El sindicato CNT Comarcal Sur ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de la localidad, José Luis Martínez-Almeida, y cargos directivos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, por posibles delitos de "prevaricación administrativa y discriminación" en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Tal y como ha hecho público el sindicato este martes, la denuncia se presenta a raíz de "las instrucciones trasladadas a los servicios sociales municipales para la tramitación" del certificado de vulnerabilidad requerido para parte de las personas migrantes que entran en el proceso de regularización. La información recopilada por la Sección Sindical de CNT en Políticas Sociales ha servido para constatar la existencia de "directrices" encaminadas a generar "un procedimiento deliberadamente restrictivo que ha supuesto un trato discriminatorio hacia la población migrante, dificultando de manera injustificada el acceso a un derecho reconocido".

CNT señala al regidor de la localidad por haber manifestado públicamente su intención de no colaborar con el proceso de regularización, una posición política que "se habría materializado, presuntamente bajo la dirección y responsabilidad de los máximos responsables municipales y de los altos cargos" de la concejalía, mediante la "imposición de trabas administrativas que han obstaculizado el acceso a estos informes". Diversas entidades acreditadas para expedir los informes de vulnerabilidad han venido expresando en las últimas semanas sus sospechas ante la imposición de trabas administrativas y burocráticas en Madrid.

El protocolo que señala el sindicato y sus trabajadores en el área habría establecido que la solicitud para acceder al informe "solo podía realizarse mediante instancia general" presentada ante el Registro General, "obligando a numerosas personas a soportar colas innecesarias e incluso a pasar noches a la intemperie únicamente para poder iniciar el trámite". Esta decisión, resaltan en el comunicado, "ha entorpecido además el trabajo que los servicios sociales de distrito habían comenzado a desarrollar desde el primer momento, pese a no haber recibido refuerzos de personal ni recursos adicionales" para asumir la carga de trabajo.

La instrucción también "obligaba inicialmente" al personal a "asignar cita previa para valorar dichos informes sin otorgar prioridad alguna al procedimiento, a pesar de que las listas de espera habituales oscilan entre los 30 y los 60 días". Los trabajadores y voluntarios que atienden a personas migrantes hablan precisamente de demoras en las citas, una situación especialmente traumática para los solicitantes dados los plazos existentes para el proceso de regularización, cuya fecha límite es el 30 de junio.

CNT da el paso, junto a Asamblea por la Regularización de Madrid, de llevar los hechos ante la justicia para exigir responsabilidades políticas y administrativas "a quienes hayan diseñado, autorizado o ejecutado estas directivas". "No vamos a permitir que se utilicen las instituciones públicas para obstaculizar derechos mediante trabas administrativas", zanjan.

El crucero MV Hondius con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán una cuarentena.

Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en rueda de prensa desde Moncloa tras la reunión de seguimiento para acoger este barco en Canarias.

García ha detallado que los catorce ciudadanos españoles a bordo, uno de ellos perteneciente a la tripulación, serán evaluados una vez lleguen a Canarias y, posteriormente, trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, por disponer de "unidades de aislamiento de alto nivel", donde guardarán cuarentena.

En el caso de que algunos de los pasajeros españoles presente algún síntoma está previsto que ingrese en dichas unidades de aislamiento, mientras que los que permanezcan asintomáticas pasarán la cuarentena en el centro hospitalario pero en otras dependencias habitaciones, han explicado fuentes del Gobierno.

Respecto al periodo de aislamiento, dependerá de las reuniones técnicas en las que se determinará "el día cero de ese contacto" y que tendrá en cuenta el periodo de incubación del virus, que se sitúa en torno a 45 días.

A día de hoy tantos los españoles —cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un castellano-leonés, un gallego y un valenciano— como el resto del pasaje están asintomáticos.

Los cuatro casos con síntomas, tres pasajeros más el médico del crucero, ya están fuera de la embarcación y han sido evacuados desde Cabo Verde, donde está fondeado en estos momentos el buque.

En tres días ha dicho García, se espera que el MV Hondius arribe a Granadilla de Abona, un puerto secundario con muy poca actividad y situado a 10 minutos del aeropuerto de Tenerife Sur, de donde saldrían los aviones para las repatriaciones a los respectivos países.

Una vez allí se pondrá en marcha el mecanismo de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida en ese momento.

En el caso de algún pasajero extranjero necesitara atención sanitaria urgente, se le dará en España, pero las fuentes han insistido en que por el momento todos están asintomáticos y la previsión es que salgan hacia sus países una vez desembarquen en Tenerife.

Todo este proceso, ha recalcado la ministra, "contará con todas las garantías de seguridad necesarias" ya que tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados 'ad hoc', "evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia".

"La situación es compleja, pero tenemos los medios para responder a este tipo de situaciones con el músculo propio de nuestro país, pero también de la Unión Europea", ha añadido Marlaska tras explicar que se ha activado el Mecanismo europeo de Protección Civil para realizar un análisis minuto a minuto de la situación.

Un avión ambulancia que evacuaba desde Cabo Verde a Países Bajos a dos de los pacientes que pueden haberse contagiado de hantavirus en el crucero MV Hondius ha hecho escala en Gran Canaria tras sufrir una rotura en su burbuja de aislamiento y después de que Marruecos no le permitiera entrar a su país a repararla.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha precisado que ese es el motivo de que el avión medicalizado se desviara al aeropuerto de Gran Canaria cuando ya volaba hacia Marrakech, donde planeaba en principio detenerse para repostar, antes de seguir vuelo hacia Amsterdam.

Inicialmente, había informado de que esta escala no prevista en Canarias se debía también a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio.

La Delegación del Gobierno asegura que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar en Gran Canaria que nadie se subiese ni bajase del avión, requisito que asegura que se ha respetado.

El avión había partido del aeropuerto internacional Praia a las 11:00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16:00, para completar su vuelo a Amsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17.00, hora de Países Bajos.

Poco antes de las 16:00 horas, fue desviado a Gran Canaria. Su plan en ese momento era despegar hacia Países Bajos a las 17:40.

Sin embargo, EFE ha podido comprobar que a las 18:15 horas (hora de las islas) seguía en el aeropuerto de Gran Canaria.

Y su ruta prevista ha cambiado de nuevo: en el curso de la tarde, ha añadido una escala en Málaga previa a continuar hacia Países Bajos, según figura en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Fightradar 24.

La Delegación del Gobierno en Canarias no ha confirmado aún esta última circunstancia.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha negado que el Gobierno les haya informado previamente del traslado al Hospital Gómez Ulla de los catorce españoles que están en el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

Según ha informado la Consejería madrileña, Matute asegura que la ministra Mónica García ha mentido en la rueda de prensa al decir que estaba en contacto con todos los niveles, ya que ha sido en esa comparecencia pública donde Madrid ha conocido que los catorce españoles iban a ser trasladados al Gómez Ulla.

"Nunca hemos conocido nada antes ni hemos sido informados previamente", ha dicho la consejera.

Este miércoles, el Ministerio del Interior ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, gracias al cual se podrá solicitar apoyo para la evacuación aérea de personas y proporcionar ayuda para repatriar a los pasajeros del crucero afectado.

Este mecanismo de cooperación nació en 2001 con el objetivo de reforzar la cooperación en materia de protección civil entre los países de la UE y otros 10 Estados participantes: Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Turquía y Ucrania.

Aseguran desde Interior que todas las administraciones y organismos involucrados se encuentran coordinados para responder a la llegada del crucero a Canarias con la mayor celeridad, eficacia y seguridad.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, participan desde las 17:00 horas en una reunión entre Interior y Sanidad a la que seguirá otra nueva reunión entre ambos ministerios con el Gobierno de Canarias a partir de las 19:00 horas.

Desde hace quince años ningún papa ha visitado España. En poco más de un mes aterrizará León XIV en Madrid, primera parada a la que seguirán Barcelona y Canarias. Las administraciones trabajan de manera discreta aunque sin descansar para que todo esté listo. Pero, más allá de las grandes imágenes y ceremonias religiosas, su estancia dejará también varios mensajes de enorme calado tanto en la geopolítica internacional como en el tablero nacional.

El papa ha elegido Canarias como el colofón del viaje y estará en el archipiélago los días 11 y 12 de junio. Esto ilustra de forma clara su preocupación por el fenómeno migratorio y la integración de las personas que cruzan a Europa. Toda una declaración de principios que coincide en el tiempo con el proceso de regularización de migrantes emprendido por el Gobierno, cuya tramitación finaliza el día 30 de ese mes.

Este proceso de regularización en España ha sido defendido por la Iglesia, mientras que, a la vez, los partidos PP y Vox, los más afines al clero, están en pie de guerra contra el Ejecutivo por la reforma del reglamento que podrá afectar a más de 500.000 personas. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la regularización es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Desde la ultraderecha, Santiago Abascal habla de “invasión” y de “islamización”, al tiempo que promete dar la batalla jurídica contra la medida y obliga a incluir la “prioridad nacional” a Génova 13 en sus acuerdos en comunidades como Aragón y Extremadura.

Sus palabras chocan con el espíritu de la decisión del papa de visitar Canarias. En la web oficial del viaje, el obispo de Gran Canaria, José Mazuelos, explica: “Nuestras islas viven de cerca una realidad que marca profundamente nuestro presente: la llegada de tantos hombres y mujeres que, empujados por la necesidad, el sufrimiento o la falta de oportunidades, alcanzan nuestras costas buscando un futuro mejor. Esta situación interpela nuestra fe y nos invita a vivir con mayor autenticidad el Evangelio de la acogida, la fraternidad y la dignidad de toda persona”.

“Por eso deseamos que la presencia del santo padre entre nosotros sea también un signo de cercanía y esperanza para quienes atraviesan situaciones de fragilidad y para todos aquellos que trabajan cada día en la acogida, el acompañamiento y la defensa de la vida”, argumenta.

En una línea similar se expresa el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, que en su mensaje avanza que la diócesis, con motivo de esa visita, tiene la intención de poner en marcha junto a Cáritas un proyecto de centro de día para personas sin hogar, “entre las que, cada vez más, encontramos a inmigrantes”. Una iniciativa con una entidad que está en el punto de mira ahora mismo de la ultraderecha, que quiere quitarle las ayudas porque dice que vive del “negocio millonario de la migración”.

En este mundo cambiante y agitado, se da la paradoja de que esa visión integradora y humanista de la migración acerca a la Iglesia y al Gobierno de coalición frente a las derechas. Diferentes dirigentes socialistas reconocen en privado que tiene mucha importancia la elección del papa de Canarias como uno de los lugares de su viaje, por encima de las visitas a Madrid y Barcelona. 

Este lunes, por sorpresa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se vio en la Santa Sede con León XIV, un encuentro que no estaba recogido en las agendas oficiales. La audiencia duró 20 minutos y sirvió, según el jefe de la diplomacia española, para constatar la “enorme sintonía” entre el Vaticano y La Moncloa en temas de política internacional.

Además de la visita, los dos hablaron, según Albares, sobre preocupaciones comunes como "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes, y a favor del derecho internacional". Compartieron su “rechazo a la guerra para resolver conflictos” y “la defensa del multilateralismo”.

Albares también mantuvo un encuentro con monseñor Paul Richard Gallagher, responsable del Vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Él sí le preguntó directamente por el proceso de regularización y trasladó al español que “lo veía como un gesto positivo”, según el propio ministro.

El Gobierno está cuidando hasta el último detalle esta visita. Este lunes también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la reunión para coordinar el plan especial de seguridad. Un dispositivo de gran complejidad en el que están implicadas muchas instituciones, desde el Ejecutivo hasta la Casa Real y la Conferencia Episcopal pasando por las Comunidades de Madrid, Cataluña y Canarias, además de organismos como Renfe y Aena. Fuentes gubernamentales destacan el buen clima que se ha creado entre todos los actores implicados.

El viaje del papa coincide con el proceso de regularización y el debate abierto en el país. Este mismo lunes se publicó una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser que refleja la división de los españoles: el 37,6% de los ciudadanos la ve con buenos ojos, mientras que el 33% cree que es mala y el 21,5% la califica de regular. Los votantes de izquierdas son los que se muestran a favor de la iniciativa: Podemos (70%), Sumar (63%) y PSOE (59%). En cambio, el nivel de apoyo se desploma entre los electores de la derecha.

Pero, además, esta visita a España se produce en un momento en el que el pontífice ha alzado la voz claramente contra las políticas de su compatriota y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto por su política migratoria como por su ataque unilateral a Irán, solo de la mano de Benjamin Netanyahu (Israel). En privado, fuentes cercanas a Pedro Sánchez dan una gran importancia a la actitud de León XIV y la contraponen a otros momentos de la historia en los que la Iglesia calló, como durante el ascenso del nazismo.

León XIV, que llegó al poder en el Vaticano en mayo del año pasado tras la muerte de Francisco, tuvo una primera etapa en la que rehuyó enfrentarse a Trump. Pero, desde hace unos meses, se ha convertido en uno de sus grandes antagonistas. Lo que supone un duro golpe para el presidente de EEUU, porque el papa es el otro estadounidense más poderoso del planeta y el máximo responsable de la Iglesia católica, la fe que practica el morador del Despacho Oval. 

La Comunidad de Madrid se engalana este sábado para celebrar su festivo regional con los focos puestos en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y en qué palabras utilizará esta vez para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ya avisaba el año pasado en infoLibre el presidente de la FRAVM Jorge Nacarino, el acto institucional por el Dos de Mayo ha pasado de ser un homenaje al levantamiento del pueblo madrileño en el año 1808 a escenificar por todo lo alto la ruptura entre el Gobierno regional y el central.

El acto de este año llega marcado, igual que en 2025, por el enfado de Ayuso ante la negativa del Ministerio de Defensa de autorizar un desfile militar en el ‘Kilómetro Cero’. ¿La respuesta? Excluir –de nuevo– de la celebración a cualquier miembro del Ejecutivo central y definir como “sectaria” la postura del Gobierno central. 

Repasamos cuáles han sido las polémicas que han marcado a lo largo de los años el Dos de Mayo y cómo esta fiesta ha servido a Díaz Ayuso para afianzar su cruzada contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo. 

La inquina contra el Ministerio de Defensa por dejar a Madrid sin desfile en 2025 dista mucho de la estampa en plena pandemia, cuando el 2 de mayo de 2020, guardando todas las medidas de seguridad por el covid-19, Díaz Ayuso bautizaba a la ministra Margarita Robles como “la nueva Manuela Malasaña” por su labor durante lo peor de la crisis sanitaria que asoló el mundo ese año.

“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, aseguró a los presentes.

Un año después, la misma fiesta coincidió con el fin de una campaña electoral en la que la palabra más repetida fue “libertad” y en la que dedicó a Sánchez declaraciones como esta: “Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Tras estas declaraciones durante la campaña, el Dos de Mayo adquirió un tono conciliador, deseando que ese día sirviese “de paréntesis en la disputa”, pero dejando claro que dos siglos atrás "el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad", y lo hizo "por la nación entera, y no sólo por Madrid". Dos días después, Díaz Ayuso salió victoriosa al balcón de Génova tras conseguir una mayoría absoluta para gobernar la región.

Después de un año gobernando en solitario, en 2022 Isabel Díaz Ayuso llegó a la fiesta regional con toda la artillería pesada, dejando claro que Madrid es la España necesaria “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra otros; es la realidad abierta de unos junto a otros y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en la familia, entre sexos, el campo y las ciudades o nuestra intimidad, que no fabrica clases sociales”. 

“El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables”, destacó la dirigente madrileña, agregando que no iba a “perder tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones absurdas, en iniciativas fracasadas, en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”. “Madrid se respeta a sí misma y por eso respeta a todos”, sentenció.

El discurso de 2022 sentó un precedente para todos los Dos de Mayo que estaban por llegar, siendo el del año 2023 la fiesta de la polémica con un gran protagonista: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La foto del día no fue ni Ayuso durante su discurso ni ninguna sobre el homenaje a los héroes de Madrid. La foto del Dos de Mayo de 2023 fue una en la que se ve a la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidiendo el paso a Bolaños a la tribuna de honor, lugar al que sí se le dio acceso en 2022.

Que el foco se pusiera en este hecho fue algo que enfureció a Ayuso, cuyas declaraciones sobre Madrid, la libertad y la “inmensa responsabilidad” que tiene la capital –“porque lo que pase aquí resonará en toda España”–, quedaron diluidas en la controversia.

Con más calma, pero todavía con rencor, al día siguiente la popular acusó a Bolaños en la Cadena Ser de presentarse allí para “provocar” e intentar “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo. 

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, indicó. También advirtió que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”. 

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, reiteró Ayuso. Quien sí subió a la tribuna de autoridades fue Alberto Núñez Feijóo, invitado personalmente por Ayuso, la cual subrayó que el Gobierno ya estaba representado en la tribuna con la presencia de Margarita Robles, que sí fue invitada –junto a Isabel Rodríguez, que no acudió–. Desde este incidente, Bolaños no se ha atrevido a acercarse a la Real Casa de Correos un Dos de Mayo.

El Dos de Mayo de 2024 llegó cargado de tensión por los diversos ataques entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Tras lo ocurrido con Bolaños el año anterior, el “desplante” a Díaz Ayuso en la inauguración de un tramo del AVE y la “cacería política” orquestada –según Ayuso– desde Moncloa contra su persona y Alberto González Amador, la presidenta decidió que al Dos de Mayo no iba a ir nadie del Gobierno, excepto el Delegado en Madrid, Francisco Martín, con el que la relación en los últimos años también ha ido de mal en peor.

Finalmente se instauró la tregua para celebrar la fiesta de los madrileños, y en representación del Gobierno central acudieron tanto Martín como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Torres señaló su voluntad de “tender la mano” a la Comunidad de Madrid para “caminar juntos en la convivencia y la democracia” y hablar de temas como “la vivienda o el empleo”. Por su parte, Ayuso reiteró que en la región madrileña no triunfan “ni los abusos, ni las injusticias”, afirmando que su Comunidad es “la región al servicio de España” como ”siempre” ha sido porque es “la plaza mayor de todos”.

A pesar de la tregua, las críticas entre PP y PSOE se dejaron ver igualmente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perder la ocasión de opinar que los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno “consisten en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, que “no acata los deseos del amado líder”. 

Por su parte, fuentes socialistas hicieron hincapié en la ausencia de Núñez Feijóo, incidiendo en que “los grandes nombres del Partido Popular” han dejado “sola a Isabel Díaz Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia”. “Tiene un aluvión de preguntas sin responder, una pareja delincuente confeso por delito fiscal y una casa en la que reside que no sabemos si se está pagando con dinero del fraude fiscal”, agregaron.  

Esta calma tensa volvió a romperse en 2025, cuando desde Defensa decidieron suprimir el desfile militar, habitualmente desplegado el día de la fiesta de la comunidad, y Ayuso, sin echarse atrás como el año anterior, denegó la invitación a cualquier ministro y no se quedó corta con las “puyitas” en su discurso.

"A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. (...) Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid, y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida, en todas sus formas", espetó. 

Todo hace presagiar que, este sábado, Díaz Ayuso volverá a valerse del acto institucional del Dos de Mayo para ejercer una crítica mordaz contra el Gobierno central disfrazándola de la gran fiesta de los madrileños.

Los viajeros que este jueves han salido desde Málaga en el primer AVE hacia Madrid han inaugurado la reapertura de la conexión directa tras más de tres meses, como parte de un servicio "necesario" para sus traslados personales y laborales.

Entre esos viajeros que esperaban para subirse a ese primer AVE estaba Mercedes, que ha dicho a EFE que afrontaba la reapertura “con muchos nervios y mucha incertidumbre”, aunque con “mucha ilusión y muchas ganas” de coger el tren.

El restablecimiento del servicio ha comenzado este jueves con el primer AVE directo Madrid-Málaga, que ha salido a las 09:50 horas y tenía prevista su llegada a la ciudad malagueña a las 12:52 horas, mientras que en sentido contrario el primer tren ha partido de Málaga a las 12:00 horas con la prevista llegada a Madrid a las 14:58 horas.

La conexión directa ha estado interrumpida durante más de tres meses, primero por el trágico accidente en Adamuz (Córdoba) y después por los daños que las intensas lluvias de febrero ocasionaron en la vía a la altura de Álora (Málaga), donde se desprendió un talud.

Marlene, que viaja a Madrid por motivos laborales, ha asegurado que se encontraba muy tranquila y ha expresado su total confianza en los conductores del AVE.

Algunos pasajeros han lamentado que se han producido incidencias en los avisos de Renfe, especialmente en la información facilitada sobre los viajes.

Cristian ha explicado que recibió una notificación a través de WhatsApp en la que se le indicaba que el tren salía a las 11:33 horas, por lo que tuvo que reducir su horario de trabajo, pero cuando ha llegado a la estación finalmente ha salido a las 12:01, la hora prevista.

Por su parte, Eduardo, natural de Valladolid, ha explicado que vive la reapertura con una emoción “tremenda”, a pesar de que le han modificado el billete en tres ocasiones.

Este pasajero adquirió hace dos meses un pasaje para viajar en AVE el 27 de abril, aunque finalmente se lo reprogramaron para este 30 de abril.

¿Mónica García o Emilio Delgado? Más Madrid, camino de unas primarias muy enconadas. Pero este proceso no va sólo de nombres para encabezar la candidatura para las elecciones autonómicas del próximo año, sino que también tiene un potente trasfondo político sobre el modelo de partido y el futuro de la izquierda.

Más Madrid está en un momento determinante para este joven partido, que nació en 2019, pero que desde 2021 se aupó como líder de la oposición frente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un modelo que hasta ahora no había prendido en la comunidad: un espacio a la izquierda del PSOE con carácter regionalista y con implantación municipal pero sin dirección federal ni réplicas en otras comunidades. Una herramienta que se ha mirado en el espejo de opciones como Compromís.

Las elecciones del próximo año son vitales para la formación, que medirá su fuerza para seguir liderando el espacio progresista ante un PSOE que quiere revertir el sorpasso y que ha apostado por una candidatura encabezada por Óscar López, ministro de Transformación Digital y una de las figuras con más peso político del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Y detrás de las primarias de Más Madrid está también el debate de fondo que sacude a la izquierda desde hace meses: adecuar el discurso para llegar a un público que se ha desconectado de los progresistas (como los hombres jóvenes) o reforzar la lucha para defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ en un momento de avance de la ola de ultraderecha.

Delgado lleva tiempo insistiendo en la tesis de que la izquierda ha dejado un espacio abierto a la ultraderecha obviando a sectores de la población al señalar, por ejemplo, a los hombres que van a los gimnasios. Los partidarios del portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea creen necesario hacer un discurso más integrador y de lucha de clases frente a las clásicas críticas a los gymbros que salpican las intervenciones, por ejemplo, de Rita Maestre, líder en el Ayuntamiento.

Esos postulados de Delgado han causado rechazo por su enfoque en muchos sectores de Más Madrid. En una entrevista en febrero, el político incendió a parte de su partido cuando contestó de esta manera a la hora de abordar la cuestión LGTBI: “Creo que durante mucho tiempo ha habido mucha gente que ha estado invisibilizada y que no podía permitirse ser ella misma. Y han estado absolutamente metidos en un rincón de la historia y castigados. Y hay que hacer visible a toda esa parte de la población y tiene que tener sus derechos absolutamente reconocidos”.

Para añadir: “Hay que hacerlo de tal manera que hagamos visible lo que ha sido invisible hasta ahora sin invisibilizar lo que siempre ha sido visible, es decir, sin sustituir, sin desplazar a la población que siempre ha gozado de mayor visibilidad. Y en esto no siempre acertamos. ¿Qué tiene la izquierda que decirle a los chicos varones, por ejemplo, o a los señores mayores, para que sientan que también se están teniendo en cuenta los problemas específicos que tienen? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos hombres que creen que para ser feminista tienen que renunciar a su propia masculinidad y creo que la izquierda tiene que hacer un trabajo importante ahí y decir que no, que hay masculinidades muy distintas y de lo que se trata es de que todas sean respetuosas con cualquier otra expresión identitaria, sexual o de género”.

Estas palabras fueron criticadas por referentes del colectivo que tienen un papel político e institucional destacado en Más Madrid. La diputada Jimena González dijo que estas declaraciones eran un disparate: "Sé que está lejísimos del sentir y de la posición de Más Madrid. Comprar el marco del reemplazo y aplicarlo a la visibilidad LGTBIQ+ es una torpeza inmensa". La senadora Carla Antonelli también lamentó las palabras de su compañero de partido, que pidió disculpas posteriormente.

Ese debate no se limita solo a Más Madrid, sino que se extiende por la mayoría de formaciones de izquierdas. Esa división se palpó también a raíz del acto de Delgado con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, en la sala Galileo de Madrid. Por un lado, generó mucha ilusión por zarandear el tablero político, pero también tuvo críticas entre sectores de la izquierda por la imagen de “dos hombres diciendo lo que tiene que hacer el espacio”, como señala una dirigente de izquierdas.

Además, existe un debate interno entre muchos dirigentes del espacio de la izquierda: ¿el espacio progresista va a renunciar a mujeres candidatas para tratar de subir votos entre los hombres jóvenes? Por el momento, a nivel nacional, el espacio de Sumar no ha elegido a su número uno tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir. Los grandes partidos irán con hombres: PSOE (Pedro Sánchez), PP (Alberto Núñez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal). La única formación que por ahora ha escogido a una mujer es Podemos con Irene Montero. Una candidatura que se encuentra a la espera de saber qué sucede al final con las negociaciones para una confluencia de izquierdas.

En muchos espacios de la izquierda se rechaza comprar ese marco de la ultraderecha de que hay una excesiva representación de mujeres y de personas LGTBIQ+ frente a los hombres heterosexuales en las instituciones. Estos dos grupos de votantes fueron esenciales para que la izquierda lograra conservar el Palacio de la Moncloa tras las últimas elecciones generales. 

Aunque se avanza en igualdad, los datos evidencian que no existe ese ‘reemplazo’. En el Congreso, por ejemplo, hay 194 diputados frente a 156 parlamentarias. En el Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez a la cabeza, se sientan trece hombres frente a diez mujeres. Asimismo, en el Gobierno sólo hay un miembro reconocido LGTBI (Fernando Grande-Marlaska). 

Las primarias de Más Madrid prometen muchos titulares. Por los nombres. Por los votos. Por el censo. Pero, detrás de ellas, hay un debate que la izquierda todavía no ha resuelto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la presidencia de la Comunidad y disputar la Puerta del Sol a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo año, informa Efe.

García ha hecho este anuncio en la III edición de la verbena La Madrileña, organizada por el partido en el auditorio del parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha resaltado.

La decisión de Mónica García cuenta con el respaldo de la coalición Sumar, en la que está integrada Más Madrid a nivel nacional. Fuentes del movimiento han destacado que no hay mejor candidata para disputar la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso y han asegurado que Sumar se pone "dese ya" a la orden de Más Madrid para "desalojar" al PP "de una vez por todas" de las instituciones madrileñas.

La ministra ha asegurado que en Más Madrid tienen claro el reto: "Poner fin al satélite de la ola reaccionaria" en España, que "no es otro que el Gobierno de la señora Ayuso".

"Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid", ha subrayado en alusión a la derrota del ultraderechista, Viktor Orbán en las recientes elecciones presidenciales húngaras. Se ha mostrado convencida de que si ha "caído" Orbán, también lo hará Ayuso y su "modelo de 'prioridad nacional' para los fondos buitres".

"El punto de inflexión pasa por aquí", ha recalcado, porque, según ha denunciado, el "laboratorio de las políticas ultras" está en Madrid, donde no crece Vox debido a que "la ultraderecha ya la encarna Ayuso" y su "parque temático de políticas neoliberales".

Para la dirigente de Más Madrid, el "daño" que ha hecho la presidenta popular es "imperdonable" y, por eso, "la próxima estación es acabar con ese daño y acabar con ese gobierno". Ha asegurado que lograrlo "no es imposible" y ha destacado que en sus años como médica y ministra ha aprendido que si se quieren cambiar las cosas, hay que ir a la raíz de los problemas, "remangarte" y "hacerte cargo".

"Tenemos que gobernar Madrid y, después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión y, si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Ha incidido en que el futuro "no está lleno de guerras, no está lleno de gente injusta, no está lleno de ultras" y ha añadido que si en Más Madrid pensaran que fácil conquistar ese futuro, "estaríamos en el PP repartiendo sobres, recibiendo prebendas y yendo a ver a fondos buitre".

En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.

Hace unas semanas, la diputada del PP y senadora por Madrid, así como ex consejera de vivienda con Ayuso, Paloma Martín, se hacía eco de una noticia en la que se decía que el precio de la vivienda registra un nuevo récord histórico en el año 2025. Ella venía a culpar al Gobierno de España de esta situación. Sin yo querer restarle su parte de responsabilidad, en muchos aspectos, al Gobierno central en materia de vivienda, no deja de ser curioso que quienes ejercen las competencias en materia de vivienda en las comunidades donde gobiernan hablen con ese desparpajo.

Estamos demasiado acostumbrados a que, en los medios de comunicación, en las mesas y opiniones de los expertos, cuando se habla de vivienda, siempre se hable de Barcelona para criticar lo que llaman “intervencionismo”. ¿Por qué nunca se habla de Madrid? ¿Cómo es posible que, ante los desastrosos resultados de sus políticas de vivienda, respondan sin pudor que el suyo es un modelo de éxito? Es posible porque no se les cuestiona, al estar alineados con los intereses del lobby inmobiliario. Si en otro sitio suben los precios, es culpa del intervencionismo; si suben en Madrid, es porque es una región dinámica. Así funciona la ideología.

Lo cierto es que el modelo del PP en vivienda es un auténtico fracaso y sus gobernantes son incapaces de ofrecer un solo indicador que haya mejorado desde que Ayuso llegó al poder. Todo ha ido a peor. En la misma noticia que enlazaba la ex consejera aparecía que Madrid es la región donde más ha crecido el precio de la vivienda. Madrid es la segunda región, tras Baleares, con mayor sobrevaloración del precio de la vivienda, es decir, con mayor disparidad entre la renta de las familias y el precio de la vivienda: desde que Ayuso gobierna, se ha disparado el número de años que tiene que afrontar un hogar típico para la compra de una vivienda, especialmente en Madrid ciudad, algo que no ha ocurrido ni en Barcelona ni en Bilbao.

Madrid está a la cabeza de España en el precio del alquiler y en el esfuerzo que tienen que hacer los inquilinos para poder pagar todos los meses. En Madrid ha crecido un 43% la presencia de empresas que acumulan viviendas, al mismo tiempo que descienden las compras residenciales. Más gente tiene que marcharse fuera de la región coincidiendo con que el stock de vivienda nueva sin vender lleva creciendo desde el año 2018 y ya hay más de 62.000 viviendas nuevas que no se venden. En Madrid, el parque público está en cifras del año 2005 y sería todavía menos si la justicia no les llega a obligar a recuperar las 1.721 viviendas que vendieron de manera fraudulenta a un fondo buitre.

En vivienda hay que salir de falsos dilemas: no hay que elegir entre regular y aumentar la oferta, entre impedir la demanda especulativa e invertir en vivienda; hay que hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios. Solemos centrarnos en la dimensión cuantitativa, pero lo fundamental está en la cualitativa. ¿Qué oferta, qué inversión, qué regulación?

El modelo de vivienda donde menos peso tiene la vivienda de mercado, el que mejor funciona, también es un modelo que aumenta la oferta acorde al aumento de los hogares. Esto ocurre en Viena, pero no en Madrid. El mercado busca una demanda solvente, busca una demanda que pueda pagar esos precios de mercado y no atiende a las necesidades de la gente. Necesitamos pensar la vivienda como algo parecido a la sanidad, que tenga vocación universal, que sea capaz de ofrecer respuestas a amplias capas de la población. No es un problema que haya vivienda protegida para rentas de 90.000 euros; el problema es que no la hay para rentas de 17.000.

Y, al contrario, la vivienda pública no puede quedar solo —en teoría— para “quienes más lo necesitan” y “se quedan fuera del mercado”; la vivienda pública debe ser un derecho de ciudadanía que, junto con la vivienda protegida promovida por la colaboración público-social, ofrezca opciones para que la sociedad pueda elegir cómo quiere vivir. Para que haya libertad de elección tiene que haber una diversificación en la oferta, porque no hay libertad cuando se obliga a la inmensa mayoría de la gente a tener que pasar por el embudo del mercado y elegir entre susto o muerte.

La democracia se fundamenta en empobrecer a los ricos y enriquecer a los pobres. ¿Para qué? Para igualar. ¿Igualar en qué? En libertad. La igualdad es democratizar el poder para ser libres. El acceso a una vivienda segura, de calidad y barata es una condición necesaria para ser libre, y algo tan importante para la libertad no se puede dejar en manos del mercado.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha descartado nuevamente dimitir y ha denunciado que hay una "cacería política" contra él, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, según informa EFE.

"Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día", ha insistido el regidor en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento, donde únicamente ha admitido una pregunta.

Esta reacción llega después de que este domingo trascendiera que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

Tras conocer el auto, el alcalde ha asegurado que todavía está "esperando" a que el juzgado le haga llegar esta querella, por lo que no sabe aún de qué defenderse. "Lo bueno que tiene que se haya admitido la causa es que por lo menos voy a tener la querella", ha añadido Bautista.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista y del PP" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

En el auto de admisión a trámite, fechado el 15 de abril y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ordena que la querellante sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

En 1983 se asaltaron en España 818 joyerías, casi tres al día, por valor de 650 millones de pesetas, y los golpes provocaron 12 muertos: siete delincuentes y cinco comerciantes. En Madrid, se cometieron 6.000 delitos mensuales y en agosto se superaron los 8.000, casi el doble que el año anterior. En 1978 hubo 108 atracos a entidades bancarias, que ascendieron a 6.239 en 1983 (un 600% más). Según escribe Arturo Lezcano en el libro Madrid, 1983 (Libros del KO, 2021), el nuestro fue el país con más atracos a bancos del mundo aquel año.

En ese contexto se hace fuerte José Manuel Cifuentes, nacido en 1968 en el barrio madrileño de San Blas, que entonces era el auténtico y verdadero extrarradio, hasta convertirse en El Panamá. Un apodo de la infancia que viene del colegio al que iba antes de mudarse con su familia a su nueva barriada y que, desde hace ya varias décadas, es tan popular entre la policía como desconocido por la ciudadanía y temido por sus colegas del gremio delictivo. Un inciso: actualmente cumple una condena de 32 años en Estremera por atracar con tentativa de homicidio un Mercadona en Yuncos (Toledo) en 2013, una de las pocas veces que su nombre sonó repetidamente en los medios. 

"Naturalmente, los delincuentes operan por debajo del radar de los medios, porque si no, no podrían moverse. Y a mí me interesa la arqueología, no me atrae contar de lo que ya habla Telecinco", apunta a infoLibre Iñaki Domínguez (Madrid, 1981), licenciado en Filosofía y doctor en Antropología Cultural, experto en macarrismos varios, pandillas y mitos urbanos con varios libros ya a sus espaldas. Domínguez dio con El Panamá precisamente a base de profundizar durante años en los bajos fondos y empezar a interesarse más al detalle por el "tráfico de drogas, las extorsiones y los vuelcos" (esto es, robos a otros traficantes).

A base de encontrarse con gente diversa, se dio cuenta de que El Panamá era "muy conocido en ese mundillo", en el que era respetado por muchos como una figura paterna —no pocos le llaman 'papá', de hecho—. "Además, es un tío que opera en un lapso de tiempo interesante porque conoció a los quinquis de los 80, que ahora interesan a tanta gente por las películas, pero también estuvo vinculado al origen de los Miami y a toda esa delincuencia de los años 90 y 2000. Su vida me parecía fascinante en todos los sentidos y sirve, asimismo, para explicar la historia de un país desde el prisma de la delincuencia al tocar muchos palos y estar vinculado a personajes de distintas épocas", explica el autor.

Todo eso es lo que queda plasmado en El Panamá. Vida de un fuera de la ley (Ariel, 2026), una biografía que es a su vez un relato coral sobre las múltiples transformaciones que ha experimentado Madrid, y por extensión todo el país, a lo largo del último medio siglo. Un libro que arranca cuando el escritor recibe un mensaje a través de Instagram del hijo de El Panamá, que ha leído alguno de sus títulos anteriores y está interesado en contar su historia. Algo que da "miedo", tal y como reconoce Domínguez, pero resulta al mismo tiempo "fascinante". Una oportunidad de las que no se dejan pasar.

Se convierte así la vida de El Panamá en un viaje al corazón de los 80 cuando se apagan las luces de neón, con violencia, drogas, bandas y una juventud decidida a vivir sin límites la llegada de la democracia para escapar de la miseria y la desesperación de un país en pleno tránsito hacia quién sabe dónde. "En el pasado siempre hay cosas mejores y peores. En esa transición, Madrid era una ciudad donde la heroína estaba haciendo estragos y era el motor de gran parte de esos atracos, porque los yonquis necesitaban mucho dinero", señala, recordando que la situación era dramática en los barrios pero el centro también estaba "fatal". 

"Eso sí, entre Vicálvaro, San Blas y Canillejas, había una especie de Triángulo de las Bermudas", apostilla. "En términos de delincuencia, además, cada barrio tenía ciertas especialidades: los butroneros son tradicionalmente de Vallecas, el tráfico de drogas en Vicálvaro y en San Blas, más los atracos de bancos", enumera, para acto seguido continuar: "En San Blas lo más tremendo no era el parque Paraíso, sino la avenida de Guadalajara, que era lo que se conocía como Guarrerías Preciados, es decir, un poblado de la droga tremendo al que no se atrevía a entrar nadie, salvo José, que entraba para atracar a los propios gitanos que vendían".

Ese tipo de loco arrojo tenía El Panamá, quien por cierto jamás bebió alcohol ni se drogó, perteneciente a una estirpe de delincuentes de otra época, que vivían con la lealtad por bandera, incluso de alguna forma protegidos por los vecinos en sus propios barrios como una forma de resistencia frente al poder policial descontrolado y heredero de la dictadura. "Se dice mucho que antes había valores, se defendían ciertos códigos, y ahora todos son chivatos", indica Domínguez, para quien eso es parte de una sociedad también distinta.

Así lo explica: "Es muy interesante analizarlo como un microcosmos de delincuencia dentro del macrocosmos social. Es verdad que la gente tenía ciertos valores. Ahora dices 'hola' en el ascensor y no te contestan, algo muy violento a lo que no me acostumbro. Antes había unos códigos básicos de convivencia en el mundo normal que también existían en el de la delincuencia. Eso desaparece en una sociedad más neoliberal o de un capitalismo tardío, en la que cada uno es más átomo y va a su bola. Algo que se manifiesta también en estos otros ámbitos".

En este dibujo de un país que era y ya no es, el autor tira de memoria para rechazar la idea de que "el fascismo esté ahora en boga". "En los 90 no podías ir a los bajos de Argüelles porque había neonazis. Yo personalmente no podía ir porque llevaba el pelo largo en plan alternativo, así que no ibas y punto. Las estadísticas de palizas y muertes por violencia de neonazis en la calle eran tremendas. Era mucho peor la situación en esa época, la sociedad era más violenta, no cabe duda, y eso era muy malo, pero también tiene sus cosas buenas en el sentido de que te haces un poco menos quejica y más duro", plantea, antes de puntualizar: "Pero, por supuesto, es preferible la situación de hoy sin esas violencias de entonces. Porque, encima, tenías a ETA en activo".

El libro también aborda la relación de El Panamá con los Miami, seguramente la banda de delincuentes más mediática de este país desde su irrupción en los años 90 controlando las puertas de tantas discotecas. Se le ha llegado a acusar de ser el líder de los Miami, con los que acabó entablando cierta amistad, pero lo cierto es que José María Cifuentes era, en todo caso, skin, heavy, rocker, atracador y enemigo de la famosa banda, con la que incluso tuvo un tiroteo en La Peineta —lo que hoy es el Estadio Metropolitano... en San Blas, claro—. "José estuvo presente en los orígenes, en el germen en un criadero de perros de Vicálvaro, pero, de hecho, a mí me han contado que los Miami le tenían un poco de miedo", aclara el autor, que aprovecha para criticar que "cada vez que aparece un delincuente de cierto relieve" la prensa diga por sistema que pertenece a los Miami, cuando no suele ser así: "Debe dar muchos clicks y muchos likes, pero no es verdad".

El Panamá llegó a dominar San Blas y a reinar en Madrid con sus compinches, eso sí es verdad, formando parte, además, de una familia totalmente normal. "Me quedé loco cuando conocí a su madre y a sus hermanos, me chocó muchísimo que fueran tan normales teniendo en cuenta su reputación", confiesa, hablando de una "inclinación innata" hacia la delincuencia más que de pertenencia a un núcleo familiar desestructurado. "Lo que pasa es que, claro, si uno tiene esa inclinación innata y crece en San Blas en los 70 y los 80, se convierte en lo que se convierte", termina.

En La ciudad y la ciudad, del escritor británico China Mieville, se cuenta la historia de un territorio donde conviven sin verse los habitantes de dos ciudades que están superpuestas. A los ciudadanos les enseñan, desde que son niños, a no ver, a “desver” a los otros habitantes, a no ver la otra ciudad. Romper la brecha significa ver o interactuar con la otra ciudad cuando no debes. Ver significa mirar fijamente a alguien de la otra ciudad. Significa reconocer edificios prohibidos. Significa reaccionar a algo que deberías ignorar. Y significa la desaparición forzada de aquel que abre los ojos a los otros.

Me acuerdo de esta novela de ciencia ficción atravesando Madrid, sureste-noroeste, volviendo a casa, sintiendo que he pisado la otra ciudad, que he roto la brecha en una, para mí, rápida y cómoda visita durante una mañana de primavera. Y aunque haya visto antes, porque una viene de ahí y se conoce el paisaje, y los edificios, las calles, los árboles son los mismos, hoy no es más que una privilegiada de la sierra que ha visto y está de vuelta a casa. Y escribo esto porque creo que es importante reconocer el lugar desde el que una mira y después ve.

He ido para encontrarme con los alumnos y alumnas de un instituto público en uno de los tres barrios más pobres de la región, a los que he ido a hablar de mis libros y de escritura. Uno de los distritos con las rentas más bajas, con altos niveles de desempleo y vulnerabilidad social. Donde en la clase, solo hay uno o dos estudiantes blancos, porque españoles son todos. Chicos y chicas que, para ir a clase, tienen que cruzar una plaza donde duermen heroinómanos sobre cartones. Y al volver, me sale escribir esto, después de buscar a mi hijo en otro centro público muy distinto, donde la proporción es inversa.

Me dice la profesora de literatura del instituto que he visitado que esto no es un barrio obrero sin más, que esta exclusión es otra cosa, que ya no es aquel distrito clase media baja de mis abuelos. Que cuando dicen que las dificultades de acceso a la vivienda son la primera preocupación de los jóvenes, que se están radicalizando ideológicamente o que no les llega el sueldo a fin de mes, le cuesta pensar que hablan de sus alumnos y alumnas, cuyas situaciones familiares son mucho más complejas, que algunos, por ejemplo, ya son padres y madres. Y no quiere contarme más.

Madrid tiene muchas ciudades dentro de sí. Es una de las regiones de Europa con más segregación económica urbana. Muchos de los chicos y chicas de ese sur no conocen la Gran Vía, no han pisado el centro y tardarán en hacerlo. Y a los chicos y chicas del norte de la comunidad no se les habrá perdido nunca nada que les lleve al sureste. Podrán pasar toda su vida sin desplazarse la media hora que se tarda en llegar a esos distritos. Además, Madrid es la región con mayor segregación escolar de España y una de las más altas de Europa. Y así, como en esa novela, crecemos para no vernos, para no mezclarnos, para perpetuar la desigualdad distribuidos geográficamente. Una desigualdad que pega zarpazos hasta en la esperanza de vida. Formados para ignorar otras realidades que ni suman ni restan en las cuentas oficiales.

Recuerdo también la novela de Lara Moreno, donde solo hay un territorio vertical en el centro. En La ciudad (Lumen, 2022), tres mujeres conviven en un mismo edificio sin llegar a verse nunca de verdad. Cada una de ellas, sobrevive bajo una violencia distinta. Y no es ciencia ficción.

Escribir esto me incomoda porque el punto de vista es errado. Porque lo escribo y, tranquilamente, puedo continuar siendo ciega. Me preguntó una de las alumnas de Bachillerato de ese instituto por qué escribir, por qué permitir con las palabras que las heridas sigan abiertas, por qué extender el duelo. Por qué esta columna, me pregunto yo. Pues, a veces, no sé responder a eso. Quizá por si a alguien se le ocurriera mirar. Uno solo. Romper la brecha. Ver.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un abogado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, por delito de revelación de secretos, en relación con la filtración a los medios de comunicación de mensajes de correo electrónico remitidos por una exconcejala de Móstoles “al entorno de la denunciada”. El Supremo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, no considera los hechos denunciados constitutivos de delito. 

El auto de archivo destaca que “la Sala hace suyo el criterio del Fiscal del Tribunal Supremo, que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante. El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo”. 

Añade que la denuncia “alude a la difusión de mensajes de correo electrónico que habrían sido remitidos al entorno de la denunciada. Y la fuente de conocimiento que el denunciante apunta, basada en reseñas de determinados medios de comunicación, es por completo insuficiente para iniciar una línea de investigación que, por tal razón, sería a todas luces prospectiva”. 

El auto explica que la denuncia se presenta en relación con la filtración a los medios de comunicación de mensajes de correo electrónico que en su día fueron remitidos "al entorno de la denunciada", antes de la dimisión de la remitente como concejala del Ayuntamiento de Móstoles, al haber sido desatendidas -se razona en la denuncia- sus quejas internas en la estructura regional del Partido Popular de Madrid, con ocasión del eventual acoso sexual al que le sometiera el alcalde de esa Corporación.

"Hay una diferencia en la forma en que las administraciones o el Ayuntamiento atienden las reclamaciones vecinales de unas zonas de Madrid y de otras". Quien pronuncia esta frase es Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica cómo la capacidad de hacer visibles las reclamaciones vecinales, la movilización social y la renta de los barrios condiciona el éxito o el fracaso de los objetivos que se fijan los ciudadanos cuando se plantan ante la Administración. 

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid escuchaba las quejas de los vecinos de El Viso y paralizaba el plan del Ministerio de Defensa para levantar una torre de 18 plantas que albergaría oficinas militares. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, pidió a Defensa que se sentara con los vecinos, quienes protestan porque la construcción supondría una alteración del entorno y empeoraría el tráfico en un barrio residencial. Tras 88 alegaciones, el proyecto está actualmente detenido. A esto se suma la reciente victoria en los tribunales de los vecinos del Estadio Santiago Bernabéu, que han frenado la construcción de unos parkings en la zona, además de imponer su anterior reclamación por el ruido que generaban los conciertos.

Otro ejemplo de éxito, al menos momentáneo, es el del barrio de Montecarmelo. Cientos de residentes se habían organizado para defender su vecindario de la instalación de una infraestructura que consideran inadecuada por su proximidad a viviendas y colegios: un cantón de basura. A través de protestas, acciones legales y una intensa presión mediática, los vecinos han logrado arrancar al Ayuntamiento el compromiso de que no se tratarán residuos, ni habrá maquinaria ruidosa o compactadores. Aunque desconfían, porque el proyecto que sigue vigente es el mismo que llevan rechazando desde hace años. "Todavía no está del todo claro cuál va a ser la capacidad del cantón que el Ayuntamiento de Madrid prevé construir porque no han aclarado qué superficie tendrá finalmente", explican desde la FRAVM. En la misma lucha se encontraban los vecinos de La Elipa, aunque ellos no tuvieron tanta suerte y sí han visto cómo se ejecutaba la obra, de forma que, de ser un parque de maquinaria, el espacio pasó a transformarse en un área donde se trasvasa basura. 

La presión vecinal depende de la capacidad para influir en las administraciones, de expresarse en su lenguaje o de llegar a la opinión pública. También, de los medios económicos para sostener demandas que, en general, se prolongan en el tiempo. Pero hay muchos otros matices. 

"Hay una parte que resulta lógica y es que, con dos gobiernos conservadores [la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento], las respuestas a las reclamaciones vecinales parecen estar condicionadas por cierto cálculo político. Da la impresión de que estos gobiernos son más sensibles a las reclamaciones vecinales que surgen en zonas donde tienen un número de votantes más importante", apunta Nacarino. 

Y luego están los medios económicos. "Es mucho más fácil para los vecinos de la zona del Bernabéu o del barrio de Castilla poder conseguir fondos para iniciar un procedimiento contencioso contra una Administración —en este caso, contra el Ayuntamiento de Madrid y contra el Real Madrid— por las obras que se planeaban en el Estadio Santiago Bernabéu. O es mucho más fácil obtener esos mismos recursos económicos para los padres y madres del Colegio Alemán, en el barrio de Montecarmelo, que para los vecinos de San Fermín (Usera, en el sur de la capital) en su lucha contra el crematorio", señala el responsable de la FRAVM. 

La instalación del crematorio que el Ayuntamiento de Madrid quiere ubicar en el tanatorio de la M-40 lleva años en liza. "Se paralizó en el año 2015, pero lo han vuelto a intentar y desde entonces estamos batallando con el consistorio para que no concedan la licencia, ya que está muy cerca de las casas y de un centro educativo", explica una vecina de la agrupación del distrito de Villaverde. Para avanzar en el proceso, apunta, tratan de recaudar fondos propios "cuando se puede" y se apoyan en la Federación de Asociaciones Vecinales para obtener representación legal.

"La Administración hasta ahora nos ha ignorado y, en el fondo, nuestra queja es que este tipo de instalaciones están siempre en los mismos barrios de la zona sur", explica la vecina de Villaverde. "Siempre perjudican al mismo vecindario. Tenemos depuradoras, escombreras, crematorios... instalaciones que serían impensables en otros distritos de la capital", concluye.

Si bien es difícil establecer una comparación entre los diferentes casos, el capital social —ese conjunto de conocimientos adquiridos y contactos ligados a la posición económica— puede ser un matiz que termine de inclinar la balanza, más allá del peso evidente que tiene el factor económico. 

"El sur es el espacio donde se coloca todo aquello que la ciudad necesita, pero que resulta molesto. En el centro de la ciudad siempre hay un informe ambiental, una sentencia en contra, un juez que paraliza la licencia, etc. Pero en el sur es donde esas cosas terminan encontrando cabida", relata Antonio Abueitah, de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque. Abueitah enumera varios ejemplos, entre ellos el festival de música MadCool, que se celebra en su distrito. "No se entiende que en el WiZink Center (ahora Movistar Arena) no se puedan prolongar los conciertos más tarde de las 11 de la noche, o que en el Bernabéu no se puedan celebrar, mientras que el MadCool se instala aquí con música hasta más allá de las dos de la mañana", apunta. "Así se termina normalizando la idea de que en el centro hay unas normas, mientras que en otros barrios estas regulaciones son más laxas", concluye.

Abueitah cuenta que esta constatación les ha obligado a elegir qué luchas pueden permitirse abordar y cuáles no. "Al final, si no fuese por el abogado de la federación regional (FRAVM), no podríamos pagar un equipo de abogados que nos represente". Su asociación de vecinos comparte un representante legal que trabaja con la FRAVM y que les ayuda, pero que también lleva otros casos. "Hay algunos casos, como este del crematorio, que por su gravedad y por la preocupación de los vecinos se decidió llegar a los tribunales, pero lo normal es que no se nos pase por la cabeza demandar". De hecho, la zona de Villaverde-San Cristóbal de Los Ángeles tiene una renta bruta media anual de 25.748 euros, según los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas publicados por la Agencia Tributaria. A mucha distancia, la zona de Castilla-Chamartín, donde se sitúa el Santiago Bernabéu, tiene una renta media de 75.739 euros. En este último caso, los vecinos habían conseguido organizarse para pagar una derrama mensual de 200 euros que sustenta su asistencia legal.

Dar visibilidad y crear un espacio social que atraiga atención mediática es una de las cosas que desde la FRAVM consideran más importantes y que menos se tiende a considerar. "En el caso de Montecarmelo, lo que ha habido detrás —más allá de la capacidad económica que puedan tener estos vecinos con respecto a otras zonas de Madrid— es una gran movilización social", apunta Nacarino. La FRAVM cifra en 3.000 personas la asistencia a algunas de las concentraciones organizadas en este distrito, con las que, por el momento, han conseguido parar la obra del cantón.

"Los vecinos de San Fermín y de otras zonas de Usera y de Villaverde también se han unido y han sido capaces de sacar a más de 5.000 personas a la calle para protestar contra la instalación del crematorio", enumera Nacarino. "No todas las batallas que se pueden dar son judiciales y no podemos naturalizar que la forma de interactuar con la Administración sea la justicia, porque los vecinos merecen ser escuchados". Mandar ese mensaje, advierte, puede frenar la movilización y la voluntad de salir a la calle en aquellas zonas donde la capacidad económica para sostener un contencioso es más limitada.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

Chico-Trópico es un colectivo de artistas multidisciplinar centrado en la música. Formado por Sara Brito y Pedro Buschi, tiene como meta establecer un diálogo con el espacio público y quien lo habita —bebés, niños y humanos con el pelo blanco—  a través del juego, la experimentación y el disfrute.

Uno de sus proyectos es La C.O.S.A. (el Centro Organizado de Sonido Ambulante), una caravana convertida en estudio de grabación que va recorriendo barrios, festivales y centros culturales de todo el país. En su viaje recogen todo lo necesario para crear un archivo sonoro: las historias de vecinos y vecinas, sus risas, el ladrido de sus perros y los gritos de los niños, y con todo ello consiguen crear discos, miniclips, y todo tipo de experimentos audiovisuales.

Actualmente tienen un disco experimental en la exposición "Cañada en el centro", creado con niños de la Cañada Real. La muestra, expuesta en el Centro de Creación Contemporánea Quinta del Sordo, fue visitada recientemente por el ministro de Cultura Ernest Urtasun.

¿Qué les impulsó a formar Chico-Trópico? Se definen como “centralita de acciones artísticas”, ¿qué es una acción artística?

Sara: Chico-Trópico surgió en 2010 como un festival en Casa América en torno a los nuevos sonidos latinoamericanos que en aquella época todavía no se conocían demasiado. La cumbia o nueva cumbia, electrónica, psicodelias… desde un lado experimental.  Empezamos a combinar eso con programación de artistas y a generar procesos participativos, entendiendo los eventos culturales como un lugar donde no solo se va como observador, sino donde las personas del público también pueden generar. Eso conecta con lo de centralita de acciones artísticas, donde la acción puede ser de cualquier ámbito, si bien nosotros nos especializamos en sonido y música. Desarrollamos cuestiones que tienen que ver con el arte de acción, con la performance y con procesos donde sobre todo se pone en relieve el carácter participativo y experimental de la cultura.

Entre otras acciones, tienen el proyecto de La C.O.S.A., ¿cómo funciona y por qué creen que es importante?

S: La idea primera de La C.O.S.A. es crear música y trabajar el sonido en el espacio público, donde este espacio no es solo de paso o de consumo, que es lo que ha pasado en las últimas décadas, sino también un espacio de encontrarse y de crear juntos y juntas.

Pedro: La importancia es la posibilidad de llegar a poblaciones que no tienen un acceso a esos instrumentos. La materia prima es la gente, porque todos venimos de distintos lados y tenemos mucho que ofrecer. Es un trabajo de escucha, no solo de música. Un proceso compositivo basado en la realidad de otra gente que no tiene nada que ver contigo, y que puede ser un ejercicio muy bueno para el ego.

S: En ese sentido creo que hacemos lo contrario de La Voz o de este tipo de concursos, los que llevan la idea de que solo pueden pasar los que cantan bien. Cuando juntas a la gente del mismo barrio, que quizás se conocen pero no en ese contexto creativo vivo, es muy bonito, y no estás en un bar. Creemos que es un valor que tiene la cultura más allá del consumo cultural, la creación y el quitarle toda la patraña de “solo unos pocos son los que pueden hacer”. Lo que hacemos tiene mucho que ver con desacralizar el hacer artístico, y sobre todo empoderar a la gente e invitarla a jugar. Al final La C.O.S.A. y todas las cosas que hacemos son espacios para jugar. El arte es juego. Es interesante que la gente vuelva a jugar.

¿Por qué creen que es importante que se incorpore el “jugar” también en la etapa adulta de la vida?

S: El espacio que nosotros llamamos juego es un espacio de probar, de quitarte el miedo a hacer, e incluso quitarte el miedo al error y al resultado final. El objetivo es disfrutar de los procesos.

P: Por ejemplo, en el último taller que hicimos cogimos unos microscopios digitales, hacíamos fotos a un musgo, lo proyectábamos y pintábamos sobre la proyección. Si te planteas esto como una cosa de perfección, no funciona. 

S: Es sobre todo incorporar el disfrute en las prácticas, en los procesos. Ahí es donde empiezas a jugar. En la vida en general y ojo, que luego en casa de herrero, cuchara de palo. Muchas veces no juegas en tu día a día, pero es importante seguir recordándolo y seguir generando momentos en los que eso sucede, sobre todo en grupo. Ahí aparece un espacio de libertad y de disfrute que hay que reivindicar, sobre todo en los tiempos tan serios y tan terribles en los que estamos.

Han dicho que su intención es habitar el espacio público más allá del consumo. ¿En qué se traduce?

S: Ya solamente poniendo una caravana en medio de una plaza, un espacio para hacer música, estás provocando un cambio en el espacio público y generando un espacio de juego. Uno de los talleres que hemos hecho en diferentes lugares de España y que vamos a hacer en Matadero en mayo y en junio es un trabajo con walky talkies. Te coordinas, te pones en el mismo canal y empezamos a generar un relato colectivo basado en la observación. Ahí estás activando el espacio público de una manera que no es el consumo, sino con la creación.

Casi todos los talleres y las experiencias que hacemos van por ahí. Espacio público, juego, y creación. Y ahí hay un empoderamiento de la gente sobre la ciudad y sobre el disfrute.

En todos estos años de actividad, ¿han notado una evolución en la dificultad de esta tarea?

S: En España hay una hiperlegislación del espacio público y una burocratización de su uso que es evidente. Nos pasa no solo a nosotros, sino a un montón de artistas y personas que trabajan así. Nosotros llevamos 16 años, y sobre todo trabajamos en ciudades. En Madrid se vio una evolución a una mayor legislación, donde todo pasa por una ultra seguridad. Hay una cuestión desde las instituciones, pero el ser humano siempre busca grietas por donde poder activar el espacio público. Ahí hay una lucha.

P: Yo creo que la juventud sí que hace uso del espacio público. Lo podemos ver con los bailes o las batallas de gallos, que tienen un ambientazo y son cosas totalmente autogestionadas. 

¿Cómo puede la gente estar al tanto de sus actividades? 

S: En nuestro Instagram (chico.trópico) vamos compartiendo siempre todas las actividades que hacemos. También en nuestra web.

En abril La C.O.S.A. va a estar en varios lugares de Madrid. El día 16 vamos a estar en la Universidad UDIT siendo parte de un proyecto con colectivos independientes. El 25 y el 26 estaremos también con La C.O.S.A. en 21 Distrititos, uno de los festivales que realiza el programa del Ayuntamiento de Madrid, 21 Distritos. Haremos música y canciones con la gente. Está pensado para familias, pero puede venir quien quiera. En mayo vamos a estar en la celebración de los 100 años del Círculo de Bellas Artes. Estaremos grabando música y haciendo acciones sonoras allí. Hay multitud de oportunidades que iremos compartiendo.

Funcionan las 24 horas, no requieren de personal y suelen ocupar espacios en el centro de las ciudades más turísticas de España. Son los locales de taquillas para guardar equipaje, un negocio que crece de la mano del turismo y de los apartamentos vacacionales. Basta con abrir alguno de los buscadores de consignas online y situarnos en la capital para que al momento aparezcan decenas de puntitos señalando sus ubicaciones, casi medio centenar en Madrid. Algo similar ocurre en otras ciudades con alta afluencia de visitantes como Barcelona, Sevilla o Valencia y en zonas cercanas a grandes nodos de comunicaciones como estaciones o aeropuertos.

En el centro de la capital, al lado de la madrileña sala de conciertos El Sol, un local amarillo con un cajero ATM incrustado en el escaparate ofrece taquillas que van desde seis euros al día por guardar una maleta pequeña a los 19 euros diarios por un espacio para tres unidades. En la misma calle se puede ver algún signo más de lo que se denomina turistificación: varias franquicias de comida, un local para reservar bicis y tours guiados o apartamentos turísticos a los que se accede con un código QR.

La demanda de estos servicios está vinculada a turistas que llegan a la ciudad o regresan hacia su lugar de origen y necesitan un espacio donde aparcar sus maletas por unas horas antes de poder entrar a su alojamiento o tras el check-out. Un servicio que los hoteles suelen prestar, pero que en el caso de los apartamentos no siempre está disponible. Los cambios en la composición de los barrios turísticos más demandados empiezan por el tipo de comercios que albergan y, en este caso, las taquillas para maletas son uno de los servicios que se ve reforzado.

La mayoría de estos negocios se sitúan en bajos comerciales y funcionan sin apenas personal, ya que las taquillas son automáticas y el acceso está regulado por un código que reciben los usuarios. “Negocio innovador con alta automatización, ideal para inversión y con bajo coste laboral”, publicita una de las empresas que ofrece franquicias para personas dispuestas a invertir en el sector.

En Madrid, varias empresas y algunos nombres como Locker in the City o Lock & Be Free cuentan con más de una decena de bajos en la zona centro. Otras como Locker4rent cuentan con siete y Lock & Enjoy suma hasta cinco, según señalan en su web. No todas registran beneficios, pero en este último caso, su depósito de cuentas recoge que cerraron 2024 con un resultado de 89.108 euros y dos empleados. "A diferencia de otros negocios, no es necesario contratar empleados para la atención al cliente, ya que el sistema automatizado permite a los usuarios gestionar sus propias reservas y acceder a las taquillas sin intervención humana", señala otro anuncio para atraer franquiciados. En este caso ponen en valor la rapidez del retorno y la baja inversión inicial: taquillas físicas y un software que controle su funcionamiento. Un pequeño detalle que no se suele mencionar es que hay que contar con un local, o con pagar un alquiler en caso de que el emprendedor no cuente con uno.

Fuentes del sector señalan a infoLibre que el sector ha crecido mucho en los últimos años. Si bien el turismo y las viviendas vacacionales son uno de los motores de su actividad, también matizan que la crisis inmobiliaria les ha complicado el proceso de apertura por el encarecimiento en el alquiler de los locales. Amortizar una inversión inicial con un modelo empresarial que se basa en muchas y pequeñas cantidades de dinero ya no resulta tan sencillo y tampoco conseguir más ubicaciones para escalar el negocio y trabajar con mayor volumen. Aunque en este segundo caso, puntualizan, se vuelve necesario contar con personal que gestione reclamaciones o incidencias y los gastos aumentan.

En un rastreo por la web y por el listado de locales que ofrece la Comunidad de Madrid, se pueden identificar hasta casi medio centenar de establecimientos dedicados a esta actividad, con especial incidencia en la zona centro. En la lista hay desde sociedades limitadas de titularidad particular hasta franquicias o compañías que diversifican su actividad con este tipo de negocios. Desde el sector señalan que este modelo de negocio, pese a proliferar, también tiene un alto porcentaje de cierres.

Haciendo un repaso por otras empresas que ofertan servicios similares en la capital, aparecen, además de las ya mencionadas taquillas, locales como estancos, floristerías, mercerías, bares..., dedicados a otras actividades, pero que sirven también como puntos para dejar el equipaje y con ello ganan una comisión por cada maleta o artículo almacenado.

El turismo y el empuje de la vivienda vacacional están cambiando el perfil de los barrios, con una oferta de comercios más centrada en los visitantes y que ha desdibujado los negocios de toda la vida. El número de viviendas vacacionales en Madrid ha ido creciendo en los últimos tiempos.

En el distrito Centro, el 5,9% de su parque residencial, un total de 5.098 pisos, está destinado al alquiler vacacional, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fechados en noviembre del pasado año. Esta concentración es muy superior a la del resto de la ciudad, que de media alcanza el 0,82%. Es el caso de la sección que incluye la Puerta del Sol, Canalejas y el entorno de la parada de metro de Sevilla; los pisos turísticos alcanzan el 19% sobre el total de viviendas. Esto sin contar aquellas que podrían estar operando sin las licencias precisas, las ilegales. De hecho, el verano pasado apenas un 10% de los pisos turísticos estaban inscritos en el registro obligatorio. El Ministerio de Consumo, en un informe publicado hace un año en base a anuncios de viviendas en portales inmobiliarios, apuntaba que en Madrid habría hasta 16.335 alojamientos ofertados sin licencia.

Cinco de los diez distritos que más se han gentrificado en toda España durante la última década están en Madrid y el resto en Barcelona, de acuerdo con un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los investigadores han analizado datos desde el año 2012 hasta 2021 para ver cómo actuaba el encarecimiento de los precios y la sustitución demográfica de las clases bajas por otras más elevadas. Otro fenómeno que constatan es la llegada de la gentrificación a zonas más populares y alejadas del centro. En Madrid cita, por ejemplo, el barrio de Carabanchel, más allá de la M-30. Mientras todos estos cambios reconfiguran el espacio urbano, el precio de la vivienda sigue su tónica habitual y el pasado viernes los datos definitivos del INE corroboran que al cierre de 2025 el incremento anual fue del 12,7%, su mayor alza desde 2007.

“En este país se fusila poco”. “Te mereces acabar en una cuneta”. “Cementaremos sobre tu cadáver”. “Hace cien años estarías colgado cara al sol”. “Sé quién eres, nos vamos a encontrar”. “Menos cocheras y más cunetas”. “Te deberían prender fuego”. “Hasta que alguien te toque esa carita”. 

Los mensajes de odio y amenazas de muerte, a través de redes sociales, colapsan el teléfono de Antonio Giraldo. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, autor de virales hilos en X sobre urbanismo, vivienda y arquitectura, está viviendo una brutal campaña de acoso, que ya ha denunciado ante la Policía Nacional y que le ha obligado a pedir protección a la Policía Municipal.

¿El motivo? Un simple mensaje en X donde exponía su opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo que enterraba el segundo intento del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, para construir pisos en la parcela en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos que albergó las históricas cocheras de Antonio Palacios.

Su mensaje, publicado el pasado lunes, decía: “Demolición ilegal de las cocheras de Metro de Antonio Palacios y dos procesos urbanísticos negligentes por parte del Ayuntamiento enterrados ya por el Supremo. Llevaré esta vergüenza el lunes próximo a la comisión de urbanismo. ¿Qué pasa ahora?”.

“Se pone fin por segunda vez a todo el proceso. Y lo que es peor: si se pretende hacer un tercer intento, éste ya no podrá ser tal y como estaba previsto en el primero y el segundo, pues ahora la Ley de Vivienda estatal obliga a porcentajes de vivienda protegida más altos que los que había. Pero los cooperativistas, sin embargo, ya han pagado hace mucho por unas viviendas que ahora sí que ya nunca podrán materializarse. Además, el ayuntamiento podría verse obligado a asumir responsabilidades patrimoniales. O eso, o intentar una nueva chapuza que acabará igual”, señalaba en el texto, que concluía así: “Es desesperante, pero es lo que pasa cuando todo se hace mal. Lo peor, la pérdida de patrimonio industrial histórico de Madrid”.

En ese momento empezó a desatarse una ofensiva con mensajes agresivos y de intimidación. Giraldo, en una conversación con infoLibre, relata lo sucedido: “Llevo muchos años en redes. En cierta manera te acostumbras a un ambiente de odio. Pero jamás había recibido con esta intensidad y calado estas amenazas de muerte. Te provoca un sentimiento de susto y te planteas hacia dónde vamos”.

“Sencillamente he dicho que las cosas no se han hecho bien. Yo hablo con mucha claridad en las redes sociales. Y todo por culpa de la negligencia constante del Ayuntamiento en una situación en la que las familias van a seguir esperando sus viviendas. Y, además, comenté los daños patrimoniales respecto a las históricas cocheras de Antonio Palacios”, manifiesta el edil socialista.

Su mensaje se hizo viral el lunes. A partir de ahí, prosigue Giraldo, empezaron los comentarios con insultos. Él respondió contundentemente, mientras que desde diferentes perfiles, la mayoría anónimos, empezaron a señalar a los denunciantes como las asociaciones ecologistas. La espiral creció, añade el edil, al entrar en juego cuentas con muchísimos seguidores y vinculadas a la extrema derecha. A raíz de ahí se multiplicaron los tuits de carácter delictivo y con amenazas de muerte. Todo de manera orquestada, con una estrategia digital basada en retuits y en el señalamiento en redes.

Giraldo no se quedó parado: “Lo primero que hice fue denunciar en la red social X estas amenazas. Y me han respondido con un correo diciendo que estos mensajes no incumplen las normas. No he conseguido que borren ni un tuit”. Todo ello en un ambiente muy crispado con el tema encima de la mesa el próximo lunes con la convocatoria de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, en su sede de la plaza de la Villa, donde el concejal lleva esa sentencia como uno de los puntos del orden del día.

Ante la negativa de X y la oleada de amenazas de muerte, Giraldo decidió pedir protección a la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y quiere agradecer el trabajo y el trato que está recibiendo. Asimismo, ha puesto una denuncia ante la Policía Nacional con todos los tuits amenazantes que lleva recibiendo durante toda la semana. 

Giraldo no tiene el perfil típico de político. Se hizo muy conocido en redes durante la pandemia como divulgador de temas urbanísticos. Sus hilos en la red social X acumulaban miles de likes y planteaban dilemas arquitectónicos de manera muy sencilla y con otro punto de vista. La exministra de Industria Reyes Maroto se fijó en él y lo llamó para formar parte de la lista del PSOE para las elecciones municipales del 28-M hace casi tres años. Desde entonces se ha convertido en una figura ascendente en el mundo local y en uno de los azotes de las políticas de vivienda de Almeida.

El concejal hace esta reflexión global: “Son campañas contra la gente de izquierdas. Para que te alejes, para que te calles, para que no digas nada, para que te retires”. “Quieren presionarte para que pienses qué necesidad tienes de dedicarte a esto. Buscan hacerte pequeño cuando estás diciendo la realidad constatada por una sentencia. Estos mensajes son para que no ocupes espacios y para que no hagas política. Y, además, van in crescendo cuando muestras resistencia”.

“Como personaje público, hasta normalizas los mensajes con insultos. Pero hasta este lunes no había recibido estas amenazas de muerte. Se han cruzado todas las líneas, nunca me había pasado. Corremos el riesgo de asimilarlo como algo cotidiano. Esta vez he decidido decirlo de manera abierta”, apostilla el edil del PSOE.

A pesar de estos días duros, manda un aviso para navegantes: “No voy a dejar la política, voy a seguir diciendo las cosas claramente. Voy a denunciar todas las amenazas. Tendrán que pagar por esto. Esto no puede quedarse en la impunidad. Voy a seguir haciendo la política de siempre, pero quiero elevarlo al debate público”.

Pero esto no va solo de cuentas anónimas en redes: “Hay responsables políticos de algunos partidos que alientan estos discursos. Y se tienen que dar por aludidos porque están provocando estas situaciones. Cuando deshumanizan a otros dirigentes alimentan la capacidad de amenaza”.

Giraldo subraya también que este tipo de amenazas se han convertido en algo habitual, especialmente con las mujeres de izquierdas en el punto de mira. Ha hablado mucho estos días con su compañera Enma López, que recibe constantes intimidaciones por sus intervenciones en el Ayuntamiento, en las ruedas de prensa y en los debates televisivos. Y pone sobre la mesa también los casos de agresión que están sufriendo la analista Sarah Santaolalla y la portavoz de Más Madrid en el consistorio de la capital, Rita Maestre. Dice que ha recibido el apoyo de muchos políticos durante estos días, aunque no le ha llamado el alcalde. Este jueves sí se solidarizó con él durante el pleno de la Junta de Centro el concejal popular Carlos Segura. 

“Insisto en el mensaje de que no lo podemos normalizar, aunque te llamen llorica y te digan que dejes de victimizarte. Merece mucho la pena denunciar. No son simples cuentas anónimas, hay personas detrás que las dirigen y las financian. Hoy soy yo y mañana puede ser cualquiera. Hay que señalar qué papel juegan las redes y sus dueños. Están operando en nuestro territorio y hay que ponerles coto sí o sí”.

Giraldo respira hondo. Y deja una última impresión de manera clara, como sus mensajes sobre urbanismo en redes: “No me van a echar de la política”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha calificado como "aliado" y "referente internacional de la libertad", que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad.

Milei ha viajado a España para clausurar el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha.

"Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones", ha escrito el líder de Vox en su cuenta de X. Lo ha hecho en respuesta a otro mensaje del presidente argentino en la misma red social, junto a una foto de ambos en la que Milei ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

"El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado español y presidente de Vox, Santiago Abascal, en Madrid", indicaba su gabinete a través de una publicación con una imagen en la que ambos aparecen mirando a la cámara y con el pulgar en alto.

El presidente de Argentina y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, entre ellos un encuentro en junio de 2025, igualmente con motivo del Madrid Economic Forum, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires.

El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en la capital, y una vez más no contempla ninguna reunión con representantes del Gobierno, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.

Los centros sociales okupados y autogestionados (CSOA) son espacios ciudadanos que surgen en los noventa como una forma de dar un nuevo uso a lugares abandonados y que hoy ofrecen actividades variopintas. Se puede acudir a un taller de bicicletas, a clases particulares gratuitas, a recibir asesoramiento en materia de vivienda, a conciertos, a exposiciones de arte urbano o a eventos culturales. En ellos se habla de ecología, desigualdad, feminismo, modelos de ciudad, de trabajo... con un enfoque político de lo cotidiano. Pero también con un punto polémico: suelen ocupar espacios que, si bien estaban en desuso, no son de su propiedad. Esto los convierte en centros de protesta contra el sistema, su principio esencial, pero los vuelve también vulnerables a la hora de mantener su actividad. Tampoco son siempre un oasis de acuerdos asamblearios y luchas por la justicia social, pero cargan con un matiz negativo que no agota su definición.

La agenda de actividades depende del espacio y de quienes participen en él. Suelen describirse con un matiz underground, porque en muchos casos se ubican en edificios abandonados que se han okupado y rehabilitado a medias para prestar servicio o tejer una red vecinal. Muchas sedes eran (y aún son) ruinas de la burbuja inmobiliaria, locales que quedaron atrapados en la onda expansiva que dejó la crisis de 2007 y que nadie reclamó en aquel mar de quiebras y desahucios. Pero eso ha cambiado. Ahora, al calor de la fiebre inmobiliaria y de la crisis de la vivienda, los edificios abandonados se transforman en potenciales fuentes de rentabilidad y de poco sirve apelar a su función como espacio de socialización frente a una rentabilidad inmobiliaria desenfrenada.

El espacio EKO, un espacio autogestionado en el barrio de Carabanchel (Madrid) con 14 años de recorrido, lleva tiempo denunciando las presiones que reciben para abandonar el edificio en el que desarrollan su actividad. Dos de sus miembros cuentan a infoLibre que la presencia de una empresa de desokupación y la presión policial arreció durante un tiempo, después de que un fondo de inversión comprase el edificio. "En agosto de 2025 vinieron a las cinco de la mañana varios desocupas y antes de que aparecieran estas personas, pasó un coche de policía por allí poniendo un sonido de "tic, tac" por el altavoz", relatan.

Durante más de una década el espacio de EKO estuvo dentro de un concurso de acreedores y terminó en manos de una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners en 2024. "Denunciamos públicamente el inicio de un proceso de intimidación y amenaza de desalojo por parte del fondo Midtown Capital Partners", relataban en septiembre a través de su página web. "Claro que la especulación se nota en la presión que reciben los centros sociales", confirman desde la Asamblea Popular de Carabanchel, otro espacio social conectado con este CSOA.

"Compran barato para maximizar beneficios y, antes de iniciar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edificio de manera rápida y efectiva aunque ilegal", protestaban desde EKO.

Pero la comunidad en torno al CSOA consiguió frenar el proceso de acoso. "El barrio respondió muy bien; como estábamos en la puerta todo el día, mucha gente se pasaba un rato o nos traía comida y también vinieron desde otros colectivos como las asociaciones de vecinos", cuentan. Desde esa primera intentona han tenido algún incidente más. Este mismo miércoles "a eso de la 1:30 de la madrugada han intentado entrar varias personas con una supuesta abogada", relatan. "Había varias personas en el centro y apareció después la Policía, por lo que el incidente no fue a más", explican, aunque la sensación de incomodidad sí ha aumentado en este tiempo. "Tenemos la sensación de estar en alerta todo el tiempo", concluyen.

Colectivos como La Atalaya, que estaba en el barrio madrileño de Vallecas, también llevaban más de una década de actividad, aunque terminaron siendo desahuciados. Su sede, un instituto abandonado que pasó a ser propiedad del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), fue desalojada por la Policía Nacional en 2024 sin ninguna notificación previa, según expone el grupo en sus redes.

No es un fenómeno exclusivo de Madrid y en la lista hay nombres que se hicieron famosos. Minuesa, La Quimera, La Rosa, el Patio Maravillas, EKO, La Ingobernable y La Gatoteca, en Madrid; Can Vies, El Palomar de San Andreu, Can Masdeu o La Ruïna, en Barcelona; Malatesta o La Huelga, en Sevilla; Escarnio e Maldizer, en Santiago de Compostela. Muchas han sido clausuradas y otras aún continúan. Algunas ciudades, como Berlín, presumen de este tipo de iniciativas y Madrid incluso llegó a ceder espacios en régimen de alquiler a colectivos como la Eskalera Karakola, pero su realidad actual parece otra.

Hay un rosario de ejemplos y no todos se ciñen a Madrid. En junio de 2014 la Policía desalojaba en Oviedo el centro social autogestionado de nombre La Madreña. Era un antiguo edificio de la Consejería de Salud del Principado de Asturias que pasó a manos de una constructora y había quedado en letargo, como todo el sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. En 2011, al hilo de la euforia del movimiento social 15M, pasó a convertirse en un edificio okupado en el que vecinos y estudiantes de las cercanas facultades realizaban actividades. Pero esta iniciativa popular desapareció apenas tres años después con una sorprendente protesta social en la vetusta ciudad asturiana. Hoy es un bloque de pisos blanco y negro. 

Los CSOA proliferaron con el movimiento ciudadano 15M en solares o edificios vacíos que habían quedado varados en embargos, expropiaciones, concursos de acreedores o simplemente en manos de empresas que no podían permitirse hacer nada con ellos. Suelos sin calificación adecuada y un sector paralizado hicieron que nadie se ocupase de esos espacios. Sin embargo, hoy, en 2026, un suelo urbano es un diamante en bruto y la materia prima más cotizada de las constructoras.

El déficit de 700.000 viviendas en España que cifra el Banco de España, el encarecimiento de la vivienda y las altas rentabilidades del sector hacen que estos espacios vuelvan a ser muy codiciados. Por ejemplo, el precio de los suelos en los municipios de más de 50.000 habitantes subió en 2025 un 15,9% interanual, según las estadísticas de suelo urbano del Gobierno. En Madrid el metro cuadrado se situó en el tercer trimestre en los 415 euros de media, la comunidad más cara según la serie del Ministerio de Vivienda.

En 2019 también se hizo efectivo el desalojo de La Ingobernable, situada en un edificio del Paseo del Prado. El local, cedido a la fundación privada Ambasz, permanecía vacío cuando se okupó, lo que no evitó que el CSOA fuese desalojado. Tres años más tarde, esa ejecución terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

Precisamente es en la capital donde se acelera el desmantelamiento de estos proyectos autogestionados, cumpliendo con una promesa que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba en 2024: "Tolerancia cero con la okupación". Desde entonces , el cierre de espacios de este tipo ronda la decena.

Desde un punto de vista estrictamente legal, poco pueden hacer para mantener su actividad, ya que los desalojos suelen contar con órdenes judiciales. Ni pagan alquiler, ni el espacio es suyo. Sin embargo, la crisis en torno a la vivienda y la permeabilidad de los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda y los espacios comunes, han amplificado la importancia de estos espacios de socialización. Y es que hay una corriente de pensamiento que ve en la okupación una forma de resistencia a la gentrificación y una lucha de clases moderna. Como un espacio al que acudir cuando los resortes sociales no llegan.

En un ensayo reciente titulado Generación Inquilina (Capitán Swing, 2026), el sociólogo del CSIC Javier Gil afirma que "la ciudad ya no se diseña para compartirla, sino para monetizarla" y critica un proceso de atomización que se agudiza por una crisis inmobiliaria que no permite a los ciudadanos asentarse en un lugar, hacer comunidad. En este punto confluye una teoría social que, al calor de la crisis inmobiliaria, habla de una lucha de clases moderna en la que "se disputa el derecho a permanecer, a habitar, a decidir qué se hace en el territorio y con los recursos", concluye el sociólogo. 

El movimiento okupa tiene una historia más larga y bebe de culturas como los punks o los movimientos anarquistas. En noviembre de 1985, un artículo de El País describía el fenómeno, novedoso en ese momento, sin encontrar un adjetivo claro para definirlo: lo llamaban "ocupar viviendas vacías por el procedimiento de la patada a la puerta". Se les describía como jóvenes entre 18 y 23 años y no acertaba el cronista a ligarles a un grupo o filiación política concreta. Sí contaba que quienes habían okupado un edificio en Barcelona habían terminado detenidos. Y es que, este colectivo arrastra también desde sus inicios un sambenito ligado a la delincuencia que tratan de quitarse de encima.

En el contexto actual, en plena crisis habitacional, es una lectura que se ha ido relativizando. Movimientos ciudadanos como el "Nos quedamos", que promueven los sindicatos de inquilinos para responder a la especulación inmobiliaria, o el propio escudo social que el Gobierno sostuvo desde la pandemia hasta este año para suspender el desahucio de personas vulnerables que no podían hacer frente al pago del alquiler, han abierto muchos matices en el debate.

Alexander Vasudevan, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Oxford, desliza esta idea en su libro La ciudad autónoma: una historia de la okupación urbana (Alianza, 2017). En él habla de formas alternativas de convivencia y de reivindicar la ciudad en una época de crisis habitacional. En una entrevista con el diario Público, el profesor hacía referencia a un proceso de relectura de la okupación: "El mito está cambiando porque la crisis mundial de la vivienda está afectando sobre todo a la gente joven. Hijos de familias de clase media cuyos padres pudieron comprarse una casa. Pero el sistema ya no funciona para ellos y ni siquiera sus padres pueden ayudarles a comprar", señalaba.

"Tenemos despensa solidaria, un grupo artístico que se llama La Silla, un gimnasio popular, yoga, tres grupos de consumo, taller de autodefensa laboral, acogemos a la Asamblea Popular de Carabanchel, taller de bicis, teatro...". Y la lista que enumeran desde EKO sigue varios minutos de conversación. En estos 14 años, explican, las actividades han cambiado mucho en función de sus miembros y de unos intereses que, para ellos, siempre deben ser "asamblearios y comunitarios".