Cinco grupos de comunicación regionales, pero de tamaño más modesto que Vocento o Prensa Ibérica, dominan, sin embargo, la información local en Galicia, Navarra, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en gran parte gracias a su estrecha vinculación con el poder autonómico.

En sus páginas web detallan, con distinto grado de precisión, cuánto dinero reciben cada año de las administraciones públicas en concepto de publicidad institucional. Algunos grupos, como La Voz de Galicia o Diario de Navarra, ofrecen cifras exactas y porcentajes sobre su facturación total. Otros, como Promecal o Edigrup, no dicen nada al respecto.

Corporación Voz de Galicia es el gran grupo mediático gallego, el más influyente en la vida política y económica de la comunidad en los últimos cincuenta años gracias a la influencia del diario La Voz de Galicia, hegemónico solo en A Coruña, pero con presencia relevante en las cuatro provincias. El diario sigue siendo su cabecera central y el núcleo simbólico y empresarial del conjunto, del que forman parte Radio Voz, La Voz de Asturias y Sondaxe.

Al pie de su página de inicio, en el segundo párrafo del enlace "Aviso legal", el diario trata de dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA). Allí explica que el propietario indirecto de la empresa matriz del diario, La Voz de Galicia, SA, es la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. Los titulares reales de la compañía son los miembros de su consejo de administración, formado por su presidente, Lois Blanco Penas, el secretario, Manuel Areán Lalín, y los consejeros José Luis Nueno Iniesta, Santiago Pérez Otero y José Luis Vázquez Mariño.

En el ejercicio 2024, explican en el mismo lugar que la publicidad bruta “antes de rappel” —antes de aplicar los descuentos por volumen en la compra de publicidad— procedente de entidades, organismos y empresas de titularidad pública españolas (estatales, autonómicas o locales) “ascendió a 6.749.438 euros, equivalente al 16,18% de la cifra neta de negocio de la sociedad”. El mismo concepto de ingresos, pero procedente de gobiernos o entidades públicas de otros países, alcanzó los 31.244 euros, el 0,07% de la cifra neta de negocio.

Según el informe del Gobierno central sobre ele reparto de publicidad institucional del Ejecutivo, en 2025 recibió 59.471,54 euros, lo que hace suponer que el resto, hasta casi 6,7 millones, procedió de la Xunta y de la administración local.

La fundación que lleva su nombre fue el instrumento elegido por Santiago Rey Fernández-Latorre antes de su fallecimiento para asegurarse de quién controla el periódico y el resto de empresas del grupo.

Tras su muerte, la fundación quedó como heredera y dejó las decisiones en manos de su patronato, en el que la voz cantante la lleva Lois Blanco, un periodista vinculado al periódico desde hace 36 años.

Igual que en el caso anterior, el diario líder de la comunidad foral, el Diario de Navarra, ha optado por incluir la información relativa a la EMFA en su apartado de "Aviso Legal", al pie de la página principal. Allí hace constar que la empresa Diario de Navarra SA es propiedad, al 100%, de La Información SA.

Diario de Navarra declara una estructura de propiedad muy atomizada, sin accionistas de referencia, y una dependencia relativamente limitada de la publicidad institucional en el conjunto de sus ingresos. Según estos datos, La Información SA tiene un consejo de administración formado por seis personas, bajo la presidencia de Alfonso Bañón y vocales como Paloma Arraiza, Luis Colina, Javier Uranga, Íñigo Sobrini y Fernando Basarte, nombres que revelan una gobernanza del grupo muy pegada al poder social, económico, político e institucional de la comunidad foral.

El diario subraya que las acciones están “en manos, en su casi totalidad, de los descendientes de los 57 industriales” que impulsaron la compañía a comienzos del siglo XX. Hoy, según esa misma declaración, existen 756 accionistas y el capital está “muy diluido”.

En el mismo apartado EMFA, el diario cifra, al cierre de 2024, la publicidad de las administraciones públicas —Gobierno central, Gobierno foral, ayuntamientos y sociedades públicas— en 643.900 euros.

Esa cifra se desglosa en dos porcentajes con los que la empresa editorial quiere dimensionar el peso real de la publicidad institucional: supuso el 12% de los ingresos publicitarios totales y el 3,8% del conjunto de ingresos del periódico.

Grupo Joly es el primer grupo editorial andaluz y su eje histórico es Diario de Cádiz (1867). Reúne una red de diez diarios locales y provinciales surgidos a partir de su cabecera fundacional, que fueron sumándose progresivamente al grupo: Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy, Diario de Almería y Jaén Hoy, este último nacido ya en 2023 en formato exclusivamente digital.

Su consejo de administración está compuesto íntegramente por miembros de la familia fundadora Joly, reflejando el carácter familiar de la compañía, bajo la presidencia de José Joly Martínez de Salazar, que también ejerce el cargo de consejero delegado.

Los diarios del grupo, en su enlace de "Aviso legal", al pie de la página de inicio, reproducen la misma información sobre el grupo en su totalidad. Identifican ahí a Joly Digital, SL como la sociedad editora del portal, perteneciente a Grupo Joly, y que "el liderazgo del grupo corresponde a José Joly Martínez de Salazar, consejero delegado de la sociedad matriz, a quien se identifica expresamente como "titular real" y responsable del control efectivo de la compañía, pero sin detallar porcentaje de acciones.

El grupo no da cuentas cabecera a cabecera de su publicidad institucional, pero sí del conjunto de la compañía. Durante 2024, la publicidad institucional procedente de autoridades nacionales y "subnacionales" representó el 10,87% de los ingresos publicitarios totales.

El último informe de publicidad institucional del Gobierno revela que el grupo recibió por este concepto 70.199,75 euros en 2025.

Promecal (Promotora de Medios de Castilla y León) es un grupo de comunicación con sede en Burgos y presencia en prensa, televisión, radio y servicios multimedia. Edita en total trece cabeceras de prensa, organizadas en tres modelos de negocio diferenciados: prensa diaria, ediciones de fin de semana y prensa de distribución gratuita. 

En el bloque de ediciones diarias figuran cuatro periódicos: Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino y La Tribuna de Albacete. El segmento de distribución gratuita, el más numeroso con seis cabeceras, agrupa El Día de La Rioja, El Día de Segovia, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Talavera y La Tribuna de Toledo. Completan el grupo tres publicaciones de fin de semana: El Día de Soria, El Día de Valladolid y La Tribuna de Guadalajara.

Estas cabeceras hacen constar que su empresa matriz es Sumando TV y Web, S.A.U., pero ninguna de ellas revela quién es su propietario ni la publicidad institucional que recibe. Además del negocio de prensa, Promecal explota tanto canales autonómicos como locales —comparte con su rival regional Edigrup Media la cadena pública autonómica CyLTV y sus desconexiones locales, que se emiten en un segundo canal bajo la denominación La 8—, además de La 7 de La Rioja y Navarra Televisión. El área de radio combina emisoras asociadas a Onda Cero en varias provincias con la marca propia Vive!. Un negocio que ha expandido a servicios audiovisuales, multimedia y comunicación, servicios de prensa y un partner tecnológico.

Ni la web del grupo ni sus medios citan siquiera a su verdadero propietario, como obliga el EMFA. Ese puesto lo ocupaba, al menos hasta hace poco tiempo, Antonio Miguel Méndez Pozo, un empresario ahora octogenario condenado en 1994 por corrupción urbanística a siete años de prisión —de los que cumplió apenas nueve meses— y doce de inhabilitación.

Tampoco dan cuenta de la publicidad institucional que reciben. Sí sabemos, gracias al informe publicado por el Gobierno, que en 2025 ingresó por este concepto, procedente del Ejecutivo español, 586.617,22 euros.

Edigrup Media, por su parte, se presenta como un grupo de prensa, radio, televisión y medios digitales. En el núcleo del negocio se sitúan sus cabeceras de prensa escrita, todas con edición en papel y versión digital, que funcionan como referencia informativa en sus respectivas provincias y como soporte principal de su estrategia editorial. Bajo el paraguas de Edigrup operan el Diario de León, cabecera centenaria con más de un siglo de trayectoria; el Diario de Valladolid; el Diario de Castilla y León–El Mundo, concebido como periódico regional vinculado a la edición nacional de El Mundo; El Correo de Burgos–El Mundo y el Heraldo Diario de Soria.

En el ámbito radiofónico, Edigrup opera a través de Castilla y León Radio, que comercialmente utiliza la marca esRadio Castilla y León y funciona como red territorial asociada a la cadena nacional esRadio, de Federico Jiménez Losantos.

En televisión, Edigrup es socio de la autonómica pública Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL).

La mayoría de los diarios del grupo incluyen en su "Aviso Legal" una referencia a su empresa propietaria, Otura Comunicación, S.L., y señalan como propietaria a Milagros Fernández Alonso. Pero no dicen nada sobre publicidad institucional.

Según fuentes públicas, Otura Comunicación S.L. es una sociedad del entramado empresarial de José Luis Ulibarri, el constructor leonés que levantó el grupo.

Milagros Fernández Alonso es la esposa de Ulibarri y figura en cargos de administración de sociedades vinculadas al grupo familiar. Su marido fue condenado en 2022 por la Audiencia Nacional en la causa Gürtel Boadilla, acumulando penas por prevaricación, fraude a la Administración pública, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Colaboró con la justicia para evitar una condena inicial de siete años.

El único de sus medios que se sale de este esquema es el Heraldo Diario de Soria, cuya web declara estar a cargo de la hija de la pareja, Adriana Ulibarri Fernández.

El informe sobre publicidad institucional del Gobierno refleja una inversión de tan solo 15.146,78 euros a lo largo de 2025.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) obliga desde agosto de 2025 a los medios de comunicación a publicar de forma accesible quién es su propietario real. La norma se aplica de forma directa en toda la Unión Europea: no hace falta una ley española que lo transponga.

Su artículo 6 exige detallar el nombre legal del medio, sus datos de contacto, los propietarios directos e indirectos con capacidad de influencia editorial y los beneficiarios últimos. También obliga a explicar si el medio recibe financiación o si tiene participación estatal, directa o indirecta, y cuánta publicidad institucional ingresa cada año.

Lo que sigue es un repaso a lo que se conoce sobre la propiedad y al grado de cumplimiento del EMFA por parte de once de las cabeceras digitales nativas más importantes de España, casi un año después de la entrada en vigor del reglamento.

Cinco de los diez diarios revisados no dicen en su web quién controla realmente la empresa editora: diario-red.com, vozpopuli.com, elespanol.com, elplural.com y elindependiente.com.

Diario-red.com, presidido por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, se limita a decir que pertenece a Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, sin identificar a sus titulares. Informaciones publicadas atribuyen a Iglesias casi todo el capital de esa sociedad, pero el dato no figura ni en Diario-red.com ni en su homólogo audiovisual, canalred.tv. La sección “Quiénes Somos” del diario solo identifica a Iglesias como presidente y al exdiputado Pablo Echenique, cofundador junto a él de Podemos, como vicepresidente de la empresa editora.

Vozpopuli.com, el digital que publica la empresa VozPópuli Digital SA, tampoco dice en su web quién es su titular final ni quién toma las decisiones empresariales. Jesús Cacho figura públicamente como editor, fundador y, según varias fuentes, propietario del diario, aunque esa información no aparece en la propia cabecera.

Elespanol.com, que dirige Pedro J. Ramírez tras su salida de El Mundo, remite solo al nombre de su editora, El León de El Español Publicaciones SA. Distintas informaciones atribuyen la mayor parte del capital al propio Ramírez, algo que el diario no confirma en ningún lugar accesible.

Elplural.com, adquirido en su día por el periodista ya fallecido Enric Sopena, guarda un silencio parecido. Su editora, Corporate Communicator SL, es el único dato disponible en la web. El director, José María Garrido, comparte el cargo con el de consejero delegado de la empresa, que preside Ángeles Sopena Castiella —citada en algunos informes de acceso abierto—, aunque el diario no lo explica.

Elindependiente.com, que dirige Casimiro García-Abadillo, hace constar en su aviso legal que pertenece a Park Row Digital SL, pero no detalla quién controla esa sociedad. Fuentes abiertas externas describen un núcleo de periodistas y promotores con el 51% del capital, dentro del cual García-Abadillo, exdirector de El Mundo, tendría en torno a un 7,54% y la presidencia del consejo de administración. Pero el diario no lo publica.

Elconfidencial.com ocupa una posición intermedia. No cumple del todo la exigencia de transparencia accesible que pide el EMFA, pero sí deja rastro de su estructura accionarial en su web corporativa.

El diario, de tendencia liberal conservadora, remite desde su web a la de Titania Compañía Editorial SL, su propietaria. Ahí puede rastrearse un accionariado repartido entre Comitia Inversión SL, con el 46,17% y representada por José Antonio Sánchez; Avema XXI 1 SL, con el 16,51% y representada por Juan Perea Sáenz de Buruaga; y Antonio Rodríguez Aporta, con el 15,44% a título personal. Un segundo nivel de consejeros —Alberto Artero, Antonio Casado y Pedro Pérez— y el director, Ignacio García Cardero, con el 2,16%, completan el capital.

Sánchez, fundador del diario, comenzó su carrera periodística en 1976 en Diario 16. En 1988 pasó a la comunicación corporativa: trabajó en Telefónica, donde fue director general de Comunicación durante dos años, antes de hacerse cargo de Terra, el portal de internet con el que la compañía intentó posicionarse en el nuevo entorno digital. En la primavera de 2000 dejó Terra para fundar elconfidencial.com.

En publico.es, la propiedad tiene nombre concreto: el productor audiovisual Jaume Roures, a través de Orpheus Media SL, con el 81,15%, y Mediacable Servicios de Producción SL, con el 18,85%, controla el 100% de Display Connectors SL, la empresa editora. El diario lo explica en una página de “Transparencia” al pie de su portada.

Eldiario.es reparte la propiedad de otra manera. Su director, Ignacio Escolar, es el principal accionista y presidente de Diario de Prensa Digital SL, aunque el diario no precisa su porcentaje exacto. Más del 70% de la empresa, explica en un enlace específico titulado "¿Quién está detrás de elDiario.es?", está en manos de personas que trabajan en la redacción, pero no muestra los porcentajes.

Elsaltodiario.es tiene otro modelo. No hay accionistas individuales, sino que depende de la entidad Cooperativa Editorial S. Coop., en la que los suscriptores se convierten en socios copropietarios y participan en la asamblea general y en las decisiones estratégicas del medio. No existe, por tanto, un titular real individual que declarar, más allá de la identidad cooperativa.

Lamarea.com, editada por la cooperativa sin ánimo de lucro MásPúblico SCCL, ofrece un grado de transparencia alineado con las exigencias del EMFA: publica su estructura de propiedad y gobierno, sus cuentas, anunciantes, subvenciones y el peso de la publicidad institucional. La cooperativa pertenece a 79 personas —76 socias y socios usuarios y tres trabajadores— y funciona con el principio de una persona, un voto en la Asamblea General, mientras que el Consejo Rector es elegido por esta y sus integrantes no cobran por ejercer el cargo. Esta información, junto al listado nominal de cooperativistas y los datos económicos de la entidad, está disponible en el enlace Transparencia situado en el pie de la página principal de este medio.

infoLibre es, de los diez digitales analizados, el que mejor cumple la exigencia de transparencia sobre la propiedad. Muestra un enlace destacado en su cabecera con la identidad de su empresa editora, Prensa Libre SL, y la de sus accionistas. Puedes consultar todos los detalles aquí.

El reglamento no distingue por línea editorial, pero los datos recogidos dibujan grandes diferencias. Elconfidencial.com, elespanol.com, elindependiente.com y vozpopuli.com, las cuatro cabeceras situadas editorialmente a la derecha, no publican, de forma completa, quién es su propietario último, aunque el primero de ellos sí enlaza con una web en la que figura esa información.

En el otro extremo están elsaltodiario.com, infoLibre, publico.es, elplural.com, eldiario.es y diario-red.com. De estos seis, tres —infoLibre, lamarea.com y publico.es— cumplen la exigencia de transparencia sobre la propiedad; elsaltodiario.com la sustituye por la identidad de su cooperativa, de la que no da muchos detalles; eldiario.es la cumple solo en parte, sin detallar porcentajes; elplural.com no ofrece ningún dato sobre sus propietarios. Diario-red.com, vinculado al exvicepresidente Pablo Iglesias y a Podemos, tampoco identifica a sus titulares reales en su web.

El EMFA también obliga a declarar cuánta publicidad institucional recibe cada medio. Y aquí las diferencias son igual de marcadas.

infoLibre ingresó 1.104.437 euros en publicidad en 2025, de los que el 9,31% procedieron de administraciones públicas, y ningún anunciante superó el 10% de sus ingresos totales. Este diario publica anualmente todos los detalles.

El último dato publicado por lamarea.com corresponde a 2025: la publicidad institucional representó el 0,6% de los ingresos de MásPúblico.

Publico.es declara que las administraciones públicas aportaron 801.124 euros a sus cuentas en 2025, el 18,9% de sus ingresos totales, a los que se suman 139.104 euros de empresas públicas. El peso de lo público alcanza así el 22,1% de los ingresos del digital de Roures.

eldiario.es recibió 353.117 euros en publicidad institucional, el 2% de sus ingresos totales. El diario detalla además 253.461 euros en subvenciones de 2025: 24.000 euros del Kit Digital, 41.802 euros del Ministerio de Cultura, 12.545 euros del Parlamento Europeo, 5.500 euros de un programa de empleo de la Comunidad de Madrid y 169.614 euros de fondos europeos para el desarrollo de software e inteligencia artificial, de los que 149.118 euros se contabilizarán en 2026. Afirman que una norma interna impide que ningún anunciante, público o privado, supere el 10% de sus ingresos totales.

Elsaltodiario.es no hace constar ninguna cifra, de ninguna Administración. El informe del Gobierno correspondiente a 2025 solo refiere 1.006,72 euros en todo el ejercicio.

Elconfidencial.com y elespanol.com no publican en su web el total de publicidad institucional que reciben, pese a la obligación del EMFA. El informe del Gobierno sitúa lo recibido por elconfidencial.com en 117.998,76 euros y por elespanol.com en 340.661,08 euros durante 2025.

Diario-red.com, vozpopuli.com, elplural.com y elindependiente.com no ofrecen ningún dato propio sobre publicidad institucional.

De los diez diarios revisados, solo infoLibre y publico.es publican de forma accesible tanto la identidad de su propietario real como la cifra de publicidad institucional que reciben. Elconfidencial.com, eldiario.es y Elsaltodiario.com ofrecen una parte de esa información. Diario-red.com, Elespanol.com, Elindependiente.com, Elplural.com y Vozpopuli.com no publican en su web ninguno de los dos datos.

Como el verano nos ayuda a disponer de tiempo, a salir de las urgencias y valorar las realidades cotidianas, no quiero dedicar esta columna a las calamidades que afectan a la actualidad, sino a los privilegios habituales de la vida corriente y común. Por ejemplo, la suerte de colaborar en la prensa seria y de poder establecer con muchos lectores un diálogo sobre la convivencia, los bulos, las inquietudes más graves y las ilusiones que merece la pena sostener. Escribo esta columna de agosto para darle las gracias a los lectores de infoLibre.

He tenido la suerte de colaborar en programas de radio de Canal Sur, Radio Nacional de España o la Cadena SER. Desde joven colaboré en los periódicos de mi ciudad, Ideal y Diario de Granada, y poco después pude publicar columnas en El País, Público e infoLibre. La prensa supone una invitación a participar de manera cívica en la sociedad y heredar una tradición importante en el mundo de la literatura, vivida a lo largo de distintas épocas y contextos. Las firmas de Larra, Unamuno, Azorín, Francisco Ayala, Delibes, García Márquez, Rosa Montero, Elvira Lindo, Almudena Grandes y Antonio Muñoz Molina así nos lo recuerdan. Escribir es habitar la historia, vivir por dentro las experiencias humanas, comprender que la realidad se compone de acontecimientos y experiencias, datos e interpretaciones. Por eso resulta necesaria la información objetiva, pero también los espacios para las opiniones personales, opiniones que no se venden como noticia, sino como miradas, como meditación de lo vivido.

Cuando yo empecé a leer y escribir, los periódicos eran un lugar muy significativo en la transformación de la sociedad española y en la búsqueda de la democracia. Los testimonios se sumaban a las noticias sin censura y los titulares formaban parte de la atmósfera de una nación que se asomaba a la libertad, se transformaba y conseguía hablar, cantar, coser y escribir sin prohibiciones. Colaborar en prensa suponía dar testimonio y recibir la herencia de un esfuerzo cultural y profesional importante en busca de la emancipación y de una dignidad capaz de unir los compromisos públicos con la dignidad privada.

Las contradicciones nunca faltan, a veces son sigilosas y a veces se convierten en un ruido y en unas dinámicas que iluminan el estado de las cosas. Es imprescindible siempre oponerse a las tijeras del censor, pero no puede hablarse cómodamente de libertad cuando se piensa en las dependencias económicas, ideológicas y sociales de los medios de comunicación. Con más o menos decencia, las líneas editoriales se apartan de la objetividad en favor de los intereses de sus propietarios. Y en la degradación de las apuestas democráticas suelen ir de la mano la pérdida de imparcialidad de la administración de Justicia y la sustitución del periodismo por el pseudoperiodismo, los profesionales por los paniaguados, los informadores por los tejedores de crispación y los periódicos o radios por estercoleros. Así ocurrió siempre que se quiso generar odios legitimadores de dictaduras, nacionalismos fanáticos, identidades cerradas y genocidios.

La estrategia de los demagogos que disfrazan su falta de decencia es la generalización, todos son iguales… Pues no es verdad. Gracias a mis colaboraciones en la prensa he tenido la oportunidad de conocer y establecer amistad con periodistas muy decentes, puntos de referencia de la información democrática y la lucha contra las mentiras sistematizadas. Como este artículo está escrito para infoLibre, quiero aprovechar la ocasión para hablar bien de mi amigo Jesús Maraña. De él recibí la invitación para colaborar en el periódico, antes también en Público, y de participar en un proyecto que quiso unir la información con la libertad, no ya frente a la censura, sino frente a los tejidos económicos que procuran subvencionar y fijar los modos de decir. Jesús es el sentido común de la mirada conflictiva, la sensatez de la rebeldía.

La realidad nos envuelve, y con frecuencia los peligros que sobrevuelan la convivencia nos hacen olvidar lo conseguido. Por eso es importante ejercer la memoria histórica, y por eso conviene también reconocer el valor de lo que tenemos junto a nosotros. Yo aprovecho la paz íntima de las vacaciones de verano para agradecerle a Jesús Maraña la posibilidad que me dio de mantener una conversación semanal con los lectores de infoLibre. Frente a los sicarios del insulto, los partidarios de la prensa independiente y la democracia social tenemos muchas cosas que decirnos.

El Grupo Henneo se ha consolidado en la última década como un negocio multisectorial que trata de desbordar sus raíces editoriales en Zaragoza para convertirse en un referente nacional de la comunicación y la tecnología. Bajo el control de la familia Yarza y con el respaldo financiero de Ibercaja, el holding ha pasado de gestionar un diario centenario a liderar una estructura diversificada con más de 4.500 empleados repartidos entre sus distintas divisiones.

La historia del grupo se remonta a la fundación de Heraldo de Aragón en 1895, cabecera que durante más de un siglo actuó como motor editorial de una gestión marcadamente familiar y vinculada al territorio. Hasta ahí, nada muy distinto de lo que han representado, a diferentes niveles, otros diarios regionales, como La Vanguardia en Barcelona, Diario de Navarra en Pamplona o La Voz de Galicia en A Coruña.

El gran punto de inflexión moderno se produjo en el año 2000. Una profunda reestructuración societaria, tras el desacuerdo estratégico entre las familias Yarza y Bruned, permitió a los primeros tomar el control mayoritario del holding con un 59% del accionariado. Esta transformación marcó el paso de una editora provincial a un conglomerado tecnológico y de medios con ambición nacional e internacional.

Lo sustancial en este caso es que esa expansión no habría sido posible sin el apoyo financiero de Ibercaja Banco, que ostenta el 40% del capital y actúa como garantía de soporte continuo para los planes de crecimiento del grupo.

El control estratégico de la entidad reside en el seno de ese Patronato, un selecto círculo que condensa al establishment aragonés. Lo encabeza Amado Franco Lahoz, el histórico presidente que pilotó la transición de caja de ahorros a banco, y en él se sientan otras figuras de gran peso institucional.

La vinculación con los núcleos de poder financiero y empresarial se personifica en la figura de Manuel Pizarro, vocal independiente del consejo de administración y expresidente tanto de Endesa como de la propia Ibercaja. Pizarro es descrito a menudo como un protector histórico del grupo y una figura clave cuya presencia conecta el desarrollo periodístico de la familia Yarza con los centros de decisión de las grandes corporaciones nacionales y las instituciones financieras del país.

En la actualidad, el liderazgo ejecutivo del grupo recae en la quinta y sexta generación de la dinastía, con tres hermanos en posiciones estratégicas. Fernando de Yarza López-Madrazo ejerce la presidencia del holding. Por su parte, Íñigo de Yarza asume la máxima responsabilidad operativa como consejero delegado, mientras que Paloma de Yarza preside Heraldo de Aragón a la vez que forma parte del patronato que gobierna Ibercaja Banco. En ese mismo órgano también se sienta Pizarro, que a su vez es consejero de Henneo.

Pizarro se convirtió en la gran figura económica del aznarismo tras ser impulsado a la presidencia de Endesa en 2002 y a la vicepresidencia de la fundación FAES. Ese peso político y mediático llevó a Mariano Rajoy a convertirlo en su fichaje estrella y número dos del PP por Madrid en las elecciones de 2008.

A la vez, Pizarro sirvió de puente estratégico entre el centro de poder de Madrid y la élite aragonesa. Su histórico peso en la cúpula de Ibercaja y su posterior incorporación al consejo de administración del Grupo Henneo conectaron directamente el imperio mediático de la familia Yarza con el universo político del PP y el entramado financiero de la comunidad.

La cabecera nuclear y origen del grupo sigue siendo Heraldo de Aragón, que mantiene una posición de dominio informativo absoluto en su comunidad autónoma. El salto al ámbito nacional se fraguó en 2015 con la adquisición de 20minutos, en aquel momento el diario impreso más leído de España y hoy el sexto generalista, según el EGM, y el décimo digital, según GfK DAM, muy por debajo de sus mejores días. A esas dos cabeceras hay que sumar la revista Cinemanía y la cabecera provincial Diario del Alto Aragón.

En 2024, el grupo amplió su cartera de publicaciones con la adquisición de las revistas de Axel Springer España, rebautizadas ahora como Henneo Magazines, e incorporando marcas como Business Insider España, Auto Bild, Computer Hoy, Hobby Consolas, Top Gear y Retro Gamer.

Sin embargo, el área de mayor crecimiento y rentabilidad de Henneo es Hiberus, una consultora en transformación digital, desarrollo de software y big data. Con presencia en más de 30 países y una facturación que ronda los 200 millones de euros, esta división aporta ya el grueso de los ingresos del grupo, compensando el estancamiento del sector de prensa tradicional.

El peso del holding no acaba ahí. A través de la marca Factoría Henneo, opera como la tercera productora de España por horas de emisión. Su estructura audiovisual es especialmente fuerte en Aragón, donde empresas como Factoría Plural, Chip Audiovisual —encargada de los informativos— y Global Studio News —especializada en deportes— gestionan gran parte de la producción de la televisión pública regional, CARTV, controlada por el PP. El grupo cuenta además con filiales de servicios técnicos como InEvent y Now Audiovisual, y con la sociedad Séneca Audiovisual en Andalucía. 

En el ámbito publicitario, Henneo también posee Alayans Media, un hub tecnológico y comercializador que unifica las audiencias de sus propios medios y de otros 13 grupos editoriales regionales para vender posiciones publicitarias. A esta sociedad se suma la agencia Aragón Media Lab.

Aragón TV depende del grupo Henneo para producir prácticamente todo lo que emite. Tres contratos por 67,4 millones de euros ponen en manos de sus empresas —Factoría Plural, Chip Audiovisual y Global Studio News— los informativos, los programas y el deporte de la televisión pública aragonesa durante al menos tres años, con opción a una prórroga automática de casi tres años más sin necesidad de un nuevo concurso. Ese paquete consume el 40,6% de todo el presupuesto de la radiotelevisión autonómica.

Para Henneo, estos contratos refuerzan una posición ya dominante en Aragón, donde el propio grupo estima que sus medios llegan al 90% de la audiencia regional. Los informativos de Aragón TV que produce Chip Audiovisual promediaron un 23% de cuota en 2025, un punto por encima de Antena 3, y la cadena cerró el año con su mejor dato en 19 años de historia.

Se da la circunstancia de que al frente de la televisión pública aragonesa está Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en el Gobierno de coalición PP-Vox. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo.

Heraldo de Aragón y 20minutos, ambas cabeceras del grupo, han publicado sendas páginas de transparencia en cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), con datos sobre propiedad, financiación y publicidad institucional prácticamente idénticos, salvo en un punto: el peso de la publicidad pública en sus ingresos.

Las dos webs confirman que son propiedad al 100% de Henneo y que el grupo está controlado por "la familia Yarza" —sin concretar nombres, volumen individual de acciones ni cargos— junto a Ibercaja Banco como accionista. Ninguna menciona sociedades intermedias u otros socios.

En el capítulo económico, ambos medios describen la misma estructura de ingresos del grupo, repartida entre servicios tecnológicos, venta de ejemplares, publicidad, productos audiovisuales, logística e impresión. Y comparten un mismo argumento de independencia financiera: ningún anunciante, público o privado, supera el 5% de los ingresos publicitarios totales de Henneo.

La diferencia aparece en la publicidad institucional —campañas del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos—, calculada sobre los ingresos de cada cabecera por separado y no del grupo en su conjunto. En Heraldo de Aragón esa publicidad supone el 13% de sus ingresos totales, mientras que en 20minutos alcanza un significativo 23%, casi el doble.

La web del Diario del Alto Aragón sitúa esa publicidad institucional en el 21% de sus ingresos. Cinemanía declara un 5% por el mismo concepto. Ninguna publicación del grupo ofrece la cifra en términos absolutos ni detalla qué parte procede de cada Administración.

A través de los datos que sí ha hecho públicos el Gobierno de España, sabemos que Henneo ingresó en 2025 1.323.147,81 euros en publicidad institucional, justo por encima de Spotify. Y que, a través de Alayans, percibió otros 956.646,21 euros.

¿Cuánto ingresan Henneo, Heraldo de Aragón o 20minutos de la Administración autonómica y de la local? El grupo aragonés no lo revela, incumpliendo así lo dispuesto en el EMFA.

Henneo ha consolidado su perfil de grupo híbrido entre medios y tecnología con unas cuentas —las de 2024 son las más recientes publicadas— claramente marcadas por el empuje de su división digital. El ejercicio se cerró con un beneficio de explotación de 16,5 millones de euros, un 40,1% más que en 2023, lo que refleja una mejora significativa de la rentabilidad sobre un negocio en expansión. El resultado consolidado positivo ascendió a 11,5 millones, lo que demuestra que el salto en explotación se trasladó también al beneficio neto del grupo.

La cifra de ingresos totales alcanzó los 297 millones de euros, frente a los 242,9 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 22,3%. El motor de ese crecimiento es, sobre todo, Hiberus, el área tecnológica de Henneo, cuyos ingresos se dispararon hasta los 184,8 millones, un 40% más, compensando el estancamiento de la división de prensa, que se mantiene en torno a los 114,8 millones. La estructura del grupo se desplaza así, cada vez más, desde el perfil clásico de editor de medios al de conglomerado con fuerte peso tecnológico, en una estrategia que lleva ya años en marcha.

El Grupo Godó es uno de los nombres decisivos del mapa mediático español, en particular en Cataluña: un holding nacido de un periódico histórico, convertido en conglomerado multimedia y hoy extendido por prensa, radio, publicidad, impresión, distribución y negocios de marketing y experiencias. Su caso interesa no solo por lo que publica, sino por cómo combina influencia informativa, posiciones de liderazgo en Cataluña y una diversificación empresarial que va mucho más allá del periodismo.

La clave para entenderlo es doble. Por un lado, es una empresa con una tradición centenaria que arranca en La Vanguardia en 1881 y que se reorganiza como holding en 1998; por otro, es un grupo que ha crecido incorporando compañías de servicios, agencias de marketing y unidades de experiencias —empresas dedicadas a organizar eventos, campañas, presentaciones, patrocinios o acciones para conectar con el público—, de modo que la frontera entre información, negocio publicitario y activación comercial se ha vuelto más amplia y más compleja. Con todo lo que eso supone para la independencia editorial de los medios que forman parte de Godó.

La historia del grupo se explica a partir de La Vanguardia, fundada en 1881, y de Mundo Deportivo, cabecera nacida en 1906; esa base periodística fue la que permitió después articular una compañía más amplia. 

La familia Godó procede del mundo empresarial textil de Igualada (Barcelona) y su salto a la historia de la prensa llegó cuando los hermanos Carlos y Bartolomé Godó fundaron La Vanguardia en la capital catalana para dar voz a un liberalismo moderado y burgués. Desde entonces, la dinastía fue tejiendo una relación muy estrecha entre empresa, periodismo y poder social en la ciudad, hasta convertir el diario en una pieza central de la vida política y cultural barcelonesa y catalana.

La segunda generación consolidó ese proyecto con Ramón Godó Lallana, hijo del fundador de la cabecera, que modernizó el periódico, amplió su alcance y recibió el título de conde de Godó en 1916. Después llegó Carlos Godó Valls, segundo conde, que mantuvo el control del periódico durante décadas difíciles, incluidas la Guerra Civil y el franquismo, y dejó preparado el relevo a Javier Godó Muntañola, el gran impulsor del salto hacia el holding multimedia moderno.

En términos periodísticos, la historia de los Godó es la de una familia que convirtió un diario en patrimonio empresarial y en símbolo de continuidad de una determinada forma de influencia barcelonesa: primero en la prensa, luego en la radio y finalmente en un conglomerado multimedia que sigue en manos de la misma rama familiar.

Fue en 1998, en los últimos años de la edad de oro de la prensa en España, cuando tuvo lugar la reorganización como holding multimedia. Su estado de información no financiera confirma que el grupo opera desde entonces con dos grandes líneas de negocio: Godó Media y GMK, esta última dedicada a servicios de marketing.

El relato corporativo que hace la propia compañía insiste en la continuidad familiar y en la idea de independencia, rigor y calidad como rasgos identitarios. Esa autoimagen es importante, porque ayuda a entender cómo el grupo trata de resolver la contradicción entre sus marcas periodísticas y las líneas de negocio adyacentes, especialmente en publicidad, distribución e industria de eventos.

Históricamente, ha sido un periódico de centroderecha muy atento al poder institucional y al catalanismo moderado. La literatura académica sobre el diario lo describe como un negocio que ha tendido a acomodarse al color del poder. Desde la desaparición de CiU y la entrada de Junts en el tablero, La Vanguardia no se acomodó a la nueva realidad política catalana y trató de seguir influyendo en ella desde una posición de moderación, con editoriales y análisis que a menudo buscan encuadrar a Junts como actor decisivo del sistema. Nunca ha sido un altavoz independentista, pero tampoco su enemigo frontal; más bien ha intentado mantenerse cerca de los centros de poder, dialogar con el catalanismo dominante y, cuando convenía, empujar a Junts hacia posiciones que le permitiesen seguir siendo útil en Madrid y en Cataluña.

Desde una perspectiva histórica, el grupo también ha pasado por una transformación de cartera. La información pública disponible muestra salidas de activos y ajustes del perímetro, como la venta de su participación en la productora de televisión Veranda y en 8TV –su fallida aventura en la TDT—, a la vez que el grupo reforzaba sus negocios radiofónicos y digitales. No obstante, el Grupo Godó se resiste a ser interpretado como un simple editor de periódicos y trata de mantenerse como una organización multimedia con un centro periodístico y un anillo creciente de servicios alrededor.

La cartera mediática básica del grupo está formada por La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1 y RAC105. A ello se suman otras sociedades de apoyo y comercialización, como Godó Strategies, Godó Vertical Media, CRE-A Impresiones de Catalunya, Marina BCN Distribucions y Distribución y Reparto, además de la cabecera o plataforma de grupos y marcas digitales vinculadas al ecosistema del grupo.

La parte menos visible, pero más reveladora del presente del grupo, es la de sus negocios ajenos al periodismo estricto. El grupo lleva tiempo intentando diversificar su negocio con adquisiciones en marketing experiencial, social media, eventos, producción y activación de marcas. Dentro de ese perímetro aparecen sociedades como Grafik Bureau, Iberian Leaders Influencers y, desde 2023, el Grupo Experientia, que reúne firmas especializadas en experiencias, eventos y producción audiovisual.

Ese movimiento importa periodísticamente porque cambia la naturaleza del conglomerado. Cuanto más peso tienen las agencias y los servicios para terceros, más difícil resulta separar la lógica informativa de la lógica comercial. En el caso de un grupo con cabeceras de referencia, esto obliga a mirar con atención no solo la calidad editorial, sino también la arquitectura empresarial que sostiene esa calidad.

La información financiera más reciente accesible públicamente apunta a un grupo grande y rentable, pero no exento de tensiones financieras. Según informaciones publicadas sobre sus cuentas, el Grupo Godó habría cerrado 2024 con unos ingresos de 179 millones de euros y un beneficio consolidado de 3,5 millones, el doble que en 2023. Pero esas mismas referencias señalan un aumento de la deuda bancaria, que habría superado los 50 millones, con un crecimiento relevante respecto al año anterior.

En el papel, el grupo mantiene un liderazgo claro en Cataluña. El último EGM sitúa a La Vanguardia en el cuarto puesto de los diarios de papel de toda España —tercero si se excluye a los deportivos, solo por detrás de El País y El Mundo—, con cifras que duplican los de la otra gran cabecera catalana, El Periódico, propiedad del grupo Prensa Ibérica. 

En cambio, en el mundo digital las cosas son muy distintas. En audiencia media diaria, La Vanguardia está acusando en los últimos meses una fuerte caída que la ha hecho situarse por debajo de las diez principales cabeceras informativas, muy por debajo de su rival en Cataluña, según datos de GfK DAM.

En radio, el liderazgo es más contundente. El último EGM situaba a RAC1, que solo se sintoniza en Cataluña, por encima de varias cadenas nacionales, como RNE. Y por delante de sus competidoras autonómicas, como Catalunya Radio, con un 50% más de oyentes.

La Vanguardia ni siquiera ha creado un enlace específico en su portada para dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Para no dejar sin cumplir del todo la norma, se han limitado a añadir unos párrafos a la página denominada Aviso Legal, al pie de la portada. 

Ahí se limitan a decir que el Grupo Godó está “participado” “por Javier Godó Muntañola (Editor), Carlos Godó Valls y Ana Maria Godó Valls”, sin especificar en qué cuantía. Todo lo que precisan es que el “titular real” es Javier Godó.

Con lo que ofrecen sus diarios, no es posible saber mucho más. La toma de decisiones ejecutivas, no obstante, según la información disponible en otros soportes, recae hoy en Carlos Godó, quien en julio de 2025 asumió la presidencia ejecutiva del grupo tras un relevo generacional planificado. Carlos Godó, perteneciente a la quinta generación familiar, ocupaba el cargo de consejero delegado desde 2005 y ha sido el principal artífice de la diversificación del negocio hacia el marketing y la transformación digital.

Su padre, Javier Godó, al que se supone el control mayoritario de las acciones, continúa ligado a la organización después de haber liderado la compañía durante más de cuatro décadas. El núcleo de poder se completa con Ana Godó Valls, quien ejerce como consejera editorial y vocal del consejo de administración.

El artículo 6 del EMFA, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o (pertenecemos a tal grupo): debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés. 

En el mismo sitio en el que señala quiénes son los dueños del Grupo Godó, La Vanguardia da cuenta del “importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito)” que recibió en 2024: 8.347.920 euros, especificando en este caso que representa el 11,8% de la cifra de negocio del periódico.

Mundo Deportivo recurre al mismo procedimiento para declarar haber recibido 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio) en 2024. RAC1 reseña 5.380.416 (21,74% de la cifra de negocio). RAC105, su emisora musical, en cambio, no revela esta información. 

En total estamos hablando de 15.282.855 euros, el 54,62% a través de La Vanguardia, el 35,20% con RAC1 y el 10,17% mediante Mundo Deportivo.Es una suma que más que cuadriplica lo que el grupo declaró como beneficios en 2024.

Según el informe hecho público este año por el Gobierno de España, el Grupo Godó recibió de la Administración central en 2025 un total de 1.863.103,28 euros, la décima cifra más elevada de todos los grupos de comunicación en España. 

Godó no lo detalla, pero a la vista de estas cantidades se puede deducir que el grueso del dinero público que fluye hacia sus medios (un 87,8%, aproximadamente) procede de comunidades autónomas y ayuntamientos. Según El Triangle, el Grupo Godó volvió a ser en 2024 el mayor beneficiario de publicidad institucional del Govern catalán, con más de 5,3 millones de euros.

Miguel Ángel Rodríguez ha demostrado que quien domina la relación con los medios puede condicionar de lo que se habla, quién aparece como el culpable y cómo se premia al que obedece a sus intereses. Ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, empresario, tertuliano y profundo conocedor de los ritmos internos de las redacciones, actualmente Rodríguez no se limita a trasladar las decisiones de su jefa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sino que participa en la construcción del personaje, escoge los marcos del enfrentamiento y establece las condiciones de acceso a la información.

Su sistema se apoya en una combinación conocida por muchos periodistas madrileños: recompensa para quienes reproducen el mensaje, distancia para quienes se apartan de él y hostilidad abierta para quienes investigan asuntos incómodos o se muestran críticos con Ayuso. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con el ático comprado por la Comunidad de Madrid como “oficina” provisional de su jefa. En el momento en el que las explicaciones comenzaron a acumular contradicciones, el Gobierno de Ayuso anunció que lo vendería y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sin embargo, se han negado a aclarar muchas de las incógnitas que rodean al inmueble. 

La secuencia duró apenas unos días. La Comunidad de Madrid había adquirido en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí (uno de los distritos más caros de la capital) con una terraza de unos 200 metros, para utilizarlo supuestamente durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación permaneció oculta hasta la semana pasada, cuando El País lo desveló. El Ejecutivo madrileño no explicó por qué había elegido una vivienda de lujo para ello en lugar de alquilar oficinas o utilizar algunos de los inmuebles que ya tiene la Comunidad de Madrid y tampoco aclaró por qué se iba a habilitar para ello un inmueble de uso residencial.

La primera reacción de Ayuso fue la habitual: denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, argumentó la presidenta madrileña, si bien no aclaró el coste del inmueble y tampoco por qué lo habían adquirido coincidiendo con la venta del piso en el que reside si la normativa urbanística solo permite dedicar el piso a uso residencial. Después llegó la rectificación y el mensaje de MAR consistió en presentar como falsa la hipótesis de la residencia oficial y limitar el asunto a una operación inmobiliaria de la empresa pública. 

La operación ha dejado muchas preguntas tanto a nivel patrimonial, como administrativo y urbanístico sin responder, lo que a su vez ha generado una crisis comunicativa en el relato de la Puerta del Sol. Hasta el punto de que medios afines a la presidenta madrileña, como ABC o El Mundo, cuestionaron las explicaciones con duros editoriales. Ante esa situación, MAR volvió a recurrir a su manual en redes: “Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como [Isabel] Díaz Ayuso los pueblos devastados. La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción. Ella recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”, publicó este domingo en X.

La relación de MAR con la prensa ha sido conflictiva desde la época que dirigía la comunicación de José María Aznar en la Junta de Castilla y León. En el año 1989 salió a la luz un informe interno, de seis páginas y con sello de Presidencia, que clasificaba a doce periodistas mediante valoraciones profesionales, políticas y personales. Una “lista negra”, atribuida al propio Rodríguez, que les calificaba según su utilidad o peligrosidad para el Gobierno autonómico del Partido Popular. La Agrupación de Periodistas de Castilla y León pidió inmediatamente una investigación y calificó la utilización de datos privados y las valoraciones profesionales como un atentado contra derechos elementales. 

Tras dejar la portavocía de La Moncloa entre críticas de los suyos dos años después de que Aznar llegase a la Presidencia del Gobierno estatal, Rodríguez pasó dos décadas moviéndose entre la consultoría, la empresa y los medios de comunicación. Presidió Carat España, organizó grandes eventos como el centenario del Real Madrid, impulsó proyectos audiovisuales propios, fue consejero de Grupo Secuoya y colaboró con FAES.

También se convirtió en un rostro habitual de la televisión y la radio. Participó en tertulias como la de 59 segundos de TVE, Espejo Público de Antena 3, La Noria de Telecinco y El gato al agua de Intereconomía, entre otras. Su estilo provocador, agresivo y construido alrededor de frases efectistas que pudieran sobrevivir al programa y circular después fuera de él anticipó buena parte de la comunicación política que aplicaría en la Comunidad de Madrid.

Como tertuliano, MAR destacó por un estilo deliberadamente provocador y por varios enfrentamientos personales. La polémica más grave fue la del doctor Luis Montes, al que llamó reiteradamente “nazi” en 59 segundos y La Noria, a propósito del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa a enfermos terminales. En 2011, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su condena por un delito continuado de injurias graves con publicidad, con multa e indemnización de 30.000 euros a Montes. Pero Montes no fue el único, también llamó “cocainómano” al Gran Wyoming e “imbécil” a la periodista María Antonia Iglesias.

Todo ello le permitió construir relaciones personales con presentadores, directivos, productores y tertulianos de los grandes grupos audiovisuales. Cuando regresó a la primera línea política en 2019, utilizó todo lo que le caracterizó en su faceta de tertuliano. Es decir, frases breves, confrontación permanente y polémicas casi diarias. Por el camino, además, eligió a un antagonista concreto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una parte esencial de la influencia de Rodríguez no está en leyes concretas ni siquiera en argumentarios políticos, sino en su agenda de teléfono. Rodríguez mantiene canales directos con periodistas, tertulianos y responsables de medios. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio al ex fiscal general del Estado explicó que había difundido determinada información en dos grupos de WhatsApp que reunían a 55 informadores.

Para MAR no se trata de dar información, sino de controlar el mensaje. En un ecosistema competitivo como el de los medios de comunicación, disponer de una declaración o unas fuentes off the record antes que los demás constituye una ventaja. En el citado juicio, el defensor del entonces fiscal general también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. Una nota de prensa que acabó con su máximo responsable condenado.

La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al preguntarle qué pruebas tenía para afirmar que la Fiscalía había frenado un acuerdo “por órdenes de arriba”, MAR admitió que no era información contrastada, sino una deducción personal: “No es información, es intuición, Tengo el pelo blanco y puedo colegir lo que está pasando”, justificó. Pero lo cierto es que su influencia sobre determinados medios fue decisiva y le permitió intervenir en la noticia para ofrecer una versión falsa. Eso no impidió que varios medios difundieran la versión impulsada desde el gabinete, obligando a la Fiscalía a reaccionar públicamente.

El acceso privilegiado a determinada información no es la única herramienta con la que el Gobierno madrileño se relaciona con los medios. También está la publicidad institucional. La investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre demuestra que la Comunidad de Madrid no aplica el criterio que marcó en 2019 “de audiencia y no a dedo” sino que desde que gobierna ha incrementado su gasto publicitario y que el reparto ha beneficiado a medios conservadores y afines al Ejecutivo regional, mientras cabeceras progresistas han quedado relegadas pese a contar en algunos casos con audiencias superiores.

La propia Comunidad sostiene que sus planes se confeccionan mediante criterios “objetivos y técnicos”, entre ellos la audiencia, la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad. Pero los datos analizados por este periódico muestran desproporciones difíciles de explicar únicamente mediante esos parámetros y una falta de transparencia que impide reconstruir con facilidad las decisiones del plan de medios.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso dejó a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía. 

En el ‘manual MAR’ también hay espacio para la intimidación. El 12 de marzo de 2024, en plena publicación de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, MAR envió a la periodista Esther Palomera varios mensajes amenazantes: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid calificaron los mensajes de amenazas y respaldaron públicamente a la redacción.

Cuando declaró posteriormente sobre el episodio, Rodríguez lo definió como una “conversación impropia” con una persona con la que creía que podía mantenerla. Pero no fue un hecho aislado. Ese mismo mes, dos periodistas de El País que investigaban una posible irregularidad urbanística en el inmueble donde vivían Ayuso y su pareja fueron identificados por agentes policiales. Rodríguez difundió sus nombres y una fotografía y los acusó de haber intentado acceder encapuchados al edificio y de haber acosado a vecinos, incluidos menores. Los afectados negaron los hechos.

La APM denunció que las acusaciones falsas de responsables de la Comunidad, y “singularmente” de Miguel Ángel Rodríguez, coartaban el libre ejercicio del periodismo. En abril de 2022, la APM ya había condenado la actuación de Rodríguez cuando interrumpió físicamente a la reportera de La Sexta, Andrea Ropero, mientras intentaba preguntar a Ayuso. La asociación reclamó respeto al trabajo de los informadores y recordó que los medios tienen derecho a preguntar en espacios públicos, no solo cuando los cargos políticos lo permiten.

El periodista Jordi Évole, que conoce a Rodríguez desde hace más de quince años tras trabajar juntos, cortó el contacto después de que MAR sugiriese en televisión que había que fusilar al expresident Artur Mas. Después lo recuperaron, aunque Évole lo describió como alguien menos accesible y “menos juguetón” desde su vuelta al poder. Pero tras los ataques de Rodríguez a familiares de fallecidos en residencias, Évole afirmó que aquello era “demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez” y que no entendía ese grado de degradación política.

Las mujeres representan la mitad de la población española, pero firman menos de tres de cada diez columnas de opinión en los diez principales medios digitales del país. Un recuento de los columnistas activos durante la semana del 19 al 25 de junio en diez de las cabeceras con mayor audiencia media diaria según GfK Media —de El Mundo a La Razón— arroja 83 mujeres sobre un total de 305 columnistas identificados: el 27,2%.

La cifra supera ligeramente la que la consultora Planner Media registró en sus dos primeras ediciones del informe ColumnistAs, presentado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en 2018 y 2019, cuando la presencia femenina en columnas y tribunas de 25 periódicos españoles se situaba en el 21%. Pero la mejora es modesta: siete años después, y con datos propios de esta semana, ninguno de los diez medios analizados alcanza la paridad.

El medio con mayor porcentaje de columnistas mujeres es elespanol.com, con un 40% —cuatro de diez firmas—, seguido de eldiario.es, con el 37,5%. Ambos responden a perfiles editoriales muy distintos: elespanol.com fue fundado en 2015 por Pedro J. Ramírez, exdirector y fundador de El Mundo, con una línea claramente de derechas, mientras que eldiario.es —fundado tres años antes por Ignacio Escolar, a partir de las ruinas del desaparecido diario Público—, se posiciona en la zona izquierda del espectro. El País, cabecera insignia del grupo Prisa, dirigida hoy por Jan Martínez Ahrens tras la destitución de Pepa Bueno en junio de 2025, ocupa la tercera posición con el 36,5% de firmas femeninas sobre 63 columnistas analizados.

En el extremo opuesto se sitúa elconfidencial.com, con solo dos mujeres entre 20 columnistas: el 10%. El medio, creado en 2001 —acaba de celebrar su 25 aniversario—, de orientación liberal-conservadora, es el que presenta la brecha más amplia de los diez analizados. Le siguen okdiario.com —17,6%— y La Razón —19,4%—. Okdiario.com fue fundado por Eduardo Inda, también exdirector de El Mundo, en 2015, con una línea editorial marcadamente de derechas. La Razón pertenece al Grupo Planeta, está dirigida por Francisco Marhuenda y en noviembre cumplirá 28 años.

Los cuatro medios con menor representación femenina —elconfidencial.com (10%), okdiario.com (17,6%), La Razón (19,4%) y Abc (24,3%)— tienen todos orientación de derecha, derecha extrema o derecha liberal. Abc, del grupo Vocento y dirigido por Julián Quirós, publica a nueve mujeres entre 37 columnistas. El Mundo, del grupo italiano RCS MediaGroup, y dirigido por Joaquín Manso, comparte ese mismo 24,3%.

Pero la tendencia no se invierte del todo en el otro extremo ideológico. El diario catalán El Periódico, propiedad de la cadena regional Editorial Prensa Ibérica, del empresario Javier Moll, y con orientación de centro-izquierda, alcanza el 25,6%. 20 Minutos —en manos del grupo Henneo, propiedad a su vez de la familia Yarza, que posee el Heraldo de Aragón,  con Fernando de Yarza López-Madrazo al frente— con perfil de derecha moderada, llega al 28,6%. Ningún medio de izquierda o centroizquierda de la muestra supera el 40%.

El informe ColumnistAs de Planner Media ya detectó hace siete años que las secciones con mayor presencia de opinión femenina eran Estilo de vida, Educación y Sociedad, mientras que los contenidos de política —los más jerarquizados en las portadas— registraban la menor representación femenina. Los datos recogidos esta semana por infoLIbre no permiten desglosar por sección, pero la distribución general apunta en la misma dirección: la opinión política, núcleo de las páginas de opinión de todos los medios analizados, sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino.

La brecha en las columnas de opinión reproduce una desigualdad más amplia en el sector. El informe sobre mujeres y liderazgo en los medios informativos del Reuters Institute, publicado en 2024, señaló que apenas el 24% de las jefaturas de 240 grandes medios en 12 mercados estaban en manos de mujeres, pese a que ellas representaban en promedio el 40% del total de periodistas en esos mismos mercados.

Más allá de eso, y pensando en las lectoras, los datos de GfK del mes de abril sitúan a El Mundo en cabeza de audiencia media diaria con 2,6 millones de lectores, seguido de elespanol.com y El País (2,49 millones cada uno), elconfidencial.com (1,77 millones) y okdiario.com (1,75 millones), pero no existen datos públicos desglosados por sexo en la medición de audiencia diaria de medidor para estos medios. 

No obstante, el Digital News Report España 2026, elaborado por la Universidad de Navarra para el Reuters Institute a partir de una encuesta realizada a 2.008 adultos a finales de febrero de 2026, sí permite observar patrones de consumo diferenciados. Las mujeres consumen noticias en proporciones similares a los hombres, pero los medios que más voces femeninas ofrecen en sus páginas de opinión no son necesariamente los que lideran la audiencia.

El informe ColumnistAs subrayó en su día que en los contenidos sobre ciencia, deporte y economía la presencia masculina rozaba el 90%. La columna de opinión generalista —el formato más visible y mejor pagado del periodismo de ideas— sigue siendo, siete años después, un espacio donde la voz de la mitad de la población llega con cuentagotas.

El recuento de esta semana no es una fotografía definitiva: los columnistas rotan, algunos escriben con periodicidad irregular y la muestra puede variar semana a semana. Pero la consistencia del patrón —ningún medio por encima del 40%, ocho de los diez por debajo del 30%— sugiere que el desequilibrio no es accidental ni coyuntural. Es estructural.

Días después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, solo allí donde llegaba la cobertura de las emisiones vía radio y las líneas telefónicas y/o telegráficas, fundamentalmente las grandes ciudades y pueblos importantes de España, se podía tener, al menos, una idea del desarrollo y situación general de la guerra. No así en la mayor parte del país, sumido, sobre todo en zonas rurales, en la incertidumbre y el miedo.

Ya destaqué en mi anterior libro sobre La Radiodifusión en la República, el Golpe de Estado y la Guerra Civil Española que los franquistas, a pocos días del golpe, todavía no habían triunfado en la mayor parte del territorio nacional y mucho menos en las capitales más importantes: Madrid, Barcelona y Valencia. Pero esta situación se fue revirtiendo debido a la intervención de los cuatro ejércitos aliados contra la República: el franquista afín de la península; el de las tropas africanas de regulares y legionarios, que era un contingente de unos 30.000 soldados muy entrenados para la lucha; el apoyo del nazi alemán y el fascista italiano.

Además, aunque menos importantes, fueron las tropas portuguesas de los “Viriatos”, voluntarios promovidos subrepticiamente por la dictadura salazarista de Portugal (1). Por otra parte, con ayuda de la instalación de equipamientos de radiodifusión de gran potencia procedentes de la Alemania nazi y la Italia fascista, el bando rebelde fue acaparando el relato del éxito golpista. Es notorio que, de los aproximadamente 400.000 receptores de radiodifusión existentes en España en esas fechas, por su gran costo, en su mayoría eran propiedad de familias de mejor poder adquisitivo, entre ellas las organizaciones de los “quintacolumnistas”.

Este término fue inventado por el general franquista Emilio Mola en una locución radiofónica. Las cuatro columnas eran las agrupaciones militares del bando sublevado que avanzaban hacia Madrid de forma simultánea desde diferentes puntos geográficos, en el otoño de 1936. Según la documentación histórica consultada, los frentes de avance correspondían a los siguientes ejes: la columna de Toledo, tropas que subían desde el sur tras haber tomado Toledo y el Alcázar; la columna de la carretera de Extremadura, fuerzas compuestas en gran parte por tropas coloniales —regulares y legionarios— que avanzaban por el suroeste de la península; la columna de la Sierra, tropas procedentes del norte que presionaban a través de los pasos de la Sierra de Guadarrama y Somosierra; y la columna de Sigüenza, contingentes militares que empujaban desde el noreste, en el eje de la provincia de Guadalajara.

Estas fuerzas operaban bajo la dirección del general Mola en el norte y la ejecución en el terreno de comandantes, como el general José Enrique Varela, rodeando de forma progresiva los accesos principales a Madrid. La quinta columna era una red civil y clandestina de saboteadores que, en contacto vía radio, ayudaban al bando nacional ocultándose en la retaguardia enemiga. En la zona republicana se adoptó rápidamente el término para alertar a la población sobre el “enemigo interior”; sin embargo, esto también supuso una gran paranoia colectiva.

Además de requisar las emisoras privadas de radiodifusión, que disponían de la concesión del Estado desde 1924, el Gobierno de la República intentó controlar a los ciudadanos que eran titulares de aparatos receptores sin licencia y a aquellos que, aun con ella, fueran sospechosos de estar en contacto con las tropas golpistas. Pero esto no pudo conseguirse totalmente, y a veces aparecían por Madrid y otras ciudades pasquines y octavillas anunciando el avance franquista y animando a la rebelión.

La prensa privada como tal desapareció por completo en la zona republicana tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Los periódicos de propiedad particular e independiente fueron incautados por el Gobierno republicano, por comités obreros o por sindicatos gráficos —como la UGT y la CNT— para convertirse en órganos de propaganda de partidos políticos y milicias. Por ejemplo, ABC y La Voz —la edición de Madrid— (2), El Debate, Ya, El Siglo Futuro, El Sol e Informaciones.

Aun con las dificultades de la escasez de papel, las organizaciones populares republicanas editaban, en su zona de influencia, revistas informativas, culturales, TBO, etc., que procuraban distribuir por el territorio todavía fiel a la República. La distribución abarcaba diferentes géneros y audiencias, adaptándose a las necesidades de la guerra y la retaguardia:

Prensa de frente y miliciana: editada por batallones, brigadas y sindicatos —como el 5º Regimiento—. Servía como órgano de propaganda, arenga y moral combativa.

Revistas culturales y literarias: destacaba Hora de España, financiada por el Ministerio de Propaganda, donde escribieron destacados intelectuales y poetas de la época.

Revistas ilustradas y de retaguardia: publicaciones como Mi Revista o Espectáculo —del Sindicato de Industrias del Espectáculo—, destinadas a mantener la actividad cultural y dar soporte a los refugiados y heridos.

Sátira política: cabeceras como La Traca y L'Esquella de la Torratxa, orientadas a la crítica ideológica de izquierdas y anticlerical.

Buena parte de estas publicaciones han sido recopiladas y digitalizadas. Para investigar los números originales o buscar artículos, el lector puede consultar los catálogos digitales de la Hemeroteca del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona o al catálogo del Kiosco Digital de la Guerra Civil Española del Ministerio de Cultura. 

Por último, hay que resaltar que la gran mayoría de los poetas, escritores y artistas de vanguardia españoles, junto a destacadas figuras internacionales, ejercieron como intelectuales activistas de apoyo a la Segunda República, organizándose para divulgar documentos a través de colectivos culturales y mítines en los frentes de batalla para combatir el ascenso del fascismo. (1)

Intervinieron ya en julio de 1936. No respetaron su firma del Pacto de No Intervención. Y tampoco la Unión Soviética, que ayudó a la República en octubre de 1936. (2)

La edición de Córdoba, en la que luego fui suscriptor y colaborador a principios de los años ochenta durante la dirección de Francisco Solano Márquez, fue requisada y su director, Pablo Troyano, ejecutado por los fascistas.

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Nicolás Puerto Barrios es Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Córdoba.

Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle la Policía en su lugar de trabajo, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.

Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención, pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo, el plató del canal digital EDA TV, para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.

Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

He leído en la portada de un periódico, que cada vez representa más al PP/Vox, como tantos otros que, por desgracia, han perdido la objetividad que debería ser norma en cualquier diario serio: "La policía incautó joyas y relojes en una caja fuerte oculta"... El director que permite esta noticia seguro que los valores o joyas, si los tiene, los deja a la vista y en la mesa de entrada de su casa. O, lo que es peor, no ha contrastado si se trata de bisutería barata.

Es terrible, bochornoso —por no utilizar calificaciones más fuertes para no herir sensibilidades—, que se publiquen noticias, más bien bulos sin contrastar, pecado mortal en cualquier periódico serio, y que con maldad están contaminando el ambiente. Como ciudadano, desde hace tiempo observo un afán de esa maldita España negra que nos distanció históricamente del mundo moderno por derribar a un Gobierno democráticamente elegido utilizando cualquier tipo de medio.

Desde el minuto uno, atacando para destruir con las armas típicas de una derecha no cívica, sino, yo diría, montaraz, nunca homologable con las derechas que vencieron al fascismo y al nazismo en Europa. Utilizan cualquier recurso, alejado de la mínima ética, para destruir; nunca para ofrecer una alternativa política en la forma de gobernar. La política real y los derechos del ciudadano les traen al pairo.

La verdad es que quieren convertir a los ciudadanos en súbditos o, peor, en hooligans que no dudan en ser violentos y en golpear todo aquello que significa democracia. ¿Será que el trumpismo/ayusismo contamina el ambiente? Son fieles a la antipolítica de Bolsonaro, Milei, Trump, Putin, Netanyahu y alguno más escondido en la bruma del mal. Está maldad supera a las ideologías clásicas entre conservadores y progresistas, ensuciando todo lo que tocan.

Para estos personajes solo existe el pensamiento de súbditos o siervos de quienes mueven los hilos: los poderes financieros que desean transformar la política en negocio. No se detienen. Antes movían a un ejército o a un general; hoy mueven a jueces o a un periodismo que, desde que se prostituyó, dejó de ser periodismo. Parecen la peste negra que asoló Europa, dejando cadáveres putrefactos que contaminaron el aire.

En España empieza oler mal. Lo más grave es que, sin escrúpulo alguno, también contaminan a las instituciones más importantes para una democracia, como son los jueces y las fuerzas que nos deben defender precisamente de ellos, los malvados. Y ni siquiera son de derechas: su política es malvada, destructiva, típica de la utilizada por el fascismo, que nos volverá al miedo. Ese miedo con el que Franco pudo durar tanto tiempo y morir en su cama.

Porque fue el miedo el que permitió que sus herederos, con ayudas externas bien conocidas, idearan la Transición, rechazada al principio por una izquierda —la Platajunta—, pero con la ayuda de un PSOE cuyo líder, Felipe González, rompió el pacto —la Plataforma—, al que se unió Carrillo para salir también en la foto. La ausencia de ruptura en aquellos momentos la padecemos ahora.

Quieren derribar al Gobierno: "El que pueda hacer, que haga" es, sin duda, una insinuación golpista. ¿Y la ciudadanía qué piensa? Da la sensación de que las grandes conquistas sociales y el bienestar que han creado las políticas socialdemócratas han instaurado una acomodación en el pensamiento ciudadano, que se limita a mirar por la ventana.

Ya ha pasado en la historia, cuando el terror o la propaganda paralizaban las mentes. Lo vimos en el golpe de Tejero: excepto tres personajes a los que su dignidad mantuvo firmes y sentados, los demás se ocultaron, a pesar de que eran los representantes del pueblo. ¿Miedo otra vez?

Hagamos lo posible, gracias a la unión de los medios democráticos, para que el miedo no nos impida derrotar a esa España rencorosa que, como un muerto, nos quiere anclar en un pasado mediocre e injusto. Si a la víbora no le pisas la cabeza, te puede morder. Es lo que, como ciudadano, pienso.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

El Gobierno tiene preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público y está a punto de enviarlo al Consejo de Ministros, pero las organizaciones de periodistas que lo han analizado comparten una misma inquietud: que la norma, bien intencionada en su diseño, no sirva para lo que dice que sirve. 

El texto establece que la publicidad de la Administración central no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público. Lo que no hace, y ahí está el problema, es tocar el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y ese es precisamente el dinero que más ata.

La norma deriva del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y del Plan de Acción Democrática, y llega con el respaldo formal de todas las organizaciones consultadas. Ninguna la rechaza. Pero el apoyo convive con un escepticismo que, en algunos casos, roza la desconfianza explícita hacia su eficacia real.

La asimetría territorial es el punto en el que coinciden todas las voces consultadas. El anteproyecto regula la publicidad del Estado central, pero deja intacta la que distribuyen las administraciones autonómicas y locales, que es donde se concentra históricamente la mayor capacidad de presión sobre los medios.

Joan Maria Morros, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, lo califica como "probablemente uno de los puntos más discutibles del anteproyecto". A su juicio, "no parece coherente establecer límites y mecanismos de control para la Administración General del Estado y no hacerlos extensivos, al menos en parte, a comunidades autónomas y administraciones locales", porque “esta diferencia puede generar estándares desiguales de transparencia y abrir la puerta a usos discrecionales de la publicidad institucional, especialmente en el ámbito local, donde los mecanismos de control suelen ser más débiles”.

Lorena Mejías, decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, apunta en la misma dirección, aunque añade un matiz sobre la arquitectura legal: cada comunidad autónoma tiene competencias propias sobre su publicidad institucional, y la norma estatal “sirve de base, pero siempre y cuando las normas autonómicas se ajusten a esa base”. El problema, dice, es que sin mecanismos estatales de garantía, las desigualdades territoriales son inevitables. “¿Puede haber en ese sentido desigualdades territoriales? Pues seguro que sí, seguro que se van a producir”.

Mejías va más lejos en su diagnóstico sobre los límites económicos. El techo del 35% puede sortearse con facilidad porque hay “un montón de formas de que las empresas de comunicación reciban dinero a través de las administraciones públicas mediante otro tipo de contrato”. No solo publicidad directa: “Puede ser a través de patrocinio, puede ser mediante organización de eventos, puede ser mediante jornadas de cosas que se inventan”. La conclusión es que una empresa puede respetar el límite del 35% en publicidad y seguir recibiendo fondos públicos por otras vías que la ley no cierra.

El límite del 35% es la medida más visible del anteproyecto y también la más cuestionada en su diseño técnico. María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), señala que el texto no aclara si ese porcentaje se calcula por cabecera o por grupo editorial, y que eso “es muy determinante, cambia mucho las cosas”. La APM ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) precisamente porque la norma le parece “imprecisa” en aspectos que condicionan su alcance real.

Rey enumera otras incógnitas que el anteproyecto deja sin resolver: quién sanciona, cómo sanciona, cuál es el régimen de excepciones para medios autonómicos y con qué criterio. “Exactamente no sabemos ni siquiera cuál es el régimen sancionador, si existe”, afirma. La presidenta de la APM reconoce que las asociaciones están siendo deliberadamente cautelosas porque el texto está en una fase muy inicial: “Estamos vigilantes, estamos pendientes, pero ahora mismo falta mucha concreción”.

El anteproyecto incluye además una excepción significativa: los medios con una facturación inferior a dos millones de euros y audiencia regional quedan exentos del tope. Esta cláusula, pensada para proteger a los medios pequeños, puede tener el efecto contrario: dejar sin regulación efectiva a buena parte del tejido de publicaciones locales que teóricamente más dependen del dinero público. 

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que ha presentado un documento formal de alegaciones, propone rebajar ese umbral de dos millones a un millón de euros, “al entender que el umbral actual supera ampliamente la facturación de buena parte de los medios locales que teóricamente se pretende proteger”.

Los periodistas gallegos proponen también que el límite del 35% se extienda a las administraciones autonómicas y locales, y que la ley incluya una reserva mínima del 25% del presupuesto de cada campaña para su difusión en medios que difundan información mayoritariamente en lenguas cooficiales. Galicia, recuerdan, sigue sin disponer de una ley autonómica propia de publicidad institucional.

Hay una cuestión que las organizaciones profesionales han identificado como especialmente sensible: el anteproyecto da preferencia a los medios de carácter informativo para recibir publicidad pública, pero no especifica quién determinará que un medio es informativo o no.

Mejías no oculta su irritación. “El Gobierno en su anteproyecto de ley identifica a los medios de comunicación informativos, es decir, da prioridad a los medios de comunicación informativos y determina cómo tiene que ser un medio informativo, pero no indica quién se va a encargar de determinar que un medio es informativo o no”. La decana andaluza señala que ese vacío se llenará con decisiones discrecionales de organismos que no tienen formación ni competencia específica en materia periodística, “habiendo como hay corporaciones de derecho público –como los colegios, que tienen esa capacidad– y a las que el Gobierno central sigue ninguneando de forma sistemática”.

El Col·legi de Catalunya también pone el acento en cómo se apliquen los criterios, más que en los criterios en sí. Morros advierte de que el límite del 35% puede convertirse en “un tope rígido que no tenga en cuenta la realidad del mercado ni la capacidad efectiva de los distintos medios para difundir campañas”, y que si se aplica “de manera mecánica, podría penalizar a medios con mayor audiencia o implantación, primando el reparto sobre la eficacia comunicativa”. Para el decano catalán, lo que importa no es el porcentaje en sí, sino que “su aplicación responda a criterios técnicos claros, transparentes y evaluables”.

Morros resume la posición de su organización con una frase que podría firmar cualquiera de las organizaciones consultadas: la nueva regulación “deberá aplicarse con criterio”, porque lo que está en juego “no es solo la eficiencia de la publicidad institucional, sino también el equilibrio del sistema mediático”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propio informe sobre el anteproyecto con una valoración globalmente positiva, pero con un enfoque que revela una prioridad diferente a la de las organizaciones de periodistas. Mientras estas se preocupan por la captura de medios y el pluralismo informativo, la CNMC pone el foco en la distorsión del mercado publicitario y la seguridad jurídica de las licitaciones. Son problemas distintos, y la diferencia de perspectiva es muy relevante.

El organismo regulador advierte de que el techo del 35% “no existe en la contratación pública” y puede convertirse en una barrera económica que impida a algunos medios presentarse a licitaciones una vez superado el umbral, “distorsionando la competencia”. Señala también que, al fijarse el límite sobre el grupo empresarial en su conjunto, se podría incentivar la creación de medios específicos para eludir el tope, “lo que vaciaría de contenido la regla”.

La CNMC propone que, si se mantiene el límite, el porcentaje se calcule por cada empresa del grupo, no por el grupo en su totalidad, y que se estudien “porcentajes máximos decrecientes por tramos de ingresos para evitar dependencias excesivas”. También critica la excepción para pequeños medios con audiencia concentrada en una o varias comunidades limítrofes, porque permite que esos medios lleguen al 100% de dependencia de la publicidad pública, mientras otros de igual tamaño pero con ámbito estatal quedan limitados al 35%. La CNMC lo considera “potencialmente discriminatorio”.

El informe también pone el foco en algo que el texto da por resuelto y no lo está: la definición de qué es publicidad del sector público. El anteproyecto habla genéricamente de "asignación de fondos públicos", pero el Reglamento EMFA europeo habla de "fondos públicos o cualquier otra remuneración o ventaja", incluyendo contratos de servicios, subvenciones, convenios y patrocinios. Si la ley española no cierra esa lista, las vías de elusión que ya señalaba Mejías quedan abiertas por defecto.

Sobre la obligación de que los medios comuniquen sus tarifas —que el anteproyecto convierte en precios máximos para la contratación pública— la CNMC advierte de que una interpretación rígida podría "favorecer el alineamiento de precios entre competidores y desincentivar descuentos y precios dinámicos". En su lugar, propone usar bandas o rangos en lugar de tarifas puntuales.

Finalmente, la CNMC pide recursos. Señala que ni el anteproyecto ni su memoria de impacto explican con qué medios humanos y organizativos se reforzará el organismo para asumir las nuevas funciones de supervisión que la ley le atribuye. Sin esa dotación, las obligaciones de seguimiento y control que la norma deposita en la CNMC quedan en el papel.

Sobre todo este debate pende una pregunta que las propias organizaciones de periodistas ya se hacen en voz alta: ¿llegará esta ley a aprobarse? La APM lo duda. Rey afirma que la asociación “sinceramente duda mucho, tal como está ahora mismo la legislatura, que vaya a poder salir adelante”. El anteproyecto aún debe superar algunos trámites, convertirse en proyecto de ley, pasar por el Congreso y el Senado, y recibir el visto bueno final.

Con unas elecciones generales que apuntan a la primavera de 2027, el margen para completar ese recorrido es estrecho. La legislatura no tiene tiempo ilimitado, y el anteproyecto todavía no es ni proyecto. Lo que hoy existe es una norma en construcción, con apoyo profesional condicionado, con reservas técnicas de la CNMC y con las principales brechas estructurales —la asimetría territorial, la elusión por vías alternativas, los vacíos en el régimen sancionador— pendientes de corrección. Si el Gobierno no acelera el trámite, la ley que debía poner orden en el reparto de la publicidad pública puede convertirse en la norma que nunca llegó a tiempo de intentarlo.

El cantante Julio Iglesias ha interpuesto una demanda a elDiario.es, su director Ignacio Escolar y otros cuatro responsables del periódico digital, a los que acusa de elaborar un "montaje periodístico" contra él basado en la denuncia por abusos sexuales de dos exempleadas en su residencia en República Dominicana, que fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia.

"Los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado", sostiene el cantante en su demanda, de 33 páginas, a la que ha tenido acceso EFE.

La demanda, paso previo a la presentación de una querella por injurias con publicidad y calumnias, "sin perjuicio de la posible responsabilidad en otros ilícitos penales", ha sido interpuesta ante el Tribunal de Instancia de Madrid (sección civil) y en ella solicita la comparecencia de los demandados a un acto de conciliación.

El abogado reclama que, para evitar la interposición de una querella, reconozcan "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a su propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia" del cantante.

Además, que rectifiquen sus informaciones y que eliminen las noticias relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en la web de elDiario.es como en el podcast La casa de Julio Iglesias.

También, que se comprometan a no publicar en el futuro ninguna información que difame o denigre a Iglesias, al que deberán indemnizar solidariamente en la cantidad que se cuantifique pericialmente, "lo que se anticipa en cifras de importante cuantía económica".

Según el escrito, los demandados forman parte de "una organización más amplia, formada por una pluralidad de personas, que habrían participado en la elaboración de un montaje periodístico" contra Julio Iglesias, a través del diario.es, y de otros medios como la agencia de noticias en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que también anuncia acciones.

"Los demandados, desde la primera publicación del 13 de enero de 2026, han venido vulnerando (de manera deliberada, reiterada y sistemática) el derecho fundamental al honor del Sr. Iglesias, a través de comentarios falsos e injuriosos y calumniosos (...), con la única finalidad e intención de menoscabar su imagen pública, así como minar la reputación –personal y profesional–, erosionar gravemente su propia consideración y estima personal, y también su estabilidad y salud mental", expone el abogado.

En dichos artículos, prosigue, se atribuye de manera directa al cantante la comisión de delitos, "dando como ciertos los hechos que se contienen en una denuncia en cuya elaboración habría participado el propio medio a través de un supuesto 'trabajo de investigación', sin que en el momento de la difusión de aquellas opiniones se hubiera verificado judicialmente su veracidad".

"El medio no se limitó a dar cuenta de la presentación de la denuncia, sino que difundió los hechos denunciados como reales, incluso haciendo un montaje con actrices profesionales", denuncia el escrito.

Para lograr "un mayor impacto y materializar el daño", prosigue, se habilitó un espacio denominado 'Investigación Julio Iglesias', "destacando especialmente las noticias difamantes frente a aquellas que desvirtúan los hechos o conducen al archivo del procedimiento, que, por otra parte, ni siquiera se ha judicializado, en la medida en que quedó archivado en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".

A esto añade, la publicación del podcast La casa de Julio Iglesias que no solo puede reproducirse a través de la página web del periódico, sino que se ha insertado, también, en el espacio de que dispone dicho medio en YouTube o Spotify.

En dichos artículos y el podcast "se atribuye de manera directa a mi mandante la comisión de delitos, entre otros, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y de explotación y trata de seres humanos, a los que se alude en términos absolutos, sin respetar, siquiera mínimamente, el derecho a la presunción de inocencia", lamenta el abogado.

España es uno de los países europeos con condiciones laborales "muy malas y precarias" para los periodistas, junto a Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía, indicó este martes la Plataforma del Consejo de Europa para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los profesionales.

En su informe anual, esa Plataforma del Consejo de Europa -una organización que no forma parte de la Unión Europea y que vela por los derechos humanos en el continente- recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación sobre esas condiciones.

Únicamente dos de los 34 países analizados ofrecen buenas condiciones de trabajo a los periodistas: se trata de Dinamarca y Alemania, mientras que en otros cinco (Bélgica, Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia), los riesgos para la seguridad de los reporteros son limitados.

"Las condiciones laborales de los periodistas son deplorables en la mayor parte de los Estados de la UE, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes", concluye el Monitor del Pluralismo.

Aunque España aparece en el furgón de cola en lo que respecta a las condiciones contractuales, eso contrasta con la situación de riesgo en el ejercicio de la profesión, que está lejos de ser de las más preocupantes.

En 2025, la Plataforma del Consejo de Europa lanzó seis alertas de amenazas graves para la libertad de los medios, una menos que en 2024, cuando para el conjunto de los 48 países supervisados fueron 344, con un incremento "significativo" del 29% respecto al año anterior.

Esas alertas se concentraron sobre todo en Rusia (50), Turquía (49), Georgia (35), Serbia (35) y Ucrania (27) y tuvieron que ver principalmente con la invasión rusa de Ucrania y con los territorios que Moscú controla.

Los autores del informe hicieron hincapié en que, un año más, la guerra de Rusia contra Ucrania fue "la mayor fuente de peligro para los periodistas" en Europa en 2025.

Del total de las alertas, 90 tuvieron que ver con los ataques contra la seguridad y la integridad física de los periodistas, lo que incluye los asesinatos por drones rusos de los ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin y Tetyana Kulyk y del fotoperiodista francés Antoni Lallican, así como la muerte del turco Hakan Tosun tras una agresión brutal.

A esas muertes hay que añadir la utilización por unos pocos países de la privación de libertad como instrumento para controlar a los medios, subraya el Consejo de Europa, y añade que el 31 de diciembre pasado había 148 periodistas detenidos en Europa, de los cuales 36 en Azerbaiyán, 32 en Rusia, 27 en Bielorrusia, 26 en territorios ucranianos controlados por Rusia, 24 en Turquía, dos en Armenia y uno en Georgia.

También otras prácticas como las intimidaciones, las tentativas de apropiación de medios o la represión transnacional, con agresiones físicas contra periodistas en manifestaciones por parte de la policía, de políticos o de los propios manifestantes, que fueron particularmente violentas en Georgia, Serbia y Turquía.

Todos esos elementos se vieron en parte atenuados por iniciativas de varios Estados o a escala europea para mejorar el ejercicio de la libertad de prensa, entre las que cita la aprobación por el Gobierno español de un proyecto de ley orgánica dirigido a sus profesionales y para proteger sus fuentes.

La Plataforma del Consejo de Europa pone el acento en que en ese proyecto de ley por primera vez se ofrece "una protección jurídica completa del secreto profesional de los periodistas, consagra de forma explícita su derecho a no revelar sus fuentes ni a entregar documentos no publicados".

Y además prohíbe la instalación de dispositivos de espionaje en los dispositivos de los periodistas, si no está amparada y justificada por un juez con carácter excepcional.

A ese respecto, la Plataforma del Consejo de Europa señala que la Audiencia Nacional en febrero de 2025 reabrió el procedimiento sobre la utilización del programa espía Pegasus contra periodistas y responsables políticos para solicitar cooperación a la justicia de Francia e Israel.

“En España el poder ni se crea ni se destruye: se transmite, se negocia y se protege”, o eso considera el economista y sociólogo Andrés Villena (Elche, 45 años), que acaba de publicar el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO, 2026). El texto de Villena está lleno de nombres y de senderos que conectan núcleos de poder, pero se vertebra sobre la hipótesis de la continuidad, de un sistema que no depura, sino que integra, los intereses de aquellos que tienen poder para hacerlos valer. Durante la dictadura primero, por la fuerza; después, mediante el poder del dinero; y, finalmente, apoyándose en el discurso. 

“Se hace también necesario el consenso, convencer y persuadir a los dominados”, lanza en la introducción, donde advierte al tiempo del papel que juega aquí “el ruido” de las redes sociales y, cómo no, el de los medios tradicionales como la prensa escrita y la televisión, a cuya “guerra de licencias” y filiaciones políticas dedica un capítulo al final del libro. 

Villena explica a infoLibre que la complejidad para abordar una reforma que corte con estas dinámicas endogámicas requiere de “un debate regeneracionista” sostenido en el tiempo. “El libro es un intento de mostrar la importancia de un debate que parta de lo que tenemos y que muestre lo difícil que es cambiarlo”.

Como anécdota, el libro iba a ser publicado por la editorial Ariel, perteneciente al Grupo Planeta, pero un cambio de opinión de última hora hizo que acabara siendo editado en Libros de KO. “La experiencia con la editorial fue muy buena porque trabajé con un corrector y una editora que estaban entusiasmados con el proyecto, pero de la noche a la mañana se acabó todo y la editorial nos hizo saber que el libro no podía publicarse durante 2026”, señala Villena. “Iba a ser uno de los lanzamientos estrella de la editorial Ariel y estaba respaldado por un informe legal que decía que los datos y nombres que se ofrecen no suponían ningún riesgo de vulneración del derecho al honor”.

Aún así, afirma el autor, la publicación se canceló “de manera unilateral”, incluso tras haber eliminado fragmentos en los que se citaba al grupo. “Se me ofreció la posibilidad de firmar una indemnización de 2.000 euros, siempre sujeta a una cláusula de confidencialidad que hubiera hecho imposible esta conversación”, remata. Finalmente, el trabajo terminó cambiando de editorial con la plena colaboración de Planeta, que cedió todo el trabajo de edición que habían hecho. “La razón de fondo la desconozco y aventurar algo sería especular”, sentencia.

En el libro se tocan cuatro estamentos: el capital, con apellidos recurrentes en la banca española; las empresas, repasando la genealogía de las grandes compañías del Ibex; la Iglesia y el Estado. Esos son los cuatro escenarios en los que se mueve este trabajo que discurre por el último medio siglo. “Del aperturismo tecnócrata del franquismo a la reconversión industrial; de las privatizaciones del PP y del PSOE a las crisis de la burbuja inmobiliaria. Cambian los contextos, no los que mandan”.

Dice al comienzo del libro que “nos queda poco tiempo para olvidar a nuestros enemigos y preguntarnos por qué la democracia parece fracasada”. ¿Qué diagnóstico hace de la democracia en el marco de estas relaciones de poder? 

Conectándolo con la actualidad más inmediata, ha habido un acto reciente de Rufián y Emilio Delgado en el que se preguntan qué nos pasa o qué puede hacer la izquierda para evitar que crezca Vox. Es un plan ambicioso, pero que al mismo tiempo lucha en un ámbito estrecho como es el de conseguir ese escaño que sobra. Mi aportación, lo que intento mostrar, es cómo opera una estructura de poder que funciona de manera dinámica desde 1939 y cómo dificulta los cambios.

En el texto explica que desde el franquismo hay apellidos que se repiten en el poder. ¿Por qué ese poder es tan impermeable a los cambios? 

Si articulas el poder como una malla más densa, con distintas dimensiones —ya hemos visto lo que está pasando con los jueces, con las tramas del ministerio del Interior o con el poder bancario— ves que es una cultura mucho más compleja, que tiene mucha capacidad de adaptarse a los cambios. No estamos hablando de un poder aislado, estamos hablando de un Estado complejo relacionado con las grandes empresas y que lleva siglos funcionando.

Existe además un mecanismo de promoción mediante el cual personas que quieren desafiar al sistema, a medida que van subiendo, también van contribuyendo a mantenerlo, de manera que ese sistema va realimentando su legitimidad y se mantiene como una estructura muy rígida y muy difícil de modificar. Sin necesidad de planificar o de conspirar activamente, todas esas dinámicas de cambio son absorbidas.

Esa estructura de poder compleja de la que habla está llena de pequeños detalles: amistades, padrinos de bodas, compañeros de clase… ¿Qué señalan estos matices y anécdotas personales que tendemos a desdeñar?

El papel de las relaciones personales en el estudio de las relaciones de poder parece, a priori, que debería ser secundario, pero yo no he dejado de ver en mi investigación historias que me han parecido relevantes. Por ejemplo, todas estas reuniones que se producen en los años 60 y 70 en la finca la Dehesilla, donde se crean conexiones y amistades que luego influirán en la realidad política, como la relación de la UCD y el PSOE.

¿Es un capital que va más allá del color político?

Estas relaciones personales llevaban a que las carreras de muchas personas corrieran paralelas. El testigo de la boda de Miguel Boyer (ministro de Economía con Felipe González) e Isabel Preysler era José María Amusátegui, que fue un hombre del franquismo que acabó presidiendo el Banco Central Hispano. Son amistades que se convierten en un capital social, que se cimentan sobre posiciones sociales y aspiracionales parecidas.

Claudio Boada, por ejemplo, fue presidente del Instituto Nacional de Industria; luego Felipe González lo recupera para el Instituto Nacional de Hidrocarburos —que terminará llamándose Repsol— y después la élite socialista lo pone al frente del Banco Hispano Americano. Pues bien, hoy el hijo de Claudio Boada es el presidente de Blackstone. La capacidad de adaptarse y de persistir es enorme y, si tú eres diplomático o tienes un puesto de poder y puedes dar a tus hijos una educación, ellos luego pueden aspirar a un puesto de ese rango. Es el capital social.

Termina el libro con una llamada a la respuesta ciudadana cívica y responsable, pero en este marco de relaciones de poder, ¿qué margen hay para el cambio?

Había un diputado de Podemos que decía algo así como que los miembros del sistema saben muchísimo y tendríamos que estudiar 12 o 14 horas para enfrentarnos a ellos si queremos cambiar algo. Es una pelea con la maquinaria del Estado, que es milenaria, pero eso no quiere decir que el intento sea inútil; es un primer paso para cambiar las cosas.

El pasado miércoles estaba nublado y hacía frío en Washington DC. Ese día, trescientos periodistas de The Washington Post recibieron por correo electrónico la notificación de su despido. No hubo dramatismo, ni discursos épicos. Solo la voz aséptica del editor ejecutivo Matt Murray confirmando por videoconferencia lo que ya se rumoraba: un tercio de la plantilla quedaba en la calle. Entre los despedidos, corresponsales en zonas de guerra, reporteros veteranos que habían cubierto el Watergate, editores de secciones que llevaban décadas definiendo el pulso cultural de Estados Unidos. El diario que puso contra las cuerdas a Nixon, que publicó los Papeles del Pentágono, que desafió históricamente al Gobierno del país, que acuñó el lema "La democracia muere en la oscuridad", acababa de apagar muchas de sus propias luces.

La paradoja de lo ocurrido es enorme. Quien prometió salvarlo lo está ahogando. El multimillonario Jeff Bezos, uno de los más relevantes oligarcas tecnológicos de EEUU, compró el Post en 2013 por 250 millones de dólares, una cifra ridícula para una institución con siglo y medio de historia. La familia Graham, que tradicionalmente había controlado el periódico e impulsado algunas de las páginas más importantes del periodismo en todo el mundo, vendió porque no podía, o no sabía, cómo mantenerlo vivo en plena gran recesión.

Bezos llegó envuelto en el aura del visionario tecnológico. Era el hombre que había revolucionado el comercio mundial a través de Amazon y prometía hacer lo mismo con el periodismo. Durante años, cumplió. Bajo la dirección de Martin Baron, el legendario periodista que hizo posible la investigación que retrata la película Spotlight (2015), la redacción creció hasta superar los mil periodistas, el diario alcanzó la rentabilidad y se convirtió en trinchera informativa frente al primer mandato de Trump. Bezos presumía de no interferir, de respetar la independencia editorial como un dogma sagrado. Pero ese pacto se ha roto, y las grietas ya no admiten reparación.

El cambio no fue súbito, sino una lenta erosión que muchos prefirieron no ver. Tras la jubilación de Baron en 2021, el Post comenzó a sangrar: 77 millones de dólares de pérdidas en 2023, cien millones en 2024. La designación de Will Lewis* como director ejecutivo a finales de 2023 marcó un punto de no retorno. Lewis, procedente del imperio Murdoch, llegó con un historial manchado por escándalos de hackeo telefónico en el Reino Unido y una visión del periodismo más cercana al espectáculo que a la investigación rigurosa. Los choques con la redacción fueron inmediatos. Veteranos reporteros dimitieron en protesta. La moral se desplomó.

Pero las pérdidas económicas no explican por sí solas esta debacle. Bezos es el tercer hombre más rico del planeta, con una fortuna que supera los 200.000 millones de dólares. Cien millones anuales de déficit representan para él lo que para un ciudadano medio perder unas monedas en el sofá. La cuestión no es si puede permitirse mantener el Post, sino si quiere hacerlo. Y las evidencias sugieren que la respuesta es negativa.

Octubre de 2024 trajo la primera señal inequívoca. A once días de las elecciones presidenciales, con el editorial de respaldo a Kamala Harris ya redactado y programado, Bezos ordenó cancelarlo. El Post llevaba décadas respaldando a unos u otros candidatos presidenciales; romper esa tradición justo cuando Trump trataba de regresar a la Casa Blanca y después de haber sido un medio muy crítico con el magnate durante su primer mandato no parecía una casualidad. La hemorragia fue instantánea: entre 250.000 y 500.000 suscriptores cancelaron en cuestión de días. Martin Baron, ya retirado pero todavía influyente, no se contuvo: lo calificó de "destrucción de marca autoinfligida, cobardía ante un momento crucial".

Lo que siguió confirmó los peores temores. En febrero de 2025, Bezos emitió un mandato editorial: el Post no publicaría artículos de opinión que no se alinearan con su ideología de "libertades personales y mercados libres". El editor de opinión, David Shipley, renunció de inmediato. La independencia editorial, ese muro de contención entre el dueño y la redacción, había sido derribada sin disimulo.

Pero la mordaza editorial ya había empezado a apretar meses antes, cuando la caricaturista Ann Telnaes, ganadora del premio Pulitzer, renunció al Post tras diecisiete años en el diario. El detonante fue la censura de una viñeta que mostraba a Jeff Bezos, Mark Zuckerberg (Meta) y a Sam Altman (OpenIA) arrodillados ante una estatua de Donald Trump, entregándole bolsas de dinero. Fue la primera vez en casi dos décadas que el periódico "mataba" uno de sus trabajos por el tema que trataba. Telnaes lo denunció públicamente: Shipley, el mismo editor que dimitiría semanas después por el mandato ideológico de Bezos, justificó entonces la censura alegando "repetición temática". La excusa convenció a pocos.

El episodio Telnaes no fue un incidente aislado, sino un ensayo general de lo que vendría después. La viñeta censurada señalaba precisamente lo que estaba ocurriendo: la genuflexión de los oligarcas tecnológicos ante el poder político.

Mientras tanto, Amazon —la gran criatura de Bezos— invertía 75 millones de dólares en un documental hagiográfico sobre Melania Trump. El timing no podía ser más transparente: Trump acababa de volver al poder, y Bezos tenía contratos multimillonarios con el Gobierno federal para Blue Origin y Amazon Web Services. ¿Coincidencia? Incluso observadores benévolos lo consideraron un soborno apenas disimulado.

Los despidos de febrero de 2026 no son solo un ajuste contable, sino la culminación de una estrategia: reducir el Post a un medio dócil, incapaz de incomodar al poder. Deportes, eliminado. Libros, desmantelado. Corresponsalías en Ucrania y Oriente Medio, cerradas. La cobertura local, que durante décadas había sido el alma del diario, queda reducida a lo mínimo. Todo esto mientras Bezos multiplica su fortuna y Amazon bate récords de beneficios.

Para muchos analistas, la agonía del Post no es un caso aislado, sino un síntoma de una enfermedad sistémica que aqueja al periodismo contemporáneo. La primera lección que deja lo ocurrido es que la independencia editorial no es negociable, y la riqueza no la garantiza.

Durante años, la fascinación por el nuevo tiempo digital abonó la idea de que los magnates tecnológicos serían los nuevos mecenas de la prensa, salvadores ilustrados que rescatarían cabeceras históricas de la bancarrota. Pero estos millonarios no son filántropos desinteresados; son hombres de negocios con intereses colosales que chocan frontalmente con la misión del periodismo de fiscalizar al poder.

El Post ha aprendido la lección más dura: cuando tu dueño tiene contratos gubernamentales de miles de millones, cuando depende de regulaciones favorables para sus imperios tecnológicos, el periódico se convierte en rehén. Cada investigación incómoda, cada editorial crítico, cada reportaje que incomoda al gobierno puede poner en riesgo esos contratos. Y cuando llega el momento de elegir entre la verdad y los negocios, el periodismo pierde.

La segunda lección es tecnológica. Bezos apostó fuerte por la innovación, porque se suponía que la salvación del periodismo iba a venir de la mano de quienes dominan el espacio digital. Desarrolló Arc Publishing, un sistema de gestión de contenidos que vendió a decenas de medios, incluido el diario español El País. Modernizó la infraestructura digital del Post y lo convirtió en referente de velocidad y usabilidad.

Pero la tecnología resultó ser un espejismo. Mientras The New York Times diversificaba sus contenidos con juegos, cocina, podcasts y adquisiciones como The Athletic, creando un ecosistema de suscripción robusto, el Post seguía dependiendo del tráfico desde Google y redes sociales. Cuando la inteligencia artificial generativa empezó a absorber ese tráfico —el 50% cayó en tres años—, el modelo colapsó. La tecnología puede optimizar la distribución, pero no sustituye al periodismo de calidad ni crea, por sí sola, un modelo de negocio sostenible.

La tercera lección es organizativa. El periodismo de calidad requiere inversión constante, no solo en tecnología sino en personas. Reporteros experimentados, editores rigurosos, corresponsales con años de especialización. Estos profesionales no salen de programas de formación intensiva y de corta duración ni se sustituyen con algoritmos. El Post tenía ese capital humano, acumulado durante décadas. Y lleva años destruyéndolo en nombre de una rentabilidad que, paradójicamente, nunca podrá alcanzar mientras su principal activo, la credibilidad, siga en entredicho.

Frente al desastre del Post, The New York Times ofrece un contraste revelador. Ambos son periódicos de referencia, con historias centenarias y prestigio global. Pero mientras el Post se desangra, el Times prospera: supera los diez millones de suscriptores, genera beneficios consistentes y mantiene una redacción robusta. ¿La diferencia? El Times sigue siendo propiedad de la familia Sulzberger, que, con sus más y sus menos, ha priorizado sistemáticamente la independencia editorial sobre los beneficios a corto plazo. No es que los Sulzberger sean inmunes a los errores o las presiones, pero su compromiso con el periodismo como misión, y no como activo fungible, ha marcado la diferencia.

Bezos, en cambio, trata al Post como hizo con tantos sectores antes: una industria obsoleta que necesita "disrupción". Pero el periodismo no es el comercio minorista. No se puede optimizar con algoritmos ni se mejora despidiendo a un tercio de la plantilla. La confianza del lector, ese activo intangible pero crucial, tarda décadas en construirse y se destruye en días.

"Estamos presenciando un asesinato", escribió la periodista Ashley Parker en The Atlantic. El The Washington Post que ayudó a tumbar a un presidente corrupto, que desafió al Pentágono, que definió el periodismo de investigación estadounidense durante medio siglo, está siendo ejecutado por su propio dueño.

"La democracia muere en la oscuridad", proclama todavía el lema del Post. La realidad es que también desaparece cuando quienes controlan la información deciden que el periodismo es solo otro sector más esperando ser optimizado.

*El director ejecutivo de 'The Washington Post', Will Lewis, presentó su dimisión este sábado.

El periodismo en España sufre por la inseguridad de los periodistas, el incremento de las presiones políticas y económicas, el uso de litigios intimidatorios contra los medios, las dificultades de acceso a la información pública, la elevada concentración de la propiedad mediática y nuevas formas de censura o restricciones digitales.

Al menos eso es lo que denuncia la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) en su informe sobre la situación en España en 2025, que acaba de ser publicado. La PLI es una organización dedicada a proteger y promover los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Fue creada en noviembre de 2014 por un amplio grupo de medios, colectivos de periodistas, juristas y organizaciones sociales preocupados por las amenazas crecientes a estos derechos fundamentales.

En el informe recientemente presentado, la plataforma reseña diferentes episodios que califica como vulneraciones de la libertad de prensa en nuestro país, a partir de los cuales concluye que existe un proceso de erosión progresiva, resultado de la acumulación de presiones políticas, judiciales, económicas y digitales.

La organización documenta lo que denomina “un patrón sostenido de ataques y acoso a periodistas”, que combina agresiones físicas, intimidación durante coberturas informativas y campañas de hostigamiento digital.

El acoso digital, aseguran, “adquirió una dimensión especialmente preocupante” el año pasado. “Se documentaron campañas de amenazas de muerte, insultos racistas y señalamiento coordinado contra periodistas, en algunos casos impulsadas o amplificadas por actores políticos”.

Estas campañas, sostenidas en redes sociales, tienen un “efecto acumulativo”: erosionan la reputación profesional, afectan a la salud mental de los informadores y pueden conducir a la autocensura o al abandono de determinadas coberturas. Organismos como la OSCE han advertido reiteradamente que “el acoso en línea debe considerarse una amenaza real a la libertad de prensa, y no un fenómeno menor o inherente al debate público”.

Uno de los hitos más graves de 2025, señala la PLI, fue la imputación de cuatro periodistas por revelación de secretos tras publicar información de interés público relacionada con el caso del fiscal general del Estado, un caso recogido por la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho.

Es un caso, subrayan, que podría sentar un precedente peligroso, al normalizar la intervención penal en la actividad informativa. “El riesgo principal es el efecto desaliento: cuando los periodistas perciben que informar sobre determinadas investigaciones judiciales o policiales puede acarrear imputaciones personales, se reduce la disposición a investigar y publicar, incluso cuando existe un claro interés público”.

La plataforma se hace eco también de la persistencia de problemas en el acceso a la información pública en el marco de la ley de secretos oficiales, una norma de origen franquista que sigue sin reformarse, a pesar de que ha sido discutida en varias ocasiones en el Congreso.

La Comisión Europea, recuerda el informe, identifica además prácticas administrativas e institucionales que afectan de forma directa al trabajo de los periodistas. Entre ellas, el aumento de comparecencias oficiales sin turno de preguntas, la restricción del acceso de determinados medios a actos informativos y los retrasos recurrentes en la respuesta a solicitudes de información pública, que impiden a los profesionales acceder a datos en plazos compatibles con el ciclo informativo.

Son formas de “censura indirecta” o de baja intensidad que debilitan de manera sistemática la capacidad de los medios para fiscalizar al poder y que, cuando se normalizan, erosionan la rendición de cuentas y el pluralismo informativo, afectando de manera desigual a los medios más críticos o con menor capacidad de acceso privilegiado.

Por lo que se refiere a los medios públicos, la PLI recuerda los riesgos de politización de los órganos de gobierno de RTVE derivados de la reducción de los umbrales exigidos para su elección en el Congreso, así como las movilizaciones de profesionales de las radiotelevisiones públicas autonómicas en defensa de su independencia editorial.

El análisis de los casos de 2025, sostiene esta plataforma, muestra que las vulneraciones a la libertad de prensa en España no responden a un único patrón, sino a “la convergencia de múltiples presiones que operan de forma simultánea”. Agresiones y acoso, judicialización, restricciones informales, reformas normativas controvertidas y opacidad financiera configuran un entorno en el que el periodismo puede seguir ejerciéndose, pero a un coste creciente.

Desde la perspectiva del Estado de derecho, el riesgo no es solo la existencia de incidentes aislados, sino “su normalización”. Cuando informar implica asumir riesgos personales, legales o económicos desproporcionados, la libertad de prensa se vacía progresivamente de contenido, incluso sin necesidad de censura explícita.

El informe también señala la preocupación de sus redactores por algunas reformas legislativas en curso, desde la regulación del secreto profesional —que temen pueda acabar debilitando su protección— hasta el proyecto de ley de información clasificada, con capacidad para establecer prohibiciones de publicación durante plazos muy prolongados.

También hay una referencia a la reforma del reglamento del Congreso que estableció nuevas normas para los periodistas acreditados y que la PLI considera, en algunos supuestos, una amenaza para el trabajo periodístico. Y una última al proyecto de ley que aplicará en España el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), al que esta organización atribuye riesgos de restricciones indirectas a la libertad de información, inseguridad jurídica para medios y periodistas y un posible efecto disuasorio en el entorno digital.

Para corregir estos problemas, la plataforma propone, en primer lugar, definir con claridad y precisión los límites de derechos clave del periodismo, como el secreto profesional, el acceso a las fuentes o los sistemas de acreditación, para evitar interpretaciones arbitrarias o aplicaciones desproporcionadas. A ello se suma la exigencia de que cualquier reforma sea plenamente compatible con la normativa europea y los estándares internacionales, de modo que España no quede en una posición de menor protección de la libertad de información que otros países de la UE. En este marco, se subraya la importancia de reforzar los controles independientes, mediante órganos de supervisión imparciales que puedan revisar sanciones impuestas a periodistas o medios y actuar como garantía frente a posibles abusos.

En segundo lugar, las recomendaciones de la PLI insisten en proteger de forma específica a los medios digitales e independientes, evitando que reformas como la del derecho de rectificación se conviertan en barreras de entrada al mercado informativo o fomenten la autocensura.

También reclaman una mayor transparencia en la clasificación de la información secreta, con plazos de desclasificación realistas, mecanismos de revisión y criterios claros de interés público en la futura ley de información clasificada.

Por último, el informe advierte de la necesidad de establecer garantías efectivas para que las sanciones por pérdida de acreditaciones no se utilicen como herramientas políticas destinadas a limitar el acceso de medios críticos o de alternativas informativas al espacio público.

El Media Board, el organismo que reúne a los reguladores de medios de los 27 países de la Unión Europea —entre ellos la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en España— quiere que Bruselas avance en una regulación homogénea para la actividad de los creadores de contenido, más conocidos como influencers digitales.

Tras analizar la situación en cada país y compartir estudios y propuestas, el Media Board ha señalado como uno de sus objetivos clave garantizar un marco regulatorio “adaptable a los desarrollos futuros y, al mismo tiempo, claro, accesible y comprensible para todas las partes interesadas”.

Entre las medidas que propone el informe aprobado, se incluye una definición compartida de influencer, adaptable al tamaño y particularidades de cada mercado, dejando a los Estados miembros decidir eventuales umbrales. Además, plantea establecer un conjunto de normas comunes que los influencers deben respetar en sus actividades, como la protección de menores, la transparencia publicitaria y la prevención del discurso de odio.

Si estas normas se estandarizan, deberían orientarse a proteger los derechos de los consumidores —con transparencia publicitaria, etiquetado claro de anuncios y divulgación de patrocinios—; limitar la publicidad de productos nocivos como alcohol, tabaco o medicamentos; proteger a los menores; regular la recopilación de datos personales de los seguidores; y prevenir el discurso de odio, manteniendo al mismo tiempo la libertad de expresión. Una legislación común también permitiría aplicar sanciones transfronterizas en caso de infracciones que afecten a audiencias en varios Estados.

En España, los influencers más populares y con mayores ingresos —los definidos por la ley como “usuarios de especial relevancia”— ya están obligados a cumplir ciertos requisitos, como identificar de forma clara los contenidos que les reportan ingresos o regalos o asegurarse de que sus mensajes no sean perjudiciales para menores ni les induzcan a comportamientos peligrosos. 

En teoría, deben también respetar los principios generales de la comunicación audiovisual, como la dignidad humana, la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad, la diversidad cultural y lingüística, y la veracidad de la información. También deberían fomentar la alfabetización mediática y la conciliación de la vida personal y familiar.

En la práctica, sin embargo, la supervisión en España es limitada: la CNMC solo revisa los contenidos a petición de parte, y ni siquiera tiene forma de saber quiénes ingresan más de 300.000 euros al año, el umbral para ser considerados usuarios de especial relevancia.

El Media Board considera que una definición común de influencer y el establecimiento de principios compartidos podrían ser útiles, especialmente a partir del concepto de responsabilidad editorial, que activa la aplicación de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD). Atribuir esta responsabilidad a los influencers permitiría aplicar de manera secuencial las obligaciones correspondientes de la normativa audiovisual europea.

Sin embargo, el regulador europeo no se plantea ir tan lejos como la CNMC española, que quiere ampliar la definición de influencer hasta reconocerles derechos similares al secreto profesional de los periodistas.

Cuando el Media Board propone integrar a los influencers como prestadores de servicios de comunicación audiovisual, no se trata de considerarlos “periodistas” ni “medios” tradicionales, sino proveedores de servicios audiovisuales a demanda, equiparables a plataformas de vídeo bajo demanda o canales digitales que ofrecen contenidos de forma continuada.

El eje central es la responsabilidad editorial: ser considerado prestador audiovisual implica que el influencer decide qué contenidos se publican, cómo se presentan y con qué finalidad —informativa, comercial, promocional o de entretenimiento—. 

Esa capacidad de control activa la aplicación de la directiva audiovisual europea, lo que obliga a respetar normas sobre protección de menores, transparencia publicitaria, restricciones en publicidad de productos sensibles, prevención del discurso de odio y recopilación y uso de datos personales.

La propuesta del Media Board no determina qué influencers entrarían en esta categoría. Su inclusión dependería de criterios cualitativos y cuantitativos —alcance, regularidad, finalidad económica, tipo de audiencia— que podrían adaptarse a cada mercado según tamaño, idioma o impacto real. 

En ningún caso se les reconocería como periodistas ni podrían acogerse al secreto profesional; tampoco asumirían las mismas obligaciones que un medio tradicional. El objetivo es regular actividades con impacto mediático real.

La mayoría de los miembros del Media Board y los observadores consultados coinciden en que un enfoque armonizado podría garantizar condiciones de competencia equitativas y un nivel mínimo de protección a escala europea. Sin embargo, reconocen que las diferencias entre los mercados locales pueden dificultar un enfoque uniforme.

Muchos reguladores nacionales advierten que la falta de legislación común en la UE puede generar lo que se conoce como forum shopping (una treta que consiste en trasladarse a otro país de la UE con reglas más laxas o menos exigencias legales, con el fin de minimizar obligaciones sobre publicidad, protección de menores o transparencia, y así aprovecharse de las diferencias entre marcos normativos nacionales), lo que comprometería principios clave de la normativa audiovisual europea, como la protección de menores. 

Además, una regulación fragmentada podría generar conflictos legales o incoherencias, por ejemplo, respecto a tipos de publicidad permitidos en ciertos servicios en línea. También se subraya la necesidad de informar mejor a los influencers sobre las obligaciones de los servicios audiovisuales a demanda, ya que muchos desconocen que podrían estar sujetos a estas normas, exponiendo su contenido a restricciones inesperadas.

Dos de las reformas legislativas más importantes del plan antibulos que el presidente Pedro Sánchez ordenó poner en marcha en 2024, como reacción a las informaciones falsas que han sido utilizadas para imputar a su esposa, Begoña Gómez, dieron este martes un paso más en el Consejo de Ministros.

La modificación de la ley que regula desde 1984 el derecho de rectificación, con el objetivo de adaptarlo al ecosistema mediático actual de Internet, agilizar su tramitación y facilitar su ejercicio, será enviada en los próximos días al Congreso. Más retraso lleva la reforma de la ley de protección del derecho al honor y a la propia imagen, que data de 1982. Este martes ha pasado el primer filtro para convertirse en anteproyecto de ley y salir, en las próximas semanas, a información pública, por lo que no es probable que vuelva a la mesa del Consejo de Ministros a corto plazo. Esto demorará el inicio de su tramitación en la Cámara Baja como mínimo hasta otoño.

El Ministerio de Presidencia, responsable de ambas iniciativas, no facilitó a infoLibre el articulado de la doble reforma, de manera que resulta imposible examinar, de momento, cuál es su ambición real y hasta qué punto van a cambiar una regulación que se viene aplicando desde hace más de cuarenta años.

Según el titular de este departamento, Félix Bolaños, el objetivo de la primera reforma, la del derecho de rectificación, es ampliar su ejercicio a los entornos digitales cuando alguien se sienta afectado por la difusión de hechos que considere falsos. Si la ley consigue superar la tramitación en las Cortes, para lo cual deberá afrontar un largo debate, las plataformas digitales y los usuarios relevantes de redes sociales —aquellos que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas en las que estén presentes—, y no solo los medios de comunicación convencionales, tendrán que atender las solicitudes de rectificación que les sean presentadas, siempre y cuando admitan haber difundido hechos falsos o inexactos.

En caso contrario, como ya ocurre en la actualidad, los afectados podrán invocar la protección de los jueces, que seguirán siendo quienes decidan si procede o no difundir la rectificación. La novedad será que los llamados usuarios de redes sociales y plataformas con muchos seguidores —al igual que los medios digitales— deberán implementar un mecanismo gratuito, accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación.

El plazo para presentarla pasará a ser de diez días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales, o de veinte si ha sido difundida en medios digitales o en cuentas de influencers. Podrán ejercer este derecho los menores de edad que tengan “la necesaria madurez”, ha dicho el ministro, y, en todo caso, los mayores de 16 años. En el caso de personas fallecidas, podrán solicitarlo sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido designados expresamente.

El Gobierno quiere que los medios digitales que rectifiquen a petición de los afectados o de los jueces estén obligados a crear un nuevo enlace a la información original, con relevancia semejante a la que tuvo la publicación inicial, y que las plataformas en línea la difundan en un lugar visible junto con la información original. Deberán hacerlo, según la propuesta, en el plazo de tres días, y no tendrán que incluir solo hechos, sino que será posible “incorporar opiniones o valoraciones que no resulten excesivas ni sean impertinentes en el objeto de la rectificación”.

La nueva ley simplifica el procedimiento judicial al que pueden acudir los ciudadanos a los que se les deniegue la rectificación, aunque se desconocen los mecanismos concretos a través de los cuales el Gobierno quiere conseguir este objetivo.

Bolaños, en cualquier caso, dio por seguro que, cuando la reforma sea aprobada y entre en vigor, los “desinformadores habituales dedicados al bulo de manera diaria” tendrán más difícil seguir haciendo su trabajo. “Se trata de que cualquier ciudadano esté protegido frente a injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes y mentiras que le afectan”, subrayó, y de que tenga, por tanto, “un derecho fácil, accesible, rápido y ágil para poder rectificar esa información”.

Más lenta va la preparación de la prometida reforma de la ley del derecho al honor y a la intimidad personal. Aunque en España ya se podía invocar esta norma para perseguir imágenes falsas susceptibles de dañar la propia imagen, Bolaños la ha presentado como una vía para perseguir los deepfakes: contenidos audiovisuales falsificados mediante técnicas de inteligencia artificial que permiten manipular o generar imágenes, vídeos o audios hiperrealistas en los que una persona parece decir o hacer algo que en realidad nunca ocurrió.

Para mejorar la persecución de este tipo de prácticas, que no existían cuando se promulgó la ley original en 1982, el borrador de la reforma plantea considerar ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares. Existe, no obstante, una salvedad: en el caso de personas con proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se podrá utilizar inteligencia artificial, siempre que se haga constar que se trata de imágenes falsas.

Lo único que ha trascendido del anteproyecto, que el Gobierno tampoco ha querido difundir, es que, en materia de consentimiento, se quiere impedir que compartir imágenes personales en una red social suponga que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

Según Bolaños, el texto mejorará también la protección de los menores y establecerá en 16 años la edad a partir de la cual se podrá prestar consentimiento para facilitar la propia imagen.

Por primera vez, si la norma consigue ser aprobada, se regularán los casos de personas ya fallecidas, ampliando las personas que pueden ejercer el derecho en su nombre, incluyendo, por ejemplo, a las parejas de hecho o a quienes mantuvieran una relación de afectividad análoga a la matrimonial. También será posible que la persona afectada pueda, mediante testamento, prohibir la utilización de su imagen o de su voz para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga tras su fallecimiento.

A petición del Ministerio de Igualdad, que ya promovió una medida similar a través de un anteproyecto de ley sobre violencias vicaria pendiente todavía de examen en el Consejo de Ministros, Bolaños ha anunciado que, para proteger a las víctimas de delitos, se considerará un daño al honor que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o proyección personal cuando alguien produzca un contenido audiovisual contando lo ocurrido.

Si la ley, que ahora es un mero borrador, llega algún día a entrar en vigor, los jueces dispondrán de criterios para calcular las indemnizaciones a partir de la gravedad de las intromisiones en el honor: repercusiones sociales, reincidencia, gravedad de las expresiones empleadas, etc. En ningún caso la indemnización podrá tener carácter simbólico.

Seguirán exceptuadas, en todo caso, las informaciones protegidas por el derecho a la información, como la difusión de comunicaciones privadas con contenido noticiable por referirse a asuntos de interés general.

Las leyes originales de 1982 y 1984 han sido sometidas en numerosas ocasiones a interpretación por parte del Tribunal Constitucional (TC), que ha sido clave en el desarrollo y aplicación de los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al derecho de rectificación en España, especialmente en su relación con la libertad de expresión y de información. Desde los años ochenta hasta hoy, su jurisprudencia ha definido límites, ponderaciones y garantías fundamentales.

El TC ha señalado que el derecho al honor no es absoluto: debe ponderarse con la libertad de expresión e información. Cuando la información versa sobre asuntos de interés general o personas públicas, el derecho a la información prevalece; pero si se invade el ámbito estrictamente privado sin relevancia pública, prevalece el derecho a la intimidad u honor.

Eso sí, la información debe ser veraz para estar protegida, lo que, en términos del TC, significa que debe ser producto “de una investigación diligente”; o, lo que es lo mismo, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información. A nadie se le exige una “verdad absoluta”, sino una “forma de proceder” en aras de la protección de los derechos del público a la formación de una opinión pública libre, basamento de la democracia.

La doctrina constitucional también establece limitaciones para los cargos públicos, que están obligados a soportar un nivel mayor de crítica que los ciudadanos en general.

Esta interpretación, claramente favorable a la buena praxis periodística, es muy diferente en el caso del derecho de rectificación, en el que el TC no requiere demostrar falsedad ni daño al honor para ejercerlo: basta con sostener que lo difundido es inexacto o perjudicial para el afectado. Algo que no cambiará con la reforma que promueve el Gobierno, que mantiene el derecho a ejercer la rectificación a criterio del solicitante, aunque los hechos difundidos sean ciertos. La redacción de la ley del derecho de rectificación, tal y como se aprobó en 1984 y que el Gobierno planea conservar, facilita rectificar informaciones falsas, pero también verdaderas. Lo que a menudo se ha traducido en abusos.

El grupo privado de comunicación Henneo, levantado en torno al hegemónico Heraldo de Aragón, será al menos durante tres años más quien controle la información y realice los programas de actualidad, entretenimiento y deportes que la televisión pública regional, Aragón TV, ofrezca a los ciudadanos de esta comunidad. Con opción a dos años y nueve meses más de prórroga automática sin concurso.

La entrada en vigor de estos contratos, por un valor conjunto de 67,4 millones de euros, ha tenido lugar en pleno periodo electoral —Aragón vota el próximo 8 de febrero—. Sin embargo, las adjudicaciones tuvieron lugar el año pasado, antes de que el presidente regional, Jorge Azcón (PP), decidiese adelantar la convocatoria.

Por volumen, estos contratos consumirán en torno al 40,6% de todo presupuesto de la radio y la televisión aragonesa a lo largo de tres años.

De hecho, aunque el PP le ha dado continuidad, el modelo de televisión pública de contenidos privatizados fue puesto en marcha por el PSOE. Y, en ambos casos, el gran beneficiario ha sido el grupo propietario de Heraldo de Aragón, el diario más influyente de la comunidad, lo que en la práctica ha garantizado a sus dueños una influencia mediática sin parangón.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la entidad de la que dependen Aragón TV y Aragón Radio, siempre ha estado bajo control gubernamental: sus órganos rectores —el consejo de administración y la dirección general— se eligen por mayoría absoluta del parlamento regional —las Cortes de Aragón–, la misma que elige al Gobierno autonómico.

En la actualidad, el consejo tiene mayoría de PP y Vox, y su directora general es Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejo del Ejecutivo de Azcón. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo, el mismo que acaba de recibir el contrato millonario con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Las empresas del grupo que han obtenido las adjudicaciones son Factoría Plural SL, Chip Audiovisual SA y Global Studio News SL. La primera tendrá en sus manos la “elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales bajo la iniciativa, encargo y supervisión de Televisión Autonómica de Aragón, destinados a integrarse en su parrilla de programación, en sus canales de difusión y en sus plataformas digitales”. Esta empresa se hizo con el contrato por 30.085.263,32 euros, IVA incluido, sin tener siquiera que competir con otra oferta, según los datos recogidos por el Portal de la Contratación.

Chip Audiovisual SA obtuvo, por su parte, la adjudicación para la “elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos informativos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales”. Lo consiguió por 26.604.314,67 euros, IVA incluido, imponiéndose en este caso a una empresa del grupo Prensa Ibérica, propietario de El Periódico de Aragón y controlado por el empresario Javier Moll.

La tercera empresa de Henneo beneficiada por estas adjudicaciones es Global Studio News SL. En este caso, obtuvo el contrato de elaboración de “contenidos para la producción de los distintos programas y formatos deportivos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón, de Radio Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales” por un total de 10.761.278,68 euros, IVA incluido. En este caso, su oferta se impuso a la del grupo Séptima Media, presidido por Alejandro Samanes Prat, según fuentes del grupo aragonés.

La adjudicación de estas tareas a empresas del grupo da continuidad al dominio prácticamente absoluto del ecosistema mediático aragonés que desde hace décadas ha venido ejerciendo Heraldo de Aragón y que en los últimos años se ha ido expandiendo gracias a la influencia de otras empresas de comunicación, de producción audiovisual y de servicios tecnológicos.

Henneo ya es uno de los grupos de comunicación y tecnología más importantes de España, con el Heraldo de Aragón, diario fundado en 1895, como pieza nuclear. A partir de ese buque insignia, la compañía ha desarrollado un vasto ecosistema mediático que integra medios de ámbito nacional, económico y regional, producción audiovisual, servicios de publicidad y plataformas tecnológicas. Entre sus principales medios figuran 20minutos —uno de los diarios digitales más leídos de España—, el económico La Información y publicaciones especializadas como Cinemanía, además de Heraldo de Aragón y el Diario del Alto Aragón.

Fuentes del grupo consultadas por infoLibre subrayan que Factoría Plural, la encargada de realizar los programas de Aragón TV, “es la tercera productora en horas de producción de España y trabaja, además de en Aragón, para las televisiones autonómicas de Extremadura y Madrid. Anteriormente, también lo hizo en Valencia y tiene proyectos en RTVE, en HBO y en otras plataformas y cadenas nacionales”.

De lo que no hay duda es de que Aragón TV cuenta con el respaldo de la audiencia. Cerró 2025 con un 12,2 % de cuota de pantalla, el mejor resultado de los 19 años de historia de la cadena, solo por detrás de Antena 3. De hecho, es la televisión autonómica pública con mejor desempeño, solo por detrás de la catalana TV3 y muy por encima de Telemadrid, la gallega TVG, La 7 de Murcia, la valenciana À Punt o Canal Extremadura.

Sus informativos, que también elabora Henneo a través de Chip Audiovisual SA, registran cifras que refuerzan su capacidad de influir en la opinión pública: las dos ediciones de Aragón Noticias promediaron en 2025 un 23% y lograron aventajar a la segunda opción en un punto (Antena 3, 22%), muy por encima de sus demás rivales.

Además de su actividad editorial, Henneo ha impulsado una importante diversificación empresarial que la sitúa en varios segmentos estratégicos del sector. Su plataforma publicitaria Alayans integra servicios de comercialización y análisis de datos que gestionan campañas tanto para medios propios como externos. 

La consultora tecnológica Hiberus, vinculada al grupo, ha consolidado a Henneo en el campo de la transformación digital y la tecnología aplicada al periodismo, con una plantilla que supera los 4.500 trabajadores y una expansión internacional en sectores de desarrollo de software y big data. Esta empresa acaba de firmar un acuerdo con Telefónica Tech para la adquisición de los negocios de esta filial de la operadora de telecomunicaciones Telefónica en Colombia, México y Chile.

Henneo declara un crecimiento sostenido: en 2024, el grupo registró un aumento del 22,3% en su cifra de negocio, superando los 297 millones de euros, y reforzando su presencia en los mercados audiovisual, tecnológico y publicitario.

La influencia del grupo tiene una dimensión tanto regional como nacional. En Aragón, Heraldo de Aragón y sus medios asociados son referentes informativos con una penetración que, según estimaciones del propio grupo, alcanza al 90% de la audiencia de la comunidad autónoma. Esta posición ha convertido a Henneo en un actor central en la configuración del panorama mediático aragonés, donde sus contenidos tienen un impacto significativo en la opinión pública y en el debate local sobre política, sociedad y economía. 

A nivel nacional, cabeceras como 20minutos y La Información contribuyen a su visibilidad y alcance, situando al grupo entre los principales editores de noticias digitales en España y otorgándole capacidad de influencia en la conversación mediática sobre asuntos de interés general.

El propietario mayoritario del grupo son los miembros de la cuarta y quinta generación de la familia De Yarza, tradicionalmente vinculada a Heraldo de Aragón, que mantiene el control del capital junto a Ibercaja Banco.

Pero el grupo no publica la actual distribución de la propiedad, pese a que así lo ordena desde febrero de 2025 el Reglamento Europeo de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). No obstante, en la estructura de gestión figuran destacados miembros de esa familia, como Fernando de Yarza López-Madrazo, en calidad de presidente, e Íñigo de Yarza López-Madrazo, consejero delegado.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno que modifique el anteproyecto de ley de regulación del secreto profesional de los periodistas para que este derecho pueda también ser invocado por los influencers.

En su amparo a esta actividad, que casi en su totalidad está en manos de personas ajenas al periodismo y, por tanto, libres de las obligaciones de buena praxis y deontología a las que sí están sujetos los profesionales de la información, la Comisión se contradice a sí misma al afirmar, en el mismo dictamen, que el secreto profesional solo se puede invocar para proteger la información “veraz”. ¿El motivo? Que “la desinformación y los discursos de odio en ningún caso pueden verse amparados en el secreto profesional de los profesionales de la información”.

La propuesta de la CNMC ha sido muy mal recibida por las organizaciones profesionales que defienden el reconocimiento de este derecho a los periodistas profesionales —trabajen o no en plataformas sociales— y no a los influencers. En los registros públicos del regulador, que preside Cani Fernández, no consta que sus directivos hayan recibido nunca a representantes de los periodistas, pero sí, este mismo año, a la organización que agrupa y defiende los intereses de los influencers: la Asociación de Profesionales de Influencia Digital.

La Comisión ni siquiera quiere que el reconocimiento del secreto profesional se limite a los llamados usuarios de especial relevancia (UER), que la ley define como aquellos que obtienen elevados ingresos y disponen de un gran número de seguidores. Su propuesta es que cualquiera que hable en redes sociales y se defina a sí mismo como difusor de información pueda invocar un derecho que siempre ha sido patrimonio del periodismo profesional, sin “umbrales de seguidores o limitaciones adicionales como los recogidos en la normativa nacional actualmente vigente”.

La clave es que la CNMC considera a los “vloggers”, “influencers” o “prescriptores de opinión” como “prestadores de servicio de comunicación audiovisual” a partir de la Ley Audiovisual española, que equipara a los UER con las emisoras de televisión o con las cadenas de radio.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés), en cambio, es mucho más restrictivo. En su definición de un servicio de medios de comunicación caben las emisiones de televisión o de radio, los servicios de medios de comunicación audiovisuales a petición, los pódcast de audio o las publicaciones de prensa. Pero excluye expresamente “los contenidos generados por los usuarios y cargados en una plataforma en línea, salvo que constituyan una actividad profesional prestada normalmente a título oneroso, ya se trate de una compensación económica o de otro tipo”.

En realidad, a la Comisión lo que le gustaría es que el anteproyecto del Gobierno no incluyese ninguna definición concreta de profesional de la información para así “abarcar un amplio espectro de agentes profesionales de los medios de comunicación que entran en el ámbito de aplicación de la definición de servicio de medios de comunicación, incluidos los profesionales independientes”.

La propuesta de equiparar a los influencers con los periodistas a efectos del secreto profesional parece partir de una confusión: el secreto profesional, de acuerdo con el derecho de la información generalmente aceptado, no es un privilegio corporativo ni un derecho individual ligado al hecho de comunicar, sino una garantía democrática asociada al ejercicio de una función muy concreta. 

Protege a la ciudadanía, no al emisor. Su razón de ser es permitir que informaciones de interés público —especialmente aquellas que afectan al abuso de poder— puedan ver la luz sin que las fuentes sufran represalias. Desvincular el secreto profesional de esa función —que no es, ni de lejos, el estándar por el que se guían los influencers, salvo que sean periodistas en ejercicio de su profesión— es vaciarlo de sentido.

En el periodismo, el secreto profesional está indisolublemente unido a un marco de responsabilidades y a un código deontológico. No existe como un derecho aislado, sino como parte de un ecosistema que incluye la disciplina de verificación, la rendición de cuentas, el derecho de rectificación, la existencia de editores responsables y la sujeción a códigos deontológicos que no rigen en el mundo de los “prescriptores de opinión” de las redes sociales.

El periodista que protege a una fuente responde también ante su medio, ante los tribunales y ante la sociedad. El influencer, en cambio, opera mayoritariamente como una marca personal: decide contenidos, fuentes y enfoques sin controles editoriales, sin obligaciones equiparables de corrección y, en muchos casos, sin transparencia sobre intereses económicos o contractuales.

Para muestra, un botón: la asociación que les representa en España y a la que la CNMC tiene como interlocutor fue creada hace ahora un año por doce agencias “de marketing de influencia y de representación de creadores de contenido” (Bushido Talent, Grupo GO, Hamelin Agency, In Management, Keepers, Let’s Be Group, Lolita Manager, Nickname, Okiko/Creatives, SO Media Group, Tkers y Youplanet) todas ellas ajenas al periodismo profesional.

Equiparar ambas figuras supone, por tanto, otorgar una protección jurídica reforzada sin exigir las contrapartidas que históricamente la justifican. Es una asimetría peligrosa. El secreto profesional dejaría de ser una herramienta excepcional para proteger informaciones sensibles de interés general y pasaría a convertirse en un blindaje potencial para la opacidad.

En un entorno digital donde proliferan la propaganda encubierta, las campañas coordinadas y la desinformación, permitir que un creador de contenido invoque el secreto profesional sin un marco claro de responsabilidades abre la puerta a abusos evidentes.

El secreto profesional, concebido como garantía frente al poder, podría convertirse así en un instrumento funcional al propio poder económico o político que financia o instrumentaliza determinados discursos. Una herramienta pensada para proteger la verdad podría terminar protegiendo la manipulación.

Además, esta equiparación contribuye a una confusión ya muy extendida entre informar e influir. El periodismo persigue —al menos normativamente— el interés público, la exhaustividad y la proporcionalidad; la lógica de los influencers responde a la visibilidad, el impacto y la monetización de la atención. No se trata de una diferencia moral, sino funcional. Confundir ambas actividades bajo el mismo paraguas jurídico no amplía derechos: diluye los criterios que permiten a la ciudadanía distinguir entre información verificada y contenido persuasivo.

Si cualquiera que comunica puede invocar el secreto profesional, este deja de ser una garantía excepcional. La consecuencia no es una mayor protección de la libertad de expresión, sino una mayor dificultad para exigir responsabilidades cuando se difunden falsedades o se manipula deliberadamente a la opinión pública.

El anteproyecto del Gobierno, aprobado a finales de julio, fue sometido a información pública el pasado verano, sin que desde entonces el Ejecutivo haya sido capaz de darle forma definitiva y de someterlo a consideración final en el Consejo de Ministros.

El borrador inicial definía a los periodistas, etiquetados como “profesionales de la información”, sin exigir ninguna clase de titulación para el ejercicio profesional, como “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”.

Los criterios jurídicos y profesionales generalmente aceptados sugieren que, para considerar que hay “dedicación profesional” a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, esta debe ser habitual, no esporádica. No basta, por tanto, con publicar contenidos informativos puntuales o en redes sociales: tiene que ser una ocupación principal o una forma de vida y tiene que ejercerse, además, a través de medios a los que se pueda pedir “responsabilidad editorial” o, lo que es lo mismo, que se hagan corresponsables de lo difundido.

Su trabajo debe versar, además, sobre “información veraz” de interés público. Algo que, en España, ha fijado el Tribunal Constitucional: aquella que es producto “de una investigación diligente; esto es, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información”.

Y debe ser “de interés público”, lo que exige que afecte o concierna al bien común, al funcionamiento democrático o a los derechos de la ciudadanía, más allá del simple interés o curiosidad del público (la deontología periodística exige no confundir lo que el público quiere saber con lo que el público necesita o tiene derecho a saber para ejercer sus derechos, tomar decisiones informadas o exigir responsabilidades).

¿Y qué significa que el trabajo que se desarrolla deba tener como objetivo hacer efectivo el derecho a la información? Pues que quien quiera ser periodista no se dedique a la producción de contenidos orientados únicamente a entretener, persuadir, hacer propaganda, marketing o crear opinión sin base informativa. Y que se sujete a normas deontológicas (las reconocidas por los colegios profesionales, la FAPE o por organismos como la Unesco o el Consejo de Europa).

Esta es la clave que la CNMC no ha tenido en cuenta: esta definición excluye, por ejemplo, a creadores de contenido o influencers que informan de temas sociales, pero sin tratamiento periodístico ni sujeción editorial; a activistas, portavoces o personas que publican información útil o relevante, pero no de forma profesional ni bajo estándares periodísticos; y a ciudadanos que difunden información, aunque sea veraz, incluso relevante, pero lo hacen sin estructura, continuidad ni responsabilidad editorial.