¿Cómo está el PSOE de Madrid? “Patas arriba”. Esta expresión que sale de un curtido parlamentario socialista madrileño refleja lo que está pasando en la federación. ¿El motivo? La decisión de Enma López de concurrir a las primarias para ser la candidata a la Alcaldía de la capital. La mayor batalla en las municipales del año que viene.

López decidió este jueves por la noche romper el tablero y hacer pública, a través de una noticia en El País, su intención de concurrir al proceso interno. Un anuncio bomba dentro del partido y de la política madrileña. Pero no por ello inesperado. Para muchos en el partido, ella es la candidata natural a este puesto y ya debería haber encabezado la lista en 2023.

Pero su anuncio pilló por sorpresa a la mayoría de dirigentes. Y no ha sentado nada bien en la sede federal en la calle Ferraz ni en la regional en Buen Suceso. En la cúpula del partido trasladan que apenas informó antes de que saliera la noticia y que da el paso en un momento en el que todavía no se ha convocado oficialmente ese proceso interno. Algo que para muchos es desleal al ser miembro de la dirección nacional. Y ya ha tenido sus consecuencias: la propia López dejó este viernes su cargo en la Ejecutiva Federal.

Esto va de procesos y de nombres también. La carrera acaba de empezar y ya arde como la ola de calor. La líder socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, avanzó en abril su intención de repetir en 2027, algo que no fue criticado por la cúpula. Pero, al mismo tiempo, muchos en el partido también esperan que dé ese paso Mar Espinar, actual portavoz en la Asamblea y una de las caras más potentes en la etapa que vive ahora el PSOE-M con Óscar López al frente.

El paso de López coincide con la celebración de este sábado de la reunión del Comité Federal del PSOE, que activará la maquinaria electoral y pondrá sobre la mesa un calendario interno para las primarias en comunidades y grandes ayuntamientos con tres ventanas temporales: julio, septiembre y noviembre. Cada federación elegirá sus fechas y el PSOE de Madrid todavía no ha decidido a cuál se acogerá.

López es una de las figuras emergentes del PSOE. Aunque es concejala desde 2019, su imagen tiene proyección nacional porque ejercía hasta este viernes como portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal y responsable de Estudios y Programas. Además, la socialista es una de las figuras más destacadas de la izquierda en los debates televisivos que marcan buena parte de la agenda política de España.

Los partidarios de López despliegan sus virtudes para que sea la candidata: es una dirigente que genera ilusión en la militancia en unos tiempos difíciles para el partido, lleva ocho años recorriendo Madrid de arriba a abajo y conecta muy bien con la ciudadanía. “Ha llegado su momento”, como indican algunos de sus apoyos, además de poner en valor que va a por todas, a ganar; una ambición que contrasta muchas veces con la actitud de miembros del PSOE madrileño que parecen conformarse con sacar un puesto en la lista y estar en la oposición cuatro años.

En la cúpula del PSOE de Madrid hay enfado con los tiempos elegidos por López, pero también hay cargos y militantes del partido que aplauden la “valentía” de la concejala de anunciar su candidatura sin estar esperando a que la bendigan desde los grandes despachos. Como señalan fuentes socialistas: “Va a cumplir 40 años. Tiene ganas de lanzar un proyecto político. Quiere ser alcaldesa de la ciudad. No se quiere quedar solo haciendo declaraciones. Y, además, no vive de dependencias orgánicas, ella tiene su puesto como inspectora de Seguros del Estado”, analiza una voz de la federación.

En los despachos de Ferraz no disimulan su malestar con la forma en la que López ha dado el paso. Le echan en cara no haber respetado los plazos oficiales para las primarias, teniendo en cuenta la importancia de Madrid en el escenario político. Y creen que debería haberlo negociado con Óscar López, líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública. Asimismo, ponen el foco en que López no es outsider, sino que es una de las piezas fundamentales de la dirección nacional, por lo que se le presupone otra forma de actuar internamente.

También algunas voces críticas con López dejan caer que era una persona cercana a Santos Cerdán, ex secretario de Organización. Pero partidarios de la portavoz adjunta contrarrestan: “Es totalmente injusta esa crítica. Si se aplicara ese baremo, no quedaría casi nadie en la Ejecutiva ni en el Gobierno”.

A nivel federal y regional, varios dirigentes trasladan sus dudas sobre los tiempos de López para anunciar su candidatura. En cambio, otros indican que demuestra autonomía y que no es una candidata impuesta por Moncloa, una fórmula esta última que no ha tenido éxito en elecciones como las de Aragón y Andalucía.

Ese malestar hizo que López anunciara el viernes que dejaba sus puestos en la dirección nacional para centrarse en la carrera de Madrid. Su argumento es que, desde el máximo ejercicio de “lealtad” al partido y a Pedro Sánchez, deja sus responsabilidades orgánicas para afrontar esta carrera. 

Reyes Maroto, mientras tanto, guarda silencio. Fuentes de su entorno explican que está centrada en preparar el debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará el próximo martes en el Palacio de Cibeles: “Ahora lo primero son los madrileños y hacer una radiografía del mandato de Almeida, que es lo que toca”. ¿Seguirá en la lucha? ¿Se plantea retirarse? En su círculo más cercano subrayan: “Cuando se convoque el proceso, hablará”.

Espinar es el otro apellido que aparece en todas las conversaciones. Se ha labrado un lugar desde la Asamblea de Madrid, donde protagoniza todas las semanas las sesiones de control con Isabel Díaz Ayuso (PP). Para muchos, ha dado con la tecla para poner contra la cuerdas a la presidenta, pero a ella siempre le ha tirado la vida municipal. Además, durante estas horas ha dado mucho que hablar su entrevista con Manuel Jabois en El País, que dentro del partido ha sido interpretada por algunos dirigentes como una puesta de largo para su lanzamiento a las primarias.

El socialismo madrileño vuelve a ser el socialismo madrileño. Como indica otra fuente de la federación: “Como en los viejos tiempos, un PSOE-M ruidoso, animado y convulso”.

Madrid se ha convertido en la capital europea del presidente argentino Javier Milei. Es la sexta vez que viaja a España desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Ningún otro país europeo ha recibido tantas visitas del presidente argentino y solo Estados Unidos supera a nuestro país en su agenda internacional. El viaje, además, mantiene un patrón que se ha repetido en todas sus estancias anteriores y que no cumple con la habitual diplomacia extranjera y no se reunirá ni con el presidente español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. No lo ha hecho ninguna de las seis veces que ha visitado la capital, mientras que sí se ha visto con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Según trasladan fuentes de la Casa Rosada a medios argentinos, en esta ocasión Milei mantendrá reuniones con empresarios organizadas por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge. Así, citan encuentros con directivos de grandes compañías españolas con intereses en Argentina, entre ellas el Banco Santander, el BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia con el objetivo declarado de promover inversiones. No está previsto, según trasladan fuentes de Sol a infoLibre, que se reúna con Ayuso mientras que Vox no aclara a preguntas de este periódico si hará lo propio con Abascal. 

El principal evento de esta visita será la inauguración de la II edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina el viernes. El mandatario ultra recibirá la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, un reconocimiento que la institución justifica por “su trayectoria como economista, su defensa de las políticas de libertad económica y su papel en las reformas emprendidas en Argentina”, según destacan desde la organización.

Aunque la agenda oficial difundida por la Presidencia argentina solo confirma el acto del CEU, las reuniones privadas con empresarios son clave para el presidente argentino, que necesita inversiones en un país que él mismo presenta como oportunidad, pero que ha sido históricamente un mercado volátil, con crisis recurrentes, devaluaciones, litigios y dificultades para repatriar beneficios. De esta manera, busca conseguir acuerdos y compromisos millonarios para el país que le ayuden a mantener el apoyo político interno. 

Su viaje coincide con un momento de desgaste político provocado por investigaciones y polémicas que afectan a miembros de su Gobierno, especialmente a su jefe de Gabinete Manuel Adorni, que afronta una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito tras reconocer que ocultó medio millón de dólares no declarado. Lo justificó diciendo que eran ahorros "en negro" de años anteriores, explicaciones que no han convencido a la oposición argentina, que hace solo unas semanas reclamó una moción de censura contra Ardoni.

En esta sexta visita a España, la agenda de Milei transcurre, de nuevo, por un circuito alternativo al de la diplomacia habitual formado por empresarios, universidades privadas y organizaciones vinculadas a la derecha política y cultural. El acto central será su participación en la Universidad CEU San Pablo, donde recibirá una distinción honorífica. El reconocimiento no llega de una institución académica neutral, sino de uno de los principales centros de influencia del conservadurismo católico español.

Un acto que estará presidido por el presidente de la Fundación Universitaria, Alfonso Bullón de Mendoza, la rectora de la universidad, Rosa Visiedo, y el director de los cursos, Benigno Pendás. El programa de los cursos refleja además el ecosistema político e ideológico con el que Milei mantiene mayor afinidad en España ya que entre los ponentes figuran, además de Ayuso y Abascal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente José María Aznar, además de dirigentes conservadores, juristas y representantes empresariales.

El centro pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), una organización fundada a comienzos del siglo XX con el objetivo de promover la presencia del catolicismo en la vida pública española. Desde 2018, la ACdP está presidida por el citado Alfonso Bullón de Mendoza, que además de presidir la Fundación Universitaria San Pablo CEU también es el presidente del pseudomedio El Debate desde su nacimiento, en 2021. Además, detrás de la distinción académica que recibirá Milei está Javier Morillas Gómez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y consejero del Tribunal de Cuentas desde hace cinco años.

Bajo la dirección de Bullón de Mendoza, la ACdP ha reforzado su presencia pública mediante un entramado que combina universidad, medios de comunicación, fundaciones y foros de debate. Él mismo ha defendido la necesidad de que los católicos recuperen influencia en el espacio público y ha convertido al CEU y a El Debate en algunos de los principales altavoces del conservadurismo español.

Y, aunque el presidente argentino comparte buena parte de los discursos que forman parte del universo político de la ACdP como la crítica al progresismo, la oposición a las políticas de igualdad y el rechazo a la memoria histórica, la defensa de una concepción tradicional de la familia y un fuerte rechazo a lo que denomina "socialismo" o "cultura woke", el libertarismo económico de Milei no coincide plenamente con la doctrina social de la Iglesia. La reciente visita del Papa León XIV a España y su mensaje pro inmigración es un ejemplo de ello.

Más que un reconocimiento estrictamente académico, el premio supone la incorporación de Milei a una red de instituciones conservadoras que, desde distintos ámbitos —en este caso, el mundo de la universidad privada—, aspiran a disputar la hegemonía cultural a la izquierda y al Gobierno de Sánchez. En ese sentido, la distinción del CEU no solo reconoce al presidente argentino, sino que visualiza la afinidad entre su doctrina política y una parte significativa de la derecha española organizada en torno a un mismo ecosistema.

Con todo, la frecuencia de las visitas de Milei que supera con creces a la de otros mandatarios extranjeros, no responde únicamente al peso económico de España para Argentina —aunque el país es uno de sus principales inversores europeos— sino también a la relevancia ideológica que Milei concede a Madrid. A diferencia de otros presidentes latinoamericanos, no prioriza las visitas institucionales a países vecinos ni las reuniones bilaterales tradicionales. Prefiere cultivar alianzas con la derecha europea y utilizar Madrid como plataforma para proyectar internacionalmente su discurso anti impuestos.

La relación institucional entre ambos países continúa marcada por la crisis diplomática abierta en mayo de 2024, cuando Milei calificó de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto de Vox. España retiró entonces a su embajadora durante varios meses y las relaciones políticas nunca recuperaron la normalidad. Desde entonces, el presidente argentino ha evitado cualquier contacto oficial con el Ejecutivo español en todas sus visitas.

Esa fue su primera visita a España, en la que además de participar en el acto de la formación ultra, también se vio con empresarios españoles interesados en invertir en Argentina. Solo un mes después, en junio de 2024, regresó para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso en lo que fue un polémico encuentro y un reconocimiento del Instituto Juan de Mariana, presidido por un exviceconsejero madrileño, Manuel Llamas, que define al socialismo como una “ideología asesina e inmoral” y “una enfermedad del alma”. 

Durante el pasado año volvió a la capital — curiosamente, es la única ciudad que ha visitado en España— para clausurar el Madrid Economic Forum, reunirse nuevamente con Abascal, mantener encuentros con empresarios del Ibex interesados en el proceso de desregulación económica de Argentina y entrevistarse con Ayuso. En ese foro volvió a cargar contra el presidente español, al que calificó de "bandido". Y en marzo de este año protagonizó otra visita exprés para intervenir nuevamente en el mismo foro y recibir un premio del Instituto Ludwig von Mises. Tampoco mantuvo contactos con representantes del Ejecutivo español.

Igual que en estos días los calores nos caen a plomo en la capital de España, desde hace mucho tiempo las encuestas (más allá de su credibilidad técnica o su intencionalidad política) dan como resultado inexorable el triunfo de Ayuso y Almeida, incluso con cercanía o superando la mayoría absoluta. Como si hubiera una maldición bíblica, los madrileños estamos condenados a ser gobernados por esta dupla devastadora de los derechos, servicios y bienes públicos.

A la vez contemplamos en aquellos que, en primer lugar, deberían dar la batalla por cambiar este rumbo, su reacción es: resignación, inanición y parálisis. Dan la impresión de que tienen por objetivo ser el primero de los derrotados. Y, sin embargo, sí hay opciones de cambiar este rumbo. En el Ayuntamiento de Madrid, la derecha no es que tenga como cabeza un gran referente o una figura con gran peso político, pero para derrotarla no sirve repetir un argumentario rutinario y con lugares comunes, hay que cambiar radicalmente la sintonía.

En toda la izquierda y el progresismo mundial, la victoria de Mamdani en Nueva York fue un tremendo aldabonazo y una llamada a la esperanza, pero sus enseñanzas se olvidaron o se dejaron en el cajón con mucha facilidad. Si se quiere cambiar el rumbo de Madrid hay que retomar sus enseñanzas y ser atrevidos. Dos son las más significativas: proximidad y propuestas claras para la mayoría social y cultural.

Vamos a referirnos a la primera. Proximidad significa salir de las zonas de confort para ir a encontrarse con la sociedad, y hay un instrumento claro (no el único, por supuesto): las primarias abiertas a la sociedad. Los candidatos de la izquierda deben ser elegidos en un proceso de ilusión social y para ello nada mejor que abrir las elecciones a la sociedad. Una cosa es evidente, mayores garantías de éxito tendrá un candidato con el apoyo de 50.000 o más personas que un electo con 3.000 o 5.000. En Italia y en otros países europeos ya existe una tradición de primarias abiertas que culminaron con éxitos electorales decisivos para sus ciudades. Aún más, que hoy las alcaldías de París, Roma y Londres estén en manos de opciones progresistas tiene mucho que ver con la movilización de la sociedad. Tomemos nota.

Hay que recordar que la última victoria del progresismo madrileño, en 2015, se fraguó en un proceso amplio de participación (más de 15.000 personas), mediante primarias abiertas y democráticas que ayudaron a poner en pie un movimiento que arrebató la alcaldía, ni más ni menos, que a Esperanza Aguirre. Más Madrid parece que renuncia a reeditar un proceso parecido del cual nacieron prácticamente la mayoría de sus dirigentes locales y está en un proceso interno de formación de sus listas.

El PSOE, después de 40 años apartado del gobierno de la ciudad y un largo recorrido de fracasos, debe dar un paso y atreverse a movilizar a la ciudadanía, particularmente en los barrios del sureste —casualmente los más desfavorecidos— y donde parte sustancial de la población se queda en sus casas (más de 20 puntos de diferencia en la participación entre los barrios acomodados y los barrios populares). Una pieza de esa recuperación debería empezar por evitar repetir errores del pasado y abrir sus procesos a simpatizantes y electores para que, junto con sus afiliados, elijan la mejor opción social y política que acabe con el dominio de la derecha reaccionaria en la capital de España.

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Teresa Ugidos, Fernando Magro, Paloma del Hoyo, Enrique del Olmo, Amparo Herranz, Maximino Novillo y Román Llorente son militantes del PSOE de Madrid (PSOE-M).

“No puedo parar de llorar de la emoción”. Así reacciona Rosa Marín, educadora de infantil y portavoz de la de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), al conocer que la nueva propuesta del Gobierno para bajar las ratios en la educación incluye, por primera vez, el ciclo de 0 a 3 años. “No pensaba que íbamos a conseguir las ratios que queríamos. Llevamos tres años dedicando cuerpo y alma a esto”, añade.

El debate sobre el número de alumnos por aula lleva meses en el centro de las reivindicaciones educativas. La bajada de ratios ha sido uno de los ejes de las huelgas de profesores y educadores registradas en distintos puntos de España, desde la Comunidad Valenciana a Madrid, pasando por Cataluña y Aragón. 

Hace una semana, el Gobierno presentó el proyecto de ley que modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, que se está tramitando actualmente en las Cortes, e incluía una reducción de ratios de 25 a 22 alumnos en los cursos de Primaria y de 30 a 25 en la ESO. Sin embargo, la propuesta dejaba fuera a los grupos de Infantil y Bachillerato.

Este miércoles, el Ministerio de Educación ha trasladado a los sindicatos una nueva versión del texto que incorpora también cambios en estas etapas. Con la nueva propuesta, las ratios máximas en el primer ciclo de Infantil quedarían reducidas a menos de la mitad de las que hay ahora establecidas. En el curso de 0 y 1 año pasarían de 8 a 4 niños por educadora; en el de 1 a 2 años, de 14 a 8; y en el de 2 a 3 años, de hasta 20 a solo 8.

Según la propuesta de Educación, al que ha tenido acceso infoLibre, esta modificación se aplicaría de forma progresiva empezando por el primer nivel de cada ciclo a partir del curso 2027-2028, “siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029-2030”. 

“Es poder trabajar en condiciones y tener pareja educativa en las aulas, lo que implica ganar en salud emocional y física, además de poder dar la calidad e individualidad que necesitan los niños en esta etapa”, describe Marín, que explica que las educadoras de toda España lo están celebrando. Sin embargo, advierte de que, aunque supone “un gran paso”, no es suficiente para poner final a la huelga de educadoras que permanece activa en la Comunidad de Madrid desde el 7 de abril y que retomará en septiembre.

La protesta se sostiene sobre tres reivindicaciones: bajada de ratios, pareja educativa y salarios dignos. Aunque las condiciones varían según la comunidad, el sueldo medio de estas trabajadoras ronda actualmente los 1.700 euros mensuales, y en territorios como Madrid puede quedarse cerca del salario mínimo. “Cuando tengamos cerrado este último punto, nos bajaremos de la huelga. De momento, continuamos”, asegura Marín. “Esta propuesta es una gran noticia para irnos de vacaciones, coger fuerza en el mes de agosto y seguir luchando en septiembre”, agrega.

En Bachillerato, la propuesta establece un máximo de 30 alumnos, frente a los 35 fijados actualmente. “Esta relación numérica será de aplicación desde el curso escolar 2029-2030 para el primer curso de la etapa y para su aplicación en el siguiente curso escolar al segundo curso”, describe la propuesta. En Primaria, la reducción empezaría a aplicarse a partir del curso escolar 2027-2028, mientras que en Secundaria Obligatoria no entraría en vigor hasta el curso 2028-2029.

Estos cambios tendrán que ser aceptados por los sindicatos y una vez la nueva ley de ratios sea aceptada por el Congreso y el Senado, se podrán incluir con una modificación por Real Decreto.

Ahí se concentra una de las principales críticas de los sindicatos. “Hemos conseguido que el Ministerio asuma nuestra propuesta del 4/6/8 alumnos y alumnas por educador o educadora en Infantil 0-3, lo que supone un gran éxito de la movilización. El único ‘pero’ es que plantean que sea progresiva, como ocurre en el resto de cursos”, defienden desde Comisiones Obreras.

Desde el sindicato piden “medidas más ambiciosas y ágiles”, entre las que incluyen que “todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de ratio en todas las etapas y enseñanzas, asegurar que todas las necesidades y dificultades estén asociadas a la dotación de apoyos especialistas, fijar un máximo de 250 alumnos y alumnas por cada profesional de la red de orientación y dotación adicional en todos los centros para las funciones de coordinación de bienestar”.

Desde la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) la crítica va en otra dirección. Desde la patronal sostienen que la medida podría obligar a cerrar el "cien por cien" de los centros privados de educación Infantil, aunque matizan que ese escenario se produciría solo si no se acompaña de "medidas compensatorias suficientes".

Además de las ratios, el Ministerio también ha planteado en su propuesta los requisitos para los centros de Infantil: aulas de dos metros cuadrados por puesto escolar, una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, un patio de juegos de uso exclusivo del centro y nunca inferior a 75 metros cuadrados, un aseo por sala destinada a niños de dos a tres años, visible y accesible desde el aula, con dos lavabos y dos inodoros. 

La propuesta también incorpora una reivindicación que ha ganado peso en los últimos años: “el cuidado de la salud, la protección y la atención al bienestar del alumnado y del personal del centro mediante la adecuación de la climatización con criterios de eficiencia energética y la adaptación a las consecuencias del cambio climático”. Para Comisiones Obreras esta propuesta es “imprescindible, pero se deben abordar las medidas para que todas las administraciones la apliquen de forma urgente”.

Lo único que queda por determinar, y que no ha sido discutido en esta reunión, según indican fuentes del Ministerio de Educación a infoLibre, es la financiación que acompañará a estas medidas. Según un informe publicado en mayo por el centro de políticas económicas de Esade, que analizó las bajadas de ratios en Primaria y ESO, calculó que su aplicación obligaría a habilitar 69.000 aulas y a incorporar unos 103.000 docentes a jornada completa.

Según este informe, entre 2027 y 2036 el coste presupuestaria neto medio sería de 2.818 millones al año, con un acumulado de 28.184 millones. En el año pico, 2031, el coste real alcanzaría los 6.549 millones, con 5.169 millones de coste presupuestario neto. Los investigadores indican que al no incluir Infantil ni Bachillerato, la incorporación de estas etapas “elevará la demanda de docentes adicionales de manera considerable, y por tanto los costes, respecto al escenario considerado en este informe”.

La campaña promocional del Orgullo de Madrid, que se celebra del 25 de junio al 5 de julio, se ha visto envuelta, un año más, en la polémica. El Ayuntamiento ha comenzado a instalar por las calles de la capital su nueva cartelería de publicidad del evento. En los carteles se puede leer “Orgullosamente de Madrid”, junto a diferentes escenas pintadas con los colores de la bandera arcoíris que representa al colectivo: flores en un balcón, una terraza con sillas de plástico apiladas y un escaparate de un comercio con caramelos. Diversos colectivos LGTBIQ+ y la oposición política critican que la campaña despoja de significado las reivindicaciones históricas del Orgullo y diluye su carácter reivindicativo.

Ronny de la Cruz, presidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) ha señalado en declaraciones a infoLibre que la iniciativa supone “la decepción de todos los años”. A su juicio, se trata de una campaña institucional “totalmente alejada de lo que es el Orgullo, de los valores que representa y de las propias personas”.

Pese a las críticas, desde la organización mantienen “la mano tendida” para colaborar con el consistorio, aportando ideas y valorando propuestas con el fin de lograr una cartelería que realmente represente al colectivo. Además, advierten de que, por más que se evite representarlo como corresponde, el movimiento LGTBIQ+ “no se va a dejar invisibilizar”.

Arcópoli, asociación sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid dedicada a la defensa de los derechos, la igualdad y la plena inclusión de las personas LGTBI+, también ha cargado contra la campaña. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, denuncia que la iniciativa institucional del Ayuntamiento de Madrid para el 28J supone un “borrado sistemático de las personas LGTBI+”, constituye una “falta de respeto intolerable a la memoria histórica” de quienes lucharon por los derechos del colectivo y responde a una “provocación política consciente” que busca “despolitizar, desarmar y volver invisible la disidencia sexual y de género” en los espacios públicos de la ciudad.

"Nunca falla, en vez de acompañar las reivindicaciones LGTBI+, [el consistorio] intenta vaciarlas de contenido, convertirlas en una postal amable y a veces hasta insultante, una fiesta sin memoria y una ciudad sin quienes la hicieron posible", añaden en sus redes sociales.

La oposición política también ha mostrado su rechazo a los carteles del consistorio. En declaraciones a Europa Press, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de “reducir esta celebración a un elemento decorativo, borrando a las personas del colectivo y la memoria de quienes lucharon por nuestros derechos”.

Sin embargo, José Luis Martínez-Almeida ha restado importancia a las críticas y ha reprochado la actitud de la oposición: “Ellos se entretienen con las banderas y con los carteles. Nosotros nos ocupamos de que el Orgullo sea esa fiesta reivindicativa, abierta y alegre que ha sido siempre en la ciudad de Madrid”, ha afirmado el alcalde madrileño. Desde el área de Políticas Sociales del consistorio, responsable de la campaña, se han limitado a reafirmar “el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI”.

No es la primera vez que el Ayuntamiento madrileño escoge elementos estereotipados para promocionar el Orgullo. En 2024 relacionó la celebración con tacones, condones y fuegos artificiales; mientras que en 2023, bajo el lema “Muestra tu orgullo”, utilizó pompones y abanicos como motivo principal. Unas elecciones gráficas que, según denuncian las asociaciones LGTBIQ+, contribuyen a despolitizar la manifestación, vaciarla de su carga reivindicativa y restar fuerza al movimiento.

En medio de las críticas, Martínez-Almeida será galardonado en el Orgullo de Ávila "por su activismo LGTBI+". El Ayuntamiento de Madrid recibirá un reconocimiento en los Premios a la Diversidad organizados por la plataforma ArcoÁvila, cuyo presidente es, a su vez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital abulense.

En Lavapiés, Dragones no es solo un club de fútbol. Es una red de apoyo, un punto de encuentro y uno de los pocos espacios donde cientos de niños, niñas y jóvenes del barrio han encontrado algo más que un lugar para entrenar. Por eso, el cierre del campo de Embajadores 18 y la falta de alternativas han encendido las alarmas entre las familias y la entidad, que acusa al Ayuntamiento de Madrid de no dar una solución real a un problema que afecta directamente a la vida comunitaria del barrio.

El Club Deportivo Elemental Dragones de Lavapiés ha hecho público un comunicado, respaldado por 99 organizaciones y colectivos deportivos, vecinales y educativos, para denunciar la falta de instalaciones deportivas y el “incumplimiento de los compromisos adquiridos” por parte del Consistorio. La entidad reclama la reanudación de las obras del campo de Embajadores 18, una alternativa temporal dentro del barrio hasta que se cumpla la promesa de construir una cancha de fútbol 7 en el distrito Centro.

“Queremos que se respeten los tiempos y que se haga cuanto antes. Hay muchos niños esperando para jugar y no tienen espacio”, ha contado a infoLibre Dolores Galindo, presidenta del club. Según explica, el problema no se reduce a una obra paralizada, sino a la pérdida de uno de los pocos espacios deportivos accesibles en un barrio cada vez más tensionado por el turismo, la falta de equipamientos y la escasez de lugares públicos para la infancia y la adolescencia.

Durante más de diez años, Dragones cuidó y gestionó el campo de Embajadores 18, convertido en un lugar de entrenamiento, convivencia y vida vecinal. Ahora, con las obras paradas desde hace meses, la entidad teme que ese espacio acabe perdiendo su función deportiva. Galindo denuncia que la comunicación ha sido “unidireccional” y que las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento no han convencido a las familias. “Hemos hablado, pero no nos entendíamos. Por eso se ha hecho público”, señala.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid trasladan a infoLibre que las obras de acondicionamiento en la instalación deportiva de Embajadores, iniciadas en septiembre de 2025, tuvieron que paralizarse en noviembre tras hallarse construcciones subterráneas no registradas en la documentación disponible. Según el Consistorio, este hallazgo obliga a redactar un proyecto modificado para consolidar el terreno, especialmente en el lado de la calle San Cayetano. La obra se reanudará después del verano y tendrá una duración aproximada de cinco meses. 

El Ayuntamiento asegura que la actuación incluirá una nueva zona verde, la mejora del cerramiento y un almacén para guardar material deportivo. También defiende que los usuarios han estado informados “en todo momento” y que Dragones podrá volver a entrenar en Embajadores cuando terminen las obras.

La preocupación aumenta por las obras previstas en las canchas del Casino de la Reina, otro de los espacios utilizados por el club, centros educativos y familias del barrio. Para los Dragones, el riesgo es evidente. Una zona con muy pocos recursos deportivos podría perder, aunque sea de forma temporal, dos lugares clave sin que exista una alternativa suficiente. “Queremos tener la certeza de que habrá una solución lo antes posible. Hay 400 niños que necesitarán una alternativa”, insiste Galindo.

Sobre el Casino de la Reina, el Ayuntamiento señala que será objeto de obras durante el verano, aunque la Junta de Centro se muestra abierta a estudiar cualquier solicitud formal del club para sus entrenamientos. 

El club reclama que el Ayuntamiento sea más proactivo y facilite el acceso a instalaciones públicas del distrito, como colegios, polideportivos o espacios ya construidos. “Lo que pedimos es que el deporte de barrio tenga acceso a las construcciones del barrio”, resume la presidenta. En su opinión, el Consistorio no está entendiendo la dimensión del problema, ya que no se trata solo de reorganizar entrenamientos, sino de proteger un proyecto social que lleva años funcionando en Lavapiés.

Esa dimensión comunitaria es la que más destacan las familias. “Dragones no es solo un club de fútbol, es una comunidad. Nos ayudamos, es inclusivo, nos apoyamos”, ha contado a infoLibre Estrella, madre de una niña y un niño del club, de 14 y 12 años respectivamente. Ella también participa en el proyecto de Dragonas y trabaja como maestra en la escuela pública, una experiencia que, asegura, le ha permitido ver de cerca el impacto del club en menores con situaciones familiares complicadas.

Estrella recuerda a integrantes de Dragones acompañando a chavales por la noche, llevándoles comida y generando un entorno seguro. “El hecho de poder pertenecer a un grupo, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, les ayuda mucho”, explica. Para muchas familias, el club no solo ofrece deporte, sino pertenencia, cuidados y una red que no siempre existe en otros espacios.

La falta de campo ha golpeado especialmente a los más pequeños. “Nos han dejado unos 200 niños pequeños sin poder jugar, sobre todo los chupetines, que eran los que entrenaban allí y daban una vida tremenda”, ha contado a infoLibre Estrella. La situación, añade, afecta sobre todo a menores cuyas familias no pueden pagar otras alternativas deportivas fuera del barrio. “La mayoría son vulnerables, familias que económicamente no pueden pagarlo y no se les cobra nada. Al contrario, se les ayuda en todo lo que se puede”, señala.

La madre denuncia que el Ayuntamiento “no da ningún tipo de solución” y cuestiona los motivos que han llevado a paralizar las obras. Según relata, la explicación trasladada apuntaba al hallazgo de un túnel de unos tres metros, aunque sostiene que desde el club ya se conocían las características del terreno y que incluso existía un proyecto previo para intervenir en el espacio. “Nos suena como que no están por la labor de hacer las cosas como en un principio dijeron”, lamenta.

Más allá del caso concreto, Dragones plantea una pregunta de fondo: qué ocurre cuando un barrio pierde los lugares donde se juega, se convive y se hace comunidad. “¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde vamos a poder echar una pachanga o hacer torneos con los chavales?”, se pregunta Estrella. Para ella, las canchas son mucho más que una infraestructura deportiva. Son un espacio donde las familias comparten, hablan y construyen vínculos.

“Lavapiés es un barrio, no es un sitio de borrachera o de turismo. Hay niños, hay familias”, reivindica. En una zona del centro de Madrid donde apenas quedan pistas disponibles, dejar sin espacio a un club como Dragones supone, a su juicio, limitar el derecho al deporte de muchos menores. “Nos dejan sin lo poquito que tenemos”, resume.

En su comunicado, el club exige cinco medidas: reanudar y finalizar las obras de Embajadores 18 con un modelo de gestión público-comunitaria; garantizar una alternativa temporal viable dentro del barrio; poner las instalaciones deportivas y educativas públicas al servicio de las necesidades vecinales; dotar al distrito de más espacios deportivos accesibles y bien mantenidos; y cumplir la promesa de construir una cancha de fútbol 7 en Centro.

Dragones mantiene su intención de seguir, pero reclama certezas. “No nos podemos dar por vencidos”, afirma Estrella. Galindo, por su parte, pide que el Ayuntamiento entienda lo que está en juego. “No entienden lo que pedimos ni la magnitud del problema”, lamenta. Para el club, el conflicto por las canchas no es solo una disputa deportiva, sino una batalla por el modelo de barrio. Un barrio con infancia, comunidad y vida vecinal, o uno donde esos espacios quedan cada vez más arrinconados.

Seguramente no tenía que hablar de esto, con la que está cayendo… Pero no me resisto. Y no me resisto porque, a veces, lo menor desnuda a lo mayor. A veces, lo pequeño nos lleva a pensar en lo grande. Y eso me ha pasado a mí con el espectáculo que Madrid ofreció al papa en el Santiago Bernabéu… y su contraparte en Barcelona. Más allá de la broma fácil, esos dos espectáculos explican mucho de en qué se ha convertido Madrid en estos años. Y no, no es caer en la competición burda entre las dos ciudades. Es que lo de Madrid desvela la realidad de una ciudad/comunidad gobernada desde hace muchos años por la peor derecha. El acto con el papa en el Bernabéu, desgraciadamente, nos muestra un Madrid que conocemos bien quienes vivimos aquí; porque ha sido construido/destruido por un neoliberalismo que es también un movimiento cultural que lo impregna todo. Esta es la ciudad que consiguió hacer un tema de que Carmena osara vestir a un Rey Mago con un traje de fantasía. 

Hay un dicho en Madrid que dice que esta ciudad nunca ha dejado de ser un poblachón manchego. Yo entiendo que con eso quiere decirse que es una población que se encuentra, física y simbólicamente, en un páramo; aislada de cualquier foco cultural relevante. Esto es así pero, además, podríamos añadir aquí que, debido a su capitalidad, Madrid tiene un evidente complejo de superioridad que le lleva a suponer que, con eso, es suficiente; por ello ha terminado siendo paleta y localista. En Madrid se pretende hacer todo a lo grande, pero “grande” no es bueno, ni bello, ni interesante, ni mejor. “Grande”, en el caso de la cultura, de un espectáculo, de una fiesta, no significa nada. 

El acto que la Iglesia de Madrid montó en el Bernabéu, supongo que con mucho apoyo institucional, nos ha mostrado al mundo como el epítome de lo cutre, casposo, desfasado, hortera. Y no será por falta de recursos. El espectáculo que tuvimos la desgracia de contemplar sólo puede atribuirse a esa tradición por la que cualquier cosa que se haga en Madrid con dinero, con mucho dinero, está bien hecha. En Madrid hace mucho que se da un trumpismo avant la lettre que entiende que hay que dar la batalla contra la izquierda también en la cultura y esa idea, con el tiempo (y con muchas resistencias, naturalmente) ha ido impregnando mucho de lo relacionado con la cultura, las celebraciones populares, los espectáculos. 

Hace mucho que el PP de Madrid presume de ignorancia y mediocridad, hace mucho que se ponen impedimentos a las fiestas populares, salidas de los barrios y de la gente; hace mucho que decidieron subvencionar los toros o espectáculos caducos y cutres antes que esforzarse por convertir esta ciudad en un foco cultural de vanguardia. No voy a decir que la cultura es de izquierdas porque, aunque en gran medida sí lo es, ha habido y hay grandes creadores de derechas, incluso dictadores terribles, que amaban la cultura y que eran cultos. Esa es otra discusión que no se da en la derecha neoliberal trumpista, donde una de sus características principales es hacer ostentación de ignorancia, de incultura, incluso de estupidez. Y no es sólo hacer ostentación de todo ello, sino que hay también una intención consciente por insensibilizar a la gente ante la belleza o la cultura. Supongo que piensan que cuanto más brutos sean los votantes más se sentirán representados por políticos ignorantes que se ríen de cualquier muestra de sensibilidad artística. La cultura es woke, la belleza es woke, la inteligencia es woke, ETA y comunismo. Incluso la bondad es woke. Es en ese sentido en el que la ceremonia de inauguración del Mundial de futbol que se celebró en EEUU, con todos los recursos posibles a su alcance, fue absolutamente cutre, pobre y aburrida. 

Los espectáculos, tanto el del Bernabéu como el del Mundial, tienen ambos que ver con la mirada que esta derecha que padecemos proyecta sobre el mundo. Si Trump forra la Casa Blanca de oro porque un día vio el palacio de Versalles y le pareció de buen gusto, los organizadores del acto del Bernabéu han sido capaces de hacer un acto casi inexplicable. Dos locutores deportivos gritaban "GOOOOL" sin ton ni son mientras un cuerpo de baile sacado de un instituto daba patadas (flojitas) a un balón al tiempo que otros cuantos ¿bailarines? ¿voluntarios? ¿La juventud del papa? daban saltos desacompasados y absurdos celebrando esos falsos goles papales. No sé cuánto costó la broma, pero la cosa era muy parecida a la fiesta de fin de curso de un colegio y el guionista del engendro merece padecer los males del infierno. 

En Barcelona no sólo hicieron un espectáculo lleno de belleza, sino que tuvieron el buenísimo gusto de que pareciera que todo iba dedicado a Gaudí, con lo que no sólo los católicos podían sentirse incluidos. Hicieron coincidir la bienvenida al papa con la presentación de una de las últimas torres que faltaban por concluir de la Sagrada Familia y los drones proyectaron en el cielo la imagen del arquitecto. Si eso se llega a hacer en Madrid, allí hubiéramos visto la cara iluminada del papa, o de Ayuso, quien sabe, o puede que de Nacho Cano. 

Las fiestas y los espectáculos de Madrid son en demasiadas ocasiones así: cutres, casposos, baratos (aunque cuesten muchísimo dinero), grises, deprimentes y carentes de cualquier rasgo imaginativo o de modernidad; y dan un poco de vergüenza. Dijo Ayuso que el papa hablaba al mundo desde Madrid o Madrid se hablaba con el papa, o el papa hablaba para Madrid, porque todos somos uno… o varios. No se la entendió nada de lo que dijo en una de sus características entrevistas en las que le da por improvisar. Lo que sí se entendió es que Madrid es incapaz de montar un espectáculo digno porque hace mucho que los políticos que la gobiernan son como la cultura que imaginan y los espectáculos con los que se presentan al mundo: grises, tristes, casposos, cutres, desfasados, ignorantes. Para librarnos haría falta un fuerte y valiente impulso, sostenido en el tiempo, en la dirección contraria a aquella en la que vamos. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Hace tres años estalló el escándalo de los políticos que se beneficiaban de ayudas ideadas para que familias vulnerables puedan pagar sus facturas de la luz y del gas tras una investigación de infoLibre. Pero lejos de rechazarlas, la lista de adjudicatarios sigue creciendo. Solo en el entorno del PP de Madrid hay al menos ocho altos cargos que siguen disfrutando de esta rebaja gracias a su condición de familia numerosa, un requisito que el Gobierno central prometió eliminar en 2023, pero que en 2026 sigue vigente.

El número dos del partido regional, Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cobrar la subvención anual para calefacción hace apenas dos meses. Una prestación que asciende a 210,71 euros y que corresponde a la ayuda completa de 2025. También lo ha hecho Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid y anterior número dos de la presidenta Ayuso, que ha cobrado la misma cantidad. Ambos llevan disfrutando de este descuento al menos cuatro años.

Además, infoLibre ha identificado a otros políticos y altos cargos vinculados al PP de Madrid también suscritos a estos bonos. Cinco de ellos son diputados de la Asamblea de Madrid (incluyendo a Ossorio y Serrano), uno es concejal del Ayuntamiento de la capital, otro es alto cargo de la Comunidad y la última es miembro de la ejecutiva del partido regional y concejala de Boadilla.

No es posible contrastar oficialmente si todos ellos también disfrutan del bono social eléctrico porque al no tratarse de una subvención, la información no es pública. Pero se puede presuponer, ya que el bono eléctrico es imprescindible para poder cobrar el térmico. Esa otra ayuda es todavía mayor porque supone un descuento directo de la factura de luz mensual del 42,5% sobre el concepto de energía del recibo, hasta un consumo máximo de 4.761 kWh anuales.

Tanto el bono eléctrico como el térmico tienen el único objetivo de paliar la pobreza energética en España, que sufren unos 2,9 millones de hogares, según los cálculos del Gobierno central. Otro estudio de la Universidad Pontificia Comillas estima que 1,7 millones de hogares ni siquiera pueden pagar una cuarta parte de lo necesario para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

Este problema contrasta con la situación de los dos altos cargos del PP madrileño. Ossorio, como presidente del hemiciclo, ganó el año pasado 127.570,94 euros, y en 2023 declaró más de 1,3 millones de euros en inversiones. Por su parte, Serrano cobraba 67.848 euros en 2023 de la Asamblea, pero hace dos años rompió su exclusividad para cobrar la mitad y compatibilizar así su sueldo con otros ingresos. Serrano es también secretario general del PP de Madrid.

Tras destaparse la polémica hace tres años, la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió incluir requisitos de renta para familias numerosas, pero todavía no se han implementado. Si bien, la actual ministra Sara Aagesen se ha comprometido a corregir ese vacío legal en la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que debería entrar en funcionamiento en 2027, aunque debía haberse puesto en marcha en 2025.

En la lista de diputados autonómicos que se benefician del bono térmico destaca Miguel López-Valverde, que también es consejero de Digitalización, con un salario bruto de 124.851 euros brutos al año. En la Asamblea también lo han cobrado los diputados del PP Daniel Portero y Eva María Gallego y ambos ganan alrededor de 63.000 euros al año. En estos dos casos es cierto que ninguno ha ingresado el dinero este año, solo lo hicieron en 2025 (correspondiente a la ayuda de 2024), pero un portavoz del partido no aclara si están pendientes de cobrarlo o se han dado de baja de los dos bonos o de uno.

Otro de los beneficiarios destacados es Miguel Povedano, director de Tributos de la Comunidad de Madrid, precisamente la persona encargada de fijar los impuestos que pagan los madrileños. No tiene cargo político dentro del PP regional, pero sí fue designado a dedo por la presidenta Ayuso para el puesto que ocupa. En su caso cobra 113.995 euros al año.

En el Ayuntamiento de Madrid, infoLibre ha encontrado como beneficiaria a la concejala del PP de Turismo y del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo del Valle, madre de tres hijos y alto cargo del consistorio desde hace dos décadas. Declara un sueldo de 104.793 euros. Por último, este medio ha identificado también a María Jesús García-Alarilla, coordinadora del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y concejala de Innovación en Boadilla del Monte.

El PP de Madrid, a preguntas de este medio, ha rechazado confirmar o desmentir que la lista anterior de políticos efectivamente disfruta del bono social. infoLibre tiene además otros nombres de altos cargos del partido que podrían estar disfrutándolo, pero no ha podido corroborarlos de forma inequívoca. "Todos los diputados que cobran el bono social es porque cumplen todos los requisitos como cualquier otro ciudadano", se limitan a responder fuentes del partido.

Isabel Díaz Ayuso fue la primera que defendió a los suyos cuando se conocieron los casos de sus dos escuderos hace tres años. "Se llama [bono] social, pero no es solo para las personas vulnerables. Se entiende que es un gesto del Gobierno hacia las familias numerosas", dijo la presidenta preguntada en una rueda de prensa en 2023.

Del resto de partidos, en la Asamblea de Madrid, infoLibre solo ha localizado a dos políticos de Vox acogidos a las ayudas energéticas: José Ignacio Arias Moreno y María Belén González.

A nivel estatal, de todo el Congreso de los Diputados, este medio solo ha encontrado un beneficiario: Ricardo Chamorro, de Vox, electo por Ciudad Real. Mientras que del Senado solo cobró el año pasado Raquel González, del Partido Popular y electa por Burgos, que ya se ha dado de baja del bono térmico. Un diputado del Partido Socialista por Albacete, Emilio Sáez, también cobró el año pasado como familia numerosa, carné que tiene por su condición de discapacidad, pero también se ha dado de baja.

La justificación de que existan estos bonos sociales es exclusivamente "para proteger al consumidor vulnerable" de energía eléctrica y calor y reducir los elevados niveles de pobreza energética del país. Sin embargo, el agujero legal que permite a familias ricas optar a la rebaja, solo por ser familia numerosa, lleva 17 años vigente sin que ningún Gobierno lo haya reformado. Desde que se aprobó la creación del bono social eléctrico en 2009, uno de los requisitos para obtenerlo ha sido contar con el título de familia numerosa, sin ningún tipo de criterio económico. En 2017 se concretó la figura del "consumidor vulnerable", donde de nuevo se incluía la figura de la familia numerosa, de nuevo sin limitación de renta. 

El bono social térmico se creó después, en 2018, y se otorga de manera automática a quien disfruta del bono eléctrico, por lo que heredó ese vacío legal. Los dos bonos se deben renovar cada dos años para garantizar que se cumplen las condiciones económicas, pero las familias numerosas lo reciben indefinidamente mientras tengan en su poder este título. En todo caso, para que las ayudas sean concedidas por primera vez, debe ser el beneficiario el que las solicite por cuenta propia, de manera que ninguno de los citados puede alegar que no era consciente de recibirlas. 

José Carlos Romero, de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, es muy crítico con la normativa actual y exige que ese agujero legal se corrija cuanto antes. "El bono social eléctrico y térmico deben ser una herramienta de protección frente a la vulnerabilidad energética, no una ayuda general por pertenecer a un determinado colectivo. Una familia numerosa puede tener más necesidades energéticas, desde luego, pero eso no justifica que el acceso sea automático y sin comprobar ingresos", afirma el experto.

Para el resto de beneficiarios –en total hay 1.729.109 receptores del bono eléctrico en España, y casi un tercio son familias numerosas– el acceso está restringido en función de los ingresos del hogar. El bono eléctrico para consumidores vulnerables supone una rebaja en el componente energético de la factura del 42,5%, y del 57,5% para vulnerables severos. Mientras que el bono térmico supone una subvención única anual de entre 210,71€ y 400,69€, en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática en la que se ubique su vivienda habitual.

También hay una diferencia fundamental entre el térmico y el eléctrico: el primero lo costean todos los españoles a través de sus impuestos y el segundo todos los consumidores eléctricos (hogares, empresas y administraciones) a través de los cargos de la factura de la luz. La CNMC calcula que el conjunto de clientes pagarán este año 437,2 millones de euros para financiar el bono eléctrico. El térmico, cubierto con los Presupuestos Generales del Estado, costó 312 millones a los contribuyentes en 2025, además de las aportaciones autonómicas voluntarias.

Sergio Tirado, investigador de pobreza energética en la Universidad Autónoma de Madrid, añade que el colectivo de familias numerosas no solo disfruta de no tener techo de renta, sino que además tiene generalmente más estudios y recursos y por eso "es el colectivo que más lo pide y más disfruta de él". Cita un estudio de Esade de 2024, que dice que mientras que el bono social solo llega al 24,5% de sus potenciales beneficiarios, en el colectivo de familias numerosas lo disfrutan el 45,5% del total, una proporción de casi el doble.

Los últimos datos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica, de abril, muestran que 467.952 familias numerosas reciben el bono eléctrico (y por tanto, el térmico) en el país, un 27% del total de beneficiarios. De lejos es Madrid la Comunidad con más ayudas para esta tipología, con 83.068 familias numerosas cobrando. No todas son familias con tres o más hijos, ya que también se entrega este carné a padres con dos hijos si uno tiene discapacidad superior al 33%, entre otros casos.

Esta base de datos evidencia que cada vez más familias numerosas conocen esta ayuda y la solicitan. Desde enero de 2023 sus abonados han crecido un 32%. Si bien, también han crecido en otras categorías porque en general el número de españoles con bono social eléctrico ha crecido en tres años un 27%, hasta 1,73 millones de familias.

Hace 12 años que Manuela Navarro, vecina de Orcasitas, inició una pequeña revuelta para rehabilitar el "Poblado" de Orcasitas, uno de los barrios con menos renta de Madrid. Entonces, prácticamente nadie tenía aire acondicionado en verano y poco encendían la calefacción en invierno porque no podían pagarla. Ahora, esta comunidad de un centenar de edificios puede vivir casi sin ellos gracias a un enorme proyecto de eficiencia energética que es referencia europea.

En apenas una década, esta vecina ha conseguido poner de acuerdo a algo más de 3.000 familias para buscar subvenciones por todos lados y poner al día sus viviendas. Todo partió del desprendimiento de un trozo de fachada que alertó a los vecinos, pero aquella anécdota ha terminado convirtiéndose en un proyecto millonario en el que se han rehabilitado 90 bloques de viviendas y hay otros 17 esperando.

"Mi barrio es un buen ejemplo de donde está el dinero público. Aquí hay muchos millones metidos", dice la portavoz de este movimiento, que se impulsó desde la Asociación Vecinal de Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas. Por su trabajo de unión social, Navarro recibió hace tres meses la Cruz de la Orden del Mérito Civil.

La clave está precisamente en el dinero, porque convencer a los vecinos de embarcarse en un proyecto de decenas de miles de euros era impensable. Según detalla, renovar la fachada de un edificio en el que viven solo 20 vecinos les costaba entre 700.000 y un millón de euros, pero gracias fundamentalmente a las ayudas del Ayuntamiento de Madrid han podido hacerlo prácticamente gratis. Como llevan diez años con ello, algunos pisos consiguieron sumar las subvenciones del consistorio con fondos europeos o de la Comunidad de Madrid. En el peor de los casos han pagado 3.000 euros por vecino, y algunos no han tenido que pagar nada.

Estos edificios, como muchos otros de Madrid y de las grandes ciudades españolas, se levantaron entre 1957 y 1965. Con materiales baratos y sin pensar más que en terminarlos lo antes posible, antes incluso de las primeras normas básicas de edificación del país. El resultado es que la etiqueta energética de estos bloques era hasta hace unos años una G, la peor posible, lo que significa que los veranos y los inviernos eran insoportables en su interior.

Antes de la reforma, Navarro explica que, con la calefacción puesta en los meses de frío, no había manera de calentar su casa por encima de los 15º C. Ahora, en cambio, puede pasar buena parte del invierno sin poner la calefacción y su casa se mantiene relativamente agradable, a unos 19 ºC. "Tengo anécdotas de todo el mundo. De un abuelito del barrio que nos agradeció que impulsáramos esto porque no podía pagar la calefacción. Nos dijo que ahora sigue sin ponerla, pero que al menos ya no pasa frío y se resfría menos", afirma. 

Ahora que llega el verano, Manuela tampoco necesita el aire acondicionado y, con un vistazo a las fachadas, es evidente que prácticamente ningún vecino tiene aparatos en su casa. No todos pueden vivir así, cuenta Antonio, un vecino del barrio en cuyo apartamento el sol pega de frente desde el mediodía, aunque es una excepción. "La obra, magnífica, pero tampoco es que se pueda vivir sin aire acondicionado. Es cierto que ahora con ponerlo tres horas y bajar el toldo se puede estar en casa, mientras que antes lo tenía puesto desde las 12.00, cuando empezaba a pegar el sol hasta que me iba a dormir", cuenta.

Aunque no ha echado cuentas exactas, calcula que se ahorra probablemente un 40% en la factura de la luz. Manuela Navarro, que conoce bien el proyecto, dice que, en su caso, el invierno que más pagó en calefacción fueron 58 euros, el de Filomena, frente a los 300 que se dejaba antes de la rehabilitación.

Para realizar estas intervenciones, los vecinos contaron, evidentemente, con  apoyo externo de expertos en energía. El principal impulso fue un concurso del Colegio de Arquitectos de Madrid, Renueva Orcasitas, que permitió desarrollar un proyecto profesional y común para toda la zona. El resultado fue un salto en eficiencia de la letra G a la C, solo con intervenciones superficiales de los edificios. Básicamente, poner un recubrimiento SATE en la fachada y aprovechar para retirar el amianto de los edificios y unas rocas pesadas que decoraban las ventanas. Quienes quisieron, también cambiaron ventanas y tuberías por cuenta propia.

El proyecto de Orcasitas es una referencia en España sobre cómo las cosas deberían hacerse para lograr una rehabilitación rápida y a gran escala. En este momento se ponen a punto energéticamente unas 30.000 viviendas en España al año, de las 21 millones que lo necesitan. El Gobierno se ha marcado por ahora la meta de rehabilitar 1,2 millones para 2030, pero a este ritmo solo se alcanzarán unas 285.000, menos de la cuarta parte, según datos del Colegio Profesional de Administradores de Fincas.

Pocas personas aprobarían el derribo de un puente, una iglesia, una picota o un edificio del siglo XVII por ausencia de “valor cultural” suficiente, pero entre ellas están quienes deciden en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, que han sentenciado de muerte dos inmuebles sitos en la calle de Cabestreros nº 1 y 3, en el barrio de Lavapiés.

El edificio está siendo demolido y en su lugar se construirá un hotel de cápsulas de 260 “camas”, algo con más “valor cultural” que aquel al que sustituye. En este artículo ni siquiera trataremos de la necesidad de una infraestructura así en este barrio. Simplemente, denunciamos lo que parece una acción arbitraria, basada en una cuestión de mero “gusto”, prejuicio, ignorancia o todo a la vez. Desconozco si hay algún historiador o historiadora entre el equipo técnico (y político) que ha hecho de verdugo. Quiero pensar que no.

¿Qué será eso del “valor cultural” para municipio y Comunidad? Quizá una arquitectura de prestigio, que estos edificios no tienen. Quizá haber sido residencia de un prócer, que no parece. Quizá ser una construcción pintoresca. No se aprecia. Quizá haber sido escenario de un hecho relevante. Tampoco. El inmueble “no posee ningún valor cultural susceptible de protección”, dice una resolución administrativa con dejes de sentencia. No hay, pues, valor cultural, sintagma bastante resbaladizo y problemático cuando no se concreta.

Un simple vistazo al célebre mapa de Teixeira (1656) nos descubre que ya estaba configurada la manzana en el mismo punto donde se ubican los inmuebles sentenciados, junto a la fuente de Cabestreros. Lavapiés ya estaba urbanizado básicamente como lo está ahora. Un siglo después, el mapa de Espinosa de los Monteros (1769) muestra perfectamente definida la manzana que hacía la número 68 de las 557 en que se dividió la ciudad.

Las casas que van a morir hacían los números 41 y 42 en los datos recogidos en la llamada Planimetría general, fruto de las visitas municipales de 1750-1751 y base geométrica documental del mapa de Espinosa de los Monteros. Informan de sus propietarios vigentes, los anteriores, los maravedís con los que se gravaba (los impuestos no son cosa de ahora) y sus medidas. Coinciden escrupulosamente con las actuales, como también la anchura de las calles a las que tales casas daban, que esos datos también se recogieron.

Los edificios de las dos esquinas de la manzana que dan a la calle de Cabestreros eran, efectivamente, antiguos, y lo demuestra que los números centrales de la misma se retranquean, inequívoco síntoma de construcciones que responden a una ordenación urbana más moderna. Sus dos alturas (así se ve en Texeira) eran otro indicio de antigüedad, testigo de un tiempo sin tanta especulación urbanística. Así pues, mirar a la calle de Cabestreros desde la (antes) plaza homónima (hoy, de Nelson Mandela) era ver algo muy similar a lo que se ha podido contemplar en los últimos siglos.

Lavapiés fue siempre barrio humilde. No se espere en él una arquitectura de las que pasan a los libros de texto. Las casas del barrio son de estructura de madera, alzados de ladrillo enlucido, impostas modestas, discretos balcones y pocos alardes decorativos, aunque no falten dinteles epigrafiados del siglo XVIII y bellos montantes decimonónicos de forja en ciertos portales. Las gentes comunes de este barrio, como la de la mayor parte de los lugares, tampoco trascienden a los libros de historia, pero son las que las han construido y vivido, las que hicieron y hacen un barrio típico, idiosincrático, castizo y mestizo, valores que quizá tampoco posean valor cultural para quienes deciden qué es eso. El restaurante Baobab, de comida senegalesa, fue el último uso que tuvo el inmueble que se quiere aniquilar. A cambio, llegarán gentes de acá y acullá atraídas por ese “aura” que, con más o menos consciencia, contribuyen a destruir.

Esos son los valores culturales de las no tantas construcciones que subsisten de ese Madrid barroco y popular, villano (de la Villa) y currante, obligado a sostener los caprichos de petimetres y aristócratas (de la Corte). Esa es la gracia e idiosincrasia del maltratado barrio de Lavapiés, caserío de población menesterosa que los mandamases del siglo XVIII mirarán con una mezcla de admiración y desprecio (chulos, manolas…) para hacerlo sustancia de clasistas sainetes.

La urbanización de esta zona sureña comenzó en la primera mitad del siglo XV (de 1441 data su primera mención conocida) a la vera del frecuentado camino de Atocha, que llevaba al santuario de una Virgen muy querida por la madrileñía. Construir aquí significó luchar con barrancos –que eso eran estas tierras– excavados por la escorrentía de las aguas que luego recogía la fuente de Lavapiés. Fue lugar ad hoc para instalar negocios insalubres (el matadero que dará origen al Rastro), inclusa para expósitos, apretada gavilla de habitaciones alquiladas a trabajadores de la Real Fábrica de Salitre (1785) o a cigarreras de la Real Fábrica de Tabacos (1790), capital de corralas y maremágnum de gente humilde, pobre, trabajadora o buscavidas, tantas veces literaturizada. Desde hace muchos años, experimento de convivencia multicultural que en un barrio así es posible. No en los barrios ricos. Los románticos, a la vista de tanto lumpen, ubicaron en él la judería (que nunca estuvo aquí). Criminalizar al pobre era fácil cuando se tenía poder y la gestión de los corrales de comedias, las imprentas y las gacetillas, redes sociales de la época.

Abandonada hacía mucho tiempo, una antigua tahona lavapiesina muy cercana a Cabestreros (Embajadores nº 40) fue okupada por mujeres, que crearon un espacio maravilloso, la Eskalera Karakola, llamada así por su escalera de hierro fundido, que rescataron. La antigüedad era similar a lo que se va a tirar. En mayo de 2005 se desokupó y se derribó. Hoy es un solar tapiado. Afortunadamente, el proyecto feminista continúa en otra localización.

Un poco más arriba, en marzo de 2013 ni siquiera un blasón pétreo salvó al inmenso caserón de Embajadores nº 18, echado abajo por el Ayuntamiento tras decenios de abandono. El propio consistorio lo había señalizado como una de las residencias del arquitecto Pedro de Ribera. Tampoco valió para el indulto. Hoy es otro solar donde, al menos, una precaria instalación deportiva sirve para que parte de los Dragones de Lavapiés entrenen.

Será que sobran inmuebles barrocos en Madrid y por ello ordenó su derribo quien debía velar por su conservación. O que la densificación y gentrificación del centro urbano necesitan contenedores más altos, capaces de hacinar más gente.

¿Quiénes han decidido que Cabestreros 1 y 3 no tiene valor cultural? ¿Con qué argumento o justificación histórica, pues si de patrimonio cultural hablamos tratamos de patrimonio histórico-artístico?

Al lado de la fuente que, renovada en 1934 por la “República Española”, da de beber al vecindario, una esquina que fácilmente lleva trescientos años construida está siendo sacrificada por una decisión arbitraria.

La historia no se imposta ni se puede crear ex novo. La hay o no la hay. Y aquí la hay, un digno testimonio de un Madrid que venden. En todos los sentidos, el del márquetin y el comercial.

Impunemente.

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*El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado este miércoles, 10 de junio de 2026, el derribo —ya en marcha— del restaurante Baobab, en el barrio de Lavapiés, después de estimar las medidas cautelares que pidió el grupo socialista contra la resolución de la Comunidad de Madrid que había levantado la suspensión previa de las obras. Las obras quedan paralizadas hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado contra esa resolución de Patrimonio.

“Los cierran porque quieren, por política pura y dura”, denuncia Begoña González, representante de UGT en los albergues juveniles públicos de la Comunidad de Madrid, tras la reunión mantenida este lunes con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos sociales, en la que les han informado de los siguientes pasos para la privatización que planean de estos centros. “No nos han sabido dar el motivo real de por qué se van a dejar en manos privadas unos centros que están funcionando, que están llenos de reservas y que están bien de personal”, añade.

Este mismo viernes, la Comunidad de Madrid publicará los pliegos de la licitación que afecta a los cuatro únicos albergues juveniles de gestión pública directa de la red autonómica:  Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora. Aunque las instalaciones seguirán siendo públicas, su gestión pasará a manos privadas al finalizar este proceso. “Así que se va a privatizar sí o sí, no hay ninguna manera de echar para atrás”, se lamenta Begoña en conversación con infoLibre.

Desde la propia consejería sostienen que “el cambio de modelo no supone su privatización, solo una licitación de su gestión, y en ningún caso supondrá un incremento del gasto público. Las instalaciones seguirán siendo públicas y la Administración mantendrá plenamente las funciones de control, supervisión y planificación del servicio”. Sin embargo, los propios trabajadores no ven este movimiento con tan buenos ojos.

“La preocupación entre la plantilla es elevada”, señala por su parte Esther Velasco, representante de CSIF, ya que los empleados viven con incertidumbre “el futuro de los centros y de los puestos de trabajo afectados”. Actualmente la plantilla de estos cuatro centros se compone de 144 trabajadores, de los cuales 77 son interinos.

En la reunión con los sindicatos, la Comunidad les trasladó que todos estos trabajadores serán reubicados a otros centros de la Administración autonómica, incluso en otras consejerías, y que se respetará “al máximo” su lugar de residencia. Pero los sindicatos denuncian que se trata de una decisión tomada de forma unilateral, porque los empleados no quieren irse. “Con el comité lo único que se va a debatir son las condiciones de traslado de estos trabajadores”, explica Velasco. 

La situación ya está despertando los primeros recelos y desde los sindicatos indican que parte de los interinos están planteándose renunciar a su puesto si no reciben un destino que les convenza.

Las explicaciones ofrecidas por las Comunidad de Madrid no convencen a los trabajadores. Desde la consejería indican a este periódico que “actualmente la gestión directa con personal público presenta dificultades para su funcionamiento. De forma estructural, los centros registran un elevado número de bajas y vacantes”. A esto se suma, según la versión oficial, los altibajos de ocupación, sobre todo en invierno.

“Esto no es verdad, en verano estamos a tope con los campamentos y en invierno no ha habido un fin de semana libre que bajara de las 50 o 60 personas”, replica González, que además de representante sindical trabaja en el centro de Las Dehesas. “Casi tenemos más gente y más trabajo en invierno que en verano con los campamentos”, añade.

Tampoco consideran válido el argumento de las vacantes difíciles de cubrir, principalmente las de cocinero y auxiliar administrativo. “Si no lo cubren es porque no quieren, porque se les ha dado el permiso para que contraten a través del paro si no tienen gente en bolsa. ¿Me vas a decir que en toda la Comunidad de Madrid no hay ningún cocinero en paro?”, denuncia la portavoz de UGT.

“Estamos cabreados porque no es cierto lo que nos han dicho y tampoco puede ser un motivo que cueste dos meses cubrir una vacante, porque ningún albergue ha cerrado por falta de personal o porque no se estuviera dando el servicio”, agrega González. 

De esta manera, a los trabajadores de los albergues solo les queda analizar los pliegos de la licitación y comenzar las negociaciones para determinar su futuro laboral. Mientras tanto, mantienen su rechazo a una decisión que consideran injustificada.

La fiscalidad es un arma de doble filo. Rebajarla es, en principio, una estrategia popular entre los ciudadanos y una baza a la que se suele acoger la Comunidad de Madrid para posicionarse frente al Gobierno y ganar popularidad. Pero cuando se exploran las consecuencias de esta dinámica, esa popularidad se reduce. Si se da el caso de que estas bajadas impositivas empiezan a comprometer los servicios públicos, el porcentaje de personas a favor de reducir los impuestos cae también. Sin embargo, Madrid sigue avanzando en esa senda. La propia Isabel Díaz Ayuso ha presumido de acumular 36 rebajas fiscales durante su mandato y recientemente ha anunciado la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente que estará dentro de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, destinada a bonificar los traspasos de empresas con nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Dicho así, puede sonar como una medida de gran impacto económico, pero lo cierto es que esta bonificación crece solo cuatro puntos porcentuales con respecto a lo que ya existe: desde el 95% hasta el 99%.

La baja fiscalidad es la piedra angular de la política de la Comunidad de Madrid y la presidenta madrileña suele anunciar ampliamente las medidas que refuerzan ese ideario. Sin embargo, lo que incluyen estas nuevas normas fiscales —que se pondrán en marcha previsiblemente este mes de junio— no es tan novedoso ni se espera que tenga un gran impacto en las cifras. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, explica que este nuevo servicio, la Oficina de Defensa del Contribuyente, es un mecanismo que ya existe a nivel estatal bajo el nombre de Consejo de Defensa del Contribuyente y ante el cual se pueden presentar reclamaciones que deriven luego en cambios normativos. "Recoge, al igual que haría la oficina madrileña, las quejas y sugerencias que no son judicializables", señala Mollinedo. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, presentaba la medida señalando que la Comunidad quería garantizar unos derechos "reales y efectivos en la práctica" para los contribuyentes. Isabel Díaz Ayuso iba un poco más allá al señalar que su intención era proteger a los ciudadanos de los "excesos" de la Agencia Tributaria. Otro de sus mantras electorales.

Así, lo que realmente introduce como novedad el Anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente son dos puntos: el compromiso de disculpa cuando se haya vulnerado algún derecho del cotizante y haya una sentencia judicial firme que lo avale y un agradecimiento por su cooperación. "La Administración tributaria autonómica agradecerá la cooperación a los obligados tributarios que hayan atendido y prestado la debida colaboración en el transcurso de un procedimiento inspector, cuando el mismo haya terminado sin regularización de la situación tributaria ni imposición de sanción", concluye el artículo 10 del anteproyecto.

En cuanto a la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, responde a la intención de promocionar que los pequeños negocios mantengan el relevo generacional. Es un problema que llevan tiempo denunciando las patronales, pero en este caso, desde Gestha consideran que la medida fiscal propuesta puede tener un impacto limitado, ya que no introduce grandes cambios con respecto a la regulación anterior. "El coste presupuestario estimado son dos millones de euros, una cantidad muy baja con respecto a las cifras de una comunidad como Madrid", explica Mollinedo. La nueva regulación, que esperan que tenga impacto en alrededor de 1.500 personas, amplía la bonificación fiscal cuando se traspase una empresa desde un 95% hasta un 99%, cuatro puntos porcentuales.

Lo que sí va a ampliar esta nueva norma es la posibilidad de aplicarse bonificaciones en un grado de parentesco familiar más amplio, como ya ocurrió en febrero del año pasado, cuando se elevó la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos desde el 25% hasta el 50%. En este caso, se aplicará a las compañías de forma que, tanto en transmisiones cuando el propietario haya fallecido como cuando se retira y la cede en vida, el traspaso de la empresa esté bonificado para familiares de tercer grado (tíos y sobrinos) y en cuarto grado, por afinidad o consanguinidad, haya requisitos flexibles de aplicación.

"Es posible que pueda tener efecto en el relevo la ampliación de los grados de parentesco, pero el coste presupuestario de la exención no parece que pueda movilizar a más gente. Calculan que puede afectar a 1.500 personas, pero es que esas personas ya disfrutan de una bonificación del 95%", valora Mollinedo.

El mantra de que pagar impuestos siempre ayuda en las urnas no es tan evidente. De hecho, un estudio de las universidades de Viena y Zurich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae hasta 10 puntos. Ahí es cuando el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o más deuda. Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que en Madrid ha aumentado un 125% la tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una primera consulta en hospitales. También, si se compromete la viabilidad de la educación pública, como por ejemplo, no climatizando las aulas de los colegios públicos. Una cuestión que mantiene en pie de guerra estos días a las asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid. De hecho, el sindicato CCOO denunciaba también que la respuesta de la Consejería se ha limitado durante años a actuaciones aisladas e insuficientes. “Miles de docentes, personal educativo y alumnado continúan desarrollando su actividad en espacios que alcanzan temperaturas incompatibles con la salud", señalaron en un comunicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta sus propuestas fiscales por oposición a la política fiscal del Gobierno y hace un mes reiteraba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba realizando la “mayor recaudación” de impuestos “a través del terror fiscal”. De hecho, en la presentación de los Presupuestos Generales de la comunidad, presumió de que las rebajas fiscales habían ahorrado a los contribuyentes “casi 40.000 millones de euros”, pese a que en la otra cara de la moneda está el hecho de que sea también la comunidad que menos gasta por habitante en servicios básicos, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Está por debajo del promedio nacional en sanidad, educación y servicios sociales y 42 puntos por debajo de la región que más invierte: País Vasco. 

Pese a ello, la baja fiscalidad sigue siendo el eje de su política. Un discurso que mantiene también el Partido Popular a nivel nacional y que se ha concretado en el lema del "infierno fiscal" que Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ha reiterado contra el Ejecutivo. Sin embargo, esta vez, insisten desde Gestha, ni la bonificación ni la Oficina de Defensa del Contribuyente parecen tener el calado suficiente como para hacer bandera de ellas.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez ha puesto en el ojo del huracán a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Y supone un torpedo político, con la derecha apretando para que deje su cargo al frente de la Benemérita por la trama liderada por Santos Cerdán para tratar de torpedear investigaciones judiciales en torno al Gobierno y al PSOE.

González era un nombre desconocido para la mayoría de la sociedad, pero es una figura muy vinculada con el presidente, Pedro Sánchez. Ella ha sido uno de sus grandes apoyos desde el inicio de su carrera política y han caminado juntos en el siempre tumultuoso PSOE de Madrid. No es una persona que se acercara al presidente por su liderazgo en el partido o su salto a la Moncloa, sino que la confianza se labró mucho años atrás en el Ayuntamiento de Madrid.

Ella es una de las personas que mueve con más fuerza los hilos dentro del PSOE de Madrid, enmarcada dentro del grupo de los simanquistas. El propio presidente la eligió para dos de sus anteriores puestos. Cuando era concejala del Ayuntamiento de Madrid, Moncloa la requirió para ser la delegada del Gobierno en Madrid, con una misión muy clara: hacer frente con su estilo directo y punzante a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Y, más tarde, fue reclamada para ocupar la Dirección General de la Guardia Civil, después de la marcha abrupta de María Gámez.

González aparece ahora en el sumario del caso Leire Díez por haber mantenido tres conversaciones al menos con la exmilitante socialista, a la que la UCO sitúa como la número dos de Cerdán en esta supuesta trama contra jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La directora general de la Guardia Civil guarda silencio públicamente desde que se hiciera público el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, aunque desde su entorno se niega que haya participado en cualquier tipo de operación para obstaculizar precisamente las labores del cuerpo.

La UCO sospecha que la directora de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con Díez. Para la Unidad, la exmilitante “estaría haciendo llegar” a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

González mantiene el respaldo del Gobierno en estos momentos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la defendió de manera cerrada este jueves y negó tener constancia de algún tipo de presión sobre la Unidad Central Operativa: "Vuelvo a decir que no he conocido, y si la hubiera conocido, no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

La dirección del PSOE señaló, tras el requerimiento de información de la UCO, que analizaría el sumario, una vez se conociese, y que tomaría entonces las decisiones pertinentes respecto a algunos de los citados en el auto. Por el momento no se ha movido ninguna ficha y Ferraz mantiene en sus puestos tanto a la gerente, Ana María Fuentes, como al responsable de Política Municipal, Juan Francisco Serrano.

El levantamiento del sumario ha puesto también el nombre de González en la primera línea. Ella también fue la líder del PSOE de Madrid ciudad y estuvo a punto de ser nombrada candidata para la alcaldía de la capital, aunque finalmente el PSOE optó a última hora por Reyes Maroto, que era entonces ministra de Industria, Turismo y Comercio. La directora de la Guardia Civil sigue teniendo poder de influencia y consiguió colocar a algunas de sus personas de confianza en la Comisión Ejecutiva autonómica que lidera Óscar López.

En el sumario se recoge una conversación de Díez en la que se vanagloria ante varios interlocutores, entre ellos un excapitán de la UCO, de que González es una persona de su “confianza”. E incluso llega a decir que su siguiente llamada será a la directora general de la Guardia Civil. Además, en uno de los informes de la policía se incluye que la exmilitante fue multada por mal aparcamiento en una de las visitas que presuntamente le hizo a González.

La multa la recibió el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que se la reenvió a Díez en un correo electrónico junto al siguiente mensaje: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. ¿Te la pago con descuento?".

El jueves por la noche fuentes de la Guardia Civil explicaron la versión de González: “Conoció a Leire Díez en su etapa de delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos”. Esta relación fue “tan solo mediante intercambios de whatsapps, relativos a las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa, que provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes”.

Según las fuentes, hasta ese momento nunca había tenido contacto con ella ni la conocía.. Añaden: “Tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, Díez se pone en contacto para mantener un primer encuentro en el que le traslada su nueva situación laboral y en el que se limita a contarle que está ejerciendo de freelance, recuperando así su labor en el mundo del periodismo, sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”.

Las fuentes recalcan que este encuentro se realizó en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil: “Se ven personalmente por primera vez, y no se habla de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo. Tras un encuentro rápido, de apenas unos 15 minutos, la directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”.

“Respecto de un posible segundo encuentro de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, señalan desde la Guardia Civil. Y detallan que, pasados varios meses, Díez contacta con la directora “proponiéndole verse, aprovechando que se encuentra en Madrid”. La cita se anula por la enfermedad de un familiar, lo que le obliga a permanecer en Cantabria. 

El relato del entorno de González continúa así: “Esa cita se retoma tiempo más tarde, desarrollándose en las mismas circunstancias que las anteriores, sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil, ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar, anteriormente mencionada”. Y añaden: “En un momento, Díez le plantea a la directora que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo, preguntándole si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

Las fuentes precisan que, tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no vuelven a mantener encuentro alguno: “Cuando en los medios de comunicación se hizo pública la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado, mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando”.

Por todo ello, el entorno de González afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. Con el mensaje de que la directora general “respeta y admira” a la institución. Además, ella asegura que “jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial”.

El Partido Popular se ha lanzado de lleno contra González tras conocerse el sumario. La vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, opinó que la directora de la Guardia Civil "está tardando en marcharse" por "intentar laminar" a sus propios compañeros, a la vez que reiteró que debe dimitir Grande-Marlaska porque "ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca". 

La vicesecretaria del Partido Popular tachó de “delincuencia de Estado” lo que se está conociendo en el caso Leire Díez porque, en su opinión, se ha utilizado el Gobierno para atacar a los contrapoderes democráticos y se ha perseguido “al que estorba”.

Vox ha ido incluso más lejos y ya ha pronosticado una posible investigación sobre Pedro Sánchez. Su secretario general, Ignacio Garriga, afirmó que hay "sobrados indicios" para que el presidente del Gobierno "se siente ante un tribunal" por los casos que afectan al PSOE: "Esperamos que en los próximos días u horas sea Sánchez el siguiente imputado". Su relato pasa por esta línea: "No estamos ante el caso Leire, ni el caso Ábalos, ni el caso Begoña, ni el caso David Sánchez, estamos ante el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez. Es evidente que todas las vías de corrupción acaban en el 'uno' de la Presidencia del Gobierno y en el 'uno' en la Secretaría General del PSOE". 

El malestar docente ya no cabe en las aulas y se extiende como una mancha de aceite en forma de protestas. Tras semanas de huelgas, no se vislumbra el final. El incremento de burocracia, las ratios alumnado/docentes o la precariedad son algunos de los problemas que enfrentan actualmente los profesores en España y, que ante el hartazgo, les han llevado a la convocatoria de huelgas por diferentes puntos del territorio nacional. Valencia, Cataluña, Aragón o Madrid, se han ido convirtiendo en focos de parones que buscan conseguir mejoras en las condiciones de estos trabajadores.

Aunque algunas de estas huelgas duran ya semanas (nueve en el caso de las profesoras de 0 a 3 años de Madrid o cuatro en Valencia y Cataluña), no parece que la lucha tenga visos de remitir. El principal anuncio de esta misma semana ha venido de la mano del sindicato CSIF, al anunciar movilizaciones –plantean incluso una huelga general– para el curso que viene.

Desde el sindicato explican que han llegado a esta decisión tras “constatar que el abandono que sufre la educación pública por parte del Gobierno y comunidades autónomas” es general. “Aunque es verdad que tenemos focos en nivel rojo, como pueden ser Madrid o Valencia, nos están llegando quejas desde todos lados, por lo que consideramos que puede ser la mejor solución”, relata Isabel Madruga, coordinadora de negociaciones en CSIF, a infoLibre.

Uno de los principales problemas en los que se centra este sindicato para esta petición es en el número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales y con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, que en el curso 24/25 se encuentra en 1.255.443 en toda España, lo que supone un incremento del 214,5% frente al curso 2011/2012.

Sin embargo, esta iniciativa es por el momento un simple anuncio, ya que sindicatos mayoritarios como UGT o Comisiones Obreras (CCOO) todavía no han querido pronunciarse sobre si van a brindar su apoyo. Lo que no van a parar son las huelgas en las diferentes comunidades, como confirman diferentes sindicatos y asociaciones. 

La primera huelga que comenzó fue la de las educadoras infantiles de 0-3 años en la Comunidad de Madrid, que lleva ya casi dos meses desde su inicio, el 7 de abril. La principal queja de estas trabajadoras es que son las más precarizadas, “ganando muchas veces el salario mínimo”, según denuncia Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) a este periódico.

“Tras años reunidas con juntas vecinales y políticos no hemos visto avances, por lo que hemos utilizado nuestro último cartucho: la huelga”, explica y, aunque lleven ya nueve semanas, defiende que se encuentran “con fuerza y con ganas” y todo apunta a que seguirán en el curso 26/27. “Huele ya a septiembre”, ironiza.

“Mientras podamos seguir pagando a las compañeras más vulnerables, por esa parte no hay problema”, asegura. También son importantes los avances que poco a poco están consiguiendo, como la implantación de la “pareja educativa”, para que no caiga la responsabilidad de toda un aula en una sola trabajadora. Esta es una de sus principales reivindicaciones, ya que denuncian cómo muchas veces tienen que enfrentarse a llevar hasta 20 niños solas. 

Aparte de este rango concreto de edades, en la Comunidad de Madrid se están abriendo nuevas grietas en la Educación. Desde la plataforma Manos Lectivas han anunciado que quieren escalar la lucha de las docentes de cara al curso 2026/27 convocando una huelga indefinida con el principal objetivo de defender la educación pública en la Comunidad. Esta asociación trabaja con docentes desde los tres años hasta la secundaria, FP y educación especial.

Una de sus portavoces, Ana Vicenti, explica a infoLibre que “hay una voluntad de entendimiento en todos los sindicatos con este tema, lo que es una ventaja”, concretamente el de CCOO, al ser el sindicato mayoritario. Lo que tienen claro es que esta acción va a ser complicada que comience en septiembre, “porque todavía hay muchas cosas que cuadrar”.

“Si en Valencia ya están teniendo problemas, la Comunidad de Madrid es muy puñetera. Es una cosa trumpista con un PP con mayoría absoluta y una presidenta sin miedo a lanzarse a cualquier cosa”, denuncia Vicenti, lo que no va impedir acciones a lo largo del curso.

La Comunidad Valenciana es el otro foco de esta lucha, con una huelga indefinida que lleva activa desde el 11 de mayo. Una de las principales razones para convocarla fue el rechazo a “la concertación del Bachillerato”, según explica Isabel Madruga, en representación de CSIF. A esto se le suman otras problemáticas como la burocracia, los problemas de autoridad y la falta de recursos para la atención de la diversidad.

Aunque CSIF fue uno de los sindicatos convocantes, el 27 de mayo anunció que abandonaba la lucha tras firmar el acuerdo que presentó la Consellería de Educación. “Decidimos salirnos, porque se aceptó una subida de 200 euros, que es una mejora que no hemos visto en otras comunidades”, relata Madruga, que añade que tampoco están de acuerdo con la reivindicación del valenciano en las aulas, como otras asociaciones.

Los sindicatos que actualmente siguen al pie del cañón son STEPV, UGT y CCOO. La portavoz de este último, Xelo Valls, asegura que no tienen pensado abandonar hasta conseguir sus objetivos. “Estamos en un momento en el que los sindicalistas hemos invertido mucho y tenemos fuerza suficiente para seguir”, explica.

Ese final podría estar cerca, pero está en manos de la Consellería. El último documento con sus propuestas se tendría que presentar estos días y “dependiendo de su contenido se planteará seguir, siempre en función de lo que valore el profesorado”. De esta manera Valls no cierra la puerta a que la huelga siga activa en el curso 26/27.

Lo que más van a valorar los profesores es la mejora en las ratios alumnado/profesores, que en el curso 2024/2025 se encontraba en 10,19 alumnos por cada profesor. A esto se suma el tema retributivo, “que aunque ahora mismo no está abierto, se podría reabrir teniendo en cuenta que los presupuestos siguen en el Parlamento y se podrían presentar enmiendas o incluso auto-enmiendas”, relata la portavoz.

“El último punto importante es la enseñanza en valenciano, que ha sido un motivo de desencuentro”, según lo describe Valls. Así, la pelota se encuentra actualmente en el tejado de la Consellería para decidir si comienzan el curso que viene con normalidad o con sus profesores en huelga.

Será un infierno y lo encenderá el representante de Dios en la tierra. El centro de la ciudad quedará colapsado, los transportes públicos se saturarán y el tráfico será una ratonera. Todo eso conllevará la visita del papa a Madrid, que será mejor para los creyentes que para los visitantes de la Feria del Libro, a los que se les va a poner de color hormiga lo de ir ese fin de semana a la Feria del Libro. El pasado domingo, el marido de un matrimonio que se acercó a la caseta donde yo estaba firmando mis memorias, Qué estoy haciendo aquí, me contó que ya se las había leído y me preguntó si le podía aclarar una duda. “Claro, adelante”, le respondí,

                                 -Bueno, usted cuenta que a Rafael Alberti lo conoció en un bar de Las Rozas.

                                  -Así es.

                                  -Y a Joaquín Sabina en uno de la zona del viaducto de Madrid.

                                  -Correcto.

                                  -Y a Luis García Montero en otro de Granada.

                                  -Sí.

                                  -Así que no ha ido mucho a misa, ¿verdad?

Me hizo mucha gracia la broma, tan elaborada, fue de lo mejor de un fin de semana donde todo fue bueno, seguido a poca distancia por la actuación de un jovencísimo aspirante a tenor de ópera que después de que le dedicara un ejemplar me cantó a capella y de forma realmente estremecedora un aria de Madame Butterfly, de Puccini, llevándose, al acabar, una gran ovación del público que se había ido congregando a su alrededor. Pero volviendo a la historia anterior, la respuesta es que no soy asiduo de la liturgia, aunque sí de las iglesias, cuanto más solitarias, mejor, pero respeto las creencias ajenas, como todo lo que conforta a la gente que lo necesita. Así que el problema con la visita del papa no es de índole religiosa, sino política. ¿De verdad no se podía haber encontrado una fecha mejor, que no pusiera en serios apuros el desarrollo de una de las tradiciones más hermosas de la capital?

Es cierto, y es preocupante, que llevamos tiempo oyendo rumores y advertencias del Ayuntamiento, incluso el amago de algún plan, que significan que quieren llevarse la casetas-librería del Retiro: que si los árboles, que si los pájaros, que si el viento… Y trasladarlo a un Ifema o similar. Todos sabemos que eso acabaría con ella: la Feria del Libro es ahí y es ahora. No quiero especular que la visita del jefe del Vaticano esté montada a propósito para perjudicarla, pero hacer coincidir ambos acontecimientos es, a todas luces, un despropósito.

A Almeida y su tropa no parece preocuparles gran cosa la cultura, de la que sólo se acuerdan cuando es para censurarla, quitar unos versos de Miguel Hernández de un memorial u oponerse a que la estación de Atocha llevara el nombre de Almudena Grandes y a que ella fuese nombrada hija ilustre o predilecta de la ciudad que tan bien retrató en sus novelas para deleite de sus incontables lectores. Pero ponerle palos en las ruedas a la Feria del Libro es perjudicar a todo el sector, que en parte vive de estos días de fiesta en que millones de visitantes van en busca de sus autores y títulos predilectos y las editoriales y librerías reciben una inyección económica básica para su supervivencia.

Que venga el Papa está muy bien, para quien lo necesite. Que su llegada transforme la semana más importante de la Feria, un error y una falta de respeto.

“El pecado ha infectado a toda la raza humana, es un cáncer en el alma del hombre”; “Dios creó el sexo para la unión entre el hombre y la mujer, no entre dos hombres”; “Existen solo dos caminos: el del cielo y el del infierno, ¿cuál elegirás tú?”. Estas fueron algunas de las proclamas que se escucharon de boca del pastor evangélico más famoso del mundo: Franklin Graham, íntimo amigo y consejero de Donald Trump quien llegó de EEUU a Madrid este pasado fin de semana para el evento evangélico del año.

La ciudad se ha convertido este mes de mayo en un hervidero. Las altas temperaturas han hecho de las calles de la capital española un lugar casi inhabitable. Todo arde. La tensión política incendia cada día la actualidad y, entre tanto ruido, la visita del Papa León XIV en menos de una semana se ve como un despertar de la llama del espíritu católico. Una cita vista con recelo por sus ‘hermanos’ evangélicos quienes, cada vez con mayor presencia, han aprovechado este contexto de ebullición para reivindicar un espacio propio en el panorama social, cultural y político del país. 

Más de 200 autobuses llegaron en tromba este sábado al madrileño barrio de Carabanchel cargados de fieles evangélicos para asistir a lo que para este grupo cristiano se ha convertido en el evento del año. No es casualidad que se celebre en este distrito, que algunos ya denominan como ‘la milla de oro evangélica’, como tampoco es casual el nombre que se ha escogido para el evento. Ellos lo llaman ‘Festival de la Esperanza’, pero lo cierto es que este festival no solo trata de fe. 

Pese a la ola de calor y a la falta de organización, miles de personas aguardaban ansiosas a que las puertas del Palacio de Vistalegre se abrieran a las 18:00 h. Un calor que muchos aguantaban “gracias al Señor”, como comentaban los pastores Jorge y Analía de la Iglesia la Mano de Dios en Getafe. Otros, sin embargo, venían desde más lejos. Armindo, un brasileño que lleva más de 30 años viviendo en Madrid, llegó desde Ciudad Real el mismo día y comentaba entre risas que acudía porque hace unos días tuvo un accidente y “Cristo le salvó”. 

Tras el caos de la entrada en el que, sin sitios asignados, la gente se iba sentando donde podía, el show comenzó mientras se iban llenando las tribunas. Desde las 19:00 horas y durante aproximadamente una hora y media, el evento parecía de todo menos una ceremonia religiosa al uso: música rap hip hop, country, rock y góspel con mensajes cristianos resonaban por todo el auditorio con un lema principal: “Dios te ama”, “Ríndete a tu Salvador, Él te liberará”. 

Artistas aparentemente desconocidas para el público general acumulan millones de reproducciones con sus canciones cristianas. Es el caso de la cantautora Charity Gayle, quien también participó en el evento recién llegada de EEUU y que, con hits como I Speak Jesus (Yo hablo Jesús) o Thank You Jesus for The Blood (Gracias Jesús por tu Sangre) que acumulan casi tres millones de oyentes mensuales en Spotify, hizo que el auditorio entrase en una especie de trance religioso.

Para Antonio Montañés, doctor e investigador de Antropología de la religión y cristianismo de la Universidad de Oxford, la música es un factor crucial en este tipo de eventos. “La música es fundamental en el rito evangélico y lo es más en este tipo de eventos para crear un ambiente en el que los sentimientos estén a flor de piel. Así, digamos, los ‘milagros’ llegan más fácilmente”, reconoce Montañés. 

Se hizo esperar, pero, finalmente, llegó después de una épica cuenta atrás: “Con todos ustedes el pastor Franklin Graham”. Pero ¿quién es este pastor evangélico que mueve masas? Franklin es hijo del legendario pastor Billy Graham, fallecido en 2018, del que ha heredado un imperio religioso y ahora dirige la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) y la ONG Samaritan’s Purse, consolidándose así como la figura más importante de la Iglesia Evangélica en el mundo. 

La figura de Franklin Graham llegó a España cargada de polémica: el pastor no solo ha sido clave para Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca, sino que se ha establecido como su consejero espiritual y político como ya lo fuera su padre con presidentes que van desde Richard Nixon hasta Bill Clinton. Tener de tu lado a la Iglesia Evangélica en EEUU es fundamental para llegar y mantenerte en el poder y, con Graham, Trump ya tiene a su ‘padrino’. Tal es así que ha participado en varios actos de su campaña presidencial y fue el encargado de la oración en su segunda toma de posesión como presidente. 

Además de por su cercanía con Trump, Graham hijo también se ha dado a conocer por sus polémicas declaraciones. Desde justificar la guerra contra Irán “para combatir el mal”, hasta llevar a cabo una cruzada personal contra el aborto y la homosexualidad. Así llegó el famoso predicador a Vistalegre, con una Biblia bajo el brazo y un discurso de odio con una clara premisa: “Da igual que el mundo cambie, la palabra de Cristo es y será siempre la misma”.

En el evento, arremetió duramente contra la homosexualidad: “Dios creó el ­sexo. Él quiere que lo uses, pero tiene que hacerse en una relación matrimonial entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres”, recalcó. También tuvo palabras contra el aborto, algo que catalogó como asesinato: “Matar es un pecado, pero ¿y el aborto? Solo porque algunos políticos digan que el aborto es legal no significa que esté bien a ojos de Dios”. 

Tras su homilía, que tuvo un marcado carácter político, realizó lo que se conoce como la ‘llamada a la oración’, donde cientos de personas bajaron de sus asientos en las gradas para rezar frente al pastor. “Querido Dios, soy un pecador, me arrepiento, perdóname, yo creo que Jesucristo es tu hijo, quiero invitar a Jesús a mi corazón para que tome el control de mi vida”, oraban. 

Con la oración grupal concluyó el evento. Cuando la gente iba saliendo del recinto, los organizadores invitaron a quien quisiera a recibir una Biblia gratis y a que los niños se quedasen para recibir consejo espiritual. Estos, en grupo, serían llevados a unas salas llamadas ‘habitación de nuevas decisiones’ para orar y ser guiados por consejeros espirituales. 

El domingo 31 se celebró una nueva cita así que Franklin Graham tuvo la oportunidad de despedirse de su público con un claro mensaje evangelizador: “Vengan mañana y, sobre todo, no se olviden de traer a alguien necesitado de fe”.

Viene el papa, ¿se han enterado? Paseíto por la tierra de María Santísima a comienzos de junio: no se veía una conspiración igual desde lo de Alí Agca. Tres días en Madrid, tres en Barcelona y uno en Canarias. El carajal, inaudito. Cortes de circulación, aluvión de peregrinos, colegios reconvertidos en hospederías y la más que probable proliferación de cánticos bochornosos: “Beee ne dic to, equis, uve, palito”; “Juan Pablo, segundo, te quiere todo el mundo”. Y pensar que esta es la gente para la que Allegri escribió el Miserere, qué decadencia.

En Madrid, el alcalde no se anda con chiquitas: la ciudad será intransitable durante 15 días. “Que el personal teletrabaje”, ha recomendado Almeida. El gremio de albañiles y taxistas formula respetuosa protesta. “No pueden desplazarse, majestad. Pues que coman pasteles”.

Autobuses serigrafiados, la M-30 llena de banderolas y una “edición limitada” del bonobús en honor del magno acontecimiento. Si a mí, que soy católico, el viajecito me está cayendo gordo no quiero imaginarme cómo andarán los idólatras y los descreídos. Con lo provechoso que sería un solemne oscurantismo, un misticismo calculado capaz de desplegar todas las sensualidades del rito y los latines. Dame realidades invisibles, hipóstasis, transubstanciaciones, epíclesis y otras lindezas que no corten el tráfico. “El papa viene a confirmarnos en la fe”, decía el otro día el cardenal Cobo. Desde un escenario mientras los fans le gritan. ¡Igualito que Bad Bunny!

No solo el catolicismo amenaza ruina: miren si no cómo anda la socialdemocracia. Medio salón de la fama del pe so e calentando banquillo, el otro, camastro. He seguido con entusiasmo el affair zetapé: los dimes y diretes entre capuletos y montescos, las disquisiciones legales, el alegre tintineo de las joyas de la Castafiore y las supuestas conexiones internacionales de nuestro cejudo supervillano. El lobismo será una actividad legal, pero nadie que la practique debería dar (¡nunca!) lecciones de nada.

Hasta que el expresidente comparezca no sé si habrá mucho que comentar, salvo la curiosísima defensa que del prócer talantista (ya hay que tener ganas para dar la cara por uno del pe so e) han hecho fulanos que hasta ayer presumían de haber acampado en Sol contra la tiranía del bipartidismo. Como alguno mire quién dormía en Moncloa durante el 15M, la caída del guindo va a escucharse en las Antillas.

El fin de ciclo se canta por soleares. Desfilan a la par Leire, Santos Cerdán y el Sánchez músico, a quien el Sánchez presidente podría haberle apañado una plaza en el conservatorio de Badajoz (nuestra Juilliard School). La causa siempre me había parecido de chichinabo, pero inquieta que cierta periodista de investigación ágrafa y enredante, tuviese entre sus cometidos fontaneriles embarrullar las diligencias.

Oigo gritos en lontananza. ¡Por lo menos no hemos vuelto a invadir Irak! Que sí, camarada, pero a ver si vamos tomarnos en serio el chiste de Ignatius. “Hay un momento en la vida en el que uno se mira al espejo y se dice: no he cometido ningún genocidio, soy buena persona”. Y no me olvido de que anda compareciendo Fernández Díaz (el de la policía patriótica) por delitos gravísimos. Ojalá intervenga el Marcelo. Por el momento, no ha descendido ningún angelote, sino el pajarraco de Aznar. “El que pueda hacer, que haga” y paz a los hombres de buena voluntad. Me andaría con cuidado, porque esa consigna sabemos cómo acaba: la repetía Enrique II y a Tomás Becket le esparcieron los sesos por una catedral.

La ELA no espera. Y las ayudas tampoco deberían hacerlo.

Miguel convive con una enfermedad que exige cuidados constantes, una "UCI en casa" y un coste económico difícil de asumir para muchas familias. La ley ELA fue recibida como un avance histórico, pero su aplicación sigue dependiendo de cada comunidad autónoma. "Mientras algunas regiones dan las ayudas íntegras o incluso las amplían, como es el caso de Cataluña, Madrid reduce la cuantía según ingresos y prestaciones previas, hasta en un 40%", explica Reinés.

"Porque cuando escuchas a alguien con ELA hablar de su vida, entiendes que esto no va de ideología. Va de dignidad (...). Y ahora mismo en Madrid hay demasiadas familias luchando contra la ELA y contra el sistema al mismo tiempo".

Tras más de un año de espera, la Comunidad de Madrid ha avalado la documentación de las cuatro organizaciones empresariales que aspiran a hacerse cargo del sistema que cambiará la recogida de basuras en España, el conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno). Las latas y botellas costarán unos céntimos extra que el cliente recuperará cuando devuelva los envases al supermercado, un mecanismo que ya funciona en media Unión Europea. Procircular, Ecoembes, Corepet y Asociación SDDR España serán las encargadas de montarlo.

Según ha podido saber infoLibre, la Comunidad de Madrid ha dado el 'ok' seis meses después de que finalizase el plazo original que contemplaba la normativa nacional. Lo ha hecho a última hora, en un periodo extraordinario de seis meses, que finalizó el viernes pasado. Si la implantación del SDDR ya comenzó con unos tiempos extremadamente ajustados, el retraso del Gobierno regional hace inviable cumplir con la normativa. Según la ley de residuos, la transformación del sistema de recogida de envases debe estar lista en noviembre de 2026.

Julio Barea, de Greenpeace España, reclama recuperar el tiempo perdido y que bajo ningún concepto se espere a 2029, como piden algunas voces de la industria. "Ahora queremos reunirnos con el Ministerio para la Transición Ecológica para establecer un calendario concreto de fechas. La Comunidad de Madrid lo ha tenido bloqueado, y aunque ha cumplido con el último plazo, ha retrasado la implantación. Si no es en noviembre, queremos tener una nueva fecha concreta", valora.

Es un secreto a voces en el sector que no hay mucho interés –o ninguno– en la industria del reciclaje en que el SDDR llegue a España, puesto que supone acabar con un lucrativo negocio para las empresas responsables de recoger y procesar estos envases. El sistema actual, catalogado como "monopolio" por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), está organizado por Ecoembes y se basa en recoger las botellas y latas en los cubos amarillos, una fórmula que se ha demostrado un fracaso y que además repercute en el bolsillo del ciudadano.

El año que ha tardado la Puerta del Sol en dar el paso inicial para desarrollar el SDDR es "estrategia pura y dura", según afirma un agente del sector. "Todos sabemos que para algunos no compensa introducir el SDDR lo antes posible", opina este experto. De las cuatro, opina, Ecoembes es la que "está contra las cuerdas", mientras que Corepet y la Asociación SDDR son las que más reman para ponerlo en marcha cuanto antes.

De las cuatro organizaciones, Ecoembes es la más grande, puesto que ha tenido en sus manos desde finales de los años 90 la gestión de la mayor parte de los residuos del país: el papel, el vidrio y los envases. Corepet está ligada a la italiana Coripet, una de las empresas que dirige el SDDR voluntario del país vecino. La Asociación SDDR España es la organización formada por las patronales FIAB, Aecoc y Anged, de la alimentación, bebidas y supermercados. Y Procircular forma parte de Reclay, una compañía internacional de gestión de residuos.

El visto bueno de la Comunidad de Madrid solo es el inicio de un largo proceso hasta poner en marcha el proyecto. Según la ley de residuos de 2022, aunque el sistema de retorno de envases será nacional, las organizaciones que lo conformen deben ser avaladas por la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, y las cuatro están en Madrid. De ahí que la Consejería de Medioambiente madrileña tuviese la responsabilidad de dar el primer paso, que consiste en dar por buena la propuesta y la documentación que tiene cada organización.

El siguiente paso es que la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos (CCR), formada por el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas, emita un informe no vinculante sobre la viabilidad del proyecto que propone cada organización, y si es viable que las cuatro convivan en el mismo territorio, como ocurre en otros países, o se concentren en una sola. El visto bueno final a qué sociedad montará el SDDR lo dará después la Comunidad de Madrid.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se limitan a recordar que la ley obliga a poner en marcha el nuevo sistema de reciclaje antes de diciembre de 2026, y rechazan  la postura de parte de la industria que, basándose en una reinterpretación del reglamento europeo 2025/40, defiende que el SDDR se puede posponer a enero de 2029. 

"Esperamos que se acelere el calendario previsto por los SCRAPs [las cuatro organizaciones aspirantes] que han solicitado autorización para gestionar el SDDR, con el objetivo de poner en marcha el sistema lo antes posible. Para ello, entendemos que es clave comenzar a realizar las inversiones necesarias desde ya, dado que los plazos de implantación son exigentes y el cumplimiento de los objetivos requerirá disponer del sistema plenamente operativo con suficiente antelación una vez se resuelvan las solicitudes de autorización", afirman fuentes de este ministerio.

El SDDR es importante en España porque la alternativa actual, basada en cubos amarillos, no solo es extremadamente ineficiente y un desastre ambiental, sino que provoca que España incumpla la obligación europea de recoger por separado el 77% de las botellas de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que en 2023, el último dato disponible, solo se recogió por separado el 43,1% de estos residuos. Esto expone a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recoger estos envases sea de las empresas que los ponen en circulación.

La Plataforma Juristas por Palestina ha emitido este martes, 26 de mayo, un comunicado en el que lamenta que España haya autorizado la participación de la Federación de Escalada de Israel (ILCA, por sus siglas en inglés) en la Copa del Mundo de escalada.

La competición, conocida internacionalmente como la World Climbing Series, se celebrará entre el 28 al 31 de mayo en Alcobendas (Madrid). Según la Plataforma, el evento supone una nueva ocasión en la que se permitirá “la continuación del lavado deportivo de Israel” o sportwashing, una práctica que, denuncian, ya se ha producido en otros certámenes deportivos como la Vuelta Ciclista a España o los Juegos Olímpicos.

Además, en la competición también participará Ayala Kerem, una atleta patrocinada por el grupo Shikun & Binui. Según la Juristas por Palestina, se trata de una “empresa incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades empresariales en asentamientos ilegales por su implicación en la construcción de la barrera perimetral de Gaza y de infraestructuras de expansión de los asentamientos en Cisjordania”.

“El campeonato se celebra apenas días después de que un rocódromo de Bruselas (Le Camp de Base) haya renunciado a albergar la final de la Copa de Europa juvenil por la participación israelí. La negativa de la Federación israelí a llevar una camiseta neutral supuso la cancelación del evento”, añade la Plataforma.

A pesar de que España haya reconocido al Estado de Palestina y se haya posicionado en contra de Israel en diferentes ocasiones –interviniendo formalmente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por genocidio; aprobando el Real Decreto-ley 10/2025 contra el genocidio en Palestina; retirando a su embajadora en Israel; o no participando en la última edición de Eurovisión–, esa oposición todavía no se ha trasladado al ámbito deportivo.

“La falta de instrucciones concretas relativas al ámbito deportivo, dejando que la federación de Israel participe en la Copa del Mundo de escalada supone una contradicción con esa postura y además, es contraria al artículo 81.2 de la Ley 39/2022 del Deporte que exige que las competiciones internacionales en España se celebren en coherencia con la política exterior”, recuerda la Plataforma.

“Excluir a las federaciones de un Estado al que organismos y mandatos de Naciones Unidas atribuyen actos de genocidio, un sistema de apartheid, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario es una obligación que vincula a España, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Alcobendas y a las federaciones deportivas españolas, con independencia de la postura del Comité Olímpico Internacional. La pasividad institucional equivale a complicidad”, agregan.

Juristas por Palestina sostiene que "la vulneración del Derecho internacional por parte del Estado de Israel es flagrante y manifiesta" y que las obligaciones derivadas de esa situación "incumben a todas las administraciones implicadas, sin que ninguna pueda escudarse en su falta de competencia".

"Por ello, reiteramos nuestra solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que, en el ejercicio de sus competencias en acción exterior y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, dicte instrucción al Consejo Superior de Deportes y comunique formalmente a los organizadores la incompatibilidad de la participación de Israel en las condiciones previstas", reclama la plataforma.

"Solicitamos asimismo la creación de un mecanismo que permita valorar de forma anticipada eventos deportivos internacionales con participación de federaciones y atletas vinculados a graves vulneraciones del Derecho Internacional, como ocurre con Israel", concluyen.

Además de Juristas por Palestina, otras organizaciones y colectivos deportivos de toda España han pedido el veto a Israel en este evento. Climbers for Palestine Spain y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel lanzaron el pasado 10 de abril una campaña para que los deportistas israelíes no participen en la Copa del Mundo de escalada.

Una campaña a la que se han unido otras organizaciones, desde pequeños clubes deportivos y asociaciones vecinales y estudiantiles como la Red Universitaria por Palestina; pasando por agrupaciones deportivas como Bulder Queen, Girls on the Wall, Monkey Fingers y Rock and Rocks Pedriza; hasta el Sindicato de Inquilinas, Más Madrid, Marea Palestina, Ecologistas en Acción, CGT, Asambleas 8M y la Asociación Hispano Palestina Jerusalén.