Hay comunidades donde los medios son el poder, o cuando menos, una pieza indisociable de él. Castilla y León es un buen ejemplo de ello. Este domingo, cuando sus ciudadanos acudan a las urnas, lo harán después de haber sido informados, durante años, por un ecosistema mediático cuya estructura de propiedad, cuyas fuentes de financiación y cuyos vínculos con la política regional constituyen uno de los casos más reveladores —y más perturbadores— del estado de la libertad de prensa en España.

El mapa es tan singular que merece ser contemplado en toda su crudeza. La comunidad más extensa del país, con nueve provincias y una dispersión geográfica que convierte el acceso a la información en un reto estructural, carece de televisión pública propia. En su lugar, desde 2009, el servicio lo presta Radiotelevisión Castilla y León S.A. (RTVCyL), una empresa privada cuya propiedad se reparte al 50% entre dos grupos empresariales: Promecal, de Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, vinculado a la familia del constructor José Luis Ulibarri. Dos rivales que comparten negocio. Dos socios que, más allá de la televisión, dominan el grueso de la prensa escrita y la radio local de la región.

Para entender cómo llegó Castilla y León a este modelo insólito, hay que retroceder al año 2009. El entonces presidente regional, Juan Vicente Herrera, quiso poner en marcha una televisión autonómica en plena gran recesión, pero decidió externalizar completamente su gestión al sector privado. El problema era que los dos grandes grupos mediáticos de la comunidad —Promecal y Edigrup— se disputaban ferozmente la concesión. La solución fue salomónica: obligarles a compartir el pastel al cincuenta por ciento. Así nació una empresa que es privada en su titularidad, pero pública en su función y en gran parte de su financiación.

Las biografías de sus propietarios añaden una dimensión inquietante al análisis. José Luis Ulibarri fue condenado en 2022 por la Audiencia Nacional en la causa Gürtel Boadilla, acumulando penas por prevaricación, fraude a la administración pública, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Colaboró con la justicia para evitar una condena inicial de siete años.

Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado en 1994 por corrupción urbanística a siete años de prisión —de los que cumplió apenas nueve meses— y doce de inhabilitación. Dos empresarios con condenas por corrupción son, en 2025, los gestores del servicio público audiovisual de una de las comunidades más grandes de España. Y cada año reciben, solo en concepto de subvención para RCyLTV, más de 21 millones de euros de dinero público a pesar de que el promedio de audiencia de sus dos canales es ridículamente bajo.

El flujo de fondos públicos hacia estos grupos no se limita a la televisión. La Junta de Castilla y León destinó 19,4 millones de euros en publicidad institucional en 2023. Sumados a los más de 21 millones de la subvención a RTVCyL, el dinero de todos que alimenta directamente el ecosistema mediático controlado por Méndez Pozo y Ulibarri supera los 40 millones de euros anuales.

Una cifra disparatada que pone de relieve lo que los estudiosos del fenómeno denominan “captura de medios”: la conversión de los grupos de comunicación en instrumentos al servicio de intereses políticos y empresariales, más que en contrapoderes independientes. Porque ese dinero condiciona lo que publican las cabeceras, de papel y digitales, de los dos empresarios que controlan la televisión autonómica.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detectó que el 60% del gasto en publicidad institucional de la Junta se concentra en la prensa de papel, precisamente el soporte que más audiencia pierde. Para la AIReF, esto equivale a una subvención encubierta destinada a sostener estructuras empresariales a cambio de coberturas favorables. Es el diagnóstico de un organismo oficial que cuantifica la deformación del mercado mediático regional.

Los partidos de la oposición llevan años denunciando lo que consideran una orientación sistemáticamente favorable al PP en los informativos . El PSOE y Ciudadanos apuntan al sesgo en la cobertura del Gobierno regional; Unidas Podemos y Soria ¡Ya! añaden que la cadena blanquea a Vox y sobrerrepresenta a Valladolid en detrimento del resto de provincias.

Sin embargo, y esto es significativo, no constan denuncias de manipulación por parte de los propios periodistas de la cadena. Sus movilizaciones han sido por razones laborales —los sueldos son bajos—, no por presiones editoriales. El Colegio de Periodistas de Castilla y León nunca ha firmado un pronunciamiento sobre la dependencia política de CyLTV.

En junio de 2025, sin embargo, algo amenazó con poner patas arriba el tablero. Los partidos de la oposición en las Cortes autonómicas —PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos— lograron imponer a la Junta de Alfonso Fernández Mañueco una reforma de la Ley de Publicidad Institucional que ha levantado una polvareda sin precedentes en el sector. La medida estrella de la norma establece que ningún medio podrá recibir de la Junta más del 33% de su facturación anual en concepto de publicidad institucional. Se añade, además, un artículo que excluye de estos fondos a los medios que hayan sido objeto de condenas reiteradas en sentencia firme.

La reacción del sector fue inmediata y contundente. Una plataforma que agrupa a 29 empresas periodísticas y 33 medios de la comunidad —una cifra abultada, pero fácil de reunir a través de los dos grandes grupos hegemónicos— ha impugnado la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitando su suspensión cautelar.

Se apoyan en un dictamen del Consejo Consultivo —elaborado a petición de la propia Junta, que se resiste a aplicar la ley— según el cual la norma invade competencias estatales al fijar límites en la contratación y prohibiciones a la hora de percibir fondos públicos. El Colegio de Periodistas, por su parte, advierte de que la ley ya ha provocado los primeros despidos en algunos medios y que, de no modificarse, podría abocar al cierre a numerosas cabeceras muy dependientes de los ingresos institucionales.

La paradoja es reveladora. Una ley pensada para limitar la captura de medios es impugnada por los propios medios. Y el argumento más potente para defenderla —la necesidad de que el dinero público no sirva para comprar cobertura favorable— choca con la realidad de que muchos pequeños medios locales han construido su modelo de negocio sobre esa dependencia. La reforma toca un nudo gordiano: si se aplica, puede limpiar el sistema, pero destruir parte de su tejido; si no se aplica, el statu quo de la captura mediática se perpetúa.

Todo este entramado cobra especial dimensión cuando se analiza cómo consumen información los ciudadanos de Castilla y León, especialmente en el contexto electoral. Uno de los territorios por excelencia de la España vaciada, lo que signidficia dispersión, envejecimiento y muchos municipios de menos de mil habitantes.

En el ámbito digital, el Diario de León (Edigrup) se ha consolidado como el periódico más leído de la comunidad con 64.000 lectores diarios, superando al histórico El Norte de Castilla (Vocento), con 62.000. En el universo online, las cifras del Diario de León alcanzan los diez millones de páginas vistas mensuales. La televisión regional —CyLTV— tiene una penetración del 79,3%, pero su audiencia efectiva es "residual", con cuotas que rondan el 1,1% para La 7 y el 0,7% para La 8. Un medio con tan escasa audiencia acapara más de 21 millones de euros anuales de financiación pública.

Aquí son las cadenas estatales las que lo dominan todo. Manda la conservadora Antena 3, con datos extraordinarios, en particular en los espacios informativos, tan importantes para dominar el debate político. Le sigue La 1 de TVE, aunque a cierta distancia todavía.

Pero la fotografía más preocupante llega cuando se analiza la brecha entre el mundo urbano y rural. En los municipios de menos de 5.000 habitantes —que en Castilla y León representan la mayoría del territorio, aunque no de la población—, el acceso a internet es un 10% inferior a la media nacional. La desigualdad es especialmente drástica en redes profesionales: el acceso a LinkedIn es un 38% menor en el mundo rural. Un 35,5% de la población rural asegura no consumir nunca vídeos en línea.

En ese contexto, la radio y la televisión siguen siendo los pilares informativos y de cohesión social de la España interior. Y la radio, cuyo mercado está dominado por las cadenas nacionales SER, COPE y Onda Cero a través de desconexiones locales gestionadas precisamente mediante acuerdos con Promecal y Edigrup, cierra el círculo de un ecosistema mediático donde los dos mismos grupos empresariales están presentes en todos los soportes relevantes.

Hay, sin embargo, una presión externa que puede forzar una transformación que la política regional no ha sido capaz de impulsar desde dentro. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), cuyo plazo de cumplimiento venció en agosto de 2025, introduce un concepto que dinamita el escudo jurídico de CyLTV: el de "proveedor de servicios de comunicación social de servicio público". La definición no atiende a quién es el propietario, sino a qué función cumple el medio y cómo se financia.

CyLTV cumple ambos criterios: tiene encomendada una misión de servicio público mediante contrato con la Junta y recibe financiación pública para cumplirla. Por tanto, le es de aplicación el reglamento europeo en todos sus apartados.

Esto implica, entre otras cosas, que la financiación deberá dejar de ser una subvención anual —que puede usarse como palanca de presión política— para convertirse en un modelo plurianual basado en criterios claros y transparentes. Que los nombramientos de directivos tendrán que realizarse mediante procedimientos abiertos y no discriminatorios. Que la estructura de propiedad deberá hacerse pública con detalle de los beneficiarios finales.

En la práctica, esto supondría sacar a la luz el verdadero alcance del dinero público que fluye hacia las empresas de Ulibarri y Méndez Pozo. Y obligaría a proteger la independencia de los periodistas mediante estatutos de redacción y consejos de redacción efectivos, al margen de los intereses de la propiedad y del Gobierno regional.

Este domingo, los ciudadanos de Castilla y León votan con toda esta arquitectura invisible de fondo. La información que les ha llegado durante la campaña ha transitado por canales cuya independencia es, como mínimo, discutible. Los principales prescriptores de la agenda política son medios que dependen financieramente de la Junta, que son propiedad de empresarios con condenas judiciales y que operan en un entorno regulatorio que se debate entre la reforma y la impugnación.

No es un problema exclusivo de Castilla y León —la captura mediática tiene expresiones en muchas comunidades autónomas— pero sí es en esta región donde el modelo alcanza una forma más cristalina y más extrema: una televisión autonómica privada, gestionada por dos condenados por corrupción, subvencionada con más de 21 millones de euros anuales sin un control parlamentario efectivo, con informativos acusados de sesgo sistemático y sin que los propios periodistas que trabajan en ella hayan elevado queja alguna por presiones editoriales.

Conviene recordar que el silencio de los periodistas no es necesariamente garantía de independencia. Puede ser también la señal más elocuente de hasta dónde llega la normalización de lo que, en cualquier democracia mediática sana, sería considerado inaceptable. La reforma llegará, quizás, de la mano de Bruselas. Lo que no llegará sola es la rendición de cuentas sobre lo que ha sucedido durante décadas en el ecosistema mediático de la comunidad más grande de España.

Por primera vez, alguien invoca ante la justicia la violación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y en vigor desde 2025. Un texto legal que, en España, casi nadie está cumpliendo. Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la primera demanda presentada en nuestro país basada en la EMFA. Una iniciativa que abre un frente judicial inédito que, en teoría, puede redefinir las reglas del juego en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas.

La historia que ha llevado a los tribunales valencianos a tantear este territorio inexplorado tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático: un cambio de gobierno, una reforma legislativa exprés, unos mandatos interrumpidos sin justificación y, sobre todo, una nueva herramienta legal europea cuya eficacia real está aún por demostrar. 

Miquel Francés, expresidente del desaparecido Consejo Rector de la corporación que regula los medios públicos valencianos, junto con los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, han decidido plantar cara a lo que consideran un cese de facto inmotivado, amparado en una ley que, según su lectura, vulnera de raíz las salvaguardas que Bruselas ha establecido para blindar a los medios públicos frente a las interferencias políticas. Los tres accedieron en su día a estos puestos en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

La cronología de los hechos dibuja un patrón conocido. Tras el vuelco electoral de mayo de 2023 en la Comunitat Valenciana, la nueva mayoría parlamentaria (PP y Vox) aprobó la Ley 2/2024, que suprimió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y creó en su lugar la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) con el único objetivo de someterla al control del Ejecutivo. En apariencia era un simple cambio de estructura corporativa. En la práctica, una vía para resetear el órgano de gobierno del ente público sin tener que esperar al fin natural de los mandatos vigentes. 

Los tres recurrentes ostentaban cargos con plazo de expiración fijado para el 15 de abril de 2029, es decir, con casi cuatro años por delante. Pero, desde el 11 de marzo de 2025, dejaron de ser convocados. Si la demanda es atendida, los tres tendrán que ser convocados a las reuniones del consejo de administración de la nueva corporación, el primero en calidad de presidente, hasta la finalización de sus mandatos en 2029.

Este tipo de operaciones a medida no es una novedad en el panorama mediático autonómico español. A lo largo de los últimos años, las radiotelevisiones públicas han funcionado en muchos territorios como botín político, con consejos de administración renovados al compás de los cambios electorales mediante reformas legislativas que permitían eludir la continuidad de los órganos de gestión. 

La novedad, esta vez, es que existe un instrumento jurídico europeo que puede frenar estas prácticas. El Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA, entró en vigor el 8 de agosto de 2025 y tiene aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. Es decir, desde esa fecha, cualquier decisión sobre la gobernanza de un medio público en España debe ajustarse a sus exigencias.

El núcleo de la demanda presentada ante el TSJCV se centra en el artículo 5.2 del Reglamento, que establece un conjunto de garantías diseñadas específicamente para evitar que los gobiernos puedan controlar a los medios públicos a través del nombramiento y cese de sus directivos. 

La norma europea es clara: los mandatos de los responsables de los medios de servicio público deben tener una duración suficiente para garantizar su independencia efectiva. Además, solo pueden ser cesados antes de que expire su periodo de forma excepcional, por no cumplir ya las condiciones profesionales requeridas, y nunca por razones políticas o por cambios legislativos instrumentales. Por último, cualquier decisión de destitución debe estar debidamente justificada, notificada previamente y sujeta a revisión judicial.

Los demandantes argumentan que la ley valenciana ha buscado precisamente lo que el reglamento europeo pretende impedir: acortar mecánicamente los mandatos mediante una reforma estructural que, bajo la apariencia de modernización corporativa, permite renovar el órgano de gobierno sin justificación profesional alguna y sin control judicial previo. 

En su recurso, los demandantes solicitan tres cosas: la anulación de la exclusión de sus cargos en el nuevo consejo de administración, su reposición inmediata como presidente y vocales hasta el fin de su mandato original en 2029, y el abono de las dietas y salarios dejados de percibir desde que fueron apartados.

La Sala Cuarta del TSJCV, al admitir la demanda a trámite, ha emplazado a la Generalitat Valenciana a contestar en un plazo de veinte días. Es solo un trámite procesal, pero también un hito simbólico: por primera vez en España, un tribunal examina si una reforma autonómica sobre un medio público vulnera las nuevas salvaguardas europeas. La decisión que se tome en València puede sentar jurisprudencia y condicionar la manera en que otras comunidades autónomas gestionan sus entes audiovisuales.

El caso se produce, además, en un contexto de preocupación por la deriva de À Punt. Desde el cambio de gobierno, se han denunciado decisiones como el intento de restringir las funciones del Consejo de Informativos, el desmantelamiento de servicios de documentación y un descenso en los contenidos en valenciano, elementos todos ellos que han generado inquietud entre profesionales y observadores del sector. La cuestión de fondo no es solo quién gobierna el medio, sino cómo se gobierna y con qué garantías de independencia editorial y funcional.

La EMFA representa, en efecto, un cambio de paradigma. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se introduce una regulación sustantiva sobre el funcionamiento de los medios de servicio público. Hasta ahora, su independencia era un principio reconocido en diversas directivas y recomendaciones, pero sin la fuerza vinculante de un reglamento. Con la EMFA, la independencia de los medios públicos se eleva a la categoría de requisito de cumplimiento de la legislación de la Unión, lo que permite un control judicial más estricto sobre las estructuras de gobernanza nacionales.

Las consecuencias prácticas de esta norma son de largo alcance. En primer lugar, establece un blindaje efectivo contra los ceses políticos. Los directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos ya no pueden ser destituidos al albur de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias. Solo caben destituciones excepcionales, por causas profesionales tasadas de antemano, y siempre con posibilidad de revisión judicial. 

En segundo lugar, la EMFA exige la aprobación de una financiación estable para los medios públicos. Los Estados miembros deben asegurar recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles, preferiblemente decididos de forma plurianual, para evitar que el presupuesto se convierta en un instrumento de presión política.

El Reglamento refuerza, en tercer lugar, la independencia editorial y funcional. Los medios públicos tienen la obligación legal de proporcionar información e ideas de manera imparcial y plural. Una manera de garantizar eso es la creación de órganos independientes de representación de los trabajadores, como los consejos de informativos que la actual corporación está intentando ahora mismo limitar. 

Y, en cuarto lugar, cada Estado debe designar una autoridad u organismo independiente, libre de influencia gubernamental, para supervisar el cumplimiento de estas salvaguardias. En España, ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo representante, de hecho, presidió en 2025 el nuevo regulador europeo, conocido como Media Board, el organismo encargado de coordinar la aplicación de la EMFA en toda la Unión. Y, a escala valenciana, en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la corporación de medios públicos autonómicos y el modo en que la regulación vigente incumple lo dispuesto en el reglamento europeo.

Los cambios que la EMFA impone a la regulación española son significativos. Al ser un reglamento, tiene efecto directo y es vinculante desde su entrada en vigor, lo que obliga a España a ajustar cualquier ley interna contradictoria. Pero ningún gobierno —ni los autonómicos ni el central— lo está haciendo.

La práctica de suprimir entes públicos para crear otros nuevos con el fin de renovar sus consejos queda bajo escrutinio judicial europeo. Se espera que la regulación española deba garantizar la inamovilidad de los consejeros incluso frente a cambios estructurales de los entes, si estos mantienen las mismas funciones. Las decisiones de destitución en medios públicos españoles deberán incluir obligatoriamente la posibilidad de control judicial, permitiendo que los cesados recurran si consideran que no hay una justificación profesional válida según criterios establecidos previamente.

El caso de À Punt es, en este sentido, una prueba de fuego. Si el TSJCV concluye que la reforma valenciana vulnera el reglamento europeo y ordena la reposición de los consejeros cesados, habrá sentado un precedente que puede disuadir a otras comunidades autónomas de intentar maniobras similares. Si, por el contrario, avala la legalidad de la operación, habrá abierto una vía para eludir las salvaguardas europeas mediante cambios corporativos formales que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo político: controlar el mensaje del medio público.

No habrá, en todo caso, una respuesta rápida. El trámite contencioso-administrativo puede demorarse varios años. Y después, cualquiera de las dos partes puede recurrir al Constitucional.

Pero lo que está en juego va más allá de tres cargos institucionales. Lo que se dirime en los tribunales valencianos es si Europa puede efectivamente proteger a los medios públicos de la captura política o si las viejas prácticas nacionales y autonómicas encontrarán siempre un resquicio legal para perpetuarse. 

Antena 3 se mantiene como la cadena líder de audiencias en enero, con un 12,9% de cuota de pantalla por 17 meses consecutivos, mientras que La 1, cada vez más cerca, alcanza un 12,2% con su mejor enero de los últimos catorce años. El tercer lugar es para las autonómicas con un 8,7%, según informa EFE.

Según el informe mensual de enero del comportamiento de los espectadores en televisión de Barlovento Comunicación publicado este domingo, el cuarto puesto es para Telecinco con un 8,5%; el quinto para Cuatro con 6,1%, mientras que La Sexta ocupa el sexto lugar con un 6%.

Los informativos diarios de Antena 3 son los más vistos en España con 2.178.000 de audiencia media y 19,8% de cuota de pantalla, en el promedio de las ediciones de sobremesa y noche de lunes a domingo por 6 años y 1 mes consecutivos.

La emisión más vista corresponde al partido de fútbol de la Copa del Rey entre el Albacete y Real Madrid con 3.519.000 de audiencia media y 25,6% de cuota de pantalla. En este mismo partido también se produjo el minuto de oro del mes con una audiencia de 4.333.000 espectadores.

Según el informe, en enero, se detectaron 44,2 millones de espectadores únicos acumulados, lo que representa el 92,9% de la población de España. De hecho, 27,8 millones de españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 58,8% de la población.

Por otro lado, se registran 3.221.000 telefóbicos, es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, esto supone el 7,1% de la población de España.

El tiempo de consumo de televisión tradicional por espectador al día es de 297 minutos, disminuye dos minutos con respecto al año anterior. Sin embargo, el tiempo del consumo híbrido -otros consumos audiovisuales- es de 62 minutos por persona al día, siete minutos más con respecto a enero de 2025.

Esta modalidad de consumo representa el 26% del total del uso del televisor en España y se compone de Internet con 56 minutos; Play (reproduciones de contenidos grabados) con 4 minutos; y Otros en los que tienes cabida videojuegos y radio con 3 minutos.

El tiempo total de uso del televisor, tradicional más híbrido, es de 237 minutos por persona al día, dos minutos más con respecto a enero de 2025 y de 358 minutos por espectador al día, tres minutos más que el año anterior.

Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión son: por sexos, las mujeres 185 minutos y, por cortes de edad, las personas de 64 a 74 años lo hacen 342 minutos, mientras que los mayores de 74 años alcanzan hasta los 368 minutos.

Respecto a las cadenas autonómicas, TV3 encabeza el clasificación con 15,1% de cuota de pantalla. Le sigue Aragón TV (12,6%), ETB2 (9,5%), Canal Sur (9,1%), TVG (8,3%), TVCAN (7,4%), Canal Extremadura TV (5,9%), CMM (5,7%), IB3 (5,2%) y TeleMadrid (4,9%).

El número de espectadores únicos en el mes de las cadenas autonómicas es de 28.884.000, una cobertura del 60,7% de la población nacional.

El conjunto de temáticas de pago consiguieron el 12,4% de cuota de cuota de pantalla y el número de espectadores fue de 22.429.000 siendo las más vista LaLiga TV por M+ (0,7 %), después Dazn LaLiga (0,5%) y Movistar Plus+ (0,3%).

El grupo privado de comunicación Henneo, levantado en torno al hegemónico Heraldo de Aragón, será al menos durante tres años más quien controle la información y realice los programas de actualidad, entretenimiento y deportes que la televisión pública regional, Aragón TV, ofrezca a los ciudadanos de esta comunidad. Con opción a dos años y nueve meses más de prórroga automática sin concurso.

La entrada en vigor de estos contratos, por un valor conjunto de 67,4 millones de euros, ha tenido lugar en pleno periodo electoral —Aragón vota el próximo 8 de febrero—. Sin embargo, las adjudicaciones tuvieron lugar el año pasado, antes de que el presidente regional, Jorge Azcón (PP), decidiese adelantar la convocatoria.

Por volumen, estos contratos consumirán en torno al 40,6% de todo presupuesto de la radio y la televisión aragonesa a lo largo de tres años.

De hecho, aunque el PP le ha dado continuidad, el modelo de televisión pública de contenidos privatizados fue puesto en marcha por el PSOE. Y, en ambos casos, el gran beneficiario ha sido el grupo propietario de Heraldo de Aragón, el diario más influyente de la comunidad, lo que en la práctica ha garantizado a sus dueños una influencia mediática sin parangón.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la entidad de la que dependen Aragón TV y Aragón Radio, siempre ha estado bajo control gubernamental: sus órganos rectores —el consejo de administración y la dirección general— se eligen por mayoría absoluta del parlamento regional —las Cortes de Aragón–, la misma que elige al Gobierno autonómico.

En la actualidad, el consejo tiene mayoría de PP y Vox, y su directora general es Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejo del Ejecutivo de Azcón. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo, el mismo que acaba de recibir el contrato millonario con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Las empresas del grupo que han obtenido las adjudicaciones son Factoría Plural SL, Chip Audiovisual SA y Global Studio News SL. La primera tendrá en sus manos la “elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales bajo la iniciativa, encargo y supervisión de Televisión Autonómica de Aragón, destinados a integrarse en su parrilla de programación, en sus canales de difusión y en sus plataformas digitales”. Esta empresa se hizo con el contrato por 30.085.263,32 euros, IVA incluido, sin tener siquiera que competir con otra oferta, según los datos recogidos por el Portal de la Contratación.

Chip Audiovisual SA obtuvo, por su parte, la adjudicación para la “elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos informativos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales”. Lo consiguió por 26.604.314,67 euros, IVA incluido, imponiéndose en este caso a una empresa del grupo Prensa Ibérica, propietario de El Periódico de Aragón y controlado por el empresario Javier Moll.

La tercera empresa de Henneo beneficiada por estas adjudicaciones es Global Studio News SL. En este caso, obtuvo el contrato de elaboración de “contenidos para la producción de los distintos programas y formatos deportivos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón, de Radio Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales” por un total de 10.761.278,68 euros, IVA incluido. En este caso, su oferta se impuso a la del grupo Séptima Media, presidido por Alejandro Samanes Prat, según fuentes del grupo aragonés.

La adjudicación de estas tareas a empresas del grupo da continuidad al dominio prácticamente absoluto del ecosistema mediático aragonés que desde hace décadas ha venido ejerciendo Heraldo de Aragón y que en los últimos años se ha ido expandiendo gracias a la influencia de otras empresas de comunicación, de producción audiovisual y de servicios tecnológicos.

Henneo ya es uno de los grupos de comunicación y tecnología más importantes de España, con el Heraldo de Aragón, diario fundado en 1895, como pieza nuclear. A partir de ese buque insignia, la compañía ha desarrollado un vasto ecosistema mediático que integra medios de ámbito nacional, económico y regional, producción audiovisual, servicios de publicidad y plataformas tecnológicas. Entre sus principales medios figuran 20minutos —uno de los diarios digitales más leídos de España—, el económico La Información y publicaciones especializadas como Cinemanía, además de Heraldo de Aragón y el Diario del Alto Aragón.

Fuentes del grupo consultadas por infoLibre subrayan que Factoría Plural, la encargada de realizar los programas de Aragón TV, “es la tercera productora en horas de producción de España y trabaja, además de en Aragón, para las televisiones autonómicas de Extremadura y Madrid. Anteriormente, también lo hizo en Valencia y tiene proyectos en RTVE, en HBO y en otras plataformas y cadenas nacionales”.

De lo que no hay duda es de que Aragón TV cuenta con el respaldo de la audiencia. Cerró 2025 con un 12,2 % de cuota de pantalla, el mejor resultado de los 19 años de historia de la cadena, solo por detrás de Antena 3. De hecho, es la televisión autonómica pública con mejor desempeño, solo por detrás de la catalana TV3 y muy por encima de Telemadrid, la gallega TVG, La 7 de Murcia, la valenciana À Punt o Canal Extremadura.

Sus informativos, que también elabora Henneo a través de Chip Audiovisual SA, registran cifras que refuerzan su capacidad de influir en la opinión pública: las dos ediciones de Aragón Noticias promediaron en 2025 un 23% y lograron aventajar a la segunda opción en un punto (Antena 3, 22%), muy por encima de sus demás rivales.

Además de su actividad editorial, Henneo ha impulsado una importante diversificación empresarial que la sitúa en varios segmentos estratégicos del sector. Su plataforma publicitaria Alayans integra servicios de comercialización y análisis de datos que gestionan campañas tanto para medios propios como externos. 

La consultora tecnológica Hiberus, vinculada al grupo, ha consolidado a Henneo en el campo de la transformación digital y la tecnología aplicada al periodismo, con una plantilla que supera los 4.500 trabajadores y una expansión internacional en sectores de desarrollo de software y big data. Esta empresa acaba de firmar un acuerdo con Telefónica Tech para la adquisición de los negocios de esta filial de la operadora de telecomunicaciones Telefónica en Colombia, México y Chile.

Henneo declara un crecimiento sostenido: en 2024, el grupo registró un aumento del 22,3% en su cifra de negocio, superando los 297 millones de euros, y reforzando su presencia en los mercados audiovisual, tecnológico y publicitario.

La influencia del grupo tiene una dimensión tanto regional como nacional. En Aragón, Heraldo de Aragón y sus medios asociados son referentes informativos con una penetración que, según estimaciones del propio grupo, alcanza al 90% de la audiencia de la comunidad autónoma. Esta posición ha convertido a Henneo en un actor central en la configuración del panorama mediático aragonés, donde sus contenidos tienen un impacto significativo en la opinión pública y en el debate local sobre política, sociedad y economía. 

A nivel nacional, cabeceras como 20minutos y La Información contribuyen a su visibilidad y alcance, situando al grupo entre los principales editores de noticias digitales en España y otorgándole capacidad de influencia en la conversación mediática sobre asuntos de interés general.

El propietario mayoritario del grupo son los miembros de la cuarta y quinta generación de la familia De Yarza, tradicionalmente vinculada a Heraldo de Aragón, que mantiene el control del capital junto a Ibercaja Banco.

Pero el grupo no publica la actual distribución de la propiedad, pese a que así lo ordena desde febrero de 2025 el Reglamento Europeo de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). No obstante, en la estructura de gestión figuran destacados miembros de esa familia, como Fernando de Yarza López-Madrazo, en calidad de presidente, e Íñigo de Yarza López-Madrazo, consejero delegado.

Una vez más, Extremadura se dispone a votar en unas elecciones sin que la relación económica entre sus instituciones —en particular las que dependen de la Junta autonómica— y los medios de comunicación se rija mediante normas transparentes, objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Un problema que, en el caso de una comunidad cuya debilidad estructural es un mercado con baja densidad de población y un tejido empresarial privado débil, provoca que la “tarta publicitaria” privada sea muy pequeña y convierte al sector público (Junta, diputaciones y ayuntamientos) en la piedra angular de la supervivencia económica de la mayoría de los medios.

La televisión, como en el resto del país, sigue siendo el medio mayoritario a través del cual los ciudadanos extremeños obtienen su información. A diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, donde las cifras son muy apretadas, en Extremadura La 1 de RTVE es líder de audiencia con un 15,4% de cuota, más de tres puntos por encima del dato de la cadena a nivel nacional (12,3%). Aventaja a su competidor más cercano (Antena 3) en 1,3 puntos, según datos de Kantar Media del mes de octubre.

Sus principales informativos lideran también. Extremadura elige La 1 para enterarse de la actualidad informativa y en la sobremesa eligen alguno de los informativos territoriales: Noticias de Extremadura 1 (con un espectacular 20,8%) y Noticias de Extremadura 2 (17%) lideran con la actualidad de esta comunidad.

Los telediarios también lideran. El Matinal, con Álex Barreiro y Lorena Baeza, lo hace con un 31%; la primera edición, con Alejandra Herranz, con un 23%; y en el fin de semana, con Marc Sala y Lourdes Maldonado, con un 21,5%. La segunda edición lidera en el fin de semana con un 18,8%. El TD 2, con Pepa Bueno, se sitúa en el 17,4%.

El panorama audiovisual se completa con la oferta de las privadas (en particular Antena 3, en manos del Grupo Planeta) que, aunque no tiene programación específica para la comunidad, sí ofrece informativos que abordan la actualidad política en España y en Extremadura. Hay, además, un canal autonómico (Canal Extremadura TV) con cuotas de audiencia mucho más modestas (entre el 5% y el 6%), cuyo peso cualitativo es mayor que el cuantitativo. Diversas fuentes lo consideran la referencia informativa primaria en el mundo rural y para el público mayor de 55 años, además de ser, políticamente, el escaparate más importante para la Junta que preside María Guardiola (PP).

A este reparto de la audiencia es a lo que RTVE ha apelado, sin éxito, para tratar de convencer al PP de que su candidata acuda al debate electoral que ha organizado para el próximo 18 de diciembre y al que sí acudirán los demás aspirantes: PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. El programa se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para la comunidad, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, rtve.es y la plataforma gratuita RTVE Play (la señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten).

El mercado de prensa escrita en Extremadura sigue siendo un duopolio clásico con una clara división territorial, aunque ambos luchan por la hegemonía regional digital. Por un lado, el diario Hoy (propiedad del Grupo Vocento, dueño a su vez de Abc y cuyo mayor accionista es el inversor Francisco García Paramés), líder indiscutible en la provincia de Badajoz. Se le considera el diario de referencia por penetración y capilaridad, con una versión digital de las más leídas de la región.

Del otro lado está El Periódico Extremadura (Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll). Es una cabecera que históricamente ha sido fuerte en la provincia de Cáceres, en particular en Mérida, la capital autonómica.

Existen, además, medios digitales sin versión en papel cuya audiencia es más difícil de medir y cuya influencia real está a menudo vinculada a sus vínculos con cabeceras estatales más potentes. Es el caso de Región Digital, Extremadura 7 Días o elDiario.es – Extremadura.

La radio convencional sigue siendo de gran importancia en las áreas rurales, pero su penetración está por debajo de la media española, según datos de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC).

El liderazgo en la región está en manos de COPE, la emisora propiedad de los obispos, muy cercana al PP y a Vox, con cifras en torno a los 114.000 oyentes diarios. Ha mantenido una posición muy fuerte en la comunidad, especialmente impulsada por sus programas de mañana y mediodía. Cadena SER Extremadura se mantiene como la otra gran referencia, disputando el primer puesto muy de cerca. Onda Cero ocupa el tercer lugar del podio, seguida de Canal Extremadura Radio, la emisora pública.

La clave del ecosistema mediático extremeño es que, a diferencia de Madrid o Cataluña, donde grandes empresas (bancos, energéticas o compañías de telecomunicaciones) invierten millones en publicidad, en Extremadura hay pocas empresas privadas con músculo para sostener con publicidad un periódico o una emisora de televisión. Eso convierte al sector público, con diferencia, en el mayor anunciante de la región, con la Junta de Extremadura como principal protagonista, pero sin olvidar a las diputaciones de Badajoz y Cáceres —que inyectan dinero a través de convenios de promoción turística o cultural— y a los principales ayuntamientos (Badajoz, Cáceres y Mérida).

Las cifras corroboran la importancia de los fondos públicos que fluyen desde la Junta hacia los medios. La presidenta es quien controla casi la mitad de la publicidad que se financia con dinero público autonómico y que en 2024 superó los 5,4 millones de euros (5,1 para el presente año).

Ese dinero no se reparte con criterios objetivos. La propia Guardiola, en un debate en la Asamblea, llegó a justificar, en nombre del “pluralismo”, la inversión publicitaria que la Junta hace en medios de comunicación nacionales “condenados por difamar, calumniar y desinformar”.

El retroceso alarmante que sufren los medios públicos en España ya es una constatación en Europa. La erosión de la independencia editorial se ha acelerado en el último año, con especial incidencia en las radiodifusoras autonómicas, lo que contrasta con el liderazgo que Europa mantiene en materia de autonomía mediática pública. Esta es una de las principales conclusiones del State Media Monitor 2025, que refleja que “la pérdida de autonomía no es un fenómeno aislado, sino un patrón vinculado a la creciente instrumentalización política” de los organismos de radiodifusión.

El deterioro más evidente, en el caso español, se observa en las comunidades autónomas. De los 15 medios públicos examinados en el informe, ocho están ahora clasificados como medios controlados, frente a solo uno en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP —y a veces de Vox— el control de las emisoras autonómicas. Es una categoría que señala subordinación total a las autoridades estatales, convirtiendo a los medios en vehículos de propaganda con mínima autonomía editorial. La rapidez de este giro, aseguran los autores del estudio, evidencia un incremento preocupante en la captura política de los medios públicos autonómicos.

Los casos más recientes subrayan esta tendencia. El Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) y la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) fueron degradados a categoría de medio público “controlado” por los Gobiernos de sus comunidades autónomas respectivas tras haber estado previamente clasificadas como medios públicos que se encontraban en un punto intermedio, con independencia editorial a pesar de estar fuertemente vinculados a los Ejecutivos. Estos cambios se produjeron después de un aumento significativo del control sobre las operaciones editoriales por parte de los Gobiernos autonómicos respectivos.

El factor político, subraya el State Media Monitor 2025, es central. Gran parte de este control estatal ha sido impulsado por las Administraciones conservadoras del Partido Popular, que han reforzado la supervisión editorial y politizado aún más los medios autonómicos, limitando su capacidad de actuar como instituciones independientes. Esta dinámica se suma a los retrocesos de 2024, cuando la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Radio Televisión Canaria (RTVC) y Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) fueron clasificados como medios públicos “controlados”.

La excepción, casi anecdótica, es Radio Televisión Ceuta (RTVCE), que recupera la categoría intermedia, revirtiendo su degradación de 2024. Sin embargo, este caso apenas matiza la tendencia general.

La erosión de la autonomía editorial no solo debilita la confianza pública en los medios autonómicos, sino que, según este estudio, contribuye a una fragmentación creciente del ecosistema mediático español, haciéndolo más vulnerable a la politización que en cualquier otro momento de la última década.

El Estudio Global 2025 del Monitor de Medios Estatales (Media and Journalism Research Center, MJRC) es un informe exhaustivo que examina la libertad editorial de las organizaciones de medios públicos y estatales en 170 países. Los autores, Marius Dragomir y Muhammad Rayhansyah Jasin, emplean una tipología específica para clasificar las entidades según su financiación, gobernanza y autonomía editorial. Las conclusiones principales exponen un deterioro continuo y global, indicando que un alarmante 85% de los 606 medios encuestados están capturados o controlados por sus respectivos Gobiernos.

El estudio subraya reveses importantes, como el colapso de la independencia de los medios públicos en Estados Unidos y la consolidación de modelos de propaganda en Eurasia y África subsahariana. Además, detalla tácticas recurrentes como el uso de recortes presupuestarios como herramienta de coerción política y la creciente expansión de la influencia de los medios estatales chinos a nivel internacional.

Entre los medios públicos españoles monitorizados por el Media and Journalism Research Center (MJRC) y calificados en la categoría más baja (sometidos a control gubernamental) está también RTVE. Aunque los criterios hacen referencia a los acontecimientos previos a la actual etapa, por lo que habrá que esperar a saber si el nuevo periodo abre la puerta a un cambio de categoría.

En un escalón intermedio (independencia editorial, pero financiación y gestión estatales) están la agencia Efe y las autonómicas Euskal Irrati Telebista (EiTB), Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha (RTVCM), Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), Radio Televisión Melilla (RTVM) y la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA).

Ningún medio público en España alcanza la excelencia que reconoce la etiqueta de “independientes”, que, en Europa, solo disfrutan 13 medios públicos. Es el caso de la británica BBC, las alemanas ZDF y ARD, la sueca Sveriges Television (SVT), la holandesa Nederlandse Publieke Omroep (NPO) y la Radio e Televisão de Portugal (RTP).

La clasificación del State Media Monitor 2025 se basa en la Matriz de Medios Estatales, un sistema analítico creado en 2021 y actualizado en 2023 que permite evaluar con precisión el grado de independencia o control político de los medios públicos y estatales. Su finalidad es superar la dicotomía simplista entre “medios de propaganda” y “medios de servicio público”, ofreciendo una tipología matizada a partir de datos verificables.

El sistema analiza cada medio a partir de tres dimensiones esenciales: la financiación (y su dependencia del presupuesto estatal), la gestión y gobernanza (quién controla los órganos directivos) y el control editorial (hasta qué punto las decisiones informativas están influidas por el poder político). Con estos criterios se combinan respuestas binarias que permiten situar a cada operador en una de las siete categorías de la matriz.

La investigación se nutre de un proceso sistemático que combina documentos oficiales, informes independientes, cobertura mediática e investigación académica, junto con entrevistas en profundidad a periodistas, expertos locales y actores de la sociedad civil. Estas entrevistas —363 en la edición de 2025— resultan cruciales para detectar formas informales de injerencia política que no aparecen en normas legales o presupuestos. En algunos países, el estudio incorpora además análisis de contenido durante periodos políticamente sensibles para identificar patrones de sesgo o censura.

Con toda la información reunida, cada medio se clasifica como entidad única —independientemente del número de canales o plataformas que gestione— para garantizar la comparabilidad internacional. El resultado es una radiografía rigurosa que documenta avances y retrocesos en la autonomía editorial de los medios públicos, partiendo de la premisa de que la independencia es un equilibrio frágil que requiere vigilancia constante.

El pasado octubre echó a andar La 2 Cat, el canal de Televisión Española con programación mayoritariamente en catalán (un 70% de inicio) bajo el lema La que parla com tu (la que habla como tú). La corporación estatal encuadró este lanzamiento en un incremento del compromiso con los idiomas oficiales del Estado diferentes del castellano. Y, desde Galicia, las voces que apuestan por más contenidos en gallego en TVE —caso de A Mesa pola Normalización Lingüística— señalaron La 2 Cat como modelo también para el país gallego en un contexto en el que, en fechas recientes, agradecieron que el actual presidente “empiece a cumplir compromisos” respecto a nuestra lengua.

La posibilidad de un canal televisivo en gallego más allá de los dos de la TVG planeó este pasado lunes en Donostia durante la constitución del nuevo Consejo de las Lenguas Oficiales, el órgano estatal que sustituye al creado en 2007 por el Gobierno de Zapatero —prácticamente desactivado en tiempos de Rajoy y que volvió a funcionar en los últimos años—. Así lo evidenció el secretario xeral da Lingua de la Xunta, Valentín García, representante del Ejecutivo gallego en el encuentro.

El nuevo Consejo nace, al amparo de un real decreto dictado el pasado septiembre, con novedades como la incorporación, en calidad de miembros de pleno derecho, de los Gobiernos de las autonomías con lenguas propias oficiales. Como representante gallego, informa la Secretaría Xeral, García trasladó “la importancia de que los programas de gestión del Estado atiendan a la realidad plurilingüe” en ámbitos como la Justicia, pero también en la televisión.

“Se hizo hincapié —destaca Lingua— en la necesidad de que los idiomas oficiales como el gallego tengan una mayor presencia en las corporaciones de radio y televisión públicas”. En este sentido, destacó García, “acabamos de ver cómo Televisión Española firmó un convenio con la Generalitat para la creación de un canal generalista en catalán y vemos significativo que este compromiso se extienda a todas las lenguas oficiales”.

El secretario xeral se mostró favorable a esta reivindicación en un contexto en el que, dice, el nuevo Consejo puede ser también un “gran observatorio” en el que “todos podemos aportar para que todas las lenguas oficiales ocupen el lugar que merecen en la vida pública”. El “pacto por la lengua” que, dice, ultima su departamento, se encuadra también en esa dirección.

En los compromisos de RTVE puso también el foco en la reunión el presidente de la Real Academia Galega (RAG). En su intervención ante el Consejo, informa la RAG, Henrique Monteagudo “solicitó que se agilice la incorporación del gallego a la oferta de RTVE, de manera especial en la dirigida al público infantil a través de Clan TVE”.

“La representación del ente público —agrega la Academia— confirmó que, tal como se anunció el pasado mes de enero, se está trabajando para cumplir con este compromiso”. Considera la institución que “constituye una contribución muy relevante para frenar la pérdida de gallegohablantes en los primeros años de vida y para que los niños y niñas castellanohablantes se familiaricen con la lengua propia de Galicia”. Monteagudo resalta, asimismo, que las academias puedan tener asiento en el Consejo.

Desde Galicia acudió también al estreno del nuevo Consejo el delegado del Gobierno de España, Pedro Blanco. “Vamos a seguir trabajando para que hablar gallego sea un ejercicio pleno de libertad de derechos lingüísticos reconocidos y garantizados”, sostiene en un contexto en el que, asegura, ese “compromiso” se “materializa en medidas concretas” como permitir el uso de los idiomas oficiales más allá del castellano en el Congreso, el apoyo económico a la Real Academia Galega o la aportación de 2 millones de euros de fondos europeos de recuperación al Proxecto Nós.

El órgano que ahora echa a andar, agrega Blanco, concibe el gallego “como un motivo de unión y no de división” y por eso, dice, el Gobierno de España “reclama a la Xunta más implicación y ambición en las políticas lingüísticas”. “La situación actual del gallego es preocupante”, especialmente entre la juventud, resalta, y por eso es necesario “trabajar conjuntamente para que el gallego tenga el espacio y el respeto que merece”.

Actúan como si no fuese con ellos. Los gobiernos autonómicos están ignorando la aplicación, en sus respectivos ámbitos territoriales, del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) que entró en vigor el pasado mes de agosto. En particular, la necesidad de designar o crear un organismo independiente para gestionar el registro de medios, supervisar la radiotelevisión pública autonómica y vigilar el reparto de publicidad institucional.

En el ámbito estatal no es que el Gobierno se esté dando mucha prisa. Pero, al menos, y aunque el texto lleva meses acumulando polvo en algún cajón de la Cámara Baja, ya ha remitido al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de dejar esta responsabilidad en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que ya tenía encomendada la supervisión del sector audiovisual.

Lo que dice la norma europea es que cada Estado miembro debe contar con una autoridad reguladora nacional independiente, con poderes suficientes, funciones claramente separadas del Gobierno y garantías de autonomía funcional y financiera, encargada de supervisar a los medios —incluidos los públicos— conforme a los estándares de independencia editorial, gobernanza y financiación establecidos por el reglamento. Una previsión que, en el caso de los Estados descentralizados, como es el de España, el Gobierno central comparte con las comunidades autónomas, lo que obliga a cerrar entidades semejantes a escala de cada territorio.

La EMFA exige, además, reformas legales para implementar procedimientos de nombramiento y cese del órgano de dirección de los medios públicos autonómicos que garanticen su independencia, mandatos estables y financiación suficiente, así como salvaguardas contra interferencias políticas en la gestión y en las decisiones editoriales.

Del mismo modo, el reparto de publicidad —también la autonómica— debe realizarse con transparencia y reglas no discriminatorias: los poderes públicos deben difundir criterios, procedimientos, importes y beneficiarios; y los medios tienen la obligación de divulgar el total anual de publicidad estatal recibida, además del detalle de sus propietarios.

Para vigilar todo esto, en lo que atañe a cada comunidad autónoma, deberían designarse o crearse organismos independientes, pero nadie ha dado el paso. La mayoría llevan años ignorando su necesidad. Desde 2022 debían haber puesto en marcha un supervisor imparcial en materia audiovisual. Tenían la obligación de hacerlo y solo tres comunidades, al menos sobre el papel, disponen de algo parecido: Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Esta semana, cinco entidades catalanas, lideradas por el Col·legi de Periodistes, dieron el paso de exigir “un gran acuerdo parlamentario” para “crear por ley” un Consell de la Informació i la Comunicació de Catalunya como organismo independiente encargado de aplicar las previsiones de la EMFA: el registro de medios, la transparencia sobre la propiedad y los ingresos por publicidad institucional, la promoción del pluralismo, la consecución de espacios digitales seguros y la protección del trabajo de los periodistas.

Es solamente un primer paso, pero nadie más lo ha dado. Y no parece que esté en los planes del resto de los gobiernos autonómicos.

Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, como los tienen, envían a representantes de sus consejos audiovisuales a las reuniones de coordinación que convoca periódicamente la CNMC. Lo que deja en videncia al resto comunidades y revela hasta qué punto los gobiernos autonómicos —de todos los colores políticos— mantienen un control directo del espacio audiovisual y no tienen la menor intención de cambiar de estrategia con la EMFA.

El País Vasco (PNV) envía a un representante de su Departamento de Cultura y Política Lingüística, y Galicia (PP) al director general de Medios, que depende directamente del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Asturias (PSOE) está representada por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Gobierno del Principado; La Rioja (PP), por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía. Murcia (PP), a su vez, envía a un representante de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital del Gobierno de Fernando López Miras.

En representación del Gobierno de Aragón acude el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón (PP). Castilla y León supervisa su sector audiovisual también directamente desde el Ejecutivo, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital del Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco (PP).

El modelo se repite en Canarias, donde la supervisión independiente tampoco existe y está en manos de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno autonómico, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo

Navarra, con la socialista María Chivite al frente, tampoco se salva. En vez de un organismo independiente, se ocupa de la supervisión el Departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral. Extremadura, que en diciembre inaugurará el nuevo ciclo electoral y a cuyo frente está María Guardiola (PP), tampoco se ha resistido a sortear la supervisión imparcial del sector audiovisual: en este caso, es la Consejería de Hacienda y Administración Pública la que se encarga de todo.

En Illes Balears, con Marga Prohens a los mandos (PP), se ocupa la Consejería de Presidencia, Función Pública e Innovación. En Madrid, bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso, cabeza visible del ala más radical del partido que preside Alberto Núñez Feijóo, está en manos de la Consejería de Digitalización.

El incumplimiento de la EMFA es flagrante. Todas las comunidades tienen la obligación de exigir que los medios de su ámbito territorial hagan pública su propiedad, así como el detalle de sus ingresos por publicidad institucional. Deben, además, hacer transparente y sujeto a reglas conocidas ese reparto. Y no solo eso: las que tengan medios públicos deben adaptar sus leyes reguladoras para que puedan trabajar con independencia. De momento, la única que lo ha hecho es Galicia, y fue justo para lo contrario: reforzar el control político de la mayoría parlamentaria del PP.

El pasado mes, Antena 3, con un 13,1 % de cuota de pantalla, se mantiene como cadena líder, mientras que La 1, con el 12,3 %, ocupa la segunda posición y registra su mejor octubre de los últimos 14 años. Telecinco se sitúa en tercer lugar, con el 9,4 %, y el cuarto puesto es para las autonómicas, con una cuota del 8,4 %.

Según el informe mensual de octubre del comportamiento de los espectadores en televisión de Barlovento Comunicación publicado este sábado, la emisión más vista del mes fue el partido de fútbol para la clasificación del mundial España-Bulgaria, emitido en La 1 el 14 de octubre, que logró un 30,1 % de cuota de pantalla y 3,8 millones de espectadores.

El minuto de oro se produjo, concretamente, durante esa emisión (a las 22:18 horas) con una audiencia de 4,4 millones.

En la clasificación de audiencia de las cadenas en abierto, el quinto y sexto lugar lo ocupan, respectivamente, LaSexta (5,9 % de cuota) y Cuatro (5,8 %).

Los informativos diarios más vistos en España siguen siendo los de Antena 3, que se mantienen ininterrumpidamente como los de mayor audiencia desde hace 6 años y 10 meses, con una media de 1.928.000 espectadores y 19,4 % de cuota de pantalla.

El tiempo de consumo diario por espectador (los que ven la televisión cada día) fue de 274 minutos, 12 menos que octubre de 2024.

Según el informe, en octubre se detectaron 43 millones de espectadores únicos acumulados, lo que representa el 91,4 % de la población.

De hecho, 26,9 millones de españoles -el 57,1 % de la población- ven cada día la televisión tradicional al menos durante un minuto.

Por el contrario, hay 4 millones de 'telefóbicos', el 9 % de la población, que no la vio en ningún momento el pasado mes.

Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen la televisión son los mayores de 64 años, que la ven 307 minutos por día, y las mujeres, que lo hacen 169 minutos diarios.

Por regiones, destacan Asturias, con 189 minutos de consumo diario, y Galicia, con 185 minutos.

El tiempo de consumo híbrido de la televisión (otros consumos audiovisuales como las plataformas de 'streaming', de vídeo, contenidos grabados, juegos o radio fue de 52 minutos por persona al día, dos minutos más que el año pasado.

La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usó el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional, fue de 3.430.000 espectadores.

Respecto a las cadenas autonómicas, Aragón TV encabeza el 'ranking' con una cuota de pantalla en sus ámbitos de emisión del 15,1 %, seguida de TV3 (con el 14,1 %) y Canal Sur (con el 9,3 %).

A estas le siguen ETB2 (8,1 %), TVG (7,7 %), CMM (6,2 %), TVCAN (6,2 %), Telemadrid (5,1 %), IB3 (4,7 %) y Canal Extremadura TV (4,1 %), entre las diez primeras.

El conjunto de temáticas de pago consiguieron el 11 % de cuota, siendo la más vista Dazn LaLiga (0,5 %), Laliga TV por M+ (0,3 %) y Star Channel (0,2 %).

Las audiencias son como transatlánticos: les cuesta cambiar de rumbo. Por eso llaman tanto la atención las cifras sin precedentes que está alcanzando la radiotelevisión pública en solo unos meses. El crecimiento de la audiencia de La1 de TVE en lo que va de año y, en particular, en las últimas semanas, sugiere que estamos a las puertas de un cambio de era en la comunicación audiovisual a través de la TDT en España. Después de cuatro años de dominio incontestable de Antena 3, la cadena controlada por la alianza entre los grupos Planeta y De Agostini, propiedad de la familia española Lara y la italiana Drago, los datos de la cadena pública coquetean con la posibilidad de volver a la primera posición de la tabla, un lugar que perdió hace quince años.

En los primeros quince días de octubre, La1 alcanzó una cuota de audiencia del 12,9%, una décima por encima de Antena 3, con dos días de picos muy notables que el viernes de la semana pasada llegaron al 16,2%, según datos de Kantar Media a los que ha tenido acceso infoLibre. La cadena pública ha hecho nada menos que 2,4 puntos porcentuales más que en las mismas fechas de 2024 y lo ha conseguido a pesar de que Antena 3 también ha mejorado dos décimas en comparación con el año pasado. Caen un punto La Sexta y cuatro décimas Telecinco. La2 gana tres décimas; Cuatro, dos; y el conjunto de las autonómicas se mantiene.

Marta Rodríguez Castro, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Santiago (USC), atribuye enteramente estos buenos datos a la estrategia desplegada por el presidente de RTVE, José Pablo López, y su equipo. “Han apostado por jugar con las mismas cartas que sus competidores y han demostrado que pueden ser igual de habilidosos. El fichaje de rostros conocidos y consolidados, así como la apuesta por la información sin renunciar al entretenimiento de calidad, han sido factores fundamentales”.

La profesora de la USC reconoce que, en parte, TVE se ha beneficiado de la caída de audiencias de Telecinco, pero destaca que detrás del éxito de la cadena pública están también las decisiones de “actuar con cierto orgullo de servicio público, poniendo en valor su programación, enfrentándose de forma directa a Atresmedia y desprendiéndose de los estigmas que tradicionalmente habían perseguido a la corporación”, entre ellos la poca capacidad para innovar o para ofrecer contenidos atractivos para las audiencias.

“Habrá que continuar analizando la evolución de esta estrategia que, más allá de impulsar los datos de audiencia del medio público (objetivo que está consiguiendo), debe también conjugar los valores asociados al servicio público”, como la independencia, la universalidad, la diversidad o la rendición de cuentas. “Necesitamos análisis más cualitativos que nos permitan valorar si se está cumpliendo también con esta parte”, concluye Rodríguez Castro.

El éxito de La1 se asienta sobre el rendimiento de programas que compiten de tú a tú en sus franjas horarias con otros que han sido líderes en el pasado y con otros que todavía lo son algunos días. Desde La hora de la 1 (Silvia Intxaurrondo, con cifras por encima del 20%) a Mañaneros360 (Javier Ruiz y Adela González), pasando por Directo al Grano (Marta Flich y Gonzalo Miró) y Malas Lenguas (Jesús Cintora). Pero también se apoya en la buena respuesta del público a formatos de entretenimiento puro como La Revuelta (David Broncano), Futuro Imperfecto (Andreu Buenafuente) o el concurso Cuánto, cuánto, cuánto (Eva Soriano y Aníbal Gómez), además de las series de ficción Valle Salvaje, La Promesa y Sin Gluten.

La 1 crece en todas las comunidades autónomas, pero en particular en algunas de las gobernadas por el PP, como Aragón (2,7 puntos), Balears (2,7), Madrid (2,6) o Andalucía (2,3), además del bloque que Kantar Media califica como resto de España, formado por Extremadura, La Rioja, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,5 puntos).

El avance de La1 es particularmente llamativo en la Comunidad de Madrid, en la que, en los quince primeros días de octubre, ha alcanzado una cuota del 17,3% (2,6 puntos porcentuales más que el año pasado en las mismas fechas). Son casi seis puntos más que su inmediata perseguidora (Antena 3) y un 226% más que la audiencia de TeleMadrid, la cadena pública controlada por Isabel Díaz Ayuso, que sigue estancada en un 5,3%, sólo por delante de La2.

No es la única comunidad con televisión en manos del Partido Popular en la que La1 está liderando y mejorando su presencia. En la Región de Murcia firmó una cuota del 14,7% (cinco décimas más que hace un año), arrebatando el primer puesto a Antena 3 (que está en un 14%; una caída de 1,1 puntos). Aquí, la autonómica 7TV está en un 3,8%.

En Galicia ha pasado lo mismo. La1 ha batido a su rival privada con un 11,7% de audiencia en la primera quincena de octubre (1,9 puntos más que en 2024). Antena 3 ha retrocedido aquí 1,2 puntos y la Televisión de Galicia (TVG), bajo un férreo control del Partido Popular desde los tiempos en que Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta, ha caído al 7,9% (casi dos puntos menos que hace un año).

La1 también se ha hecho con el liderazgo en Illes Balears con un espectacular 12,8% de cuota de pantalla (2,7 puntos más que hace un año). Y eso que en esta comunidad Antena 3 resiste (mantiene un 11,6%, aunque ahora en segundo lugar). La autonómica IB3, dominada por el PP, marcó un 5,1% en el mismo período.

La cadena pública domina también las cifras de audiencia en Navarra con un 16,2% (4,5 puntos porcentuales más que hace un año en las mismas fechas), muy por encima de la segunda (Antena 3, con un 12,7%). Y en el País Vasco, donde ha pasado en un año del 11,1 al 14,1%. En esta comunidad, Telecinco es segunda, con un 8,9%, aunque ha perdido tres décimas, seguida de cerca por Antena 3 (8,8%). ETB2, la emisora autonómica en español, cierra con un 8,3% (cuatro décimas más que en 2024).

En Extremadura, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, que Kantar Media audita bajo el mismo epígrafe, La1 también supera a Antena 3 al pasar de un 12,7 a un 16,2% de audiencia (nada menos que 3,5 puntos adicionales). La cadena de Planeta cae con fuerza en el mismo período en la misma zona (de un 14,5 a un 12,5%).

En Andalucía, Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, comunidades también con televisiones autonómicas al servicio del Partido Popular (y en algunos casos de Vox), La1 también ha mejorado sustancialmente, pero todavía no ha conseguido el liderazgo.

En territorio andaluz domina con autoridad Antena 3 (14,3%, una décima más que hace un año), pero el avance de La1 es enorme: ha pasado de un 8,1 a un 10,3% (2,3 puntos más) y progresa del cuarto al segundo puesto, empatada con Telecinco. La autonómica Canal Sur firmó un 9,1% (dos décimas más que el año pasado), pese a estar sumergida en una grave crisis de credibilidad.

Los datos de la Comunitat Valenciana, muy agitada políticamente por los acontecimientos de la dana del año pasado, son muy reveladores. La1 ha pasado del 11 al 15,5% (cuatro puntos y medio más), aunque sigue en segundo lugar porque Antena 3 también ha mejorado considerablemente (del 13,9 al 15,8%). Pero las distancias se han acortado a solo tres décimas. La autonómica À Punt apenas alcanzó un 3,4% en la primera mitad de octubre.

En Castilla y León también se mantiene el liderazgo de Antena 3 (17,1%, una pérdida mínima de solo una décima), pero La1 vuelve a recortar distancias al pasar de un 14 a un 15,3%. La audiencia autonómica, marcadamente afín al PP, es residual (0,3%).

El caso de Aragón está marcado por el dominio de la cadena autonómica, con un llamativo 17,5% (1,2 puntos más que en 2024). Aquí Antena 3 ha retrocedido del 13,9 al 12,8%, lo que ha permitido a La1 situarse en el segundo puesto de la tabla con un 12,9% (2,7 puntos más que el año pasado).

Antena 3 mantiene su dominio en Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha. En el Principado sube del 11,5 al 11,9% en un año, con La1 pisándole los talones (la pública estatal ha pasado del 9,3 al 11% de cuota en el mismo período). Aquí, la autonómica está en datos marginales (3,5%). También sube la privada más vista en Castilla-La Mancha, del 16,3 al 16,9%. Lo hace también La1, que pasa del 11,2 al 13,2%. Castilla-La Mancha Media mejora también y alcanza el 6,4%.

En Canarias, el buque insignia de AtresMedia ha perdido empuje (del 13,8 al 13,5%), pero sigue primera. La1 mejora (del 6,8 al 7,5%), aunque continúa en tercer lugar, por detrás de Telecinco, que mejora de manera notable (pasa del 11,7 al 13,2%). La TV Canaria también avanza y sube al cuarto puesto (pasa de 4,9 a 6,2% de audiencia en la comunidad).

En Cataluña se mantiene el dominio de TV3, con un 14,5% (medio punto más que el año pasado por estas fechas de inicio de temporada). Pero La1 también mejora, pasando del 9,3 al 10,6% (1,3 puntos más). Antena 3 conserva el tercer puesto con una leve subida que le permite alcanzar el 8,4% de cuota.

Las herramientas de las que ha echado mano el presidente de RTVE para conseguir estos resultados (fundamentalmente contratos de productores y profesionales ajenos a la casa) no son del gusto de todos. El PP ha redoblado en las últimas semanas su campaña contra la televisión pública, a la que acusa de estar al servicio del Gobierno.

Y el Consejo de Informativos (CdI), el órgano de representación de los profesionales de plantilla, ha acusado a la dirección de presiones para impedir una encuesta interna en torno a “la actual situación de RTVE con el cambio de ley en 2024 y su independencia”, refiriéndose principalmente a los programas informativos, la carrera profesional, los programas de actualidad informativa y la externalización, barajando tomar posibles acciones de protesta y dejando un apartado para quejas o sugerencias.

La dirección de RTVE respondió diciendo que el Consejo de Informativos “no puede realizar dicha encuesta entre la totalidad de la plantilla sino únicamente entre los profesionales de la información audiovisual”, y que para realizarla debe cumplirse “la legislación vigente en materia de protección de datos”, algo que “la Delegada de Protección de Datos así lo ha advertido al CdI, puesto que no se garantizaba la anonimidad del voto o de las respuestas”.

El Consejo Profesional de la RTVA ha dado un golpe en la mesa. Este martes todos sus integrantes, en bloque, han presentado su dimisión, seis meses después de que expirara su mandato. Lo hacen, según reza el comunicado, por “responsabilidad” y ante lo que califican como un “bloqueo institucional” que amenaza la independencia informativa dentro de la radiotelevisión pública andaluza.

El comunicado subraya que el artículo 13.1 del Estatuto Profesional de los trabajadores de la cadena pública andaluza es claro: “Una vez finalizado el mandato, debe convocarse un nuevo proceso electoral en el plazo máximo de un mes”. Sin embargo, medio año después, ese proceso ni siquiera se ha iniciado. “No es la primera vez que ocurre”, recuerdan, señalando que el anterior Consejo “llegó a permanecer dos años en funciones”.

El órgano, que representa los intereses profesionales de las redacciones de la televisión y la radio públicas, asegura haber cumplido con todas las obligaciones que le marca el Estatuto: informes sobre la programación, tramitación de quejas y defensa del trabajo territorial, especialmente el de las delegaciones locales, una de las áreas más sensibles en la cobertura informativa de la RTVA.

La situación hace tiempo que es insostenible. Desde marzo de 2024 la Dirección de Informativos de Televisión se niega a reunirse con el Consejo, denuncia el comunicado, "a pesar de que, según el Estatuto del que nos dotó la empresa, dichas reuniones están pautadas cada tres meses". Los integrantes de este órgano afirman que el silencio por parte de la dirección hace que "decenas de quejas y consultas de compañeros sigan sin respuesta". "La última excusa para no hacerlo, a principios de este año 2025, es que con un Consejo a punto de caducar no merecía la pena reunirse", denuncian.

"La defensa del Estatuto Profesional ha sido siempre la principal motivación de todas nuestras actuaciones y su incumplimiento ha sido desde el primer momento denunciado en todos nuestros comunicados. Un incumplimiento que ha sido la norma de actuación de la actual dirección de la empresa, desde asuntos esenciales como el derecho de los andaluces a una información plural, independiente, imparcial, rigurosa y veraz, a asuntos de funcionamiento interno como no informarnos de los nombramientos o cambios en el área de informativos, de la cobertura de acontecimientos, ni de otras decisiones relevantes para el desempeño de la labor de los y las profesionales", han expresado.

El Director de la RTVA, Juan de Dios Mellado, negó estas acusaciones en su última comparecencia ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA en el Parlamento de Andalucía, donde acusó al Consejo, integrado por representantes de la redacción de los medios públicos bajo su responsabilidad, de "manipular" los datos y ofrecerlos de manera "sesgada".

Este órgano afirma llevar tres años esperando una reunión con el director general de la RTVA y cuatro sin recibir respuesta formal a sus informes, algo que el Estatuto también obliga a justificar. Tampoco prosperó su propuesta de reforma del propio Estatuto Profesional, presentada hace casi un año para impulsar una mayor participación interna y transparencia en los procesos de decisión.

El Consejo lanza un mensaje contundente: “No vamos a ser cómplices de la nueva estrategia de nuestra empresa para devaluar un instrumento imprescindible como es el Consejo Profesional de la RTVA”. Reconocen marcharse “con orgullo por la labor realizada, aunque con tristeza por no haber podido ser más útiles”, y apelan a la plantilla para que no se desentienda.

Piden también a la dirección y al Consejo de Administración que cumplan la normativa y convoquen de inmediato las elecciones. Y, sobre todo, llaman a sus compañeros a implicarse: “El Consejo Profesional es un órgano de representación esencial para el buen funcionamiento y la mejora de la información que ofrecemos a la ciudadanía andaluza”.

Canal Sur vive a la deriva de la manipulación desde que a su Dirección General llegó Juan de Dios Mellado directamente desde un departamento del Gobierno del actual presidente andaluz.

La audiencia de los programas informativos —y de infoentretenimiento— en España sigue dominada por la televisión privada, en particular por Antena 3, una emisora propiedad del Grupo Planeta, tradicionalmente bien relacionada con el Partido Popular. Pero el inicio de temporada de RTVE, que en algunos momentos ha conseguido superar a sus rivales —algo que no sucedía desde hace años—, ha reequilibrado un poco el menú a disposición de los telespectadores.

La parrilla de La 1 combina esta temporada información en directo desde primera hora hasta media tarde. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo a la cabeza, ha sido capaz de liderar su franja horaria de las mañanas y roza el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros360, liderado en su parte más política por Javier Ruiz, se asoma al 16% y está siendo capaz de superar a las hasta hace poco reinas de las mañanas, Ana Rosa Quintana (Telecinco) y Susanna Griso (Antena 3), con cifras por debajo del 13% y del 12%, respectivamente.

A la oferta de entretenimiento informativo de La 1, ese formato híbrido en el que se mezclan noticias con elementos propios del espectáculo y al que TVE se ha entregado con entusiasmo, acaba de sumarse Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró, y unos primeros resultados nada despreciables (por encima del 10% y muy cerca de la media de cadena, situada en un 11,7%).

Malas lenguas, que ya se estrenó en la temporada pasada bajo la dirección de Jesús Cintora, está cosechando algo más de un 9%, pero todavía por debajo de los dos dígitos (un 5,4 % en su franja a través de La 2). Y La noche en 24 horas, bajo la dirección de Xavier Fortes, sigue haciendo gala de una influencia en el debate público muy por encima del modesto 2% de audiencia que marcó al final de la última temporada, que en todo caso supuso su mejor registro en 15 años.

No son programas cómodos para el PP y sus portavoces. Acostumbrados a las entrevistas blandas con las que son recibidos en los platós de Antena 3 y Telecinco, cuando se asoman a los programas de TVE saben que van a tener que responder a preguntas comprometedoras.

Y no están acostumbrados. El último en encajar mal tener que dar explicaciones fue Miguel Tellado, secretario general del partido y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo. El pasado lunes, durante una entrevista en La Hora de La 1, dejó claro su descontento con la presentadora, Silvia Intxaurrondo, a la que discutió sus preguntas después de que esta, en varias ocasiones, intentase aclarar si condenaba o no el asesinato de niños en Gaza.

Visiblemente enfadado, acusó a Intxaurrondo de hacerle una pregunta “tremendamente irresponsable” por insistir en conocer la posición del PP sobre el genocidio. “Claro que condenamos el asesinato de civiles”, replicó. “Le ruego que no tergiverse la posición de mi partido desde la televisión pública de España. Creo que su pregunta es tremendamente irresponsable, teniendo en cuenta que estamos en una televisión pública”, insistió, para acabar acusando al Gobierno de utilizar “los medios públicos para establecer una cortina de humo para tapar la corrupción sistemática del presidente”.

El malestar y la preocupación del PP con los nuevos programas —y sus buenas audiencias— es cada vez más visible. Lo corroboró ese mismo día, apenas unas horas después, el propio Feijóo. En una intervención durísima ante la plana mayor de su partido, enumeró los desastres que, según él, está causando “la corrupción” del Gobierno. Y citó en segundo lugar a RTVE, algo poco frecuente hasta ahora en sus intervenciones: “[A] Televisión Española, de pública ya solo le queda que la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Pero ya no es una televisión pública. Es un aparato propagandístico impúdico que arrincona a todos los buenos profesionales que trabajan allí”.

“Ya ni disimulan, ya no informan, simplemente propagan”, remachó el hombre que sometió durante años a un férreo control ideológico a la Televisión de Galicia —que sigue en vigor y que desde hace años ha sido objeto de denuncias por parte de los trabajadores de la radiotelevisión autonómica y del Colexio de Xornalistas—.

Es el mismo hombre, aunque hoy como líder del PP, que tiene una herida abierta con TVE. Hay indicios demoscópicos de que fue precisamente una entrevista en el programa La Hora de La 1, presentado por la periodista Silvia Intxaurrondo, lo que le cerró las puertas de la Moncloa hace dos años, después de ser pillado en directo en una mentira apenas una semana antes de las elecciones generales.

En línea con este ataque generalizado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, arremetió directamente contra el presidente de RTVE, José Pablo López, a quien achaca que “sigue órdenes” cada vez que le “llaman de Moncloa”. RTVE es, según Almeida, el “Ministerio de la Verdad”, el “ministerio 23”. Su único interés es levantar “cortinas de humo” y “fuegos artificiales”, como la retirada de Eurovisión.

Y es que, en su afán por desacreditar a la televisión pública, el PP ha criticado con enorme dureza la decisión del Consejo de Administración de RTVE de ausentarse del festival de la canción —que cada año congrega a audiencias millonarias frente a las pantallas de televisión— si la organización vuelve a invitar a Israel y prosigue el genocidio en los territorios ocupados. A los de Feijóo esta decisión, que afecta a una actividad de la que TVE es copartícipe, les parece un “acto de hipocresía”, porque la cadena no ha anunciado que vaya a dejar de emitir eventos deportivos en los que participen atletas o equipos israelíes (y de los que no es organizadora directa ni indirectamente).

Los ataques han llegado incluso desde À Punt, la televisión pública controlada por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana. En sus programas se ha criticado a TVE por difundir la grabación que puso en evidencia la gestión de la dana del Gobierno de Carlos Mazón. Hasta el Consejo de Informativos de RTVE tuvo que salir a rechazar “las acusaciones de mala praxis vertidas por À Punt en sus informativos”, que intentan situar sin fundamento a Televisión Española “en medio de una pelea con finalidades partidistas”.

Al PP no le gustan los programas de infoentretenimiento ni los informativos. Lo dejó claro a comienzos de mes, cuando criticó a la periodista Pepa Bueno por la entrevista que hizo al presidente Pedro Sánchez el día de su estreno al frente del Telediario 2 (no les pareció lo suficientemente incisiva) y rechazó acudir al mismo programa. O cuando exigió que no volviera al plató Sarah Santaolalla, analista política y activista que, en una tertulia, llegó a decir, en plena estrategia conservadora para tratar de culpar de los incendios a Pedro Sánchez, “que hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyendo al PP y a Vox”.

Pero tampoco son del agrado del partido de Feijóo los late shows, como La revuelta de David Broncano o el Late Xou de Marc Giró. Con elevadas audiencias (por encima del 12%), muy cerca de espacios líderes de la competencia como El Hormiguero (Antena 3), se han convertido en emisiones a través de las cuales se combaten abiertamente las guerras culturales de la derecha, se defiende al pueblo palestino frente al genocidio israelí y se critica sin reservas el machismo, la xenofobia o el negacionismo climático.

Telemadrid se ha convertido en 2024 en el medio de comunicación que más dinero ha recibido en el reparto de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ayuso ha destinado 2,52 millones de euros a publicitarse en los medios autonómicos públicos, más que lo adjudicado a cualquier otra empresa de comunicación, incluidos los grandes grupos como PRISA, Unidad Editorial y Planeta o el sobrerrepresentado Ábside Media de la Conferencia Episcopal.

Los fondos de publicidad institucional destinados a Radio Televisión Madrid (RTVM), la empresa pública que gestiona la televisión y la radio autonómicas, se han multiplicado por tres en solo un año —por diez si se hace la misma cuenta respecto a 2020—. La cantidad gastada por la Comunidad de Madrid ha aumentado en 1,74 millones en el pasado ejercicio.

Por ponerlo en contexto: el segundo medio al que más dinero se ha destinado por parte de la Comunidad de Madrid en 2024 ha sido El Mundo, 1,15 millones de euros, menos de la mitad de lo desembolsado para RTVM.

El incremento de los fondos a RTVM —una revelación de la investigación 'Ayuso parte y reparte', realizada por infoLibre— no es casual y se encuadra en un marco de control político sobre el medio autonómico. La presidenta nombró en 2021 a un nuevo administrador del grupo, José Antonio Sánchez —al que el año pasado hizo director general— tras chocar políticamente con la cúpula anterior, a la que Sánchez fulminó nada más llegar al grupo. Además, en los últimos meses, los sindicatos han intensificado sus quejas sobre la utilización política del grupo por parte del Gobierno autonómico. 

Los dos millones y medio que el Ejecutivo autonómico ha destinado a insertar publicidad en RTVM en 2024 se han repartido de la siguiente forma: 1,98 millones para las emisiones de televisión en Telemadrid y La Otra —el segundo canal televisivo de RTVM—, 437.527 euros para la web de Telemadrid y 98.113 euros para Onda Madrid, la radio pública. 

En cualquier caso, no todo el coste que supone la publicidad institucional acaba en las cuentas bancarias de los medios. El Gobierno autonómico —al igual que cualquier otro organismo— tiene que pagar un 21% de IVA al realizar las inserciones publicitarias. Por ello, la Comunidad ha gastado 2,52 millones de euros para publicitarse en RTVM, pero la empresa pública ha ingresado de forma efectiva una cifra algo inferior: 2,08 millones.

Con todo, en 2024 RTVM recibió más dinero gracias a la publicidad de Ayuso que en los cuatro años anteriores juntos. Se trata de una subida extraordinaria que es incluso superior a la que se ha dado en muchos medios conservadores como ABC o El Debate.

Desde 2017, año en que RTVM empieza a publicar sus cuentas anuales, el grupo arrastra unas pérdidas acumuladas de 9,28 millones de euros. En 2023, la corporación recibió 641.106 euros —con el IVA ya descontado— en publicidad institucional del Gobierno autonómico y, aun así, arrojó un resultado negativo a final de año de casi un millón de euros. 

En 2024, en cambio, después de que el Ejecutivo de Ayuso triplicara su inyección en publicidad institucional y aumentara el presupuesto que la Comunidad le asigna directamente como empresa pública, RTVM terminó el año con beneficios. Las ganancias fueron de 833.349 euros, el mejor resultado de RTVM desde, al menos, 2017. Sin los 2,08 millones que la empresa pública recibió de la publicidad institucional, el resultado habría vuelto a ser negativo y el peor desde que se publican las cuentas.

El peso de la aportación del Gobierno autonómico en los ingresos publicitarios de RTVM lleva en aumento desde 2020, cuando solo suponía un 2,96% del total —teniendo en cuenta únicamente las campañas insertadas por el Ejecutivo de Ayuso en Telemadrid y La Otra—. De hecho, mientras en 2023 y 2024 la radiotelevisión pública madrileña ha registrado un descenso de sus ingresos publicitarios de otros anunciantes, lo que le inyecta por esa vía el Gobierno del que depende no ha dejado de crecer. Hasta el punto de que en 2024 uno de cada tres euros que el grupo ingresó por publicidad provenía de las arcas autonómicas para publicitarse en Telemadrid. Si se suma a la cuenta la publicidad en Onda Madrid, la radio autonómica, el Gobierno de Ayuso fue el responsable del 36,79% de los ingresos publicitarios de RTVM el año pasado*.

La odisea de cuadrar las cuentas 

El vuelco en el resultado de la radiotelevisión autonómica es importante porque no solo sanea las cuentas de la empresa pública, sino que también descarta que pueda activarse uno de los motivos de cese para el director general previstos en la ley que rige el funcionamiento de RTVM. La norma contempla la salida del director general en caso de desviación presupuestaria o resultados negativos atribuibles a su gestión.

El director general del grupo, José Antonio Sánchez, llegó a RTVM en 2021 como administrador provisional, tras las desavenencias de la anterior cúpula directiva con Isabel Díaz Ayuso, y en 2024 fue nombrado director general de la corporación.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy había dirigido el ente público RTVE, donde muchos trabajadores exigieron su dimisión después de que admitiera figurar en los papeles de Bárcenas. Además, protagonizó varias polémicas, como reconocer en el Congreso que votaba al Partido Popular: "Yo voto al PP y seguiré votando al PP", proclamó Sánchez, que ya había dirigido la radiotelevisión pública en la última etapa de gobierno de Aznar. 

Los problemas de Telemadrid para cuadrar su cuenta de resultados siguen presentes a pesar de los sucesivos aumentos presupuestarios que la Comunidad de Madrid realiza para sostenerla económicamente. En 2024, la cantidad destinada por el Ejecutivo de Ayuso para la televisión y radio autonómicas ascendía, en un principio, a 78,5 millones de euros, un 16,64% más que en 2023. Una cantidad al margen de la inyección de publicidad institucional.

Sin embargo, el pasado noviembre, antes de que se cerrara el ejercicio económico, el Gobierno autonómico añadió una adenda al contrato en la que anunció que "la aportación de la Comunidad de Madrid será modificada como consecuencia de necesidades no previstas no imputables a RTVM". Como consecuencia, RTVM terminó recibiendo 4,2 millones de euros adicionales a los 78,5 previstos.  

Aun así, ese extra no fue suficiente y el aumento de publicidad institucional autonómica —de 1,43 millones más que en 2023 (con el IVA ya descontado)— fue fundamental. De hecho, la diferencia entre los resultados de las cuentas de 2024 y 2023 es de 1,73 millones de euros, una cifra similar. Es decir, sin ese aumento, RTVM no solo no hubiera cerrado el ejercicio con su mejor resultado económico, sino que hubiera vuelto a reportar pérdidas un año más.

*Esta información ha sido actualizada a 15 de septiembre de 2025 para especificar que el gráfico y la comparativa entre el total de ingresos publicitarios de RTVM y lo ingresado por publicidad institucional de la Comunidad de Madrid tiene en cuenta el total de ingresos de RTVM por esa vía, pero en el caso de la publicidad institucional únicamente se contabilizan las inserciones del Gobierno autonómico en Telemadrid y La Otra, no en Onda Madrid.

La televisión pública Canal Extremadura cumple en 2025 casi dos décadas desde su puesta en marcha. Comenzó sus emisiones en 2006, tras años de debate institucional (la empresa matriz, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Cexma, se creó en 2000), y es la única autonómica pública que no forma parte de la Forta, la federación que agrupa a sus homólogas del resto de comunidades autónomas.

Nació durante el último mandato del entonces presidente de la Junta, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como un proyecto concebido, según sus promotores, para reforzar la identidad regional y garantizar un servicio público informativo adaptado a la realidad extremeña.

La audiencia de Canal Extremadura se mueve desde hace años entre un 4,4% y un los 5,7% de cuota de pantalla, por debajo de todas las generalistas en su territorio, salvo Cuatro y la Sexta. Si el promedio de las autonómicas se situó en marzo en un 8,8%, según datos de Barlovento, Canal Extremadura apenas alcanzó un 5,5%, sólo por delante de las emisoras públicas de Illes Balears, Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias.

La Ley 3/2000 de 20 de abril la obliga a prestar un servicio audiovisual plural, objetivo e independiente que refleje la diversidad social y cultural de Extremadura. Algo que no todo el mundo reconoce. No lo hacía el PP cuando estaba en la oposición y no lo hace ahora el PSOE extremeño, desalojado del Gobierno autonómico desde 2023 en virtud del pacto suscrito por el Partido Popular y Vox.

Sin embargo, el actual consejo de administración de la corporación (nueve miembros) fue elegido en diciembre de 2023 por unanimidad de todos los grupos representados en la Asamblea extremeña. Una circunstancia que es consecuencia directa de que la ley reguladora de los medios públicos en la comunidad mantiene la exigencia de que el consejo tenga que ser elegido sí o sí con el respaldo de al menos dos tercios de los diputados autonómicos.

El vínculo político, no obstante, sigue muy presente. El mandato del consejo dura lo mismo que la legislatura. El del director general de la corporación, en cambio, es de cinco años, aunque también depende del respaldo político de la Asamblea (es elegido por mayoría de tres quintos).

Al frente de la corporación está en estos momentos Dámaso Castellote Caballero, elegido en 2021, cuando todavía gobernaba el PSOE. Lo que significa que el año que viene la Asamblea de Extremadura tendrá que decidir si le renueva en el puesto o le sustituye. Y que deberá hacerlo, de nuevo, por consenso.

De lo que no hay ni rastro es de mecanismos de protección para el ejercicio del periodismo. Canal Extremadura carece de un consejo de redacción independiente y su estructura interna no incluye órganos de supervisión editorial autónomos. Y no es porque los trabajadores no lo hayan pedido.

El comité de empresa reclamó sin éxito, hace ya una década, un cambio en la ley que regula la corporación para crear un consejo de informativos siguiendo el modelo de RTVE y en línea con lo que ya es obligatorio desde este agosto, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Un mecanismo estable con capacidad para pronunciarse sobre la calidad y, sobre todo, la neutralidad de las noticias que emite Canal Extremadura. Y no sólo eso: el comité planteó también que los sindicatos tuviesen asiento en el consejo de administración de la corporación, que en la actualidad está dominado por representantes de los partidos políticos.

Existe, eso sí, un consejo asesor que cumple una función de supervisión y asesoramiento en Canal Extremadura, con especial peso en temas de programación, aunque carece de capacidad ejecutiva o de veto. En última instancia, decide siempre el consejo de administración o el director general. En él tienen voz, pero escasa capacidad de influencia, representantes del mundo de la empresa, las entidades locales, la educación, las universidades o los consumidores. Y la figura del Defensor de la Audiencia, que no consta se haya pronunciado nunca sobre los informativos.

El modelo de financiación tampoco se corresponde con lo que exige Europa. El presupuesto actual del ente público rozó en 2024 los 28,4 millones de euros, que salen directamente de los presupuestos generales de Extremadura. A pesar de lo cual, Canal Extremadura mantiene un modelo mixto de producción, con un alto grado de externalización de contenidos a empresas privadas, incluidos los servicios informativos. Este último aspecto ha sido motivo de críticas por parte de diversos colectivos, que advierten del riesgo de precariedad laboral y de clientelismo en la adjudicación de contratos.

La consecuencia es que Canal Extremadura cumple solo parcialmente los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Sobre todo porque no dispone de órganos independientes de gobernanza editorial ni de procedimientos públicos, competitivos y transparentes para la designación de su dirección.

Contar con un contrato programa fue, precisamente, una demanda del actual director general ante la Asamblea en su primera comparecencia, en febrero de 2022. “La puesta en marcha de un contrato-programa y el necesario marco jurídico con una duración plurianual” sería “una herramienta” para dar “estabilidad financiera a la organización” y aportar “estabilidad, flexibilidad, agilidad y seguridad”, aseguró entonces ante los representantes de los partidos. De momento, nadie le ha hecho caso.

Asimismo, la publicación de contratos y datos presupuestarios es limitada y no responde plenamente a los estándares de transparencia financiera recomendados por la Comisión Europea.

La Región de Murcia es, desde hace años, uno de los territorios más estables políticamente de España. El Partido Popular gobierna ininterrumpidamente desde 1995, aunque en los últimos años se ha visto obligado a contar con el acuerdo —y a menudo la supervisión— de la ultraderecha de Vox, que en esta comunidad cosecha un apoyo por encima de la media española.

Esa continuidad ha dejado una impronta profunda en las instituciones autonómicas, incluidas las que deberían ejercer funciones de contrapeso. Una de ellas es la Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), cuya situación actual plantea serias dudas sobre su independencia editorial, su estructura de gobernanza y su adecuación al nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La 7, que es como se llama su canal de televisión, está a la cola en términos de audiencia entre las autonómicas (3,7% en la Región), según datos de Barlovento del mes de marzo. Pese a su modesto alcance —alrededor del 4% de audiencia media en 2024—, la televisión pública murciana ejerce una función clave en la construcción del relato político regional en un entorno en el que las voces críticas encuentran dificultades para tener presencia institucional y donde el Gobierno autonómico utiliza con naturalidad los medios públicos como altavoz de su gestión.

La televisión pública autonómica comenzó a emitir en abril de 2006, bajo el segundo mandato de Ramón Luis Valcárcel. Se hizo al amparo de la Ley 9/2004, reformada en 2012 y 2015, que otorgaba al Gobierno regional amplias competencias para constituir y gestionar el nuevo servicio público de comunicación audiovisual. La primera reforma, la de 2012, dio cobertura legal a la privatización de la gestión, al amparo de la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para “flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos, permite que las comunidades autónomas puedan decidir sobre la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada”.

Desde el principio, RTRM adoptó un modelo híbrido: mientras la infraestructura y la titularidad del canal seguían siendo públicas, la producción de contenidos se externalizaba. La producción está en manos de una filial del Grupo Secuoya, Central Broadcaster Media (CBM), en régimen de concesión pública. La misma empresa que se ocupa de la televisión autonómica en Extremadura y en Illes Balears.

La fórmula es aparentemente simple: el Gobierno regional mantiene el control político del ente, y el contenido lo gestiona una empresa privada que factura millones cada año cuyo origen son recursos públicos.

El marco normativo que regula RTRM se ha quedado desfasado frente a las exigencias normativas actuales. El actual director general, José Antonio de las Heras, abogado y periodista, pero también exconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional con el PP, en la etapa de Ramón Luis Valcárcel, fue elegido en la Asamblea Regional por mayoría de dos tercios.

Para conseguirlo, bastaron los votos de PP y Vox (la izquierda votó por otra candidata). Pero si no hubiesen sumado, habría sido suficiente mayoría simple en una segunda votación, lo que elimina cualquier necesidad de consenso político en el arco parlamentario. No hay convocatoria pública, ni comparecencia parlamentaria. De las Heras fue propuesto directamente por el PP.

En palabras del entonces portavoz del PSOE en la Asamblea, José Vélez: “Su vinculación con el Partido Popular es clara. Ha sido miembro de los gobiernos del PP en la Región durante ocho años, como jefe de gabinete en varias consejerías y como consejero. No era uno más. Fue uno de los pilares del Gobierno regional del Partido Popular”.

Lo mismo ocurre con el Consejo de Administración, cuya teórica función de supervisión pluralista se ha visto vaciada de contenido. La representación de los grupos parlamentarios se establece mediante pactos internos que dependen de mayorías coyunturales, y no existe un mecanismo de participación ciudadana ni profesional. Para colmo, la mayoría reforzada que exige la ley para su elección se puede saltar fácilmente porque, en segunda vuelta, su nombramiento es viable solo con mayoría simple, que por regla general suele ser la que apoya al Gobierno.

No existen tampoco protocolos para proteger la independencia editorial ni el trabajo de los periodistas frente a presiones políticas, ni estatutos internos que garanticen el trabajo de la redacción.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios obligará, a partir del 8 de agosto, a los Estados miembros y a sus administraciones regionales a garantizar la independencia editorial de los medios públicos. No es una declaración genérica. Incluye previsiones muy concretas: nombramientos por concurso público y justificados por méritos profesionales; mandatos limitados e incompatibles con cargos políticos; supervisión por órganos independientes y financiación suficiente, transparente y no sujeta a represalias políticas.

Que la gestión la lleve a cabo una empresa privada no evitará tener que cumplir la ley, porque la norma europea se aplica a todos los medios de comunicación que prestan un servicio público, con independencia de si son gestionados directamente por una administración o subcontratados a empresas privadas.

La Región de Murcia, y La 7, van a tener que cambiar su forma de actuar para garantizar nombramientos transparentes y meritocráticos de los órganos de dirección, un modelo de financiación adecuado, estable y plural, no vulnerable a presiones partidistas, una supervisión pública efectiva y mecanismos que blinden el trabajo de los periodistas.

Si no lo hace, cualquier persona o entidad puede denunciar prácticas contrarias a los principios del reglamento ante las autoridades nacionales de regulación (en España será la CNMC) y ante la nueva Junta Europea de Servicios de Medios. Si un gobierno regional permite que un ente público como RTRM funcione al margen de la nueva normativa europea, España se arriesga a ser sancionada.

La Radio Televisión Canaria (RTVC) vive en una situación de excepcionalidad crónica. Las leyes que la regulan, en las que está previsto elegir hasta cuatro órganos, se convirtieron durante años en papel mojado ante la imposibilidad de los partidos representados en el Parlamento autonómico de llegar a un acuerdo para decidir su composición.

La situación llegó a un punto en el que el actual Gobierno de la comunidad, presidido por el nacionalista canario Fernando Clavijo y del que forma parte el PP, aprobó, en octubre de 2023, un decreto ley para atajar el problema. En él, a la vista del “fracaso” del modelo de regulación de sus medios públicos y de la “situación crítica” a la que se había llegado, así como de la incapacidad institucional para resolver la situación, decidió dar cobertura legal al nombramiento de un administrador general elegido por mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias. La misma mayoría que forma el actual Ejecutivo.

No es de extrañar: la conexión entre la actual administradora y el Ejecutivo de Clavijo no puede ser más evidente. María Méndez Castro fue elegida para el cargo con 36 votos a favor (CC, PP, ASG y AHI) y 28 abstenciones (PSOE, NC y Vox). Méndez, economista de profesión, llegó al puesto directamente desde el Gobierno canario, en el que ocupaba la Dirección General de Relaciones Exteriores adscrita a la Presidencia del Gobierno.

Aquel decreto, presentado como una medida “transitoria y extraordinaria”, justificada por la “situación de absoluto bloqueo y paralización institucional que padece el ente público”, lleva en vigor casi dos años, la mitad de la legislatura en la comunidad.

Según la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por el Parlamento el 26 de diciembre de 2014, deberían haberse constituido cuatro órganos encargados de garantizar el funcionamiento ordinario del ente público: Junta de Control (equivalente a un consejo de administración), Dirección General, Consejo Asesor y Consejo de Informativos. Pero la falta de acuerdo parlamentario ha imposibilitado su nombramiento.

Entre 2018 y 2023, la dirección de RTVC estuvo en manos de la figura de un administrador único, que a su vez fue concebida como “un remedio extraordinario, interino y transitorio” a la espera de que el Parlamento lograra designar los órganos de gestión. Fueron otros cinco años durante los cuales los grupos parlamentarios han sido incapaces de nombrar director general ni lograron constituir los órganos previstos por ley.

El Gobierno de Clavijo justificó el decreto de 2023 ante esta “situación crítica y de fracaso institucional”, con el fin de garantizar el funcionamiento pleno de un servicio público que considera “esencial” para la comunidad autónoma. En el espíritu de aquella medida supuestamente transitoria, el Ejecutivo anunció su intención de “asumir la iniciativa legislativa” y elevar al Parlamento de Canarias un proyecto de nueva Ley de RTVC que sustituya a la “fracasada” normativa vigente de 2014. De hecho, nada impide, sobre el papel, cumplir la ley original, que sigue vigente, y designar Junta de Control o Dirección General, para lo cual basta con mayoría absoluta en el Parlamento.

El resultado es una normativa que incumple, en todos sus términos, las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios, aprobado en 2024. Una norma que exige que todos los medios públicos de la Unión cumplan una serie de condiciones para garantizar su sostenibilidad e independencia, y que blinde al mismo tiempo el trabajo de sus profesionales frente a cualquier intento de injerencia política.

La Directiva Europea demanda garantías de independencia editorial, transparencia en los nombramientos y financiación adecuada y previsible para los medios públicos, así como mecanismos claros para proteger la independencia de los profesionales y la pluralidad informativa.

En Canarias, por ejemplo, no existe un Consejo de Redacción, lo que limita la capacidad de la plantilla de RTVC para canalizar denuncias internas sobre injerencias o censura. Esto dificulta cumplir plenamente con los estándares europeos de independencia editorial y protección de los profesionales.

En los últimos años, se han sucedido algunas denuncias públicas de manipulación informativa y quejas de trabajadores por falta de independencia política. En 2018, una periodista de Televisión Canaria denunció públicamente la censura de un reportaje crítico con una iniciativa del Gobierno regional, alegando que la dirección de informativos vetó la pieza por considerarla “tendenciosa y escorada”, y que solo se permitiría su emisión si incluía opiniones favorables a la postura oficial.

La periodista señaló entonces un punto esencial, que es precisamente lo que el Reglamento Europeo de Medios ha venido a poner sobre la mesa: la carencia de un Consejo de Redacción como vía interna para denunciar estas situaciones, una reivindicación respaldada por la plantilla y por los partidos políticos de la izquierda del arco parlamentario, que también han criticado la censura y la manipulación en los informativos de la cadena.

Otro ejemplo, más reciente. En 2024, durante una tertulia en la que se trataba el tema del caso Mascarillas en Canarias y la querella de la Fiscalía contra varios empresarios, la presentadora del programa interrumpió a uno de los contertulios cuando mencionó el asunto: “Órdenes de dirección”, se justificó la presentadora.

Lo ocurrido motivo un pronunciamiento crítico de la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) subrayando que “se hace necesario e indispensable reactivar los órganos de seguimiento y control de la Televisión Pública Canaria creados ex profeso para su equilibrado funcionamiento”.

La distancia entre la regulación legal y la aplicación real de las normas que afectan a la televisión local en Asturias es una evidencia. El actual director general de Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), Francisco González Orejas, ocupa el cargo en funciones desde marzo de 2019, lo que significa que la Junta General (el Parlamento autonómico) lleva más de seis años incumpliendo la obligación legal de nombrar a la persona de la que dependen la radio y la televisión públicas en la comunidad.

El artículo 20 de la ley reguladora, que data de 2014, establece que “el Director será elegido por la Junta General del Principado de Asturias, previa comparecencia del candidato” para que la Cámara pueda “informarse de su idoneidad para el cargo, por mayoría de dos tercios, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, en primera convocatoria. Si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación no se alcanzase esa mayoría, se elegirá por mayoría absoluta en una nueva votación”.

Cuando González Orejas (Mieres, 1957), licenciado en Periodismo y doctor en Filología Hispánica, se hizo con el cargo, era un miembro más del consejo de administración de RTPA. Fue elegido director en funciones con seis votos a favor —los de los consejeros propuestos por el PSOE, IU, PP y Foro— y dos en contra —los de Podemos—. Aquel día, el consejo instó y urgió a la Junta General a pactar el nombre de un director general ya. Y hasta ahora.

Porque, durante seis años, la Junta General ha sido incapaz de cumplir con su obligación legal. Lo que significa que González Orejas ya ha superado incluso el mandato legal que tendría un director general elegido con arreglo a la ley. Y contando.

Y eso que el Parlamento asturiano sí encontró la forma de renovar a los ocho miembros del consejo de administración. Lo hizo en mayo de 2022, eligiendo tres a propuesta del PSOE, dos a iniciativa del PP, uno a instancias de Ciudadanos, otro a propuesta de Podemos y el último designado por IU.

No es la primera vez que alguien se tiene que hacer cargo de la RTPA en funciones, aunque sí la más prolongada en el tiempo. Cuando José Ramón Pérez Ornia, el primer director general, dimitió después de permanecer en el cargo entre 2005 y 2011, le siguió en funciones unos meses José Guerenabarrena, después del cual asumió la máxima responsabilidad de los medios públicos asturianos Antonio Virgili, también en funciones. De hecho, la Junta General no oficializó su puesto hasta 2015, cuatro años después. Virgili, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, donde se licenció en Ciencias de la Información, dimitió en 2019, lo que abrió la puerta a la interinidad actual.

El desinterés de la Junta General y del Gobierno del Principado por el cumplimiento de la ley que regula la RTPA ha tenido como consecuencia que nunca, desde que se introdujo en la ley de 2014, se haya aprobado el mandato marco, el instrumento estratégico y plurianual que establece los objetivos generales y las líneas de actuación del servicio público de radiotelevisión autonómica. Lo acaba de aprobar la Junta General —tras debatirlo el pasado mes de junio, con 11 años de retraso— con una vigencia de nueve años y, al menos, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.

Más difícil lo tiene el contrato programa, también previsto en la ley y a su vez inédito. Consiste en un acuerdo con una vigencia de tres años entre el Gobierno del Principado de Asturias y RTPA, que traduce el mandato marco en compromisos concretos y financiación para su cumplimiento.

En consonancia con esta falta de desarrollo de la ley, tampoco ha tenido gran eficacia la previsión de creación de un órgano consultivo abierto a la sociedad civil que la norma de 2014 bautizó como Consejo de Comunicación. En él tienen asiento, durante seis años, nueve personas nombradas por el Gobierno a propuesta de empresarios, periodistas, publicistas, compañías audiovisuales, productoras, asociaciones de consumidores, sindicatos, entidades locales, Administración autonómica y universidad. Lo mismo sucede con el Consejo de Informativos, que debe representar a los trabajadores de la RTPA.

Así las cosas, la Radio Televisión Pública, aunque no ha sido objeto de grandes controversias en relación con la manipulación informativa o su dependencia del poder político, más allá de las habituales acusaciones de los partidos que están en la oposición y se sienten infrarrepresentados en los informativos, difícilmente cumple las exigencias del Reglamento Europeo de Medios, la directiva que, desde agosto, exige a los medios públicos de la UE cumplir determinados requisitos.

La EMFA, por sus siglas en inglés, exige la adopción de normas internas claras y comités independientes para proteger la libertad de los periodistas frente a presiones internas o externas. Eso significa estatutos de redacción (un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección) y consejos de redacción (un órgano elegido por la plantilla periodística que puede emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional). La RTPA cuenta, en teoría, con ese órgano de representación de los trabajadores para defenderse de injerencias internas y externas.

La segunda exigencia es que el nombramiento del equipo directivo de los medios públicos se base en procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, con duración limitada y causas claras de cese. Eso significa que debe hacerse por concurso público con méritos profesionales, evaluarse a través de un órgano plural e independiente y llevarse a cabo mediante votación cualificada del parlamento autonómico. Nada de eso sucede en el caso de los medios públicos asturianos.

De nuevo, sobre el papel, la RTPA está trabajando para cumplir el tercer requisito, aunque todavía no lo ha conseguido. Se trata de adoptar un modelo de financiación “plurianual, estable y adecuada”, que debe estar separada de los presupuestos generales de la comunidad para evitar castigos o premios en función de los contenidos, y tiene que basarse en mandatos de servicio público definidos y evaluables.

IB3, la televisión pública de Baleares es un hervidero de conflictos. La sustitución del director general anterior, Albert Salas, por Josep Maria Codony Oliver, un ejecutivo de medios especializado en márquetin y ventas, con los votos de PP y Vox como único respaldo (32 votos a favor, la mayoría absoluta de la cámara, frente a 20 votos en blanco y 4 nulos), no ha sido bien recibida ni por los representantes de los periodistas baleares ni por la plantilla del ente público. Su designación resume las intenciones del actual Govern, presidido por Marga Prohens: Codony ya estuvo al frente de IB3 entre 2014 y 2015, cuando tenía carné del partido.

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), criticó que el nuevo director no sea titulado en Periodismo o Comunicación Audiovisual y que su trayectoria profesional tenga “una notoria significación política”.

Su antecesor, el periodista Albert Salas, había sido elegido apenas un año y medio antes con un consenso políticamente mucho mayor: aunque el PSIB se abstuvo, logró sumar a los votos de Vox y del PP los de Més per Mallorca y de Més per Menorca, con el compromiso de mantener el catalán como lengua de trabajo en la radiotelevisión pública.

La audiencia, aunque modesta, mejoró en el último año: IB3 Televisió cerró 2024 con un 5,2% de cuota media de pantalla anual, dos décimas por encima del registro del año anterior. Las mejores cifras en una década. Pero, como telón de fondo, sigue estando el conflicto provocado por la normalización pendiente de nada menos que trescientos profesionales que fueron internalizados formalmente, pero que no son funcionarios, lo que afecta a sus salarios, entre otros derechos. Una huelga reciente de cuatro días concluyó sin acuerdo para resolver la situación de estos trabajadores.

Los medios públicos de Illes Balears están agrupados en el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) desde el año 2004 para unificar la gestión de la radiotelevisión pública balear, compuesta principalmente por IB3 Televisió e IB3 Ràdio, que comenzaron sus emisiones regulares en 2005. La puesta en marcha de IB3 fue una respuesta a la demanda de contenidos propios en catalán y con enfoque territorial, similares a los modelos de otras comunidades con lengua propia.

El ente se rige actualmente por la Ley 15/2010, de 21 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, reformada en 2015. Una norma que, aunque formalmente mantiene las mayorías reforzadas como mecanismo para elegir al director general y a los nueve miembros del Consejo de Dirección, consagra la dependencia política de la radio y la televisión públicas del archipiélago al permitir que, si no hay acuerdo, se les pueda designar por mayoría absoluta volviendo a votar en el plazo de un mes. En la práctica, los partidos se reparten proporcionalmente la representación del Consejo de Dirección, que es como se llama en Illes Balears a lo que en la mayoría de las televisiones públicas se conoce como consejo de administración.

El mandato de los miembros del Consejo de Dirección es de seis años y solo se puede renovar una vez. Hace apenas tres meses, el Parlamento balear relevó a cinco de ellos, cuyo mandato había caducado. Gracias a ese cambio, que no tuvo ningún voto en contra (en virtud del reparto pactado entre partidos), en este órgano ya se sienta un representante de Vox que fue candidato en las últimas elecciones.

En los medios públicos baleares no existe un Consejo de Informativos ni un estatuto profesional que blinde a los profesionales que trabajan en ellos. Pero sí hay un Consejo Asesor con un mandato de cuatro años (el mismo que la legislatura), integrado por quince miembros entre los que debe haber representantes de los sectores profesional, educativo y cultural, las asociaciones de consumidores y usuarios, así como las asociaciones representativas de personas con discapacidad y de los jóvenes y las personas mayores. El último fue elegido en marzo, en este caso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La ley obliga al Parlamento balear a aprobar un mandato marco estableciendo los objetivos que debe alcanzar el servicio público de radio y televisión, y con una vigencia de seis años. De él debería derivarse un contrato programa trianual.

Los medios públicos de Illes Balears no cumplen las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, especialmente en lo que se refiere a la independencia efectiva y la protección frente a interferencias políticas. El mecanismo de elección de su dirección no garantiza su independencia y tampoco existe protección alguna para los profesionales de la información. La financiación, por último, depende de los presupuestos autonómicos, sin blindaje legal estable.

Durante años, se han sucedido las acusaciones de manipulación informativa a favor del gobierno de turno. Profesionales y comités de empresa han denunciado repetidamente la existencia de presiones y la falta de independencia con la que se ven obligados a trabajar.

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) documentó en su día 20 casos de “censura flagrante” e “injerencia política en favor del Gobierno balear” durante el mandato del PP. Los periodistas describieron un ambiente de “miedo a desobedecer” porque podían ser sancionados, trasladados o despedidos.

El grupo parlamentario del PSOE llegó a anunciar en 2007 que no participaría en programas de IB3 por considerar que sus contenidos mostraban “partidismo” evidente y una falta de pluralidad, al servir “solo a los intereses del PP”.

La desconexión entre la gobernanza de los medios públicos autonómicos de Aragón y los partidos políticos que históricamente han controlado el Gobierno de la comunidad nunca ha existido. Las leyes reguladoras de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la entidad de la que dependen Aragón TV y Aragón Radio, siempre han dejado abierta la puerta al control gubernamental, facilitando que sus órganos de gobierno —el consejo de administración y la dirección general— pudiesen ser elegidos por mayoría absoluta, la misma que elige el Gobierno de Aragón.

No obstante, y por si a alguien le quedase alguna duda, en el último retoque a la ley reguladora de los medios públicos aragoneses, aprobada por las Cortes autonómicas en 2023, hace menos de dos años, la alianza formada por el PP y Vox dejó claro quién manda en la televisión y la radio autonómicas: “El Consejo de Administración es un órgano que obtiene su legitimidad respetando la representación de los grupos parlamentarios existentes en las Cortes de Aragón en cada legislatura. Por ello, la composición del Consejo de Administración debe respetar esa voluntad de los aragoneses expresada en las urnas”, señala la reforma en su exposición de motivos.

Con este planteamiento, no es de extrañar que la elegida por el Gobierno aragonés, a través de un consejo de administración de la CARTV controlado por PP y Vox (ocho de sus quince miembros fueron seleccionados por la derecha y la ultraderecha), fuese Raquel Fuertes. Esta periodista no solo tiene experiencia como trabajadora de la radio y la televisión autonómicas, sino que fue jefa de prensa y jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP).

Bermúdez de Castro, que fue después secretario de Estado del Ministerio para las Administraciones Territoriales durante los cuatro últimos años de Mariano Rajoy, vuelve hoy a estar en el Gobierno de Aragón —en calidad de consejero de Hacienda y Administración Pública— que en última instancia nombró a Fuertes.

La relación con el PP no es, además, la única que llama la atención en el currículum de la directora general. Durante ocho años y tres meses trabajó en el departamento de comunicación del grupo Henneo, el principal beneficiario de que la CARTV tenga privatizada gran parte de sus producciones.

Porque Aragón TV tiene externalizados casi todos sus servicios, lo que genera un jugoso negocio para muchas empresas, en particular para el grupo Henneo, propietario de la principal cabecera regional, el Heraldo de Aragón, y del diario 20 Minutos, así como de casi medio centenar de compañías, entre las que destacan varias que se dedican ex profeso a suministrar contenido a la televisión pública de Aragón.

La dependencia de Aragón TV del grupo Henneo es enorme: este grupo privado de comunicación, propiedad de la familia Yarza (70%) y de Ibercaja (30%), se encarga de producir la mayor parte de los contenidos audiovisuales de Aragón TV. El negocio es grande: según el Informe de fiscalización de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de los ejercicios 2019-2020, publicado por la Cámara de Cuentas de Aragón, del total del presupuesto de 42,85 millones de euros para contenidos en el año 2020, al menos 33,23 millones (más del 77%) los absorbía el grupo Henneo, con empresas de su propiedad como Chip Media, Factoría Plural o Global Studio News.

El consejo de administración, dominado en la actualidad por PP y Vox, está compuesto por quince miembros elegidos para cada legislatura (la conexión política se refuerza en este punto) por el Pleno de las Cortes de Aragón. No hace falta una mayoría reforzada, porque la ley facilita que, en segunda votación, sean elegidos por mayoría absoluta.

El mecanismo para designar a quien ejerce la dirección general es muy parecido al establecido para el consejo, que formalmente es quien propone su nombre. De nuevo, en este caso, la mayoría absoluta es suficiente para su designación. El consenso entre la mayoría que apoya al gobierno de turno y los partidos de la oposición está descartado.

Hay, además, otro órgano, el Consejo Asesor, sin poder real, en el que tienen asiento representantes de entidades o instituciones que la ley considera representativas y con derecho a opinar sobre la Corporación. Entre ellos están: dos consejeros elegidos por los trabajadores de la CARTV y de sus sociedades, escogidos por las organizaciones sindicales; dos designados por los trabajadores de las empresas privadas que prestan servicios de producción audiovisual para la Corporación; dos seleccionados por representantes de asociaciones de la prensa y de otras organizaciones profesionales del sector; dos que designan las universidades; dos más elegidos por consumidores y usuarios; uno designado por asociaciones de discapacidad; y otros tres que seleccionan los institutos de la Mujer, Juventud y Empleo.

Lo que no hay es nada parecido a un Consejo de Informativos, con representación profesional y herramientas para que los periodistas se puedan defender de las presiones políticas, ni un estatuto de redacción que garantice los derechos de los profesionales que trabajan en Aragón TV.

En estas circunstancias, no es de extrañar que la radio y la televisión públicas sean objeto de controversia política con frecuencia, con quejas recurrentes de las formaciones de oposición a la cobertura que hacen de la actualidad.

Por supuesto, no cumple los estándares que la EMFA (el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, por sus siglas en inglés) impone a los medios públicos y que el Gobierno español y las comunidades autónomas están obligados a cumplir si no quieren exponerse a ser objeto de sanciones por parte de la Comisión Europea.

El reglamento europeo exige independencia editorial y protección de los periodistas que trabajan en los medios públicos (debe haber un estatuto interno y un consejo de redacción elegido por ellos). Los nombramientos deben ser mediante concurso, transparentes y plurales, y sin intervenciones políticas sesgadas. También hace falta una financiación estable y plurianual para que sea predecible, no supeditada al gobierno de turno.

El control político de los medios públicos en España se ejerce, en todos los casos, a través de mayorías parlamentarias. Casi siempre, por mayoría absoluta, lo que facilita la elección de órganos de gobierno de la radio y la televisión del perfil que más conviene o que más gusta al Ejecutivo de turno. A veces, muy pocas, por mayorías cualificadas, que obligan a encontrar perfiles profesionales susceptibles de conseguir un amplio respaldo que, necesariamente, tiene que incluir a los partidos de la oposición.

El caso de Castilla-La Mancha obvia esa ceremonia, en la que se invoca el consenso político, en mayor o menor grado, a través del legislativo. En esta comunidad, es el Consejo de Gobierno —o, lo que es lo mismo, el presidente de la comunidad, que en la actualidad es el socialista Emiliano García-Page— quien elige al director general del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha. Sin más trámite que “oír” a un Consejo de Administración que, este sí, es elegido por la misma mayoría política que elige al presidente de Castilla-La Mancha.

El puesto lo ocupa, desde hace más de diez años, la periodista Carmen Amores. Llegó al cargo en 2015, después de que García-Page cesara a su antecesor, Ignacio Villa, cuya gestión había puesto en entredicho no solo la integridad informativa de la radio y la televisión públicas, sino la limpieza de su contabilidad.

Amores, licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un mandato ligado al del presidente que la nombra y, gracias a él, transita ya por su tercera legislatura al frente de Castilla-La Mancha Media (CMM).

La directora general y su consejo manejan este año un presupuesto de 66.062.360 euros, de los cuales 45.753.570 salen de la subvención directa del Gobierno autonómico (a los que hay que sumar otros cuatro millones en concepto de “aportación finalista para dotar la provisión del IVA”). Otros 2.378.000 proceden de ventas de publicidad y programas.

Su audiencia ha mejorado en los últimos años, pero sigue en porcentajes modestos. En la campaña que acaba de terminar, y que comenzó en septiembre, alcanzó un 5,9%, según datos de Barlovento, por debajo de la media del resto de televisiones autonómicas españolas. Por delante tiene a TV3 (14,1%), Aragón TV (12,1%), Canal Sur (9,4%), TVG (8,5%) y ETB2 (8,3%). Peores registros presentan TVCAN (5,6%), Telemadrid (5,1%), IB3 (5,1%), Extremadura TV (4,9%), la asturiana TPA (4,4%), la valenciana À Punt (3,2%) y La 7TV de la Región de Murcia (3%).

La Ley de Creación del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha se remonta a mayo del año 2000, aunque las emisiones regulares no comenzaron hasta diciembre de 2001. La televisión y la radio de Castilla-La Mancha son dos sociedades anónimas de titularidad pública que pertenecen al ente público, que a su vez se estructura en tres órganos: un Consejo de Administración (dominado en la actualidad por el PSOE, con siete asientos de un total de trece, frente a cinco del PP y uno de Vox, repitiendo así la proporción de las Cortes de Castilla-La Mancha) y la Dirección General.

El Consejo de Administración tiene, entre otras funciones, y como es habitual, la de velar por el cumplimiento de lo establecido en la ley en materia de programación, aprobar los anteproyectos de presupuestos del ente público y de sus sociedades, dictar las normas de carácter interno reguladoras de la emisión de publicidad o determinar anualmente el porcentaje de producción propia incluido en cada medio.

Hay, además, un Consejo Asesor cuyos miembros, en principio, no tienen por qué tener conocimiento alguno en materia de comunicación y periodismo. Está compuesto por tres vocales designados por las Cortes de Castilla-La Mancha en atención a su “prestigio cultural”, tres vocales en representación del Gobierno autonómico, tres vocales nombrados por la Federación de Municipios y Provincias de la comunidad, tres vocales elegidos por la Universidad, en este caso con “relevantes méritos culturales”, y tres vocales seleccionados por los sindicatos más representativos del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha.

La política, incluso en un órgano asesor sin poder real, domina por completo el Consejo Asesor: nueve de quince llegan al puesto a través de las Cortes, el Gobierno o los municipios.

La regulación y el funcionamiento de CMM incumplen el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) en todo lo que tiene que ver con los medios públicos, lo que a corto plazo, como sucede con casi todas sus hermanas autonómicas y con RTVE, obligará a llevar a cabo una profunda reforma para evitar sanciones de la Comisión Europea.

El reglamento establece mecanismos destinados a garantizar que los medios de titularidad pública actúen con autonomía editorial plena, dispongan de una financiación previsible y suficiente, y estén sujetos a sistemas de gobernanza basados en criterios transparentes, abiertos y no discriminatorios. Su objetivo es preservar la función de la radio y la televisión públicas como garantes del pluralismo informativo, el interés general y la cohesión democrática, blindándolos frente a injerencias partidistas y asegurando que representen a toda la ciudadanía, no a los intereses de un poder político concreto.

En la práctica, eso significa estatutos de redacción (un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección) y consejos de redacción (un órgano elegido por la plantilla periodística que puede emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional).

También que el nombramiento del equipo directivo debe hacerse por concurso público con méritos profesionales, evaluarse a través de un órgano plural e independiente y llevarse a cabo mediante votación cualificada del parlamento autonómico.

Y, por último, contar con una financiación “plurianual, estable y adecuada”, separada, por tanto, de los presupuestos generales, para evitar castigos o premios en función de los contenidos y basada en mandatos de servicio público definidos y evaluables.