parada en Roma este miércoles, en la audiencia en el Vaticano. Una previa de la esperada visita del papa a España, que se prolongará desde el 6 hasta el 12 de junio. El presidente incluso le acompañará en la misa en la Sagrada Familia en Barcelona, la primera celebración litúrgica a la que acude desde que llegó al Palacio de la Moncloa tras la moción de censura en 2018.

Esta visita del papa coincide con unos días muy complicados para el Gobierno y el PSOE después de que la Audiencia Nacional haya imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. En Ferraz y en Moncloa están en shock, pero mantienen su confianza en el que fuera líder del socialismo. 

Precisamente, el expresidente Zapatero vivió durante su mandato momentos de mucha tensión con la Iglesia católica, que se opuso frontalmente a medidas adoptadas por aquel Ejecutivo como la aprobación del matrimonio igualitario o la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El Gobierno actual de coalición tuvo ya buena sintonía con el papa Francisco, aunque este no llegó nunca a visitar España. Pero ese vínculo se veía incluso con el ala de Sumar, como se podía evidenciar en el trato de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el antiguo pontífice. La elección de su sustituto produjo inquietud en sectores del Ejecutivo al ver la posibilidad de que llegara un papa más volcado hacia los postulados ultras.

León XIV, en las últimas semanas, se ha convertido, por ejemplo, en un referente contra las políticas de Donald Trump. Esa posición se valora positivamente en el socialismo, donde recuerdan que la Iglesia ha mirado hacia otro lado otras veces ante líderes autoritarios. El pontífice, también estadounidense, ha criticado la guerra en Irán iniciada de manera unilateral por Washington e Israel. 

El papa ha llegado a decir: “El corazón de dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras. Pero el corazón de nuestro padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día. Donde hay amor y servicio, allí está dios”.

Pero en estos días también hay temas que unen al Palacio de la Moncloa y al Vaticano. Este mismo martes el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que ahora pasa a fase de tramitación parlamentaria. 

La norma marca un enfoque humanista con prácticas prohibidas como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas y la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa.

El papa presentó este lunes su primera encíclica, bajo el título de Magnifica humanitas, en la que expresa que la inteligencia artificial tiene "que ser desarmada" de las "lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte".

El pontífice, licenciado en Ciencias Exactas, abogó por “construir juntos” para “orientar la inteligencia artificial hacia el bien común”, no solo para “unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad”. Este discurso entronca también con el de Sánchez, que lleva tiempo ya pidiendo limitar el poder de los tecnooligarcas, además de poner límites al uso de las redes por la salud mental de los menores.

Además, el viaje del papa a España tiene tres paradas: Madrid, Barcelona y Canarias. La última es la que tiene mayor carga porque el pontífice la hace con un mensaje claro a favor de la integración y se produce en un momento en el que el Gobierno está en pleno proceso de regularización, lo que ha provocado críticas e insultos por parte de las derechas.

León XIV se ha mostrado muy preocupado por la situación de los migrantes que llegan por vía marítima a las costas europeas. Tras aterrizar el 11 de junio en el aeropuerto de Las Palmas, el papa se trasladará directamente al puerto de Arguineguín, donde se interesará por la forma de acogida de los migrantes. Al día siguiente se trasladará a Tenerife, donde tiene previsto también un encuentro con migrantes del centro de Las Raíces. 

Esta actitud del papa choca directamente con los postulados de la ultraderecha y la deriva del Partido Popular, que ha incluido el concepto de “prioridad nacional” en sus pactos de gobierno en Extremadura y en Aragón para las investiduras de María Guardiola y de Jorge Azcón. En esa línea también ha ido el acuerdo alcanzado por los populares y Vox para sacar adelante los primeros presupuestos del Consell de Juanfran Pérez Llorca, que incluirán esa “prioridad nacional” en ayudas sociales y en vivienda en la Comunitat Valenciana.

Aunque existen algunas discrepancias entre el Gobierno y la Iglesia en temas como la eutanasia y el aborto, ahora mismo ambas partes ponen el foco en los avances logrados durante estos años. Por eso, Sánchez no tiene ninguna carpeta abierta con el Vaticano tras haberse llegado a acuerdos como el de los bienes inmatriculados, la supresión de las exenciones fiscales (impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones y el gravamen de contribuciones especiales) y la reparación de las víctimas de abusos sexuales.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango ha salido en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la jueza, tras tomarle declaración como investigado por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak, en 2024.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tal y como solicitaba la Fiscalía, la titular de la plaza 5 de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell (Barcelona) ha fijado una fianza de un millón de euros al investigado, además de retirarle el pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic ha consignado, por transferencia, el millón de euros de fianza y ha salido en libertad de los juzgados, acompañado de su abogado, Cristóbal Martell.

Ambos han abandonado las dependencias judiciales en un taxi, tras pasar por un cordón que habían habilitado los Mossos d'Esquadra para separarlos de los numerosos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas de los juzgados de Martorell.

En su comparecencia ante la jueza instructora, el hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Antes, se había negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra en las dependencias policiales.

La jueza ha tomado declaración al sospechoso tras levantar el secreto de sumario de la investigación, lo que le ha permitido conocer las pruebas que le incriminan en la causa, que está abierta por un delito de homicidio.

El fundador del imperio de moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre del año pasado, al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d'Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana ha estado analizando el registro de llamadas telefónicas y los mensajes del móvil de Andic y ha estado trabajando para recuperar algunos que habían sido borrados meses antes, en busca de indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

Los Mossos basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión por Montserrat el detenido pidiera al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira en su último litigio en España, al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros, según recoge EFE.

El tribunal ha estimado el recurso de la artista contra la resolución de la Agencia Tributaria, y ha anulado las liquidaciones y sanciones impuestas al considerar que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Se trata de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España, después de que este mismo mes un juzgado de Barcelona archivase la segunda causa penal que la cantante Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros (7 millones de dólares) al fisco en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones pidieran que se cerrara la investigación.

Años antes, en 2024, Shakira aceptó una multa de 7,8 millones de euros al reconocer ante un tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación que le evitó la prisión y le ahorró un largo juicio.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha manifestado la cantante en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal, del despacho Prada Tax Advisor.

El caso, que se ha dirimido por la vía administrativa, se circunscribe a una cantidad de algo más de 55 millones de euros reclamados a la cantante, si bien su equipo cifra en más de 60 millones la cantidad que debe devolverle Hacienda al sumar los intereses y el pago de costas.

Se trata, según anuncia en un comunicado la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que representa a Shakira, de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España tras ocho años de disputa.

Ahora bien, la sentencia puede ser recurrida al Tribunal Supremo, y fuentes de la Agencia Tributaria, que recuerdan que Shakira ya aceptó en conformidad las condenas por delitos contra Hacienda para los años 2012-2014, han informado a EFE de que la recurrirán.

En este caso, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio en 2011 al alegar que residía fuera de España, cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en este país y, por tanto estaba obligada.

Dónde vivió la cantante colombiana ese año ha sido el principal objeto de análisis de la sección cuarta de lo Contencioso de la Audiencia, que ha concluido que "no ha quedado acreditado" que Shakira tuviese su domicilio fiscal en España. Por tanto, para el tribunal "es obvio que las liquidaciones" y consiguientes sanciones impuestas por ello "son contrarias a Derecho".

La Sala entiende que la estancia en España de la cantante fue de 163 días y no de más de 183, como exige la ley a efectos de tributación, y asegura que la Administración no ha probado que Shakira tuviera el núcleo de intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.

Ante la afirmación de la Administración de que Shakira tenía una relación sentimental con un residente español (el exfutbolista Gerard Piqué), el tribunal explica que en 2011 no existía "vínculo conyugal", ni tampoco "hijos menores" residentes en España. Es decir, "no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera".   

La Agencia Tributaria también analizó si la cantante residía en efecto en Bahamas, si bien el tribunal señala que el hecho de que "Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 fuera de España". Y recuerda asimismo que la situación que ha analizado se enmarca en el 2011, y que los cambios producidos en ejercicios posteriores no afectan a este litigio.

Tras conocer la sentencia, la cantante ha deseado que esta "siente un precedente para Hacienda" y ha lamentado el "señalamiento público" sufrido y que se le tratase "como culpable", según el comunicado.

Su abogado, José Luis Prada, ha cargado contra el "modus operandi" de Hacienda, que "asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse" y ha celebrado que la Justicia funcione "de verdad" frente a "posiciones administrativas inaceptables". 

Al Govern se le acumulan los deberes para un final de curso minado de negociaciones y huelgas. El profesorado ha realizado un paro general en toda Cataluña y ha provocado el corte de varias carreteras. Se trata de la primera jornada de unas movilizaciones que se alargarán hasta comienzos de junio, si el Ejecutivo de Salvador Illa no lo impide con la aprobación de los presupuestos de este año, que previsiblemente anunciará con ERC la próxima semana (pasadas las elecciones andaluzas), después de meses encallados y al borde de fechas críticas.

Las nuevas finanzas prevén una inversión de 8.356 millones de euros en Educación, lo que representa un incremento del 24,4% respecto a 2023, pero apenas un 2,65% del PIB catalán, muy lejos del 6% que reclaman los sindicatos en una Iniciativa Legislativa Popular que se discute en el Parlament desde el mes de mayo pasado. "Quieren darnos 50 euros por noche de campamento, es decir, tres euros la hora. Y con eso se creen que es suficiente. Queremos que nos bajen el ratio por clase y reconozcan nuestro trabajo", pide una de las portavoces de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Cati Morros, en la multitudinaria manifestación de Barcelona. "Països Catalans, en peu de guerra per la pública!" ["¡Los Países Catalanes, en pie de guerra por la pública!"], se lee en su pancarta. 

De momento, tampoco ha aplacado las protestas la improvisada reunión con sindicatos que ha convocado la consellera d'Educació, Esther Niubó, para el jueves. "Llega tarde y sin propuestas concretas", se queja la maestra de música, al igual que el sindicato mayoritario, la USTEC, que se desvinculó en marzo del acuerdo de la conselleria con UGT y CCOO. El Govern confía ahora en que la inminente aprobación de los presupuestos, con aumentos salariales y mejoras en infraestructura escolar, sirva para desactivar las huelgas.

"Los límites al presupuesto en Educación tienen un problema de base: el sistema de financiación Estado-Cataluña. Los mismos límites que tiene ERC a la hora de conseguir algo más de dinero para rascar alguna concesión", asegura a infoLibre el politólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Marc Guinjoan, sobre las borrascosas negociaciones del PSC para lograr el apoyo de ERC a las cuentas de este año. Las cifras irán acompañadas de tres pactos políticos: la sociedad mercantil para asegurar las inversiones del Estado en infraestructura; la línea de tren orbital para conectar el cinturón periférico sin pasar por Barcelona; y el traspaso a la Generalitat de una competencia estatal, aún por definir, pero que podría ser un órgano bilateral para que la Generalitat participe en la gestión de los aeropuertos catalanes.

Aunque, de momento, todo es papel mojado. Por eso los republicanos han supeditado su apoyo a que los acuerdos se ratifiquen en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat que evite distorsiones entre lo anunciado y lo implementado. "Hay un largo historial de incumplimiento de los acuerdos de ERC con el PSOE y pocos se materializan, como ya se vio con la transferencia del IRPF", indica el profesor de la UAB. Desde el verano de 2024, los republicanos pactaron con los socialistas que Cataluña gestionase plenamente la recaudación del IRPF, algo que todavía no se ha implementado. 

A pesar de ese incumplimiento, el líder de ERC Oriol Junqueras decidió retirar en marzo esa demanda del entorno de la negociación con el PSC para dar viabilidad a los presupuestos. Algo que ha vuelto a suceder con la petición de cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que exigieron la semana pasada tras la infiltración de dos agentes de este cuerpo en una de las asambleas de profesores para planear la huelga. "ERC juega en muchas arenas políticas (entre el independentismo y su alianza en Madrid) y no le queda más alternativa que optar por la gobernabilidad de Cataluña ante un contexto de conflicto laboral y una demanda unánime de la sociedad catalana", afirma a este medio el analista y politólogo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marc Sanjaume, sobre el pragmatismo de los republicanos, que desde hace tiempo han escogido la gobernabilidad, máxime ahora frente al avance de fuerzas antiinstitucionales materializadas en Aliança Catalana. En este planteamiento, se juega a que es mejor tener a PSC y PSOE en el Gobierno que anticipar elecciones.

"Para nadie de su electorado es una sorpresa que ERC haya cedido, aunque tenga socios poco fiables", señala el politólogo de la UPF, sobre unas comisiones que han tenido "un historial de fracasos". De entrada, la Comisión Bilateral requiere de la aprobación del Congreso y, a finales de abril, Junts ya votó en contra -junto a PP y Vox- de crear un consorcio público bilateral formado por la Generalitat y el Estado para gestionar la implantación de futuras infraestructuras catalanas. Los de Puigdemont tacharon la propuesta de ERC de "otro chiringuito" colaboracionista con España, casualmente, cuando se cumple el 30º aniversario de la firma de la entente entre el PP de José María Aznar y la CiU de Jordi Pujol. 

Precisamente, ERC ha optado por aquel antiguo sistema Pujol de el peix al cove, conseguir lo que se pueda, cuando se pueda, pactando con quien sea para no desgastarse. Y, ante esa premisa, lo único que ha tenido que hacer el PSC para no dejarse materias para septiembre ha sido poner el balón en el tejado de los republicanos, que terminan presentándose a todos los exámenes sin ni siquiera formar parte de ningún gobierno.

Ocho personas han resultado heridas, una de ellas grave y otra de diversa consideración, debido a la explosión de una bombona de butano en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona, que ha tenido que ser desalojado.

Según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias, debido a la explosión, y posterior incendio en el edificio, una persona ha resultado herida grave y otra menos grave, de forma que ambas han sido trasladadas al Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Además, otras seis personas han sufrido afectaciones leves y han sido atendidas en el lugar de los hechos por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aunque en su caso no ha sido necesario trasladarlas a ningún centro médico.

Ante esta explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Desde hace quince años ningún papa ha visitado España. En poco más de un mes aterrizará León XIV en Madrid, primera parada a la que seguirán Barcelona y Canarias. Las administraciones trabajan de manera discreta aunque sin descansar para que todo esté listo. Pero, más allá de las grandes imágenes y ceremonias religiosas, su estancia dejará también varios mensajes de enorme calado tanto en la geopolítica internacional como en el tablero nacional.

El papa ha elegido Canarias como el colofón del viaje y estará en el archipiélago los días 11 y 12 de junio. Esto ilustra de forma clara su preocupación por el fenómeno migratorio y la integración de las personas que cruzan a Europa. Toda una declaración de principios que coincide en el tiempo con el proceso de regularización de migrantes emprendido por el Gobierno, cuya tramitación finaliza el día 30 de ese mes.

Este proceso de regularización en España ha sido defendido por la Iglesia, mientras que, a la vez, los partidos PP y Vox, los más afines al clero, están en pie de guerra contra el Ejecutivo por la reforma del reglamento que podrá afectar a más de 500.000 personas. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la regularización es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Desde la ultraderecha, Santiago Abascal habla de “invasión” y de “islamización”, al tiempo que promete dar la batalla jurídica contra la medida y obliga a incluir la “prioridad nacional” a Génova 13 en sus acuerdos en comunidades como Aragón y Extremadura.

Sus palabras chocan con el espíritu de la decisión del papa de visitar Canarias. En la web oficial del viaje, el obispo de Gran Canaria, José Mazuelos, explica: “Nuestras islas viven de cerca una realidad que marca profundamente nuestro presente: la llegada de tantos hombres y mujeres que, empujados por la necesidad, el sufrimiento o la falta de oportunidades, alcanzan nuestras costas buscando un futuro mejor. Esta situación interpela nuestra fe y nos invita a vivir con mayor autenticidad el Evangelio de la acogida, la fraternidad y la dignidad de toda persona”.

“Por eso deseamos que la presencia del santo padre entre nosotros sea también un signo de cercanía y esperanza para quienes atraviesan situaciones de fragilidad y para todos aquellos que trabajan cada día en la acogida, el acompañamiento y la defensa de la vida”, argumenta.

En una línea similar se expresa el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, que en su mensaje avanza que la diócesis, con motivo de esa visita, tiene la intención de poner en marcha junto a Cáritas un proyecto de centro de día para personas sin hogar, “entre las que, cada vez más, encontramos a inmigrantes”. Una iniciativa con una entidad que está en el punto de mira ahora mismo de la ultraderecha, que quiere quitarle las ayudas porque dice que vive del “negocio millonario de la migración”.

En este mundo cambiante y agitado, se da la paradoja de que esa visión integradora y humanista de la migración acerca a la Iglesia y al Gobierno de coalición frente a las derechas. Diferentes dirigentes socialistas reconocen en privado que tiene mucha importancia la elección del papa de Canarias como uno de los lugares de su viaje, por encima de las visitas a Madrid y Barcelona. 

Este lunes, por sorpresa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se vio en la Santa Sede con León XIV, un encuentro que no estaba recogido en las agendas oficiales. La audiencia duró 20 minutos y sirvió, según el jefe de la diplomacia española, para constatar la “enorme sintonía” entre el Vaticano y La Moncloa en temas de política internacional.

Además de la visita, los dos hablaron, según Albares, sobre preocupaciones comunes como "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes, y a favor del derecho internacional". Compartieron su “rechazo a la guerra para resolver conflictos” y “la defensa del multilateralismo”.

Albares también mantuvo un encuentro con monseñor Paul Richard Gallagher, responsable del Vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Él sí le preguntó directamente por el proceso de regularización y trasladó al español que “lo veía como un gesto positivo”, según el propio ministro.

El Gobierno está cuidando hasta el último detalle esta visita. Este lunes también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la reunión para coordinar el plan especial de seguridad. Un dispositivo de gran complejidad en el que están implicadas muchas instituciones, desde el Ejecutivo hasta la Casa Real y la Conferencia Episcopal pasando por las Comunidades de Madrid, Cataluña y Canarias, además de organismos como Renfe y Aena. Fuentes gubernamentales destacan el buen clima que se ha creado entre todos los actores implicados.

El viaje del papa coincide con el proceso de regularización y el debate abierto en el país. Este mismo lunes se publicó una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser que refleja la división de los españoles: el 37,6% de los ciudadanos la ve con buenos ojos, mientras que el 33% cree que es mala y el 21,5% la califica de regular. Los votantes de izquierdas son los que se muestran a favor de la iniciativa: Podemos (70%), Sumar (63%) y PSOE (59%). En cambio, el nivel de apoyo se desploma entre los electores de la derecha.

Pero, además, esta visita a España se produce en un momento en el que el pontífice ha alzado la voz claramente contra las políticas de su compatriota y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto por su política migratoria como por su ataque unilateral a Irán, solo de la mano de Benjamin Netanyahu (Israel). En privado, fuentes cercanas a Pedro Sánchez dan una gran importancia a la actitud de León XIV y la contraponen a otros momentos de la historia en los que la Iglesia calló, como durante el ascenso del nazismo.

León XIV, que llegó al poder en el Vaticano en mayo del año pasado tras la muerte de Francisco, tuvo una primera etapa en la que rehuyó enfrentarse a Trump. Pero, desde hace unos meses, se ha convertido en uno de sus grandes antagonistas. Lo que supone un duro golpe para el presidente de EEUU, porque el papa es el otro estadounidense más poderoso del planeta y el máximo responsable de la Iglesia católica, la fe que practica el morador del Despacho Oval. 

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revelaba como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’ y cuyo directo puede verse de nuevo a través de YouTube y X (antes Twitter).

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permitió conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Hemos reflexionado también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida corrió a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversó con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes se encontraban Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

La historia reciente de Ciutat Vella podría contarse como una sucesión de vacíos: solares que se abren como heridas en el tejido urbano, edificios que se desmoronan lentamente y una administración que, pese a disponer de herramientas legales, no logra activar los mecanismos necesarios para revertir la degradación. Pero también podría narrarse como la historia de una ciudadanía que se organiza, que investiga, que mapea y que exige. El documento elaborado por Amics del Carme entre 2024 y 2026 y dirigido por Teresa Reverte y Carlos Silvestre es un retrato preciso de ambas realidades: la persistencia del abandono y la potencia del activismo vecinal.

Desde hace más de dos décadas, esta asociación denuncia “problemáticas sociales y urbanas que afectan al barrio del Carme y a Ciutat Vella en general”, pero en los últimos años su foco se ha centrado en dos cuestiones que definen la vida cotidiana del centro histórico: los solares vacíos y los edificios en ruina. La magnitud del problema es evidente. A finales de 2024, el estudio impulsado por Amics del Carme identificaba 42.000 m² de suelo vacío repartido en más de 250 parcelas y, al menos, otros tantos de suelo disponible en edificios deteriorados. Estas son cifras que por sí solas revelan la profundidad del deterioro urbano y esta lacra de los solares vacíos parece que tiende al desequilibrio territorial, donde el Carme y Velluters son los tejidos más castigados.

Uno de los aspectos más valiosos del trabajo vecinal es su capacidad para suplir carencias institucionales. El “Taller de activación de solares vacíos en Ciutat Vella”, celebrado en 2023, no solo reunió a expertos, estudiantes y vecinos: generó propuestas concretas para cinco solares emblemáticos y reactivó el debate público sobre un problema que llevaba años normalizado. La posterior ruta “Solars i futur”, en 2024, volvió a situar el tema en el centro de la conversación, esta vez poniendo el foco en las condiciones urbanísticas y políticas que han permitido que Ciutat Vella se convierta en un “tejido profundamente agujereado”.

La exposición “Solars en trànsit”, también en 2024, consolidó este trabajo previo: un mapeo exhaustivo, datos precisos y la selección de once solares en proceso de transformación. La cifra más contundente —esos 42.000 m² de vacío— no surgió de un despacho municipal, sino del esfuerzo sostenido de vecinos comprometidos. Este tipo de iniciativas demuestra que el conocimiento urbano no es patrimonio exclusivo de la administración. Cuando los vecinos se organizan, investigan y documentan, el resultado es un diagnóstico más fino, más pegado a la realidad y, sobre todo, más orientado a la acción.

Quizá el aspecto más inspirador de las acciones llevadas a cabo es la evolución del activismo vecinal hacia formas más organizadas y formativas. En 2025 nace el grupo “Construint Ciutat Vella”, que impulsa los “Tallers d’activisme urbà”. Estos talleres no solo enseñan a los vecinos a leer el urbanismo, sino a intervenir en él: a conocer el RMSER, a solicitar información, a mapear edificios en mal estado y, finalmente, a diseñar acciones colectivas de visibilización. La acción final —una pegada masiva de carteles con los mensajes “aquí podría estar tu casa, pero hay un solar” y “aquí podría estar tu casa, pero hay una ruina”— sintetiza el espíritu del movimiento vecinal: ser directo, crítico, creativo y profundamente arraigado en la vida cotidiana del barrio uniendo conocimiento experto -geógrafos, urbanistas, arquitectas, juristas- con conocimiento experimentado -todas las personas residen y viven el barrio.

En total participamos más de 60 personas en estas acciones. Pero lo relevante no es la cifra, sino el gesto: la ciudadanía asumiendo un rol activo ante un problema que las sucesivas administraciones no han sabido resolver. El diagnóstico es claro: Ciutat Vella sigue siendo un territorio marcado por los vacíos, con un desequilibrio territorial evidente y una administración que no utiliza plenamente las herramientas a su alcance. Pero también es un territorio donde la ciudadanía ha decidido no resignarse. El trabajo de la AAVV Amics del Carme y de los colectivos implicados demuestra que el urbanismo no es solo una cuestión técnica: es una cuestión política y comunitaria. Los solares vacíos no son solo parcelas sin construir; son oportunidades perdidas para vivienda, equipamientos, espacios verdes o proyectos comunitarios. Son, en definitiva, un síntoma de un modelo urbano que ha priorizado intereses privados y turísticos por encima de las necesidades de quienes viven en el barrio. Lamentablemente la nueva regulación de la actividad terciaria hotelera profundiza esta realidad haciendo una llamada a actores ajenos a Ciutat Vella para abrir en canal las heridas de este distrito. Aún así, no nos resignamos.

En todas las actividades se confirmó una realidad: el Registro Municipal de Solares y Edificios en Ruina (RMSER) podría ser una herramienta decisiva para desbloquear la situación, pero su uso actual es claramente insuficiente. De los 33.207 m² de suelo vacío existentes en 2026, solo un 14,3% está incluido en el registro. Es decir, casi 28.500 m² quedan fuera de cualquier mecanismo de intervención. Los datos confirman que, por el momento, no está funcionando a su máxima capacidad. De los solares incluidos en el RMSER, solo uno está construido y cuatro están en obras. En total, apenas 385 m² han sido activados a través de este instrumento. Por cierto, que no es despreciable señalar que, de ese total de metros cuadrados de suelo vacío, 7.354 m2 son de titularidad municipal, es decir, un 18,35% al que hay que añadir el dato desconocido de suelo titularidad de otras administraciones.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede funcionar un registro municipal que deja fuera más del 80% del problema que pretende resolver? La suma de falta de voluntad política, falta de seguimiento técnico y falta de una estrategia clara para intervenir en solares pequeños y dispersos, especialmente en barrios como el Carme, La Xerea y Velluters lleva a esto.

Entre 2024 y 2025 se han construido o finalizado 1.807 m² de suelo, lo que supone un 4,5% del total existente en 2024. Si se suman los solares actualmente en obras, la cifra asciende a 4.763 m², aproximadamente un 12%. En total, un 16,5% de los solares han sido activados en dos años. Podría parecer un avance significativo, pero la realidad es limitada y más si tenemos en cuenta a qué se van a dedicar estos edificios.

En primer lugar, los solares más grandes intervenidos responden a usos terciarios hoteleros, como los de Eixarchs, carrer del Bany o Guillem de Castro. Es decir, el mercado turístico sigue siendo el principal motor de transformación urbana en Ciutat Vella, mientras que el uso residencial —especialmente el asequible— queda relegado, profundizando la enfermedad del barrio.

En segundo lugar, las intervenciones se concentran en zonas menos afectadas por la presencia de vacíos. Tres de las siete construcciones se ubican en el área delimitada por la calle de la Paz, la avenida del Oeste y Colón-Xàtiva, “el área menos castigada por la presencia de estos vacíos”. Mientras tanto, el Carme y Velluters continúan acumulando solares pequeños, dispersos y difíciles de activar sin una estrategia pública decidida. El documento lo resume con claridad: “Resulta preocupante cómo viabilizar la intervención en pequeños solares más diseminados, como los que aparecen en el Carme y Velluters”.

La pregunta que hacemos a la administración es si será capaz de escuchar, aprender y actuar en consecuencia. Porque el conocimiento ya está ahí, generado desde abajo, con rigor y con compromiso. Como recuerda el documento, “el grupo de trabajo sigue activo”. Y esa es, quizá, la mejor noticia para el futuro de Ciutat Vella.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

La Plaça de la Pau es un espacio efímero. Con olivos. En mitad del pabellón 8 de la Fira de Barcelona. Su duración: 48 horas. “Make love, not fascism”, reza la gorra de uno de los asistentes. Allí se cruzaron todos los caminos de la Global Progressive Mobilisation. Y se concentraba el sentimiento del evento: surge una nueva relación entre las izquierdas mundiales para hacer frente a la hiperorganizada internacional ultraderechista.

El dj que pinchaba en esta plaza enganchaba temazo tras temazo entre los distintos foros y diálogos. Preferencia por Bad Bunny. Pero no era una mera coincidencia, sino el reflejo del sentimiento compartido por más de tres mil progresistas llegados de todos los puntos del planeta. La izquierda se quita la cara agria y se pone rumbosa (o rumbera, que también sonaba Peret). Se acabó llorar. 

Durante 48 horas se ha compartido, desde todos los niveles, que la ultraderecha no es invencible y que empieza a dar signos de agotamiento con ejemplos palpables como la derrota en Hungría, el ‘no’ al referéndum de Giorgia Meloni en Italia y la caída de la popularidad de Donald Trump. Pero no se trata sólo de que se debilite el otro bloque. Barcelona supone un punto de inflexión. Los problemas son compartidos, y hay que empujar con soluciones a nivel internacional.

Y de esta cita sale un bloque con una alternativa clara configurado en muchos estratos. En la cabeza están líderes como Pedro Sánchez (España), Claudia Sheinbaum (México), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Yamandú Orsi (Uruguay). Pero también reman con fuerza figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no estuvo presente en la ciudad condal, pero envió a Ana María Archila, una de sus colaboradoras más cercanas y encargada de asuntos internacionales. Sí acudió desde Minnesota el gobernador Tim Walz, que fue el tique electoral de Kamala Harris.

La red progresista impulsada en Barcelona cuenta con figuras emergentes como la italiana Elly Schlein y referentes con peso simbólico como el expresidente chileno Gabriel Boric, además del paraguas institucional global con pilares como Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea.

El compromiso es firme: se abre una nueva etapa de unidad. Y se debe hacer con practicidad. Con medidas concretas y de la mano de intelectuales y de la sociedad civil. Prueba de ello, por ejemplo, es que de Barcelona sale la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, un órgano impulsado por el vicepresidente primero espñaol, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato (University College London).

El espíritu de derrotismo no ha existido en el foro en Barcelona, que se ha convertido en un gran referente progresista a través del triunvirato Pedro Sánchez-Salvador Illa-Jaume Collboni. “Estamos armando el ejército desde el bando correcto de la historia”, deslizan fuentes del Gobierno. Y es que la izquierda ha encontrado su narrativa durante estas horas, uniendo puntos en común. Desde el “No a la guerra” a la necesidad de frenar la especulación de los pisos turísticos, pasando por la reivindicación de la democracia y la exigencia de una política fiscal progresiva con impuestos globales.

“La izquierda necesita también narrativa”, analizan desde el entorno del presidente. La cita de Barcelona tiene una gran importancia política para Sánchez, que se ha convertido en uno de los grandes referentes del espacio a nivel internacional. España será una de las grandes batallas políticas mundiales el año que viene. Es uno de los grandes objetivos de las derechas. Y una eliminatoria previa se vivirá en Brasil este otoño, con Lula a la cabeza. El brasileño ha sido el otro gran referente durante estos dos días en la capital catalana.

Pero esta cita también ha servido para reconstruir el puente entre España y México. Claudia Sheinbaum dejó atrás las rencillas por su choque con la Casa Real por sus exigencias de condena del pasado colonial: “No hay crisis diplomática, nunca la ha habido”. Y se implica de lleno en la construcción de este bloque progresista y se ha ofrecido como anfitriona de la cumbre para el próximo año. Asimismo, invitó a Sánchez a visitar el país.

"Es el momento de hacer frente al miedo con más democracia y a la desigualdad con más justicia", fue uno de los mensajes que llevó Sánchez a Barcelona, donde llamó a la acción conjunta del progresismo: “Si estamos aquí es porque compartimos una preocupación pero, sobre todo, una responsabilidad. Hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre. Estamos aquí para responder y actuar”.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral. Un intento de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad. La desinformación erosiona la confianza en los gobiernos y, por tanto, en las instituciones. Es el riesgo al que nos enfrentamos: que la democracia se vacíe por dentro mientras se le ataque desde fuera”, analizó Sánchez.

Por eso, el jefe del Ejecutivo pidió a los líderes y a todo el espacio progresista que la respuesta no sea meramente defensiva: “No basta con resistir. Tenemos que proponer, tenemos que liderar. Tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. Es el espíritu de esta reunión”. La hoja de ruta de la izquierda a nivel internacional, marcó Sánchez, debe pasar por el multilateralismo. Y mirando en ese 'ahora qué', el presidente apostó por una reforma de la ONU y por una mujer como sustituta de António Guterres. Entre las favoritas están en estos momentos Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan, aunque el Gobierno español no ha concretado ninguna preferencia específica.

En esos pasos precisos que debe dar la izquierda, otra de las prioridades que se ha puesto sobre la mesa es la gobernanza digital. De hecho, varios equipos de los países participantes han estado en contacto en Barcelona para empezar a trabajar en temas de redes sociales. Otra de las columnas vertebrales del proyecto es el combate contra la desigualdad.

Esas sensaciones se extienden entre los líderes progresistas. Pero no sólo con el pegamento anti Trump. Lo definía así el colombiano Petro: “Es una cumbre por una alternativa en el mundo, no en contra. Es una especie de faro que, en medio de la confusión y del desorden global peligroso, marca una especie de flecha que sigue un rumbo. El rumbo de la vida y no de la muerte”.

Pero la red que se lanza desde Barcelona no solo se trata de un orden de mandatarios, sino que se enfoca con fuerza en lo local. Es donde se ejercen las políticas públicas más cercanas a los ciudadanos; donde la izquierda debe demostrar su forma de gobernar; y donde se frena a la ultraderecha puerta a puerta. Esto no va solo de grandes discursos.

Algo que se evidenció en la gran asistencia al foro sobre gobiernos locales pilotado por el alcalde de Barcelona, que ha centrado mucho la atención de sus colegas por la decisión de acabar con los pisos turísticos en la capital catalana, lo que hará que salgan al mercado más de diez mil viviendas. El regidor se prepara para una dura lucha contra los fondos buitre, pero, como confesaba en los pasillos, en lo más profundo se trata de una lucha “entre el poder democrático de una ciudad y los especuladores”. Él quiere que la gente pueda seguir viviendo en L'Eixample y en Gràcia.

Esas experiencias las llevó hasta Barcelona también Kicillof, uno de los políticos más aplaudidos en sus intervenciones y en los pasillos. Contó en primera persona lo que está sucediendo en Argentina: “La política de Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el modelo productivo, la salud y la justicia social. Este desastre recae sobre los gobernadores y alcaldes, que somos el escudo y la red para sostener la vida cotidiana. Estamos actuando con valentía. Tenemos que dar respuesta a la gente”. “Hay que decir que hay otro camino. Y también ‘No a la guerra’. Milei no representa lo que siente el pueblo argentino y de Buenos Aires. La solución ante esta política tiene que ser internacional. Acá la estamos construyendo”, remachó.

Barcelona lanza esa flecha internacional, como decía Petro. Y las luces se apagan, pero para encenderse de nuevo mañana entre los progresistas. Ahora toca poner en marcha todo lo dicho. El momento de la acción. “Creo que no somos conscientes de lo que ha pasado en estos dos días”, decía un organizador entre bambalinas al abandonar el recinto.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revela como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’. Tendrá lugar el martes 21 de abril a las 19:00 h. en el Museo de Historia de Barcelona y se podrá seguir a través de YouTube y X (antes Twitter). En este enlace puedes reservar tu invitación.

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permite conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Reflexionaremos también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida correrá a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversará con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes estarán Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

Los ojos están puestos en Barcelona. Un laboratorio de 48 horas de la izquierda a escala global. Y Pedro Sánchez como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre que pretende marcar el arranque de una gran alianza frente a la ola ultra que azota el tablero internacional y que está cambiando las reglas del orden mundial.

La cita de Barcelona, que se desarrolla durante este viernes y este sábado, supone un paso adelante en las relaciones internacionales de líderes progresistas bajo un paraguas en el que se cobijan organizaciones y espacios como la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el foro de Democracia Siempre impulsado por Gabriel Boric. 

Pero esta cumbre pretende ser un “inicio”, según indican fuentes de la organización a infoLibre, para consolidar un bloque de gobiernos y de partidos frente a la internacional ultra liderada por Donald Trump (Estados Unidos) y apoyada por figuras como Javier Milei (Argentina) y Benjamin Netanyahu (Israel), con la idea de imponer la ley del más fuerte frente a las relaciones multilaterales y basadas en leyes internacionales surgidas después de la II Guerra Mundial.

Y la geopolítica sufre un azote cada minuto en un momento en el que la guerra de Irán no ve un horizonte final, mientras la propia ultraderecha, a la vez, empieza a sufrir reveses como la derrota de Giorgia Meloni en el referéndum en Italia para cambiar el sistema judicial y la pérdida del poder de Viktor Orbán en Hungría tras las elecciones del pasado fin de semana. 

Más de tres mil participantes y más de cien partidos

Esta cumbre ha sido impulsada principalmente por el presidente español, junto a Stefan Löfven, líder del Partido Socialista Europeo, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Y cuenta con mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). Además, supone el reencuentro de España con Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El deshielo está en marcha después de las palabras del rey Felipe VI reconociendo “mucho abuso” en la conquista de América. El viaje supone acercar de nuevo a los dos países con la vista puesta en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Este encuentro en Barcelona tendrá varios escenarios y niveles. Este viernes da el pistoletazo de salida con la cumbre bilateral entre Sánchez y Lula da Silva, que se han convertido en pareja de hecho en muchos movimientos a escala global reivindicando el papel de las potencias medianas frente a las ansias imperialistas de Trump. Los dos han movido fichas de manera conjunta en temas como el rechazo al genocidio de Gaza y a la guerra de Irán.

El sábado se reunirán Sánchez y Lula de forma conjunta con Petro, Orsi y Sheinbaum en una cumbre coral con el objetivo de reafirmar su defensa de la democracia. De manera paralela, se desarrolla durante el viernes y el sábado la Global Progressive Mobilisation, en la que también estarán estos líderes junto a más de tres mil inscritos, entre representantes de más de cien partidos, de sindicatos, de organizaciones internacionales, de ONG y de colectivos de la sociedad civil. 

Por la Fira de Barcelona desfilarán, en los más de cien paneles y foros, nombres como Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), António Costa (presidente del Consejo Europeo), Mia Amor Mottley (primera ministra de Barbados), Teresa Ribera (vicepresidenta de la Comisión Europea), Isabel Allende (presidenta honoraria de la Internacional Socialista), José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente de España) y Josep Borrell (presidente del CIDOB).

Asimismo, durante estas 48 horas pondrán sobre la mesa sus ideas intelectuales como Mariana Mazzucato (profesora de Economía de la Innovación en la University College London), Gabriel Zucman (profesor de Economía en Berkeley) e Isabella Weber (profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst). 

Otro de los puntos fuertes de esta cita en Barcelona es la red que se quiere crear entre alcaldes progresistas de todo el mundo. El regidor de la ciudad condal, Jaume Collboni, será el nexo de figuras de gobernanza municipales y regionales como Philippe Close (Bruselas), Roberto Gualtieri (Roma), Haris Doukas (Atenas) y Axel Kicillof (Buenos Aires). El nuevo regidor de Nueva York, Zohran Mamdani, no viajará hasta Barcelona por su promesa de estar principalmente en la ciudad, pero en su nombre participa Ana María Archila, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad.

Construir un ordenado “faro de esperanza”

Como señalan fuentes de la organización, la cita de Barcelona supone entrar en una nueva fase de organización de la izquierda frente a la internacional ultraderechista, que sí lleva años colaborando y actuando de manera conjunta a nivel internacional a pesar de que su discurso es de corte nacionalista. En cambio, el mundo progresista apenas ha protagonizado grandes eventos que sirvan como paraguas para colaborar en todos los lugares del mundo.

Esta cumbre, organizada por los socialistas españoles y en la que no hay presencia de otras formaciones de izquierdas del país, busca que se compartan ideas y se establezcan relaciones personales entre actores del espacio. Fuentes de la cita explican: “Vamos hacia otro nivel de conexión. Allí un participante escucha lo que está haciendo Barbados en materia de cambio climático y otro explica cómo es la labor de la oposición en Italia. Se trata de interconectar, de organizar, de arrancar un nuevo proceso”.

Además, la idea es que este bloque progresista no se presente bajo la imagen de izquierda gruñona como vende la ultraderecha, sino que se vehicule la idea de “faro de esperanza” con pilares comunes como la justicia social, la redistribución, la igualdad, la lucha contra el cambio climático, los servicios públicos y la defensa de los sistemas democráticos en unos momentos de avance de los autócratas. 

Y el plan es que el trabajo sea global, no se quede enmarcado, como otros intentos, en foros de ámbito europeo o latinoamericano. En la organización dan mucha importancia a la participación telemática de partidos progresistas de Israel. Asimismo, Palestina tiene una delegación, con la presencia del ex primer ministro Mohammad Shtayyeh. La idea es que el evento no puede ser la foto de dos días, sino que de él salga el compromiso de estar en coordinación permanente por parte de todos los participantes para hacer frente a la ultraderecha. 

Este domingo, el Moll de la Fusta de Barcelona volvía a ser el epicentro de la acción humanitaria. La Global Sumud Flotilla (GSF) zarpaba con destino Gaza, pero las condiciones meteorológicas impedirán que la misión se adentre en aguas internacionales como ha explicado Thiago Ávila. "Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia", decía Ávila, pero los planes harán que la misión humanitaria parta del Moll de la Fusta y amarre en otro puerto barcelonés.

La previsión es que "en un día o dos máximo" la flotilla pueda partir hacia aguas internacionales, una vez mejoren las condiciones meteorológicas, con una flota de 100 embarcaciones y 3.000 participantes de un centenar de países, entre los que se encuentran médicos, educadores, voluntarios e investigadores.

Esta nueva misión supera ampliamente la del año pasado. Desde la organización reconocen que navegan “no a pesar de la guerra, las escaladas, las amenazas y los frágiles y quebrantados alto el fuego, sino debido a ellos” porque para los organizadores “esperar cuesta vidas".

Como novedad con respecto a la misión del pasado septiembre, en esta se incluye un convoy terrestre que salió de Mauritania este viernes. "Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla.

La flotilla está previsto que llegue a Gaza hacia el 20 de abril, con una escala de una semana en el sur de Italia.

La Global Sumud Flotilla surgió en 2025 como una alianza de diferentes ONG como Coalición de la Flotilla de la Libertad, Marcha Mundial hacia Gaza, la Flotilla Magreb Sumud y Sumud Nusantara. La palabra que vertebra todo procede del árabe, Sumud, que significa “firmeza” o “perseverancia constante”.

La propia flotilla se define como un movimiento global integrado por ONG, trabajadores humanitarios, médicos o estudiantes “unidos para defender la dignidad humana y el derecho internacional, independiente de cualquier gobierno y sin afiliación política”, asegura la propia organización. 

Compuesta por un crisol de profesionales que tienen el objetivo de ayudar al pueblo palestino, su Comité Directivo internacional está integrado por figuras como Thiago Ávila, que fue detenido tras la interceptación de la flotilla en 2025; Saif Abukeshek, activista palestino-catalán afincado en Barcelona con más de veinte años de trabajo en la ONG Palestina en Europa; Susan Abdallah, concejala noruego-palestina; la italiana Maria Elena Delia, física y coordinadora de la delegación italiana; y la activista alemano-turca Sümeyra Akdeniz Ordu.

Entre las entidades que participarán en la botadura se encuentran Greenpeace, Open Arms, Urgence Palestine, Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network, la Comunitat Palestina de Catalunya, Pallasos en Rebeldía, el Sindicat de Llogateres, la CGT, el USTEC y el Centre Delàs. 

Para esta nueva misión, Greenpeace pone a disposición de la organización como apoyo marítimo, técnico y logístico su Arctic Sunrise, un rompehielos de 50,5 metros de eslora con capacidad para 30 personas que forma parte de la organización desde 1995.

A la flotilla también se suma Open Arms. Gerard Canals, jefe de operaciones de la ONG española de rescate en el mar, explicó en la rueda de prensa celebrada en el Parlament de Catalunya que la organización aportará su buque homónimo como "apoyo técnico, logístico y sanitario". 

No es la primera vez que la ONG intenta romper el bloqueo a Gaza. Ya hubo un primer intento junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios. 

Canals justificó la decisión de la ONG de Camps de participar con un barco en que “no posicionarse es permisividad. Nos sumamos para actuar y no solo para mirar". Pero el jefe de operaciones advierte de que “no sería la primera vez que se nos ha imposibilitado” la navegación sin limitaciones y ha pedido a la Dirección General de la Marina Mercante permiso para navegar libremente.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, su alcalde, Jaume Collboni, aseguró que “el consistorio apoya esta misión colaborando tanto en su viabilidad económica como en el acompañamiento institucional y logístico necesario para hacer posible el evento" y, para esta salida hacia Gaza la aportación municipal se incrementará un 60% respecto a la iniciativa del pasado año.

La rama española de la flotilla ha logrado recaudar para esta singladura cerca de 30.000 euros en la plataforma de crowdfunding Chuffed, muy cerca de los 35.000 que ha conseguido la agrupación Global Sumud Arabian Gulf, la delegación que más aporta. El conjunto del proyecto ha conseguido sobrepasar los 450.000 euros.

Ariadna Masmitjà, una de las responsables de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, celebró que Barcelona vuelva a ser el epicentro de la misión, pero denunció el impacto directo en Cataluña de lo que ocurre en Palestina. Cargó contra el aumento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales. Señaló al Banco Santander, BBVA y CaixaBank por "financiar la industria militar mientras especulan con la vivienda", y a la multinacional ICL por "proveer el fósforo blanco para las bombas sionistas del genocidio en Gaza mientras contamina las aguas catalanas".

Desde la organización defienden que no se trata de una iniciativa externa de solidaridad, sino de una respuesta a un mandato: "La sociedad civil palestina ha instado a los movimientos de solidaridad internacional a movilizarse. Su voz guía cada decisión que tomamos".

La GSF denuncia que el contexto regional ha empeorado: "A medida que la atención mundial se ha ido desplazando hacia el conflicto regional más amplio, el régimen israelí ha intensificado su agenda genocida, endureciendo el bloqueo, estrangulando la ayuda, ampliando los asentamientos, acelerando el robo de tierras y enterrando sus crímenes de guerra bajo el caos".

La directora ejecutiva de Greenpeace para Oriente Medio y Norte de África, Ghiwa Nakat, destaca el posicionamiento de su organización y el apoyo a la flotilla contra “los crímenes de guerra, la hambruna intencionada, la limpieza étnica, el genocidio y el ecocidio. Esta flotilla es un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que pongan fin a su silencio, protejan la acción humanitaria y actúen con urgencia”.

Además, no se ha querido olvidar de “la devastación que ahora se extiende a Líbano y que ya ha sufrido Gaza a través de una destrucción implacable y un sufrimiento humano cada vez mayor”.

La misión busca establecer una presencia permanente y especializada. A bordo irán personal sanitario, constructores, investigadores y otros miembros de la sociedad civil preparados para trabajar junto al pueblo palestino en la reconstrucción de la Franja.

Las exigencias políticas de la flotilla están fundamentadas en el derecho internacional. Las peticiones van desde la “apertura de un corredor marítimo y terrestre permanente hacia Gaza”, como se pidió en la primera misión, hasta que la reconstrucción de la Franja sea “liderada por palestinos, libre de control extranjero, condiciones políticas y desplazamientos”. 

Tambíen exigen la “rendición de cuentas por genocidio mediante la ejecución de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional (CPI)”, contra Benjamin Netanyahu y otros cargos de su Gobierno.

La primera expedición de la flotilla arrancó el pasado 31 de agosto desde Barcelona. Entre los pasajeros figuraban la activista medioambiental Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o los actores Liam Cunningham y Susan Sarandon. Las embarcaciones transportaban –al igual que ahora– agua potable, alimentos, leche en polvo para bebés, pañales, prótesis y medicamentos.

Una semana más tarde, en Túnez, los barcos Family y Alma fueron abordados mientras estaban fondeados, pero a medida que la flota avanzaba, más de 15 drones llegaron a atacar las embarcaciones.

España e Italia despacharon buques de guerra como gesto de protección: la fragata italiana Virginio Fasan y la española Furor pusieron rumbo a la flotilla hasta que se tuvieron que retirar a escasas millas de la zona de exclusión israelí.

La noche del 1 de octubre, las fuerzas navales israelíes interceptaron la flotilla a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Usaron cañones de agua, cortaron comunicaciones, abordaron los barcos a punta de pistola y confiscaron la mayor parte de la flota al amanecer. Israel detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev. 

La respuesta de la organización fue entonces la misma que ahora: "Vamos con más personas, más barcos y más fuerza frente a la represión", dijo Abukeshek al ser preguntado por una posible detención.

La activista independentista Blanca Serra, que interpuso la primera denuncia por torturas durante el franquismo que llegó a los tribunales, ha fallecido en Barcelona a los 83 años, han informado este sábado fuentes de su entorno.

En 1977, Serra (Barcelona, 1943) fue torturada durante tres días por miembros de la Brigada Político Social de la policía franquista en la comisaría de Via Laietana junto a su hermana, la también activista Eva Serra, fallecida en 2018.

Blanca Serra, fundadora de la Assemblea de Catalunya (1971), la Plataforma pel Dret de Decidir (2005), la Assemblea Nacional Catalana (2012), Poble Lliure (2014) y el Consell per la República (2018), entre otros movimientos independentistas, denunció en 2024 ante la Fiscalía las torturas a las que fue sometida.

Amparada en la ley de memoria democrática de 2022, la Fiscalía de Barcelona presentó esa denuncia, la primera por crímenes del franquismo, en la que reconocía un delito de torturas durante la detención de Serra, aunque al mismo tiempo pedía su archivo al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

Con ese caso, la Fiscalía sentó las bases para que las víctimas del franquismo puedan ser reconocidas en los tribunales, un proceso limitado por la propia ley de memoria, que no prevé indemnizaciones, y la amnistía del 77, que impide juzgar crímenes de la dictadura.

Las torturas que la policía franquista infligió a Serra dieron pie a la primera investigación penal de la Fiscalía sobre los crímenes de la dictadura, después de que los tribunales hayan dictaminado repetidamente que lo sucedido antes de 1977 no se puede enjuiciar.

Lo hizo invocando la ley de memoria democrática de 2022, que, según el ministerio público, no solo permite, sino que obliga al Estado a llevar a cabo una "investigación efectiva" con el fin de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas del crímenes del franquismo, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no prescriben.

Con esa denuncia por torturas, la Fiscalía se desmarcó de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, que han impedido hasta ahora que prosperaran las investigaciones judiciales sobre los crímenes del franquismo al considerar que la ley de amnistía de 77 lo impide.

Poble Lliure, Llibertat.cat y Edicions del 1979 han recordado este sábado "el compromiso infatigable con la independencia y el socialismo" de Blanca Serra, que era licenciada en lenguas clásicas por la Universidad de Barcelona (UB) y había sido profesora en el Instituto Narcís Monturiol de Barcelona.

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha defendido este viernes que su formación y Esquerra Republicana sean las "fuerzas motrices" del proceso de unidad de las izquierdas y ha abogado por negociar con "discreción" y "respeto" con todos los partidos de izquierdas para que esta propuesta prospere, según informa EFE.

En una entrevista en 2 Cat y Ràdio 4, Montero ha subrayado que el acto del jueves en Barcelona con el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, supuso poner una primera "piedra para hacer camino".

"Sé que se necesita más concreción, pero también creo que la gente entiende que hemos ido hasta donde podemos ir por ahora para también dejar espacio para que se respete a todos con quienes tenemos que hablar para seguir transitando ese camino", ha indicado.

La dirigente morada ha reiterado que el jueves se "esbozó una idea" basada en que ella y Rufián hagan "equipo" y que sus respectivos partidos "puedan asumir la tarea de ser fuerzas motrices de ese proceso para tener una candidatura fuerte en las elecciones generales".

Aunque ha señalado que le "encantaría" que ese equipo con Rufián se concretara en un tándem electoral, ha subrayado que eso es avanzar muchos pasos. Según Montero, tras el acto del jueves, el siguiente paso es "hablar con todo el mundo".

"Nunca hemos dejado de estar en contacto con todos los partidos. Más allá de la narrativa mediática, nunca hemos dejado de estar en contacto. Tenemos que hablar con todo el mundo. La clave es que los medios no sean el escenario donde nos decimos las cosas por primera vez. Es mejor primero hablar y que cuando lo contemos sea porque hay un acuerdo", ha remarcado.

En este sentido, tras años de críticas cruzadas con Sumar e Izquierda Unida a raíz de su ruptura, Montero ha remarcado que "nada de lo que haya pasado hasta ahora es más importante que lo que podamos hacer en el futuro".

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha confirmado este jueves la detección de 11 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, informa EFE.

Desde el 28 de noviembre, fecha del primer positivo detectado, han analizado 3.388 jabalíes, de los que 252 son casos positivos en peste porcina.

En un comunicado, la Generalitat catalana ha destacado que todos los nuevos positivos han sido detectados en la zona de alto riego.

De momento, el departamento ha encontrado los positivos en 11 municipios de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell y El Papiol.

Por otra parte, durante la última semana el Departamento de Interior de la Generalitat ha capturado 294 jabalíes dentro de la zona infectada, llegando al total de 3.325 capturas.

Este número asciende hasta los 27.000 jabalíes si se suman las llevadas a cabo en el resto de Cataluña desde el pasado uno de enero, un número que no varía, ya que en los meses de abril y mayo no se realizan batidas.