La desprotección de los informantes de delitos sigue siendo la norma en el mundo. Desafiar al poder (militar, político o económico) es un riesgo en casi todas partes, como demuestra lo ocurrido con Julian Assange, pero también con otros muchos whistleblowers. Un problema que, a menudo, pone también en el punto de mira a los medios de comunicación que se atreven a difundir el contenido de sus filtraciones.

Edward Snowden sigue siendo el más famoso. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) filtró en 2013 los documentos que probaban la vigilancia masiva e ilegal que este departamento, de dependencia directa del gobierno norteamericano, estaba llevando a cabo. La NSA espiaba llamadas de teléfono, correos electrónicos y el tráfico de Internet de la práctica totalidad de los ciudadanos de su país y de gran parte del mundo.

Snowden tuvo que huir a la Rusia de Vladímir Putin para escapar de la justicia de EEUU. Allí vive desde entonces. De nada le sirvió la evidencia del delito que denunció: para la justicia norteamericana pesa más la violación de la Ley de Espionaje de Estados Unidos y el hecho de haber faltado a su compromiso de no revelar lo que la NSA estaba haciendo.

El portugués Rui Pinto facilitó en 2016 decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA). Esas informaciones hicieron posible que varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrieran investigaciones penales.

Pero Pinto fue arrestado en Budapest (Hungría) en 2019 a petición de las autoridades portuguesas. Fue liberado en agosto de 2020. Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto recurrió. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones —clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros— en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados.

El informático suizo Hervé Falciani, responsable de haber filtrado una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra, se encuentra en libertad, pero también conoce la cárcel. Su filtración ha servido para que haciendas como la francesa o la española hayan recaudado cientos de millones de euros que se habían mantenido ocultos al fisco. Se calcula que había en la lista 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, algunos de los cuales fueron investigados judicialmente. De hecho, en 2010, la Agencia Tributaria ya ingresó 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 de estos contribuyentes.

El periplo de Falciani desde que filtró estos datos en 2008 —y desde que, en 2009, dio a conocer públicamente su identidad— no ha sido fácil. La justicia suiza lo condenó en 2015 a cinco años de prisión por violación del secreto comercial, pero lo hizo con él ausente, ya que residía en Francia, desde donde no podía ser extraditado al país helvético. Falciani, no obstante, volvió a ser detenido en 2018 en Madrid en virtud de una orden de detención de Suiza, pero la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

La justicia argumentó entonces que los delitos por los que había sido condenado en Suiza no eran punibles en España, ya que revelar “a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales” los datos que recabó sobre “actividades sospechosas de ilegalidad” no es constitutivo de delito.

Chelsea Manning es una exsoldado estadounidense que fue condenada a 35 años de prisión por filtrar los cables diplomáticos y los documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente filtró y por la que fue condenada en 2013 por espionaje, robo de información gubernamental y abuso de su posición. El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017 antes de dejar la Casa Blanca.

El francés Antoine Deltour, exempleado en las oficinas de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Luxemburgo, dio a conocer en 2010 documentos fiscales confidenciales en poder de la empresa que dieron lugar a los LuxLeaks, una investigación periodística que develó cientos de acuerdos fiscales muy ventajosos celebrados por firmas de auditoría con la administración fiscal luxemburguesa en nombre de muchos clientes internacionales.

Deltour fue acusado de robo doméstico, violación del secreto profesional, violación de secretos comerciales y blanqueo de dinero, condenado y después liberado por la justicia luxemburguesa.

España, donde de momento no se ha producido nada parecido, cuenta desde hace un año con una ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero no parece muy comprometida con su desarrollo. La norma, que nominalmente trata de proteger a los ciudadanos que denuncien actos ilegales o irregulares en su entorno laboral, tanto en el sector público como privado, no ha pasado del papel a la realidad y nada indica que eso vaya a suceder a corto plazo.

En su articulado, la ley prevé poner en marcha canales a través de los cuales realizar denuncias anónimas, garantizando la confidencialidad del informante y protegiendo su identidad frente a posibles represalias, mediante la puesta en marcha de una autoridad independiente que obligatoriamente debía haberse creado el pasado marzo, pero que sigue sin existir.

La normativa estableció la obligatoriedad para todas las empresas con más de cincuenta trabajadores, así como para todas las entidades del sector público, de implementar un “sistema interno de información” accesible, confidencial y eficiente en la gestión de las denuncias recibidas. Y creó un canal externo de información gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, una instancia encargada a su vez de actuar con independencia y autonomía para recibir y tramitar las denuncias que es la que ni siquiera ha visto la luz.

La ley prohíbe expresamente cualquier represalia contra los denunciantes y establece medidas de apoyo y protección para evitar daños laborales, reputacionales o de otro tipo. También se incluyen sanciones para aquellos que infrinjan la normativa, asegurando así un entorno seguro y justo para los informantes. Además, contempla la posibilidad de implantar programas de clemencia para fomentar la cooperación en la lucha contra la corrupción.

Es la autoridad independiente prevista en la ley la que debe gestionar el canal externo de denuncias, ofrecer asesoramiento y elaborar modelos de prevención del delito en el ámbito público. Su presidente debe ser nombrado por real decreto en el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, por un período de cinco años no renovable, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso”, donde deberá ser acordada por mayoría absoluta.

El Gobierno incluirá en el Plan Normativo –recoge las iniciativas legislativas que se prevé aprobar cada año– de 2021 la trasposición de la directiva de la Unión Europea que protegerá a los alertadores o informantes de corrupción, los conocidos en inglés como whistleblowers, para que sea aprobada antes de que acabe el año. La directiva 2019/1937, ratificada por el Parlamento Europeo en octubre de 2019, permitirá a cualquier ciudadano revelar o informar sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que amenacen el interés general sin temor a represalias. Ya se trate de irregularidades en una empresa o en una administración pública, deberá haber canales que le garanticen la seguridad, el anonimato y la confidencialidad.

De esta forma quedarán protegidos quienes imiten a Hervé Falciani, Rui Pinto Rui Pintoo Edward SnowdenEdward Snowden, que proporcionaron información fundamental sobre evasión fiscal, corrupción en el fútbol o malas prácticas gubernamentales, pero también a Ana Garrido o Azahara Peralta, que en España abrieron los casos Gürtel o Acuamed.

Los plazos marcados por la propia directiva europea obligan a los estados miembros a incorporar esta norma a sus respectivas legislaciones antes del 17 de diciembre de este año.

Según responde el Gobierno a una pregunta formulada por el diputado del PSOE Odón Elorza, entre el 7 y el 27 del pasado mes de enero el anteproyecto de ley ha sido sometido a consulta pública en la página web del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo asegura que ha recibido más de 40 documentos de particulares y organizaciones interesados en la materia.

Como la directiva ofrece a los Estados margen de maniobra en la trasposición, el Gobierno ha sometido a la opinión de las partes interesadas diferentes aspectos de la norma. Por ejemplo, si conviene extender la protección prevista en la directiva, qué entidades del sector público y privado deben quedar obligadas a establecer los canales de denuncia o si deben admitirse las denuncias anónimas. También cómo deben gestionarse los canales internos, si se pueden dejar en manos de un tercero o no, y si debe crearse una autoridad administrativa independiente, que será la encargada de recibir y responder a las denuncias.

El Gobierno también ha preguntado por el tipo de sanciones que deban aplicarse a quienes infrinjan la ley y si pueden darse premios o recompensas a los alertadores.

Las proposiciones de la izquierda y de Ciudadanos

Algunos grupos parlamentarios ya expresaron el año pasado su opinión sobre estas cuestiones. En diciembre de 2019 ERC, Compromís, BNG y Más País registraron la primera proposición de ley de la actual legislatura, para trasponer la directiva europea. En ella se establecía que la protección se extendiera también a los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores.

De acuerdo con ese texto, las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarían obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo sería obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Por el contrario, las empresas privadas no estarían obligadas: les bastaría con crear canales “externos” de alerta.

Las informaciones que se podrían desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no sería delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, explica el texto.

La proposición de ley establece igualmente que al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de una Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores. Y prevé sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

También Ciudadanos presentó, en enero de 2020, su propuestasu propuesta para crear sistema de protección de los alertadores, pero lo hizo como parte de una proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción. En su caso, limitaban los hechos que podían denunciarse a aquellos que son constitutivos de delito o infracción administrativa y restringía la aplicación de la ley en el sector privado a los hechos que “lesionen o menoscaben el interés público”.

Según la proposición de ley de ERC, Compromís, BNG y Más País, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.

ERC, Compromís, BNG y Más País estrenan este miércoles la legislatura registrando la primera proposición de ley, que traspone la directiva de la UE de protección de los alertadoresla directiva de la UE de protección de los alertadores y ha sido redactada por la plataforma ciudadana Xnet. La iniciativa se presenta con el apoyo de 16 diputados, tal como exige el Reglamento del Congreso, y de aprobarse, España será el primer miembro de la Unión Europea en trasponer la mencionada directiva, aprobada el pasado mes de abril. A partir del 26 de noviembre los estados tienen un plazo de dos años para trasladarla a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Ya es la segunda vez que Xnet, a través de ERC y Compromís, presenta esta proposición de ley. La registraron el pasado junio, pero la iniciativa decayó al convocarse nuevas elecciones y disolverse las Cortes en septiembre. La norma pretende proporcionar una protección integral a los alertadores –conocidos como whistleblowers en inglés–, quienes revelan o informan sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que pueden amenazar o dañar el interés general. Hervé Falciani puso a las autoridades europeas en la pista de decenas de evasores fiscales del HSBC, Rui Pinto proporcionó los datos para destapar el fraude a Hacienda de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo o Mourinho, gracias a los Football Leaks; Antoine Deltour hizo otro tanto con los LuxLeaks, los acuerdos opacos de Luxemburgo con multinacionales; Edward Snowden desveló el espionaje masivo de la NSA, Ana Garrido denunció la corrupción del caso Gürtel, Azahara Peralta fue la alertadora del caso Acuamed. Son sólo algunos de los nombres detrás de las filtraciones más importantes de los últimos años.

“Es un trabajo de la sociedad civil”, destaca la fundadora de Xnet, Simona Levi, sobre la proposición de ley, que en estos seis meses ha sido “revisada y matizada” con la ayuda de Whistleblowing International Network (WIN) y de Blueprint for Free Speech a partir del Decálogo para la Protección de los Denunciantes y Alertadores del Grupo de Trabajo Ciudadano contra la Corrupción. Además, explica la proposición en su exposición de motivos, recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Europa y las disposiciones de la ONU y de la OCDE sobre la materia. Igualmente tiene como referencia la ley de la Generalitat valenciana que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Sus redactores pretenden que la futura ley no sólo proteja a los alertadores, sino también a los “facilitadores”, los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores. Además, quiere cubrir todos los ámbitos: las administraciones públicas –Estado, comunidades autónomas, Seguridad Social–, así como las agencias estatales y las autoridades independientes, el Defensor del Pueblo, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado deberán disponer de “canales de alerta anónimos y seguros”, tanto externos como internos. Las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarán obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo será obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Las empresas privadas no estarán obligadas: la nueva proposición de ley –a diferencia de su primera versión, que sí incluía en su ámbito de aplicación a aquéllas con más de 10 millones de euros de facturación– sólo establece que éstas “podrán” crear canales “externos” de alerta.

“Convicción razonable”

Si una persona tiene conocimiento de una irregularidad o un delito cuyas consecuencias “sean susceptibles de perjudicar el interés general”, podrá comunicarlo bien en un canal interno –dentro de la empresa o de la administración de la que forme parte– o en uno externo, a su elección. Pero ambos deberán garantizarle “la seguridad, el anonimato y la confidencialidad de su identidad” para protegerle de cualquier represalia o persecución.

Para ser considerado un alertador, basta con que un particular tenga una “convicción razonable” sobre la “verosimilitud y fiabilidad” de la información que suministre. Sea cual sea su motivación para hacer la denuncia. “El origen de la información no se tendrá en consideración para su calificación como información constitutiva de alerta”, subraya el texto. “A veces [ir más allá de la convicción razonable] se utiliza para hacer un maluso de la ley y engañar al alertador, que no tiene por qué saber si lo que denuncia es un delito o no”, explica Simona Levi. Como una alerta no es una denuncia, añade la proposición, deberá ser el órgano administrativo que la reciba quien deba comprobarla e investigarla.

Las informaciones que se pueden desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no será delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, reza el texto.

Asistencia jurídica gratuita y protección policial

Además, al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores que pretende crear la proposición de ley. Su misión será velar por que los filtradores y facilitadores no sufran “aislamiento, persecución o empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales”. También los representará legalmente en los procedimientos administrativos o judiciales que deban afrontar como consecuencia de sus revelaciones. El director de esta agencia permanecerá en su puesto durante siete años y será elegido por el Congreso de entre una lista elaborada tras celebrarse una consulta a la ciudadanía, explica el texto. Fue el método utilizado para nombrar al director de la Oficina Antifraude valenciana: Joan Linares, que había denunciado el caso Palau.

La proposición de ley prohíbe cualquier tipo de represalia contra los alertadores, ni discriminaciones, ni amenazas, lo mismo contra ellos que contra sus familias, compañeros, superiores o bienes. Por supuesto, les reconoce el derecho a no ser sancionados o despedidos por haber hecho una denuncia. De hecho, la futura norma prevé también protección policial si es necesario. Al igual que sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

Una protección integral que parte de la base de considerar la denuncia de irregularidades en el interés público como “una forma de libertad de expresión protegida”. Según resalta la proposición de ley, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.

El pasado día 5 la Mesa del Congreso admitió a trámite una proposición de ley que puede convertir a España en el primer país que traslade a su legislación la directiva europea que protege a los alertadores, ciudadanos que revelan información sobre posibles irregularidades o delitos cometidos en sus empresas o en las administraciones  que perjudiquen el interés general. Son los Hervé Falciani (evasores fiscales del HSBC), Rui Pinto (Football Leaks), Antoine Deltour (LuxLeaks), Edward Snowden (espionaje de la NSA) o Ana Garrido (caso Gürtel), el teniente Luis Gonzalo Segura (corrupción en el Ejército) o Azahara Peralta (caso Acuamed) en España.

El texto, presentado por el diputado de Compromís Joan Baldoví y 14 diputados de ERC poco más de una semana después de constituirse las Cortes, ha sido redactado por la plataforma ciudadana Xnet y no sólo traspone la directiva aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril, sino que también recoge el modelo y experiencia de las oficinas antifraude abiertas en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Así, la proposición de ley pretende proteger a todos los alertadores –whistleblowers en su denominación inglesa– y también a los “facilitadores”, los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores. Y quiere cubrir todos los ámbitos: los funcionarios de las administraciones públicas –Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, Seguridad Social– los empleados de las empresas públicas, las universidades, e incluso de las más altas instituciones del Estado, como la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Banco de España, quedarán protegidos si denuncian malas prácticas o hechos ilícitos. Pero también lo estarán los trabajadores de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como de las empresas privadas que reciban más de 100.000 euros en subvenciones públicas –o en las que el 50% de sus ingresos anuales procedan de ayudas estatales por importe superior a los 50.000 euros– y de cualquier entidad privada con un volumen de negocio superior a dos millones de euros.

Si una persona tiene conocimiento de una irregularidad o delito cuyas consecuencias “sean susceptibles de perjudicar el interés general, podrán comunicarlo bien en un canal interno –dentro de la empresa o de la administración de la que forme parte– o en uno externo, a su elección. Pero ambos deberán garantizarle “la seguridad, el anonimato y la confidencialidad de su identidad” para protegerle de cualquier represalia o persecución. Es más, el texto recién presentado en el Congreso establece que se le preste asistencia jurídica gratuita. El objeto de la futura ley es únicamente, subraya Simona Levi, fundadora de Xnet y corredactora de la proposición de ley, proteger a los alertadores, “no investigar la información que ellos suministran”. El filtrador, insiste, no es un denunciante, cuya identidad debe ser conocida por el denunciado según establece la legislación española.

En cumplimiento de lo recogido en la directiva europea, todas las empresas y organizaciones de más de 50 trabajadores o con un volumen de negocio de más de 10 millones de euros, así como las administraciones –incluidos ayuntamientos de más de 10.000 habitantes– tienen la obligación de contar con uno de estos canales de internos de recepción de alertas “anónimos y seguros”. Si facturan entre dos y 10 millones de euros, el canal interno debe garantizar al menos la confidencialidad. Los canales externos corren a cargo de las administraciones, tanto de las estatales como de las comunidades autónomas. Ambos cauces constituyen una “primera criba” de la información desvelada por los alertadores. De la investigación se seguirán encargando la policía, los jueces y los fiscales, a quienes no sustituyen en ningún caso, deja calro Simona Levi.

Autoridad Independiente con un director elegido por consulta popular

Tampoco será ése el cometido de la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores que pretende crear la proposición de ley. Su misión será velar por que los filtradores y facilitadores no sufran “aislamiento, persecución o empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales”. También los representará legalmente en los procedimientos administrativos o judiciales que deban afrontar como consecuencia de sus revelaciones. El director de esta agencia permanecerá en su puesto durante siete años y será elegido por el Congreso de entre una lista elaborada tras celebrarse una consulta a la ciudadanía, explica el texto. Es el método utilizado para nombrar al director de la Oficina Antifraude valenciana: Joan Linares, que había denunciado el caso Palau.

“Nosotros habríamos preferido un juzgado especializado, como los de violencia de género, en lugar de la Autoridad Independiente, porque este tipo de organismos pueden terminar convertidos en chiringuitos si no están bien estructurados”, precisa Simona Levi. Coincide con ella José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda: “Sería más adecuado que se encargarán de la tarea la autoridad judicial o fiscal”. No sólo no termina de ver su “eficacia”, matiza, sino que duda del sistema de elección de su director y echa en falta en el texto una mención a su presupuesto y plantilla.

Finalmente, la proposición de ley también propone sanciones si las administraciones y empresas infringen el régimen de protección de los alertadores; por ejemplo, obstaculizando las alertas, represaliando a los filtradores o vulnerando la confidencialidad o el anonimato del denunciante. Las infracciones se castigan con multas de 10.000 a 300.000 euros, además de con inhabilitación de hasta tres años.

Tres años de suspensión por una alerta

Para Mollinedo, la “ambiciosa” proposición de Compromís y ERC es un paso “decisivo”, aunque no el último. El responsable de Gestha elogia que sirva como “principio de un debate” necesario para determinar el justo equilibrio entre la seguridad jurídica del denunciante y del denunciado. Pero también para que se produzca un “cambio de mentalidad” a su juicio imprescindible: “Que el denunciante deje de ser el chivato”.

José María Mollinedo recuerda que en 2008 uno de sus técnicos fue suspendido de empleo y sueldo durante tres años tras ser considerado responsable de haber alertado sobre unas partidas de aceite de girasol contaminado procedentes de Ucrania que no habían pasado los preceptivos análisis químicos. “Fue un cabeza de turco”, resalta, “porque a la información tenían acceso una decena de personas”. Además, sólo se había revelado información estadística, “por qué puertos había entrado el aceite de girasol contaminado”, asegura el responsable de Gestha. El caso lo perdió el alertador en los tribunales, pero la revelación de aquella irregularidad forzó posteriormente la firma de un convenio entre el Instituto de Consumo y la Agencia Tributaria para subsanar el mal funcionamiento de las administraciones. Un caso de manual de cuál ha sido hasta ahora la historia de quienes se atreven a desvelar malas prácticas y de las consecuencias de sus alertas: perjuicio para el denunciante, corrección de las disfunciones denunciadas.

Pese a lo exhaustivo del texto presentado, el dirigente de Gestha no cree que sirviera para evitar que, por ejemplo, un nuevo Hervé Falciani –el desvelador de las cuentas de miles de evasores fiscales de toda Europa en el banco suizo HSBC– pudiera mantener su puesto de trabajo. Critica que se permita la “vía de escape” del despido –con indemnización o readmisión– o la excedencia con sueldo del alertador “como mal menor”. Porque para entonces ya habrá sido identificado.

Las dificultades: confidencialidad y leyes orgánicas

Tanto Xnet como Compromís y ERC han comenzado a negociar con el resto de los grupos para sacar adelante su texto. Levi explica a infoLibre que ya se han reunido con Ciudadanos y con el PSOE. Ambos partidos incluyeron la protección de los filtradores en sus respectivos programas electorales. La formación de Albert Rivera presentará su propia proposición de ley –elaboró un texto en la pasada legislatura que no prosperó–, pero la responsable de Xnet confía en que se pueda alcanzar un punto de encuentro para hacer una ponencia conjunta, como ya se hizo en Cataluña. También en el País Vasco está pendiente de debate una proposición de ley con el mismo objeto. Ni Unidas Podemos ni el PP han contestado aún a las solicitudes de reunión de Xnet y los grupos autores de la iniciativa en trámite.

En cualquier caso, Levi teme que los elementos que más reticencias suscitarán en algunos sectores serán los relativos a las cláusulas de confidencialidad de los contratos. La proposición de ley establece que revelar una alerta no podrá considerarse un incumplimiento de esas cláusulas así como de las relativas a secretos empresariales, propiedad intelectual e industrial, y protección de datos personales incluidas en cualquier contrato, ya sea administrativo, laboral, civil o mercantil. El alertador, por tanto, “no podrá ser considerado responsable de su incumplimiento” y procesado por ello.

También teme que cuente con rechazo la exigencia del anonimato para el filtrador. Pero espera que no lo sea la obligación de establecer canales de alerta en las empresas. “Las normas sobre compliance complianceya les obligan, no pedimos medidas más costosas”. Levi se refiere a la modificación del Código Penal que desde 2015 establece que sólo la existencia de un plan de prevención de riesgos penales y de cumplimiento normativo eficaz exime a una persona jurídica de la responsabilidad derivada de los delitos cometidos por sus trabajadores en su nombre.

Mollinedo, en cualquier caso, duda de la eficacia de estos canales internos, que ya han probado sus fallos en casos recientes de corrupción como el de la constructora OHL, recuerda. Por su parte, la propia coautora de la proposición anuncia también que enmendará el texto para añadir mayor protección específica a los abogados: “Nos están llegando casos en los que se está imputando también a los letrados de los alertadores”.

El secretario de Gestha adivina una larga tramitación de la ley, puesto que implicará cambios en un buen número de leyes: desde las normas de enjuiciamiento civil y criminal y el Estatuto de los Trabajadores hasta el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de Seguridad Social. También afecta a las competencias de las comunidades autónomas. Y, como toca el derecho al honor o a la intimidad de los denunciados, hace necesario el recurso a la Ley Orgánica, que requiere mayoría absoluta para su aprobación. “Sería más fácil si la iniciativa se acometiera en varias fases”, sugiere, sobre todo teniendo en cuenta los difíciles equilibrios parlamentarios a que obliga la fragmentación política.

Falsamente atribuida al dramaturgo Bertolt Brecht, una parábola inventada justo después de la Segunda Guerra Mundial por un pastor alemán designa al primer aliado de los enemigos de la democracia y de los adversarios de nuestras libertades: la indiferencia, nuestra indiferencia. Con algunas variantes, subraya cómo se encuentran siempre buenas excusas para no preocuparse del destino de los primeros blancos de las derivas o de los regímenes autoritarios. En este caso, en el contexto de los años 1930, el hecho de no ser comunista y no decir nada cuando vinieron a buscarle, ni socialdemócrata, ni sindicalista, ni judío cuando luego les llegó su turno. “Cuando vinieron a buscarme ya no quedaba nadie para protestar”, termina la parábola.

Hay muchas razones legítimas para ser indiferente con la suerte que le espera a Julian Assange, detenido el jueves 11 de abril por la policía británica en la Embajada del Ecuador donde estaba refugiado desde hacía siete años: las acusaciones por violencia sexual que le señalan en Suecia; su aventurismo egocéntrico en la gestión de WikiLeaks que le ha hecho el vacío a su alrededor; su deriva deontológica en la difusión brutal de documentos sin trabajos de verificación ni de contextualización; su oscura complacencia, cuando menos, con el poder ruso y su juego geopolítico; sus recientes elucubraciones ideológicas sobre las redes sociales, en especial sobre el ateísmo, el feminismo y la inmigración.

Pero ocurre que ninguna de esas razones tienen que ver con la razón de Estado que le persigue desde hace casi diez años. Si los Estados Unidos quieren apoderarse del fundador de WikiLeaks, juzgarle, condenarle y encarcelarle es para castigarle por haber puesto al descubierto su poder al revelar, con pruebas gracias a la revolución tecnológica digital, sus numerosas, repetidas e impunes violaciones de los derechos humanos fundamentales en todo el mundo. Hay mucho que temer del jurado secreto formado desde hace mucho para perseguir a Assange, del que trataba de escapar en su fuga solitaria: lo que pretende criminalizar es la investigación y la divulgación de informaciones de interés público.

Que la “conspiración para cometer una intrusión informática” sea la única carga que se le imputa por ahora a Assange, infracción castigada con una pena de cinco años de cárcel, no asegura nada. El objetivo es negar el trabajo de información realizado por WikiLeaks, en colaboración con numerosos socios mediáticos serios y prestigiosos, con el fin de privar a la prensa y los periodistas de la protección concedida, desde 1791, por la primera enmienda de la Constitución americana. Además, este trabajo de revelación, que destapó especialmente las sombras de la invasión y la guerra americanas en Irak, se basaba en una fuente que ya ha pagado un alto precio, Chelsea Manning.

Lejos de ser considerada como una denunciante al servicio del derecho a ser informados, Manning fue tratada como una espía y una amenaza para la seguridad nacional. Detenida en 2010, inculpada con veintidós cargos, entre ellos espionaje y conspiración con el enemigo, encerrada dos meses en una jaula en Kuwait, mantenida en aislamiento en una celda minúscula durante siete meses, donde se le obligaba a dormir desnuda, condenada a treinta y cinco años de cárcel tras haber sido declarada culpable de veinte cargos, indultada por Obama a finales de su presidencia en 2017 después de que hubiera intentado suicidarse dos veces, Chelsea Manning ha vuelto recientemente a la cárcel por negarse a declarar sobre su vínculo con WikiLeaks y Assange en el marco de la investigación secreta que apunta a este último.

Nada garantiza que, si a Julian Assange le extraditan a los Estados Unidos, no se enfrente a las mismas acusaciones ya que no se puede excluir que la justicia americana añada nuevos cargos. En cuanto a la Administración Trump, la cínica utilización de Assange durante la campaña presidencial, en especial por las filtraciones que mostraban la manipulación de las primarias demócratas, no le impedirán echar leña al fuego en este caso. “Si esto hubiera pasado en China, esta gente habría recibido una bala en la cabeza en veinticuatro horas” declaraba Donald Trump en 2010 cuando las revelaciones de Manning a WikiLeaks. “En lo que me concierne, es espionaje”, decía. Y no habrá que excluir la pena de muerte para la fuente de WikiLeaks: “Como saben, antiguamente, si eras un espía, y eso es lo que es él, eras condenado a muerte”.

Desde el campo republicano a muchos demócratas, el poder americano pretende hacer del caso de WikiLeaks un ejemplo definitivo para que no se reproduzca más este asalto pacífico a su poder por informaciones obtenidas de filtraciones masivas. En resumen, para que el reino absolutista de Goliat vuelva a retomar sus excesos pisoteando las frágiles esperanzas de los David digitales. Lo que está en juego en el caso Assange no es su suerte particular sino el futuro, democrático o autoritario, de la revolución digital. Ninguna tecnología es automáticamente liberadora, son los usos sociales, políticos y económicos los que determinarán el futuro, emancipador o retrógrado. Y es que lo que está en juego sobre la suerte de Assange, como la de Manning y Snowden, es el campo de batalla simbólico: la apropiación democrática por el pueblo de las herramientas digitales o su confiscación autoritaria por la alianza de poderes estatales y monopolios económicos.

No hay necesidad alguna de tenerles aprecio personalmente y ni mucho menos apoyarles ciegamente para comprender que estas tres personas, que se han arriesgado con la audacia de su juventud, van a quedar como los personajes emblemáticos, valientes y vencidos de las esperanzas democráticas sustentadas por la tercera revolución industrial de nuestra modernidad. Igual que con la máquina de vapor y más tarde la electricidad, la revolución digital abre el horizonte de una “nueva era democrática”, según la fórmula de un informe parlamentario francés de 2016, que fue inmediatamente enterrado debido a su audacia profética. Como las anteriores, el motor de esta revolución son estos derechos fundamentales gracias a los cuales los pueblos vuelven a ser dueños de su destino: libertad de decir y derecho a saber.

Nuestro Renacimiento, entre la Reforma y la Contrarreforma

Julian Assange, joven hacker australiano, fue el primer teórico, cuando no tenía ni treinta años, en inventar este arma del débil frente al fuerte que constituyen las leaks (filtraciones) transmitidas por los links (enlaces);  Chelsea Manning, joven soldado de apenas veinte años, respondió espontáneamente a esa llamada desde una base americana en Irak donde, llamándose todavía Bradley, fue testigo de actos criminales de su propio país; Edward Snowden, antiguo analista de la CIA,  tomó el relevo cuando tenía sólo veintinueve años tras buscar metódicamente las pruebas de  la vigilancia planetaria generalizada organizada por la NSA americana y organizó él mismo sus revelaciones con la ayuda del defensor de derechos humanos Glenn Greewald y de la documentalista Laura Poitras.

Manning fue denunciada e inmediatamente arrestada en 2010; Assange se refugió en la Embajada del Ecuador en Londres en 2012, prisionero voluntario de alguna forma ya que su porvenir era poco envidiable; Snowden está bloqueado en Moscú desde 2013, rehén a la fuerza del poder ruso y tal vez moneda de cambio mañana. Nueve años, siete años, seis años, los tres son héroes del derecho a saber que han pagado ya muy caro por defenderlo. Sean cuales sean sus debilidades, sus confusiones, sus soledades, sus fragilidades, nosotros les debemos reconocimiento y solidaridad. Han luchado para que todo documento que afecte al futuro de los pueblos, de las naciones y de las sociedades sea conocido del público para que pueda hacerse una opinión, juzgar con los elementos en mano, elegir para actuar, influir en la política de los gobiernos y los asuntos del mundo.

“La publicidad es la salvaguardia del pueblo”, decía en el verano de 1789 Jean Sylvain Bailly,  primer presidente del Tercer Estado al principio de la Revolución Francesa en el momento en que era elegido primer alcalde de la Comuna de París. Todo lo que es de interés público debe hacerse público. Multiplicando sus efectos, la revolución tecnológica, de la que lo digital es su motor, aumenta la dimensión emancipadora de esta promesa radicalmente democrática y eso es lo que los poderes no soportan, que su campo de acción sea la dominación estatal o la apropiación mercantil.

Ellos querrían que la democracia fuera un asunto de los especialistas y de expertos al servicio de sus intereses y sus ambiciones y que habría que dejarles actuar amparándose en el secreto. Es la razón de los propietarios, la razón oligárquica, en un cruce entre el haber y el poder, entre la potencia y las finanzas donde, por el privilegio de la fortuna, título o nacimiento, una pequeña minoría se cree más legítima que la gente corriente para hablar y actuar en su nombre.

Haciendo demostración de que la información está a su alcance, WikiLeaks ha propuesto revertir esta dominación con las armas de la información, del conocimiento y del saber, armas harto pacíficas cuando por el contrario las de los Estados son violentas, humillantes, ofensivas e hirientes, incluso mortales. Es esta audacia democrática la que, a través de Julian Assange, los poseedores del orden establecido, en una coalición sin principios donde sólo el poder cuenta, quieren sancionar con la esperanza de hacerla desaparecer, aunque sea momentáneamente.

En un ensayo reciente, Cultura digital (Prensas de Ciencias Políticas), Dominique Cardon, autor de la optimista obra La democracia Internet, de 2010, estima que la aparición de lo digital en nuestras usos diarios evoca, más que las revoluciones industriales de nuestra modernidad, la sacudida definitiva y sin retorno y que supuso la invención de la imprenta en el siglo XV: “Una ruptura en la manera en la cual nuestras sociedades producen, comparten y utilizan los conocimientos”. Fin del monopolio del saber por los clérigos, inicio de su democratización con, de paso, el excepcional Renacimiento, sus grandes descubrimientos, su efervescencia artística, sus libres pensadores y sus libertinos, en suma, el principio de este largo camino hasta la proclamación de que nacemos libres e iguales en derechos, sin distinción de origen, condición, apariencia, creencia, sexo, etc.

Un largo camino, en efecto, en el que las audacias emancipadoras fueron mártires antes de ser reconocidas y célebres. Recordemos a Tomás Moro, el inventor de la utopía, ese lugar en ninguna parte que designa la esperanza jamás inacabada y siempre vuelta a empezar, decapitado en 1535. Recordemos a Giordano Bruno, quemado vivo en Roma en 1600 por haber pensado en la vida eterna de todos contrariamente a la proyección conquistadora de Europa sobre el planeta Tierra. Recordemos a Miguel Servet, quemado vivo igualmente en Ginebra en 1553 porque luchaba contra el repliegue autoritario y sectario de la disidencia protestante con Juan Calvino, compartiendo su revuelta original. Recordemos finalmente a Esteban Dolet, el impresor humanista quemado en la plaza Maubert de París en 1546 porque defendía el acceso libre y pluralista al saber y al conocimiento.

Cierto que comparar no es tener razón y no se quema hoy en las calles a los pioneros del derecho a saber pero, en secreto, se les tortura, se les despieza, se les disuelve, es decir, se les hace sufrir una suerte terrible similar a los casos citados ante la indiferencia general de nuestros gobernantes supuestamente demócratas, si queremos mirar de frente el martirio de nuestro colega saudí Jamal Kashoggi.

La revolución digital está cargada de Reforma de la misma manera que lo estuvo el surgimiento del protestantismo frente a la corrupción de la cristiandad, de sus prevaricacines y sus imposturas. Para obstaculizarla se monta una Contrarreforma de la que el caso de Assange es el símbolo: hacer retroceder las libertades digitales, demonizar a la gente que las utiliza, mirar desde arriba a una supuesta muchedumbre con el fin de seguir siendo propietario de la verdad, protregerse contra el surgimiento de preguntas y soluciones planteadas por ese “cualquiera” democrático al que la revolución digital permite realizarse.

En nuestra época incierta y frágil no tenemos más que una protección, la que nos facilita estos cuatro derechos fundamentales que son los de reunión, expresión, manifestación e información. Defenderlos es hoy un compromiso prioritario y por eso la suerte de Julian Assange nos concierne. Europa, que no ha sabido estar a la altura de sus valores autoproclamados ofreciendo asilo a los pioneros de nuestras libertades digitales, no debería permitir la extradición del fundador de WikiLeaks hacia los Estados Unidos.

La cultura digital, con sus utopías y sus promesas, está ahora mismo a prueba contra una doble regresión estatal y mercantil, unida en la desconfianza de pueblos rebeldes e incontrolables. El invierno digital se acerca, con sus leyes de vigilancia y de control,  su rechazo a la participación y su demonización de las redes, su designación de los pioneros de las libertades digitales como cabezas de turco de una crispación identitaria y de seguridad. El desencanto de Internet, analizado por el universitario Romain Badouard, es también una regresión democrática entre la pérdida de fe, crisis de confianza y tentación autoritaria.

“Peor que el ruido de las botas es el silencio de las zapatillas”: esta lúcida frase del dramaturgo suizo Max Frisch se corresponde con la advertencia inicial de este artículo: si permanecemos indiferentes al destino de los pioneros de las libertades digitales, seremos las primeras víctimas de su cuestionamiento.

  Mediapart es uno de los socios europeos de WikiLeaks desde 2011. Por aquel entonces, expliqué las razones por las cuales la defensa de Internet y la de WikiLeaks eran inseparables, en un artículo publicado en Mediapart y en cuatro publicaciones en mi blog personal en el Club de Mediapart. Pueden consultar en PDF (en francés) todas estas contribuciones, o pinchar en este enlace para acceder al artículo haciendo clic aquí: 1, 2, 3, 4, para consultar los billetes de mi blog. Junto a François Bonnet, nos encontramos con Julian Assange en 2011 cuando, de hecho, se encontraba bajo arresto domiciliario en Reino Unido (leer aquí).

  Traducción de Miguel López

Puedes leer el texto completo en francés aquí:

El Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria la directiva de la UE que protege a los denunciantes de corrupción. La propuesta, que la Comisión Europea presentó en abril de 2018, sumó 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. Tras ser aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 20 de noviembre, se abrió el triálogo, las discusiones entre la Comisión Europea, los eurodiputados y el Consejo de la UE –que representa a los Estados miembros–, que ha culminado en la votación de este martes. Así se materializa una idea que vio la luz con una iniciativa de la eurodiputada francesa Virgine Rozière, del Partido Radical de la Izquierda, aprobada por la Eurocámara el 24 de octubre de 2017.

Para entonces, el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung –y el resto de los medios integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– llevaba más de un año publicando los Papeles de Panamá, Edward Snowden hacía cuatro años que había huido a Rusia tras destapar los sistemas de vigilancia intensiva de la NSA estadounidense y Hervé Falciani ya vivía protegido en España desde que en 2012 fue detenido en Barcelona por revelar una lista de 130.000 evasores fiscales amparados por el secreto de las cuentas del banco suizo HSBC. Son sólo algunos de los whistleblowers que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en los últimos años por destapar prácticas ilícitas de instituciones y gobiernos, cuando no tramas delictivas que involucran a empresas, bancos y grandes fortunas de todo el mundo.

La directiva, que deberá ser trasladada ahora a las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE, protege a los denunciantes de corrupción o alertadores –como se ha traducido whistleblowers del inglés– de posibles represalias. También crea un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que posea información sobre prácticas ilícitas de todo tipo, denunciarlas en el seno de las empresas y las instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada, coaccionada, discriminada, incluida en una lista negra…

Europa pierde miles de millones por no proteger a los denunciantes

El beneficio del sistema de protección que la UE extiende a todo el continente no es una medida filantrópica. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes. Las infracciones que desvelan los alertadores “crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, perjudican a los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa”, advierte la Comisión en las consideraciones iniciales de su propuesta de directiva. Fraude y evasión fiscal, corrupción, delitos medioambientales, seguridad alimentaria y en el transporte, riesgos para la salud pública y vulneración de la competencia son sólo algunos de los terrenos donde los denunciantes han demostrado ya su valor.

Sin un sistema adecuado que no sólo garantice el secreto y la confidencialidad, sino también la eficacia de las denuncias –que éstas den lugar a la apertura de investigaciones y a la toma de medidas, políticas o judiciales–, denunciar prácticas irregulares suponía un riesgo considerable. De hecho, hasta el momento sólo 10 de los 28 miembros de la UE cuentan con mecanismos legales protectores: Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Eslovaquia.

España, sin sistema de protección

España es uno de los países que carecen de un sistema de protección. En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó su proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que ha quedado bloqueada tras recibir un chaparrón de enmiendas, unas 400, del resto de los grupos parlamentarios. Con la disolución de las Cortes, la iniciativa es ya papel mojado. “Y mejor que sea así, porque no cumple casi ninguno de los requisitos de la directiva europea”, apunta Simona Levi, impulsora del Partido X, nacido del movimiento del 15M.

El texto elaborado por el partido de Albert Rivera sólo protege a los funcionarios públicos y altos cargos de las administraciones y únicamente si lo que se denuncia constituye un “delito o infracción administrativa o puede dar lugar a responsabilidades por alcance”, por lo que deja fuera cualquier otro tipo de información por relevante que sea. Además, no concede valor a las denuncias anónimas.

En plena tramitación se encuentran igualmente dos proyectos de ley autonómicos, en Cataluña y País Vasco. El primero, asegura Levi, tiene asegurado el apoyo mayoritario de la Cámara autonómica catalana. Con la segunda, una propuesta de Unidos Podemos, no está tan claro. Además, Castilla y León aprobó en 2016 una ley que sólo regula las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre posibles delitos contra la Administración pública, y que la responsable del Partido X critica por estar diseñada con el mismo patrón que el proyecto de Ciudadanos. Finalmente, la Comunidad Valenciana incluyó algunos mecanismos de protección para denunciantes en la norma por la que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Canales internos y externos, asistencia jurídica gratuita

Como la Comisión Europea considera que los sistemas de garantía para los alertadores son “desiguales” y están “fragmentados”, la directiva proporciona unas normas mínimas comunes que luego cada Estado miembro desarrollará. Así, la directiva da protección a “la gama más amplia de categorías de personas”: trabajadores, no importa si a tiempo parcial, con contrato temporal, dependientes de ETT o autónomos, pero también proveedores de empresas, consultores, empleados de subcontratas, accionistas, directivos, trabajadores en prácticas no remuneradas, voluntarios e incluso precandidatos a puesto de trabajo. Todos ellos tienen ahora garantizado el anonimato y la inmunidad. Tanto del sector público como del privado.

En el primer caso, cualquier ayuntamiento con más de 10.000 habitantes, y por supuesto las administraciones autonómicas y la estatal, deberán contar con un sistema para canalizar denuncias internas. Lo mismo será obligatorio para empresas con más de 50 empleados o que facturen más de 10 millones de euros, excepto si pertenecen al sector financiero; en ese supuesto, todas tendrán que poseer un canal de denuncias interno sin importar el tamaño.

Además, las administraciones deberán contar con un sistema para denuncias externas, las que presente cualquier particular: organismos de regulación (la Comisión Nacional de la Competencia o la CNMV en España ya los tienen), autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo, enumera el proyecto de directiva.

En su momento, los debates del triálogo se centraron en si debía ser obligatorio para cualquier alertador acudir primero al canal interno antes de recurrir al externo o a la prensa. Finalmente, el filtrador podrá elegir qué canal de denuncia prefiere aunque se fomentará que primero utilice el interno antes de ir al público.

También resultó controvertida la protección a los periodistas y a los activistas de ONG. El Partido X advierte de que la directiva “deja en situación de vulnerabilidad” a unos y otros, “un aspecto que habrá que pelear en la transposición al marco legislativo español”, subraya. “La protección de los denunciantes como fuentes de informaciones periodísticas”, destaca la iniciativa europea, “es crucial para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas”. 

La directiva, además, incluye no sólo la asistencia jurídica gratuita para los denunciantes que deban afrontar juicios, sino también sanciones para quienes tomen represalias contra los alertadores o para estos últimos si hacen denuncias falsas.

La onda expansiva de las denuncias

Mientras eurodiputados, funcionarios europeos y representantes de los gobiernos ultimaban la norma, Rui Pinto, el portugués que creó Football Leaks, permanecía en arresto domiciliario en Budapest (Hungría), con una tobillera electrónica que le impide salir de su apartamento. Los 70 millones de documentos que compartió con Der Spiegel y la red EIC (European Investigative Collaborations) han permitido investigar y condenar por delito fiscal a un puñado de futbolistas de élite –Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Özil, Coentrao, Falcao–. Finalmente, fue extraditado a Portugal, donde el pasado 24 de marzo fue ingresado en prisión preventiva. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

Antoine Deltour, que destapó los acuerdos fiscales secretos de Luxemburgo y 300 empresas, entre ellas multinacionales como Amazon, Fiat, Ikea, Burberry o Pepsi, resultó absuelto finalmente por los tribunales del Gran Ducado el pasado mes de junio. Pero antes había sido condenado a un año de prisión y una multa por robar documentos y revelar secretos empresariales. Trabajaba en la consultora PriceWaterjouseCoopers (PwC), de donde se llevó documentos que envió a un periodista de investigación francés, Edouard Perrin, en 2011. Los Luxleaks, como se bautizó el escándalo, pusieron en serios aprietos al ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron esos acuerdos con dudosos privilegios fiscales. Tirando del hilo, Bruselas tumbó los tax rulings de Holanda con Starbucks –de 20 a 30 millones de euros–, de Fiat –otros 30 millones– y Amazon –250 millones– con Luxemburgo, así como de Apple con Irlanda –13.000 millones de euros–.

En España, Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel de corrupción en el PP, fue despedida del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) pero terminó ganando en el Tribunal Supremo la demanda por acoso laboral que interpuso contra el consistorio. Los jueces también dieron la razón a Azahara Peralta, la directora de Obra de la empresa pública Acuamed, que fue despedida tras alertar de unos sobrecostes falsos de 36 millones en un contrato con FCC. Luis Gonzalo SeguraLuis Gonzalo Segura, el teniente expulsado del Ejército por denunciar corrupción en las fuerzas armadas en un libro y en entrevistas periodísticas, y Roberto Macías, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel por filtrar la contabilidad interna de la UGT andaluza, son otros nombres de alertadores españoles que han terminado siendo desvelados.

Por el contrario, constituye aún una incógnita quién se oculta tras John Doe, el informante que proporcionó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca al Süddeutsche Zeitung. La onda expansiva provocada por los Papeles de Panamá tuvo alcance planetario. Salpicaron a jefes de Estado y primeros ministros, así como a grandes fortunas, empresas y bancos. Se abrieron más de un centenar de investigaciones judiciales. Desde Mauricio Macri (Argentina) hasta Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia), pasando por el emir de Dubai o el presidente de Ucrania aparecieron en los documentos por sus sociedades opacas situadas en paraísos fiscales.

En España, el exministro del PP José Manuel Soria –tuvo que dimitir–, el comisario europeo Miguel Arias Cañete, el exvicepresidente Rodrigo Rato, la hermana del rey emérito Pilar de Borbón, famosos como Bertín Osborne, Pedro Almodóvar, Imanol Arias Pedro AlmodóvarImanol Ariaso Alex Crivillé habían utilizado el bufete panameño para eludir el pago de impuestos a Hacienda.

Seis años y diez meses después de que Ecuador le concediese asilo político en su embajada en Londres, el mundo conoció este jueves por la mañana la detención del líder de WikiLeaks, Julian Assange, por parte de Scotland Yard. El arresto se produjo en virtud de una orden emitida en 2012, después de que Assange violase la libertad condicional en la que estaba, y EEUU ha pedido inmediatamente su extradición por "conspiración", un delito por el que podría enfrentarse hasta a cinco años de prisión. Assange, no obstante, no es el único filtrador de documentos perseguido por la justicia: nombres como los de Rui Pinto, Chelsea Manning, Edward Snowden o Hervé Falciani también se han visto en situaciones parecidas en los últimos años.

Assange llevaba encerrado en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido desde el año 2012, pero sus problemas con la justicia comenzaron antes, en el año 2010, cuando WikiLeaks publicó 391.000 documentos secretos del Pentágono relativos a la Guerra de Irak, una filtración sin precedentes por entonces de la que se hicieron eco medios a escala mundial. Ese mismo año, la organización de Assange también publicó otros 91.000 documentos secretos relativos a la Guerra de Afganistán, y asimismo hizo públicos 250.000 cables diplomáticos confidenciales de EEUU.

Con las autoridades de medio mundo con sus ojos puestos en Assange, este se entregó a la policía y fue puesto en libertad condicional. No obstante, un juez británico aprobó en enero de 2011 la extradición a Suecia del líder de WikiLeaks, acusado de cargos de acoso sexual y violación, una extradición que fue confirmada en junio de 2012 tras desestimar la justicia británica su recurso. Fue entonces cuando Assange se refugió en la embajada ecuatoriana, argumentando que su extradición a Suecia no sería sino el primer paso de un proceso que acabaría con él en EEUU para ser juzgado por las filtraciones de documentos.

En 2017, cuando Assange ya llevaba cinco años en la Fiscalía sueca cerró la investigación por violación y retiró la orden de arresto internacional contra él por la imposibilidad de procesarlo estando asilado en la embajada de Ecuador. Pero la orden de detención por parte de las autoridades británicas contra él seguía en vigor, y por ello el líder de WikiLeaks se mantuvo encerrado en la legación de Ecuador, país que le concedió la nacionalidad.

No obstante, a raíz del cambio de gobierno y el acceso a la presidencia de Lenín Moreno en 2017, el país cambió su actitud con respecto a un asilado cada vez más incómodo. En marzo de 2018, el Ejecutivo ecuatoriano restringió el acceso a las comunicaciones con el exterior de Assange por haber incumplido su promesa de evitar opinar sobre cuestiones políticas de otros países –fue, por ejemplo, muy activo en la defensa del referéndum ilegal del 1-O– y le restringió las visitas.

Como corolario de esta degradación de las relaciones, este jueves el presidente Moreno retiraba el asilo a Assange "por violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia" en la embajada y lo acusó de "conducta irrespetuosa y agresiva", así como de ser el máximo responsable de "las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización". La decisión ha sido criticada por diferentes organizaciones y activistas, como Amnistía Internacional o X-Net, cuya cofundadora, Simona Levi, aseguró a este diario que la posible extradición de Assange es "muy preocupante". "Es cierto que la situación [en la embajada] era tensa" y la relación con Ecuador –un país "pequeño y sujeto a las presiones de EEUU"– "conflictiva", pero "se hubieran tenido que buscar otras soluciones", lamenta.

Chelsea Manning y Edward Snowden

Precisamente sus relaciones con Assange fueron las que llevaron a tener problemas con la justicia de su país a Chelsea Manning, una exsoldado estadounidense que fue condenada a 35 años de prisión por filtrar los cables diplomáticos y los documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente filtró y por la que fue condenada en 2013 por espionaje, robo de información gubernamental o abuso de su posición.

El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017 antes de dejar la Casa Blanca, pero este lunes su nombre volvió al primer plano de la actualidad, ya que la acusación de "conspiración" que EEUU achaca a Assange tiene que ver, precisamente, por sus tratos con Manning para obtener la información que publicó WikiLeaks. "Assange se implicó en una conspiración [...] para ayudar a Manning a hackear la contraseña almacenada en los ordenadores del departamento de Defensa conectados a la Red Secreta, usada por el Gobierno estadounidense para clasificar documentos y comunicaciones", afirmó este jueves la Fiscalía estadounidense, que aseguró que en sus conversaciones "Assange animó activamente a Manning a proporcionarle más información".

Otro de los filtradores de documentos clasificados de EEUU no ha tenido tanta suerte y aún se encuentra asilado, en su caso en Rusia: Edward Snowden, antiguo consultor de la NSA, que reveló a través de los diarios The Guardian y The Washington Post cómo esta agencia registró llamadas y otras comunicaciones de estadounidenses sin orden judicial y también espió a sus propios países aliados y a dirigentes como la canciller alemana Angela Merkel. Snowden huyó a Hong Kong antes de realizar su filtración, y EEUU pidió su extradición desde allí acusándolo de revelar sus programas de espionaje.

No obstante, el exanalista pudo huir a Moscú, desde donde realizó peticiones de asilo a países como Ecuador, Venezuela, Bolivia o incluso España. No obstante, fue finalmente Rusia quien le ofreció un permiso de residencia temporal que ha ido renovando en varias ocasiones y Snowden continúa en la capital del país dado que EEUU sigue manteniendo contra él sus acusaciones y el expresidente Barack Obama rechazó otorgarle el perdón argumentando que, para ello, antes tenía que ser condenado por un tribunal.

Rui Pinto, en prisión

Quien sí se encuentra en prisión es el informático portugués Rui Pinto, en prisión preventiva desde hace meses –primero en Hungría y, actualmente, en su propio país– por haber hecho posible la filtración de documentos de Football Leaks que ha puesto al descubierto las prácticas que siguen grandes estrellas del mundo del fútbol para eludir impuestos. La justicia portuguesa le acusa de robo de datos y extorsión, unos cargos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y que él niega de forma rotunda: de hecho, se ha ofrecido a las autoridades europeas como testigo para prestar su colaboración en las investigaciones penales abiertas a raíz de sus filtraciones, algo que ya hizo en el otoño de 2018 con la Fiscalía de Delitos Económicos de Francia.

Desde la primavera de 2016, Rui Pinto ha enviado 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart –socio francés de infoLibre– y sus socios de la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). Ese volumen de información se ha traducido en más de 800 artículos que han destapado qué se esconde detrás del negocio del fútbol. Las informaciones han motivado la apertura de investigaciones judiciales en varios países, entre ellos España y Francia. Los delitos fiscales del futbolista Cristiano Ronaldo y del entrenador José Mourinho tras su paso por el Real Madrid, los fichajes basados en criterios raciales del París Saint Germain o la tolerancia de la UEFA ante las presuntas violaciones del fair play financiero de ese equipo francés y del Manchester City son algunos de los escándalos destapados por Football Leaks.

Falciani, condenado pero libre

Por el contrario, el informático suizo Hervé Falciani, responsable de haber filtrado una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra, se encuentra en libertad y, de hecho, su filtración ha servido para que haciendas como la francesa o la española hayan recaudado cientos de millones de euros que se habían mantenido ocultos al fisco. Se calcula que hay en la lista 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, algunos de los cuales están siendo investigados judicialmente. De hecho, en 2010, la Agencia Tributaria ya ingresó 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 de estos contribuyentes.

No obstante, el periplo de Falciani desde que filtró estos datos en 2008 estos datos –y desde que, en 2009, dio a conocer públicamente su identidad– no ha sido fácil. La justicia suiza lo condenó en 2015 a cinco años de prisión por violación del secreto comercial, pero lo hizo con él ausente, ya que residía en Francia, desde donde no podía ser extraditado al país helvético. Falciani, no obstante, volvió a ser detenido en 2018 en Madrid en virtud de una orden de detención de Suiza, pero la Audiencia Nacional rechazó el pasado septiembre su extradición, como ya hizo en 2013.

La justicia argumentó entonces que los delitos por los que ha sido condenado en Suiza no son punibles en España, ya que revelar "a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales" los datos que recabó sobre "actividades sospechosas de ilegalidad" no es constitutivo de delito.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que niega la extradición del exinformático del banco HSBC Hervé Falciani a Suiza, donde fue condenado a cuatro años y 195 días de cárcel por espionaje económico con agravantes, por sustraer información de miles de defraudadores que escondían sus fondos en esa entidad.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Julio de Diego, se apoya en la misma argumentación que ya dio durante la vista para la extradición, celebrada el pasado 11 de septiembre, la fiscal Teresa Sandoval, al oponerse a la entrega del exinformático: que se trata de un asunto que ya fue analizado ante la primera reclamación de Suiza en 2013 y que los delitos por los que ha sido condenado allí no lo son en España.

Suiza emitió la primera orden de extradición sobre Falciani, que recopiló información sobre más de 120.000 clientes y exclientes del HSBC, en el año 2009 y fue detenido en España en julio de 2012 a causa de aquella reclamación. Sin embargo, en mayo de 2013, la Audiencia Nacional, instada por Fiscalía, rechazó extraditarle al entender que su conducta había sido denunciar "actividades sospechosas de ilegalidad" que no debían ser objeto de protección.

Es a este pronunciamiento previo al que se refiere ahora la Audiencia Nacional para, de nuevo, denegar la entrega de Falciani a Suiza, que volvió a reclamar la extradición del informático cuando en noviembre de 2015 fue condenado en firme. La Sala entiende que nada ha cambiado desde entonces, pues las acusaciones se mantienen y de hecho, "la solicitud de extradición es en realidad la misma".

Teniendo en cuenta además que la resolución dictada el 8 de marzo de 2013 denegando la extradición es firme porque nadie la recurrió, el tribunal considera que se trata de algo ya juzgado y, por tanto, "una cuestión ya resuelta", así que deniega la extradición en primer término.

No obstante, señala además que no concurre el principio de doble incriminación que debe darse cuando un Estado reclama una extradición a otro: el delito por el que ha sido sentenciado debe estar perseguido también en el país de origen y como explica el magistrado, no es el caso. "La legislación penal española carece de un tipo delictivo que se corresponda con el tipo penal suizo denominado 'espionaje financiero agravado'", concluye.

Informar a las autoridades no es revelación de secretos

Sobre este asunto, detalla que el Código Penal español persigue la "revelación o divulgación" de secretos y la "difusión, revelación o cesión" de los mismos centrando el reproche en la comunicación a terceros de esa información y no en el acceso a la misma, cosa por la que sí ha sido condenado Falciani en Suiza.

Según detalla, "la única divulgación efectiva" que finalmente hizo el informático de los datos que recabó fue "a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales", lo que no es constitutivo de delito en España como ya estableció este mismo tribunal en 2013 sobe Falciani.

De hecho, el auto remite a aquel pronunciamiento sobre el fondo del asunto y dice que "permanece y produce efectos vinculantes para posteriores demandas extradicionales basadas en los mismos hechos". Contra esta decisión cabe recurso, aunque la Fiscalía se opuso a la entrega, igual que Falciani.

El informático bancario Hervé Falciani considera que es "imposible" que sea una moneda de cambio por Marta Rovira o Anna Gabriel, ambas huidas en Suiza y procesadas en la causa del proceso independentista en Cataluña por rebelión y desobediencia, respectivamente, informó Europa Press.

"La Justicia es totalmente independiente de juicios políticos", manifestó Falciani este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, al que transmitió su oposición a ser extraditado a Suiza.

Falciani, que dijo que sigue "confiando" en la Justicia española, acudió a declarar después de que las autoridades suizas hayan enviado la documentación pertinente a la solicitud de extradición, una entrega que ya fue rechazada por la misma Audiencia Nacional en el año 2013.

Este es uno de los argumentos que dio el informático al magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 para oponerse a ser extraditado, según explicó su abogado, Juan Barallat: "Es un procedimiento de extradición que reitera uno anterior y definitivamente de manera firme la Sala de lo Penal lo rechazó con el informe favorable del Ministerio Fiscal".

Esta era la opinión de la Fiscalía en el año 2013, si bien en esta ocasión el Ministerio Público pidió en la anterior comparecencia de Falciani, el 5 de abril, su ingreso en prisión provisional hasta que se decida la solicitud de Suiza. Este lunes, el fiscal no asistió a la citación.

"Éticamente improcedente"

Según el letrado, Falciani recordó al juez De Egea lleva colaborando con la Justicia española desde 2008, por lo que "éticamente es improcedente" que el Estado español le entregue "después de que su información ha valido para perseguir muchos y muy graves delitos, de corrupción, de crimen organizado y delitos fiscales".

La comparecencia de este lunes sirvió para que el informático transmitiese al juez si permite o no su extradición. Al oponerse, el procedimiento continúa y, mientras tanto, a Falciani se le mantienen las medidas cautelares que ya le había impuesto De Egea: comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español y retirada de pasaporte.

El ex informático bancario Hervé  Falciani comparecerá ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el próximo 28 de mayo, tras la decisión del Consejo de Ministros el pasado día 18 por la cual autorizó al Ejecutivo a continuar con su proceso de extradición a Suiza, según informa en una nota, recogida por Europa Press, el despacho ILOCAD, del cual es socio director el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El exempleado de HSBC ya compareció el pasado mes de abril ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que le dejó en libertad provisional aunque con medidas cautelares tales como comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español con la retirada de pasaporte y prohibición de salir sin permiso de la localidad en la que reside, aunque esta última se la retiró hace apenas unas semanas.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC.

Para Baltasar Garzón supone "un atropello legislativo que desde el Código Penal de un Estado se persiga a un ciudadano que, dando una muestra de ejemplaridad, pone en conocimiento de las autoridades competentes pruebas fehacientes de la comisión de delitos tal y como ha quedado demostrado en España, Francia o Estados Unidos".

La documentación enviada por las autoridades helvéticas acusa a Hervé Falciani de un delito tipificado en la legislación suiza como "espionaje económico". El juzgado del país que reclama al ingeniero interpreta que haber facilitado los datos contenidos en la llamada Lista Falciani a instituciones judiciales y policiales extranjeras es una acción contenida dentro de ese delito.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que ya le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

El ingeniero informático Hervé Falciani, que filtró datos de cuentas bancarias del banco suizo HSBC, ha rechazado este martes el "juego" de intereses en el que, a su juicio, se encuentra inmerso, en el que se mezclan cuestiones internacionales con temas de política interna, como el conflicto catalán, y ha pedido al Gobierno que deje a un lado estos asuntos y le proteja de la orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza, informa Europa Press.

Así lo ha asegurado al ser preguntado sobre si cree que su detención el pasado mes de abril, a raíz de la emisión por parte de Suiza de una nueva petición de extradición, tiene que ver con el hecho de que algunos de los líderes independentistas catalanes huidos se encuentren en dicho país, y de la posibilidad de ser usado como moneda de cambio.

"Me veo en el juego, como todos pueden ver; en un juego donde se mezclan intereses fundamentales que son de asuntos internos y de asuntos internacionales", ha reconocido en declaraciones a los medios en el Congreso, tras acompañar a Unidos Podemos en el registro de una iniciativa para pedir al Ejecutivo que evite su extradición a Suiza.

En esta línea, Falciani ha pedido al Gobierno que no mezcle la cuestión catalana con su caso, porque no tiene "nada que ver". "No se pueden defender temas de política interior con hechos que están relacionados con delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado en la historia por evitar un juicio", ha denunciado.

Decisión política, no jurídica

Eso sí, ha afirmado que su situación ahora mismo no depende de una decisión jurídica, sino política y, en concreto, del Consejo de Ministros. "A nivel político, la oportunidad es hacer una oposición clara a la impunidad bancaria y offshore", ha asegurado. "Basta sólo con que el Consejo de Ministros deniegue esta pedida de extradición de un banco para enviar un mensaje histórico, que sería el de no a la impunidad", ha enfatizado.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que ya le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

Iniciativa en el Congreso

En la proposición no de ley que Unidos Podemos ha registrado este martes en el Congreso, el grupo confederal reclama al Gobierno que deniegue la extradición reclamada por las autoridades suizas, en el caso de que la Audiencia Nacional acordara concederla, "en uso de la facultad legalmente prevista".

En concreto, Unidos Podemos pide que se adopte esta decisión "atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en Hervé Falciani, al haber colaborado eficazmente en la investigación y persecución de conductas presuntamente delictivas, lo que le hace acreedor a la protección de la que son merecedores los alertadores de corrupción".

"Los hechos que dieron lugar a HSCBC a pedir la extradición de Falciani son los mismos que en 2013. Estamos en una situación en la que el propio ordenamiento jurídico español reconoce que no existe delito cuando una persona dice la verdad y además ha ayudado a la administración pública a solventar muchos casos de delitos contra la Hacienda Pública", ha defendido la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo.

A su vez, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha destacado que las comisiones de investigación en Europa y el trabajo y la lucha contra el fraude fiscal "no hubiera sido posible sin alertadores contra la corrupción como Hervé Falciani". "Hay que proteger a estos alertadores contra la corrupción", ha reclamado.

"Falciani es un ejemplo de lo que no se puede hacer con una persona que está colaborando con la justicia para esclarecer casos de fraude fiscal o de corrupción", ha señalado por su parte la diputada de Podemos y ponente en la tramitación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes.

Falciani fue arrestado el pasado miércoles por agentes de la Policía Judicial después de que las autoridades españolas dieran por válida, a mediados del mes de marzo, la última orden de extradición contra el informático emitida por Suiza en mayo de 2017. La sorpresa por la detención fue mayúscula entre jueces y fiscales. Principalmente, porque la Audiencia Nacional ya denegó en 2013 su entrega al entender que destapó "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección". Las fuentes pulsadas por este diario el pasado jueves aseguraron que la nueva solicitud de extradición cursada por la Confederación Helvética esgrime exactamente los mismos hechos que la que sustentaba la de 2012, cuando fue detenido en Barcelona.

A diferencia de la posición adoptada por la Fiscalía hace cinco años, cuando se opuso de forma rotunda a la entrega de Falciani, en esta ocasión el Ministerio Público solicitó prisión incondicional para el detenido mientras se tramita la orden de extradición. Sin embargo, a primera hora de la tarde del pasado jueves, el juez Diego de Egea decretó la puesta en libertad del exempleado del HSBC, que no podrá abandonar el territorio y tendrá que comparecer periódicamente en tanto se tramita el expediente. Falciani, que fue condenado en 2015 por el Tribunal Penal Federal helvético a cinco años de cárcel por sus revelaciones, ha asegurado, tras su liberación y a través de su abogado, que sigue “confiando en la justicia española, pero no en la Suiza”. Sin embargo, reconoce que no se esperaba una nueva detención en España después de “haber estado colaborando con las autoridades” en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

De hecho, Anticorrupción aún investiga en secreto un caso basado en las relevaciones del informático. Fuentes jurídicas confirmaron a infoLibre que los datos facilitados por Falciani son esenciales para el avance de esa pieza secreta y señalaron que la solicitud de prisión incondicional solicitada por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo no fue consultada ni comunicada con carácter previo a Anticorrupción. Nada ha trascendido sobre el contenido de esa pieza secreta nutrida con información facilitada por Falciani. Nada, salvo que se inscribe en la causa donde un juzgado de la Audiencia Nacional, el número 5, investiga también, aunque en otra pieza distinta, a directivos del HSBC, del Santander y del banco francés BNP Paribas.

“Gravísimo” y “bochornoso”

Los colectivos españoles de lucha contra la corrupción se muestran “estupefactos” por la detención del alertador, cuyas revelaciones han destapado los vínculos de organizaciones criminales –el cártel de Sinaloa o Al Qaeda, por ejemplo– con el HSBC y han ayudado a las autoridades de varios países a recuperar miles de millones ocultos en la entidad financiera. Por eso, califican el arresto como un hecho “bochornoso” y “gravísimo”. “Falciani fue puesto en libertad en 2013 con la condición de que colaborara. En todos estos años, tanto las instituciones españolas como las de otros países han tenido solo buenas palabras hacia él. Y ahora, se le detiene. Estamos alcanzando unos niveles de desvergüenza excesivos”, critica en conversación con este diario Sergio Salgado, miembro del colectivo Xnet.

En todo este tiempo, Falciani ha colaborado con Estados Unidos y varios países europeos –Francia, Italia, España, Irlanda, Reino Unido y Bélgica– en investigaciones sobre fraude fiscal. Y los resultados han sido satisfactorios. La famosa lista Falciani ha permitido a las autoridades tributarias de los mencionados Estados de la Unión Europea recuperar al menos 1.120 millones de euros que permanecían ocultos en Suiza. En el caso de España, donde el Tribunal Supremo ha terminado avalando el listado del informático como prueba válida para construir una condena por delito fiscal, la información aportada por Hervé Falciani ha facilitado la recuperación de casi 300 millones de euros, según reveló en 2013 el exsecretario de Estado de Hacienda durante la vista judicial en la que se estudió la extradición del alertador a Suiza.

En la misma línea se pronuncia Pedro Arancón, portavoz de la Plataforma X la Honestidad. Para el activista, “es gravísimo” que al informático se le persiga “mientras que evasores fiscales han sido indultados a través de una amnistía inconstitucional”. Tanto Salgado como Arancón apuntan que los últimos acontecimientos evidencian “la falta de seriedad del Gobierno en la protección de los denunciantes” y lamentan que el Ejecutivo de Mariano Rajoy los esté poniendo “en riesgo” en lugar de respaldarlos. “Eso es muy grave, porque detrás de cada caso de corrupción destapado hay siempre un alertador”, recuerda el activista de Xnet. Según el informe Report to the nations on occupational fraud and abuse 2016, que elabora bianualmente la Asociación de Auditores de Fraude Certificados, un 39,1% de los casos se detectaron gracias a un 'chivatazo'.

Desincentivar futuras denuncias

En 2013, España era –junto a Grecia, Portugal, Eslovaquia y Finlandia– uno de los países de la Unión Europea que menos protección ofrecían a los whistleblowers. Sin embargo, en los últimos años este problema ha conseguido hacerse hueco en una agenda política agitada día tras días por escándalos de corrupción. Varias comunidades han aprobado ya leyes autonómicas para lograr que los alertadores no se sientan desamparados. Pasos a los que se sumó a finales de 2016 la Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, una iniciativa que se está tramitando en el Congreso. A pesar de ello, Arancón considera fundamental, además de todos estos pasos, “modificar el delito de revelación de secretos para que no pueda ser imputable en los casos de corrupción”.

Con todo esto sobre la mesa, la Plataforma X la Honestidad y Xnet alertan de otro peligro. En conversación con este diario, se muestran preocupados ante la posibilidad de que lo sucedido esta semana con el exempleado del HSBC tenga un efecto disuasorio sobre posibles alertadores que estuvieran sopesando destapar información sensible sobre tramas financieras. “Con qué cara las unidades de Anticorrupción le dicen a un alertador que coopere, que colabore y que estará protegido, cuando a Falciani se le ha detenido por un capricho del Gobierno”, asevera Salgado, que considera que lo que se ha hecho “ha sido una auténtica chapuza”. “Por supuesto que sucesos de este tipo terminan desincentivando”, sentencia Arancón.

La Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza ha afirmado este jueves que "no es correcto" que el informático Hervé Falciani, detenido este miércoles en Madrid, estuviera reclamado judicialmente en ese país "solo desde el 19 de marzo de 2018". Lo que ocurrió ese día es que las autoridades españolas comunicaron a Suiza que la última orden de búsqueda contra Falciani, que databa del 3 de mayo de 2017, "era válida" en España.

Así lo ha explicado a Europa Press un portavoz de la OFJ, Raphael Frei, que también ha confirmado que este mismo jueves las autoridades suizas han transmitido a España por vía diplomática la petición formal de extradición del informático.

Los datos de Falciani figuraban como persona reclamada por la Justicia en el Sistema de Información de Schengen (SIS) desde 2009, en virtud de una orden de detención emitida por la Fiscalía suiza. Esa inscripción fue remplazada por una nueva, el 3 de mayo de 2017, después de que el Tribunal Penal Federal del país le declarase culpable de un delito de espionaje económico. Así, "la inscripción en el SIS no data del 19 de marzo de 2018", ha dicho el portavoz.

Este miércoles, tras la detención de Falciani, se supo que la orden contra él había quedado registrada el 19 de marzo en el sistema SIRENE español, que es la oficina nacional que sirve para preparar expedientes para el SIS, intercambiar de información adicional y comunicarse de forma bilateral con sus homólogas de otros países.

Falciani había quedado en libertad provisional tras su primera detención en España, la practicada en Barcelona el 1 de julio de 2012. En mayo de 2013, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó la extradición a Suiza del informático, al entender que denunció "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección".

En Suiza, el 27 de noviembre de 2015, Falciani fue condenado a cuatro años y 195 días de cárcel por espionaje económico con agravantes, conforme al artículo 273 del Código Penal suizo, "un delito contra el Estado, es decir, un delito de Derecho común en Suiza", explica el portavoz.

Tras la condena, el 24 de febrero de 2017 la Fiscalía del Cantón de Ginebra pidió a la Oficina Federal de Justicia que difundiese una orden internacional contra Falciani para ejecutar la sentencia contra él, y el 3 de mayo de ese año la OFJ formalizó la nueva inscripción de Falciani en Schengen, que remplazó a la introducida en 2009.

El 19 de marzo de este año se registró la comunicación en la SIRENE española, que señala que la sentencia contra el experto informático "es firme desde el 02.05.2016 conforme a la legislación suiza, no hay necesidad de emitir una orden de detención contra esta persona al tener la sentencia el mismo rango/validez que una OEDE (Orden de Detención Europea)".

Catalá niega intervención política

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado este jueves que la detención sea una "decisión política" o una "gestión del Gobierno" para realizar un intercambio por las políticas catalanas independentistas Marta Rovira y Anna Gabriel, huidas en Suiza y procesadas por el Tribunal Supremo por el denominado procés.

Anna Gabriel, procesada por desobediencia pero sin orden internacional de búsqueda, huyó a Suiza el pasado 20 de febrero y Marta Rovira, contra quien sí pesa una orden, hizo lo mismo el 23 de marzo, cuatro días después de que España comunicase a Suiza que la orden contra Falciani era válida.

Por su parte, fuentes de los ministerios de Asuntos Exteriores español y suizo han asegurado a Europa Press que el caso de Falciani no fue abordado en ningún momento por los ministros de Exteriores de ambos países.

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales y remarca la "excelente colaboración" del informático Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales.

En una nota, Gestha destaca la colaboración de Falciani en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrados a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza, tras su detención ayer por la Policía Judicial en la antesala de un acto organizado por la Plataforma por la Justicia Fiscal al que asistió también el secretario general del sindicato, José María Mollinedo.

El sindicato cuestiona tanto la detención "como el lugar y las formas empleadas" por el Ministerio del Interior, con el "innecesario" traslado a los calabozos en vez de haberle notificado la necesidad de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional, ya que ha colaborado activamente con la Fiscalía y ha sido protegido por las fuerzas de seguridad del Estado ante el alto riesgo contra su vida.

Además, recuerda que la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.

En este sentido, lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, e insta a blindar la protección "jurídica, profesional, económica, social y personal" de los confidentes para lograr una sociedad "más justa e igualitaria".

Por otra parte, los técnicos reprocharon en el acto a la Agencia Tributaria (AEAT) el retraso en investigar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales, ya que, según se expuso en la jornada de ayer, iniciar las inspecciones meses después de que estos escándalos vean la luz facilita que se presenten declaraciones complementarias con las que los evasores "esquivan las sanciones y responsabilidades penales por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que se hubieran podido cometer".

Asimismo, Gestha denunció que la causa de que estas inspecciones tarden meses en ser notificadas a los afectados sea que las inspecciones preliminares se asignan a un número muy reducido y "escogido" de funcionarios. La consecuencia directa de esta demora, advirtió, es la caída del número de denuncias por delito fiscal, que en 2016 -año en el que se publicaron los Papeles de Panamá-, se desplomaron más de un 33%, mientras que se tramitaron un 46% menos de expedientes por blanqueo que en 2015, coincidiendo, paradójicamente, con un aumento significativo de los casos de fraude.

Gestha también instó a cambiar el foco de la lupa de inspección, ya que actualmente el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja "muy poco margen de actuación" en la lucha contra el fraude sofisticado de grandes fortunas, empresas y multinacionales.

En este sentido, los técnicos recuerdan que las empresas del Ibex-35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore. De hecho, entre el 30 y el 40% del dinero de los mayores patrimonios de nuestro país está camuflado, y en conjunto los españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales.

Los técnicos, que elaboraron su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios offshore clasificados en una lista negra de 30 países,offshore y otra lista gris de 100 paraísos, propuso etectar todas las guaridas fiscales y las que se creen en el futuro para que la presión internacional pueda terminar tanto con su opacidad como con sus privilegios tributarios.

También propusieron la elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos; la fijación de unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas o el control por las Cortes de los resultados de la AEAT para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente.

Igualmente, Gestha abogó por la equiparación del plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como la unificación de los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, y acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en guaridas fiscales.

Finalmente, Gestha animó al Gobierno a alcanzar acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las de "banca privada" que, situadas en España, facilitan determinadas operaciones en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías.

La defensa de Hervé Falciani ha presentado un habeas corpus para solicitar su inmediata puesta en libertad ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

El despacho ILOCAD, del cual es socio director el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, argumenta que los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013.

Por ello, considera que se trata de una "detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio 'non bis in ídem' por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

"Es inexplicable que este dato no se conociera ya por la Policía Nacional. Además, se trata de una detención innecesaria porque Falciani tiene domicilio conocido, siendo esto también notorio para la Policía", afirma.

Por otro lado, la defensa hace hincapié en que "la colaboración de Hervé Falciani en múltiples casos de corrupción en diferentes países ha sido fundamental, entre ellos en España", y, de hecho, "el mismo Tribunal Supremo ha validado esta colaboración y no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga".

"La propia justicia española ha considerado valiosa la colaboración del informático de sistemas en casos de corrupción como son la trama Púnica y el caso Pujol. Asimismo, Estados Unidos ya se benefició de los datos que contiene la llamada lista Falcianicuando acusó a HSBC de blanquear dinero procedente del narcotráfico, razón por la cual el banco suizo fue multado por las autoridades estadounidenses y condenado al pago de casi 2.000 millones de dólares".

"En Francia, la lista Falciani fue utilizada por la Fiscalía de Niza, que, viendo el alcance y la veracidad de los datos contenidos en la misma, la facilitó a las autoridades judiciales de diferentes países, entre ellos España", explica el despacho.

Dolores Delgado acaba de ser relevada a petición propia como portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cargo al que accedió a comienzos de junio por designación de Jesús Alonso, fiscal jefe del tribunal.

Delgado, que mantendrá sus funciones como bastión del ministerio público en la lucha contra el yihadismo y a quien, según las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, sustituye en la portavocía el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, se centrará en su candidatura como representante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a las elecciones que a comienzos de año celebrará el Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado. El nombramiento de Delgado como portavoz de la Fiscalía de la Audiencia, cargo hasta ahora inexistente, fue anunciado el 6 de junio. 

Fuentes oficiales y otras adscritas a sensibilidades muy alejadas de las del equipo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, coinciden en que el tempranísimo cambio obedece a un motivo sustancial: la potencial "incompatibilidad ética" entre el perfil institucional inherente a quien desempeña la portavocía y el que, como aspirante de la UPF al Consejo Fiscal, deberá desempeñar en los próximos meses la mujer cuyo papel resultó decisivo para evitar la extradición a Suiza de Hervé Falciani.

Atendiendo a esas versiones coincidentes, la propia Delgado auspició la semana pasada su cese como portavoz para evitar cualquier riesgo de incompatibilidad moral dado que de carácter legal no las hay. No obstante, y como factor adicional y complementario, otras fuentes de la Audiencia señalan la casi total "sintonía" que el jefe del ministerio público en el tribunal especializado mantiene con Maza y con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. 

El 26 de julio, Delgado publicó un tuit que reflejaba su posición como miembro de la UPF sobre la declaración prestada por Mariano Rajoy como testigo ese mismo día en el juicio que celebra la Audiencia Nacional: "Insoportable esta corrupción sistémica. Lo de hoy ha sido patético, triste e indignante", decía el texto.

Los papeles de Panamá, la lista Falciani, los Malta files han otorgado un protagonismo inédito a los evasores fiscales, coincidiendo con los años duros de la crisis económica. Se calcula que el 10% del PIB mundial se esconde en paraísos fiscales, territorios que no cobran impuestos y ocultan la identidad de los titulares de las sociedades que en ellos se crean. Según el Tesoro de EEUU, cerca del 10% de la renta variable emitida por compañías del país se gestiona desde territorios offshore, 10 veces más que en los años 40. Mientras que el Senado de Estados Unidos cifra en un 95% las cuentas no declaradas al fisco que han sido abiertas en UBS y Credit Suisse por ciudadanos de ese país, más del 80% del patrimonio guardado en Suiza por ciudadanos europeos resulta opaco a sus haciendas nacionales.

Hasta ahora, los expertos estudiaban la evasión fiscal mediante auditorías aleatorias estratificadas según la renta, que han revelado las altas tasas de evasión de autónomos y pequeñas empresas. Así, la Hacienda de EEUU calcula que la mitad de la brecha fiscal norteamericana –la diferencia entre los impuestos potenciales y los efectivamente recaudados– procede de los impuestos defraudados por autónomos y pequeños negocios. En Dinamarca, el 45% de los trabajadores por cuenta propia evade impuestos.

En cambio, estos controles aleatorios no permiten descubrir la defraudación tributaria de los más ricos, no sólo por el escaso tamaño de las muestras utilizadas, sino también por la elevada sofisticación de las técnicas de escapismo fiscal accesibles a estos estratos de la sociedad. Es el motivo que ha llevado a Gabriel Zucman, economista francés, profesor en la Universidad de Berkeley y autor de La riqueza escondida de las naciones, a estudiar junto a Anette Alstadsaeter, de la Universidad de Noruega, y a Niels Johannsen, de la Universidad de Copenhage, la evasión fiscal de las mayores fortunas.

Para ello han utilizado los datos fiscales de Noruega, Suecia y Dinamarca, tres países con niveles muy bajos de fraude tributario. Y los han cruzado con la información sobre paraísos fiscales que han proporcionado los papeles de Panamá, la lista de contribuyentes del banco suizo HSBC desvelada por Hervé Falciani y las sucesivas amnistías fiscales aplicadas en los países escandinavos. Concluyen que la evasión fiscal se dispara en el caso de los ultrarricos. Quienes acumulan patrimonios superiores a los 40 millones de dólares netos –la suma de activos financieros y no financieros, y restadas las deudas–, que componen el 0,01% de los ciudadanos de Noruega, Suecia y Dinamarca, evaden en paraísos fiscales el 30% de sus ingresos personales e impuestos patrimoniales. La tasa media es del 2,9%. Es decir, los más acaudalados defraudan 10 veces más que la población general.

Además, el estudio revela que el patrimonio offshore está “extremadamente concentrado”offshore: ese 0,01% de los escandinavos –que incluye a las 330 mayores fortunas de Noruega, por ejemplo– posee el 50% de la riqueza de los tres países ubicada en paraísos fiscales.

Como queda dicho, estos cálculos se refieren a tres naciones cuyo nivel de pulcritud fiscal es muy superior a la media mundial. De hecho, destacan los autores, los escandinavos ocultan en paraísos fiscales el 1,8% de sus patrimonios, la mitad de la media mundial, que alcanza el 3,7%. Es más, la brecha fiscal de Suecia equivale al 6,5% de su PIB, y la de Dinamarca al 3,1%, mientras que la media de la UE asciende al 7,7% y la de España se eleva al 10,6%. Por tanto, las cifras de evasión aportadas se sitúan en el límite inferior de la clasificación mundial. “Durante las últimas cuatro décadas, las estadísticas fiscales han subestimado el aumento de la concentración del patrimonio oculto en plazas offshore”, resalta el estudio.

La evasión fiscal aumenta la desigualdad

La tesis de sus autores, en cualquier caso, no es que el aumento del patrimonio de los más adinerados estimule la evasión fiscal, sino lo contrario, que el fraude agrava la desigualdad, al concentrar aún más la riqueza en unas pocas manos. Por ejemplo, si se suma el patrimonio offshore de las 330 mayores fortunas de Noruega al patrimonio que sí declaran, su riqueza aumenta en un tercio.

El estudio cita también el caso de Estados Unidos, donde el porcentaje de riqueza en manos del 0,1% de la población, aquéllos con patrimonios por encima de los 20 millones de dólares, se ha disparado del 7% en los años 70 al 22% en la actualidad, mientras que la participación del resto de los grupos sociales ha permanecido inalterado. Según los autores, los niveles de desigualdad de Noruega, Suecia y Dinamarca son comparables a los de Francia, pero muy inferiores a los de Estados Unidos. Sin embargo, aunque el patrimonio medio es comparable en Escandinavia y EEUU, el 0,1% con mayores fortunas es el doble de rico en el país de Donald Trump que en la Europa septentrional, mientras que la clase media norteamericana es dos veces más pobre que la nórdica.

Del cruce de datos entre los contribuyentes escandinavos y los datos de la lista Falciani, se revela que el 1% de quienes superaban los 44,5 millones de dólares de patrimonio evadían impuestos a través del HSBC, 13 veces más que los ciudadanos situados en la mitad inferior del grupo de los más ricos; es decir, de los que sólo poseen entre dos y tres millones de dólares. Si el foco se pone en los papeles de Panamá, las sociedades pantalla montadas por el despacho de abogados Mossack Fonseca, resulta que la probabilidad de tener una de estas firmas fantasma es del 1,2% entre las mayores fortunas incluidas en el 0,01% más rico, pero sólo del 0,2% para el resto.

Amnistías fiscales estimulan la recaudación

Por lo que se refiere a las amnistías fiscales aplicadas en Noruega y Suecia, el cruce de datos descubre que los patrimonios de entre uno y tres millones de dólares están sobrerrepresentados en la muestra pero, aun así, el número de los ultrarricos acogidos a estas medidas de gracia equivale al 14% de ese 0,01% en la parte más alta de la distribución. En el caso noruego, la amnistía fiscal para quienes voluntariamente declararan el patrimonio oculto en paraísos fiscales empezó a aplicarse en los años 50, pero sólo a partir de 2007 el número de quienes se acogieron aumentó de forma significativa, después de que se supiera que el alcalde de Oslo poseía cuentas en Suiza. También influyó el hecho de que Suiza, Luxemburgo y Singapur aceptaran intercambiar información fiscal, primero si se lo requerían otros países y después de forma automática. Entonces se comprobó que los patrimonios de los acogidos a la amnistía eran 100 veces mayores que los del resto de los contribuyentes y que sus fortunas offshore multiplicaban por 200 sus bases imponibles declaradas.

Finalmente, los autores del estudio descartan que los ricos amnistiados sustituyan la evasión por la elusión, la ingeniería fiscal más sofisticada que aprovecha los huecos de las normas tributarias. Tras aflorar sus patrimonios ocultos, no aumentaron su participación en hóldings o acudieron con mayor frecuencia a la renta variable no cotizada o a la inversión en inmuebles. Por tanto, deducen los tres economistas, las amnistías fiscales “generan un aumento permanente de los ingresos fiscales, que no resultan erosionados por la sustitución de técnicas evasoras por otras de elusión fiscal”.

El juez De la Mata ha citado como investigados (lo que hasta hace poco se llamaba imputados) por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la llamada lista Falciani.

Los citados cmparecerán los días 12, 13 y 14 de junio en la Audiencia Nacional. El juez ha adoptado esta medida después de analizar la documentación aportada en los requerimientos realizados a las dos entidades el año pasado y después de estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Pr´ivate Bankia Suisse respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.

Estos informes, que se han ido completando desde el primero, en mayo de 2015, hasta el último, en abril de este año, reflejan una operativa de movimientos de fondos entre Santander, Santander investments y BNP Paribas, y HSBC Prívate Bank Suisse, por otro lado. En ellos se describen, según explica De la Mata en su auto, “una serie de operativas puestas de manifiesto en la instrucción, tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al erario público español, entre sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades. Tales conductas —añade el juez— a los efectos de la presente fase procesal, podrían ser constitutivas de delitos continuados de blanqueo de capitales de los artículos 301 y 303 del Código Penal”.

De la Mata explica el sistema que ha mantenido HSBC en sus cuentas de valores, tanto en Santander Investments como en BNP en España, con cuentas conocidas como “ómnibus” o cuentas globales, en las que el propietario real de los valores es desconocido y “de todas las operaciones en las que se ha podido identificar a su verdadero propietario, por medio de la información disponible en la base de datos DB2, elaborada con los datos facilitados por Hervé Falciani, en ningún caso era HSBC Prívate Bankia Suisse, todas son operaciones de sus clientes”.

El juez explica que se ha constatado en las transferencias de fondos investigadas la existencia de ordenante de de las operaciones en Suiza y de los beneficiarios en España, denunciados por delitos contra la Hacienda Pública en el marco de los procedimientos iniciados como consecuencia de la aportación de datos procedentes de Hervé Falciani.

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Prívate bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas. Desde que en 2009 se implantó la obligación de identificar a los ordenantes y a los beneficiarios, suprimiendo la opacidad existente, las operaciones de HSBC disminuyeron considerablemente, siendo ocho en 2009 y desaparecieron a partir de 2010.

El juez hace constar que HSBC era ya en 2005 una entidad financiera de alto riesgo susceptible de canalizar operaciones de blanqueo de capitales. Los peritos, según el juez, con un resultado casi infructuoso, han intentado identificar a los propietarios reales de las cuentas de valores de HSBC Prívate Bank Suisse, utilizando la información proporcionada por los custodios Santander Investments y de la sucursal en España de BNP Paribas Securitas Services. La información sobre titulares reales, salvo algunos casos concretos, se ha obtenido “sólo gracias a la base decesos DB2 construida con los datos facilitados por Hervé Falciani”.

“A pesar de todas estas manifestaciones —añade el juez— la calificación de riesgo otorgada a HSBC Prívate Bank Suisse por los responsables de Banco Santander fue “bajo”, con excepción de 2016, donde se calificó como “medio”. El juez cita como investigados a quienes eran responsables en 2005, en las dos entidades bancarias, en el ámbito de la organización de la prevención del blanqueo de capitales.

Los siete investigados del Santander son el exsecretario general en 2005 y expresidente del Comité de Análisis y Resolución de la entidad entre 2005 y 2014, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, y el exdirector del Departamento Central de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Carlos Fernández García. También los responsables vinculados a las labores de cumplimiento normativo y prevención en banca mayorista, José Manuel Arraluce Larraz y Carlos Infesta Fernández, así como Jesús Álvarez Ramírez, director del departamento Central de Prevención y encargado del área de banca privada, Jesús Rivero González, responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el departamento Central de Extranjero entre septiembre de 2005 y septiembre de 2013.

Asimismo ha sido citada Marta Mora Villarubia, responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el departamento de Instituciones Financieras entre febrero de 2006 y diciembre de 2012. De BNP Paribas tendrán que declarar como investigados, lo que antes se conocía como imputados, el director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011, José Andrés Fernández Espejel, Lucía Cuartero Lantero, integrante de este departamento en el mismo periodo, y Cristina Arévalo Olivares, directora de Operaciones entre 2005 y 2008.

El exempleado del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, anunció este miércoles durante una rueda de prensa en la localidad francesa de Divonne, a cinco kilómetros de la frontera Suiza, que no se presentará al juicio con cargos de espionaje ya que ese país "no cumple con las garantías mínimas procesales".

El autor de la denominada  lista Falciani está denunciado por el fiscal general de Suiza, Michael Lauber, y por el banco HSBC, que acusan al exempleado de "robar y vender" los datos sobre los clientes.

A pesar de ello, Falciani anunció durante la conferencia Periodismo de Investigación en tiempos de Wikileaks que mantiene su colaboración con países como Francia, España, Brasil o Italia en sus respectivas investigaciones sobre irregularidades fiscales. El informático dijo preferir “180 procedimientos de extradición en 180 países” a regresar al país que le acusa por espionaje económico, violación del secreto comercial y sustracción de datos. 

"Mi acción sigue siendo útil" aseguró y mencionó que está trabajando "con las administraciones e investigadores".