Ni la bajada de los tipos de interés, ni las incertidumbres geopolíticas globales, ni las OPA hostiles, ni los cambios en las cúpulas, ni el impuesto extraordinario hacen mella en los resultados de la gran banca española. En los nueve primeros meses del año las seis mayores entidades financieras españolas han vuelto a romper récord de beneficios. Han ganado 23.656 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo de 2023.

Aunque la época del dinero caro, tras la invasión rusa de Ucrania, ha tocado a su fin con la inflación bajo control y el PIB europeo en riesgo de caída, los bancos españoles siguen presumiendo de resultados galácticos. E incluso de una rentabilidad mejorada. Compensan la desescalada de tipos aumentando su volumen de negocio –reforzando su operativa comercial: más hipotecas, más cuentas nómina–, y diversificándose geográficamente. El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, aseguró en la presentación de resultados que su objetivo es convertir la entidad “en el banco principal” para sus clientes, y de ahí que, por ejemplo, haya prorrogado ya varias veces la promoción en la que ofrece el pago de 400 euros a cambio de domiciliar la nómina. Una guerra por las cuentas a cambio de un regalo en efectivo en la que están embarcados los mayores bancos del país.

Grisi, de hecho, anunció que el Santander seguirá batiendo récords de beneficios –“Lo mejor está por venir”, avanzó– en el futuro, pese a la moderación de los tipos de interés y la consiguiente rebaja de los márgenes bancarios.

El banco que preside Ana Patricia Botín ganó 9.309 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 14% más que en el mismo periodo de 2023, superando las previsiones del mercado. Y aumentando el número de sus clientes hasta los 171 millones, cinco millones más. Precisamente a la mayor “actividad de clientes” y a la “buena gestión de los márgenes” atribuye el banco la subida del 8% del margen de intereses –la diferencia entre ingresos y costes financieros, que sirve para medir el negocio puramente bancario–.

Al mismo tiempo, ha mejorado su rentabilidad, alcanzando un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,2%.

Los números son tan positivos, destaca el banco en el informe sobre sus más recientes resultados, que ya en julio revisó al alza tres de sus objetivos para este año: el crecimiento de los ingresos, la ratio de eficiencia y el mencionado RoTE.

Sin embargo, aun con semejante bonanza, el Santander va a despedir a 1.425 trabajadores en su filial del Reino Unido, según alega, debido al “cambio del modelo operativo del grupo y de la simplificación y automatización de procesos” que está llevando a cabo. “Es posible que al final el recorte afecte a un número de empleos algo mayor. Dependerá de cómo evolucione el proceso”, advirtió Grisi.

Los cuantiosos beneficios y grandes expectativas tampoco impiden al Santander atacar el impuesto temporal a la banca que creó el Gobierno en 2022 y cuya extensión durante tres años más acaba de pactar el PSOE con PNV y Junts. Hace una semana, Ana Patricia Botín dijo durante un acto en Washington que el gravamen va “contra el crecimiento” y no facilita “un ambiente inversor y más atractivo y dinámico”, informa Efe.

No ha sido la única crítica. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, arremetió contra el “mercadeo político” que, a su juicio, se está practicando en torno al polémico impuesto. Ortiz pidió una “discusión entre adultos” en temas fiscales y reiteró que el banco recurrirá el gravamen si considera que no cumple la normativa, pero sin amenazar con llevarse “nada a ningún sitio”, en alusión a Repsol, que advirtió de su intención de trasladar inversiones a otros países si se mantenía en vigor el impuesto a las energéticas.

Este mismo jueves, fue el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, quien cargó contra el gravamen: “Lo que me parece más grave es que consagra y exagera la discriminación entre entidades. Es un impuesto progresivo, algo en lo que creo en las personas físicas, pero en las jurídicas es un concepto que se me escapa. Se está gravando según el tamaño y nosotros somos la entidad financiera más grande en España; por tanto, seremos los que más paguemos”. Gortázar se lamentó de que al gravamen bien podría llamársele “tasa Caixabank”.

El impuesto a la banca, que originalmente era del 4,8% sobre los ingresos, pasará a ser progresivo desde un mínimo del 1% hasta un máximo del 6% en función de la base liquidable, que es el que corresponde a Caixabank. Pero también se permitirá una deducción del 25% en el impuesto de sociedades y una deducción extraordinaria en caso de que la rentabilidad de la entidad baje de un determinado umbral. Este año, Caixabank ha pagado 493 millones de euros en concepto de gravamen extraordinario. En total, según los cálculos de Efe, los seis grandes bancos nacionales han abonado un total de 1.500 millones de euros por el impuesto. Es decir, aún sin finalizar el ejercicio, esa cantidad equivale a sólo el 6,34% de sus beneficios. En 2023, el Santander pagó 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–, el BBVA 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros.

El BBVA ganó 7.622 millones entre enero y septiembre, más que nunca en ese periodo y un 28% más que en los nueve primeros meses de 2023. El banco lo atribuye, al igual que el Santander, al aumento del crédito y de los depósitos. El negocio en España creció un 37,6%. Y la rentabilidad sobre recursos propios, un 20,1%. Ni al BBVA ni al Sabadell les ha penalizado la OPA hostil que el primero lanzó sobre el segundo el pasado mayo y que está pendiente de autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Hemos cerrado, un trimestre más, una mejora de la rentabilidad y la solvencia, lo que apoya la creación de valor para los accionistas de forma recurrente y el proyecto en solitario de Banc Sabadell”, elogió el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, al presentar los beneficios del banco: 1.295 millones de euros, un 25,9% más que entre enero y septiembre de 2023. Unas cifras que son el resultado del alza del 26% en el crédito a empresas y de un 34% en el número de hipotecas. La rentabilidad también ha mejorado, casi dos puntos, hasta el 13,2%.

En Caixabank la presentación de resultados ha servido también para anunciar la renuncia voluntaria de José Ignacio Goirigolzarri como presidente ejecutivo de la entidad, y su sustitución por Tomás Muniesa. Caixabank cumple así con la recomendación del BCE, que presiona para que se separen las funciones ejecutivas y no ejecutivas en los órganos de poder de los bancos. Ya lo han hecho Bankinter y Unicaja, que cuentan con un consejero delegado y un presidente ejecutivo, pero aún mantienen todo el poder Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Carlos Torres en el BBVA y Josep Olíu en el Banco Sabadell.

El cambio en la cúpula se produce mientras Caixabank se apunta unos beneficios de 4.248 millones de euros hasta septiembre, un 16,1% más, gracias a “una intensa actividad comercial, una morosidad contenida, solvencia y liquidez muy por encima de los requerimientos y una rentabilidad que ha alcanzado niveles razonables”, en palabras de Gonzalo Gortázar. Por ejemplo, las suscripciones netas de fondos de inversión, seguros y planes de pensiones han crecido nada menos que un 54,3%, y las hipotecas, un 55%.

Los beneficios de Bankinter han sido más modestos, 731 millones de euros, un 7% más que el año anterior, mientras su rentabilidad sobre recursos propios se eleva al 18%. La entidad atribuye los números a un “sólido crecimiento en todos los volúmenes del negocio con los clientes”.

El sexto mayor banco español, Unicaja, ganó 451 millones de euros hasta septiembre, un 58% más que en el mismo periodo de 2023. Gracias a la caída de los tipos de interés, las hipotecas repuntaron un 35%. Mientras que su RoTE ha mejorado dos puntos, hasta el 10%.

También podría añadirse a la lista de los grandes beneficios Abanca, heredera de las quebradas cajas de ahorro gallegas. Porque la entidad presidida por Juan Carlos Escotet ganó 988,1 millones de euros hasta septiembre –casi el doble que Unicaja y por encima de los de Bankinter–, nada menos que un 160% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra incluye la integración del banco portugués EuroBic. Aun sin contar esa operación, los beneficios de Abanca sumaron 638 millones de euros, un 48,8% por encima de los resultados de septiembre de 2023. Su rentabilidad roza el 17%. Como el resto de la banca, la entidad gallega gana gracias a un aumento del crédito a particulares del 12,1% y a empresas del 12,7%, así como al 22% en que han crecido los depósitos.

En su libro Oligarcas, los dueños de España, el periodista Fonsi Loaiza descubre cómo la oligarquía española controla los resortes del poder, enmascarando sus miserias bajo una falsa apariencia de filantropía. Grandes constructoras, familias de alta alcurnia, fortunas surgidas a la vera del franquismo, "hombres hechos a sí mismos"… conforman un poderoso grupo que copa contratos públicos, recibe ayudas estatales, controla cadenas de distribución, monopoliza ámbitos enteros de la economía, se codea y apoya a la realeza, gusta de paraísos fiscales… e incluso llega a decidir sobre medios y periodistas que se atrevan a mostrarse críticos. Algunos optan por la discreción; otros, sin embargo, tienen una gran proyección pública. En realidad, ejercen su poder con una sumisión total a los intereses de Estados Unidos, con la entrada de fondos buitres norteamericanos en bancos, compañías estratégicas y la vivienda, explotan a sus trabajadores y los subcontratan en otros países en busca de mano de obra esclavizada.

De un viejo conocido como Florentino Pérez a Amancio Ortega, pasando por Ana Patricia Botín o Juan Roig, Loaiza aborda las tramas de intereses y redes clientelares de los auténticos amos del cortijo español, cuyo único objetivo se llama "poder". Un poder que les permita ser cada vez más ricos, mientras el resto de los ciudadanos ve cómo su vida es cada vez más difícil.

infoLibre publica el preámbulo de la obra, editada por Akal y que ya está disponible en las librerías.

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¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale  a decir: «amor, amor», y que debían los pueblos pedir como piden  pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Nadie se da  cuenta al tener un libro en las manos, el esfuerzo, el dolor, la vigilia,  la sangre que ha costado. El libro es sin disputa la obra mayor de la  humanidad. Todo viene de los libros. La Revolución francesa sale de la Enciclopedia y de los libros de Rousseau, y todos los movimientos actuales societarios comunistas y socialistas arrancan de  un gran libro; de El Capital, de Carlos Marx. Y sabed, desde luego,  que los avances sociales y las revoluciones se hacen con libros y que  los hombres que las dirigen mueren muchas veces como el gran  Lenin de tanto estudiar, de tanto querer abarcar con su inteligencia. Que no valen armas ni sangre si las ideas no están bien orienta das y digeridas en las cabezas. Y que es preciso que los pueblos  lean para que aprendan no solo el verdadero sentido de la libertad,  sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida.

Federico García Lorca, discurso leído con motivo de la inauguración de la biblioteca pública de Fuente Vaqueros (septiembre de 1931).

Oligarcas. Los dueños de España nace con el espíritu de poner cara y ojos a los grandes capitalistas, que no se presentan a  las elecciones, pero tienen más poder que el presidente de Gobierno de turno, al modo de la denuncia que promulgaba el  dramaturgo comunista Bertolt Brecht: «Las oscuras fuerzas que  te vejan / tienen nombre, dirección y rostro». 

La codicia de estos personajes millonarios se basa en un sistema y una estructura de poder capitalista en los que una dependienta de clase obrera de Zara en un centro comercial en  Galicia tendría que trabajar 4,5 millones de años doblando ropa  y ahorrando todo el dinero de su sueldo para acumular la fortuna que tiene Amancio Ortega. Una cajera del Mercadona en una  tienda en Valencia tendría que trabajar cuatrocientos cincuenta  mil años pasando códigos de barras sin gastar un euro para hacer  la fortuna de Juan Roig. Una limpiadora de Clece de Florentino Pérez en una residencia de mayores en Madrid, privatizada por  Ayuso, tendría que estar barriendo ciento cincuenta mil años  para lograr el dinero del presidente del Real Madrid. Estos mercaderes de la plusvalía aparecen en todos los medios de comunicación como los grandes benefactores de la humanidad, personajes a imitar. Este libro trata de desmontar toda esa ideología  perpetrada por los oligarcas españoles y sus satélites mediáticos.  

Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, fue beneficiaria  y conocedora por dentro del poder de la elite española. Relató  su experiencia y describió a estos oligarcas que viven de parasitar lo público: «España funciona como una oligarquía. Hay 100  personas que controlan el país y todos están involucrados entre  sí». A Corinna le pagaron los gastos de alojamiento con fondos  públicos de Patrimonio Nacional en la finca de La Angorrilla,  que Franco utilizaba como pabellón para sus monterías de caza  y donde fotografiaron a Juan Carlos I de cocinero en una barba coa familiar, con una gorra al revés y pantalón corto de color  amarillo chillón, junto al hijo menor de Corinna. La examante  también denunció en Reino Unido a Juan Carlos I por acoso y  amenazas. Sin embargo, los tribunales británicos señalaron que  los actos previos a la abdicación de Juan Carlos I no pueden ser juzgados por su inmunidad.  

La red de oligarcas fue alentada por el franquismo, goza de  impunidad y ejerce su poder con una sumisión total a los intereses de Estados Unidos, con la entrada de fondos buitres norteamericanos en bancos, compañías estratégicas y la vivienda, y sin  una red empresarial pública en sectores esenciales del país. Es verdad que la clase política en España ha funcionado como manijeros y los oligarcas como los amos del cortijo. Sin embargo,  toda esta oligarquía española está sometida como una colonia.  Amancio Ortega es casero y se forra con sus inquilinos Amazon  y Facebook en Estados Unidos, Ana Patricia Botín es más ges tora de un banco de BlackRock que propietaria del Santander, Florentino Pérez construye obras para el complejo militar industrial estadounidense, Ferrovial de Rafael del Pino ha debutado en el Nasdaq de la Bolsa de Nueva York y Juan Roig participa en fondos de Silicon Valley.  

Para no pagar impuestos, estas empresas y oligarcas han montado todo un entramado de sociedades offshore con filiales en paraísos fiscales. El Banco Santander contaba en 2023 con 187 filiales de estas y ACS de Florentino, con 82. La compañía Ferrovial anunció a principios de 2023 que cambiaba su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos. Su máximo  mandatario es Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, sobrino del ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Del Pino atesora la segunda  mayor fortuna de España, con 12.275 millones de euros de patrimonio familiar, y ha recibido todo tipo de ayudas estatales.  

Así funcionan los oligarcas españoles y sus «paguitas». Florentino Pérez, Villar Mir, los Entrecanales y Rafael del  Pino han formado el conocido como «Cártel de las Constructo ras». ACS, FCC, Acciona, Sacyr, OHL y Ferrovial fueron condenadas por amañar durante 25 años miles de licitaciones públicas en España. Estas empresas se reunían semanalmente e  intercambiaban información sobre su estrategia para repartirse  cientos de millones de los concursos públicos. La Audiencia  Nacional libró a estas multinacionales de la inhabilitación y la  prohibición para recibir más contrataciones por parte del Esta do español. En el primer semestre de 2024 lograron su récord  histórico de contratos, con 242.000 millones de euros en todo el  mundo. 

En España, de las cacerías con Franco en la dictadura se ha  pasado al palco del Bernabéu de Florentino Pérez, con la misma  estructura económica caciquil para los negocios. El reparto del  «botín» para estos oligarcas va de las sagas de banqueros, pasando por las familias franquistas de los Abelló, los March o los Daurella, y la aristocracia y la realeza de la Casa de Alba y los  Borbones, los empresarios Juan Roig, de Mercadona, y Amancio Ortega, de Inditex.  

En España, la oligarquía controla los resortes del régimen y  tapa sus miserias con falsa filantropía. La banquera Ana Patricia Botín tiene asegurada la mayor pensión por jubilación del Ibex, ha sido asesora del FMI en la pandemia y pidió a los españoles  que hicieran como ella y bajáramos la calefacción a 17 grados en casa, mientras estrenaba un jet privado. El empresario Amancio  Ortega disfruta a sus ochenta y siete años de una fortuna de 93.930  millones de euros y se ha convertido en la persona con mayor poder económico de España y en el mayor rentista de todo el mundo. Ortega lava su imagen con donaciones publicitadas por me dios de comunicación y dirigentes políticos, mientras se tapa el  esclavismo en la industria textil del que abusa Inditex fuera de España. Juan Roig es la tercera fortuna del país, con 11.230 millones de euros. No ha ocultado su capitalismo despiadado. Tuvo que declarar como testigo en el juicio de la «caja B» del PP  de Bárcenas y admitió financiar a la fundación FAES del expresidente José María Aznar. Los éxitos empresariales de Mercado nano hubieran sido posibles sin el franquismo, que aupó a Cárnicas Roig, de su padre, y sin los favores políticos desde la Transición. 

A estos privilegios de las familias oligárquicas y franquistas, y de Florentino, Rafael del Pino, Ana Botín, Amancio Ortega y Roig dedicaremos los próximos capítulos.

Colaboración público-privada. Suena bien. Pero no siempre es fácil, porque las naturalezas del Estado y la empresa son diferentes. A veces, difíciles de conciliar. Así que juntar política y negocio puede dar resultados chocantes, conflictivos, más aún cuando en la misma ecuación en la que caben unos elevados propósitos sociales entran también un joven millonario, una poderosa saga bancaria, un fondo de inversión, una compleja estructura societaria y un territorio de baja tributación.

Vayamos al caso. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) es una empresa mixta, conformada como sociedad público-privada en 2021 con el respaldo de la entonces alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú), la responsable institucional más asociada en España a la lucha por el derecho a la vivienda, que conquistó el bastón de mando tras dar guerra como líder de la PAH. ¿El propósito de HMB? Facilitar a miles de personas acceso a techo en alquiler a precios por debajo de mercado en la capital catalana y su área metropolitana. ¿La paradoja? Al mismo tiempo que persigue estos fines, HMB mantiene en su accionariado a una empresa de la que forma parte un holding radicado en Luxemburgo, una jurisdicción paradisíaca para los fondos de inversión que pretenden minimizar su factura fiscal.

El broche a la historia lo pone un insigne nombre propio. Porque desde el Gran Ducado hace negocio con esta colaboración público-privada –CPP, se llama a estas fórmulas en argot ejecutivo– Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautola, hijo mayor de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y nieto de Emilio Botín, que también fue presidente de dicho banco. ¿Y cómo participa en todo esto? Morenés está detrás, junto a su socio y amigo Juan Pepa, de Stoneshield, accionista luxemburgués de la promotora inmobiliaria Neinor Homes, a su vez copropietaria de la sociedad mixta HMB.

Mientras participan en esta destacada iniciativa de colaboración con las instituciones, Neinor y Stoneshield son nombres vinculados a la defensa de los intereses del sector inmobiliario frente a las políticas de intervención públicas. Ambas compañías han sido participantes en la última edición de The District, la cita inmobiliaria en Barcelona que reúne a inversores, bancos y lobistas y que ha sido boicoteada por el movimiento antidesahucios por considerar que encarna las posiciones más especulativas. El presidente de Neinor es Ricardo Martí Fluxá, que a su vez es presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), uno de los puntales del lobby del ladrillo y una destacada voz contra la Ley de Vivienda del PSOE y Unidas Podemos. Un dato más: Neinor figura, en un documento de la propia empresa de febrero de 2023, como miembro del grupo de presión a favor de los propietarios de viviendas Asval, detrás del cual se encuentra el fondo Blackstone. Neinor ya formaba parte del mismo cuando se incorporó a HMB en 2021.

¿Qué dicen los aludidos en esta información? Ni Neinor ni Stoneshield respondieron a las preguntas planteadas por infoLibre [ver al final La Caja Negra]. Tanto el Área Metropolitana de Barcelona como el Ayuntamiento, socios e impulsores públicos del proyecto, coinciden en destacar la transparencia del proceso. Desde Barcelona en Comú, el grupo al que pertenece Colau, recalcan que el contrato que fija la actuación de HMB blinda el alquiler a precio por debajo de mercado. "Bajo ningún concepto estas viviendas pueden acabar en el mercado especulativo, como sí ocurrió con otros edificios de vivienda pública en los 90 o recientemente en la Comunidad de Madrid", añade. Todo ello es así, señala la misma fuente de los comuns, "independientemente de quién sea accionista del operador" o de "qué otros negocios tengan más allá de este". Y añade: "Barcelona en Comú ha destacado precisamente por enfrentarse a fondos buitres, lobbies y especuladores, lo que nos ha llevado a declarar hasta en 15 ocasiones en una guerra sucia judicial que ha ido archivando todas y cada una de las causas, destacando la de Vauras, un fondo de inversión similar a Stoneshield".

HMB es un "operador" de "vivienda de alquiler asequible" cuyo objetivo es construir y gestionar 4.500 viviendas en arrendamiento con protección pública. Nació en marzo de 2018 como una entidad enteramente pública fundada por el Área Metropolitana y a la que se sumó sólo tres meses después el Ayuntamiento. El reparto quedó entonces 50-50, todo público. Pero ese no era el objetivo. Desde su origen HMB tuvo vocación de buscar capital privado, como recogen sus propios estatutos. Se trataba de construir una sociedad de vivienda potente, a la altura de una política de vivienda que también quería serlo.

No fue fácil encontrar a los socios. Ni rápido. La entrada de dinero privado no se encarriló hasta julio de 2021, cuando el consejo de administración de HMB adjudicó a Neinor y Cevasa la condición de accionistas para "transformar HMB SA en una sociedad de economía mixta" y en un "ejemplo de colaboración público-privada". Ambas empresas constituyeron Nicrent Residencial SL, cuya entrada en HMB se formalizó en noviembre de 2021.

El accionariado de HMB es desde entonces un 50% público y un 50% privado. Sus socios públicos son el Área Metropolitana (25%) y el Ayuntamiento (25%). El privado es Nicrent (50%). Cevasa y Neinor tienen cada una un 50% de Nicrent. Es decir, un 25% cada una de la compañía mixta. El consejo de administración de HMB expresa este equilibrio: dos miembros del Área Metropolitana, dos del Ayuntamiento, dos de Cevasa, dos de Neinor y un independiente.

HMB no ha sido un proyecto técnico, administrativo, de segunda línea. Al contrario, ha sido un proyecto de alto perfil político, una apuesta de una figura tan relevante en el ámbito de la vivienda como Colau, que fue alcaldesa entre 2015 y 2023. Desde noviembre de 2021, cuando se formaliza la entrada de Cevasa y Neinor, el Ayuntamiento publicita HMB como "el primer operador de vivienda público-privado del Estado". Aquel mismo mes tuvo lugar un acto institucional en el que los accionistas públicos y privados de HMB comparecieron juntos para detallar las distintas fases del proyecto de la "primera sociedad mixta de vivienda de alquiler asequible de España". Así promocionaba el evento En Común Podem.

La iniciativa, que según se anunció debía construir sus 4.500 viviendas en ocho años, se ponía en marcha con la aportación de 6 millones de euros por parte del Ayuntamiento, otros 6 por parte del Área Metropolitana y 12 por parte del socio privado compuesto al 50% cada uno por Cevasa y Neinor, compañía de la que aún no formaba parte Stoneshield. Los fondos aportados por los socios debían servir para la construcción de 640 viviendas. La aportación final prevista para el conjunto de los socios es de 116 millones de euros. La sociedad mixta "construirá viviendas de alquiler asequible, a precio protegido y de forma permanente, sin perder nunca esta calificación, con la garantía de control público, gobernanza conjunta y evitando que acaben en el mercado privado libre", afirmaba Colau durante aquella presentación.

Toda la retórica que envolvía al proyecto remitía a lo social, lo cooperativo, lo novedoso. No sólo en la presentación de noviembre de 2021. Un año después un folleto del Instituto de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona afirmaba que Neinor se implicaba en HMB por su "dimensión social".

Para entonces la luxemburguesa Stoneshield ya estaba dentro de Neinor.

Neinor no es una empresa cualquiera del sector inmobiliario. Nacida en 2015 y con una plantilla de 300 trabajadores, se presenta como la "compañía cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España", con más de 1.800 millones de euros de patrimonio. Bajo la presidencia de Ricardo Martí Fluxá, presidente al mismo tiempo de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) y del lobby de la seguridad y defensa Tedae, Neinor se lanzó a la CPP optando junto a Cevasa al puesto en la sociedad mixta impulsada por Colau. Y ganó. Neinor estuvo representada en el acto de noviembre de 2021 en la persona de su directivo Jordi Argemí, que aseguró que HMB iba a ser "un referente para otros proyectos en todo el país".

Poseedora desde entonces del 25% de HMB, Neinor es la empresa que conduce ahora hasta Luxemburgo y hasta Morenés, hijo, nieto y biznieto de presidentes del Santander, que está haciendo fortuna en el negocio de la inversión. Veamos en detalle la operación que certificó la llamativa situación de que un ambicioso proyecto de colaboración público-privada acabe teniendo como participante a un holding radicado en un territorio de baja tributación. El 23 de enero de 2022, cuando ya era parte de HMB, Neinor recibió una comunicación del fondo luxemburgués Stoneshield Capital, del que son cofundadores y socios Morenés y Juan Pepa, su más estrecho aliado y colaborador. La comunicación informaba de la entrada en Neinor de una entidad del grupo, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, con cerca de un 18,5% del capital.

Estaba hecho: Stoneshield había entrado –y sigue– en Neinor, que a su vez estaba –y está– en HMB. Es decir, la empresa público-privada de alquiler social en Barcelona quedaba –y sigue– vinculada accionarialmente al fondo luxemburgués de un hijo de la banquera más importante de España. Stoneshield no se quedó en ese porcentaje inicial. Su trozo de la tarta ha crecido hasta situarse en un 25% en agosto de este año, según el registro publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las estructuras de muñeca rusa son habituales en Luxemburgo, jurisdicción donde existen importantes beneficios fiscales respecto a las plusvalías, los dividendos, el pago de intereses a sociedades del mismo grupo o las comisiones que cobran los gestores de los fondos. La clasificación extraoficial de referencia de paraísos fiscales, elaborada por Tax Justice Network, cita a Luxemburgo como la sexta jurisdicción que más ayuda a rebajar el pago del impuesto de sociedades.

Las firmas Stoneshield ofrecen un ejemplo del tipo de madeja societaria que suele florecer en el Gran Ducado. Hay al menos seis compañías bajo la denominación Stoneshield creadas en Luxemburgo y vinculadas entre sí, según la información registral examinada por infoLibre. La primera fue fundada en marzo de 2018 por Morenés y Pepa con una distribución del 50% para cada uno. Se trata de la sociedad de control Stoneshield Holding, que es dueña del 100% de Stoneshield GP, empresa a su vez socia de Stoneshield Investment Fund, accionista única de Stoneshield Southern Real Estate Holding II.

Esta última sociedad citada, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, es la entidad que entró en Neinor en 2022 y la que figura como titular directa de las acciones de Neinor, mientras Stoneshield Holding es es el titular indirecto, todo ello según información del registro de Luxemburgo y de la CNMV.

El 26 de enero de 2022, tres días después de que Stoneshield informase de su entrada en Neinor, Morenés pasó a ser consejero de dicha compañía por su vinculación con la compañía Stoneshield Southern Real Estate Holding II, registrada en Luxemburgo en julio de 2021. En realidad, Morenés no era nuevo en Neinor. En 2015 ya entró como consejero con el respaldo de la gestora de activos estadounidense Lone Star, uno de los tres principales fondos especulativos inmobiliarios que operan en España junto a Blackstone y Cerberus. De hecho, Morenés y Juan Pepa se habían conocido en Lone Star, firma ligada a la propia creación de Neinor, compañía surgida en 2015 de la compra por parte de la gestora de activos de la promotora de Kutxabank.

Pero Lone Star fue sólo un peldaño en el ascenso de Morenés y Pepa, que en 2018 fundaron Stoneshield Capital, nombre de un proyecto que el hijo mayor de Ana Botín define como "mezcla de real estate, private equity e, incluso, venture capital". Desde hace ya cerca de dos años el puesto en el consejo de Neinor de Morenés obedece a su prominente posición en su propio grupo, Stoneshield. Morenés es además miembro de las comisiones de Inversiones Inmobiliarias, de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de Neinor. Por su parte, Juan Pepa, su socio, también es consejero de Neinor por su vinculación en Stoneshield y es además miembro de la Comisión de Inversiones Inmobiliarias.

Stoneshield, que además de apostar en el sector de la vivienda tiene participación en compañías de residencias de estudiantes, innovación científica o logística, se refiere así a su "estratégica" inversión en Neinor: "Desde la adquisición de Neinor por parte de Stoneshield, la empresa ha triplicado la remuneración a los inversores". En cuanto a Neinor, parece tener fe en su posición posición en HMB. En su informe de 2022, la promotora señala que Nicrent –la empresa a través de la que participa en la sociedad mixta – obtendrá una "remuneración de mercado" por la "gestión administrativa y patrimonial" de HMB.

Lo cierto es que de momento las cosas van despacio en HMB. La sociedad mixta ha iniciado las obras de 110 viviendas en Sant Boi de Llobregat y prevé iniciar en breve tres promociones más: dos en Montgat (72+58) y otra en Sant Adrià de Besòs (56), según el balance facilitado a este periódico por el Área Metropolitana. "La sociedad de nueva creación está arrancando, a pesar de las dificultades de incremento de costes de la construcción, de aprovisionamiento de materias primas consecuencia de la situación geopolítica, y de la dificultad de acceso al mercado financiero", señalan desde esta institución.

En cuanto a la participación de Stoneshield en Neinor, el Área Metropolitana de Barcelona se limita a destacar que la selección del socio privado para HMB fue fruto de una "licitación pública" sujeta a la "normativa aplicable". Este periódico preguntó si la institución era consciente de que Stoneshield, que entró en Neinor en 2022, opera desde Luxemburgo y reclamó una valoración sobre ello. "Esta institución metropolitana no emite valoraciones subjetivas de este calibre", respondió la institución por escrito a través de un portavoz.

El Ayuntamiento de Barcelona, también en respuesta por escrito a través de un portavoz, afirma: "El proceso de adjudicación, realizado en el pasado mandato municipal con los gobiernos anteriores, se hizo de acuerdo con la normativa que regula la contratación pública y con todas las garantías aplicables". Añade que las promociones en Barcelona que levante HMB no perderán "nunca" la "titularidad 100% pública municipal del suelo".

Más extensa fue la respuesta escrita de los Comuns, grupo con el que contactó infoLibre para conocer la posición de Ada Colau, que ha perdido la alcaldía este año pero fue una de las impulsoras de la sociedad mixta en 2021. Una fuente del grupo señala que, "independientemente de las variaciones en el accionariado", el contrato entre las partes pública y privada de HMB "blinda el uso público" de las viviendas previstas, así como la "titularidad pública" del suelo, y también "limita al detalle los beneficios que obtendría la empresa de su explotación, que debe alquilar las viviendas a precio protegido –por debajo del de mercado– de manera indefinida y que no puede cobrar dividendos de los mismos".

"HMB está dirigido –añade– por un consejo de administración del que la mitad de representantes pertenecen al Ayuntamiento y al Área Metropolitana, de manera que se garantiza la gobernanza pública del proyecto y la fiscalización y transparencia de todo el proceso [...] hasta la adjudicación a los vecinos beneficiarios. Un consejo que vigila, además, que no haya una privatización de beneficios para los actores privados ni adjudicación de pérdidas a los públicos".

El negocio de la inversión no va de fabricar, de producir o de crear, sino de apostar. Una y otra vez. La especialización no está en el sector, sino en el método: comprar, revalorizar, vender, cosechar los beneficios. ¿Y qué es lo que activa esa rueda de caza especulativa de oportunidades? A tenor de los apellidos descollantes en el negocio, la energía que mueve los engranajes sale en buena medida de la proximidad –o la pertenencia– al grupo de quienes poseen en mayor volumen el capital y/o el poder. Una condición que a su vez se asegura por dos vías: el apellido o la trayectoria, especialmente la trayectoria política. Varias tendencias simultáneas, puestas de relieve por la investigación publicada por infoLibre, dibujan un esquema de funcionamiento endogámico y elitista. Son estas y están entrecruzadas entre sí:

– Grandes fondos de inversión estadounidenses, dedicados fundamental pero no exclusivamente al ladrillo, recurren a hijos de políticos –como José María Aznar–, de grandes banqueros –como Ana Botín– y de gerifaltes de la élite económica del franquismo –como Claudio Boada– para abrir paso a sus negocios en España. Manuel Gabarre, investigador especializado en los intereses en torno a la vivienda y autor de Tocar fondo (Traficantes de Sueños, 2019), describe así la lógica tras la operación Aznar de uno de estos "fondos buitre", en concreto Cerberus: "Cuando en Cerberus vieron una oportunidad en España –explica–, ¿con quién contactaron? Con la persona más vinculada al Partido Republicano en España, que es José María Aznar. Contrataron al que Aznar manifestaba que era su mejor amigo, Juan Hoyos, y también al hijo de Aznar [y de Ana Botella, José María Aznar Botella] como consejero. De esta manera, casualidad o no, Cerberus obtuvo los mayores contratos para la gestión de las viviendas que habían sido rescatadas con patrimonio público, tanto de Bankia como de la Sareb".

– Herederos de grandes financieros –como un hijo y un nieto de Emilio Botín, fallecido presidente del Santander, o una hija de Francisco González, expresidente del BBVA– y de políticos de relumbrón –como un hijo de Aznar– hacen carrera en el negocio de los fondos bien como fichajes de compañías internacionales, bien creando sus propias empresas en España, tras haber pasado o no por fondos extranjeros.

Así que se da un doble fenómeno, cara y cruz de la misma moneda: por un lado, la élite por apellido colabora con los grandes gestores de activos extranjeros; por otro, desarrolla sus propios proyectos para la captación de fondos. Desde esas compañías nacionales, venden sus servicios presumiendo de su inmejorable networking, que es a su vez lo que los hace atractivos para las internacionales. Atención a este texto autopromocional de Stoneshield, la compañía inversora de Felipe Morenés, hijo de Ana Botín: "Utilizamos nuestra amplia red de contactos ["network", es la palabra en inglés, lengua en al que está escrito el texto original] y nuestras exclusivas asociaciones estratégicas para crear un valor excepcional". El ejemplo de Morenés permite observar el ciclo completo: antes de crear Stoneshield, trabajó en Lone Star, otro "fondo buitre" estadounidense.

Hay otro dato que muestra la capital importancia del networking. Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, un peso pesado del IBEX 35 cuya influencia en la economía es tal que cabe considerarla como "sistémica", alimenta su plantilla con perfiles salidos de la escuela de formación de ejecutivos del Opus, destacada cantera de la élite española. Una escuela que usa como gancho la puerta de entrada a una comunidad de ayuda mutua construida por sus propios exalumnos. Contactos, en suma.

Un caso digno de mención es Peninsula Capital, una compañía de asesoramiento y gestión de inversiones dirigida por Borja Prado, presidente de Mediaset y expresidente de Endesa, que tiene en su equipo inversor a estos tres nombres: Javier Prado, hijo del propio Borja Prado; Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–; y Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy.

– Fortunas heredadas con pedigrí aristocrático se amplían en el negocio de las llamadas "finanzas alternativas", negocio en el que que los ricos de cuna se valen de políticos de amplia trayectoria. Así es el caso de Alicia Koplowitz con el exministro José María Michavila y el exconsejero económico madrileño Javier Fernández-Lasquetty, todos ellos juntos en la sicav Morinvest, propiedad de la primera y una de las más importantes de España. Más mezcla político-financiero-aristocrática: el expresidente del PP Pablo Casado y Ricardo Gómez-Acebo Botín –sobrino de Ana Botín e hijo de un primo de la difunta infanta Pilar– se han aliado en una firma de inversión, como ha publicado The Objetive.

El silencio fue la tónica dominante de los aludidos en las informaciones de infoLibre enlazadas en los párrafos precedentes, con los que este periódico trató de ponerse en contacto [ver aquí, aquí y aquí]. Este periódico logró, eso sí, recabar declaraciones de José María Michavila y Javier Fernández-Lasquetty [ver aquí]. El primero recordó que lleva "cuarenta años de vida profesional", de los que once estuvo en política –actividad que dejó hace 19 años– y 29 ha ejercido el derecho bancario, tema de su tesis. Formado en Harvard, fundó su primer despacho en 1984 y ha trabajado para JP Morgan, Oliver Wyman y Royal Bank of Canada, desgrana. "El derecho bancario es mi trabajo y mi especialidad", recalca. El segundo, Lasquetty, afirma que su oportunidad de incorporarse a Morinvest surgió después de su salida del Gobierno de Ayuso, y que conoce a Koplowitz desde "muchos años antes" de ser consejero de Economía y Hacienda. ¿Qué diría que puede aportar a la sicav? "Experiencia en diseñar y ejecutar estrategias de transformación, con innovación y con buenos resultados. Capacidad de análisis. Experiencia en detección de riesgos. Conocimiento del entorno de comunicación", responde.

¿Y bien?, ¿qué dice todo lo anterior sobre quién y cómo accede a los espacios más lucrativos de la economía española?

Andrés Villena, profesor de Economía en la Universidad Complutense, especializado en redes de poder en España, lee en detalle las informaciones de infoLibre, solicita un rato para armar sus reflexiones y luego las comparte en un relato histórico que se puede dividir en cinco bloques llenos de análisis político y económico.

– "España –arranca Villena– ha sido un país extremadamente bancarizado, con familias muy poderosas ligadas a la banca controlando los principales sectores de la economía, empezando por las eléctricas. Han tenido siempre, además, mucha influencia política. En España, a diferencia de otros países europeos, la reforma bancaria dejó entrar muy poco capital extranjero, para proteger así a los financieros españoles. Y los siete grandes bancos [Central, Hispano, Banesto, Santander, Bilbao, Vizcaya y Popular] conformaron un rancio oligopolio que financiaba a los partidos políticos, se reunía para fijar tipos de interés y no permitía transpirar a la economía. En parte por eso se jodió la industria".

– "Esta endogamia nos diferencia por ejemplo de Francia y conforma una economía menos competitiva, donde la innovación se pierde y todo se reparte entre una ristra de apellidos cruzados. Felipe González, en vez de romper el oligopolio, lo que hizo fue meter a exministros y asesores en los consejos de administración. El Banco de España intentó hacer cosas, lo que pudo. Pero el oligopolio resistió. Era una herencia muy fuerte de la dictadura. Por eso Mario Conde fue tan disruptivo, porque era un banquero nuevo, que cuestionaba aquella estructura. Y se lo cepillaron. Porque había cometido delitos graves, sí, pero también porque había una estructura cuasimedieval. Todo esto es un rasgo distintivo y empobrecedor de nuestra economía".

– "A este esquema inicial de riquezas históricas, muchas veces acumuladas después de la Guerra Civil y aliadas en democracia con tecnócratas, se acaba sumando una figura nueva que cuestiona las reglas: los fondos de inversión, que compran deuda muy crecida durante la burbuja de las empresas del IBEX, adquieren gran cantidad de todo tipo de activos devaluados por la Gran Recesión e inevitablemente compiten contra las grandes familias".

– "Pero, claro, esos grandes fondos, dinero sin cara, necesitan virreyes, necesitan delegados en esos países en los que operan. Con una remuneración que para el fondo no es muy alta se hacen con los servicios de gente que conoce el terreno, de lobistas para alterar la legislación y que el BOE refleje sus intereses. Y ahí les resultan útiles tanto los políticos y quienes están en su entorno como la vieja aristocracia económica, a la que se le da una oportunidad de que no se le escape el caballo de la diversificación de las formas de financiación".

– "Así que la clase superior tradicional no ha quedado rota con los fondos de inversión, sino que se ha reorganizado para gestionar ella misma la revolución financiera. La estructura es bastante clara: hay nuevos vehículos de inversión, pero los apellidos son los mismos de siempre. La clase dominante sigue ahí para captar las nuevas oportunidades. La herencia rancia del capital financiero se perpetúa, ayudando a los nuevos fondos hacer negocio y al mismo tiempo utilizando las nuevos vehículos para colocar su ahorro y sacar ventaja".

Una de los aspectos del negocio de "inversión alternativa" que suelen destacar sus defensores es que, a diferencia de la banca tradicional, está más abierto a clases medias o populares. Todo el mundo está de acuerdo en que un hijo de vecino no puede montar un banco, pero las posibilidades parecen mayores en el campo de las gestoras de activos. ¿Es así? Villena, autor de Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia, no niega "una cierta dimensión meritocrática" en el mundo de los fondos de inversión, pero cree que sería ingenuo llevar esa creencia demasiado lejos. "Claro que está entrando gente nueva con los fondos, pero tienen más dificultades", señala. A su juicio, la internacionalización ilimitada de las finanzas habría podido constituir una amenaza para la primacía de los grandes apellidos financieros españoles, pero la realidad está demostrando una significativa capacidad de estos para perpetuar sus posiciones de ventaja.

Coincide un profesional del sector, que prefiere el anonimato: "La lógica dominante es pasta atrae pasta, dinero atrae dinero, contactos atraen contactos. La recomendación es fundamental. Hay muchas barreras de entrada para el talento, para la innovación, para las boutiques de inversión que traen ideas nuevas. Por mucho que se hayan formado, a veces incluso fuera de España, los peajes para el que no viene recomendado son muy difíciles de salvar. Aquí casi todo se rige por la lógica de la relación endogámica. Por eso están tardando en desarrollarse más que en otros países –yo conozco casos increíbles en Reino Unido– los fondos matemáticos, quant, los más técnicos. Yo, si veo mucho gran apellido junto en una gestora, de entrada voy a dudar de la excelencia técnica, porque sé que lo que está primando es otra cosa".

Este profesional afirma que los casos de gestores de fondos a la última en innovación y profesionalización en España son "por desgracia" excepcionales. Paradójicamente, señala, al frente de uno de los más profesionalizados, Atitlan, está Roberto Centeno, yerno de Joan Roig, el presidente de Mercadona: "Muchos, por inercia, creen que [el de Roberto Centeno] es un caso de nepotismo, pero no lo es. Centeno está muy formado, ha hecho su propio camino, cualquiera al que preguntes que sepa de inversión te lo dirá".

Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), afirma que la proliferación de políticos e hijos de en el boyante negocio de la inversión es una demostración de que el concepto de "puerta giratoria" está hoy día "obsoleto" y debería popularizarse el de "cama redonda". "Las barreras entre lo público y lo privado casi no existen. Hay una cama redonda donde coinciden lo empresarial y lo político, unidos por lo familiar", afirma Ramiro.

A juicio de Ramiro, los grandes fondos de inversión extranjeros no han hecho sino observar cómo funcionan las cosas en la altas esferas de la economía española, tomar nota y actuar en consecuencia. "Fichan gente que tiene los contactos, la capacidad de abrir puertas y de moverse en un mundo de pago y devolución de favores, de conocimiento de los sistemas de regulación y de los agujeros de desregulación, gente con capacidad para detectar las nuevas burbujas para el enriquecimiento fácil", explica Ramiro, que incide en cómo múltiples políticos se dedican a ayudar a grandes empresas, no sólo a fondos de inversión, a hacer negocios que de un modo u otro dependen de un conocimiento de los entresijos del Estado para salir adelante. Eso hace que la trayectoria política sea un bien deseado por las grandes empresas, incluidas las gestoras de activos. Como publicó infoLibre en octubre, hay más más de 30 políticos en el negocio del lobby, entre ellos siete exministros, 12 ex secretarios de Estado y casi veinte antiguos diputados que trabajan en consultoras de "asuntos públicos" o grupos de interés. Un caso concreto resulta bien ilustrativo: Blackstone, el fondo que lidera el acaparamiento de vivienda en España tras la Gran Recesión, defiende sus intereses a través de un lobby, Asval, liderado por el exministro socialista Joan Clos, hoy asesor de Salvador Illa.

El historiador de la economía Carlos Arenas inscribe la concentración de oportunidades en la cúspide dentro de una lógica secular del capitalismo español, marcado por "el nepotismo, la endogamia y la cultura empresarial familista". "Para entenderlo podríamos remontarnos hasta el mayorazgo, una delegación administrativa que imponían los señores a los reyes y por la que se perpetuaba en una familia la propiedad de un bien", señala, para ejemplificar lo que a su juicio es una constante: "La relación privilegiada con el poder político es un elementos histórico de un modelo capitalista en el que la búsqueda de rentas se realiza siempre cerca del Estado y dependiendo del Estado, que se encarga de ayudar a los que están en mejor posición a que no cedan ni un palmo de su capital", añade. Tampoco es nuevo, explica, que quienes han hecho fortuna con una actividad acaparen las mejores posiciones cuando aparece una nueva, como pasa ahora con la "inversión alternativa", incluso aunque no tengan relación ni formación en la misma.

"Los Alba y toda la vieja aristocracia que basaba su patrimonio en la tierra se fueron a Madrid a congeniar con el capital financiero para renovar su posición", señala. "Hoy sólo los más torpes o con menos visión sufren el efecto Buddenbrook", añade, en referencia a la descomposición de las sagas empresariales familiares víctimas de la incapacidad de adaptación. ¿Y cuál es la clave para la adaptación? Más que la cualificación, formar parte de la red de contactos adecuada, según Arenas.

El historiador se detiene en dos fenómenos que, a su juicio, están conectados con esa capacidad de los mejor situados de adueñarse de las mejores posibilidades para la captación de rentas. El primer fenómeno es, precisamente, la escasa permeabilidad de la propia élite en España, de la que han alertado también economistas como Tomàs Casas Klett. El segundo es la extendida tendencia de las administraciones a aprobar medidas que se adaptan como un guante a los intereses de los privilegiados, precisamente por ser estos los que mejor acceso tienen a los espacios donde se toman las decisiones políticas. Hay datos que lo avalan. Una investigación publicada el año pasado en la revista de la Universidad de Oxford Socio-Economic Review sobre más de 40 años de medidas políticas en España desvela un sesgo político a favor del grupo socialmente más aventajado. Al mismo tiempo, es difícil deslindar esta preferencia de algunos datos de desigualdad social en España, donde la llamada "clase media" lleva tres décadas estrechándose y se amontonan los datos que socavan el mito de la meritocracia. ¿Un ejemplo? El 1% más rico acapara casi 3 puntos más de la renta total que el 50% más pobre.

Pues bien, la crème de la crème de ese 1% más rico ya ha cogido el sitio perfecto en el negocio perfecto para seguir aumentando su ventaja.

La gran banca ganó 20.849 millones de euros en 2022, lo que significa que ha mejorado sus beneficios un 28,3% respecto al año precedente. Entonces, los cinco bancos del Íbex 35 –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter– y Unicaja sumaron 16.240 millones de ganancias sin contar los impactos extraordinarios que les proporcionaron a Caixabank la fusión con Bankia –2.867 millones– y a Bankinter la salida a Bolsa de Línea Directa –895,7 millones–. La cifra del año en que estallaron la guerra en Ucrania y la crisis energética y de precios supera no sólo la de 2021, sino también la de 2019, antes de la pandemia, e incluso deja atrás los beneficios históricos de 2007, antes de que se rompiera la burbuja inmobiliaria.

De hecho, los dos gigantes del sector, Santander y BBVA, han batido sus propios récords: el banco de Ana Patricia Botín ganó 9.605 millones de euros en 2022, un 18% más que el ejercicio anterior y un 6% más que en 2007, su anterior plusmarca, mientras que el que dirige Carlos Torres Vila supera en un 38% los beneficios de 2021 y alcanza los 6.420 millones, por encima también de los 6.126 millones ganados en 2007.

Las demás entidades pueden presumir igualmente de resultados. Caixabank ha ganado un 29,7% más, hasta los 3.145 millones de euros, respecto a 2021 y sin contar la fusión con Bankia. Banco Sabadell aumentó sus beneficios un 62% y consigue 859 millones, un 9,8% más que en 2007. Bankinter mejora sus resultados un 28,1% con unas ganancias de 560,2 millones, un 54,7% más que en 2007. Finalmente, Unicaja ha disparado su beneficio un 88,9% respecto a 2021, tras ganar 260 millones de euros.

A pesar de las incertidumbres económicas del año, tras estallar la guerra en Ucrania y dispararse primero los precios de la energía y después todos los demás, los seis mayores bancos españoles han aumentado sus clientes –siete millones más el Santander, 11,2 millones el BBVA– y su cartera de créditos –un 13,3% el BBVA, un 14% el crédito al consumo del Sabadell, un 7% el crédito a empresas de Caixabank–, al tiempo que han reducido la morosidad –Caixabank hasta su mínimo histórico, el 2,7%–.

En consecuencia, han elevado todos sus márgenes. El margen de intereses, que es la diferencia entre ingresos y costes financieros y sirve para medir el negocio puramente bancario, sumó 71.082 millones de euros en 2022. De esa cifra, más de la mitad –el 54,3%– corresponde al Santander. Todos mejoraron ese parámetro el año pasado; los que más, el BBVA, con un 30,4% y Bankinter con un 20,5%.

Lo mismo ha ocurrido con las comisiones netas, la diferencia entre las comisiones que cobra el banco y las que paga. Han sumado 23.733 millones de euros, también por encima de las registradas en 2021 en todas las entidades.

Ambas magnitudes son las que grava el impuesto extraordinario a los bancos que el Gobierno empieza a cobrar este mismo sábado. El tributo deberán pagarlo las entidades financieras que facturaron más de 800 millones de euros en 2019 y gravará con un 4,8% los márgenes de intereses y las comisiones netas de los años 2022 y 2023. Pero sólo del negocio de los bancos en España. Las dos cifras anteriores incluyen también su negocio internacional.

Al mismo tiempo que anunciaban sus magníficos resultados, los bancos avanzaron cuánto les va a costar el nuevo impuesto. Entre 1.170 y 1.210 millones de euros para las seis mayores entidades. Por tanto, los beneficios de récord conseguidos el año pasado multiplican casi por 20 esa factura fiscal. Santander calcula que deberá pagar entre 220 y 230 millones de euros, Caixabank 400 millones, BBVA 225 millones, Sabadell 170 millones de euros, Bankinter entre 80 y 100 millones y Unicaja entre 75 y 85 millones. Pero no serán los únicos que tendrán que pagar. Abanca, que aumentó sus beneficios un 41% en 2022, hasta los 217 millones de euros –y su margen de intereses un 14,2%– calcula en unos 50 millones el coste del gravamen.

El banco que preside Juan Carlos Escotet es uno de los que ha anunciado ya que recurrirá en los tribunales el nuevo impuesto, lo mismo que ha hecho la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. “Es un impuesto injusto, arbitrario, confiscatorio y que no tiene ninguna razón objetiva”, criticó en la presentación de resultados, tras anunciar que el banco había alcanzado en 2022 con un año de anticipación, los objetivos de beneficio previstos para 2023.

Estos excelentes resultados los está cosechando la banca cuando, según reconoce, aún no están notando del todo la subida de los tipos de interés. El BCE empezó a elevar el precio del dinero el pasado julio. La última subida, que se anunció el pasado jueves, lo ha puesto en el 3%. Y la presidenta del supervisor europeo ya ha adelantado que en marzo volverá a aumentar los tipos otro medio punto. Con el dinero más caro, los préstamos también cuestan más a los clientes y los márgenes bancarios crecen.

Pero, al mismo tiempo, los bancos españoles no están aumentado los tipos con que remuneran los depósitos, que dejaron de retribuir cuando los tipos se pusieron al 0% en 2016. Los responsables de las principales entidades financieras han dejado claro que no se va a desatar una guerra por captar clientes subiendo la remuneración de los depósitos. Lo descartaron el consejero delegado del BBVA, Onur Genç –dijo que el banco ya tenía mucha liquidez–, y el director financiero de Unicaja, Pablo González: “El regreso a la remuneración de los depósitos tomará algo de tiempo y será gradual”.

De hecho, según datos del BCE, los bancos españoles son los que menos están compensando a los ahorradores, junto con los portugueses. Ofrecen de media una rentabilidad de sólo el 0,41% en depósitos con vencimientos menores a un año, mientras que la media de la eurozona es del 1,12%. Los bancos alemanes retribuyen los depósitos con el 1,34% de media, los belgas, con el 1,50%, los italianos llegan al 1,78% y los franceses al 1,83%. Los más generosos son los holandeses, que pagan el 1,85%. 

2022 ha sido un año tan bueno que incluso ha permitido a la banca española recuperar la rentabilidad. El ROE, un indicador que mide la rentabilidad sobre el patrimonio, es del 14,1% en el caso del BBVA, del 11,98% en el de Bankinter o del 10,67% en el del Santander. La media de la UE se sitúa en el 7,8%, según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

También han mejorado sus ratios de solvencia, que se sitúan por debajo de la media europea. Bankinter dice que su ratio de capital CET fully loaded –el capital de máxima calidad– ha subido hasta el 12%, más de cuatro puntos porcentuales por encima del 7,7% que el BCE ha establecido para el banco de Dancausa para 2023. El de Unicaja es del 13%, el del BBVA del 12,6% y el del Santander, del 12,04%.

Con los beneficios en niveles históricos y pese a la incertidumbre económica y el impacto del nuevo impuesto que temen en sus cuentas, los bancos no han dudado en aumentar el reparto de dividendos. De hecho, BBVA ha anunciado que destinará más de 3.000 millones –casi la mitad de sus ganancias anuales– a retribuir a sus accionistas. Así que elevará hasta 43 céntimos el pago por acción, el más alto en 14 años, y ejecutará un plan de recompra de acciones –otra forma de retribución– por importe de 422 millones de euros. “Es posible que haya otros pagos extraordinarios a nuestros accionistas en el futuro”, anunció Onur Genç en la presentación de los resultados, “no nos gusta operar con exceso de capital”.

El Sabadell también aumentará la retribución a los accionistas, del 31,8% de los beneficios que repartió en 2021 al 50% en 2022. Un total de 430 millones, entre el plan de recompra de 204 millones y un dividendo de 0,04 euros por acción. El dividendo de Caixabank crece en 2022 un 58% respecto al año anterior y alcanza los 0,23 euros por título. En total, la entidad destinará a remunerar a los accionistas el 55% de sus beneficios.

El Santander, por su parte, no sólo va a dedicar el 40% de sus beneficios a pagar dividendos sino que, además, subirá los salarios de sus empleados un 4,5% este año. En un primer momento, y a diferencia de otros bancos, iba a aplicar el aumento sólo a los trabajadores que no cobran complementos voluntarios. El convenio del sector permite a las entidades compensar y absorber las subidas salariales a quienes perciban esos complementos. Pero los sindicatos habían pedido al Santander que aplicara la mejora a toda la plantilla, dada la crisis inflacionista. El banco anunció el jueves que lo hará “tras conocerse que la inflación sigue por encima del 5%”. Lo mismo han hecho BBVA, Sabadell y Bankinter.

Hasta en la Bolsa les ha ido bien a los bancos en 2022, después de años con las cotizaciones hundidas. Desde enero del año pasado, la cotización del Sabadell ha mejorado casi un 37% y un 21,4% la del BBVA. Caixabank ha subido un 20%, mientras que Bankinter y Santander se han quedado más cortos, con un 15% y un 7%, respectivamente.

Centenares de empleados de banca protestaban este viernes ante las oficinas centrales de Caixabank en Valencia mientras su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, anunciaba los 2.457 millones de euros que ha ganado la entidad entre enero y septiembre de este año. En Madrid, en A Coruña y en otras ciudades españoles se repitieron las manifestaciones de los trabajadores bancarios, que reclaman desde hace semanas subidas de salarios que les compensen del alza de la inflación. Hasta el momento, las dos patronales del sector, AEB y CECA, se muestran reticentes a igualar la escalada del IPC, que se sitúa en el 7,3% según ha publicado también este viernes el INE. Los sindicatos reprochan a los bancos los “beneficios récord” que han presentado a lo largo de esta semana y los “dividendos astronómicos” que van a repartir entre los accionistas, al tiempo que se niegan a evitar a los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo.

En efecto, los cinco grandes bancos españoles, Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell, han ganado hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. Todos ellos han mejorado sus ingresos, especialmente los procedentes del negocio bancario puro: cobrar por prestar dinero y remunerar los depósitos.

Mientras el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se felicitaba este viernes por haber obtenido unos “muy buenos resultados y de gran calidad” en lo que va de año, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, presumió de que en la entidad van “muy sobrados” para afrontar periodos económicos más difíciles. Por su parte, Caixabank ha duplicado la concesión de hipotecas, aumentado el crédito al consumo un 23% y aún más la financiación a las empresas, un 47%. El Sabadell, que también ha crecido en créditos al consumo, un 18%, y en hipotecas, un 7%, asegura que ha alcanzado un “récord histórico” en la facturación con tarjetas –un 17%– y en los terminales de punto de venta en comercios –un 33%–.

Sin embargo, los bancos creen que esos resultados tan extraordinarios no justifican el impuesto temporal que prepara el Gobierno. “No me parece lógico, y mucho menos perpetuarlo en el tiempo”, ha criticado Gonzalo Gortázar, quien rechaza la prestación patrimonial porque grava los ingresos y no los beneficios. “Si tuviéramos una recesión mucho peor y hubiera entidades con caídas de resultados y pérdidas”, explicó, “tendrían que hacer frente al impuesto, aparte de otros efectos discriminatorios, porque hay entidades afectadas y otras no”. Para el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, el problema estriba en que los resultados “supuestamente extraordinarios” de los bancos no son “los que espera el mercado”. “Los resultados tienen que ser consonantes con el capital invertido y no parece que ahora que los resultados son mejores esté justificada una presión impositiva sobre un sector que no cumple con las exigencias de rentabilidad”, argumentó.

El impuesto a la banca gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que ingresaran en 2019 más de 800 millones de euros por ambos conceptos. Es decir, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectaría a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar.

El rechazo al impuesto y a compensar a sus trabajadores por la subida de la inflación no ha sido óbice para que los responsables de los principales bancos hayan expresado su voluntad de negociar con el Gobierno una fórmula de ayuda a las familias “vulnerables” que no puedan pagar sus hipotecas. “Estamos en el mismo barco”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio Alvárez, en referencia a un mecanismo para ampliar el plazo de las hipotecas que se encarezcan más de un 30% por la subida del euríbor y que quedará incluido en el Código de Buenas Prácticas del sector.

El caso es que también el BCE ha tomado medidas para recortar los beneficios extra que los bancos obtienen de aparcar en las reservas del supervisor europeo el exceso de liquidez que les han brindado las operaciones de refinanciación puestas en marcha con el covid y que aún no han devuelto. Gracias a las subidas de tipos, las entidades financieras reciben un interés del 1,5% por ese dinero, lo que les resulta preferible a devolverlo al BCE. Así que Christine Lagarde anunció este mismo jueves que modifica las condiciones de las operaciones de refinanciación, aplicándoles el mismo interés que paga a los bancos por el dinero depositado en el BCE, con el fin de desincentivar esa operativa.

El primer banco español, el Santander, ganó 7.316 millones entre enero y septiembre, un 25% más que el año anterior, por lo que bate de nuevo registros desconocidos desde antes de la crisis financiera. La cifra es el resultado del aumento de un 11,5% de sus ingresos, hasta los 38.594 millones de euros. Pero su margen de intereses, que sirve para medir el negocio puramente bancario, ha mejorado incluso más, un 15,4%, lo que se traduce en 28.460 millones. Los ingresos por comisiones también han crecido, un 7%. Y, pese a la fragilidad económica por la inflación y la incertidumbre, la morosidad se mantiene en el 3,08%.

Los beneficios del BBVA en los primeros nueve meses del año ascienden a 4.842 millones, por lo que han crecido un 46,2% respecto al año anterior, casi el doble que los del Santander. El margen de intereses del banco que preside Carlos Torres ha mejorado un 32,6%, por encima del 21,2% en que han aumentado los ingresos totales del negocio. La entidad atribuye ese buen comportamiento al crecimiento del crédito, un 15%. Por comisiones el BBVA ha ingresado en lo que va de año un 17,4% más que en 2021. La tasa de mora incluso ha bajado: del 3,7% al 3,5%. En la presentación de los resultados, Onur Genç avanzó que el banco utilizará sus excedentes de capital en “crear valor para los inversores” y si no encuentra vías para hacerlo, elevará la retribución a los accionistas. El pasado día 11 el BBVA les pagó un dividendo de 12 céntimos por acción, a cuenta de los resultados de este año, un 50% más que el repartido en 2021.

Caixabank ganó 2.457 millones de euros, un 21,51% más, hasta septiembre, sin incluir en la comparación el impacto de la fusión con Bankia el año pasado. De las cinco grandes, la entidad presidida por José Ignacio Goigolzarri es la que menos ha mejorado tanto su margen bruto, un 2,7%, mientras que su margen de intereses se reduce cuatro décimas respecto a 2021. Gracias a las comisiones ha ingresado un 2,1% más. Y mantiene una ratio de morosidad del 3%, en niveles mínimos desde 2008. Según destaca el propio banco, sólo el 4% de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como respuesta al covid-19, están clasificados como morosos. Además, tras la fusión de Bankia, Caixabank ha recortado sus gastos de personal en un 8,5%.

El Banco Sabadell casi ha duplicado este año sus beneficios respecto a los nueve primeros meses de 2021. Ha ganado 709 millones de euros, un 91,6% más. La cuenta es aún mayor si se le descuentan los resultados de su filial británica, el banco TSB: entonces pasa de 288 millones el ejercicio pasado a 616 millones el actual, un 114% más. En el caso de la entidad de Josep Oliu, el negocio bancario ha mejorado un 6,2% y los ingresos por comisiones, un 4,5%, mientras que en personal han reducido el gasto en un 26%, tras un recorte de plantilla que superó los 2.000 trabajadores. La ratio de morosidad del Sabadell se encuentra en el mismo nivel que el de sus competidores, un 3,4% y por debajo del 3,59% del año anterior.

De forma que el banco ha anunciado que aumentará hasta un mínimo del 40% el porcentaje de los beneficios que repartirá como dividendo entre sus accionistas. Éste será de 0,02 euros a cuenta de los resultados de este ejercicio y se pagará el próximo 30 de diciembre.

Finalmente, Bankinter se apuntó unos beneficios de 430,1 millones de euros hasta septiembre, un 22,2% más que el año pasado. El banco asegura que en los últimos tres meses han crecido todos sus indicadores de negocio. Su margen de intereses ha mejorado un 11,6%, mientras que los ingresos por comisiones suben un 2%. Bankinter tiene una de las ratios de morosidad más bajas, el 2,1%, que además se ha recortado 30 puntos básicos respecto a la de 2021, presume la entidad. María Dolores Dancausa considera que, a tenor de estos resultados, “no hay ninguna razón” para cambiar su política de reparto de dividendos: les dedica el 50% del beneficio.

Pese a estos resultados y coincidiendo con el anuncio del BCE de una nueva subida de tipos de interés y del IPC adelantado de octubre, los bancos llevan dos días cayendo en Bolsa. Le ocurrió al Sabadell el jueves, con un recorte del 2,3%, y lo sufrieron el viernes Caixabank, con un descenso del 7%, y BBVA, que comenzó la sesión perdiendo un 3,7%, pero remontó hasta el 0,73% al cierre.

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 2.543 millones de euros durante el primer trimestre de este año, un 58% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando la entidad se anotó un cargo de 530 millones por costes de reestructuración.

El beneficio ordinario, que excluye ese impacto, aumentó un 19%, gracias al aumento de los ingresos de clientes y mejoras de eficiencia, según ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y recoge Europa Press.

El banco confía en alcanzar los objetivos para 2022 que anunció en febrero: crecimiento de los ingresos de en torno al 5%, un RoTE ordinario por encima del 13%, una ratio de eficiencia del 45% y una ratio de capital CET1 "fully loaded" del 12%.

"El primer trimestre ha sido muy bueno, con crecimiento en el número de clientes y aumento de los ingresos en un 8%, mejora de la eficiencia y una buena calidad crediticia. Nuestro retorno sobre capital tangible en el trimestre ha sido del 14,2%, apoyado en una mayor conectividad en nuestros negocios y una sólida gestión del riesgo. Todas las regiones obtuvieron buenos resultados, incluida Europa, donde la rentabilidad ha mejorado", ha destacado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

"Nuestra diversificación geográfica y de negocios es clave para el crecimiento y nos mantiene como uno de los bancos más eficientes y resistentes entre nuestros competidores, con una rentabilidad claramente superior al coste de capital. Aunque los efectos de la inflación repercutirán en el crecimiento económico mundial con distinto impacto en cada región y negocio, reafirmamos nuestros objetivos para 2022, lo que demuestra las ventajas de nuestro modelo", ha añadido.

"Estoy convencida de que el compromiso del equipo a dar cada día un mejor servicio a los clientes y la ejecución de nuestra estrategia nos permitirán seguir aumentando de forma sostenible el beneficio por acción y el TNAV por acción, al tiempo que devolvemos valor a los accionistas con dividendos en efectivo y recompras de acciones", ha resaltado.

Por geografías, el beneficio ordinario del periodo creció un 30% en Europa, hasta los 1.018 millones de euros, un 8% en Sudamérica, hasta los 900 millones, y se mantuvo estable en Norteamérica, en 806 millones de euros. Digital Consumer Bank, por su parte, también aumentó con fuerza su beneficio ordinario (+11%), hasta los 282 millones.

En España, el beneficio ordinario fue de 365 millones de euros, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. Este resultado, según el banco, estuvo apoyado en mayores ingresos por comisiones (+9%), menores costes (-4%) y menores provisiones, gracias a una mejora en la morosidad y una buena ratio de cobertura.

El beneficio ordinario antes de impuestos fue de 4.171 millones de euros después de crecer un 3% interanual y un 5% respecto al trimestre anterior.

Por su parte, el impuesto sobre beneficios ascendió a 1.302 millones de euros, lo que da como resultado una tasa fiscal efectiva del 31%.

La ratio de morosidad fue del 3,26%, seis puntos básicos más que en el primer trimestre de 2021 después de la aplicación de una nueva definición de impago, mientras que la ratio de cobertura se mantuvo en el 69%.

El coste del crédito (la ratio de provisiones sobre las pérdidas crediticias esperadas) mejoró 31 puntos básicos en los últimos 12 meses, hasta el 0,77%.

El margen bruto se elevó un 8%, hasta 12.305 millones de euros, mientras que el margen neto se situó en 6.770 millones, un 8% superior al del primer trimestre de 2021.

Las presiones inflacionistas, especialmente en Sudamérica, llevaron a un incremento general de los costes (+4% en euros constantes). Sin embargo, en términos reales (descontada la inflación), los gastos cayeron un 3% gracias a las mejoras en productividad y conectividad en los distintos mercados.

Con ello, la ratio de eficiencia del grupo cerró en el 45% (tras una mejora de 1,2 puntos porcentuales frente al año 2021), lo que sitúa a Santander "entre las entidades más eficientes del mundo", según la entidad.

Asimismo, el banco registró una fuerte actividad comercial en el trimestre.

Los recursos de clientes alcanzaron su cifra más alta (1,1 billones de euros, un 5% más) y los depósitos crecieron un 5%, hasta los 906.000 millones de euros gracias al aumento en la mayoría de países.

Los fondos de inversión aumentaron un 6% hasta los 191.000 millones de euros, como consecuencia de una entrada neta de fondos y la recuperación de los mercados.

Los créditos aumentaron un 5% y superaron el billón de euros por primera vez después de crecer un 4% en Europa (España y Polonia, un 6% cada uno), un 8% en Norteamérica y un 9% en Sudamérica.

El número de clientes del grupo creció en siete millones, hasta los 155 millones, mientras que el número de clientes digitales se elevó un 11%, hasta los 49 millones.

Las ventas digitales representaron ya el 56% del total, frente al 50% del mismo periodo del año anterior.

La fuerte actividad, así como el alza de tipos de interés oficiales en algunos de los mercados principales donde opera el grupo, impulsó un 6% el margen de intereses, con un crecimiento especialmente fuerte en Reino Unido (15%), Polonia (78%), Brasil y México (7%) y Argentina (69%).

Asimismo, el consejo tiene la intención de mantener su política de distribuir a los accionistas el 40% del beneficio ordinario, dividido a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra de acciones.

A principios de este mes, la junta general de accionistas del banco aprobó el segundo pago de dividendo en efectivo como parte de la retribución al accionista con cargo a los resultados de 2021.

De esta manera, a partir del 2 de mayo de 2022 se pagará un dividendo en efectivo de 5,15 céntimos de euro por acción. Junto con el pago realizado en noviembre de 2021, el dividendo total en efectivo con cargo a los resultados del último ejercicio será de 10 céntimos de euro por acción.

Si se incluyen las recompras de acciones, la remuneración total al accionista sobre los resultados de 2021 alcanzaría los 3.400 millones de euros, lo que equivaldría a una rentabilidad del 6%.

Hace dos semanas el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, trataba de convencer a los ciudadanos de que hay que penalizar la jubilación anticipada y retrasar la tardía. Escrivá planteó crudamente lo que su equipo viene meses sugiriendo: que faltan incentivos para jubilarse, que no es normal que quien se retira antes cobre más pensión (normalmente esto se debe a que las prejubilaciones se las permiten solo ciertos sectores) y que hay que acercar la edad legal de jubilación (66 años en estos momentos, camino de los 67) a la real (64,6 años) para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. 

Cuando el ministro hizo su planteamiento, que además se lo remitió a la Unión Europea dentro del plan de transformación y resiliencia para obtener los deseados fondos de recuperación anti-covid, ya se conocían planes de despidos y prejubilaciones masivas en banca: el ERE pactado entre dirección y sindicatos en Santander que afecta a 3.572 empleados y que recoge prejubilaciones desde los 55 años (con el 74% del salario pensionable o el 67% del sueldo, a lo que hay que sumar el 54% del complemento voluntario con un convenio especial hasta los 63 años), 750 prejubilaciones en Ibercaja a partir de 60 años, y otras 1.500 prejubilaciones y desvinculaciones en el Banco Sabadell. 

La tormenta vino justamente después de que Escrivá proclamara su deseo de que los españoles trabajen más tiempo, e incluso a ser posible más allá de la edad legal. Primero vino el mayor ERE de la historia del sector bancario en Caixabank, con 8.291 trabajadores. Este martes 27 de abril el ERE fue rebajado a 7.791 empleados, unos 500 menos, con la garantía de que la entidad se compromete a recolocar al 100% de los que dejen la entidad y no opten por jubilarse. El ERE de Caixabank contempla prejubilaciones a partir de 58 años (50% del salario pensionable y convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años), según el banco y los sindicatos. 

Con Caixabank, además, no acaban ahí los problemas: es una entidad derivada de la fusión (o absorción) entre Caixabank y Bankia anunciada en septiembre. La fusión pasó sin crítica alguna en medios y demás estamentos y se sostuvo públicamente por las "sinergias" que generaría la operación, a pesar de los riesgos de la concentración bancaria o de la pérdida del control de una entidad rescatada con decenas de miles de millones de euros como lo fue Bankia. Una vez consumada la absorción, los directivos plantean un ERE espectacular que rompe los esquemas del Ministerio de Seguridad Social con el Estado -representado por el FROB- ocupando uno de los asientos del consejo de dirección.

Y tras los despidos en la entidad de origen catalán, llegó el turno de BBVA. La entidad que preside Carlos Torres anunció primero un ERE el 13 de abril que se situó en 3.000 personas, para después ampliarlo en 800 empleados más. Y todo ello en un contexto por el que la cúpula repartía aumentaba su salario fijo para 2021 y se autoconsignaba bonus millonarios que provocaron airadas denuncias de los sindicatos de BBVA. La empresa aún no ha desvelado sus planes sobre prejubilaciones, indican fuentes sindicales.

Centésima abajo, centésima arriba

En total, la suma de despidos, prejubilaciones o desvinculaciones totaliza casi 18.000 empleados sumando todos los bancos que han facilitado las salidas en los últimos meses. No está claro cuántos se darán de baja laboral para siempre o cuántos continuarán en el mundo laboral, pero entre enero y febrero de 2021 se han jubilado en total en España unas 60.000 personas. Es casi una tercera parte. 

¿Tendrán impacto los Expedientes de Regulación de Empleo en la Seguridad Social? Portavoces del ministerio rechazan que pueda amenazar la sostenibilidad de las pensiones. "En estos casos se suele firmar un convenio por el que, bien la empresa bien el trabajador, pagan las cotizaciones sociales hasta la jubilación". ¿Y sobre la edad real de jubilación? En el ministerio dicen que podría. "Igual una centésima arriba o abajo, pero nada reseñable", admiten.

El problema es mayor del que parece: en noviembre de 2019 España alcanzó una edad real de retiro de 64 años y cinco meses. Un año y medio después, estamos en 64 años y seis meses, una décima más. En Seguridad Social responden que el asunto "dependería del tiempo a lo largo del que se extendieran los procesos" de regulación de empleo, "que habitualmente suelen prolongarse durante varios años". Ciertamente, los despidos masivos de los grandes bancos chocan con los planes de Escrivá.

"La banca es especial"

El ministro valoró negativamente los anuncios de ERE la semana pasada en un acto de presentación del nuevo portal de la Tesorería de la Seguridad Social. Escrivá tildó de "antiguo" el "modelo de ajustes laborales". "Nosotros en el plan de resiliencia así se lo decimos a Bruselas", confirmó. "Abogamos por modelos más flexibles y eficaces internamente a la hora de ajustar internamente los cambios laborales en las empresas. Esperamos que este sea uno de los últimos procesos y que en la negociación empresa-sindicatos se aborden  mecanismos de flexibilidad. Se trata de un sector que ha recibido ayudas importantes. Los dirigentes de las entidades financieras tienen que interiorizar hasta qué punto se protegió el sector, y en decisiones como la de hoy es algo relevante".

El ex ministro de Industria y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Miguel Sebastián coincide con Escrivá sobre las prejubilaciones. "Veo un doble problema", dice Sebastián. "Sectorial y temporal. El relativo al sector, porque si la banca ha sido especial para recibir ayudas públicas o líneas de liquidez con ningún coste por parte del BCE, tiene que reconocer también que es especial en lo laboral y que no puede despedir a miles de personas. Y sobre todo temporal: el momento actual es inoportuno, en plena pandemia". Sebastián también critica que la mayoría de afectados por el ERE de Caixabank está en oficinas y no en servicios centrales. "La banca pidió en pandemia ser servicio esencial, cosa que no entendí. Lo logró, y ahora echa a los miles que se expusieron en las sucursales". 

En 2008 el sector bancario en España tenía alrededor de 275.000 empleados. Actualmente quedan menos de 170.000, y bajando. Varios consultados recuerdan que a lo largo de la última década han abundado las prejubilaciones hasta con 50 años. La suerte ha cambiado para los empleados. 

El Banco Santander firmó el pasado diciembre su quinto ERE en siete años, que supondrá el despido de 3.572 trabajadores pero también el traslado de 1.500 a otras sociedades del grupo: 400 a Santander Personal, 450 a Santander Customer Voice y 650 a Santander Tecnología y Operaciones. A fecha de 19 de marzo, ya han dejado el banco 1.823 personas y están casi completados los traslados: sólo faltan 53 a Santander Personal y 89 a Santander Tecnología y Operaciones. Los de Customer Voice ya se han aplicado. Estas tres filiales se dedican a la atención digital y telefónica de clientes, así como a tareas de back office, de apoyo administrativo.

Lo que se antoja una buena noticia para los empleados del Santander, el traslado en lugar del despido, se convirtió sin embargo en una pesadilla para los trabajadores de otras dos empresas, ambas del grupo Konecta y ambas subcontratadas por el banco de Ana Patricia Botín desde hace 21 añossubcontratadas . El pasado mes de marzo la empresa les anunció dos despidos colectivos, uno en Konecta BTO para 335 empleados y otro en Konecta SAT para 350. La primera se dedica al telemárketing, la segunda a tareas de back office. Konecta no aducía causas económicas, sino organizativas y de producción: el Santander ha cancelado “anticipadamente” los contratos que mantenía con ambas empresas porque, a partir de abril, esos servicios los van a prestar los 1.500 trabajadores salvados del ERE. Así lo explica Konecta en el informe técnico facilitado a los sindicatos y al que ha tenido acceso infoLibre. “El Grupo Santander ha decidido internalizar total o parcialmente algunos de los servicios que presta la compañía [Konecta], con el objetivo de reducir costes y mitigar el número de despidos, entre otras razones”, precisa el documento tras explicar en detalle los despidos y reubicaciones del ERE en la entidad financiera. Ese cambio de dirección del banco, añade el informe, tiene un “impacto” sobre la plantilla de Konecta. Un golpe de 700 empleos en una plantilla que supera los 15.500 trabajadores en toda España. Y muy duro para Konecta SAT, cuyo casi único cliente, de hecho, es el Santander.

Es más, el vínculo entre Konecta y el banco de Botín ha sido prolongado y más que estrecho. La empresa fue fundada en 1999 por su actual presidente, José María Pacheco, entonces empleado de Hispamer, la financiera del Santander; por el propio banco, que aportó el 40% del capital, y por Liberty Seguros, que puso un 10%. En 2015 el fondo de inversión Pai Partners adquirió un 40% de Konecta, que vendió cuatro años después en la misma operación en que el Santander se deshizo de la suya y otro fondo, el británico ICG, adquirió el 49,9% de las acciones. El resto se encuentra ahora en manos del fundador y su equipo directivo. En 2002, el Santander representaba el 80% del negocio de Konecta. En 2009, su dependencia alcanzaba el 20%, según reconocía el propio Pacheco en una entrevista al Diario de Sevilla. En el caso de Konecta SAT, el Santander suponía hasta ahora el 92,4% de su negocio, de acuerdo con la cifra que figura en el citado informe técnico del ERE.

Pero la conexión va más allá de lo mercantil. Ya en 2013 un grupo de 300 trabajadores del banco fue subrogado a Konecta SAT, donde conservaron sus sueldos y condiciones laborales, establecidos en el convenio de banca y superiores a los de la plantilla de la empresa, que se rige por el convenio de oficinas y despachos.

Hace dos años, además, se instaló en Konecta SAT una aplicación informática “con logo del banco, al que se accede con usuarios del banco y que recoge información sobre los tiempos y tareas” que realiza cada trabajador, explica a este periódico un portavoz de la sección sindical de CGT en la empresa. La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente tras recibir una denuncia de este sindicato, ante la sospecha de que esa información se envía no sólo a los responsables de Konecta sino también a los del Santander.

ERTE de tres meses y recolocaciones

Los sindicatos no llevaban más que un par de semanas negociando las condiciones de los despidos, cuando el guion dio un giro inesperado. La empresa anunció que retiraba el ERE y lo convertía en un ERTE, primero en Konecta BTO y después en Konecta SAT. Nada que ver con la pandemia, en su caso. La primera ha conseguido nuevos contratos, con Másmóvil y el Banco Sabadell, y necesita personal para cumplirlos, según explican fuentes de CCOO a este periódico. Los teleoperadores de BTO son también quienes responden a los clientes de Openbank –del Grupo Santander–, Iberdrola, el Autoclub Mutua o a los usuarios de la Tesorería General de la Seguridad Social, por ejemplo. Este mismo mes han empezado también a encargarse de la atención al contribuyente para la campaña del IRPF. El ERTE, que se prolongará por un plazo máximo de tres meses, incluirá no sólo a los 335 inicialmente amenazados de despido en Konecta BTO, sino también a otros 140 de la pasarela de pago con tarjeta Redsys que tienen contratos por obra y servicio y se iban a quedar en la calle en marzo. La empresa completará las prestaciones a los trabajadores en ERTE hasta un 87,5% durante el primer mes y medio y el hasta el 100% el resto del tiempo.

Por lo que respecta a Konecta SAT, la filial dedicada a tareas de apoyo administrativo, unos 60 trabajadores permanecerán en la empresa realizando todo tipo de tareas para el Santander si el banco acepta la propuesta en este sentido que le ha hecho Konecta. El resto podrá decidir si pasa a Konecta BTO, la filial de telemárketing, o si, mediante un contrato intercompañía, siguen en SAT pero prestan servicio a su empresa hermana. Tanto CCOO como CGT aseguran que el acuerdo garantiza el mantenimiento de las condiciones salariales de los que cambien de empresa, una cuestión delicada porque BTO aplica el convenio de telemárketing y SAT, el de oficinas y despachos.

Por su parte, fuentes de Konecta se limitan a admitir a infoLibre que se van a producir “cambios en la relación de la empresa con el Santander”, con el que mantiene un “partenariado, una alianza a largo plazo”. Esos cambios han originado, añaden, la apertura de un “proceso de diálogo” con los trabajadores cuyo objetivo prioritario era “mantener el empleo”. “Hemos puesto en marcha fórmulas para atender las demandas y los servicios, pero no había nada preconcebido sobre un ERE o un ERTE”. Y ahora está buscando “recolocaciones” para los afectados por esos “cambios de relación” con el Banco Santander.

838 millones de facturación, 4.700 horas extras

El grupo Konecta presume de haber facturado 838 millones de euros en 2019 y de contar con centros de trabajo repartidos en nueve países, 19 de ellos en España. Konecta BTO tuvo entonces unos beneficios de nueve millones, mientras que SAT entró en pérdidas ese año, de acuerdo con los datos facilitados por fuentes sindicales Aún no ha hecho públicos sus resultados de 2020. Cuando se les presentaron los dos ERE, los sindicatos replicaban que no existía causa para despedir cuando en los tres primeros del año y sólo en BTO se habían firmado 300 nuevos contratos, además de otros 1.400 en 2020, además de realizarse 4.700 horas extras, 8.300 horas complementarias y 18.000 horas ampliadas a trabajadores con jornada parcial.

El Santander no es la única empresa que ha optado por recuperar procesos que había externalizado. A la fiebre del outsourcing de hace unos años le ha sucedido la tendencia al repliegue. Telefónica u Orange recuperaron hace ya tiempo sus servicios de atención al cliente. Otros gigantes como General Motors, Bank of America, Visa o American Express también han optado por la gestión directa e internalizado sus servicios informáticos.

Santander registró unas pérdidas atribuidas de 8.771 millones de euros en 2020 tras la actualización del fondo de comercio por inversiones históricas y de los activos fiscales diferidos (DTAs) por valor de 12.600 millones de euros, sin efecto en caja, y nuevos cargos en el cuarto trimestre, 1.146 millones de euros, vinculados, principalmente, con los costes de reestructuración en España. Entre septiembre y diciembre, la entidad presidida por Ana Botín obtuvo un beneficio atribuido de 277 millones de euros, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

Santander obtuvo un beneficio ordinario de 5.081 millones de euros en 2020, un 38% menos en euros corrientes, debido al aumento de provisiones vinculadas a la pandemia.

El beneficio ordinario del cuarto trimestre fue de 1.423 millones de euros, un 16% menos frente al tercer trimestre (-18% interanual), dado que la mejora en el margen de intereses (+4%) se vio contrarrestada por la contribución al fondo de garantía de depósitos en España y el impuesto bancario en Reino Unido, además de por las mayores provisiones.

Asimismo, tras haber abonado 0,10 euros por acción mediante acciones nuevas el pasado noviembre, el consejo tiene la intención de pagar otros 2,75 céntimos de euro en efectivo por acción correspondiente a 2020. El consejo tiene la intención de recuperar un payout de dividendo en efectivo del 40-50% del beneficio ordinario en el medio plazo.

Sobre la remuneración con cargo a los resultados de 2021, la intención es volver a pagar dividendos cuando las recomendaciones del Banco Central Europea (BCE) lo permitan, en línea con lo anunciado en abril de 2020.

"Los resultados de 2020 reflejan la resiliencia y fortaleza del modelo de negocio y de la estrategia de Santander. El beneficio antes de provisiones está en línea con el de 2019 en euros constantes y hemos obtenido un resultado ordinario de más de 5.000 millones de euros en un entorno muy difícil. Agradecemos a todos los equipos su excepcional dedicación y apoyo a sus compañeros y a nuestros clientes", ha resaltado Botín.

En el mundo financiero español hay actores que se tiran de los pelos. Primero fue el baile de las fusiones, cacareadas por todo el espectro mediático (en ocasiones con un seguidismo desaforado), cuando las dos operaciones en marcha (Caixabank y Bankia por un lado, Unicaja y Liberbank por otro) solo conducen a una mayor concentración bancaria que acerca a España a países como Grecia o Malta y la aleja de la banca italiana, británica, francesa o alemana. Una de las fusiones -en realidad absorciones-, la del BBVA con Sabadell, no salió adelante por las dudas del primero sobre el valor real de la segunda entidad y a la tremenda exposición de la banca catalana a empresas y pymes.

El segundo asalto del lobby bancario español tiene que ver con el reparto de los dividendos, que el Banco Central Europeo espera que no se distribuyan entre los accionistas hasta septiembre de 2021 exceptuando a las firmas más solventes, que podrán hacerlo con muchas condiciones. La recomendación del BCE nació en los primeros compases de la pandemia, en marzo pasado, y siempre ha encontrado críticas en el sector en España. 

"Si un banco está dando crédito y tiene una buena situación de balance, ¿por qué tiene que cancelar su dividendo?", se preguntaba José María Roldán, presidente del lobby bancario AEB en junio en el Congreso de los Diputados. "Esas recomendaciones generalizas ayudan a las entidades peores y perjudican a las mejores". Los defensores del dividendo han estrujado los argumentos hasta exasperar a muchas fuentes consultadas. Una de las declaraciones más chocantes ha sido la de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, que respaldaba recientemente la distribución de ganancias porque eso ayudaría a "empresas y familias". "No pagar o recortar dividendo refleja debilidad y, a la larga, puede traer problemas a una cartera", ha llegado a escribir el director de un periódico. 

Pero esta misma semana llegaba un jarro de agua fría: la banca española es la más insolvente de Europa según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), dirigida por el español José Manuel Campa. La solvencia del sector en España ha crecido hasta el 11,8%, apenas tres décimas más que en marzo. En junio la misma institución afirmó que la banca nacional era la que afrontaba la crisis sanitaria y económica con el capital más bajo de Europa. 

Habla un alto ex directivo de un gran banco español: "Somos los bancos europeos con peores ratios y cifras de capital. El capital debería por supuesto aumentar y para ello nada de repartir dividendos", declara. "El último informe de la EBA va en esta dirección. Además, el veto iría en la línea de mitigar problemas de solvencia en el futuro".

Pero no es solo la solvencia de las entidades. Hay más indicadores. 

Según la definición básica del término, que figura en la web de Andbank, "el dividendo es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a sus accionistas en concepto de retribución al inversor". "Dentro de los dividendos hay que distinguir dos tipos: los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios hacen referencia al reparto de dividendo correspondiente al beneficios de un ejercicio, mientras que los extraordinarios no presentan relación con las cuentas del ejercicio, sino porque se ha producido algún acontecimiento extraordinario.

El Patrimonio neto cae

Ahora los datos del tercer trimestre de los cinco grandes bancos: el beneficio neto de Bankia cayó a 30 de septiembre un 68,8% hasta los 180 millones; los del Sabadell se precipitaron un 75% hasta los 203 millones de euros; Santander perdió 9.048 millones hasta septiembre, pero obtuvo un beneficio de 1.750 millones en el tercer trimestre; y Caixabank declaró un beneficio de 726 millones, un 42,6% menos. Todas las comparativas son interanuales. El único suceso "extraordinario" fue la venta de la división bancaria del BBVA en Estados Unidos, lo que catapultó a esta entidad aunque declaró 15 millones de euros de pérdidas en el tercer trimestre. 

¿Son reales los beneficios? De acuerdo con el patrimonio neto declarado por cada una de estas entidades a 30 de septiembre de este año, no. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, y está compuesto de fondos propios (dinero aportado por los accionistas, reservas y beneficios generados). Una reducción del patrimonio neto prácticamente imposibilita la obtención de beneficios y, por ende, la distribución de dividendos. 

Ayudas públicas, beneficios privados

El patrimonio neto del Sabadell en el tercer trimestre pasó de 13.057 millones de euros en septiembre de 2019 a 12.718 millones ahora, una caída imperceptible -pero caída-; el del BBVA cayó de 54.925 millones a 48.522 millones en un año; el del Santander de 108.526 millones a 91.310 millones; el de Bankia de 13.335 millones a 13.038 millones; y el de Evo (Bankinter) creció muy poco: 4.847.253 millones en 2020 frente a 4.799.964 millones en el tercer trimestre del año pasado. Dos caídas abruptas (BBVA y Santander) y tres cifras casi inamovibles. Así lo establecen los estados intermedios consolidados de cada una de estas entidades remitidas a la CNMV. 

"En lo que va de año, Santander y BBVA según sus propias cuentas han perdido el 18% y el 10% de su patrimonio. Y ello sin aplicar las normas contables regulares", explica una fuente financiera en alusión a la flexibilidad que ha otorgado el BCE al sector en Europa. "Si unos pierden y otros no ganan, ¿entonces qué reparten?". Esta misma fuente denuncia el "maquillaje" en las cuentas consolidadas intermedias -como las del tercer trimestre-, realizada a través de las sociedades filiales de cada grupo bancario: "Las leyes mercantiles exigen que cada sociedad prepare su contabilidad y apruebe sus cuentas. Y las cuentas se elaboran agregando las de todas las sociedades y tras determinados ajustes, esencialmente eliminando las operaciones entre ellas". 

"La banca está en el ojo del huracán desde 2008 y vuelve a confirmar la máxima de que para pedir ayudas recurren al sector público y para distribuir beneficios se quedan en el lado privado", razona el economista, empresario y profesor Juan Laborda. "¿Cómo van a repartir dividendos cuando están siendo dopados? ¡Su situación patrimonial no lo permite!". 

Joseph Oughourlian, el dueño del fondo de inversión Amber Capital, es de momento el nuevo presidente de Prisa, después de que la junta general extraordinaria de accionistas celebrada este viernes votara con un 52% de los asistentes la destitución de Javier Monzón. Amber, que posee el 29,84% del capital, ha contado con el apoyo de Telefónica, que tiene un 9,4%, para descabalgar finalmente al también presidente de Openbank, un objetivo que ya estuvo a punto de conseguir en la penúltima junta del grupo, el pasado mes de junio.

El próximo martes se celebrará un consejo de administración, que ya estaba convocado antes de que se produjera la destitución, según ha podido saber infoLibre, pero de momento se queda en funciones al frente del grupo quien hasta ahora figuraba como vicepresidente, Joseph Oughourlian, explican fuentes de Prisa. No se prevé que el nombramiento de un sustituto sea inmediato. El cese de Monzón lo incluyó en el orden del día el propio dueño de Amber Capital. En principio, la junta tenía previsto aprobar cinco asuntos, de los cuales los dos más importantes eran la venta del negocio de Santillana en España al grupo finlandés Sanoma y la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para este año y el próximo.

Amber ha justificado la inclusión en el orden del día del cese del presidente por las discrepancias que mantiene con Monzón sobre la estrategia del negocio. “Contamos con activos únicos, grandes marcas y un equipo de altísimo nivel. Amber impulsó la separación de los negocios de medios y de educación de Prisa al considerar que ello permitirá desarrollar estrategias industriales en ambos negocios, así como la consolidación de su liderazgo en España y América Latina atrayendo inversores de primer nivel y creando un proyecto ilusionante. Esta decisión estratégica no debe significar en modo alguno desmembrar el grupo y mucho menos a cualquier comprador y a cualquier precio, sino todo lo contrario. Se trata de apostar por nuestros negocios. Javier Monzón no comparte claramente esta visión estratégica por lo que Amber considera que ha llegado el momento de que no siga al frente del grupo. No podemos seguir confiando en quien pretende ejecutar una estrategia que consideramos contraria a los intereses sociales y de los accionistas”, ha explicado a la junta el fondo, según la intervención leída por el secretario del consejo de administración y que ha reproducido íntegramente el diario El País.

El fondo de inversión también ha indicado que habría preferido que “Monzón se apartara voluntariamente de su cargo y así se lo ha hecho saber, pero ante su reiterada negativa, Amber se ha visto obligada a tomar una decisión tan excepcional como proponer su cese en junta de accionistas”. Fuentes cercanas a Oughourlian han asegurado a infoLibre que su prioridad en las próximas semanas es demostrar que "no hay ningún tipo de intencionalidad política en esta decisión" y que "se buscarán fórmulas de máximo consenso" para la elección de un nuevo presidente del grupo, en referencia a un posible acuerdo con accionistas principales como Santander o HSBC, además de Telefónica.

En una intervención interrumpida por problemas técnicos, Monzón puso su cargo a disposición del consejo. Y respondió negando que se hubiera opuesto a la estrategia de dividir el grupo en las dos áreas de educación y medios. “No es veraz ni responde a los hechos que yo no comparta esa visión estratégica, que he impulsado y que creo haber conseguido que haya sido aceptada por el consejo por unanimidad y por una amplísima mayoría que me consta de nuestros accionistas. Siempre he actuado con el ánimo de buscar el entendimiento de los accionistas y así lo seguiré haciendo en todo momento porque eso es lo que beneficia a la compañía. He evitado siempre la división o fractura entre los accionistas y consejeros, y en un día como hoy he querido seguir actuando igual”.

Los porqués de Telefónica

Según han explicado a Europa Press fuentes del mercado, Telefónica apoyó la propuesta de destitución de Monzón para defender el interés de sus accionistas tras la oferta de compra del empresario asturiano Blas Herrero. Aunque la operadora considera su inversión en Prisa como un activo no estratégico y su participación está puesta a la venta a la espera de que mejore la situación de los mercados y pueda obtener un precio adecuado por ella, Telefónica cree necesario que haya “seriedad y profesionalidad” en la gestión de los activos en los que está presente.

Así, la compañía de telecomunicaciones piensa que la oferta de Herrero puso de relieve una situación que no maximiza el valor de la compañía y en la que parece que “cualquiera puede hacer una oferta, de cualquier manera y a cualquier precio” por Prisa, lo que es un “síntoma muy claro de que hace falta otra gestión y otro liderazgo”. Las mismas fuentes destacan que la intención de Telefónica es seguir con su política actual de no entrar en el consejo de administración de Prisa y no interferir en su gestión, pero precisan que, tras la operación fallida de Blas Herrero, era evidente que hacía falta un cambio de rumbo en el grupo de comunicación.

Espadas en alto desde junio

Javier Monzón entró como independiente en el consejo de administración de Prisa en noviembre de 2017. Antes había sido presidente de Indra desde su creación en 1993 hasta 2015. En febrero de 2018 fue nombrado vicepresidente de Prisa y desde el 1 de enero de 2019 era presidente del consejo de administración. Fue reelegido en ese cargo el pasado mes de junio con el 62% de los votos de la junta general, pero también con la abstención del principal accionista, Amber Capital. Entonces se firmó una tregua entre el fondo de inversión y el Banco Santander que acaba de romperse a favor del primero. El banco de Ana Patricia Botín sólo posee el 4,1% de las acciones del grupo.

Pero el alto el fuego no significa paz. Hace justo un mes Blas Herrero, el dueño de KissFM, presentaba una oferta de compra no solicitada por los medios de comunicación de Prisa, entre 150 y 200 millones de euros. La operación se iba a ejecutar con una sociedad de responsabilidad limitada en la que le acompañaban “un grupo de inversores”. Entonces se llegó a hablar de que el Santander apoyaba la venta a Herrero, quien había planteado mantener en sus puestos a Javier Monzón y al consejero delegado Manuel Mirat. Sin embargo, el consejo de administración rechazó por unanimidad la oferta del empresario asturiano. Desde entonces la acción de Prisa ha incluso superado el euro en algunos días de diciembre, aunque este viernes cerraba en 90 céntimos.

Quién sustituirá a Monzón en la presidencia es una incógnita que no se despejará de modo inmediato. Los nombres con los que se ha especulado desde varios medios, como el de Javier de Paz, consejero de Telefónica y miembro de la ejecutiva del PSOE en los años 90, o el de José Miguel Contreras, fundador en su día de La Sexta yaccionista de infoLibre, no figuran entre los que se barajan para pilotar Prisa. Fuentes de Telefónica han negado tajantemente a este periódico que De Paz esté “en absoluto” en esa operación mientras Contreras ha desmentido ya en distintas ocasiones (la última este mismo viernes) esas especulaciones.

Banco Santander y los sindicatos negocian el quinto despido colectivo en siete años de la primera entidad financiera española. Van por la tercera reunión de un proceso que a buen seguro acabará antes que el año. El banco que preside Ana Patricia Botín quiere recortar 5.072 puestos de trabajo, un volumen considerable si se tiene en cuenta que en los cuatro ERE (Expediente de Regulación de Empleo) anteriores se fueron a la calle 5.869 trabajadores y se prejubilaron otros 2.103. La plantilla del banco en España suma 19.527 empleados, por lo que el recorte afectará a una cuarta planta del personal. Esta vez, además, es la primera en que el Santander aduce razones económicas para despedir a sus empleados: unas pérdidas de 9.048 millones de euros hasta septiembre de este año.

Si finalmente se recortara la plantilla en la cifra propuesta por el banco –los sindicatos intentarán reducirla durante las negociaciones de las próximas semanas–, el Santander se quedaría con sólo 14.445 empleados. En 2013, cuando se ejecutó el primer ERE, la entidad contaba con 25.864 trabajadores en España. Es decir, desde entonces ha perdido el 44% de su personal. Aunque tras la absorción del Banco Popular en 2018 llegó a los 30.106 empleados, con lo cual su plantilla ahora representaría menos de la mitad de la que tenía sólo hace dos años. De la misma magnitud ha sido el cierre de oficinas. En 2013 su red la componían 4.049 sucursales. Si se cumplen las expectativas de la empresa en este nuevo despido colectivo, el Santander se quedaría con sólo 1.949 oficinas. Una pérdida de casi el 52% de las sucursales en siete años.

En el informe técnico que el banco ha debido elaborar para ejecutar el despido colectivo y al que ha tenido acceso infoLibre, el banco atribuye su mal resultado a la “persistente” caída de sus ingresos financieros, los que obtiene de la actividad bancaria ordinaria –intereses de los créditos que concede–, y de sus ingresos por comisiones. Pese a que la concesión de créditos y préstamos ha crecido –un 2% desde 2017 hasta septiembre de este año–, los ingresos por intereses han disminuido un 14,4% en los nueve primeros meses de 2020 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Mientras los ingresos por comisiones sólo han aumentado un 0,7% este año, por lo que el banco los considera una fuente de ingresos “agotada”. El Santander se lamenta de una anémica rentabilidad del negocio que cifra en sólo un 1,06% hasta septiembre de 2020, cuando en 2017 alcanzaba el 1,68%. Y de un deterioro de su ratio de eficiencia –relación entre gastos de explotación y margen bruto: cuanto mayor sea ese cociente, más ineficiente es el banco– que ha crecido del 46,2% en 2019 al 62,2% en lo que va de ejercicio, dos puntos por encima, además, de la media del sector.

De poco han servido, asegura el Santander, las medidas para recortar gastos que han aplicado desde 2019: el penúltimo ERE –3.223 despidos y 1.000 oficinas cerradas– y una reducción de 320 millones de euros en gastos de administración.

Porque, recalca el informe, el banco está “sobredimensionado”, tanto “desde la óptica del negocio” que atiende, como por las estructuras intermedias y los servicios centrales y corporativos.

Sólo una sucursal en municipios de menos de 20.000 habitantes

Así, el Santander pretende cerrar 1.033 oficinas y despedir a un total de 3.957 empleados de su red de oficinas. El 78% de los puestos de trabajo que quiere amortizar se localizan en las sucursales. De ellos, 2.047 corresponderán a directores y subdirectores de las oficinas. Otros 1.536 serán empleados con funciones operativas, los que no trabajan como comerciales.

Para argumentar la necesidad de este hachazo, el banco asegura que la carga operativa en las oficinas se redujo en un 27,4% entre 2017 y 2019, de 56.660 a 41.134 horas/día. En los nueve primeros meses de este año ha caído aún más, hasta 30.331 horas/días, debido a los meses de confinamiento y a la desescalada. Por ejemplo, las transacciones efectuadas en las oficinas han caído un 37,8% entre 2017 y 2019: un 41,4% los ingresos y pagos por caja, y un 48,7% las transferencias.

Al mismo tiempo, los canales digitales no dejan de crecer. Y en ellos se centra la apuesta del Santander. Los clientes han cambiado sus hábitos de consumo, explica el banco en su informe. La atención en la oficina ha pasado a la historia, el futuro está en la gestión comercial y operativa con los clientes “en remoto”. El Santander tiene ahora 5,1 millones de clientes digitales y quiere llegar a los seis millones de 2022, de forma que el 80% de los usuarios de sus servicios sean de este tipo. Es más, las ratios de eficiencia y productividad de Santander Personal, la unidad encargada de la gestión remota de clientes, son muy superiores a los de las oficinas. De hecho, Santander Personal multiplica hasta por 10 la ratio de eficiencia de las carteras particulares y la de productividad de las sucursales y hasta por siete su ratio de productividad en negocios y pymes, asegura el informe. Hasta ahora cuenta con 1,1 millón de clientes, pero espera alcanzar los 2,8 millones en 2023.

En definitiva, gestión remota y centralizada de los clientes. Y cierre de oficinas más pequeñas y con menor potencial comercial y financiero. En municipios de menos de 10.000 habitantes quedará sólo una sucursal o un agente, al que se traspasará el negocio si éste no supera los 60.000 millones de euros. Si el volumen de negocio no llega para un agente, entonces el banco sólo dejará una “ventanilla desplazada”, un empleado que acudirá un número determinado de días y horas a esa localidad desde otra oficina situada en otro municipio. El Santander cuenta en la actualidad con un total de 194 agentes en plantilla, encargados de supervisar a los 725 agentes autónomos que trabajan con los clientes. Lo mismo ocurrirá con las sucursales situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes. De las 2.982 que el Santander tiene en España, 827 se encuentran situadas en localidades de menos de 20.000 habitantes. El objetivo, apunta el informe, es reducir en un 80% el número de oficinas con menos de tres empleados, que ahora suman 663.

En los municipios con más de 20.000 habitantes, no podrá haber dos sucursales a menos de 750 metros entre sí. Si su volumen de negocio no supera los 60 millones de euros y no pueden fusionarse con otra a menos de 1,5 kilómetros de distancia, entonces dejarán los clientes en manos de un agente. El resultado será que cerrarán 128 oficinas del Santander en Madrid y 86 en Barcelona. Van a desaparecer el 50% de las sucursales de Badajoz, Cuenca, Lugo y Soria. Pero hasta el 60% –43– de las de Tenerife. En cambio, no van a perder ninguna Albacete y Melilla. En estos momentos ya permanecen cerradas 690 oficinas del Santander en toda España por culpa de la pandemia. “La mayor parte [de ellas] están identificadas en la propuesta de cierres”, adelanta el informe.

Recortar en un 37% el número de direcciones de zona

Inevitablemente, la reducción del tamaño de la red de oficinas y el avance de la gestión centralizada van a repercutir en lo que el informe llama “estructuras intermedias” del banco. Por ejemplo, la intención del Santander es recortar en un 37% el número de direcciones de zona, así como suprimir los departamentos de Particulares, Colectivos y Universidades, los de Leasing y Renting, Cartera Comercial y Seguros de la Dirección Comercial de Empresas. En la unidad de Negocio Hipotecario no van a quedar más que cuatro de sus 37 trabajadores, uno en cada una de las cuatro mayores direcciones territoriales –hay 13–. En total, se recortarán 309 empleos.

En los servicios centrales y el centro corporativo, la reducción será superior, 899. Los departamentos más afectados serán banca comercial, con 74 despidos y Secretaría General y Cumplimiento, con 68. De Desarrollo de Negocio se irán 54 personas y de Control de Gestión, 36. Según los autores del informe técnico, existen áreas con funciones duplicadas y deben eliminarse “informes innecesarios”, y “reuniones no relevantes”, que además deben realizarse preferentemente por teléfono o por internet.

Finalmente, no se van reincorporar a sus puestos de trabajo los 107 trabajadores procedentes del Banco Popular y del Banco Pastor que solicitaron una excedencia compensada acogiéndose a las condiciones del ERE de 2016.

3.500 empleados superan los 55 años

Estas son las cifras que los sindicatos deben intentar rebajar en las semanas que quedan de negociación con los responsables del banco. De momento, éstos han ofrecido reducir el número total de despidos externalizando un millar de puestos de trabajo. Estos empleados pasarán a formar parte de las plantillas de Santander Operaciones y de Santander Consumer Voice –atención telefónica–, según explican a infoLibre fuentes conocedoras de la negociación.

Tampoco es posible conocer aún cuántos de los afectados se acogerán a una prejubilación. En estos momentos, y tras los sucesivos ERE, en el Santander quedan unos 3.500 trabajadores con más de 55 años. Aunque no es una opción que satisfaga al banco. El convenio especial con la Seguridad Social que debe firmar con cada trabajador hasta que alcance la edad legal de jubilación le supone al Santander un desembolso de 1.080 euros al mes.

Sin contar con que deba pagar la llamada Enmienda Telefónica, aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que las empresas con más de 100 trabajadores y beneficios sufraguen las prestaciones de desempleo y las cotizaciones sociales de los empleados de más de 50 años a los que despidan. Unos importes que hasta entonces pagaba el Estado. Este mismo año, y con cuatro de retraso, el Santander ha abonado los 6,31 millones de euros que el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) le reclamaba por el ERE de 2016: 680 despidos y 831 prejubilaciones.

Por el momento, la primera oferta que ha hecho el banco a los sindicatos es muy baja: indemnizaciones de 20 días por año trabajado, el mínimo legal, para quienes tengan más de 62 años, y de 30 días por año a quienes no lleguen a los 55. Para los prejubilables, el Santander propone pagarles el 70% del salario si tienen entre 58 y 61 años, o el 65% si tienen entre 55 y 57 años. En el ERE anterior, el de 2109, las cuantías eran superiores: la indemnización era también de 20 días por año trabajado para los mayores de 62 años, pero a los de menos de 50 años se les ofrecían 40 días, mientras que a si tenían entre 55 y 57 años se les pagaba el 75% del sueldo, a los de más de 58, el 78% del salario, y a los de entre 59 y 61 años, el 80%.

La junta extraordinaria de accionistas de Prisa convocada para el próximo 18 de diciembre puede terminar votando un punto del día inesperado: la oferta de compra “no solicitada” que ha presentado el empresario Blas de Herrero por El País, Cinco Días, As, la Cadena Ser, 40 Principales y Cadena Dial. Dependerá de la decisión que tome este mismo viernes su consejo de administración, convocado de urgencia para debatir la propuesta, abrir una negociación o directamente rechazarla. El dueño de KissFM y Dkiss ha comunicado a este órgano en una carta su intención de adquirir los medios de comunicación escritos, radiofónicos y audiovisuales del grupo a través de una sociedad de responsabilidad limitada en la que le acompañarán “un grupo de inversores”, liderado por él. Su objetivo es hacerse con una participación significativa, no necesariamente de control. Mientras Prisa se ha limitado a contestar que el consejo estudiará la propuesta, la CNMV suspendió la cotización bursátil del grupo durante unas horas. Al cierre del parqué, la maltrecha acción del grupo, que ha llegado a valer menos de 50 céntimos y consiguió remontar hasta los 92 al final de la mañana, ganaba un 21%.

La cuantía de la oferta está situada entre los 150 millones y los 200 millones de euros. En cualquier caso, una cifra que fuentes de Prisa consideran “muy escasa” si se tiene en cuenta, explican, que la radio tuvo un beneficio operativo neto (Ebitda) de 63,3 millones en 2019 y la prensa, de 12,1 millones más. No obstante, el 73% del resultado de Prisa procede de la editorial Santillana: 175 de los 242 millones de su beneficio operativo correspondieron el año pasado a su negocio educativo. Además, los resultados de este ejercicio han sufrido el impacto del covid-19. Hasta septiembre, Prisa reconocía un perjuicio de la pandemia que cifraba en 119,4 millones de euros, tras provocar una caída del 50% del Ebitda frente a los nueve primeros meses del año anterior.

Es más, en el primer trimestre de 2020 Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. De esa cifra, 6,4 millones corresponden a Prisa Noticias y de éstos, a su vez, son imputables al diario El País 5,36 millones de euros. El PaísDe forma que el grupo ha puesto en marcha un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros que incluye un ERTE y recortes de salarios para la plantilla.

Blas Herrero, en una imagen de archivo.

Pero además de unas cuentas poco lustrosas, Prisa lleva años doliéndose de una voluminosa deuda. Llegó a situarse por encima de los 5.000 millones de euros y ahora alcanza los 1.061 millones, el triple de su valor en Bolsa. Tras el cierre de la venta del negocio español de Santillana –al grupo finlandés Sanoma, por 465 millones– el pasado octubre, el grupo está reestructurando 400 millones de esa deuda. Que constituye el principal hueso para la operación del empresario asturiano. Porque, además de pagar por los activos, el quid está en cómo se reparten esos pasivos entre las dos unidades de negocio que se pretenden segregar, cuántos millones corresponden a los medios de comunicación que quiere comprar Herrero y cuántos al negocio de educación que Prisa intenta vender.

Apoyos y oposición

Según han explicado a infoLibre fuentes del entorno de Blas Herrero y han confirmado fuentes de Prisa,  para la compra el empresario asturiano cuenta con el apoyo del Banco Santander. También con el de los mexicanos Roberto Alcántara, Carlos Slim y Carlos Fernández González e incluso con el de la familia Polanco y los próximos al expresidente Felipe González. Aunque menos por entusiasmo que por el hecho de que no ven “otra alternativa” teniendo en cuenta el balde de la deuda. El banco presidido por Ana Patricia Botín es el acreedor de un 20% de esas obligaciones. Además, el dueño de Kiss FM ha dado “garantías de continuidad” al actual equipo directivo de Prisa; en concreto, a su presidente, Javier Monzón, y al consejero delegado, Manuel Mirat. Lo que puede interpretarse como un gesto vinculado al Santander, valedor de un Monzón cuestionado por otros accionistas desde el primer momento, entre otros motivos por su pasada gestión en Indra.

Fuentes del sector apuntan hacia el también presidente de Openbank como posible “muñidor” de la operación de Herrero. Y a éste, como una suerte de “testaferro” del Santander, en un intento del banco por evitar la imagen nefasta de un medio de comunicación en manos de una entidad financiera. Es decir, hay que acabar con la inestabilidad de Prisa, vendiendo también el negocio de Santillana en América Latina para eliminar toda la deuda que aún tiene, y hay que salvar a los medios de Prisa, porque son fundamentales para la buena salud del sistema democrático. Y Blas Herrero sería “la única opción al alcance”, advierten las mismas fuentes, que destacan como clave final la línea conservadora de los principales protagonistas.

Por el contrario, Herrero se enfrenta a la oposición del mayor accionista del grupo, Amber Capital, y de su fundador, Joseph Oughourlian, los principales adversarios de Javier Monzón. Lo mismo ocurre con HSBC. De hecho, desde junio, cuando se celebró la junta ordinaria de accionistas de Prisa, en la que el fondo Amber se abstuvo al votar el nombramiento de Monzón, se mantiene una tregua que pendía en buena parte de la venta de Santillana. Oughourlian, con el 29,8% de las acciones, puede forzar la dimisión del presidente recabando apoyos en el consejo de administración para convocar una junta de accionistas extraordinaria. El Santander sólo tiene directamente el 4,1% de las acciones. Y Telefónica , con el 9%, es el árbitro en la pugna. También podría serlo en la decisión sobre la venta a Blas Herrero. Según las fuentes consultadas, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete mantiene su intención de no participar en “ninguna batalla mediática” y sólo terminaría aceptando la operación si viera que la mayoría la apoya. 

En el frente del no, aseguran otras fuentes relacionadas con la operación, se sitúa igualmente el Gobierno, que no contempla con agrado la llegada al principal grupo de medios español de un empresario cuyas posiciones ideológicas coloca ahora muy lejos de las que en los años 90 le incluían entre los próximos a Alfonso Guerra. Fuentes de Moncloa no descartan, además, que el objetivo principal de la operación sea buscar un alza del precio de la acción de Prisa, mientras niegan haber mantenido contacto alguno con Blas Herrero. El empresario asturiano se presenta acompañado de un grupo de empresarios que su entorno califica de “independientes” y con los que pretende aglutinar entorno a un 33% del capital. Se desconoce si el dinero necesario para cubrir esa oferta saldrá de sus promotores o vendrá avalado por la misma entidad bancaria acreedora.

Una láctea, un litigio con Onda Cero y una TDT

Blas Herrero fundó la cadena Radio Blanca en 1989, en un salto a los medios de comunicación desde la industria láctea. El empresario asturiano presume de haber pasado su infancia y adolescencia, hasta los 22 años, repartiendo leche, primero en carro, después a caballo y finalmente en una furgoneta. En los años 80 ya era el dueño de la lechera RAM y luego de un grupo con una treintena de sociedades, incluidas inmobiliarias y concesionarios de coches. Por entonces, sus contactos con el PSOE asturiano le permitieron obtener nueve concesiones de FM. Onda Cero, recién creada por la ONCE, emitía a través de las emisoras de Radio Blanca. Herrero se convirtió en su vicepresidente.

En 1999, Telefónica, a la que ahora tendría que seducir Herrero en el consejo de administración de Prisa, compró Onda Cero y ésta firmó con el empresario asturiano un acuerdo: crearía una cadena temática cuya gestión publicitaria correría a cargo de la radio de Telefónica durante 10 años, a razón de 18 euros por oyente y calculando una audiencia de medio millón de personas. Así nació Kiss FM en 2002. Un año después tenía 1,3 millones de oyentes. Las disputas por unas cifras que habían superado las firmadas en el contrato terminaron en los tribunales. El caso se dilató años hasta llegar al Tribunal Constitucional, que dio la razón a Blas Herrero. En 2007 Telefónica –entonces presidida por César Alierta– y Antena 3, los dueños de Onda Cero, tuvieron que pagarle 208 millones de euros. Él había pedido 600 millones.

Con ese remanente, Herrero creó una sociedad de capital riesgo, fundó varias sicav y emprendió también la aventura audiovisual. Si en un primer momento se apoyó en sus contactos con el PSOE, los que ahora se le atribuyen en el PP le consiguieron una licencia de TDT en octubre de 2015, la que utiliza Dkiss. Ahora, al tiempo que pugna por hacerse con El País y la Ser, intenta entrar en Duro Felguera, empresa de infraestructuras que acaba de pedir un rescate de 100 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tras ganar su duro litigio a Onda Cero, en noviembre de 2007, El Mundo le publicó un largo perfil. Una vez revisada su trayectoria empresarial, Blas Herrero enumeraba sus proyectos para el futuro: la sociedad de capital riesgo, un grupo mediático, musicales en la Gran Vía basados en las canciones de los 80 radiadas en Kiss FM... “Y adquirir o participar en un importante grupo de comunicación de ámbito nacional o internacional”. Trece años después, ha dado el paso para intentar conseguirlo, con el apoyo inicial del Santander. 

Santander Operaciones España SL es una filial del banco que dirige Ana Patricia Botín. Se encarga de las tareas de back office –apoyo informático y técnico para los servicios de cajeros, recobros, asistencia telefónica– del banco. Tiene 207 trabajadores. Y el pasado día 2 despidió a la delegada sindical de CGT, Laura B. S., de forma disciplinaria por la comisión de dos faltas muy graves: impartir clases particulares de matemáticas por internet y hacerlo durante sus horas de crédito sindical.

Antes le había abierto el preceptivo expediente, al que Laura B. presentó sus alegaciones: la empresa había contratado a una agencia de detectives, dos de los cuales se hicieron pasar por padres que pagaron a la delegada de CGT para que diera clases de matemáticas a sus hijos en abril y mayo, en pleno confinamiento. Ambos detectives, un hombre y una mujer, utilizaron a sus propios vástagos, menores de edad, como alumnos, según explica B. S.. Tanto ellos como sus hijos, añade, se presentaron con sus nombres auténticos en los correos electrónicos y en la aplicación informática. Como, en un primer contacto, rechazó las clases que le pedía la mujer, ésta volvió a ponerse en contacto para repetir la solicitud e insistiendo en que debían ser por la mañana. La delegada sindical ha presentado una demanda contra su despido por vulnerar no sólo la libertad sindical y su derecho a la intimidad, sino también su garantía de indemnidad: la ley la protege de represalias por defender sus derechos.

Su abogado, Eric Sanz de Bremond, explica que existe abundante jurisprudencia sobre los límites de la actuación de los detectives –o la policía, fuera del orden laboral– en casos como éste. Sólo pueden “documentar” la actividad del trabajador, pero no inducir a la comisión de una ilegalidad. Como él sostiene que ha ocurrido en este caso. El Supremo considera entonces que las pruebas obtenidas de esa forma son “ilícitas” e inadmisibles. Sanz de Bremond cita una sentencia del pasado mes de febrero que considera “fruta del árbol empozoñado” el informe de los detectives contratados por una empresa andaluza que “forzaron” la reunión de un empleado en sus horas de trabajo –“una consulta simulada, instrumentada” por una detective– y que “vulneraron el derecho a la dignidad del trabajador”.

Otro tanto ocurre con el uso de los menores para las clases de matemáticas. La Ley de Seguridad Privada exige que cualquier persona que participe en un subterfugio sea poseedora de la tarjeta de identidad profesional (TIP), la licencia que concede el Ministerio del Interior para ejercer como detective. Si, además, las personas utilizadas para simular el contrato fueron menores, la irregularidad puede ser denunciable ante la Unidad Central de Seguridad Privada, explican fuentes del sector. infoLibre ha preguntado al Banco Santander por la contratación de la agencia de detectives y el uso que hicieron éstos de los menores, pero la entidad ha declinado hacer ningún comentario.

10 clases a 15 euros la hora

En cualquier caso, el expediente acusa a Laura B. de haber dado 10 clases a dos alumnos a cambio de 15 euros la hora entre el 16 de abril y el viernes 22 de mayo. Ella se ofrecía en una página web denominada www.tusclasesparticulares.com. “El anuncio es de 2013, cuando aún no trabajaba para Santander Operaciones”, se defiende. “Si buscas mi nombre en Google”, continúa, “es lo primero que aparece... los detectives tampoco tuvieron que investigar mucho”. Laura B. cuenta que durante el confinamiento empezó a recibir “de repente” decenas de solicitudes para dar clases, lo que le extrañó mucho, pero no puede asegurar que todas ellas procedieran de la agencia. La empresa incluye en su informe las alusiones que ella hace, se supone que en sus comunicaciones con los detectives a través de la aplicación Zoom, a su “elevada” carga de trabajo y a que no da clases los fines de semana. Y le reprocha que no comunicara el ejercicio de esta actividad profesional, como le exige el Código de Conducta del Grupo Santander. Además, la acusa de “transgredir la buena fe y lealtad debida a los trabajadores que representa” incumpliendo sus obligaciones laborales y “utilizando indebidamente” su condición de representante sindical. 

Sin embargo, su sindicato, CGT, no lo cree así, ha salido en defensa de Laura B. e incluso escribió una carta a Ana Patricia Botín donde pone en su conocimiento la “argucia” empleada por el departamento de Recursos Laborales del banco. La tacha de “inaceptable, por inquisitiva e invasiva de la esfera privada”. Añade que vulnera “gravísimamente todas las reglas de la ética”. Según el sindicato, el despido no es sino una represalia por las demandas que su delegada interpuso ante la Inspección de Trabajo y los tribunales por irregularidades laborales en Santander Operaciones España SL. De hecho, el 6 de octubre se verá en la Audiencia Nacional la demanda de conflicto colectivo por cesión ilegal de trabajadores que la delegada de CGT presentó en diciembre pasado contra su empresa. Según detalla, Santander Operaciones España SL realiza las mismas tareas e incluso comparte directivos y algunos clientes, con otra filial, Santander Personal Select, pero sus trabajadores se rigen por el convenio de oficinas y despachos, y no por el de banca como su empresa hermana, por lo que sus salarios son más bajos y sus condiciones menos beneficiosas.

El caso es que sólo seis días después de su despido, el pasado miércoles, el banco remitió una carta a los trabajadores de Santander Operaciones España para comunicarles que, desde el 1 de agosto, serán subrogados, pasarán a formar parte del Santander a todos los efectos y se les aplicarán las condiciones del convenio colectivo de banca. Lo que pedía la delegada sindical en su demanda ante la Audiencia Nacional. Ella dice que no la va a retirar, entre otras razones porque sus compañeros van a pasar al Santander con la categoría más baja del convenio de banca, en lugar de la que a su juicio les correspondería por su trabajo. “Si les reconocieran su categoría real, tendrían que admitir también que mantenían Santander Operaciones España en el convenio de oficinas y despachos para ahorrar costes”, aclara. La entidad, por su parte, explica que la operación es parte de su “política de racionalización, simplificación y especialización ded estructuras societarias” para aumentar la eficiencia.

La delegada despedida, añade el sindicato, denunció también ante la Inspección de Trabajo la falta de registro de la jornada laboral y las horas de formación de la plantilla. Y ya antes había demandado, y ganado, a la empresa por una represalia anterior: dejó de percibir la retribución variable en 2019, cuando fue elegida representante sindical, lo que el juez consideró una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. La garantía de “indemnidad retributiva”, reconocida en la sentencia, impide a una empresa castigar a un representante de los trabajadores bajándole el suelo por su actividad sindical. 

Horario flexible y derecho a no ser sometidos a “vigilancia singular”“ singular”

CGT explica en sus alegaciones que Laura B. no tiene “un horario determinado”, sino que su jornada laboral “se flexibiliza en función de las necesidades y actividad” de su representación. “Es más”, subraya, “está exenta de marcar sus ausencias” en el portal donde se registra la jornada de trabajo. También asegura que, de los 10 días en que la empresa dice que dio clases durante sus horas sindicales, sólo tres pueden ser considerados como jornadas laborales; el resto, son festivos o las clases “se impartieron en horario distinto al turno que tenía asignado”. Además, la delegada podría haber compensado esas horas con actividad sindical “realizada en horario distinto al establecido para ese día”, señala. “En ningún caso, el supuesto uso de cuatro horas sobre una jornada máxima anual de 1.765 horas puede ser considerado como una práctica continuada”, concluye el sindicato en su escrito.

El abogado Sanz de Bremond se apoya en que el Supremo también ha dictaminado en múltiples sentencias que el tiempo dedicado a la actividad sindical debe ser “flexible” y que debe “preservarse la independencia” del representante de los trabajadores. Para el TS, la función de los delegados sindicales debe ser “vigilada y controlada por los propios compañeros de los representantes” de los trabajadores, no por la empresa. “El crédito de horas del Estatuto [de los Trabajadores] está configurado como una garantía de la función representativa”, argumenta el Alto Tribunal, que considera “paradójico” el hecho de que “lo que es una garantía de la función representativa se torne con tanta frecuencia en causa de despidos disciplinarios, lo que invita y obliga a reflexionar de nuevo si en realidad el presunto incumplimiento de las funciones propias de la representación y defensa obrera, aunque haga uso de horas retribuidas por el empresario, constituye por sí sola una transgresión de la buena fe contractual”.

En una sentencia de 2014, el Supremo recopila la jurisprudencia sobre el asunto: los delegados sindicales “tienen derecho a desempeñar sus funciones sin ser sometidos a vigilancia singular”, ya que ello “supone una traba o limitación a su derecho de libre libertad o libre ejercicio del cargo”, y reitera que el criterio en el despido de delegados de personal “justificado en el empleo inadecuado del crédito horario que les conceden las normas legales” debe ser siempre “restrictivo”.

Antonio Garamendi adelantó que cada uno de los más de 100 empresarios invitados a la megacumbre que la CEOE celebra estos días iba a expresar “su opinión” sobre el futuro inmediato de España tras la pandemia. “Van a plantear qué habría que hacer y cómo habría que trabajar para poner en marcha el país”, precisó. Pero han hecho mucho más. A lo largo de cinco días –y aún faltan cuatro jornadas– un reparto de lujo integrado por los más significados líderes corporativos del país ha exhibido su catálogo de vetos al mismo tiempo que reclamaba su trozo del pastel de las milmillonarias ayudas que se espera lluevan desde Europa. Garamendi también avanzó que, al término de la cumbre, trasladará al Gobierno el mensaje. Como parte de su “trabajo” habitual con el Ejecutivo, con el que mantiene –y lo repitió– una relación “muy buena”.

Opiniones las están dando los grandes empresarios, y también van sumando presión. “Son los que generan efecto tractor en el resto de las empresas”, explicó el responsable de la patronal cuando presentó el elenco de la cumbre. Pablo Isla, el presidente de Inditex, uno de los mayores grupos textiles del mundo, abrió las intervenciones y cerrará el acontecimiento el próximo jueves junto con el propio Garamendi. Ana Patricia Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Juan Roig (Mercadona), Rafael del Pino (Ferrovial), José María Entrecanales (Acciona), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Sánchez Galán (Iberdrola), Jordi Gual e Isidro Fainé (Caixabank) ya han hecho sus aportaciones. La semana que viene es el turno de Víctor del Pozo, (El Corte Inglés), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Fernando Abril-Martorell (Indra) y de los presidentes en España de las cuatro grandes (Big Four) auditoras mundiales Ernst & Young, PwC, Accenture y Deloitte. También intervendrán las responsables nacionales de Netflix y Facebook. Todo un cartel aderezado con un puñado de exministros: Josep Piqué, Javier Solana, Fátima Báñez, Cristina Garmendia, Eduardo Serra o Beatriz Corredor.

Aunque el tono ha sido, en general, bastante conciliador, muchos de ellos han aprovechado para dejar claro dónde marcan los límites. Ni subidas de impuestos, ni nuevos tributos; en todo caso, rebajas en el IVA –superreducido para todas las actividades turísticas, reclamó el presidente del grupo Barceló, y para los productos pesqueros, exigió el secretario general de los armadores, Javier Garat– y exenciones fiscales –a las socimis, las pidió el consejero delegado de Merlin Properties, la mayor socimi de España–. Goirigolzarri advirtió de que aplicar nuevos impuestos a la banca es “contraproducente” por la baja rentabilidad de las entidades debido a los tipos de interés en mínimos históricos.

También se repitieron las apelaciones a una mayor seguridad jurídica y a la reducción de la burocracia, al tiempo que se subrayó el rechazo a la derogación de la reforma laboral. Aunque casi no se la mencionó por su nombre, sí se recurrió al eufemismo sobre los perjuicios de “revertir las reformas eficaces” y “desmontar lo que está funcionando”. “No hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo”, apremió el presidente de Inditex. Porque todos se reivindicaron como creadores de puestos de trabajo, pero sólo uno, Antonio Catalán, el dueño de AC Hoteles, abogó por un turismo pospandemia con “salarios justos”. Cierto que Goirigolzarri destacó la importancia del “capital humano” y de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales– para mejorar la empleabilidad e incluso “reducir las desigualdades sociales”.

Por el contrario, el presidente de Acerinox, Bernardo Velázquez Herreros, planteó una disyuntiva poco halagüeña: “O contamos con un precio competitivo de la energía o tendremos que compensarlo con mano de obra más barata y, como España ya no es un país de salarios bajos, al menos en la industria, afrontamos el riesgo de que las inversiones busquen otros entornos regulatoriamente más favorables”. No mencionó a Alcoa, la factoría de aluminio del norte de Lugo que ha presentado un ERE para 534 de sus trabajadores, pero no hizo falta.

Fue más unánime incluso la solicitud de ayudas al Gobierno. El sector turístico reclamó la prórroga de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que les garantizan los ERTE, mientras que el presidente de Iberia, Luis Gallego, pidió un Plan Renove que bonifique la sustitución de aviones viejos por otros nuevos y ecológicos. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y de Air Europa, fue más melodramático: “Estamos secos. No tenemos dinero. No sé cómo vamos a aguantar. Si no nos dan ayudas, vamos a durar menos que un telediario”, lamentó, “ahora creo que es imposible quitarnos esta losa que nos está aplastando”. Tomás Pascual, que preside el grupo alimentario que lleva su apellido, pidió moratoria de pagos, hipotecas y arrendamientos; Ignacio Osborne, una campaña de imagen en el exterior.

Inversiones millonarias para negocios sostenibles

Otro término recurrente fue la colaboración público-privada. El maná millonario que se está negociando en Bruselas es un poderoso incentivo para las empresas. Así que muchos de ellos fueron a la cumbre para hablar de lo suyo. Manuel Manrique (Sacyr), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona) defendieron la inversión en infraestructuras, desde carreteras hasta instalaciones de tratamiento de agua y residuos, o centros sanitarios y educativos. Mientras que las energéticas instaron al Gobierno a adelantar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos están fijados en principio para 2030. Ignacio Sánchez Galán quiere que se “acelere” a 2025, puesto que las inversiones previstas en ese programa tendrían “un efecto inmediato en la economía”: aumentarían la competitividad, reducirían la dependencia energética exterior, mejorarían la balanza de pagos, recortarían emisiones, explicó. Todo ellos sin presionar las cuentas públicas. José Bogas, consejero delegado de Endesa, tiene más prisa y reclamó que se adelante un 30% del plan a 2021 y 2022. Y Beatriz Corredor, flamante presidenta de Red Eléctrica (REE), se apresuró a asegurar que su empresa tiene capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias y funcionar como “tractor” para otras.

Sánchez Galán llegó cargado de cifras para apoyar los beneficios múltiples de aprovechar esas inversiones: 32.000 millones de euros, que generarán, aseguró, 90.000 empleos. Además, la electrificación creará 12 puestos de trabajo en otros sectores, desde la construcción hasta los servicios de ingeniería, por cada empleo interno. Si, además, se eliminara el límite máximo de inversión del 0,13% en redes de distribución eléctrica, fijado por ley, se generarían 40.000 puestos de trabajo más. Otros 5.000 millones de euros dedicados al bombeo hidráulico o las baterías para almacenar energía crearán 14.000 empleos en la España vaciada. Los 40.000 millones necesarios para climatización y bombas de calor son 110.000 puestos de trabajo más, según las cuentas del presidente de Iberdrola. Para descarbonizar hidrógeno industrial harían falta 4.000 millones de euros, que se convertirían en 11.000 nuevos empleos.

José María Entrecanales, José Bogas, Antonio Brufau (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) y Antonio Llardén (Enagás) se encomendaron a los negocios sostenibles como el “vector de crecimiento más importante de la economía”: rehabilitación energética de edificios, transporte limpio, infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Descarbonización y transición ecológica son ahora los motores que pueden sacar al país de la crisis, subrayaron. Ángel Simón (Agbar) destacó la necesidad de construir “infraestructuras resilientes” que hagan frente a sequías e inundaciones.

Y es que las millonarias ayudas que se negocian en Bruselas estarán condicionadas a que las inversiones que se acometan vayan dirigidas a la transición ecológica –y digital–. Además, son objetivos estratégicos anteriores a la pandemia. El Green Deal que Ursula von der Leyen presentó en diciembre del año pasado pretende transformar la economía comunitaria convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. Para echar mano a esas cantidades, pues, los proyectos en España tendrán que llevar la etiqueta verde. Así que Brufau pidió un plan para reactivar el automóvil, aunque no sólo el eléctrico; Reynés, un Plan Renove energético para el turismo; Llardés habló de gases renovables “verdes” como el hidrógeno o el biometano, verdaderos “vectores de la recuperación”. Luis Gallego también enfocó la renovación de la flota de Iberia hacia la compra de “aviones menos contaminantes”.

Invitaciones a la concordia y reproches al dogmatismo del Gobierno

Como queda dicho, el tono general de las intervenciones fue conciliador y las llamadas al consenso, la concordia y la unidad de las fuerzas políticas y sociales, continuas. Las hizo el presidente del BBVA, Carlos Torres, y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que pidió “políticas de Estado”, o el de Caixabank, Jordi Gual, a favor de un “gran acuerdo” para conseguir una “España más productiva y con una economía sostenible”. Juan Roig, el dueño de Mercadona, invitó a “trabajar todos juntos por la recuperación económica”. “Concordia social e institucional” fue la petición de Francisco Reynés.

Pero también se oyeron reproches a los “intereses ideológicos” que algunos empresarios advierten en los políticos. Los más duros, los expresados por el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien dijo que la pandemia había revelado la “visión más ideologizada y dogmática nunca vista sobre los empresarios de algunos responsables políticos”, que han hecho declaraciones propias de personas “que, con algunas excepciones, no han visto una empresa en su vida ni la entienden”. “La realidad”, les reprendió, “les demostrará que el dogmatismo no crea empleo ni lo mantiene”.

Sólo un par de días antes el secretario general de los armadores de pesca, Javier Garat, había pedido al Gobierno que “aparque la ideología y la propaganda, y actúe con humildad”.

Otros tres empresarios atacaron además el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda que acaba de aprobar el Ejecutivo para personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Para el presidente del grupo alimentario Ebro, Antonio Hernández Callejas, ese tipo de medidas, si son permanentes, “hacen clientelismo, adoctrinan a gente para que se acostumbre a la ociosidad y no a la generación”. “Creo que eso debe estar muy meditado, la dignidad de las personas necesita un trabajo, y no un subsidio o un cheque, que crean dependencia y falta de libertad”, sostiene. A continuación, abogó por una reforma fiscal “justa”, pero no “confiscatoria”. En parecidos términos se expresó la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, quien aseguró que este tipo de medidas “no propician el interés por un trabajo formal”. “Sería fundamental”, recomendó, “hacer compatibles las ayudas a los más desfavorecidos con el estímulo para encontrar un puesto de trabajo”.

Javier Tebas, el presidente de La Liga, abundó en esa línea: “No es mejor la famosa renta vital que un puesto de trabajo”. Después se quejó del trato fiscal que, según dijo, se les da en España a los futbolistas de élite y que provoca la huida de ese “talento” a otros países. “Con sólo dos puntos más de IRPF a estos jugadores, perdemos un talento muy importante”, advirtió. Tebas también fue de los que insistió en que no se derogue la reforma laboral, no sin antes presumir de que el fútbol es el principal sector exportador neto del país, puesto que repatría 1.350 millones de euros vendiendo fuera “un producto fabricado íntegramente aquí”. “Los 42 empresas/clubes producen el 1,4% del PIB y generan 180.000 empleos directos e indirectos”, resaltó.

De ricos y pobres

De ricos y pobres se ocupó igualmente el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La globalización, admitió, está ensanchando las brechas sociales. Y recordó que, según la definición al uso de pobreza severa, en España quien ingresa menos del 30% de la renta mediana anual está incluido en esa categoría. Pero a continuación apuntó que si se aplica ese porcentaje incluso a países como Suiza, “con ese cálculo siempre habrá pobres”. Quien fue presidente de Caixabank hasta 2016 protestó por la petición que ha hecho el BCE a la banca para que no reparta dividendos por la pandemia. Aunque él se refirió a la directriz como “esa política que ahora está de moda”. “Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos; protesto, como os podéis imaginar”, recalcó, porque esos beneficios “los necesita la gente para complementar su pensión”, y los bancos “para hacer obra social”.

El viernes abrió las intervenciones la exministra de Empleo Fátima Báñez, que fue fichada por Garamendi el pasado abril para coordinar el proyecto Empresas que ayudan de la Fundación CEOE. La responsable del ministerio que elaboró la reforma laboral no la mencionó en su discurso, pese a haber sido reivindicada por los empresarios durante tantos días. Báñez se limitó a repetir el argumentario del PP a lo largo de la crisis: “La mejor política social es el empleo”. Y Garamendi la secundó después: “La que no crea empleo es la Seguridad Social, por muchas fórmulas mágicas que tenga, lo generan las empresas, especialmente las privadas”.

Un buen líder debe saber guiar a sus empleados. Si además hablamos de tiempos de crisis, esta figura cobra especial valor. La emergencia sanitaria causada por el covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de liderazgo de los primeros ejecutivos de las empresas, que han tenido que reaccionar con agilidad al escenario imprevisto que ha traído consigo el colapso sanitario, económico y social. Y una de las herramientas más efectivas con las que cuentan para gestionar y combatir el miedo es la comunicación.

En un momento como el actual, con millones de empleados trabajando en remoto, la posibilidad de mantener conversaciones abiertas al mismo tiempo con cualquier parte del mundo ha convertido a las nuevas tecnologías en un gran aliado. Según los expertos, el silencio genera incertidumbre, desconfianza y ansiedad, mientras que la comunicación protege los valores empresariales y la imagen de una compañía, aporta estabilidad y contribuye al bienestar de los trabajadores, de la comunidad y del público en general.

Un ejemplo es la iniciativa que ha puesto en marcha Banco Santander: Ask Ana. Este canal de comunicación interna se estrenó el pasado 13 de marzo, justo un día antes de que el Gobierno español decretara el primer estado de alarma. A las cuatro de la tarde, Ana Botín, presidenta del grupo, se dirigía en remoto a toda la plantilla del banco para explicar la estrategia de la entidad ante la inminente pandemia. Botín fue contestando a las más de 200 preguntas enviadas a través de whatsapp. “Estamos preparados para afrontar la situación y para proteger a los equipos, y preparados técnicamente para dar servicio a los clientes”, señaló entonces.

La máxima ejecutiva del Santander ha mantenido estos encuentros de forma periódica. El último de ellos, el quinto, se celebró el pasado 1 de junio. A lo largo de estas citas Botín ha compartido, entre otros asuntos, su visión sobre la economía y las medidas aplicadas para proteger a los empleados, los distintos programas de ayudas que ha puesto en marcha la entidad o el papel que juega en esta crisis el sistema financiero. Si bien siempre ha resaltado la gravedad de la pandemia y su impacto, se ha mostrado esperanzada en que sea transitoria y ha recordado que, a diferencia de la anterior crisis, “hoy los bancos somos parte de la solución. Somos mucho más fuertes y estamos preparados para afrontar desafíos globales como el coronavirus”.

Según un reciente artículo publicado por Deloitte, en el que propone algunas pautas para guiar a las organizaciones en la lucha contra la crisis del coronavirus, “es fundamental tomar la iniciativa siendo transparentes sobre la realidad actual y, a la vez, dibujar un escenario futuro convincente que inspire y motive a los trabajadores a perseverar”. “La adopción de decisiones que se ajusten al propósito de la organización es particularmente importante durante una crisis, cuando las empresas están sometidas a una presión cada vez mayor y las partes interesadas prestan mucha atención a cada movimiento. Cuando las empresas se centran en un propósito auténtico los empleados sienten que su trabajo tiene sentido, los clientes incrementan su fidelidad a las marcas y potencian su transformación”, añade la firma.

El proceso de digitalización se acelera

Botín ha comentado con los profesionales del banco la importancia de “comunicar más y mejor” y como está cambiando la forma en la que la entidad se relaciona con sus clientes. En su opinión, la crisis sanitaria ha acelerado el proceso de digitalización “en cinco años”. Y no solo ha cambiado el comportamiento de los empleados, también el de los clientes.

Según datos facilitados por el banco, durante el primer mes de confinamiento el banco registró en España 300.000 altas de nuevos clientes, de los que el 15% son mayores de 70 años. El número de accesos a través de la app se ha incrementado un 215% en este periodo, hasta superar ampliamente los 4 millones de accesos únicos al día. Santander cuenta ya en nuestro país con más de cinco millones de clientes digitales, lo que representa el 64% de sus clientes activos. El mismo dato medido a 90 días supera los 5,4 millones y alcanza el 69% de digitalización. En global, el grupo cuenta con 38,3 millones de clientes digitales en todo el mundo y casi la mitad de las ventas totales (el 43%) se realiza ya por medio de estos canales.

CLIENTES DIGITALES BANCO SANTANDER

(Datos a 31-03-2020)

Durante el último encuentro, la máxima ejecutiva del banco quiso lanzar un mensaje de optimismo al asegurar que las crisis siempre son una oportunidad para mejorar: “Tenemos que estar confiados en que Santander va a salir reforzado”. “No hay duda de que vamos a cambiar los hábitos”, admitió, al tiempo que pidió a todos los empleados un esfuerzo en comunicación y cercanía con los equipos y los clientes.La entidad ha mantenido durante el estado de alarma alrededor del 70% de las oficinas abiertas, con un sistema de rotación de sus empleados, y el 95% de los cajeros automáticos en funcionamiento. El inicio de la desescalada permitió abrir en España otras 189 sucursales y la vuelta al trabajo presencial de la plantilla de servicios centrales de forma escalonada y siempre mantenidendo la seguridad. “Tenemos que adaptarnos a un nuevo entorno y seguir las normas que hemos acordado como grupo y también las locales”, ha admitido Botín.Sin embargo, la presidenta del grupo también ha recordado que aún hay una parte muy importante de los clientes que sigue queriendo ir a una sucursal, por lo que es necesario seguir mejorando el modelo que combina la relación personal con la digital: “Tenemos una base muy fuerte de negocio y también de resiliencia, y esto nos debe ayudar, junto con los resultados de los últimos cinco años y del primer trimestre que demuestran que el modelo del grupo funciona”.

La pandemia está causando estragos en las cuentas de las empresas. La profundidad de la herida varía dependiendo del sector pero, desde la banca y la industria hasta las empresas de transporte y el turismo, los resultados corporativos están acusando el impacto con cifras que disparan todas las alarmas. Aun así, casi la mitad del ÍBEX 35 repartirá dividendos este año. Pese a la caída de beneficios e incluso las pérdidas que algunas de las grandes compañías han registrado este primer trimestre y las negras previsiones económicas para este año y el próximo. Otras los han recortado, pero no eliminado, y algunas más han pospuesto su decisión al verano o el pago de la remuneración al accionista al otoño.

Además, los anuncios de reparto del dividendo se están sucediendo al mismo tiempo que los mandatos institucionales a las empresas para que reserven sus beneficios y refuercen su calidad financiera o los reinviertan.

Así, el Banco Central Europeo (BCE) ha exigido a las entidades financieras que no abonen dividendos sobre los ejercicios de 2019 y 2020 hasta al menos el 1 de octubre de este año. Tampoco deberían recomprar acciones. En el mismo sentido se han pronunciado la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés) y en España la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto a las aseguradoras. Según el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, la banca europea ya ha suspendido el pago de más de 27.000 millones de euros en dividendos, el 75% de la cantidad que las entidades financieras tenían previsto repartir antes de que llegara el coronavirus.

Además, las millonarias ayudas públicas con que las diferentes administraciones van a ayudar a las empresas coinciden en incluir entre sus requisitos de concesión que las beneficiarias se abstengan de remunerar a sus accionistas. La Comisión Europea permite ya a los gobiernos entrar en el capital de las compañías perjudicadas por el coronavirus, pero a cambio éstas tienen prohibido repartir dividendos –o recomprar acciones y pagar bonus a sus directivos– hasta que el Estado haya salido de sus consejos de administración.

Son las mismas exigencias establecidas por el Ministerio de Economía para conceder los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas españolas impactadas por el covid-19: deben utilizar la financiación obtenida para afrontar sus necesidades de liquidez; es decir, para pagar nóminas, impuestos y facturas o devolver créditos. Y otro tanto se requiere a las empresas a las que se exime de pagar cotizaciones a la Seguridad Social tras aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Con pérdidas

Entre las grandes compañías que han repartido dividendos pese a sufrir pérdidas se encuentran Ferrovial y Siemens Gamesa. La constructora de Rafael del Pino terminó el primer trimestre con unos números rojos de 111 millones de euros, un 13,2% más de lo que perdió en el mismo periodo del año anterior. La empresa anotó una provisión de 39 millones que ya figuraba en el plan estratégico presentado en febrero, antes del covid-19, pero que ahora aparece incluida en las medidas de “reducción de costes, reestructuración y revisión de las inversiones” que está tomando para “adaptarse” a la pandemia.

Pero las pérdidas no han sido obstáculo para que Ferrovial abone el primer pago de los dos en que tradicionalmente reparte de su dividendo anual. Eso sí, el abono, por importe de 234 millones de euros, será en acciones, lo que se conoce como scrip dividend.

Siemens Gamesa cifra en 56 millones de euros el impacto del coronavirus en sus cuentas del último trimestre, que le han conducido a unas pérdidas de 165 millones de euros, frente al beneficio de 49 millones de euros en el mismo periodo de 2019. De forma que ha retirado sus previsiones financieras para este ejercicio. Pero, como dice tener un balance y una posición de liquidez “sólidos”, 2.000 millones de euros, pagará el dividendo correspondiente a 2019, un total de 34 millones de euros, el doble de lo que desembolsó el año anterior.

La constructora Sacyr, fuera del ÍBEX desde 2016, repartirá dividendos con cargo a los resultados de 2019, pese a haber perdido 297 millones de euros en 2019 y pese a la crisis sanitaria: 0,110 euros por acción, pero no en efectivo, sino en papel.

Desplome de resultados

Telefónica, por el contrario, sí que ha tenido beneficios en el primer trimestre, 406 millones de euros, aunque la cifra supone un 56,2% menos que los registrados un año antes. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha suspendido sus objetivos financieros para este ejercicio por culpa de la pandemia. Pero, apoyada por su “confianza en la flexibilidad de su modelo de negocio”, junto con su “sólida posición de liquidez y la esperada resistencia del comportamiento” de su actividad, abonará un dividendo de 0,4 euros por acción. No en efectivo, sino mediante acciones.

Además, el covid-19 llega justo en el momento más bajo de Telefónica en Bolsa desde hace años. Su acción ha llegado a estar por debajo de cuatro euros. Sólo la fusión con Liberty Global en Reino Unido la ha animado en los últimos días. Pese a ello, su capitalización en Bolsa, que alcanzó en sus mejores tiempos los 100.000 millones de euros, no supera ahora los 20.000 millones.

Logista, que aunque no está en el ÍBEX le ronda cada año, ha recortado su beneficio casi un 12% –65,9 millones– y culpa al covid-19. Lo que no le impide mantener su política de remuneración al accionista: distribuir al menos el 90% del beneficio neto consolidado y repartir un dividendo complementario de 0,81 euros.

Acciona ha ganado 78 millones de euros hasta marzo, un 6,9% más que en 2019, pero prevé que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se reducirá este año un 15% por culpa de la pandemia. Así que ha decidido recortar a la mitad su dividendo: repartirá 105,6 millones de euros en lugar de los 211 previstos en principio. Además, ha presentado ERTE en al menos dos de sus filiales: Acciona Facility Services y EROM.

Decisión aplazada

Acerinox también han sufrido una caída de beneficios, en su caso del 14%, en los tres primeros meses del año. Ha ganado 28 millones de euros. Iba a pagar un dividendo de 0,4 euros por acción, pero ha desconvocado su junta general de accionistas, que estaba prevista para el pasado 22 de abril, y no la convocará hasta que “se den las circunstancias de estabilidad, certidumbre y visibilidad de los mercados que las decisiones importantes exigen”.

Otro tanto han decidido Aena, Inditex, Indra y Grifols. El operador aeroportuario se le han desplomado los resultados –23,1 millones– un 83,1% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2019. Por lo que ha aplazado su junta general de accionistas, inicialmente prevista para los días 31 de marzo y 1 de abril, y por tanto también el reparto de su remuneración al accionista. Además, ha dejado en suspenso las previsiones de tráfico y negocio que publicó el pasado febrero, debido a la paralización del transporte aéreo.

Inditex ha retrasado la decisión sobre los dividendos hasta el consejo de administración previo a la junta general de accionistas que celebrará en julio, y provisionará 287 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. “No se dan en el momento presente las condiciones necesarias para tomar la decisión adecuada sobre el reparto del dividendo”, ha explicado la multinacional de Amancio Ortega, cuyas ventas cayeron un 24% sólo entre 1 y el 16 de marzo pasados.

Los números de la semipública Indra son aún peores: su beneficio se ha hundió un 65,6% hasta marzo, y gana 6,3 millones de euros. También ha suspendido todos sus objetivos para 2020 y pospone la decisión sobre el abono de dividendos.

Los perjudicados del turismo

Al igual que AENA o Inditex, otro de los mayores perjudicados por la pandemia es IAG, el hólding de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, que ha retrasado hasta septiembre su junta general de accionistas y no pagará el dividendo complementario de 0,17 euros por acción. Además, IAG ha presentado un ERTE para 13.900 empleados de Iberia, 4.000 de Vueling y 32.000 en British Airways. El grupo perdió nada menos que 1.683 millones de euros en el primer trimestre, mientras que había ganado 70 millones un año antes en ese mismo periodo.

La crisis del covid-19 también ha transformado los 11,5 millones de euros de beneficio obtenidos por Meliá Hotels International en los tres primeros meses de 2019 en unas pérdidas de 79,7 millones este año. De sus 326 hoteles, según informó a la CNMV, sólo mantiene abiertos 43. Aún no ha decidido qué hará con los dividendos. La junta general de accionistas no se celebrará hasta junio.

Amadeus es una víctima más del desplome del turismo. Tras disminuir su beneficio un 12,6% ya en 2019, no repartirá un dividendo complementario este año por importe de 320 millones de euros, al tiempo que prepara un plan de recortes por otros 300 millones sólo para hacer frente a las “duras condiciones de mercado” que le amenazan por culpa del coronavirus. Además, reducirá su programa de recompra de acciones, que es otra forma de remunerar al accionista.

El negocio inmobiliario tampoco escapa del contagio. Merlin Properties ha preferido “dejar en suspenso” el pago del dividendo complementario, 0,32 euros por acción. Decidirá si lo abona o no “una vez se evalúen las consecuencias que tenga para el negocio la situación creada por la pandemia”, sin descartar su cancelación. La socimi, que cuenta con una de las plantillas mejor pagadas el ÍBEX, también ha recortado un 25% la retribución de sus consejeros.

Atresmedia y Mediaset, dos de las compañías más generosas con sus accionistas, han tomado diferentes direcciones tras toparse con el covid-19, pese a que las dos sufren la misma caída de los ingresos de publicidad. Las ganancias de la primera –21,7 millones– han caído un 24,4% hasta marzo comparadas con el año pasado, mientras que las de la segunda –48,9 millones– se han reducido un 8%. Pero mientras la matriz de Antena 3 pagará en julio 0,25 euros por acción, tras retrasar su junta general de accionistas, Mediaset no pagará nada y destinará a reservas los 168,9 millones de euros que tuvo de beneficios en 2019.

Casi toda la banca anula o aplaza

Mención aparte merecen los bancos. Especialmente castigados los últimos años en la Bolsa, se encuentran ahora también en el ojo del huracán con la crisis. Y obligados por el BCE a no repartir dividendos hasta octubre, que incluso les ha amenazado con tomar “medidas coercitivas” si desobedecen.

Banco Santander, Banco Sabadell y BBVA han cancelado la retribución a sus accionistas. La entidad que preside Ana Patricia Botín ha anulado el dividendo complementario de 2019 , cuyo reparto estaba previsto para mayo, y dejado en suspenso el dividendo de este año. La junta general de accionistas no se celebrará hasta octubre. En el primer trimestre el beneficio de Banco Santander se desplomó un 82%, hasta los 331 millones de euros, tras provisionar el impacto del coronavirus con 1.600 millones de euros.

Las ganancias del Banco Sabadell se también se hundieron en el comienzo de 2020, un 63,7%, hasta quedarse en 94 millones de euros. En su caso la provisión por la pandemia alcanzó los 213 millones de euros. Así que ha anulado el dividendo de 0,04 euros por acción con cargo a 2019 inicialmente aprobado por su junta general de accionistas.

Las pérdidas de BBVA se cifran en 1.792 millones de euros, tras anticipar saneamientos por la crisis del covid-19 por importe de 1.433 millones de euros. Tampoco abonará dividendos con cargo al ejercicio en curso al menos hasta que desaparezcan las incertidumbres generadas por la pandemia, ha asegurado la entidad.

No obstante, otras entidades han sido menos drásticas. CaixaBank ha recortado también sus beneficios con cifras alarmantes, un 83,2%. La entidad que preside Jordi Gual ganó 90 millones hasta marzo después de hacer una dotación extraordinaria de 400 millones de euros por el coronavirus. Ha reducido el dividendo de 2019, pero no ha renunciado del todo al correspondiente a 2020: lo ha recortado del 50% al 30% del beneficio neto.

El descalabro en el resultado del semipúblico Bankia ha sido un poco menor pero aun así considerable, del 54%. Ha ganado 94 millones de euros por culpa de unas provisiones de 125 millones por el covid-19. Pero mantiene el abono del dividendo complementario de 2019, 355,32 millones. Sí que ha renunciado al dividendo extraordinario comprometido para 2020.

Bankinter ha pospuesto hasta octubre cualquier decisión sobre el reparto de beneficios entre sus accionistas. El banco de María Dolores Dancausa recortó sus ganancias un 10% en el primer trimestre, hasta los 130,3 millones de euros, tras notar una provisión de 107,3 millones por la crisis. Lo mismo han hecho con sus dividendos Abanca e ING.

Por el contrario, Mapfre abonará 447 millones de euros a sus accionistas en concepto de dividendo complementario con cargo a 2019. Desoye así las recomendaciones tanto de la Autoridad Europea de Seguros como de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda. Los beneficios de la aseguradora ascendieron a 609 millones de euros el año pasado, un 15,2% más que en 2018.

Otra aseguradora, Grupo Catalana Occidente, ha suspendido el dividendo complementario, pero sí repartirá el cuarto dividendo a cuenta de 2019.

Lastrada por el descalabro de los precios del petróleo, con el barril de Brent por debajo de los 20 dólares, el beneficio de Repsol cayó en el primer trimestre un 27,7%. Ganó 447 millones de euros. Como ha ocurrido a otras grandes compañías, la de Antonio Brufau tuvo que retrasar hasta finales de este año o el primer trimestre de 2021 la presentación de su plan estratégico , así como suspender la recompra de acciones propias del 5% que había anunciado por valor de 1.000 milones de euros. Sin embargo, en julio pagará a sus accionistas 0,55 euros por acción, en forma de scrip dividend.

Viscofan también recortó sus beneficios en 2019, un 14,7%, por lo que ganó 105,6 millones de euros. Pese al coronavirus, la empresa, que se dedica a fabricar envolturas plásticas para productos cárnicos, prevé aumenar sus ganancias este año entre un 6% y un 9%, según informó a la CNMV. Así que mantiene el reparto de dividendos de 1,62 euros por acción, que incluye el dividendo complementario de 0,96 euros el 4 de junio, tras pagar 0,65 euros en diciembre.

Con el covid-19 a favor

Claro que también hay compañías que ganan a pesar del covid-19 o incluso gracias a él. Es el caso de Ebro Foods, fuera del ÍBEX 35, pero cuyo beneficio ha crecido casi un 30% –hasta los 48 millones de euros– en buena parte gracias al aumento de sus ventas de alimentos a los hogares por el confinamiento. De manera que no tiene previsto aplicar ERTE y sí pagar un dividendo de 0,57 euros por acción.

ACS, la constructora de Florentino Pérez, asegura que la crisis del covid-19 no ha tenido ningún “impacto significativo” en sus cuentas. En 2019 ganó 962 millones, un 5,1% más que el año precedente, y este ejercicio retribuirá a sus accionistas con 630 millones de euros en forma de scrip dividend.

También las eléctricas mantienen el tipo y el dividendo. Iberdrola prevé que sus ganancias superen este año su récord histórico de 3.406 millones de euros, por lo que sostiene su política de remuneración a los accionistas. Hasta marzo, el beneficio alcanzó los 1.257 millones de euros.

Tampoco Endesa cree que la crisis sanitaria no va a afectar a sus objetivos para este año y que su capacidad para pagar dividendos se mantiene “intacta”, en palabras del director financiero, Luca Passa. Con cargo a 2019, abonará 1,475 euros por acción y la de este año subirá a 1,6 euros.

Enagás ha ganado un 14,7% más en el primer trimestre, con un resultado positivo de 119,1 millones de euros. La empresa destaca que no ha notado “impactos” por la pandemia, así que mantiene el dividendo: 1,6 euros en 2019 y 1,68 euros para este año. Entre 2021 y 2023 lo aumentará hasta que llegue a 1,74 euros al final del trienio.

Por el contrario, Naturgy redujo sus beneficios un 41,6% hasta marzo respecto al mismo periodo de 2019. 199 millones de euros en el primer trimestre del año. Pero eso no le impide sostener un dividendo de 1,37 euros con cargo a 2019 e incluso aumentar el de este año hasta los 1,59 euros por título. “No hay motivos para cuestionarlo”, subrayó el presidente de la compañía, Francisco Reynés al presentar sus resultados. No obstante, ha suspendido de forma temporal su programa de recompra de acciones, 400 millones de euros.

Finalmente, la semipública Red Eléctrica (REE) distribuirá un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2019 a partir de junio de 1,0519 euros, tras cerrar el primer trimestre con unos beneficios de 172,6 millones de euros. La cifra supone un recorte del 9,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 331 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 82% respecto al mismo periodo del año anterior, tras registrar un cargo neto de 1.646 millones de euros, según ha informado este martes la entidad y ha recogido Europa Press.

En concreto, este impacto se debe principalmente a la provisión de 1.600 millones por el deterioro previsto en las condiciones macroeconómicas derivadas de la crisis sanitaria que ha causado la pandemia del covid-19.

Excluido el cargo neto, que también incluye 46 millones de euros de costes de reestructuración en Europa, el beneficio atribuido ordinario en el primer trimestre fue de 1.977 millones de euros, un 1% más (+8% en euros constantes), impulsado por el crecimiento del beneficio en la mayoría de los mercados de América y el incremento de los volúmenes de clientes, apenas afectados por la crisis, que estalló al final del periodo.

 El tamaño y la diversificación geográfica siguen aportando una "mayor estabilidad y previsibilidad" a los resultados, con Europa aportando el 41% del beneficio, Sudamérica el 38% y Norteamérica el 21%. Brasil sigue siendo el mercado que más contribuye a los beneficios ordinarios del grupo, con un 29%, seguido de España (14%), Santander Consumer Finance (12%), Estados Unidos(11%), México (10%) y Reino Unido (8%). En concreto, en España, el beneficio ordinario se situó en 352 millones de euros, un 1% menos.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha resaltado que los resultados ordinarios del primer trimestre han sido "buenos", con un impacto "limitado" del covid-19, aunque ha afirmado que la pandemia está causando una crisis sanitaria global e importantes problemas económicos y sociales. "Ahora mismo es imposible predecir el impacto final y más permanente que tendrá la crisis, pero nos encontramos en una posición sólida. Nuestra ratio de capital CET1 ha aumentado más de 300 puntos básicos en los últimos cinco años y las provisiones que hemos realizado este trimestre refuerzan nuestras ratios de cobertura", ha afirmado Botín.

"Preparados para superar la recesión prevista", según Botín

Asimismo, la presidenta de Banco Santander ha señalado que el grupo revisará los objetivos estratégicos cuando tenga una visión más completa del impacto de la crisis. "No obstante, confiamos en los fundamentos de nuestro modelo de negocio, y los pilares de nuestra estrategia no han cambiado. Estamos preparados para superar la recesión prevista gracias a la diversificación de nuestra cartera, que además tiene altos niveles de cobertura con colaterales, y a la solidez de nuestro balance", ha indicado Botín, que ha agradecido también a los empleados su "enorme" esfuerzo en las últimas semanas.

"Es un orgullo constatar la respuesta que hemos tenido como equipo. La resiliencia mostrada por nuestro negocio y la dedicación de nuestros equipos me dan enorme confianza de cara al futuro. Vivimos tiempos muy difíciles para todos, pero estoy convencida de que juntos estaremos a la altura de este desafío y saldremos reforzados", ha resaltado.

El banco ha impulsado el trabajo a distancia y actualmente más de la mitad (112.000) de los empleados del banco están desarrollando sus funciones en remoto. En comparación con el primer trimestre del año pasado, el banco experimentó una "sólida" evolución en euros contantes, con un crecimiento de los ingresos de clientes del 3%. El margen bruto se situó en 11.809 millones de euros en el primer trimestre de este año, un 2% inferior al del mismo periodo de 2019, mientras que el margen neto fue de 6.237 millones de euros, lo que supone un descenso del 1%.

Asimismo, el margen de intereses, que se situó en 8.487 millones de euros (-2%), creció en siete de los diez mercados principales y las comisiones netas aumentaron un 3%, al tiempo que los préstamos y los depósitos se incrementaron un 7% y un 6%, respectivamente, en euros constantes.

La calidad crediticia siguió mejorando en el trimestre, con una tasa de mora que se redujo en 37 puntos básicos en los últimos 12 meses, hasta el 3,25%. El coste del crédito, es decir, lo que el banco provisiona cuando concede un préstamo, se mantuvo estable en el 1%. La ratio de eficiencia de Santander se mantiene, según la entidad, entre las más bajas de sus competidores, con un 47,2% (44 puntos básicos mejor que el año anterior) y los costes disminuyen un 3% sin inflación gracias a las eficiencias logradas principalmente en Europa: España (-8%), Reino Unido (-6%), y Portugal y Polonia (-4% cada uno).

Partida de 100 millones a "iniciativas solidarias"

Asimismo, el banco va a destinar 100 millones de euros para iniciativas solidarias, muchas ya implementadas, procedentes de la reducción en la retribución de la alta dirección y del consejo de administración, de donaciones de empleados y de terceros, y de aportaciones realizadas por las filiales del grupo.

Por último, Santander ha afirmado que está apoyando a las pymes y grandes empresas afectadas por el covid-19 con la concesión de más de 1.100 millones de euros diarios de media en nuevos préstamos en abril. Además, está trabajando estrechamente con los clientes particulares y negocios para atender sus necesidades.

La presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, ha resaltado que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus exige una respuesta "global y coordinada", colaborando autoridades y sector privado y proporcionando los gobiernos la liquidez necesaria a empresas y hogares para aguantar en los próximos meses. Para la empresaria es importante planificar "cuanto antes" la vuelta al trabajo de los más jóvenes y de aquellos que ya están inmunizados, informa Europa Press.

En una junta de accionistas retransmitida telemáticamente, Botín ha anunciado además la cancelación del segundo dividendo de 2019 del Santander. Según informa Europa Press, esta decisión permitirá al banco disponer de 90.000 millones de euros de crédito adicional que en principio serán utilizados para ayudar a familias, empresas y pymes a mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del Covid-19.

Estaba previsto que durante la junta los accionistas dieran el visto bueno a la aplicación del resultado de 2019, lo que suponía el pago de un segundo dividendo de 0,13 euros por acción el próximo mes de mayo. Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer Santander anunció la cancelación de este abono, siguiendo las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE), y de posponer cualquier decisión sobre el dividendo de 2020 hasta que se clarifique el impacto del coronavirus en el negocio. Botín ha justificado estas decisiones por la necesidad de contar con "más margen de maniobra para poder contribuir aún más a la sociedad en los próximos meses".

Pese a asegurar que los resultados ordinarios del primer trimestre de 2020 están en línea con el mismo periodo del ejercicio precedente, Botín ha reconocido que el banco revisará sus objetivos a medio plazo una vez se estabilice la situación originada por la crisis sanitaria. La banquera ha admitido que aún es "demasiado pronto" para entender y cuantificar cuál será el impacto total causado por la pandemia en las economías en las que la entidad.

Cómo responder ante la crisis según la presidenta del Santander

Botín ha puesto de manifiesto que todas las previsiones de autoridades y economistas parecen estar de acuerdo en que el impacto en el corto plazo será "muy relevante", por lo que cree que hay que estar preparados para asumir una contracción profunda del PIB mundial en la primera mitad del año. "Con las medidas adecuadas y trabajando juntos podríamos minimizarlo y poner en marcha relativamente rápido la economía", ha apostillado. En su opinión, el papel de la banca será crucial. Ha asegurado también que esta crisis no es como la financiera de 2008, sino que en la actual los bancos son "parte de la solución". "Somos mucho más fuertes y estamos preparados para afrontar desafíos globales como el coronavirus", ha opinado.

La presidenta del Santander también considera "esencial" priorizar por un lado el apoyo temporal necesario, dando una respuesta fiscal adecuada similar a la que ha dado el BCE, al tiempo que se apoya el tejido empresarial español y la inversión extranjera y local. "Es el momento de que Europa esté a la altura de las circunstancias y lidere una respuesta más rápida y más coordinada. Es el momento de mostrar la cara más solidaria de Europa. Sin solidaridad no hay unión", ha advertido.