Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% en 2026, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (3%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1.552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66 %.

La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC "los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo", dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema "sea cada vez más equitativo y sólido".

La Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 12.732,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en el mismo mes de 2023, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogido Europa Press.

La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones de euros y este mes vuelve a marcar un nuevo récord tras la subida de las pensiones contributivas en un 3,8% para este año 2024. El Departamento que dirige Elma Saiz estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,5% del PIB en mayo.

En mayo de este año se han abonado 10.150.528 pensiones contributivas, un 1,3% más que hace un año, a casi 9,2 millones de pensionistas, un 1,2% más.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en mayo un 4,8% interanual, hasta los 1.441,5 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó casi un 5% interanual, hasta situarse a 1 de mayo de este año en 1.254,3 euros mensuales.

De las nuevas altas de jubilación producidas en los primeros meses del año (110.479), el 69% fueron con la edad ordinaria (76.275), mientras que un 10,5% se corresponden con la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019.

Por contra, según el Ministerio, el número de jubilaciones anticipadas se ha reducido "considerablemente", pues el 30,9% de las nuevas altas registradas en abril fueron jubilaciones anticipadas, cuando hace un año eran el 41%.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de abril la cifra récord de 12.710,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2023, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha recogido Europa Press.

La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones de euros y este mes vuelve a marcar un nuevo récord tras la subida de las pensiones contributivas en un 3,8% para este año 2024.

El Departamento que dirige Elma Saiz estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,5% del PIB en abril. En abril de este año se han abonado 10.149.834 pensiones contributivas, un 1,2% más que hace un año, a casi 9,2 millones de pensionistas, un 1,1% más.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en abril un 4,8% interanual, hasta los 1.439,1 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó casi un 5% interanual, hasta situarse a 1 de abril de este año en 1.252,3 euros mensuales.

El Fondo de Reserva, conocido como la 'hucha de las pensiones', terminará este año con 5.500 millones de euros, la cifra más elevada desde 2018, gracias a las aportaciones, por primera vez, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entró en vigor a principios de este año, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según ha informado Europa Press.

El Departamento que dirige, en funciones, José Luis Escrivá, ha destacado en un comunicado que el dinamismo del empleo está contribuyendo a reforzar el sistema mediante el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales, que crecieron a un ritmo del 9,8% hasta agosto.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha presidido esta mañana la 28º reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, primera reunión que celebra este órgano desde 2018, según ha precisado CCOO en un comunicado.

Esta comisión está también compuesta por representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como de las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y de las sindicales (UGT, CCOO, CIG y USO).

Además de Suárez, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han asistido a este encuentro el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Andrés Harto, y la interventora general, Sonia Pérez-Urría.

Para CCOO, esta reunión es "un signo más que devuelve la normalidad al sistema de pensiones y refuerza la confianza en su sostenibilidad y suficiencia".

El sindicato ha celebrado la reactivación de los trabajos de esta Comisión, que coincide con la recuperación de fondos de la llamada 'hucha' de las pensiones gracias a las medidas de ingresos adoptadas en la última reforma de pensiones (2021-2023), en concreto a la sobrecotización asociada al MEI, cuya recaudación va destinada a engrosar el Fondo de Reserva.

Esta 'hucha' se creó en la reforma de pensiones del año 2000 con el objetivo de garantizar una dotación presupuestaria con los excedentes de cotización que en aquel momento se producían y poder utilizarlos más tarde para afrontar los mayores gastos derivados de las jubilaciones de los 'baby-boomers'.

El Fondo llegó a alcanzar los 70.000 millones de euros, pero su utilización se vio anticipada a raíz de la crisis económica y financiera, "cuando se optó por adelantar su consumo en lugar de adoptar medidas de refuerzo de ingresos", ha criticado CCOO.

"Una decisión que, además de llevar el Fondo de Reserva hasta casi su liquidación, no impidió la imposición de recortes en la reforma de 2013 (revalorización y factor de sostenibilidad)", ha añadido el sindicato.

La reforma de pensiones acordada entre 2021 y 2023 ha apostado por reforzar los ingresos del sistema para garantizar su sostenibilidad y suficiencia.

Fruto de estas medidas de ingresos adicionales, el Fondo de Reserva ha vuelto a tener dotaciones durante el año 2023 y cerrará este ejercicio con un valor patrimonial que superará los 5.500 millones de euros.

Según CCOO, la cotización del MEI ha recaudado hasta la fecha unos 1.450 millones de euros, que se incrementarán progresivamente en los próximos meses hasta el cierre del ejercicio, y a los que hay que añadir los excedentes de las mutuas, que han ascendido a unos 1.168 millones de euros.

Para el sindicato de Unai Sordo, "tan importante como el resultado contable que suponen estas medidas es el hecho de que el Fondo de Reserva, pieza clave para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones a largo plazo, haya sido devuelto a la normalidad institucional recuperando sus trabajos habituales".

El Consejo de Ministros aprobó este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones, diseñada para sostener el sistema público durante las dos décadas en que la jubilación de los baby-boomers lo someterá a una fuerte tensión financiera, sin recortar la cuantía de las prestaciones. La salida del mercado de trabajo de los nacidos en los años 60 y 70, en plena explosión demográfica, supondrá que entre 2030 y 2040 habrá un 50% más de pensionistas que ahora, unos 15 millones, que además cobrarán prestaciones más elevadas, porque sus salarios serán más altos y porque aquellas subirán cada año tanto como lo haga la inflación. El aumento de gasto resultante se acompañará de las mejoras en las pensiones que incluye la reforma, como la subida de las mínimas y no contributivas y una mayor cobertura de las lagunas de cotización y de la brecha de género.

Además, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, que en el primer diseño de la reforma iba a ser neutro en términos de gasto, se ha convertido finalmente en un sistema dual, en el que se permite al trabajador elegir el número de años cotizados para determinar la cuantía de su prestación. Y ya no es inocuo: implicará un aumento de gasto que fuentes del Ministerio de Seguridad Social cifran en una o dos décimas de PIB; es decir, entre 1.300 y 2.600 millones de euros en 2044.

También la subida de las pensiones mínimas y no contributivas tendrá su coste, unos dos puntos de PIB, calcula el ministerio, unos 26.000 millones de euros al final del periodo.

Para sufragar estas medidas y hacer frente a la jubilación de los baby-boomers, la reforma prevé aumentar los ingresos del sistema elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social. De tres maneras: destopando las bases máximas de cotización, aplicando una cuota de solidaridad a los salarios más altos y duplicando el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La primera, por la que las retribuciones por encima de 53.946 euros anuales, hasta ahora exentas, tendrán que cotizar a la Seguridad Social, se traducirá en unos ingresos adicionales de entre cuatro y cinco décimas del PIB, entre 5.300 y 6.600 millones de euros cuando la reforma se haya aplicado íntegramente –el destope será progresivo a lo largo de 25 años, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales–. Como la pensión máxima para esos salarios aumentará menos –lo que crezca el IPC más un alza de 0,115 puntos porcentuales–, ese decalaje entre base máxima y pensión máxima permitirá conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones.

La cuota de solidaridad, que se aplicará sobre la parte del salario que exceda de los 53.946, permitirá recaudar algo más de una décima de PIB, por encima de 1.300 millones de euros. Finalmente, esa cuota sólo la pagarán los asalariados del Régimen General, pero no los autónomos. Pese a que era una de las peticiones en la que más habían insistido los sindicatos, el ministerio ha excluido a los trabajadores por cuenta propia por una cuestión de “prudencia”, explican fuentes del departamento de José Luis Escrivá. El nuevo régimen de cotización por ingresos reales, argumentan, acaba de ponerse en marcha y no estará maduro hasta 2032, por lo que han preferido no introducir un elemento adicional en el esquema antes de saber cómo evoluciona.

La tercera fuente de nuevos ingresos del sistema, el MEI, permitirá que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, acumule más de 120.000 millones de euros en 2040, según aseguró el propio José Luis Escrivá tras el Consejo de Ministros. La cifra casi duplicaría el máximo histórico de la hucha, 67.000 millones en 2011. Desde entonces, los sucesivos desembolsos a los que obligó el déficit en que ha incurrido la Seguridad Social la dejaron casi vacía. Este año, el primero en que se va a aplicar el MEI, está previsto que se le ingresen unos 2.900 millones de euros. Será gracias al 0,6% en que está fijado el recargo. La reforma prevé que se duplique, hasta el 1,2% y de forma gradual, en 2029.

Con estos ingresos adicionales de la segunda fase de la reforma y los que el ministerio calcula que obtendrá gracias a las medidas de la primera para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, incentivando el alargamiento de la vida laboral –1,4 puntos de PIB, unos 19.000 millones de euros–, el ministerio considera que sumará al final del periodo 3,5 puntos de PIB, unos 46.000 millones de euros, para financiar el sistema sin recortar las pensiones.

Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, el ministerio se ha ganado también el de dos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A petición del PDeCAT, la reforma ha incorporado a la cuota de solidaridad tres tramos para hacerla más progresiva. Los que superen en un 10% la base máxima pagarán un 0,92% en 2025 por la parte que exceda de ese tope. Si superan entre un 10% y un 50% la base máxima, se les aplicará un recargo del 1%. Y si superan el 50%, el recargo será del 1,17%. En 2045, la cuota se elevará al 5,5% para el primer tramo, el 6% para el segundo y el 7% para el tercero.

Con EH-Bildu, el Ejecutivo ha pactado mejorar las pensiones mínimas de viudedad, de forma que se equiparen a las contributivas de jubilación. Así, pasarán de los 6.785 euros al año actuales a subir de forma gradual hasta alcanzar los 8.250 euros en 2027.

También será progresiva la aplicación del sistema dual para calcular la cuantía de la pensión. Desde 2027 y hasta 2040, se ampliará el periodo de cómputo a razón de cuatro meses por año, desde los 25 años actuales hasta llegar a 29 años, de forma que en 2027 el trabajador que se jubile podrá elegir entre hacer el cálculo con 25 años de cotización o con 25 años y cuatro meses descartando los dos peores meses. No será hasta 2038 cuando se puedan desechar los dos peores años de entre los últimos 29 cotizados. De 2038 a 2040 seguirán conviviendo ambos periodos de cálculo. Y desde ese año los trabajadores podrán aún elegir como periodo de cómputo 25 años y seis meses en 2041, 26 años en 2042 y 26 años y seis meses en 2043. En 2044 sólo podrán calcular la cuantía de la pensión basándose en lo que hayan cotizado durante 29 años. El motivo de esta gradación no es otro que impedir que los trabajadores a quienes les resulte más beneficioso utilizar el periodo de 25 años se jubilen de golpe anticipadamente para evitar la obligatoriedad de los 29 años, explican fuentes del ministerio.

“Es una reforma para quedarse”, resumen las mismas fuentes, en referencia al mecanismo automático que permitirá la “supervisión” del gasto público en pensiones y obligará a tomar medidas adicionales si se produce alguna desviación del gasto previsto. En un primero momento, será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la encargada de evaluar el impacto de las medidas sobre el sistema. Si el gasto medio bruto supera el 15% del PIB –el actual se sitúa en el 12%–, el Gobierno deberá adoptar medidas para eliminar el exceso: aumentando aún más las cotizaciones, por ejemplo, o bien utilizando otra fórmula para elevar los ingresos, pero también “reduciendo el gasto en pensiones en porcentaje del PIB” o combinando ambas opciones, tal y como reza el borrador del real decreto-ley recién aprobado.

El Ejecutivo deberá negociar esas nuevas medidas con los sindicatos, la patronal y los grupos parlamentarios y, si no consigue sacarlas adelante antes del 1 de enero del año siguiente, el MEI se aumentará automáticamente para compensar en dos décimas el exceso de gasto hasta que se aprueben las iniciativas destinadas a controlarlo. El Ministerio de Seguridad Social cree que el sistema funcionará aunque cambien los gobiernos. Las citadas fuentes resaltan que han tratado de “darle atractivo” a esta “cláusula de cierre” precisamente para que futuros Ejecutivos no se desvíen de ella. Su intención, dicen, era “hacer un diseño muy suave”. “Si impones condiciones políticas insostenibles para otros gobiernos, no las aplicarán”, explican, “es algo que hemos aprendido del fracaso de modelos pasados”, en referencia a la reforma de pensiones aprobada en solitario por el PP en 2013 y derogada ahora.

El ministerio, además, fía buena parte del éxito de la reforma al mercado de trabajo, cuyo comportamiento no dudan en calificar de “sorprendente”. Según sus previsiones, la tasa de desempleo española terminará en niveles parecidos a los del resto de la Unión Europea; es decir, por debajo del 10%. Ahora se encuentra en el 12,9% y el mínimo histórico fue del 8,6% en 2007. “El paro a doble dígito está abocado a desaparecer”, auguran. Por tanto, será posible, por ejemplo, rebajar la actual cotización para la prestación por desempleo que, como indicó el ministro este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, es mayor que en el resto de Europa. Seguridad Social contesta así a las críticas de la CEOE al aumento de cotizaciones sociales, que han descalificado como ejemplo de “voracidad recaudatoria” y como una amenaza para la creación de empleo y el aumento de los salarios. 

El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, ha aprobado este jueves la segunda fase de la reforma de las pensiones, que contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores, ha recogido Europa Press.

La reforma, acordada con CCOO y UGT y rechazada por CEOE, se ha aprobado como Real Decreto-ley, aunque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha abierto a tramitarla como proyecto de ley en el Congreso para que los diferentes grupos parlamentarios puedan negociar la introducción de enmiendas.

Esta segunda pata de la reforma de pensiones, que ha sido negociada con Bruselas y cuenta con el aval de Unidas Podemos, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de fondos europeos. Con ella se completa el paquete total de cambios en el sistema de la Seguridad Social adoptados en esta legislatura y recogidos en el Plan de Recuperación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno está "muy satisfecho" con esta reforma, en tanto que el ministro Escrivá ha subrayado que esta norma "culmina la modernización" del sistema de pensiones y supone un "reforzamiento extraordinario" del primer pilar del Estado de Bienestar.

"Son 11 millones de personas que son pensionistas en este momento y a los que estamos trasladando un mensaje extraordinariamente potente de que sus pensiones no solamente están garantizadas, sino que, con un marco extraordinariamente robusto de sostenibilidad, lo van a estar de forma indefinida", ha resaltado Escrivá.

La nueva reforma de las pensiones supondrá un incremento de casi 20.000 euros en la futura jubilación de los trabajadores de 25 años y de casi 5.000 euros en empleados que se jubilen en 2027, según las proyecciones del Ministerio.

El Departamento que dirige Escrivá estima que la reforma implicará un "sustancial" aumento de la pensión, en buena medida por la progresiva subida de la sobrecotización que establece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,6% al 1,2% en 2029.

Los ingresos conseguidos a través del MEI irán destinados a engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada hucha, que según el ministro llegara a acumular unos 120.000 millones de euros, que se irán desembolsando entre principios de la década de 2030 y hasta los primeros años de 2050 para que el sistema afronte las tensiones financieras derivadas de las jubilaciones de los baby boomers.

Frente a las advertencias de la CEOE, Escrivá ha negado que esta reforma vaya a poner en riesgo "en ningún caso la extraordinaria" evolución del empleo, con casi un millón de empleos más que en prepandemia y un primer trimestre del año que presentará cifras récord, con en torno a 250.000 empleos más.

Éstas son algunas de las principales medidas que recoge la segunda pata de la reforma de pensiones:

Esta podrá calcularse o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años. Esta nueva opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2027 a 2038, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).

Hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y los últimos 25 años, mientras que entre 2041 y 2043 la opción de 25 años irá subiendo a razón de seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años (menos los dos peores). A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores). De oficio, mientras existan las dos alternativas, la Seguridad Social siempre aplicará la más ventajosa para el trabajador.

Se establece una cotización para la parte del salario que no cotiza por superar la base máxima de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).

La actual sobrecotización del MEI, del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año y con la siguiente distribución: 1% a cargo de la empresa y 0,2% a cargo del trabajador. Esta sobrecuota se mantendrá en el 1,2% de 2030 a 2050 y podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB.

Las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más un cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050. El Gobierno evaluará cada cinco años en el marco del diálogo social la subida de las bases máximas de cotización y remitirá un informe a la Comisión del Pacto de Toledo.

Las pensiones máximas se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un alza aproximada del 3%. A partir de 2051 y hasta 2065 se producirán incrementos adicionales para que al final del periodo, en 2065, la pensión máxima haya subido de manera acumulada un 20%. A partir de ese año se valorará la conveniencia de alcanzar un incremento total del 30%.

Se establece una senda de convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que, desde 2027, no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Así, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, irán subiendo entre 2024 y 2027 de manera progresiva, por encima de la revalorización media de las pensiones, por tanto, por encima del IPC.

El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales (1.178,5 euros al mes por catorce pagas), un 22% más que ahora.

Estas crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

La cobertura de lagunas de cotización se mejora para las mujeres y el complemento de la brecha subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 'fiscalizará' la reforma a fin de que el gasto en pensiones no supere el 15% del PIB. Para ello, publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y cada tres años, un informe de análisis sobre cómo van evolucionando los ingresos.

En caso de que detecte un exceso del gasto en pensiones, se propondrá al Pacto de Toledo medidas para eliminarlo vía aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa que eleve los ingresos o reduzca el gasto en pensiones o una combinación de ambas.

En todo caso, se prevé que, si estas medidas se retrasan en el tiempo, la cotización del MEI aumente para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.

El Gobierno evaluará cada cinco años en el marco del diálogo social la subida de las bases máximas de cotización contemplada en la segunda pata de la reforma de las pensiones y remitirá un informe sobre el tema a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, según consta en el borrador de la segunda fase de la reforma de pensiones, al que ha tenido acceso Europa Press.

La reforma, que seguirá negociándose este lunes con los agentes sociales a partir de este borrador, establece varias medidas para elevar los ingresos del sistema, entre ellas el destope de las bases máximas, que subirán entre 2024 y 2050 el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

En paralelo al aumento de las bases máximas también subirá la pensión máxima, aunque no al mismo ritmo. Lo que se sabía hasta ahora es que el Gobierno había propuesto que la pensión máxima se revalorizara cada año del periodo 2025-2050 con el IPC anual más una subida adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050.

A partir de 2050 y hasta 2065 se habían previsto incrementos adicionales, aunque el pasado viernes, cuando el Ejecutivo presentó sus medidas a los agentes sociales, no se precisaron tales incrementos.

Sin embargo, el Gobierno sí detalla en el borrador cuánto quiere que suba la pensión máxima entre 2051 y 2065 para ir acompasándola al destope de las bases máximas. En concreto, pretende que, en dicho periodo, la pensión máxima suba el IPC anual más un incremento adicional que irá desde el 3,2% hasta el 20%, dependiendo del ejercicio.

Así, el texto detalla que este incremento adicional al IPC que experimentarán las pensiones máximas causadas desde 2051 hasta 2065 será del 3,2% en 2051; del 3,6% en 2052; del 4,1% en 2053; del 4,8% en 2054; del 5,5% en 2055; del 6,4% en 2056; del 7,4% en 2057; del 8,5% en 2058; 9,8% en 2059; del 11,2% en 2060; del 12,7% en 2061; del 14,3% en 2062; del 16,1% en 2063; del 18% en 2064, y del 20% en 2065.

Al finalizar ese periodo, en 2065, el texto establece que se valorará en el marco del diálogo social la conveniencia de mantener el proceso de convergencia con el destope de las bases máximas de cotización hasta alcanzar un incremento total del 30%.

Lo que se persigue de este modo es que el grueso de la subida de la pensión máxima se concentre a partir de 2050, que es cuando la Seguridad Social calcula que finalizarán las tensiones financieras por las jubilaciones de los baby boomers. De ahí que las bases máximas de cotización y la pensión máxima no vayan a subir en los próximos años al mismo ritmo.

También con la finalidad de elevar los ingresos del sistema para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de los baby boomers, el Ejecutivo propone duplicar la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Ésta, que actualmente es del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año, haciéndose cargo la empresa del 1% y el trabajador, del 0,2%. El borrador establece que desde el año 2030 hasta 2050 se mantendrá este mismo porcentaje del 1,2%, con igual distribución entre empresario y trabajador.

Esta sobrecotización es de carácter finalista y tiene por objetivo engordar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones. El Gobierno precisa en el borrador que esta sobrecuota no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna, ni objeto de disminución por la aplicación de coeficientes correctores.

La disposición de los activos del Fondo de Reserva sólo puede destinarse, exclusivamente, a financiar las pensiones contributivas. El Ejecutivo precisa en el borrador que, desde 2033, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá para cada ejercicio el desembolso anual a efectuar por la hucha en términos de porcentaje del PIB.

Pero habrá un límite máximo para cada ejercicio del periodo 2033-2053 que el Ejecutivo detalla en el borrador. En concreto, el desembolso máximo anual del Fondo de Reserva se establece en el 0,08% del PIB para 2033; en el 0,10% para 2034; en el 0,12% para 2035; en el 0,14% para 2036; en el 0,17% para 2037; en el 0,20% para 2038; en el 0,23% para 2039; en el 0,26% para 2040; en el 0,29% para 2041; en el 0,32% para 2042; en el 0,35% para 2043; en el 0,38% para 2044; en el 0,41% para 2045; en el 0,43% para 2046; en el 0,46% para 2047; en el 0,53% para 2048; en el 0,60% para 2049; en el 0,87% para 2050; en el 0,37% para 2051; en el 0,22% para 2052, y en el 0,09% para 2053.

También con el objetivo de mejorar los ingresos del sistema, la propuesta del Gobierno plantea la creación de una "cuota de solidaridad" sobre la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, que será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).

Otras novedades que plantea el borrador son la creación de un observatorio para mejorar la prestación por cese de actividad de los autónomos y el compromiso del Gobierno de hacer llegar en seis meses al Pacto de Toledo una propuesta para reformar la jubilación parcial.

El borrador establece que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y con periodicidad trienal, un informe de evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema en el periodo 2022-2050.

La AIReF tendrá que calcular el impacto medio anual de estas medidas en porcentaje del PIB para este periodo, utilizando los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea.

Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no podrá superar el 15% del PIB. Si supera ese 1,7% del PIB, el gasto en pensiones no podrá supere el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%. Y si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7% del PIB, el gasto no podrá superar el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%.

En caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, el Gobierno solicitará a la AIReF en el plazo de un mes un informe de impacto de las medidas y propondrá posibles medidas para eliminar el exceso de gasto. Además, negociará con los agentes sociales el envío de una propuesta al Pacto de Toledo para corregir este exceso de gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa para incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas.

Como resultado de estas negociaciones, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas apropiadas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente.

En caso de que la ley con las medidas correctoras del exceso del gasto neto en pensiones no entrara en vigor el 1 de enero del año siguiente, la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.

El Gobierno ha presentado una propuesta, previo pacto entre PSOE y Unidas Podemos y con el aprobado de Bruselas, que elevará los ingresos del sistema público para financiar la mejora de las pensiones y afrontar la jubilación de los baby-boomers. No habrá recortes ni pérdida de derechos, subrayan, pero sí hará falta afrontar un mayor gasto; por tanto, serán necesarios más recursos. Esta segunda parte de la reforma de las pensiones, necesaria para cumplir con los compromisos del Plan de Recuperación, incorpora así la mayor parte de los planteamientos defendidos tanto por los sindicatos como por los socios de la investidura: reforzar los ingresos para garantizar, por un lado, la sostenibilidad del sistema y, por otro, la suficiencia de las pensiones, revalorizándolas con el IPC, mejorando las mínimas y cubriendo lagunas de cotización. Pero se ha dado de bruces con el feroz rechazo de la patronal, puesto que el Gobierno plantea que ese aumento de los ingresos se consiga elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social.

Fuentes de la Vicepresidencia segunda y de Unidas Podemos cifran en unos tres puntos porcentuales del PIB el aumento que sufrirá el gasto público en pensiones hasta 2050: pasará del 12% del PIB actual al 15,5% en esa fecha. Cada vez habrá más jubilados y sus pensiones serán más altas; además, si la inflación sigue en los niveles actuales, actualizarlas saldrá más caro y, finalmente, las medidas incluidas en la reforma para cubrir lagunas de cotización, cerrar la brecha de género y mejorar las pensiones mínimas tienen un coste adicional. “La financiación de ese aumento del gasto se basará en las aportaciones que hagan las empresas por los salarios más altos”, explican. En concreto, los que se sitúan por encima de la actual base máxima de cotización: 53.946 euros anuales.

Hasta ahora, todo lo que un trabajador cobra por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. El Ejecutivo quiere que ese tope vaya subiendo de forma progresiva entre 2024 y 2050, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Pero la pensión máxima para esos salarios aumentará menos: lo que crezca el IPC más un alza de 0,0115 puntos porcentuales. Con ese decalaje entre base máxima y pensión máxima se pretenden conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones. “Así nos alinearemos con los países de nuestro entorno: la base máxima en Italia supera los 8.000 euros mensuales y la media de la UE está en 6.000 [4.495,50 euros en España]”, apuntan las citadas fuentes.

Además, el Gobierno propone cobrar desde 2025 una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supere la base máxima. Empezará siendo del 1%, pero crecerá a un ritmo de 0,25 puntos anuales hasta llegar al 6% en 2045. Se aplicará sólo sobre la cantidad que exceda de esos 53.946 euros anuales, precisan fuentes del Ministerio de Seguridad Social, no sobre el salario total.

Según subrayan las fuentes de la Vicepresidencia y de Unidas Podemos, se trata de “obtener recursos procedentes de los beneficios empresariales gravando los salarios más elevados”. De hecho, aseguran que la reforma de las pensiones conseguirá la “redistribución de renta, del capital a los salarios, que no ha sido posible con la reforma fiscal que no se ha llegado a aprobar, la mayor redistribución junto con la reforma laboral y la subida del salario mínimo”. Las fuentes no dudan en considerar la reforma “un giro copernicano en la concepción del sistema de pensiones”, al tratarse de un acuerdo “volcado en los ingresos”. Por ese motivo, también han destacado que sea ésta la “primera vez que la Unión Europea asume que el problema [del sistema público de pensiones] no es el gasto”.

El aumento de ingresos también requiere cambios en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), creado en 2021 y en vigor desde el pasado mes de enero. Destinado a sustituir al Factor de Sostenibilidad de la reforma aprobada por el PP en 2013, consiste en un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social del 0,6% –0,5% pagado por la empresa y 0,1% por el trabajador–. La recaudación engrosará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, pensado para hacer frente a tensiones de gasto, las que se producirán por la jubilación de los baby-boomers, por ejemplo. La propuesta del Gobierno ahora es aumentar ese recargo de forma progresiva, desde el 0,6% actual hasta el 1,2% en 2029, a razón de una décima anual.

El cambio de enfoque ha sido saludado por CCOO y UGT, pero demonizado por la CEOE, que critica la “voracidad recaudatoria” del Gobierno y tacha de “populistas” sus propuestas. En un comunicado muy duro para expresar su “más frontal oposición” al diseño de la reforma de las pensiones que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó este viernes a sindicatos y patronal, la CEOE rechaza que se haga recaer “el sostenimiento del sistema en los trabajadores y las empresas”, mediante una subida “generalizada de cotizaciones” que, advierte, “mermará los salarios”, aumentará los costes laborales y pondrá en peligro la creación de empleo.

La patronal llega a asegurar que el acuerdo con Bruselas es una “cesión de soberanía sin precedentes” y que la reforma se ha elaborado “sin el necesario debate y diálogo social”, además de vulnerar el Pacto de Toledo y carecer de un análisis de impacto. Es más, la CEOE advierte de que el aumento de cotizaciones previsto “socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales”. Es un claro aviso a navegantes. Precisamente, el próximo lunes, los empresarios están citados con los sindicatos para reanudar las negociaciones del Acuerdo Nacional de Salarios, suspendidas el pasado mes de mayo. La intención de CCOO y UGT es reclamar subidas salariales del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024. También piden una cláusula de revisión salarial –el motivo que bloqueó la negociación el año pasado–, que además de garantizar el poder de compra de los salarios incluya un indicador que refleje los beneficios de las empresas y sectores.

El Ministerio de Seguridad Social, en cambio, rebaja el impacto que el aumento de las cotizaciones tendrá en los costes laborales por hora. Según sus cálculos, el máximo efecto se producirá en 2050, pero no superará los 37 céntimos, un aumento del 1,6%. En 2030, el impacto será sólo de 23 céntimos. “Son niveles que preservan la competitividad de las empresas españolas, con costes laborales por hora que se sitúan 10 euros por debajo del promedio de la zona euro, 15 euros por debajo de Francia o 14 euros por debajo de Alemania”.

En la misma dirección que la patronal ha formulado su crítica el PP. “El camino debería ser justo lo contrario”, sostuvo el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, tras criticar el aumento de cotizaciones propuesto por el Gobierno que, en cualquier caso, “no asegura la sostenibilidad de las pensiones”. Por el contrario, ERC ha alabado la apuesta por mejorar los ingresos de la Seguridad Social como una garantía del futuro de las pensiones, como también la subida de las pensiones mínimas y los cambios respecto a las lagunas de cotización, que a su juicio “reparan injusticias de género”.

La medida más polémica de la reforma inicial presentada el pasado noviembre por el ministro Escrivá fue la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Entonces pretendía aumentarlo de los 25 años actuales a 30, pero descartando los dos peores años de cotización. La iniciativa suscitó el rechazo inmediato tanto de Unidas Podemos y de los socios de la investidura como de los sindicatos. Así que ahora se ha optado por dejar a la libre elección del trabajador si quiere utilizar el periodo de cómputo en vigor, 25 años, o si prefiere ampliarlo a 29 años descartando los dos peores. Esta fórmula no se empezará a aplicar hasta 2026.

Tras presentar su primer diseño, José Luis Escrivá repetía que la ampliación del periodo de cálculo era “neutra” para el conjunto del sistema: ni aumentaría ni recortaría el gasto. El ahora planteado, en cambio, no lo será, admiten fuentes de la Vicepresidencia y de Unidas Podemos. “Implicará un cierto coste, pero será inferior al diseño de ingresos”, apuntan sin desvelar la cuantía.

Tampoco precisan el aumento de gasto que supondrá otra de las medidas estrella de la reforma, la mejora de las pensiones mínimas con una fórmula similar a la que se utiliza para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las mínimas contributivas se subirán de forma progresiva hasta que alcancen el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos, mientras que las no contributivas deberán igualar en 2027 el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Unos 2,64 millones de personas cobran en España pensiones mínimas –por debajo de 783 euros– y no contributivas –las que perciben quienes no han cotizado 15 años–.

Además, la reforma permitirá cubrir lagunas de cotización para quienes, sobre todo mujeres, no hayan podido contribuir porque abandonaron el mercado laboral en algún momento de su carrera profesional. Esos vacíos se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros cuatro años y con el 50% a partir de ese plazo. Finalmente, se aumenta un 10% el complemento de brecha de género en las pensiones.

El próximo lunes volverá a reunirse la mesa del Diálogo Social para analizar los detalles de la propuesta del Gobierno y solventar las “carencias” que aún ven los sindicatos. Mientras, el Ejecutivo deberá convencer al resto de sus socios en el Congreso –PNV, EH-Bildu, ERC, BNG, Compromís, Más País— de las bondades de la reforma. El plan del Ejecutivo es aprobar un real decreto-ley de forma inmediata, que deberá ser convalidado en la Cámara Baja. Una vez validado por Bruselas, quedará liberado el siguiente pago de los fondos de recuperación, 10.000 millones de euros.

Juana está satisfecha con su primera paga de 2023. Es una mujer mayor, viuda, siempre muy combativa y comprometida socialmente. Cada vez que me ve, me pregunta por las pensiones, si van a subir y cuánto. Es lógico y natural, la suya es modesta. Pero, dentro de esa modestia, en los últimos años ha visto cómo ha ido aumentando, mucho más de lo que lo hizo en el pasado. El año 2022 ha sido duro para la mayoría, la inflación ocasionada por la guerra de Putin ha encarecido productos y energía, poniéndoselo especialmente difícil a personas que, como Juana, llegan con dificultades a fin de mes. Pero la intervención decidida del Gobierno de Pedro Sánchez, con las ayudas del escudo social y con la llamada excepción ibérica que ahora copia el resto de Europa, ha suavizado el impacto que, de otro modo, hubiese sido catastrófico. Además, la apuesta por la revalorización de las pensiones ha resultado ser determinante en estos momentos. De haber gobernado el Partido Popular, habría repercutido sin dudarlo el alza de los precios en las personas más necesitadas y con mayor vulnerabilidad.

Ahora, en cambio, las y los pensionistas gozan de un incremento del 8’5% que alcanza el 15% en el caso de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y también para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital. La pensión media tiene un aumento mensual de 107 euros y no de tan solo 2’39 euros mensuales como habría ocurrido de estar en la presidencia Feijóo o Díaz Ayuso o quien quiera que sea el líder del PP, porque una ya no sabe muy bien qué deriva tiene y tendrá el principal partido de la oposición. La de este año es la mayor subida de la historia de las pensiones en España y afecta favorablemente a 9 millones de pensionistas que ingresarán una media de 1.500 euros anuales más. Tras seis años de gobierno socialista, la pensión media se sitúa en 1.274 euros. Si hubiese estado al mando el Partido Popular, con su 0’25% de incremento, cada pensionista habría dejado de ingresar unos 200 euros mensuales. A la derecha le hubiese dado igual la carestía de la vida, no en vano puso todos los palos en las ruedas al Pacto de Toledo y votó en contra de la revalorización de las pensiones. Las repercusiones las hubieran sufrido no solo los actuales pensionistas, sino que la devaluación de las pensiones tendría efectos por la pérdida de poder adquisitivo en el futuro para las personas actualmente en activo y que se jubilarán en 2030, 2040 o 2050.

En torno a las pensiones circula siempre una sombra alargada que promueve la derecha para incentivar los planes privados, el bulo de que serán insostenibles a medio y largo plazo. Cierto es que empiezan a jubilarse los llamados “baby boomers”, generación del auge demográfico que abarca a las personas nacidas a finales de los cincuenta, en los sesenta y setenta del siglo pasado. Pero no es menos verdad que, a diferencia del PP, que vació 60.000 millones de la hucha que garantiza la sostenibilidad y los desvió para otros menesteres, el PSOE la ha vuelto a llenar, presupuestando nuevos ingresos que suponen un colchón de cara al futuro, por si es necesario. Por si esto fuera poco, hay más empleo, de mayor calidad y más estable que antes de la pandemia y que cuando gobernaba el PP. Actualmente en España se superan los 20’5 millones de personas ocupadas, algo inédito y muy positivo para engrosar las arcas de las Seguridad Social y hacer posible que el Estado siga pagando pensiones, aunque haya más personas beneficiarias. De hecho, el gasto en España en pensiones en relación al PIB es más bajo que el de muchos de los países del entorno, como Francia o Italia.

Resulta inconcebible que sean los que menos tienen los que paguen el pato. Para tener una vida digna, es imprescindible tener una pensión digna y, por ende, un salario digno. El Salario Mínimo Interprofesional también ha subido en los últimos años de manera inaudita. De los 735’9 euros de 2018 a los 1.080 de este año. Estos incrementos salariales, junto con la reforma laboral que afianza la contratación estable, beneficia de manera muy especial a mujeres y a jóvenes, que son quienes acumulan mayor índice de bajos salarios y precariedad en el empleo.

Mientras, muchas grandes empresas se resisten a repartir una mínima parte de sus beneficios entre los trabajadores en forma de aumentos salariales. Mientras, la patronal se ausenta del diálogo social y amenaza con un freno en el empleo, como ya hiciera en anteriores incrementos del SMI y no ocurrió. Mientras, el Partido Popular augura, cual gurú de pacotilla, un otoño negro en economía, aunque la realidad y los indicadores se empeñen una y otra vez en desmentirlo. Los que se empecinan en que todo vaya mal están en horas bajas. No lo lograrán, no al menos mientras el Partido Socialista esté gobernando. Y Juana y las muchas Juanas de este país podrán dormir tranquilas.

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Lidia Guinart es diputada en el Congreso de los Diputados del Partido de los Socialistas de Cataluña en la actual legislatura (XIV) y también lo fue en la anterior (XIII)

El sindicato USO ha pedido al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores que crea el Mecanismo Red, los nuevos ERTE permanentes. En concreto, USO cree que el mecanismo diseñado para las crisis sectoriales –también hay Red cíclicos, como el que se va a aplicar a las agencias de viajes– es contrario a la libertad sindical porque sólo se permite activarlo a los sindicatos “más representativos a nivel estatal”, lo que excluye a USO, entre otras centrales sindicales.

Los Red sectoriales facultan a las empresas solicitar la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada de sus plantillas para recualificarlas y hacer frente así a “cambios permanentes” o “necesidades de transición profesional”. A cambio, los trabajadores reciben prestaciones y las empresas se benefician de descuentos en las cuotas a la Seguridad Social. El mecanismo es autorizado por el Consejo de Ministros, pero las patronales y los sindicatos “más representativos a nivel estatal” pueden instar su activación a través de una comisión tripartita donde se sientan con el Gobierno.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, USO argumenta que así diseñado, el mecanismo deja fuera a sindicatos que, aun no siendo más representativos a escala nacional, sí lo son en determinados sectores. Para tener esa representatividad la ley establece que deben obtener el 10% de los delegados o miembros de comité de empresa en las elecciones sindicales celebradas en todo el país. Sólo dos cumplen ese requisito: CCOO y UGT. En el ámbito autonómico, deben alcanzar el 15% de los delegados o miembros de los comités. Son tres: ELA-STV y LAB en el País Vasco y CIG en Galicia.

Pero también los hay que son los más representativos en un sector porque poseen el 10% de los delegados o miembros de comités de empresa. Es el caso de USO entre los tripulantes de vuelo, los vigilantes de seguridad o los trabajadores de la limpieza, asegura el sindicato. Pero también de otros como Satse en la enfermería o de CSIF en las administraciones públicas.

Es decir, advierte USO, puede darse el caso de que CCOO y UGT, aun sin representatividad en determinados sectores o siendo minoritarios en ellos, insten la activación de un Red, mientras que los sindicatos con más delegados queden excluidos del mecanismo.

Además, a estos se les priva del derecho a la información, la que el citado artículo obliga a proporcionar a sindicatos y patronal antes de que decida el Consejo de Ministros, pero también la que sobre el sector afectado y su tejido productivo el Gobierno debe facilitar a los agentes sociales transcurrido un año de la puesta en marcha de un Red, para evaluar posibles modificaciones.

USO ha acudido al Defensor del Pueblo porque los sindicatos no pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley. Según la Constitución, sólo están legitimados, además del presidente del Gobierno, 50 diputados y 50 senadores. También el Defensor del Pueblo. En cualquier caso, USO pide al organismo encabezado por Ángel Gabilondo que advierta al Gobierno de que, aun reconociendo la legalidad de que los sindicatos más representativos a nivel estatal formen parte de la comisión tripartita, esa mención no es “ni exclusiva ni excluyente” de otras centrales sindicales representativas en otros ámbitos. El Defensor del Pueblo ya ha emitido recomendaciones similares en Cantabria, por ejemplo, donde USO ha conseguido entrar en el Consejo Económico y Social autonómico tras una larga disputa con CCOO, UGT y el Gobierno de Miguel Ángel Revilla.

El Defensor del Pueblo tiene un plazo de tres meses para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional desde que la ley en cuestión se publica en el BOE. Por tanto, deberá interponerlo antes de que acabe marzo, puesto que el real decreto-ley de la reforma laboral se publicó el 30 de diciembre.

El sindicato USO libra una batalla permanente para conseguir acceso a todo tipo de organismos, foros y comisiones públicos donde sólo se sientan CCOO y UGT como sindicatos más representativos. Y ha ganado algunas. La última, el pasado mes de septiembre, cuando la Audiencia Nacional falló a su favor e hizo posible su presencia en el Consejo de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Fomento. “No resulta razonable ni objetivo que se limite la participación a los sindicatos más representativos, cuando las funciones del Consejo de Desarrollo Sostenible exceden de la representación institucional, siendo más correcto, de acuerdo con el derecho fundamental a la libertad sindical, admitir la participación de otras organizaciones sindicales de carácter nacional, aun cuando no tengan el carácter de más representativas”, establece la sentencia de la Sala de lo Contencioso, que alude a la jurisprudencia asentada por el Supremo y el Constitucional en el mismo sentido.

Además, en 2012, USO consiguió que le permitieran abrir el procedimiento para fijar coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación, a lo que sólo tenían derecho CCOO y UGT. Dos años antes, pudo sentarse en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo. En 2006, el Supremo reconoció que USO podía participar en la comisión de seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la hucha de las pensiones. Pero ya en 1990 el Tribunal Constitucional había permitido al sindicato integrarse en la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales, donde hasta entonces sólo estaban CCOO y UGT.

Los argumentos de ambos sindicatos a favor de su participación exclusiva en estos y otros órganos se basa en que la “diferencia de trato” es “constitucionalmente admisible”, porque se basa en “un criterio objetivo e imparcial como es la mayor representatividad”. Ésta, sostienen, les otorga “un régimen particular” con una serie de “prerrogativas” que no se reconocen a los sindicatos que “no gozan de ese nivel de audiencia electoral”.

Las pensiones contributivas subirán en 2022 un 2,5% con la nueva fórmula de revalorización recogida en el proyecto de ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor). Informa Europa Press.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes el dato adelantado del IPC de noviembre, con lo que es posible anticipar cuánto se revalorizarán las pensiones contributivas en 2022 haciendo la media de los doce meses anteriores, en este caso diciembre 2020-noviembre de 2021.

El cálculo obtenido es del 2,5%, con lo que las pensiones contributivas subirán el próximo año en torno a dicho porcentaje, mientras que las mínimas y no contributivas aumentarán un 3%.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, recientemente aprobados en el Congreso, no contemplaban la cifra concreta en que subirán las pensiones contributivas el próximo año porque se desconocía el dato de inflación al que está vinculada su revalorización, pero sí recogía la subida de las mínimas y no contributivas.

En todo caso, habrá que esperar a conocer el dato definitivo del IPC de noviembre, que el INE publicará el próximo 15 de diciembre, para confirmar el porcentaje exacto de subida de las pensiones de 2022, aunque los datos definitivos de IPC apenas suelen variar, si acaso alguna décima arriba o abajo.

Según el INE, el IPC interanual de noviembre se situó en el 5,6%, de acuerdo a su estimación inicial.

Además de tenerse en cuenta para calcular la revalorización anual de las pensiones, el IPC también es la medida de lo que se conoce como paguilla, es decir, la paga que deben recibir los pensionistas en caso de desviación de los precios respecto a la revalorización inicial de las pensiones (en 2021 la subida fue del 0,9%).

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cifrado el coste de esta paga compensatoria en unos 1.900 millones de euros, que se abonarán en el mes de enero a los pensionistas pero con efecto presupuestario en 2021.

Esta cifra hay que duplicarla, ya que a la parte de compensación por la desviación de los precios hay que sumarle la misma cuantía para consolidar la nómina de las pensiones de cara a 2022 (otros 1.900 millones). Por tanto, el monto total de la paguilla rondará los 3.800 millones de euros.

Cuando se habla del futuro de las pensiones, no sólo está en juego el futuro de las pensiones. Hay mucho más.

De cómo se resuelva –o no– la cuestión, y de los términos en que se desarrolle el debate, dependerá el compromiso con el Estado del bienestar de la conocida como generación del baby boom,baby boom la última en la que predomina la certidumbre sobre el porvenir, la que actualmente declara más simpatía por el PSOE, y que podría ser empujada hacia la ansiedad y de ahí hacia el individualismo.

Así lo advierten los datos, estudios y análisis recabados por infoLibre, que también apuntan a que está en juego la quiebra de la ya debilitada confianza en el presente y el futuro de los grupos jóvenes. Se trata de las generaciones nacidas desde finales de los 70, que ya dan muestras de desarraigo y que ahora, además de sufrir la avería del ascensor social, asisten al envejecimiento de una generación tapón numerosa y costosa justo antes que ellas. ¿Impacto de todo ello en el voto? Certezas no hay. Pero sí un pronóstico mayoritario: a más dudas sobre el sistema público de pensiones, mejores perspectivas para la antipolítica y los discursos neoliberales.

El sociólogo Jaime Aja, uno de los autores del ensayo Vidas low costVidas low cost, considera que la promoción de discursos que ponen en duda la viabilidad de las pensiones públicas, entre los que incluye el ya rectificado del ministro José Luis Escrivá, puede abrir una autopista para el éxito de los valores conservadores y las opciones electorales derechistas. Es un fenómeno ya visto en Madrid, señala, donde tanto en sanidad como en educación se ha abierto paso una cultura del sálvese quien pueda y donde el PP –añade– utiliza el discurso de los "impuestos bajos" y "libertad de elección" para defender un modelo que provoca "segregación en los servicios públicos". 

El politólogo Oriol Bartomeus advierte contra los efectos "dañinos" de plantear el debate de las pensiones en términos de "batalla generacional", castigando una solidaridad interna de la sociedad ya dolida por la Gran Recesión y amenazada ahora por otra crisis. A su juicio, las pensiones constituyen una oportunidad para abrir debates mucho más útiles: impuestos, desigualdad, salarios, demografía... Si no se hace, Bartomeus cree que habrá campo abonado para el repliegue individualista y la antipolítica. ¿Hacia dónde se podría desplazar el debate y la acción política, entonces? Hacia la corrección del excesivo peso que tiene el origen familiar en la renta de los adultos. Hacia las desigualdades territoriales. Hacia las de género. O incluso hacia las de fecundidad, que arroja datos que demuestran que la pobreza también castiga sin hijos.

Las palabras "pobres" y "ricos" son para Bartomeus claves para que el debate sobre el futuro de las pensiones no termine en el rencor intergeneracional y "sálvese quien pueda". Lo explica: "A menudo cuando se dice a los jóvenes 'vas a tener peor pensión que tus padres', se olvida que hay muchísimos que tienen pensiones muy bajas". Bartomeus defiende una explicación sobre las pensiones que no aliente los atajos individualistas. Un ejemplo: más que hablar de "gasto récord" cada mes, sería constructivo recordar que de los 6,1 millones de jubilados con pensión, más de la mitad (3,3 millones) cobran menos de 1.000 euros. A ello hay que sumar 2,3 millones de pensiones de viudedad, cuya media no llega a 740 euros.

La Moncloa y Ferraz

Pablo Simón cree que el Gobierno encara el "desafío" de hilar un discurso que, transmitiendo tranquilidad sobre el poder adquisitivo de los pensionistas actuales, explique la fórmula necesaria para garantizar la cobertura del baby boom, para lo cual sugiere "medidas graduales explicadas con claridad". No es fácil.

Tanto La Moncloa como Ferraz son conscientes del desafío. Un dirigente socialista explica que la cuestión deberá ser analizada a fondo por el PSOE en las ponencias de su congreso, previsto para octubre, porque hay una exigencia de respuestas. "Va a ser uno de los elementos importantes de la larga campaña electoral que va a tener lugar de aquí a 2023", señala otra voz desde Ferraz. "Está claro cuál es el marco en que la derecha va a querer ubicar la cuestión: 'Cuando gobierna la izquierda, las pensiones corren peligro'. No es así, pero muchas veces funciona la navaja de Ockham, según la cual la explicación más sencilla es la que convence. La derecha se beneficia de un círculo vicioso: si hay un empobrecimiento de un servicio público, la gente siente una complicidad entre lo que vive, ese empobrecimiento, y lo que oye, que es que hay que facilitar opciones privadas y que no merece la pena pagar tantos impuestos".

En Unidas Podemos hay inquietud. "Es básico transmitir seguridad. Para los que ya cobran pensión, que son los más sensibles. Para la generación posterior, los baby boomers, sobre todos los mayores, que ven ya más o menos cerca la jubilación, y para los jóvenes, que ya no aguantan más malas noticias", analiza un responsable de UP, que lamenta que el acuerdo entre el Gobierno, UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, que ofrece "una foto importante", haya quedado "aguado" por las declaraciones de Escrivá, cuando advirtió a los baby boomers de que si quieren evitar un recorte tendrán que "trabajar algo más". A su juicio, las pensiones son un tema que a la mayoría en la calle le resulta complejo de desentrañar en detalle, por lo que es clave evitar especulaciones.

Generaciones mayores

De la generación del baby boom se suele destacar que es la más numerosa y será la más longeva. Y es cierto. Por ello, a veces se la presenta como una futura carga. Lo que rara vez se destaca sobre los baby boomers, sobre los hijos del boom demográfico entre finales de los 50 y finales de los 70, es que son "la última generación que ve la vida con algo de certidumbre, estabilidad y dirección", en palabras de Oriol Bartomeus, autor de El terremoto silencioso (CIS, 2019). A Bartomeus la preocupa, por un lado, el impacto de la incertidumbre sobre las pensiones en esa generación que creía tener esa parte de su futuro más o menos asegurada, y que ahora podrían perder compromiso con el sistema. Y le preocupa también la lluvia sobre mojado para los nacidos después: la generación X y los millennials, esos de los que ya se da por hecho que vivirán peor que sus padres.

Un rápido repaso generacional –con datos demográficos del INE de 2020 y demoscópicos del CIS, tanto del barómetro de mayo de 2021 como de la encuesta postelectoral de noviembre de 2019– empezaría con los más de 9 millones de mayores de 65 años. Es el electorado más estable y más bipartidista y el menos inclinado a votar a Voxbipartidista . Los de 65 y más años son los que más declaran votar siempre por el mismo partido: 32,2%. Y los que menos declaran haberse abstenido. "Las generaciones más mayores son la base de los partidos históricos, que tienen la ventaja de que, además, participan más y de forma más estable. Tiene cierta lógica que los hayan tratado mejor, porque son sus votantes más fieles", señala Bartomeus. Nada de lo ocurrido ahora, según su análisis, parece que vaya a tener un fuerte impacto en estas franjas de edad. A priori la reforma es beneficiosa y los posibles ajustes futuros serán para las generaciones posteriores. Se vuelve a producir un fenómeno, "el sesgo a favor de la gente de más edad", que es común a los Estados del bienestar europeos, indica Pablo Simón, profesor de la Carlos III y editor de Politikon.

Baby boomers

El siguiente bloque son los baby boomers, que sumarían en torno a 15,5 millones de almas si tomamos las fronteras de 43 y 64 años, llevando el límite hasta justo un año antes de la primera edad de jubilación. Un dato ilustra su potencia electoral. Hay 18 añadas seguidas por encima de 700.000 individuos, cuatro de ellas con más de 800.000. Por contraste, en 2019 nacieron algo menos de 360.000 niños. Además de ser muchos, hay proyecciones que indican que los boomers vivirán más años tras jubilarse: 23,7 en lugar de los 21,6 de ahora. Se trata de esa "generación ancha" a la que aludió Escrivá.

Electoralmente, son el segundo bloque más bipartidista: en torno al 20% de intención de voto al PSOE y del 16% al PP. Sus dos grandes grupos (45-54 a 55-64 años) son los que más simpatía declaran por el PSOE, ambos más del 16%, y los segundos que menos simpatía tienen por Vox, rondando el 1%.

En cuanto a fidelidad (entre el 13,5% y el 20%) y abstención (entre 8,6% y 11,6%), son un amplio bloque a medio camino entre la generación de posguerra y los millennials, operando como gran estabilizador del sistema. "No son como sus padres, pero tampoco como sus hijos", resume Bartomeus, que advierte contra los riesgos de ofrecer a esta generación una disyuntiva entre una solución colectiva y una solución egoísta. A su juicio, si en esta generación cunde una duda sobre la tranquilidad de su etapa final, podría producirse un repliegue hacia soluciones individualistas y conservadoras.

Generación X y millennialsmillennials

De ahí para abajo, la cosa se complica aún más. Los más de 15,3 millones entre la mayoría de edad y los boomers son un bloque con los esquemas de la generación de posguerra rotos. Sumados con los baby boomers, totalizan en torno a 30,8 millones de ciudadanos mayores de 18 años que aún no hay despejado la equis sobre el modelo de pensiones del futuro. La cifra sigue por encima de 30 millones si se descuentan los cerca de 600.000 con pensiones de jubilación o viudedad con menos de 65 años.

En todas las cohortes de las generaciones jóvenes, PSOE y PP, aunque siguen siendo los partidos con mayor apoyo, sufren un claro debilitamiento en intención de voto y simpatía. El porcentaje de los que declaran que votan siempre por el mismo partido llega a caer al 8,8% de 25 a 34 años, lejos de aquel 32,2% de los mayores de 65. Sus grupos dan numerosos síntomas de desconexión. La abstención declarada en ningún caso baja de 10 –y eso que siempre está infrarrepresentada– y alcanza el 14,1 entre los 25 y los 34, casi el doble que en los más mayores. Son las generaciones volátiles que ha categorizado Bartomeus, esas que el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio, uno de los mayores estudiosos de la avería del ascensor social, ve en riesgo de inclinarse hacia la extrema derecha si pierden certidumbre.

Se trata de segmentos castigados anímicamente por la falta de expectativas, agudizada a su vez por la pandemia. La Enquesta sobre l'impacte de la COVID-19: principals resultats referents a la població joven, del Centre d'Estudis d'Opinió, concluye que la población entre 18 y 35 años es el segmento que "más padece por su futuro". Otro estudio, Las consecuencias psicológicas de la covid-19 y el confinamiento, elaborado por seis universidades, indica que el 49% de las personas de entre 18 y 34 ha experimentado sentimientos depresivos, pesimistas o de desesperanza, con “tendencia a cronificarse”. Según una investigación de Fundación Pfizer, casi un 60% de jóvenes hasta 29 años cree que van a empeorar las oportunidades. Bartomeus advierte del fuerte impacto que puede tener para ellos un debate sobre las pensiones planteado en términos de "guerra de generaciones": "No sólo están teniendo muchas dificultades ahora, sino que sobre esa incertidumbre se les dice además: 'Os va a tocar pagar la pensión de vuestros padres'. "Los jóvenes por norma no piensan ahora mismo en su pensión, pero sí que tienen asumido un futuro complicado, o que van a vivir peor que sus padres. Que les lleguen dudas sobre el futuro de las pensiones agrava este problema", señala.

El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, apunta que son los jóvenes los que más merecen un mensaje de futuro. A su juicio, electoralmente la pensión es un tema "especialmente sensible" para los jubilados y puede ser "palanca de voto" a partir de los 50, por lo que es ahí donde se centran los gobiernos. No obstante, cree que es entre los jóvenes donde habría que hacer un esfuerzo político y pedagógico. "La pobreza y la caída de masa salarial desde la crisis han afectado mucho más a los jóvenes que a los mayores, la mayoría de los cuales, incluso los de pensiones más bajas, suelen tener la casa pagada", añade. Los salarios de los jóvenes son más bajos y sus expectativas como trabajadores y pensionistas son peores, señala Michavila, que en cambio ve a los sucesivos gobiernos dedicados a aplacar posibles movilizaciones de mayores. "Hay mucho cinismo y no se habla claro de de los ajustes que necesita el sistema", denuncia.

El calado de los discursos 

Jaime Aja, sociólogo de la Universidad de Córdoba, afirma que el avance de discursos que ponen en duda la calidad y suficiencia de los servicios públicos facilita una promoción de los valores conservadores. "Si crees que por romperte una pierna te pueden echar del trabajo, o que no vas a tener pensión, o que necesitas un seguro privado para que te atiendan cuando necesites algo urgente, te vas volviendo más conservador en tus decisiones", señala. Y advierte: "Ahora, además del runrún de las pensiones, va a ir creciendo el runrún de la insostenibilidad de la sanidad, y con el mismo argumento: que hay demasiados mayores". Aja cree que la izquierda necesita un discurso que oponer al "impuestos bajos y libertad de elección" de la derecha, de probada eficacia en Madrid.

Este discurso alternativo no puede ser, añade, una disyuntiva entre "economía" y solidaridad". "Si los sectores que más votan no ven que se benefician directamente de un servicio y son llamados a apoyarlo por solidaridad, ese servicio empieza a perder legitimidad. No se puede apelar sólo a la solidaridad. No es que vayas a mantener a los mayores, sino a tus padres, a tu familia, ¡a tu yo futuro!", explica Aja, para quien los discursos progresistas tienen que tirar de dos recursos: "El primero, hablar en términos de familia, explicar la solidaridad como algo que te afecta a ti y a tu familia. El segundo, ampliar la gráfica de la proyección de las pensiones más allá de 2050, donde se coloca siempre de forma muy tramposa. Y es tramposa porque ese es el peor año. Pero más adelante las generaciones que se vayan jubilando serán menos numerosas. ¿Por qué no hablar de que tenemos un sistema viable, que puede pasar unos años difíciles, pero que merece la pena conservar porque nos va a dar buenos resultados a todos?".

El movimiento de pensionistas vive una grave disputa interna en Andalucía. Aunque las partes enfrentadas declaran su voluntad de concilio, ahora mismo la división es patente y no se adivinan puntos de encuentro, dado lo enconado del conflicto, según ha comprobado infoLibre a través de documentos y distintas versiones. Por un lado, está la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que cuenta con el apoyo y el reconocimiento de la coordinadora estatal Coespe, la organización matriz de referencia a nivel español. Por otro, está el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp), que ha sido objeto de dos duras resoluciones de la coordinadora estatal. Ahora mismo, el Madpp está excluido de Coespe. A un total de 14 de sus miembros se les ha retirado desde octubre cualquier representación o portavocía en la coordinadora estatal, acusados de desempeñarla ilegítimamente.

La crisis afecta a la que es la segunda comunidad autónoma con mayor número de pensiones, más de 1,5 millones, sólo por detrás de Cataluña, con 1,74 millones, según datos de la Seguridad Social. El movimiento de pensionistas se encuentra ahora ante el desafío de exigir mejoras al recién constituido Gobierno. Todas las partes coinciden en que las disputas internas restan capacidad reivindicativa.

En el fondo late, además de unas relaciones personales más que mejorables entre algunos de los pensionistas con mayor relieve, un conflicto sobre cuál debe ser la naturaleza del movimiento. Destacados miembros del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas consideran que la coordinadora estatal en general, y su representación en Andalucía en particular, están formalizando en demasía la organización, asemejándola a un sindicato o un partido político. Es más, hay recelos por lo que consideran una excesiva influencia de militantes de IU, el PCE y CCOO.

Han llegado a circular incluso mensajes anónimos en grupos de whatsapp identificando con nombres y apellidos a militantes de estas organizaciones con responsabilidades en la coordinadora andaluza, lo que ha causado enorme revuelo en los círculos de pensionistas. En dichos mensajes se los acusa de "traicionar" al movimiento y de querer "controlarlo". Un grupo de tres militantes del PCE e IU, que consideran al Madpp responsable de los mensajes, han decidido responder en una carta, también distribuida entre grupos de pensionistas, y titulada elocuentemente: “Carta al grupo de la 'policía política' instalado en el Madpp”. Los firmantes, entre los que está Antonio Rodrigo Torrijos, histórico de la izquierda sevillana que fue primer teniente de alcalde de la capital andaluza con IU (2007-2011), denuncian una “campaña brutalmente descalificadora, que nos recuerda a las que ya sufrimos muchos en tiempos de la dictadura”. Antonio Rodrigo Torrijos y los otros dos signatarios –Cristóbal Ráez y Rosario García, también militantes del PCE y de IU– lamentan que se “denuncie la ideología y militancia política y sindical” de diversos miembros de las comisiones de trabajo, hasta un total de once, elegidos en la asamblea de la coordinadora andaluza celebrada en Antequera (Málaga) el 30 de noviembre.

"Nos consideramos partícipes del movimiento de pensiones, seguiremos aportando en él, no abdicaremos nunca de nuestras ideas y trayectorias, de las que nos enorgullecemos, respetaremos los acuerdos que por mayoría se acuerden y continuaremos trabajando por la unidad", señala la carta. La misiva es sobre todo una respuesta a un documento anónimo, que ha circulado desde después de dicha asamblea del 30 de noviembre, en el que se identifican con nombres y apellidos once “cargos del sindicato CCOO y del PCE”, así como personas afines a miembros de estas organizaciones. El documento, del que nadie se hace responsable, señala incluso vínculos familiares entre responsables de la coordinadora y cargos de IU.

El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, algunos de cuyos responsables se muestran críticos con la influencia de IU y el PCE en el movimiento, niega no obstante ser autor como organización de dicho documento, que ha causado malestar no sólo en militantes de la izquierda, sino en pensionistas sin vinculación con partido alguno que rechazan los argumentos ad hominem y creen que supone trasladar una línea roja.

Una crisis larvada

La crisis viene larvándose desde 2018, cuando el Madpp se dota de una estructura de portavoces y representantes que, según la coordinadora estatal, carece de legitimidad para ello. El conflicto se agrava con varios episodios. Es un miembro del Madpp, José Gil, el que asiste a una reunión con el grupo parlamentario del PSOE, en vez de los portavoces reconocidos por la coordinadora estatal. Se producen además reuniones con cargos oficiales al margen de la representación estatal de Coespe, lo cual va caldeando el ambiente. 

Todo ello está detallado en una resolución de 27 de octubre de 2019 de la comisión de garantías y conflictos de la coordinadora estatal Coespe. Dicha resolución, que hace referencia a faltas de respeto y desconsideración a miembros de la coordinadora, se centra en los problemas surgidos durante la concentración celebrada el 16 de octubre de 2019 en Madrid. La coordinadora estatal entiende que la actitud del Madpp, al realizar convocatorias por su cuenta, puso “en serio peligro” el éxito de la reivindicación. La resolución de la coordinadora estatal señala que los cuatro firmantes de la solicitud de autorización de la marcha alternativa del Madpp recibieron correos electrónicos y llamadas para que la suspendieran, sin éxito. Ese es el punto de inflexión, el momento en que se quiebra la confianza, señala un miembro de la coordinadora.

Finalmente la jornada reivindicativa del 16 de octubre obtuvo notable repercusión. Las tensiones internas, que incluyeron insultos y forcejeos –según varios asistentes–, pasaron desapercibidas. Pero la brecha se había agrandado.

La resolución de la coordinadora estatal de 27 de octubre del año pasado invalidó toda la estructura del Madpp y excluyó de “cualquier función presente y futura” de coordinación, representación y portavocía a cuatro integrantes de dicho movimiento. También quedó invalidada la convocatoria de la asamblea del Madpp, así como la petición de Medalla de Oro de Andalucía para la llamada “Columna de Rota”, una iniciativa del Madpp que no cuenta con el respaldo de la coordinadora estatal. "El movimiento pensionista no necesita medallas estéticas otorgadas por la derecha", señala la resolución, dura en sus términos. El desencuentro era ya total.

Dos organizaciones en disputa

El 30 de noviembre, la coordinadora estatal celebró una asamblea en Antequera en la que nombró a sus propios portavoces en Andalucía, dejando totalmente fuera al Madpp. Era un intento de marcar el terreno. Asistieron 64 personas, de un total de 30 plataformas, según el acta de la reunión.

Pero el Madpp ha seguido moviéndose. Celebró una reunión el 14 de diciembre, también en Antequera –centro geográfico aproximado de Andalucía, de gran carga simbólica como corazón de la comunidad–. Jesús Gil, uno de sus miembros más destacados, afirma que cuentan con el apoyo de 30 organizaciones. La coordinadora estatal las cifra en diez. Siete de ellas pertenecen formalmente a Coespe, por lo que la coordinadora estatal las insta a elegir una matriz. El plazo para dar respuesta termina el 1 de febrero. Estas organizaciones están en una encrucijada. 

Tensión creciente

La división del movimiento ya es innegable. Y la crisis aún ha dado lugar a una segunda resolución, en este caso de 7 de enero, de la comisión de garantías y conflictos de Coespe. Dicha resolución denuncia la reacción de miembros de la Madpp al anterior expediente –el de octubre–, incluyendo insultos, difamaciones y correos “incendiarios” que tratan de “desprestigiar” a la coordinadora. El texto hace referencia a otro episodio de tensión, que tuvo lugar durante la concentración celebrada ante el Parlamento andaluz el 16 de diciembre. Según la coordinadora, hubo “malas maneras”, “insultos” y “empujones” de miembros del Madpp para anteponerse a los miembros de la coordinadora estatal y entrevistarse con los grupos políticos andaluces.

Coespe, en su resolución de 7 de enero, añade diez nombres más del Madpp a los cuatro a los que ya había privado de representación y portavocía, sumando un total de 14. Son precisamente las personas que el Madpp había tratado de erigir en representantes del movimiento en Andalucía.

La coordinadora estatal considera que, con sus actuaciones, el Madpp se ha “autoexcluido” de Coespe. “No se puede estar en la Coespe e intentar su destrucción desde otros grupos externos”, llega a afirmar la resolución.

La versión del Madpp

Federico Noriega, portavoz del Madpp, afirma que las 14 personas a los que se les ha retirado la representatividad “siguen colaborando” con esta organización, aunque ya no en calidad de portavoces porque esta responsabilidad es “rotatoria”. A juicio de Noriega, lo ocurrido el 16 de octubre en Madrid es la “excusa” utilizada para la exclusión del Madpp. “Queríamos un recorrido en el que se visualizase Andalucía, sin más. Había una columna de marchistas desde Andalucía, otra desde el norte... No había problema”, señala.

Noriega considera que el problema es de fondo y que la diferencia es sustancial. “Hay una discrepancia importante sobre cómo tiene que ser el movimiento. Para ellos [Coespe] debe estar muy formalizado, con vida orgánica, portavoces, representantes... Incluso una comisión de garantías, que nos parece una monstruosidad. Nosotros no queremos competir con partidos, ni con sindicatos”, señala Noriega. El portavoz afirma su respeto por la gente que “se identifica con IU y el PCE”, pero cree que defienden un modelo “burocratizado” que “no ha aprendido nada del 15M”.

Noriega quiere que al movimiento se pueda acercar gente que haya votado “al PP o a Podemos”, siempre y cuando esté de acuerdo con sus reivindicaciones. El portavoz del Madpp, que recuerda que hay compañeras excluidas por la coordinadora estatal que tienen trayectoria en CCOO, explica que su organización celebrará este mismo viernes una reunión en Córdoba en la que, entre otras cuestiones, abordará la actitud a tomar a raíz de su “expulsión”. No se atreve a pronosticar si podrá haber o no reconciliación.

José Gil, uno de los miembros del Madpp cuya portavocía ha sido invalidada –en su caso en la resolución del 27 de octubre–, señala que la coordinadora se ha extralimitado, desbordando sus funciones. Coincide con Noriega en que, de seguir esta tendencia, el movimiento va camino de convertirse en “una estructura política”. “Yo soy la oveja negra para ellos”, afirma. A su juicio, la integración del Madpp en la coordinadora estatal también dependerá de la asamblea que dicha coordinadora debe celebrar en marzo.

La versión de la coordinadora

Domiciano Sandoval, portavoz de la coordinadora estatal, cree que la reacción de Coespe es proporcional a la “gravedad” de los hechos, no sólo en atención al riesgo que supuso para la buena marcha de la concentración del 16 de diciembre, sino también por la negativa a suspender la convocatoria andaluza –que afectaba a una movilización fuera del territorio andaluz– una vez que se requirió. Sandoval afirma que es voluntad de la coordinadora un trabajo conjunto de todas las partes, sin división, ya que la división debilita al movimiento. Y se muestra confiado en que las aguas volverán a su cauce. “Queremos unificar el movimiento. A ninguno nos interesa que se rompa. Ya es suficientemente difícil luchar contra los poderes económicos”, señala.

La coordinadora andaluza –la única reconocida por la estatal Coespe, referente del movimiento de pensionistas en España– afirma que su pretensión ha sido la de insertar el debate y la acción sobre las pensiones en un contexto político y económico, porque el problema "no puede abordarse aisladamente", como si no estuviera conectado con otras realidades. "Queremos luchar por las pensiones de hoy, pero también por las de nuestros hijos y nietos, y para eso hay que hablar de precariedad, de fiscalidad, de intereses económicos", señalan desde la coordinadora andaluza.

La coordinadora, que prefiere ofrecer su punto de vista de forma colegiada, lamenta el discurso "contra IU y el PCE" que se ha dado en reuniones y asambleas del movimiento pensionista, en las que miembros del Madpp han acusado a estas organizaciones de querer "adueñarse del movimiento". "No es cierto. Hay militantes de IU y del PCE y de otras organizaciones a título individual, que han venido a sumar, respetando la pluralidad interna, aportando ideas y aceptando los acuerdos de la mayoría, gustaran más o menos. Ha sido el Madpp el que ha querido todo el protagonismo, obviando las decisiones de la mayoría, y el que ha realizado críticas contra determinadas personas simplemente por su militancia política", señala la coordinadora, en conversación de uno de sus representantes con infoLibre.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el Gobierno solo va a utilizar 2.900 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente al pago de las pensiones en diciembre, frente a los más de 3.600 millones de euros autorizados en un primer momento.

Así lo ha señalado la titular del Ministerio durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para pedir la convalidación del Real Decreto por el que se adoptaron medidas relativas al presupuesto de la Seguridad Social el pasado 15 de noviembre.

Con esta nueva disposición, la conocida como "hucha de las pensiones" contará con unos 2.150 millones de euros a finales de diciembre de este año.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó su importe máximo en 2011, cuando sumó un total de 66.815 millones de euros y, a partir de 2012, el primer año de disposición, se retiraron 7.003 millones de euros; en 2013, se dispuso de 11.648 millones de euros; en 2014, 15.300 millones de euros; en 2015, 13.250 millones de euros; en 2016 se dispuso de 20.136 millones de euros; en 2017, de 7.100 millones de euros, y en 2018 se retiraron 3.000 millones de euros.

Tras esta última disposición de la "hucha de las pensiones", a cierre de 2019 su importe se situará en unos 2.150 millones de euros, frente a los más de 66.000 millones que llegó a disponer en 2011 y a pesar de que el Gobierno ha ido aprobando diversos préstamos para no dejar el Fondo a cero.

Miles de personas se han movilizado en la tarde de este sábado en las tres capitales vascas y Pamplona -en las que han sido las decimoterceras manifestaciones organizadas por el Movimiento de Pensionistas- para advertir de que el problema de las pensiones "no puede esperar ni un minuto más" y reclamar a las instituciones vascas y al futuro Ejecutivo central que "tomen nota" porque si no se cumplen sus reivindicaciones "no pararán", según recoge Europa Press. En Eibar la protesta se ha desarrollado durante la mañana.

"Seis días después de las elecciones generales decimos con contundencia a las instituciones que tomen nota. No queremos promesas ni demoras", han subrayado, al tiempo que han alertado de la necesidad de mejorar los ingresos a la Seguridad Social para corregir el vaciado de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este sentido, han reconocido que confían en que, de conformarse un Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos en el Estado, éste muestre "una sensibilidad mayor" a la ofrecida hasta la fecha.

Convocados por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, los participantes se han movilizado en defensa de su tabla reivindicativa que abarca, entre otras cuestiones, "unas pensiones mínimas de 1.080 euros, su revalorización en función como mínimo al IPC, la derogación de los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones fijadas en 2011 y 2013, así como un Salario Mínimo de 1.200 euros".

La movilización, que ha arrancado inicialmente con cuatro columnas que han partido desde diversos puntos de la Villa hasta converger en Gran Vía, ha culminado frente al Ayuntamiento donde portavoces del movimiento han anunciado que en enero "se volverán a llenar las calles" con la huelga general que ha sido convocada por colectivos y sindicatos que integran la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria.

Una huelga general que esperan que no sea "solo laboral, sino social y transversal" ya que "se trata de una lucha que nos afecta a todos: trabajadores, pensionistas, mujeres y jóvenes". "Expresamos todo nuestro apoyo a las iniciativas hechas públicas por agentes sociales y sindicales que, tal y como les hemos propuesto, contribuyen al éxito de la movilización general de enero", han afirmado, al tiempo que se han mostrado convencidos de que "esta batalla la vamos a ganar".

En esta línea, y entre gritos de "fuera corruptos de las instituciones" y "gobierne quien gobierne las pensiones se defiende", han incidido en que "no pararán" hasta conseguir sus objetivos por lo que "seguiremos todos los lunes que hagan falta en las movilizaciones de nuestros pueblos". Asimismo, han anunciado que en diciembre también llevarán a cabo concentraciones frente a los parlamentos vasco y navarro para hacer visibles sus reivindicaciones. "Estamos en contacto con movimientos de pensionistas de otros pueblos del Estado para que nuestra movilizaciones, desde la pluralidad y las reivindicaciones específicas de cada uno de ellos, converjan en diciembre y enero, más fuertes y unidos", han expresado.

Entre los asistentes a la marcha de Bilbao, que ha contado con el apoyo de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, se ha podido ver a la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, su homóloga de LAB, Garbiñe Aranburu, el líder UGT Euskadi, Raúl Arza, o el responsable de Políticas Sociales de ELA, Mikel Noval, entre otros.

Minutos antes del inicio de la marcha, la responsable de CCOO Euskadi, Loli García, ha subrayado que "hoy más que nunca es necesaria la defensa del sistema público de pensiones", y ha solicitado al nuevo Ejecutivo que se conforme en el Estado que "aborde con urgencia una reforma en condiciones" de las pensiones que pase, entre otras cuestiones, por la eliminación del factor de sostenibilidad. Por otro lado, y en referencia a la huelga general convocada para enero -a la que CCOO no se ha adherido-, García ha considerado que en la actualidad "no se dan las condiciones". A su juicio, es necesario "salir a la calle y reivindicar", pero ha apostado por aguardar a que se conforme un nuevo Ejecutivo.

De este modo, ha anunciado que será en el caso de que no se tomen "medidas" o "no se hagan en la línea adecuada" cuando el sindicato se movilizará, pero "en este momento hay que dar escenario a la política". Por último, y respecto al anuncio del Gobierno de volver a recurrir a los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de navidad, lo que dejaría la conocida como hucha'de las pensiones con solo 1.543 millones, García ha advertido de que se trata de "un despropósito". "Es necesario abordar en serio y de manera inminente la cuestión de los ingresos de la Seguridad Social", ha zanjado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo para retirar 3.598,2 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizar el pago de más las pensiones en diciembre, que incluye la paga extra de Navidad. Así lo ha señalado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que este importe es el límite que se puede extraer según establece la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aunque ha confiado en que finalmente no se tenga que usar todo la cantidad. Así, fuentes de la Seguridad Social indicaron a Europa Press que el importe final superará ligeramente los 3.000 millones. Asimismo, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para la ampliación de crédito del Presupuesto de la Seguridad Social con cargo a la previsión de mayores ingresos sobre el presupuesto inicial para 2019, ya que las cotizaciones sociales están creciendo este año a un ritmo cercano al 8% y el Gobierno confía en que sigan haciéndolo en los meses de noviembre y diciembre.

Como el presupuesto actual es el de 2018 prorrogado, el Ejecutivo ha tenido que incorporar en este decreto estos mayores ingresos. Según trasladaron a Europa Press en fuentes de la Seguridad Social, el organismo recaudará algo más de 8.000 millones de euros respecto a lo previsto en los presupuestos prorrogados de 2018.

"La situación de prórroga presupuestaria motiva una importante distancia entre las magnitudes que sirvieron de base para confeccionar el presupuesto de 2018 y el volumen de obligaciones que deben soportar los créditos de sus respectivos presupuestos de gastos para el presente", ha hecho hincapié la ministra.

Asimismo, Valerio ha destacado que el aumento de las pensiones del 1,6% este año y del 3% en el caso de las mínimas no estaba prevista en las cuentas públicas prorrogadas, como tampoco lo estaba el mayor aumento de los ingresos por cotizaciones, debido a la mejora de los salarios, al alza del SMI y al aumento de las bases mínimas y máximas de las cotizaciones. "El Real Decreto Ley aprobado hoy incorpora ambas circunstancias y equilibra la partida de gastos y la de ingresos", ha añadido.

Junto con el importe de la hucha de las pensiones y la incorporación de los mayores ingresos, la norma aprobada este viernes incluye también el incremento en 600 millones de la transferencia del Estado a la Seguridad Social para garantizar su equilibrio presupuestario, debido a la menor emisión de deuda de lo previsto por parte del Tesoro Público y por el menor pago de intereses.

En concreto, estos 600 millones se suman a la transferencia ya prevista de 1.331,9 millones de euros. "Esta cantidad, además de la inicialmente prevista, se debe a que hemos tenido que emitir menos deuda y los intereses pagados han sido inferiores", ha apostillado Valerio.

La ministra ha explicado que este incremento sirve para "reorientar el transatlántico de la Seguridad Social" y que esta mayor transferencia del Estado es consecuencia del crecimiento económico que ha determinado una minoración del pago de los intereses de deuda (emisión de una menor cantidad de deuda a intereses más bajos y en plazos más prorrogados).

En el último mes del año, la Seguridad Social abona la paga ordinaria y extraordinaria de más de 9,5 millones de pensiones, lo que supone un desembolso total superior a los 19.000 millones de euros. La Tesorería General de la Seguridad Social financiará el pago con la ampliación de crédito por el incremento de cuotas y la disposición del Fondo de Reserva aprobados hoy.

De 66.000 a 1.500 nillones

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó su importe máximo en 2011, cuando sumó un total de 66.815 millones de euros y, a partir de 2012, el primer año de disposición, se retiraron 7.003 millones de euros; en 2013, se dispuso de 11.648 millones de euros; en 2014, 15.300 millones de euros; en 2015, 13.250 millones de euros; en 2016 se dispuso de 20.136 millones de euros; en 2017, de 7.100 millones de euros, y en 2018 se retiraron 3.000 millones de euros.

Tras esta última disposición de la hucha de las pensiones, a cierre de 2019 su importe se situará en los 1.543 millones de euros, frente a los más de 66.000 millones que llegó a disponer en 2011 y a pesar de que el Gobierno ha ido aprobando diversos préstamos para no dejar el Fondo a cero.

Por otra parte, preguntada sobre si el Gobierno contempla bajar las cotizaciones, Valerio ha descartado que se vaya a aprobar una bajada ante la situación actual de la Seguridad Social y la voluntad del Gobierno de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, para que se revaloricen conforme al IPC real cada año y financiar las prestaciones del sistema.

En este sentido, ha recordado que en la Comisión del Pacto de Toledo hay un "preacuerdo" respecto a la revalorización de las pensiones conforma a la inflación, si bien ha apuntado que la presidenta de dicha comisión, Celia Villalobos, no "tuvo a bien" convocar el plenario para elevar el preacuerdo a acuerdo y las más de 20 recomendaciones quedaron paralizadas.

En todo caso, ha asegurado que las cotizaciones a la Seguridad Social "van a ir subiendo", ya que espera que aumente el empleo, los salarios conforme a los convenios, y gracias a la labor de la Inspección de Trabajo, que en los últimos meses ha emergido más de 100.000 puestos de trabajo, lo que ha supuesto 1.300 millones de euros más de recaudación para la Tesorería General de la Seguridad Social.

Una vez que se forme Gobierno con plenas funciones, ha dicho Valerio, "habrá que decidir sobre la subida del salario mínimo, que implica una subida de la base mínima en la misma proporción y habrá que ver si sube o no la base máxima". "Necesitamos que se vayan incrementando las cotizaciones, las transferencias del Estado y cuanto antes de retome el Pacto de Toledo", ha enfatizado.

La ministra ha abogado por consensuar un plan a cinco años para "reorientar el transatlántico" desde el punto de vista de sostenibilidad financiera para que en torno a 2024 y 2025, cuando se jubile la generación del baby boom, la Seguridad Social esté "saneada", a través de más empleo y de más calidad, más cotizaciones, lucha contra el fraude y trasladar gatos impropios del sistema al Estado, aunque "no de un año y de porrazo", sino "progresivamente".

Según Valerio, no hay un problema de gasto "excesivo", ya que el montante en pensiones representa el 12% del PIB, si bien ha insistido en la necesidad de una reforma fiscal "justa", y hacer "lo que hace el resto de la UE", como Francia, que ha "inventado" un impuesto específico, o Alemania, que complementa las pensiones con impuestos.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 9.681,5 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 5% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, como recoge Europa Press.

La mayor parte de los 9.681 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones en agosto fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.894 millones de euros (+5,2%), seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.684,6 millones de euros (+5,1%).

Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron en agosto 939,3 millones de euros (+3,3%), las de orfandad supusieron 138,3 millones de euros (+3,4%) y las pensiones en favor de familiares totalizaron 24,6 millones de euros (+6,2%).

El número de pensiones avanzó en agosto un 1,2% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.756.142 pensiones, nuevo récord del sistema.

Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 43 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.

Del total de pensiones, más de la mitad, 6.048.718, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,8% respecto a agosto de 2018, mientras que 2.362.694 eran pensiones de viudedad (+0,1%), 960.052 de incapacidad permanente (+0,7%), 341.942 de orfandad (+0,2%), y 42.736 a favor de familiares (+2,2%).

La pensión media de jubilación sube un 3,4%

La subida de las pensiones de este año (+1,6% con carácter general) también ha impulsado al alza la cuantía media de las prestaciones.

Así, la pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.139,83 euros mensuales, un 3,4% más que en igual mes de 2018. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (julio) es de 1.338,43 euros en el conjunto del sistema.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en agosto en 992,35 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,7%.

La pensión media de viudedad, por su parte, ha registrado el mayor avance interanual en valores relativos, un 5%, hasta los 713,01 euros mensuales, tras la subida de la base reguladora sobre la que se calcula esta prestación desde el 56% al 60%.

La pensión de incapacidad permanente alcanzó en agosto una cuantía media de 978,47 euros mensuales, con un incremento interanual del 2,6%. Por su parte, la pensión media de orfandad ascendió a 404,62 euros mensuales, un 3,2% más que en agosto de 2018, mientras que la de a favor de familiares se situó en 577,01 euros al mes, con un repunte del 3,9%.

El Presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2019 a 472.660 millones de euros, un 5,1% más respecto al ejercicio anterior. Del total, el gasto social, 209.510 millones, representa el 57,3% y ha crecido un 6,4% respecto a 2018. Según ha destacado el Ministerio de Hacienda, es el mayor crecimiento desde 2009. Todos los ministerios aumentan sus partidas, menos los de Trabajo y Hacienda. En el primer caso, explica el departamento, por la reducción en las prestaciones por desempleo y en el gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y en el segundo por el descenso en la partida destinada al céntimo sanitario.

El gasto no financiero del Ministerio de Defensa mejora un 1,6% respecto al año pasado, pero el 75% de sus inversiones son compromisos de pago de los programas especiales de armamento. Sin ellos, la dotación para el departamento de Margarita Robles cae un 6,9%. Es Sanidad el ministerio que más aumenta sus gastos, casi un 41%, a fin de mejorar la atención a personas en situación de dependencia y a menores extranjeros no acompañados (mena), entre otras partidas, según explica el Gobierno. Educación gana un 7,8% respecto a 2018: aumenta un 10% el dinero destinado a becas –150 millones– y se dedican 50 millones de euros a material escolar gratuito. El gasto en investigación y desarrollo crecerá este año un 5,6%, por lo que ascenderá a 6.729 millones de euros.

Finalmente, los gastos de personal ascenderán a 23.372 millones de euros, un 3,9% más que en 2018, tras la subida salarial del 2,25% para los funcionarios pactada con los sindicatos.

Para hacer frente a este aumento general del gasto, el Gobierno prevé recurrir a una recaudación tributaria récord de 227.356 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 9,5% respecto a 2018. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado que esa cifra de ingresos esté inflada, teniendo en cuenta la desaceleración de la economía mundial que adelantan los organismos internacionales. Por el contrario, a su juicio es una previsión “conservadora” y “prudente”, ha subrayado, “más moderada” que las presupuestadas por su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro.

“Montoro subía la previsión de impuestos un 7% bajando los impuestos”, ha explicado en rueda de prensa, “nosotros hacemos una previsión de subida del 7% [de la recaudación] creando nuevas figuras tributarias y modificando los impuestos”. También recordó la ministra que la desviación media entre ingresos tributarios presupuestados y liquidados superó los 5.000 millones de euros y alcanzó en algunos los 7.000 millones en ejercicios anteriores. No obstante, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, reconoció que el impacto de la tasa Google y del impuesto sobre las transacciones financieras será menor del presupuestado al no estar incluidas en los Presupuestos y retrasarse su entrada en vigor unos meses.

Éstas son los puntos más destacados de los Presupuestos que serán votados el próximo 13 de febrero en el Congreso:

  1. un PRÉSTAMO que no evita el recurso a la 'hucha'

Hacienda ha prestado a la Seguridad Social 15.484 millones de euros para pagar las pensiones y no dejar a cero el Fondo de Reserva. Éste es el tercer año en que el Estado tiene que ir al rescate de la hucha de las pensioneshucha: en 2017 el préstamo ascendió a 10.120 millones y en 2018, a 15.164 millones de euros.

El préstamo no evitará que deba volver a a recurrir al Fondo de Reserva para abonar las pagas extraordinarias de julio y diciembre. De hecho, la Seguridad Social sacará 3.693 millones de euros. A fecha de noviembre de 2018, en la hucha de las pensiones sólo quedaban 5.043 millones de euros, por lo que puede descender a sus mínimos históricos –1.350 millones de euros– una vez restada la cantidad presupuestada. En todo caso, la Seguridad Social tiene previsto anunciar en breve modificaciones en la política de inversión de estos fondos. En los últimos años los millones de la hucha se invierten únicamente en letras del Tesoro español, por lo que su rentabilidad ha sido víctima de los bajos tipos de interés.

La transferencia del Estado tampoco impedirá que la Seguridad Social termine este año con déficit, que el Gobierno calcula en 18.651 millones de euros, un 1,5% por debajo del que registró en 2018. La partida de gasto para las pensiones contributivas asciende este año a 135.268 millones de euros, un 6,4% más que en 2018, un aumento que incluye la subida del 1,6% de acuerdo con la previsión del IPC para este año.

La principal fuente de financiación de la Seguridad Social son las cotizaciones sociales, que este año crecerán un 7,5%, hasta alcanzar los 123.584 millones de euros. Según las previsiones del Ejecutivo, las cuotas que pagan empresas y trabajadores permitirán financiar un 77,1% del presupuesto del sistema de previsión social público.

Ese aumento se sustenta en la subida de las bases mínimas de cotización en un 22,3%, derivado a su vez del alza en el SMI –900 euros mensuales–, así como de las bases máximas hasta el 7%. También aumenta la cotización de los autónomos hasta el 30% y del 100% al 125% la cotización que ingresa el SEPE por los trabajadores que cobran el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Además, se ha elevado del 36% al 40% el recargo de la cotización que las empresas deben pagar si hacen contratos de duración inferior a cinco días.

La aportación del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social ya financia los complementos para pensiones mínimas con 7.337 millones de euros y paga 2.591 millones de más para las pensiones no contributivas, que suben este año un 3%. Para las prestaciones no contributivas de protección a la familia el Estado transferirá otros 1.862 millones, un 16,6% más que en 2018. Finalmente, se ha presupuestado por primera vez una transferencia del Estado a la Seguridad Social en apoyo a su sostenibilidad presupuestaria por importe de 850 millones de euros.

  2. El IPREM SUBE UN 2%

El Gobierno ha subido un 2% el Iprem (el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), que se utiliza como referencia en la concesión de becas, ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo. Así el Iprem se eleva a 548,6 euros al mes. El indicador permaneció congelado siete años, desde 2010 hasta 2016, subió un 1% en 2017 y volvió a quedar congelado en 2018.

  3. UN 10,3% MÁS PARA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Las políticas activas de empleo crecen un 4,7%, hasta alcanzar los 5.985 millones de euros. De ellos, 2.523 millones corresponden a la formación profesional para el empleo, un capítulo que aumenta un 10,3% respecto al ejercicio anterior. Para cursos de desempleados se destinarán 857 millones y en cursos para ocupados se gastarán 1.221 millones de euros. Para orientación profesional se consignan 470 millones de euros, de los que 87 millones se los lleva el programa extraordinario que permitirá a las comunidades autónomas contratar a 3.000 orientadores.

En bonificar los contratos –el SEPE paga las cotizaciones que se subvencionan a las empresas– el Ministerio de Trabajo tiene previsto emplear 1.855 millones de euros, un 4% menos de la partida consignada el año pasado, tras derogar el Gobierno las bonificaciones a los contratos de formación aprendizaje. Para reducciones de cuota –que la Seguridad Social deja de ingresar– se presupuestan 1.570,43 millones de euros.

Además, el Plan de Choque para el Empleo Joven se llevará 670 millones este año, de un gasto total en tres años que sumará 2.000 millones.

El capítulo dedicado a las prestaciones por desempleo, el segundo de mayor volumen tras las pensiones, se eleva a 18.402 millones de euros, lo que supone un aumento de 4%. Para la prestación contributiva se destinarán 11.603 millones de euros y para el subsidio de empleo, 4.977 millones más. Sin embargo, son más numerosos los beneficiarios del segundo, 813.931, que del primero, 751.691, una tendencia que ha empezado a cronificarse por culpa de la larga duración de la crisis.

  4. un 18,7% más para INFRAESTRUCTURAS

El presupuesto para inversiones en infraestructuras suma este año 10.030 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 18,7 % respecto a 2018. La mayor partida corresponde a las inversiones ferroviarias, 5.041,3 millones, casi el doble que la destinada a carreteras, 2.328,48 millones de euros, un 23% más que el año anterior. Para infraestructuras hidráulicas se destinarán 851,8 millones, para puertos 829,87 millones y para aeropuertos, 689,45 millones.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) realizará inversiones en carreteras por importe de 433 millones de euros. Pero, como ha asumido la gestión de las autopistas radiales quebradas, multiplicará por 28 sus pérdidas este año respecto a las previstas para el cierre de 2018. Según los cálculos del Gobierno, los números rojos de esta empresa pública alcanzarán los 480,41 millones de euros, frente a los 16,86 millones con que se prevé que cierre 2018.

Además, el Ministerio de Fomento ha dejado en sólo 1.000 millones de euros el plan de inversión privada en carreteras diseñado por el anterior Gobierno del PP y que estaba cifrado en 5.000 millones. El motivo de este recorte, según el departamento, estriba en que el programa no está “maduro”.

Las partidas para inversiones ferroviarias sufren un recorte del 2% en la construcción de líneas de AVE, mientras que duplica las destinadas al mantenimiento de las líneas convencionales. Aun así, el dinero dedicado a nuevas líneas de AVE asciende a 2.660 millones de euros, por encima de los 2.244 millones reservados para la red convencional. También Seittsa tendrá su propia partida, de 122 millones, para inversiones ferroviarias.

Por lo que a las empresas públicas ferroviarias se refiere, Adif Alta Velocidad prevé cerrar 2019 con unas pérdidas de 242,1 millones de euros, un 23% más que el año pasado. Aunque, en las previsiones del Gobierno, facturará 607,4 millones, un 5,2% más que en 2018, sus gastos de explotación aumentarán por encima de ese porcentaje, un 13,2%. También terminará en rojo Adif, es decir, la red convencional y de Cercanías, que perderá 116,6 millones de euros, aunque la cifra equivale a un 2,8% menos que el ejercicio pasado.

Para política de vivienda se han reservado 679 millones de euros, un 41% más.

  5. aumento del 52% de las INVERSIoNes EN CATALUÑA

El Gobierno repartirá este año un total de 12.181,94 millones de euros, un 20% más que en 2018, entre las 17 comunidades autónomas. La que más ha aumentado su inversión estatal es Navarra, un 92%, hasta alcanzar los 108,51 millones. Le sigue la Comunidad Valenciana, un 61% por encima del pasado ejercicio, por lo que recibirá 1.189 millones de euros. A Cataluña le corresponderá un 52% más –2.051,38 millones de euros–, y a Andalucía un alza del 44% –2.132,77 millones–.

En cualquier caso, Andalucía sigue siendo la que mayor cuota de inversiones recibe del Estado, con un 17.5%, pero Cataluña aumenta su participación del 13,3% al 16,8%. La partida destinada a la Comunidad Valencia representa el 9,8% de la tarta estatal.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a cumplir los niveles de inversión establecidos en los estatutos de autonomía que incluyen una exigencia de este tipo. El de Cataluña reclama una cantidad equivalente al peso del PIB de la comunidad en el conjunto del Estado, que es del 18%. Con ese aumento al 16,8%, sumado a los 200 millones destinados a compensar inversiones no realizadas, como dictó una sentencia del Tribunal Supremo, y otros 150 millones de euros más para ampliar la plantilla de los Mossos d’Esquadra, se roza ese 18% antes citado.

Aragón recibirá un 33% más que en 2018, Extremadura gana un 28% y Asturias un 27%. Por el contrario, las inversiones destinadas a La Rioja se recortan un 39%, mientras que las de Galicia –757,1 millones– caen un 19% y las de Baleares un 11% –152 millones–. Las partidas destinadas a Madrid –1.249 millones, el 10,3%– y Canarias –283 millones– quedan congeladas.

  6. los NUEVOS IMPUESTOS

Los Presupuestos del Estado prevén una recaudación tributaria récord para este año de 227.356 millones de euros, un 9,5% por encima de 2018. Mientras los ingresos por el IRPF subirán un 4,9%, el IVA lo hará un 11,7%. Pero la partida que más crecerá será el impuesto sobre sociedades, un 14,1%, no sólo por la mejora de los beneficios de las empresas, sino también, asegura el Gobierno, por las medidas fiscales aprobadas: el tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas –el 18 % para los bancos y las petroleras– y el recorte de las exenciones sobre dividendos y plusvalías. También se han creado dos nuevos impuestos: la tasa Google, que gravará a las grandes compañías digitales, y la de transacciones financieras. Las empresas que facturen menos de un millón de euros, por el contrario, se beneficiarán de una reducción del tipo del 25% al 23%.

Como novedad, los Presupuestos también incluyen una medida para favorecer la igualdad de sexos en las empresas. Aquéllas que incorporen a mujeres a sus consejos de administración podrán deducirse hasta el 10% de su retribución en el impuesto sobre sociedades.

Por lo que al IRPF se refiere, el aumento de la recaudación se basa en la subida de dos puntos a las rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos a las de más 300.000 euros, así como al alza de otros cuatro puntos a las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros anuales.

Además, el IVA para los productos de higiene femenina tendrá el tipo reducido del 4%, al igual que las revistas, libros y periódicos electrónicos. Los servicios veterinarios, el del 10 %.

  7. SOCIMIS Y SICAV

Otros cambios afectarán a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis) y a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav). Así, los beneficios no distribuidos de las primeras tributarán un 15%, tal y como fue acordado por el Gobierno y Podemos el pasado octubre. Los Presupuestos del Estado establecen que, a partir de ahora, será la Agencia Tributaria la competente para comprobar si las Sicav españolas cumplen con el número mínimo de accionistas las Sicav españolasrequerido por la ley –deben ser 100–, en lugar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

  8. DEDUCCIONES FISCALES

El Gobierno ha presupuestado para este año un total de 37.237 millones de euros en beneficios fiscales; es decir, en deducciones y exenciones en los diferentes impuestos, cantidades que el fisco va a dejar de ingresar. La cifra supone un aumento del 6,9% respecto a 2018. Más de la mitad, 21.508 millones, corresponde a exenciones y a los tipos reducidos del IVA, un 4,8 % más que en 2018. En el IRPF se dejarán de ingresar 9.129 millones, un 16,4 % más que el ejercicio pasado.

En el impuesto sobre sociedades las deducciones y exenciones sólo crecen un 0,7 %, hasta alcanzar 3.461 millones de euros. Para el impuesto sobre el patrimonio, por el contrario, los beneficios fiscales se hunden un 52% y se quedarán sólo en 6,13 millones. Finalmente, en los impuestos especiales –tabaco, alcohol, carburantes– se disparan un 18,9 % y ascenderán a 1.142 millones de euros.

  9. las EMPRESAS PÚBLICAS ganarán casi 3.000 millones

Las empresas públicas ganarán este año 2.958 millones de euros, lo que equivale a una mejora del 3% con respecto a 2018. Ese crecimiento se basará, si se cumplen las previsiones del Gobierno, en los beneficios de 1.863 millones de euros de Loterías del Estado –un 0,3% menos que el año pasado– y en los 1.402 millones –un 3% más que en 2018– del operador aeroportuario Enaire.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tendrá también beneficios, 391 millones, lo que supone multiplicar por 2,5 los resultados del pasado ejercicio. Puertos del Estado los aumentará en un 30%, pero Renfe Operadora los recortará un 4,7% y Paradores de Turismo los reducirá nada menos que un 50%.

  10. FROB

Por el contrario, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que gestiona el rescate bancario, seguirá perdiendo dinero. Para este ejercicio sus números rojos se elevarán hasta los 122,1 millones de euros, un 4,4 % más que el año pasado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone cerrar el déficit de la Seguridad Social, que cifra en el 1,4% del PIB, traspasando los gastos no contributivos del sistema al Estado, y con el aumento del tipo de cotización por contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo). Estas medidas elevarían en conjunto el déficit estatal al 2,2% del PIB. Informa Europa Press.

Aumento de la edad efectiva de jubilación

A largo plazo, la AIReF advierte de que en los próximos 30 años el envejecimiento poblacional elevará el gasto en pensiones entre 2 y 4 puntos de PIB, por lo que pide profundizar en la reforma de 2011 con el retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del período de la carrera de cotización. Concretamente, el escenario central de la AIReF pronostica un aumento de 2,8 puntos de PIB del gasto en pensiones para los próximos 30 años, derivados del alza de 9,5 puntos procedente del envejecimiento poblacional, contrarrestado en parte por la reducción de 2,9 puntos derivados de la reforma de 2011, otros 2 puntos menos por el mercado de trabajo, 1,3 puntos por los factores institucionales y seis décimas menos de gasto por el factor de sostenibilidad.

Estas estimaciones se han realizado en función de un pronóstico de un flujo de entradas netas para el promedio de 2018-2050 de 270.000 inmigrantes y una natalidad de hasta dos hijos por mujer en 2050, con un incremento de la esperanza de vida de hasta 87 años. Ante este aumento del gasto, AIReF aboga por profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, ya que se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años), siendo una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años. Esto pasa por modificar los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación.

En cuanto al periodo de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 20 años (convergerá en 2022 a los últimos 25 años por la reforma de 2011), recuerda que está también por debajo del utilizado por los principales países del entorno, donde se utiliza la carrera laboral completa. El impacto sobre el gasto en 2048 podría llegar a alcanzar los 2 puntos de PIB, cifra cercana al ahorro proporcionado por la implementación del índice de revalorización de las pensiones, minimizando a su vez el impacto en la tasa de cobertura. Por ello, recomienda aumentar la carrera de cómputo de la pensión más allá de los 25 años.

Aumentar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027 supondría un ahorro de 0,5 puntos porcentuales de PIB en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia.

Revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad

Según la AIReF, la aplicación del índice de revalorización de las pensiones, en ausencia de medidas de incremento de ingresos, hubiera supuesto una revalorización del 0,25% durante todo el periodo de referencia, lo que habría contenido el gasto en 2,1 puntos del PIB adicionales, reduciendo el gasto en pensiones en 2048 en el escenario central hasta el 11,3% desde el 13,4%, aunque sería a costa de una reducción de ocho puntos de la tasa de cobertura de las pensiones respecto de los salarios.

Fuentes del organismo han apuntado que si finalmente se elimina el índice de revalorización de las pensiones se debe ofrecer una alternativa, ya que lo contrario generará un problema de sostenibilidad a partir de mediados de la próxima década, con un aumento de la deuda pública "muy significativa". El retorno a la revalorización con el IPC en 2018 y 2019 y otras medidas sobre pensiones mínimas y de viudedad añadirán hasta tres puntos al crecimiento anual inercial del gasto en pensiones a futuro. A falta de lo que determine finalmente la Comisión del Pacto de Toledo, han indicado que no les consta que se vaya a eliminar de forma definitiva el factor de sostenibilidad de las pensiones.

AIReF estudia la sostenibilidad de la Seguridad Social

Así se desprende de un informe elaborado por la AIReF sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social, en el que ve "factible" corregir el déficit estructural actual del sistema de la Seguridad Social, que se sitúa entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, mediante ajustes de ingresos y gastos entre subsectores, al ser "deseable" que dicho desequilibrio sea asumido por el Estado. La Autoridad Fiscal sostiene que visualizar el desequilibrio de la Seguridad Social de 17.400 millones como un problema del conjunto de las administraciones públicas permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad del sistema, que genera "distorsiones en la toma de decisiones de pensionistas y agentes económicos", afectando a decisiones de ahorro y consumo y llevando a una "desafección generalizada" con el funcionamiento del sistema.

Para cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, que estima entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, propone el traspaso de responsabilidades de gasto desde el sistema de la Seguridad Social al Estado, mediante la elevación en términos relativos de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo). En detalle, considera que la cotización por desempleo podría reducirse entre tres y cuatro puntos en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida para el SEPE, lo que comporta un gasto de unos 10.400 millones.

También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones). De esta forma, si se descuenta el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de la AIReF supone transferir un gasto de 9.000 millones del SEPE al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social.

Así, el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, pasando de ocho décimas al 2,2% del PIB, en tanto que se acabaría con el desequilibrio en la Seguridad Social, con un déficit público total del 1,9%. A juicio de la AIReF, existen gastos cuya propia naturaleza contributiva es "discutible", por lo que, aunque su propuesta mantiene las prestaciones, llevaría a cabo una redistribución de la financiación de las mismas entre las distintas administraciones. "Lo lógico es que haya reasignación de competencias para que cada administración tenga capacidad de gestión", ya que hay una distribución sectorial del déficit público que "tiene poco sentido", han remarcado fuentes del organismo.

Las plataformas y movimientos de pensionistas de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra solicitarán reunirse con "responsables máximos" del Gobierno español, así como con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados porque "ninguna institución debe eludir su responsabilidad a la hora de garantizar los derechos de las personas pensionistas, actuales y futuras". Informa Europa Press.

Durante la concentración que, como todos los lunes desde el 15 de enero, han llevado a cabo ante la explanada del Ayuntamiento de Bilbao, el Movimiento de Pensionistas de Vizcaya ha informado de la reunión mantenida el pasado 29 de noviembre por las plataformas y movimientos de pensionistas de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Según han recordado, actualmente se están negociando los presupuestos de los gobiernos autonómicos y el central, donde la situación de las personas pensionistas es "uno de los puntos candentes de los mismos".

En ese sentido, han advertido de que "la problemática de las pensiones no se reduce a unas limitadas ayudas para unas cuantas personas damnificadas a fin de aliviar sus problemas, que son su gran precariedad", sino que "la situación tiene que ver con las agresiones que está recibiendo el actual sistema de pensiones públicas" con el objetivo de "tratar de impedir que se garanticen unas pensiones, actuales y futuras, dignas".

Desde la plataforma vizcaína han dicho que "no es entendible que los gobiernos e instituciones esté promocionando los planes de pensiones privadas y EPSVs, ya que van en detrimento de la Seguridad Social, y favorecerán e incentivarán a las rentas altas en perjuicio de las más bajas, ampliando la brecha y desigualdad social entre hombres y mujeres". En ese sentido, han denunciado la "falta de compromiso institucional y desinterés de algunos partidos políticos por encontrar soluciones a los problemas sociales y económicos actuales". También han considerado "inaceptable el silencio de esos mismos gobiernos ante medidas amenazantes, como el factor de sostenibilidad, que reducirá significativamente las pensiones". Además, han advertido de que "las reformas laborales y de pensiones tendrán consecuencias para las actuales y futuras pensiones".

Ante esta situación, han señalado la necesidad de "un debate sincero sobre el reparto de la riqueza". "Nuestro modelo social debe ir acorde a ella y, por tanto, los presupuestos de 2019 deben reconocer la cuantía que corresponde a las pensiones", han indicado, para señalar que "ésta es la razón" por la que solicitan dialogar en torno a un sistema de pensiones público. En esa línea, han recordado, que están a la espera de poder reunirse con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y también ha pedido mantener un encuentro con la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, después de haber mantenido reuniones con representantes del Parlamento vasco. "Hemos oído por parte de todos los grupos político, en general, palabras bonitas que se hacían eco de nuestras reivindicaciones, pero pocos compromisos", han lamentado.

Ahora, ha anunciado que su intención es solicitar entrevistas con "responsables máximos" del Gobierno español y de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. "Ante el inminente debate parlamentario sobre los presupuestos hemos exigido una partida presupuestaria para incrementar las pensiones mínimas a 1.080 euros por ley, y lo hemos hecho ante las instituciones de Euskadi, Navarra y Madrid, porque ninguna institución debe eludir sus responsabilidades a la hora de garantizar los derechos de las personas pensionistas, actuales y futuras", han considerado.

Pensionistas de Euskadi y Navarra critican el inaceptable silencio de los gobiernos y solicitan reunirse con el central

Llaman a la movilización ante esta "cuestión de voluntad política"

Han recordado que la pensión mínima de 1.080 euros es "la mínima amparada por la Carta Social Europea" y ha asegurado que los gobierno autonómicos y el central "lo pueden materializar" y las partidas necesarias para ello "pueden ser asumidas por los presupuestos públicos". "Es una cuestión de voluntad política y de las prioridades de acción de gobierno", han asegurado, para añadir que "conseguir ese objetivo depende de nuestra capacidad de movilización".

Por ello, han añadido que el próximo 15 de diciembre, día en que las plataformas de pensionistas de Euskadi han convocado una nueva manifestación en las capitales vascas para volver a reclamar las principales demandas del colectivo, incluida la aprobación de una pensión mínima de 1.080 euros, quieren demostrar "junto al máximo de agentes sociales, que esta batalla la vamos a ganar". "Tenemos que seguir con las movilizaciones llenando las calles de gente", han concluido.