El Tribunal Supremo ha condenado a Eduardo Inda y OKDiario por publicar un bulo acerca de que el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cobró una importante cantidad de dinero pagada por el Gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal, Granadinas. Según la sentencia, constituye "una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante".

De este modo, la sentencia del Supremo a la que ha tenido acceso infoLibre, obliga a Eduardo Inda a pagar 18.000 euros al ahora director de Canal Red y "a publicar una nota que recoja resumidamente los principales argumentos de la sentencia y a que cesen la divulgación de los artículos objeto del proceso en Internet y realicen las gestiones adecuadas encaminadas a que el acceso al contenido de esos artículos no sea mostrado en las listas de resultados en los motores de búsqueda en Internet".

La noticia sobre Granadinas fue ampliamente difundida por algunos medios de comunicación en 2016, un momento en el que las encuestas apuntaban a un sorpasso del PSOE por parte de Podemos.

Posteriormente, en 2022, trascendió un audio grabado por el comisario Villarejo de una conversación en la que el director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reconocía no confiar en la veracidad de las pruebas que sustentaban aquella información. "Yo le dije 'Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo'”, admitía Ferreras al comisario jubilado.

Según publica Diario RED, Inda y OKDiario obligaron al firmante de la pieza, Francisco Mercado, a cambiar el sentido de la noticia sobre una supuesta investigación policial en curso. El artículo informaba no sobre la existencia del pago sino sobre la existencia de la investigación policial sobre tal pago, y utilizaba cautelas cuando realizaba afirmaciones sobre las circunstancias de tales pagos, como era la utilización de calificativos como "supuesto", "presunto", etc. Sin embargo, el director del tabloide, Eduardo Inda, habría ordenado modificar el artículo, cambiando también el titular, que pasó a ser una afirmación sobre la existencia de tal pago en un paraíso fiscal. Además, eliminó las demás cautelas utilizadas por el firmante y le reprendió por los términos en que había redactado el artículo.

La noticia fue publicada el 5 de mayo de 2016 en OKDiario con el siguiente titular: 'El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014'.

La derecha mediática está en ebullición. Y no por Pedro Sánchez. La irrupción de la candidatura ultra Se Acabó La Fiesta (SALF) en las elecciones europeas liderada por el agitador y propagador de bulos Luis Alvise Pérez ha generado un aluvión de editoriales, columnas de opinión y artículos que no dejan bien parado al líder de SALF. Conscientes de que una nueva candidatura en el espacio de la derecha alejaría al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de La Moncloa en unas eventuales elecciones generales, los principales medios de referencia para la derecha cargan tintas contra Alvise, al que le dedican apelativos como "Mocito Feliz", "chiquilicuatre", "friki", "monstruito" o "escisión terraplanista de Vox", entre otros.

Un consenso que alberga a figuras como Federico Jiménez Losantos, uno de los altavoces más influyentes entre los votantes de la derecha radical, Eduardo Inda, director de Okdiario y comentarista en plaza en varias tertulias televisivas, medios tradicionales como Abc y El Mundo, y también digitales como The Objective de Álvaro Nieto y El Debate, órgano de la Asociación Católica de Propagandistas que dirige Bieito Rubido, ex director de Abc. Lo llamativo es que también participan en la misma estrategia canales cercanos a Vox como El Toro TV,  que nació del naufragio del Grupo Intereconomía y está dirigido por su antiguo dueño, Julio Ariza.

Para Alvise se trata de "la mayor campaña de criminalización vista en 45 años", según el mismo publicó en su canal de Telegram, con más de medio millón de suscriptores. El agitador se apoya sobre una comunidad cultivada desde hace años en redes sociales siguiendo los postulados clásicos del trumpismo y cada día comparte las que él denomina como "noticias de verdad". Desde allí es desde donde lanza todas sus proclamas, anunciando querellas a diestro y siniestro contra los periodistas que le critican. No se salva nadie, tampoco la derecha mediática. Es más, Alvise utiliza esas críticas para situar en la diana a periodistas, como sucedió recientemente con Javier Chicote, jefe de Investigación en Abc, al que acusó de tener una sociedad instrumental para pagar menos impuestos y del que dijo tener información de índole personal. "Queréis haceros pasar por periodistas para injuriar y desprestigiar a quienes denunciamos corrupción? Procurad tener el culo limpio", escribió.

Al tiempo que el líder de SALF denuncia la "corruptela mediática" y se presenta a sí mismo como periodista, denuncia que otros medios de comunicación no le quieran entrevistar. Una de sus condiciones es grabar la entrevista en bruto para poder subirla después a sus redes, como sucedió recientemente con El País. Este martes, sin ir más lejos, ha criticado que Losantos le acuse de ser "pro Putin" pero que no le haya entrevistado: "No es muy valiente llevar un mes atacándome a diario sin ser capaz de entrevistarme a la cara", denunciaba. Aunque sí lo hizo en el pasado, tal y como relató recientemente una de sus colaboradoras, Rosana Laviada. "La entrevista, ni fu ni fa. Pasó sin pena ni gloria; un rejón a Ana Pastor y otro al NewTrola, como diría Federico. Alvise denunció bulos, los mismos con los que él amenazaba y amenaza. Dice la estrella de las europeas que Se acabó la fiesta pero, en realidad, para él acaba de empezar", señala el texto publicado en Libertad Digital.

Lo cierto es que el director de EsRadio y director y presentador de Es la mañana de Federico ha dejado más que patente su animadversión hacia Alvise, similar a la que expresa hacia líderes de la izquierda. Tanto en editoriales por escrito como desde las ondas de su programa, ha calificado al agitador como el "Mocito Feliz de la derecha", un "grano" que, a su juicio, hace bueno al exalcalde de Marbella, Jesús Gil, "un delicado árbitro de la elegancia al lado de Alvise", según Losantos. También se refiere a él como "chiquilicuatre a la derecha de Vox" auspiciado por "los jerarcas del país" y "protegido por la izquierda".

En una columna publicada el domingo titulada Las dos derechitas de Sánchez arremeten contra la Corona, cargó duramente contra el agitador por cuestionar a la monarquía y arrastrar en esa estrategia a Vox, tal y como contó infoLibre. "Alvise ha hecho que Abascal abandone el campo de la derecha constitucional para unir a Vox al aventurerismo de la derecha radical, sin programa y sin proyecto, que presume de española y traiciona a la nación", señala Losantos. En el artículo, también advierte de que Sánchez es el más beneficiado por la aparición de SALF. "Si hasta ahora Sánchez contaba para su proyecto dictatorial con el trabajo sucio contra el PP de Vox, ahora cuenta también con Alvise. La oposición al sanchismo se fragmenta a la venezolana, entre la demagogia desatada de los jóvenes y la vileza de los viejos". Y zanja: "Con los alvises, se acabó la fiesta; empieza la juerga dictatorial de Sánchez".

Sobre esa deriva antimonárquica también escriben en El Debate. "Lo de Alvise es una picia de principiante, y Vox, desde una envergadura mucho mayor, sabe que el Rey no tiene capacidades para negarse a firmar las leyes; la Constitución le marca incluso el plazo de 15 días para hacerlo". Y, al igual que el director de Esradio, lamenta los efectos que pudiera tener su candidatura. "Puede que sea una nube de verano, pero hay que recordar que hay nubes que duran más que otras. Y no todas ellas cuentas con 800.000 mil votos, eso seguro. Ustedes y yo sabemos que si la derecha se presenta dividida en tres partes en las próximas elecciones generales las habrá perdido antes de empezar a votar".

No son los únicos en advertir de que la aparición de Alvise, que ya ha anunciado que prevé presentarse a las generales, beneficia al presidente del Gobierno ni tampoco en llamarlo chiquilicuatre, en referencia al personaje paródico creado por el actor David Fernández para acudir a Eurovisión en el año 2008. "Por las características del personaje, podría hablarse de él como el Chiquilicuatre de estas elecciones europeas", escribe Javier Caraballo en El Confidencial. "Lo del Chiquilicuatre era una parodia del Festival de Eurovisión y, como ese concurso consigue aglutinar a tantos friquis, consiguió el éxito que buscaba. Lo del tal Alvise no es una parodia, desde luego, pero sí podemos interpretarlo como una caricatura de esa degeneración progresiva que suponen todos los populismos, sobre todo de extrema derecha", reflexiona.

Para el responsable de la sección de opinión en El Mundo, Jorge Bustos, lo de Alvise es una "escisión terraplanista de Vox para dividir a la alternativa y movilizar a su menguante rebaño con un monstruito novedoso”. En una columna publicada el pasado sábado, La cara y el grano, defiende que desde su medio de comunicación no se le haya dado cobertura al líder de SALF: "Como si la claridad del periodismo cumpliera algún papel en los hábitats subterráneos por donde hormiguean a ciegas el resentimiento de unos, el fanatismo de otros, la ignorancia de la mayoría y la codicia de uno solo”. Una cobertura que, sin embargo, sí están haciendo ahora tras el resultado de las europeas. En la sección Papel, los periodistas Rodrigo Terrassa y Josetxu L. Piñeiro le dedican un reportaje con el título Alvise y la amenaza de la postpolítica: "Su voto es una enorme peineta, un insulto en formato electoral".

Otras de las voces más reconocidas de la derecha mediática que no ha dudado en criticar a Alvise, llegando incluso a defender al ministro Óscar Puente, es Eduardo Inda. En la tertulia mañanera de Telecinco, conducida por Ana Terradillos, afirmó que el jefe de prensa del líder de SALF, Vito Quiles, es un "mentiroso a sueldo" y que todo lo que forma parte del "mundo Alvise" es "fake". "Alguna vez se equivocan y dicen una verdad, pero el 90% de lo que dicen es falso. Son embustes, patrañas, mentiras", denunció. Según afirma el propio director de Okdiario, tiene interpuesta una demanda contra Alvise por difundir noticias falsas contra él y llamarle "pederasta y putero". El conflicto entre Inda y Alvise proviene de años atrás y el medio de Inda se ha servido en más de una ocasión del agitador en su guerra contra el director de EdaTV, Javier Negre.

Desde que SALF irrumpió el pasado 9J, en Okdiario han evitado publicar contenidos sobre Alvise, aunque sí se han hecho eco de algunas de las falsedades del agitador. "Ha afirmado que no aceptará el coche oficial y los escoltas por su condición de eurodiputado, pero lo cierto es que en ningún caso tiene que rechazar lo que nunca le va a ser ofrecido, porque los eurodiputados de base no tienen ni coche oficial ni escoltas por su condición de miembros del Parlamento Europeo", señala la web de Inda.

En las páginas de Abc también destacan el modus operandi de Alvise. En un artículo firmado por la periodista Rebeca Argudo y titulado Alvise Pérez, el iluminado, las fuentes consultadas para su elaboración prefieren mantenerse en el anonimato por las potenciales "amenazas y acosos a los que podrían enfrentarse" si dieran la cara: "Si algo parece caracterizar los métodos del ya eurodiputado es la extorsión sistemática al que le incomoda", escribe Argudo. "Todo en Alvise, incluso la mentira, gira entorno al poder personal y aprovechará cualquier cosa, sin pudor ni complejos, en su propio beneficio", reflexiona.

En The Objective lo comparan directamente con el exvicepresidente y otrora líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Alvise es el último hijo del 15M. Todo cuestionamiento del Estado de Derecho desemboca en estos monstruitos. Empezó la izquierda alegremente con fascistadas como ‘No nos representan’ y ‘Democracia real ya’, que aplaudieron muchos politólogos cuñados y cuñadas, escupiendo en su asignatura (lo de los politólogos con la política es un poco lo de los profesores de derecho constitucional con la Constitución. Bueno, es exactamente lo mismo). Y una vez abierta la veda, se ha sumado también la derecha, con no menos alegría. Es muy alegre destruir y simplificar las cosas. Es muy alegre volver al estado salvaje, contra la civilización. Ahora está Alvise, como estuvo Iglesias. Este podría abrazarlo, porque es su hijo".

Por último, en Voz Populi inciden en que es "el nuevo socio de Sánchez" que ya forma parte de la "matrioska facha: "Ya tiene un nuevo integrante, y altamente reactivo. Y radiactivo. Mano de santo para Sánchez”.“¿Alvise Pérez? El mejor regalo que podía recibir Sánchez. No va a haber modo de escabullirse. Nos lo vamos a encontrar hasta en la sopa que sirven en los medios públicos. Y en otros. Alvise por tierra, mar y aire. Para mayor gloria de Pedro Sánchez. Y puede que de la extrema derecha”, zanjan.

¿Qué pensaría si Humbert Humbert fuera la figura referente de un grupo de niños/as, el maestro de su hijo, de su sobrina…? ¿Estaría cómoda? Si usted conociera la situación de Lolita, ¿lo denunciaría? ¿Lo señalaría con el dedo? Venga, venga, tampoco es para tanto, solo va a influir en 20 niños cada año y no creo que haga lo mismo con todos, tendrá un poco de cordura el señor Humbert Humbert.

Tranquilidad. Cada acto tiene consecuencias y estos son muy graves. Los maestros/as tienen que entregar su certificado de antecedentes por delitos sexuales. Respira despacio. Le echarán y no volverá a ejercer nunca ni a hacer daño a ningún niño ni niña. ¿Qué? ¿Que le ha apremiado la directora y va a seguir ejerciendo? ¿Cómo? ¿Que me están señalando por ir diciendo que Humbert Humbert es un pedófilo? ¿En serio? ¿Que las familias van a seguir llevando a sus hijos a la clase de ese sádico?

¿Y tú, qué harías? ¿Señalarías a Humbert Humbert o crees que estarías atacando a la libertad de cátedra y enseñanza?

Hospital Gutiérrez Ortega, Valdepeñas (Ciudad Real). Octubre de 2012. Una niña sufre prolongada falta de respiración que le convirtió en gran dependiente de por vida. Negligencia médica. En la actualidad, la menor sufre numerosas complicaciones que le ocasionan un 97 % de discapacidad; encefalopatía hipóxico-isquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico, convulsiones, alimentación mediante PEG (sonda de gastrostomía endoscópica).

"Tiene una parálisis muy grave, le impide hablar, comer, moverse y respirar. Lo que más me duele es verla cuando se empieza a ahogar. Cuando se pone mala tenemos que salir corriendo al hospital de Albacete, pidiéndole a Dios que no le pase nada en el camino", relata la madre de la pequeña.

Consecuencias: delito de lesiones por imprudencia profesional para la matrona y el ginecólogo.

¿Qué te parece razonable? ¿Estar y apoyar a la familia de la niña o/y señalar a los médicos negligentes? ¿De verdad te parece razonable señalarlos?

Reino de España. Negligentes campan a sus anchas y mienten. Controlan la opinión pública y difaman. Son sus maneras de influir. Nadie los para porque han creado un estado de las cosas y de la opinión pública consistente en que si los señalas estás atacando a humildes periodistas que solo hacen su trabajo, dicen. Uno de ellos es Don Antonio, que se confabulaba de matar a Juan Carlos junto con Eduardo para deshonrar a Pablo. Y por no hablar de Ana Rosa, Susana, Carlos y Francisco, que denigraban poniendo en la diana del odio diariamente a Irene junto con Joaquín. Por ello les han dado premios y hasta a Don Antonio entradas para las finales de Champions del Real Madrid. ¡Qué bueno es ese señor oculto que llaman Florentino!

Las mentiras de estos líderes de audiencia y de los canales de referencia de nuestras televisiones privadas (Atresmedia y Mediaset) no se deberían pasar por alto. Debería haber una ley que condene la mentira en este oficio en horas bajas y una sociedad civil organizada en la calle para exigir consecuencias ante este tipo de actos, la expulsión de la profesión, básicamente.

La educación es un servicio público para la ciudadanía y cualquier maestro pedófilo debería ser expulsado y no volver a pisar un aula. La salud es un servicio público para la ciudadanía y cualquier médico negligente debería ser expulsado y no volver a pisar una consulta. El periodismo es un servicio público para la ciudadanía y cualquier periodista que mienta adrede debería ser expulsado y no volver a pisar ni una redacción ni un plató. Ferreras, Inda, Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Marhuenda o Joaquín Prat no deberían estar nunca más en el oficio de la comunicación.

¿Te parece bien señalar con el dedo al pedófilo y que jamás entre en una escuela? ¿Te parece bien señalar con el dedo al médico negligente y que jamás intervenga a un paciente (según la circunstancia)? ¿Te parece bien señalar con el dedo al periodista mentiroso y que jamás pase a una redacción?

Yo digo sí a las tres, por razonamiento y sentido común.

No hace falta ser de Podemos ni de Pablo Iglesias para dar un sí en la última. Las pruebas expuestas en los enlaces anteriores son irrefutables. Es una cuestión democrática. Quien da el no o duda, está en el sendero del sesgo cognitivo que estos medios han ido construyendo pico a pico y pala a pala, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora y día a día en sus tertulias matinales y vespertinas, mientras las verdades fluyen por las zanjas y cunetas de los márgenes del camino sin que se dé cuenta.

Estaría bien que hubiera habido un poquito de ruido de Sumar cuando se sacó a Podemos y Monedero del Caso Neurona hace un par de meses. Por solidaridad. Porque sin ellos no existirían.

El 26 de febrero de 2018, los detectives de Alp Services presentaron a su cliente, los servicios de inteligencia de Emiratos Árabes Unidos, una propuesta de plan de acción para los siguientes seis meses con ocho puntos. Uno de ellos consistía en informar a “periodistas seleccionados” sobre las personas que ya habían señalado como “objetivos”, sobre el papel de “liderazgo” de estos individuos dentro de los Hermanos Musulmanes en Europa y sobre sus supuestas “conexiones con Al Qaeda”. “Activar nuestra red de periodistas y editores de confianza, como hicimos con éxito en Le Temps y en Le Point” era el segundo punto. “Si nos da luz verde”, piden los detectives suizos a su cliente, “creemos que podríamos dañar gravemente, si no destruir, la reputación y viabilidad de los principales grupos europeos de los Hermanos Musulmanes a través de nuestra comunicación viral ofensiva y confidencial”.

Los periodistas y los medios constituían, por tanto, un elemento fundamental de las múltiples campañas de desinformación que los empleados de Mario Brero desplegaron por encargo del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Y no sólo utilizaron al suizo Le Temps y al francés Le Point, tal y como citan en la propuesta de plan. En Reino Unido, presumen de haber publicado sus informaciones en The Times. En España, Okdiario fue su correa de transmisión.

“Estimado amigo: Buenas noticias, el medio español Okdiario ha comenzado las publicaciones sobre los Hermanos Musulmanes en España”, comunican los suizos a su cliente el 7 de septiembre de 2018. En efecto, ese mismo día, el periódico dirigido por Eduardo Inda había publicado una información en la que aseguraba que "el sirio que delató a Zaplana era socio de un implicado en los atentados de las Torres Gemelas". Se refería al empresario Imad Al Naddaf Yalouk, quien había descubierto unos documentos sobre el cobro de comisiones ilegales por el PP cuando hacía obras en su casa, que antes había pertenecido al exministro de José María Aznar. Después se los había entregado a otro de los protagonistas de la corrupción del PP valenciano, Marcos Benavent, el yonki del dinero, y este, a su vez, a la Guardia Civil.

Okdiario contaba que Imad Al Naddaf había sido administrador único de Cerhomsa Homs Cerámica, una empresa cerámica de Castellón, fundada, entre otros, por Mohamed Khair Al Saqqa, que fue detenido en 2002 en la Operación Dátil, dirigida por el juez Baltasar Garzón, por su presunta implicación en los atentados del 11-S, y absuelto en 2005. infoLibre comunicó al empresario su interés en ponerse en contacto con él, pero no ha obtenido respuesta. 

El día siguiente, el titular era El Gobierno de Zapatero impidió expulsar a un tunecino acusado por el CNI de dirigir campos de Al Qaeda en Sudán. En este caso, el protagonista de la noticia fue Ridha El Barouni, perteneciente al movimiento tunecino Ennahda, vinculado con los Hermanos Musulmanes. Según el periódico, el Gobierno de Zapatero había paralizado la expulsión de España del tunecino, pese a unos informes del CNI que le acusaban de actividades terroristas, “para evitar que enturbiara el proyecto de la Alianza de Civilizaciones”. El Barouni, añadía Okdiario, permaneció en España hasta 2011, cuando regresó voluntariamente a su país tras la primavera árabe tunecina.

El 9 de septiembre, el digital de Inda publicaba: El asesor de Urkullu sobre el Islam se dedica a lanzar mensajes de apoyo a los terroristas de ETA. En este caso, el centro de su atención era uno de los ocho representantes musulmanes en la Comisión Asesora ADOS, creada por el Gobierno vasco para promover la convivencia con la comunidad islámica, porque lanzaba en Facebook mensajes de apoyo a etarras presos y pedía la anexión de Navarra al País Vasco. También recordaba el periódico su participación en un programa de debate de la televisión autonómica ETB donde había asegurado que el “yihadismo no existe”. “Es un concepto irreal inventado para tapar el golpe de Estado contra la democracia y los derechos humanos al que estamos asistiendo en Euskal Herria y Europa”, proclamó.

Un mes más tarde, el 14 de octubre, Okdiario volvía sobre Imad Al Naddaf Yalouk: El líder de los musulmanes de Valencia dirigió el trust que construye las grandes mezquitas europeas. La información destaca que quien por entonces era presidente de la Federación Consejo Islámico Valenciano (FCIV) había figurado desde 2006 hasta 2014 como director de Europe Trust, una organización internacional ligada a los Hermanos Musulmanes “que invierte fondos procedentes del Golfo Pérsico para construir escuelas musulmanas y grandes mezquitas en toda Europa”.

El 5 de noviembre, el digital vincula a radicales islámicos con separatistas catalanes y con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau: Los separatistas se apoyan en islamistas radicales para ampliar su base social entre los inmigrantes. Okdiario menciona unas jornadas contra la islamofobia, organizadas por la asociación Unidad contra el Fascismo y el Racismo, de la que formaban parte desde los sindicatos CCOO y UGT hasta partidos como el PSC, Podemos o ERC. Y destaca que entre sus invitados se encontraban el antiguo imán de las mezquitas de Badalona y Santa Coloma de Gramanet Taoufik Cheddadi y el exdiputado de la CUP Benet Salellas. El primero fue detenido en dos ocasiones por sus supuestos vínculos con el yihadismo, y puesto en libertad sin cargos. De Salellas se señala que, como abogado, ha defendido a miembros de varias redes de terrorismo yihadista. Después, el diario explica que Ada Colau ha gastado 100.000 euros en un plan contra la islamofobia y que cuenta con dos asesores musulmanes.

Al día siguiente, el 6 de noviembre, Alp Services envía un informe de impacto de su campaña “viral ofensiva” e incluye entre sus 10 objetivos uno que encabeza con el título La Hermandad Musulmana española y sus vínculos con Al Qaeda y Catar. También incorpora los de Okdiario entre los titulares cuya “generación” se atribuye. “Basándonos en nuestros casos de estudio previos sobre la Hermandad Musulmana española, pudimos publicar cinco artículos exclusivos en el medio líder español Okdiario”, explican los suizos. Los reproducen traducidos al inglés. A continuación, asegura Alp que el digital de Eduardo Inda es uno de los 10 principales medios del país, con 32 millones usuarios en agosto de 2017. En la actualidad, y según las mediciones de GfK DAM para el pasado mes de mayo, tiene 12,8 millones de usuarios únicos. Es el octavo en audiencia digital de acuerdo con el medidor homologado en España.

Alp no tiene reparos en atribuirse la autoría de las exclusivas de Okdiario: “Los cinco artículos que publicamos representan la descripción más detallada de la Hermandad Musulmana en España, así como de los claros vínculos con Catar, el terrorismo y Al Qaeda”, resumen los detectives suizos. “Según lo acordado”, resaltan a continuación, “los artículos han sido críticos con Imad Al Naddaf Yalouk, el exdirector de Europe Trust que estaba vinculado con el 11-S, y con Qatar Charity, que es descrita como una organización terrorista”. Las informaciones de Okdiario “también han denunciado los lazos entre las redes de los Hermanos Musulmanes y políticos oportunistas”, aseguran. Finalmente, Alp cifra en 300 los comentarios de lectores que han generado los artículos.

Como ha publicado infoLibre, Alp Services subcontrató con la agencia de detectives Castor & Polux las investigaciones en España. Según aparece en los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, el dueño de Castor & Polux, Julián Peribáñez, era además el contacto de los suizos con Okdiario. Así aparece en la agenda de Alp con la siguiente referencia: “Buenos informes en España. Contacto Okdiario”. Es más, según los documentos a los que ha tenido acceso EIC, Peribáñez facturaba a Alp Services 500 euros por cada artículo publicado en el digital de Eduardo Inda.

infoLibre ha preguntado tanto al propio Inda como a Castor & Polux por todos estos hechos, pero no ha contestado ninguno de los dos. Todos estos artículos fueron escritos por el mismo periodista, Miguel Ángel Ruiz Coll, ahora en El Español, quien tampoco ha respondido a las preguntas enviadas por este periódico.

En junio de 2020, Coll escribió la crónica sobre la declaración de Peribáñez como testigo en el juicio por revelación de secretos contra el ex director adjunto operativo de la Polícía, Eugenio del Pino, abierto tras ser denunciado por Jordi Pujol Ferrusola y Podemos.

La campaña de la agencia suiza en España continuó. Un año después de esos primeros cinco artículos, en noviembre de 2019, el informe de impacto de Alp vuelve sobre la rama española de los Hermanos Musulmanes. “En paralelo a nuestras investigaciones sobre el clan Kutayni, relacionado con la Hermandad [10 detenidos en 2019 en la Operación Warmor por financiar presuntamente a las milicias de Al Qaeda en Siria], incluyendo a Mohamed Galeb Kalaje Zouaydi, descrito por The Wall Street Journal como el financiero de Al Qaeda, lanzamos acciones urgentes de comunicación viral sobre este tema”, informan los suizos a su cliente emiratí. Con éxito, según dicen. “Aunque los medios españoles se hicieron eco de la operación antiterrorista, no supieron ver los vínculos con los Hermanos Musulmanes o Catar”, lamentan. “Nosotros cambiamos eso”, presumen enseguida.

¿Cómo dicen que lo han conseguido? Aseguran los detectives que Okdiario –“el periódico que utilizamos el año pasado”, recuerdan–, publicó un artículo titulado Los yihadistas detenidos en Madrid tenían dos constructoras y movían más de dos millones de euros al año el 28 de julio de 2019. Y se vanaglorian de que sus hallazgos sobre los vínculos entre los Hermanos Musulmanes y el apoyo de Catar también fueron mencionados en otro artículo –dicen que fue el más leído– publicado en Majadahondamagazin.es, un digital de ese pueblo del noroeste de Madrid que no hacía más que reproducir el artículo anterior de Okdiario porque algunas de las empresas intervenidas por la Policía se encontraban en ese municipio.

A continuación, explican a los emiratíes que han cambiado las páginas en inglés de la Wikipedia donde se menciona a Mohamed Galeb Kalaje Zouaydi, el financiero de Al Qaeda, para añadir la operación recién abierta en España contra los Kutayni. Una labor que adquirió tintes épicos, si se ha de creer a los suizos. “Hemos lanzado ataques similares en las páginas en español de Wikipedia, que han sido objeto de una intensa batalla con elementos pro-Hermanos Musulmanes que querían censurar la información sobre la Hermandad y sus vínculos con Al Qaeda”, relatan en el informe. Para dar mayor empaque a sus acciones, los detectives de Alp resaltan que estas tendrán un “fuerte impacto en todos los que lean las páginas de la Wikipedia, incluyendo periodistas y agentes de seguridad en Europa”. Finalmente, cuentan a los emiratíes que han pasado toda esta información a un columnista y ensayista francés, experto en islamismo, Alexandre del Valle, que la encontró “muy interesante”. “Dijo que la utilizaría en sus próximas publicaciones”, apuntan.

No es aventurado concluir que el impacto de la “ofensiva viral” de Alp fue bastante reducido si se limitó a una información publicada en Okdiario y reproducida en un digital de Majadahonda, así como a unos cambios en Wikipedia que quizá leyeran en algún momento periodistas y policías. Como también que los suizos pretendían hacer creer a los emiratíes lo contrario.

La relación con Okdiario se mantenía aún en agosto de 2020, cuando Alp comunica a los emiratíes en un correo electrónico que el diario de Inda “está preparando uno o incluso dos artículos sobre Islamic Relief Worldwide”, una organización internacional de ayuda humanitaria a la que los Emiratos acusan de estar vinculada con los Hermanos Musulmanes y de financiar el terrorismo. Cinco días más tarde, el 31 de agosto, vuelve a escribirle. “Excelente noticia: el artículo español que habíamos preparado se ha publicado este fin de semana”. Le envía el enlace a la información de Okdiario y su traducción al inglés: Cae por alentar el terrorismo yihadista la cúpula de la ONG Islamic Relief que opera en Madrid y Barcelona.

El artículo cumple con el enfoque buscado porque “menciona muy claramente a la Hermandad y el terrorismo”, le explican los detectives. Que intentan de nuevo impresionar a su cliente: “Está teniendo un impacto muy fuerte en las redes sociales”. A continuación, le recuerdan que Alp había hecho “una investigación adicional para identificar a voluntarios españoles de Islamic Relief que también habían promovido el extremismo”. Y le ofrecen enviarle “un pequeño mapa de Islamic Relief en España”.

En efecto, tan pequeño que sólo incluye a seis voluntarios, además de a su secretario y a su portavoz. El resto del mapa se completa con los nombres de los detenidos en las operaciones Warmor (2019) y Dátil (2004).

De nuevo hemos caído del guindo,  pesar de todos los avisos y todas las alarmas, las señales cegadoras y los ademanes que se esforzaban en “dejarnos caer del caballo”.

Ahora resulta que la luminaria mediática, que era o pretendía ser el envanecido señor Inda, y que era invitado un día y otro y otro… a que nos descubriera la exclusiva de turno era “papel de plata”.

Y el señor García Ferreras, periodista de capilla bendecida desde las alturas que no descansaba nunca, se dejaba “informar” por el tal señor Inda que, muy pronto, ya no daba el pego, salvo que te dejaras.

Y las estrategias sotto voce seguían funcionando, sin tregua, planificadas, contra cualquier intento desde la izquierda que amenazara desestabilizar el andamiaje del poder, y por eso mismo se decidió mentir, acosar y derribar el intento alternativo de Podemos, “por tierra, mar y aire”. Y ahora nos caemos del guindo.

Y en la orilla de enfrente se forjó otro invento, el de una derecha “civilizada, centrada, de andar por casa”, tal y como pretendían endilgarnos con la aparición “mariana” de Ciudadanos. Así como sin querer hacer sangre, desangrando cualquier escora hacia la izquierda. Como ha confesado el señor Caño, de El País, que hicieron todo lo que pudieran por “amigar” al PSOE con C´s, con tal de descabalgar a Unidas Podemos con todas las triquiñuelas barriobajeras puestas al servicio de la causa desde las cloacas, Villarejo por medio,… donde hozaron y pacieron tantos próceres de la patria, y lo siguen, y lo seguirán haciendo.

Con caídos por la gran trama, como lo fue el periodista de raza Cantera, cuando le sucedió su defenestración intempestiva cuando empezó a tener más audiencia que el citado Ferreras.

Y es que con las cosas de comer de algunos no se juego ni de “mentirijillas”.

Mientras seguimos cayéndonos del guindo sin rechistar.  

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Antonio García Gómez es socio de infoLibre

La noticia según la cual “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”, construida a partir de documentos falsos y de la que hablan el periodista de La Sexta Antonio García Ferreras y el excomisario José Manuel Villarejo en los audios publicados este fin de semana, sigue colgada en la web del digital OkDiario, creado y dirigido por Eduardo Inda, y es accesible para cualquiera que quiera leerla. A pesar de que todo el mundo sabe que es mentira.

La discusión entre el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y el propio Ferreras acerca de si La Sexta sirvió de altavoz a una información falsa difundida por Inda a sabiendas de que se basaba en documentos fabricados a medida para desprestigiar a la formación morada y a sus dirigentes poco antes de unas elecciones se apoderó este lunes de las redes sociales, de las redacciones de muchos medios de comunicación y de las organizaciones de periodistas. Sobre la mesa, un doble debate: ¿Sabía el director y conductor de Al Rojo Vivo que la noticia de OkDiario era mentira? ¿Por qué mantuvo a Inda en su programa cuando ya sabía que la información era falsa? 

Ferreras ofreció su versión en el programa de este lunes. En ella reconoció que La Sexta no debió difundir la noticia publicada por OkDiario. “No deberíamos haber dado absolutamente nada, claro, pero entonces no sabíamos” que la cuenta bancaria de la que hablaba Eduardo Inda “no era real”.

En su defensa, el director de Al Rojo Vivo recordó que La Sexta difundió aquella información falsa con prevención, hablando de “una presunta cuenta” bancaria, citando “al medio que la sacaba como se hace habitualmente en todos los medios” y dando voz a Iglesias. “Lo primero de todo fue llamarle. Claro que nos parecía extraño y hasta burdo” el contenido de la noticia “y así lo decíamos. Pero la Policía decía que tenía ese papel y que lo estaba investigando”, se justificó. El fragmento de la emisión de Al Rojo Vivo de aquel día puede revisarse en este enlace.

Ferreras subrayó que no tiene “nada que ocultar” y que si se reunió con Villarejo hasta en tres ocasiones fue para averiguar la verdad. Lo que el excomisario le confirmó, que el documento era falso, se lo trasladó en persona al propio Pablo Iglesias. “Nunca hemos dado un información falsa sabiendo que lo es. Nunca. Ni esa ni ninguna otra. Ni sobre Podemos ni sobre nadie”. Así que “mienten por tanto cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era. Eso es mentira”, subrayó. 

En Podemos sostienen lo contrario. Al menos Iglesias, que este lunes volvió a criticar con dureza a Ferreras. Le acusó de difundir la noticia de Inda sabiendo que era falsa y de proteger a “su amigo” Villarejo. Las explicaciones del director de Al Rojo Vivo son, en su opinión, “enormemente graves”. Porque el día que OkDiario publicó su noticia, Ferreras le “llamó y era evidente que esa información era un bulo. Y yo se lo dije. Le dije: ‘Antonio, ¿tú de verdad das verosimilitud a que yo tenga una cuenta en Granadinas a nombre de mi madre donde me ha ingresado dinero Nicolás Maduro?’ Y me dijo: ‘Pues evidentemente que no, peor lo voy a dar y mi trabajo como periodista consiste en darte a ti la palabra para que des tu versión”. 

Muy enfadado, en declaraciones a Rac1, Iglesias aseguró que ese razonamiento de Ferreras “es mentira. Eso no es periodismo, es basura. El periodismo no es dar una información falsa y darle la palabra a todo el mundo. Es comprobar si una información es real”. 

El exlíder de Podemos se mostró especialmente molesto con el tono “amigable” de la conversación entre Ferreras y Villarejo que revelan los audios. “Cuando hablaban por teléfono parece que se querían y admiraban bastante”. Retó a Ferreras a reproducirlos en su programa para que se escuche cómo le decía al excomisario “que esa información sabía que era falsa”. Y le echó en cara que cuando le contó que Villarejo le había confirmado la falsedad de la noticia, no solo le dijera que no había sido culpa del excomisario sino que se negara a revelar quién había fabricado el documento. “¿Tienes información de que se ha cometido un delito fahricando un dosier y lo único que vienes es a defender a tu amigo Villarejo? ¿Eso es periodismo? ¿O es tapar un delito?” Porque “si un periodista tiene conocimiento de un delito tiene que ponerlo en conocimiento de la Policía” para no ser “cómplice”.

El problema, según Pablo Iglesias, ya no es sólo Ferreras, sino “todos los que están sentados alrededor y que a cambio de un módico precio están allí blanqueando a alguien que públicamente ha dicho que él sabía quiénes eran los autores de esos informes falsos y no me lo dijo”. Hay “una estructura mediática mafiosa. Hay silencio de periodistas y políticos que temen no salir” en La Sexta si se pronuncian en contra el director de Al Rojo Vivo, acusó.

“Ferreras sabe que Inda es un mentiroso, un manipulador, y sin embargo le pone todos los sábados por la noche en su televisión para que mienta. Ahí hay una intención política: le sienta en su tertulia y conecta con su periódico sabiendo que miente. ¿Y por qué hace esto? Para hacer algo que hace un daño terrible al periodismo: entender que es legítima la mentira”. 

Ferreras niega intencionalidad alguna contra Podemos. “La Sexta mantuvo siempre una actitud muy crítica con las informaciones como el informe PISA, o la inventada conexión del entorno de ETA con Podemos”, que en cambio “tuvieron una amplísimo recorrido en muchos medios de comunicación”. “Que hubo una operación contra Podemos es una verdad como un templo, pero lo que hizo La Sexta entonces en tiempo real fue resistirnos” a ella. “Aunque seguro que también hemos aprendido para hacerlo mejor la próxima vez”, añadió. Pero ahora es Podemos, asegura, quien está “intentando hacer algo muy parecido. Es delirante”, zanjó en su peograma.

A lo largo de todo el día se sucedieron algunos pronunciamientos de organizaciones de periodistas acerca del caso Inda, como los colegios profesionales de Cataluña y el País Vasco. Horas más tarde los colegios de estas dos comunidades y los de Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Murcia y La Rioja —todos los existentes menos el de Aragón— difundieron un comunicado conjunto en el que manifestaron “su profundo rechazo a las prácticas que de estas grabaciones parecen deducirse y que resultan intolerables en cualquier periodista, que debe ante todo garantizar el derecho a la información de la ciudadanía”.

En cambio, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) guardaron silencio.

“No por obvio debe ser ignorado: los periodistas siempre deben contrastar la información y no publicar jamás aquella que se considere falsa; y en caso de confirmarse la falsedad, corregir con la mayor prontitud y con la máxima proyección posible”, recuerdan los colegios profesionales.

La utilización de los medios en beneficio de “intereses espurios va mucho más allá del derecho a una línea editorial, totalmente legítimo, para adentrarse en prácticas incompatibles con el ejercicio de algo que pueda llamarse periodismo”.

Los colegios de periodistas destacan “que estas prácticas, aun siendo minoritarias en el ámbito de la comunicación, no ayudan a mejorar la credibilidad de una profesión que no pasa por su momento de mayor prestigio. Precisamente por ello es imperativo que el conjunto del periodismo exprese con rotundidad su repulsa hacia estos comportamientos, alejados de la ética profesional, que ponen en peligro el libre desarrollo de la democracia”.

“Los Colegios de Periodistas somos los principales interesados en la total transparencia del ecosistema informativo. Una ciudadanía informada sobre los posibles intereses de los grupos mediáticos es la mejor garantía de que las y los profesionales puedan desarrollar su labor informativa con independencia, y así el periodismo podrá seguir ejerciendo su papel como garante de la democracia y no convertirse en otro instrumento del poder”.

El Consell de la Informació de Catalunya, de común acuerdo con el colegio catalán de periodistas, también difundió una nota en la que denunció que “las malas prácticas de una minoría de periodistas de medios de comunicación no sólo perjudican la credibilidad del conjunto de la profesión, sino que estropean la democracia”. Las cloacas del Estado, aseguran, “han contado con la complicidad de algunos responsables de medios, periodistas, articulistas y tertulianos que, en la mayoría de los casos, sabían que se trataba de informaciones falsas”.

“Consideramos que es necesaria una regeneración democrática y que ésta no es posible sin, a la vez, una regeneración del periodismo en nuestro país” que el colegio y el Consell catalanes “se comprometen a impulsar” a través de un “proceso de reflexión colectiva”.

Lo ocurrido estos días a cuenta de la información de OkDiario y su difusión a través de la Sexta se suma a la polémica desatada hace varias semanas después de que un exdirector de El País, Antonio Caño, reconociese públicamente que cuando dirigía el diario intentó impedir la entrada de Podemos en el Gobierno. O a las informaciones sobre la confusión entre poder y periodismo que reveló en su día en un libro el exdirector de El Mundo David Jiménez.

Eva Navarrete, portavoz de la Red de Colegios de Periodistas de España, cree necesaria una “reflexión global de todos los implicados en el ámbito del periodismo” y especialmente de las organizaciones profesionales que se ocupe en particular de la transparencia, porque “cada vez resulta más difícil saber quién está detrás de cada medio y eso perjudica mucho a la ciudadanía, que es quien tiene que tener las claves para poder interpretar lo que le estamos trasladando”.

“Quizá es el momento de pensar que hay que dar un paso más” allá de “ese debate permanente de si nos regulamos o nos regulan. Habría que empezar a pensar otra manera de funcionar”, también de la mano de las universidades, para defender la formación deontológica, y de actuar contra la vulneración de los principios del periodismo. “Esto es tarea de todos, de los colegios y los periodistas, que debemos denunciar la mala praxis y si hay que señalar, señalar” a quien corresponda. “La ciudadanía tiene que ver que cuando se actúa mal hay alguna respuesta”.

La filtración de una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y el periodista Antonio García Ferreras desvela cómo se gestó la información falsa sobre el supuesto pago de 272.000 dólares realizado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro al por entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a través del paraíso fiscal de Granadinas. Eduardo Inda logró colocar a través de OkDiario esta noticia de dudoso origen en todas las televisiones a nivel nacional, incluida laSexta.

Los audios publicados por Crónica Libre recogen cómo Ferreras le confiesa a Villarejo durante una comida, entre otros, con el adjunto a la presidencia de Atresmedia, Mauricio Casals, que no confiaba en la veracidad de las pruebas que sustentaban esta información. "Yo le dije 'Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo'”, reconoce el director de Al Rojo Vivo al excomisario, que le confirmó que los datos que manejaba el director de Okdiario no eran fiables. Este es un extracto de los audios. El periodista pregunta a Villarejo por el origen de la información:

Ferreras: ¿Quién le ha metido la bacalada [a Inda]?

Villarejo: Le ha metido la bacalada la DAO, se la han dado el Pino [Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía], Pino se la ha metido, Pino que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la... de la DEA, pero...

F: ¿Pero lo han hecho aposta o no?

V: Eh..Bueno, a él uff no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son...

F: Yo le dije “Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo”.

V: Claro...

F: Es demasiado burdo, es decir porque yo no sé…

V: Ellos tienen un lenguaje.

En una conversación posterior, Ferreras le cuenta a Villarejo una conversación que tuvo con Iglesias: "Pablo, yo sé de dónde, por dónde le llega el material a Eduardo, evidentemente no te lo voy a contar, ni creo que ni Eduardo sabe que yo lo sé... lo que te digo que ese comisario, el que tú me hablas, me dijo a mí, Antonio, 'esa esa información no es buena, está contaminada'".

El ahora exlíder de la formación morada ha tachado en una entrevista en TV3 de "escandaloso" el "nivel de podredumbre que hay en España con el PP, con determinados sectores del Estado, de la judicatura, y de cuerpos y fuerzas de seguridad y con los periodistas más importantes". "¿Cómo se puede dar una información cuando piensas que es mentira? ¿Cómo un periodista puede dar una información que le parece chapucera? ¿Eso es periodismo?", se pregunta Iglesias.

Iglesias también ha explicado que la Policía Nacional, en este caso, no recibió órdenes de investigar delitos, "sino de tratar de fabricar pruebas falsas y encontrar cualquier elemento que sirviera para desplazar una formación política que no les gustaba". "¿Estos policías estaban para cumplir la ley? No, estaban para defender sus ideas de derechas, según las cuales en España o gobierna el PP o gobierna el PSOE y en España tiene que haber una Monarquía y si alguien defiende la República o un sistema confederal es legítimo perseguirles fuera de la ley", ha sostenido.

El exdirigente de Podemos también ha señalado durante esta entrevista al PP por construir "una trama policial para destruir pruebas de su corrupción y su financiación irregular". "Lo que se ha hecho en España contra el independentismo catalán y Podemos no tiene nombre, es grave porque ha puesto en cuestión las normas mínimas según las cuales un estado democrático tiene que funcionar", ha explicado, después de difundirse unos audios entre Villarejo y la exministra del PP María Dolores de Cospedal sobre su formación.

Desde la cuenta oficial de Podemos también se han hecho eco de la formación. "La pata mediática de las cloacas: horas y horas de tertulias y portadas porque Antonio García Ferreras dio una información falsa contra nosotros y Pablo Iglesias, sabiendo que fue mentira. ¿Por qué? Porque Eduardo Inda es su "hermano". Así es su periodismo", ha tuiteado el partido morado.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha escrito en su cuenta de Twitter que "Ferreras difundió información falsa sobre Pablo Iglesias y sobre Podemos sabiendo perfectamente lo que hacía. Su contribución al desprestigio de Podemos ha sido clave y ha hecho un daño irreparable a la democracia. Nunca sabremos quién habría gobernado en España en 2016".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que "contra Podemos todo vale: la manipulación y la mentira organizadas desde el poder. El daño es irreparable, pero es urgente cuidar nuestra democracia y depurar responsabilidades en los brazos políticos, judiciales, policiales y mediáticos de las cloacas del Estado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado en uno de sus tuits sobre este asunto la fecha elegida para publicar la cuenta en Granadinas de Iglesias. "Mayo de 2016: Ferreras difunde desde laSexta la basura falsa de Granadinas sabiendo que era falsa. En junio había elecciones generales. ¿Cuántos votos habría obtenido Podemos sin esta intoxicación masiva? ¿Seguirá Ferreras en su puesto para manipular las siguientes elecciones?", ha escrito el diputado.

Desde IU, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha escrito un hilo en Twitter para explicar el "bloque reaccionario dentro del Estado ha maniobrado para cortocircuitar un proyecto de modernización y progreso para España" cuyo principal objetivo era Iglesias. "El bloque reaccionario opera sobre todo a través el vector ultranacionalista español (agitando el miedo a la “antiespaña”) y se encuentra cristalizado en partes muy importantes del Estado: medios de comunicación, poder judicial, fuerzas de seguridad, altos funcionarios...", explica el coordinador federal de la formación.

La información también ha tenido eco fuera de las fronteras de España. El fundador de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha comparado esto con lo sucedido con Raquel Garrido y Alexis Corbière, un caso de difamación en prensa contra dos diputados de su formación. "Escándalo en España: el periodista de un importante programa de televisión inventó "revelaciones" difamatorias sobre Podemos y Pablo Iglesias relacionado con el Ministerio del Interior. El montaje contra Garrido y Corbière parece ser un método que se está extendiendo", ha tuiteado.

En Chile, el presidente Gabriel Boric ha asegurado en Twitter que "las noticias falsas le han hecho un profundo daño a la convivencia social". Con una mención al vídeo de Iglesias en TV3, el líder chileno asegura que "aquí vemos lo que le han hecho durante años a Podemos en España, que no es muy distinto de prácticas de muchos en nuestra América Latina. Cuidemos nuestras democracias!".

Desde Argentina, el presidente Alberto Fernández se ha pronunciado sobre esta información. "Hoy ha quedado demostrado cómo se propalan noticias contra Pablo Iglesias para denostar a Podemos. Igual ocurre entre nosotros. Las noticias falsas difundidas por cierto periodismo para difamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos, hieren profundamente a la democracia", afirmó en Twitter.

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, también ha tuiteado citando una publicación de Belarra. "Cuando hablamos de fake news hablamos de procesos que juegan con la vida y la libertad de las personas como en el caso de Lula, pero también con el voto y el derecho de decidir estando bien informado", escribió.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos de apelación presentados por el periodista de Okdiario Alejandro Entrambasaguas y la mercantil Dos Mil Palabras S.L., la empresa editora del periódico digital cuyo representante legal es Eduardo Inda, por lo que ambos se sentarán en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de acoso a dos de los hijos del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En el auto, al que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados consideran que de las diligencias practicadas en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Collado Villalba (Madrid), a raíz de la querella que presentaron Iglesias y Montero, se revela indiciariamente la comisión de un delito contra la libertad de los menores, regulado en el artículo 172 ter del Código Penal y castigado con entre tres meses y dos años de cárcel o una multa de seis a 24 meses, aunque como los hijos de Montero e Iglesias no tenían aún dos años de edad la pena podría ser de seis meses a dos años de prisión.

Las diligencias revelan indiciariamente, dice el auto, que Entrambasaguas, en los meses de noviembre y diciembre de 2019, "habría acudido en varias ocasiones a las inmediaciones de los domicilios" de Iglesias y Montero y de la persona encargada del cuidado de los hijos "a fin de establecer contacto y obtener información sobre todos ellos". Esta actitud, apunta, llevó a la cuidadora de los niños a "cambiar las rutinas de comportamiento y a resolver a finales de diciembre de 2019 la relación que mantenía con los querellantes para el cuidado de sus hijos".

En el auto de procesamiento del pasado mes de septiembre, la juez instructora, Sara Rodríguez, expuso que estos actos supusieron "una alteración evidente en la vida cotidiana de los querellantes y de sus hijos, viéndose obligados a elegir otra opción para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral".

Según el auto de la Audiencia Provincial, contra el que no caben más recursos, Entrambasaguas alegó que, "en su condición de periodista, habría actuado en legítimo ejercicio del derecho a la libertad de información, intentando contrastar información recibida de una fuente, según la cual los querellantes estarían haciendo uso de un servicio privado de guardería irregular". Las "pretensiones" del periodista "relacionadas con el (siempre delicado) equilibrio del conflicto de derechos que podría subyacer en los hechos objeto del procedimiento podrán ser objeto de valoración en juicio oral", momento en el que "podrá proponer, al igual que el resto de partes personadas, la práctica de los medios de prueba que se consideren oportunos", explica.

La Mesa del Congreso debatirá con toda probabilidad este martes si acepta a trámite la solicitud presentada por los grupos de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Junts para que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, explique en sede parlamentaria "por qué se reunió el pasado miércoles con el director de OkDiario, Eduardo Inda", a quien las tres formaciones consideran socio mediático del excomisario José Manuel Villarejo, pieza central de las llamadas cloacas del Estado.

La celebración del encuentro, revelada por la revista digital Ctxt.es justo el día en el que se anunció la salida de la cárcel del excomisario José Manuel Villarejo, se ha convertido en fuente de innumerables críticas para la exministra de Justicia, que no disminuyeron tras la publicación de una entrevista en OkDiario entrevista en OkDiarioal día siguiente. Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, sostiene que Inda actúa en connivencia con el antiguo policía y con las cloacas del Estado —una operación ilegal para destruir a esta formación—, así que la reunión no ha hecho más que sembrar sospechas sobre la relación de Delgado con Villarejo. Una situación que se suma a la presión que PP, Vox y Ciudadanos han puesto también sobre Delgado desde el día de su nombramiento precisamente por su paso por el Gobierno de Pedro Sánchez. como ministra de Justicia.

Fuentes del partido de Pablo Casado aseguraron a Economía Digital que apoyarán la solicitud planteada por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Junta, lo que de confirmarse garantizaría su tramitación. No obstante los letrados del Congreso emitieron este lunes un dictamen en el que consideran improcedente la solicitud por considerar que afecta a un asunto —una reunión— que no afecta a las funciones de la Fiscalía, por lo que no puede ser objeto de control por parte de la Cámara Baja.

Los letrados recuerdan que desde hace años el Congreso aplica el criterio de negar solicitudes de comparecencia de la Fiscalía que tengan que ver con “asuntos concretos” o “procedimientos judiciales en tramitación”, por lo que proponen la inadmisión a trámite de la iniciativa.

La Fiscalía no respondió oficialmente a las preguntas de infoLibre sobre el encuentro. No obstante, fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado aseguraron a este periódico que el motivo de la reunión fue la realización de la citada entrevista periodística. Una conversación que, según las mismas fuentes, obedece a la política que la fiscal aplica desde que llegó al cargo de “imponer transparencia máxima en la comunicación y la relación con los medios”. De “todo el arco político-ideológico”, le “gusten más o menos” o aunque algunos le puedan parecer “repugnantes”, entre otras cosas porque en la propia fiscalía conviven personas “de muy diferente signo ideológico”. La Fiscalía General cuenta en estos momentos con personal de prensa pero no con una Dirección de comunicación.

Para apoyar la tesis de que no existe ninguna clase de connivencia entre la fiscal general e Inda las mismas fuentes recuerdan que fue OkDiario uno de los digitales que más daño causó en su día a Delgado en relación con la difusión de una grabación que la mostraba compartiendo mesa y mantel con Villarejo.

Aquel audio se divulgó en octubre de 2018 y en él se escuchaba a la actual fiscal general comentar la condición sexual del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando él era juez en la Audiencia Nacional y ella fiscal en activo. Hasta aquel momento Delgado había negado haber tenido relación alguna con el excomisario, que en diciembre se enfrenta a una vista oral en la que la Fiscalía le pide 99 años de cárcel por tres de las 30 piezas separadas en las que está dividida la causa conocida como caso Tándem.

Baltasar Garzón

En aquella conversación participaba también el exjuez Baltasar Garzón, pareja sentimental de Delgado y propietario del piso en el que se produjo el encuentro entre Delgado e Inda hace unos días. El bufete de abogados del que forma parte Garzón es además el que defiende a varios policías investigados por la justicia y que supuestamente están vinculados a las operaciones ilegales de Villarejo, lo que algunos consideran que compromete la independencia del ministerio fiscal.

Precisamente la semana pasada el senador del PP Fernando de Rosa reprochó a Delgado, sus “amistades peligrosas” con Garzón y Villarejo, instándola a abandonarlas o a dimitir. Se lo dijo en el marco de la comparecencia en comisión de la fiscal general: “¿Le parece ético que Baltasar Garzón y usted mantengan una relación, y de antiguo, con el investigado comisario Villarejo y sus cómplices más directos, como el comisario García Castaño, y no se abstenga explícitamente en los casos en los que se investiga a los mismos?”, le preguntó.

Delgado siempre ha sostenido que aquella grabación no sólo era "ilegal" sino que los audios difundidos estaban “manipulados” y “distorsionados” para que pareciera que decía cosas que ella no había dicho, con el objetivo de difamarla. Y que, en cualquier caso, esa fue la única ocasión en que coincidió en una conversación con el excomisario Villarejo, un almuerzo al que acudió invitada por el propio Garzón y al que asistieron también los máximos responsables de las fuerzas de seguridad, entre ellos el jefe de la lucha antiterrorista. Se celebraba la entrega de una condecoración a Villarejo por parte del ministerio del Interior, entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las fuentes consultadas sostiene que la entrevista en OkDiario estaba apalabrada desde antes de Navidad, pero que la fiscal tuvo que aplazarla al igual que otros compromisos por culpa de diferentes “circunstancias personales”, incluida la cuarentena que se vio obligada a mantener después de dar positivo en un test de SARS-CoV-2. Desde Fiscalía General desligan la fecha elegida —el miércoles pasado— de la salida de prisión de Villarejo con el argumento de que Delgado no tenía forma de saber cuál iba a ser la decisión del juez ni cuándo la tomaría.

En cuanto a la celebración de la entrevista en un lugar privado, las fuentes citadas sostienen que la fiscal prefirió un lugar “discreto” para evitar precisamente polémicas “infundadas” si lo hacía en un lugar público. Algo que ya había ocurrido, señalan, cuando compartió una comida con el periodista Antonio García Ferreras y el empresario Florentino Pérez a la que también asistió Garzón. ¿De qué hablan en una cita como esa? “De temas de actualidad, como todo el mundo, pero no de intereses particulares de nadie”, sostienen esas fuentes.

Visto lo visto, las fuentes consultadas aseguran que Delgado admite que pudo cometer un error formal al elegir una vivienda privada para llevar a cabo la entrevista, pero insisten en que su única intención era impulsar “la transparencia” de la institución así como “la pluralidad” de los contactos que mantiene con medios de comunicación. Por eso las mismas fuentes atribuyen a “intereses asquerosamente políticos” la utilización de sus reuniones para intentar dañar su imagen pública.

Poco margen de maniobra le queda al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras el duro auto del Tribunal Supremo en el que rechaza imputar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos en relación con la pieza 10 del caso Villarejo, más conocida como Dina. La imposibilidad de perseguir ciertos delitos sin determinados requisitos previos, lo que se constatará previsiblemente en cuanto la causa vuelva al instructor, juega en contra de lo que defiende el magistrado y hace bastante difícil que vuelva a elevar una exposición razonada al alto tribunal solicitando abrir causa contra el líder de Podemos.

Esa imposibilidad de perseguir ciertos delitos está tasada en el Código Penal y, en este caso, afecta a los indicios que el juez apreciaba en lo que respecta a una posible revelación y descubrimiento de secretos y a una presunta denuncia falsa. En el primer caso, ha de constar denuncia de la persona afectada, lo que en este caso no ha ocurrido y parece que no va a ocurrir, mientras que en el segundo, debe producirse una sentencia o un auto de sobreseimiento firme de los hechos falsamente denunciados, lo que tampoco se ha producido.

Lo que han hecho los magistrados de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo este miércoles casi cuatro meses después de que García Castellón elevara su exposición razonada, es, en consonancia con la opinión de la Fiscalía, determinar que en la supuesta revelación de secretos dejó sin efectuar una diligencia que consideran primordial para saber si se puede seguir adelante con la investigación: tomar declaración a Dina Bousselham, exasesora de Podemos que denunció el robo de su teléfono móvil y a quien Iglesias devolvió la tarjeta del mismo una vez visto el contenido y habiéndose quedado con el soporte durante unos meses.

Sin una denuncia de Bousselham, no se puede proceder contra el vicepresidente por este delito. Recuerda el auto del Supremo que la Fiscalía Anticorrupción "solicitó al menos por dos veces, en mayo y septiembre de 2020, nueva declaración de Dina Bousselham para concretar, entre otros, el relativo a la denuncia, diligencia no admitida por el instructor en la primera ocasión porque la consideraba prematura". En la exposición razonada, García Castellón alegaba también que "ello afecta al aforado" y que deberá ser, en su caso, la Sala del alto tribunal la que "las acuerde y ante quien se practiquen" este tipo de diligencias.

Esa Sala del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, entiende que "pese a las reticencias" del juez a tomar de nuevo declaración a Bousselham, es "inexcusable" que la exasesora del partido morado "sea oída acerca de si efectivamente denuncia" el hecho de que Iglesias viese el contenido de la tarjeta de su móvil cuando le llamaron de la revista Interviú el 20 de enero de 2016 para comunicarle que les había llegado el soporte. El líder de Podemos acudió a la sede de la publicación y pudo ver el contenido, después de que lo hubieran hecho el director del Grupo Zeta Antonio Asensio y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles. Una vez se llevó la tarjeta, el vicepresidente la guardó durante meses antes de devolvérsela a su dueña.

Sin la "asertividad requerida"

Para el tribunal, el cumplimiento del requisito de escuchar a Bousselham sobre este aspecto para saber si perdona a Iglesias "en modo alguno ha sido determinado con la precisión o claridad exigida" por García Castellón "para hacer efectiva su declinación competencial" y enviar la causa al Supremo. Creen los magistrados que, de las comparecencias que ha prestado la exasesora de Podemos en el juzgado "abundan razones para afirmarlo y también para negarlo", pero "en ningún caso" sus afirmaciones tuvieron la "asertividad requerida”. De ahí que consideren que el instructor no efectuó esta diligencia fundamental para la investigación.

El Supremo opina que el instructor debería preguntar a Bousselham "si no mediaba tal autorización" para que Iglesias accediera al contenido de su móvil, "si manifiesta ahora que consiente tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento". Según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, García Castellón citará a Bousselham en los próximos días.

El requisito de procedibilidad en el delito de descubrimiento y revelación de secretos también sería necesario en el caso de la posible denuncia falsa. Así lo ponen de manifiesto los magistrados del alto tribunal en su auto de este miércoles, tal y como consta en el artículo 456.2 del Código Penal. "En la exposición razonada no aparece, lo que en cualquier caso impide la apertura del proceso penal por razón de este delito", concluyen, por lo que también rechazan imputar a la vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, para quien García Castellón también pedía abrir causa.

¿Cómo acabó en Okdiario?

La resolución recuerda que el juez instructor parte de que Dina Bousselham mintió al ser consciente de que las capturas de pantalla publicadas por Okdiario en julio de 2016 eran las que ella había enviado a otras personas antes de que le robaran el teléfono y que Pablo Iglesias lo sabía. Pero aquí la Sala es tajante: García Castellón abandonó "diversas líneas de investigación" dando por hecho, "sin indicios concluyentes", que el contenido había llegado al periódico digital por esa vía y no por otras. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional ya ha cerrado la pieza 10 del caso Villarejo, procesando al comisario jubilado y a los periodistas Pozas y Rendueles, sin determinar cómo acabó el contenido de la tarjeta en el medio que dirige Eduardo Inda. Cabe recordar que la pieza 10 se abrió cuando se encontraron en el domicilio de Villarejo carpetas con el contenido del teléfono.

Diferente a los dos delitos explicados es el de posibles daños informáticos, en relación con el hecho de que la tarjeta del móvil de Bousselham estaba inservible cuando Iglesias se la devolvió en el verano de 2016, después de la publicación de parte de su contenido. El Supremo no entra a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por García Castellón, si bien considera necesario también que la exasesora sea escuchada en sede judicial una vez más, ya que durante la instrucción en la Audiencia Nacional de la pieza 10 ha hecho diferentes matizaciones al respecto.

En 2019, cuando se abrió la causa, declaró que nunca había podido acceder al contenido de la tarjeta que el líder del partido morado le había entregado, que insistió varias veces pero que el soporte no funcionaba. Pero en mayo de 2020, después de que el juez retirara a Iglesias la condición de perjudicado en este procedimiento, la exasesora cambió su versión y en un escrito aseguró que la primera vez que lo intentó sí pudo acceder y así comprobar que se trataba de su tarjeta, pero que la siguiente ocasión en que lo intentó ya no funcionaba.

Los informes sobre los daños en la tarjeta

Además de esta diligencia, el Supremo considera necesaria una ampliación de la pericial informática realizada sobre los daños en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.

La Policía Científica ya entregó en agosto de 2020 un informe en el que subrayaba que los daños hallados en la tarjeta habrían sido resultado del "lijado de la cubierta protectora", lo cual "sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria", una técnica que coincide con la "empleada por los laboratorios especializados". Por culpa de esos daños, decía, “no se puede determinar” si la tarjeta tenía “daños previos”, “qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron”.

Al recuperar el soporte, Bousselham envió la tarjeta a una empresa, Recuperación Exprés, para tratar de extraer el contenido de la tarjeta, pero no se pudo hacer nada. Así lo constataron los propios técnicos de la sede de la compañía en Gales (Reino Unido) en un informe remitido a la Audiencia Nacional en el que explicaban que el soporte estaba "físicamente intacto" cuando les llegó, que no presentaba "cortocircuitos" y que no pudieron acceder a su contenido utilizando el software especializado de recuperación de datos que utilizan en casos como este. También dijeron que durante su manipulación para el análisis del soporte, retiraron el revestimiento de plástico que cubre la tarjeta, aunque recalcaron que "es posible que eliminaran mucho más del recubrimiento".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por finiquitada la pieza 10 del caso Villarejo, también conocida como Dina, pero con unas conclusiones completamente insospechadas hace año y medio, cuando el instructor inició la investigación sobre el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la aparición de varios archivos con su contenido en el domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y su publicación en medios de comunicación.

Esta fue la premisa por la que se abrió la pieza, pero el magistrado la ha concluido pidiendo la imputación, sin consultar a la Fiscalía Anticorrupción, de los principales perjudicados por la publicación de los mensajes, Iglesias y Bousselham, y sin averiguar cómo acabaron los archivos en medios como Okdiario. Villarejo y dos periodistas están procesados por descubrimiento y revelación de secretos, mientras que otros personajes cuyo nombre también aparece en el relato de hechos no han sido apenas considerados por el magistrado a lo largo de la instrucción.

Por un lado, el comisario jubilado, en prisión provisional desde que fue detenido a principios de noviembre de 2017, está procesado en esta pieza porque en su domicilio se hallaron copias de la tarjeta de Bousselham, que habría obtenido tras pedírselo supuestamente a los responsables de Interviú. El director y subdirector de la revista, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, también lo están por copiar los archivos, que llegaron de forma anónima a la publicación, y por hacer entrega de parte del material al expolicía.

Sin embargo, en este relato de hechos apenas aparece otro protagonista de esta parte de la trama, el entonces presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio. Pozas y Rendueles le informaron del contenido de la tarjeta de la exasesora de Podemos y tras descartar que tuviera interés periodístico, Asensio llamó a Pablo Iglesias para informarle de la situación y para invitarle a acudir a la revista a recoger el material. Por tanto, el editor vio el contenido del móvil y se lo entregó a una persona que no era su legítima dueña.

En su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Asensio explicó que no dio la tarjeta a Bousselham porque “no la conocía y entendía que esto podía tener valor porque fuera la pareja del señor Iglesias, tenía relación con el señor Iglesias” y le parecía que “lo más normal era dársela a él”. El editor no estuvo nunca imputado y, por tanto, no ha sido procesado en esta pieza.

Villarejo apuntó a la DAO de la Policía

Otro personaje de la historia que tampoco ha sido considerado por García Castellón, quien además nunca le citó a declarar, es Eduardo Inda, director de Okdiario, el medio donde en julio de 2016 aparecieron publicados mensajes e imágenes del móvil de Dina Bousselham. Villarejo dijo en su declaración judicial que cuando el director y el subdirector de Interviú le dieron el pendrive, comentó con otros periodistas el contenido del mismo, dando así a entender que había otras copias circulando. En cualquier caso, él se quitó responsabilidad asegurando que aunque hizo dos copias y se las quedó, entregó otra en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que entonces dirigía Eugenio Pino.

Villarejo es el principal investigado en la macrocausa Tándem, con 25 piezas separadas, que se instruye en la Audiencia Nacional y en calidad de ello puede mentir en sus comparecencias judiciales. Está claro que ni el magistrado ni los fiscales del caso dieron credibilidad a esta información, ya que ni Pino ni nadie de la DAO de entonces ha sido citado a declarar en la pieza 10.

Y así ha quedado el caso Dina, sin saber qué pasó con el contenido del móvil después de que Villarejo se hiciera con él y cómo apareció publicado en medios de comunicación unos meses después. En cambio, el magistrado sí considera que ha reunido indicios suficientes para pedir la imputación de Pablo Iglesias y otras cinco personas ajenas al marco de la organización criminal de Villarejo que se investiga en el caso Tándem.

Los orígenes de los hechos por los que se abrió la pieza 10 se remontan al 1 de noviembre de 2015, cuando Bousselham y su entonces pareja, Ricardo Sa Ferreira, están en un centro comercial de la localidad madrileña de Alcorcón y se dan cuenta de que les han robado un abrigo en el que estaban los móviles de ambos. Interponen la consiguiente denuncia en una comisaría de la Policía Nacional en la localidad.

Meses después, el 19 ó 20 de enero de 2016, Antonio Asensio llama por teléfono a Pablo Iglesias para informarle de que ha llegado a la revista Interviú, en un sobre anónimo, una tarjeta de móvil que incluye mensajes y fotografías de la que él pensaba que era la pareja del líder de Podemos, Dina Bousselham, y le invita a acudir a la redacción para comprobarlo y, en su caso, entregársela. Allí, le dejan una sala con un ordenador para que pueda visionar las imágenes, que efectivamente son de su asesora, así que Asensio se la da.

Tal y como consta en el auto de García Castellón de transformación de la causa en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el director de Interviú se había guardado una copia de la tarjeta en su ordenador antes de que se la entregaran a Iglesias y había compartido los archivos y gran parte de la información con su entonces subdirector.

Pablo Iglesias se quedó con la tarjeta del móvil de Bousselham durante meses, según contó él mismo al juez, al menos hasta finales de agosto de 2016. Cuando la investigación giró hacia su conducta, explicó en varios medios de comunicación que retuvo el soporte para “no someter a más presión” a su exasesora, a quien se vinculaba sentimentalmente con el líder de Podemos.

En una fecha que el magistrado no ha determinado pero que sitúa entre enero y mediados de abril de 2016, el comisario Villarejo, entonces en activo, telefonea a Rendueles para pedirle una copia de los archivos de Bousselham. Según explica el instructor, el subdirector lo habla con Pozas y éste, "pese a saber que la tarjeta contenía una información personal ajena a Villarejo, accede a la petición". Ambos se reúnen con el comisario y le facilitan parte del contenido. Este es el motivo por el que los tres han sido procesados por descubrimiento y revelación de secretos.

Pendrives en casa del comisarioPendrives

La investigación realizada en el marco de la pieza 10 ha determinado que los archivos de una de las memorias USB halladas en casa de Villarejo fueron copiados el 14 de abril de 2016, mientras que los encontrados en el disco duro de su ordenador son copia del pendrive realizada en julio de 2016. En ese mismo mes se publicaron en Okdiario las primeras imágenes sacadas del teléfono móvil de Bousselham, en concreto capturas de pantalla de chats internos de Podemos en las que se ve cómo Pablo Iglesias exclamaba: “La azotaría hasta que sangrase”. Fue después de eso cuando Bousselham amplía la denuncia por el robo de su móvil, apuntando al medio en el que se publicaron las imágenes.

Los hechos dan un salto de algo más de un año. El 3 de noviembre de 2017, el comisario jubilado Villarejo es detenido por delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros. Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se incautan de numerosa documentación y discos duros que están encriptados, por lo que el trabajo de investigación es arduo y lento. A medida que se va decodificando la información, se van abriendo piezas de la macrocausa Tándem. Hasta que los agentes llegan a unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.

El 19 de marzo de 2019 se abre la pieza 10 y unos días después tanto Iglesias como Bousselham declaran en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicados. Según la exposición razonada que el juez ha enviado al Supremo, el líder de Podemos reconoce que se había quedado unos meses con la tarjeta y que Asensio fue el que se la entregó. Pero la exasesora del partido comete el error de no admitir que había hecho capturas de pantalla de los mensajes de chat y que las había enviado a terceros.

Tras las comparecencias en sede judicial de Pozas, Rendueles y Asensio, además de Villarejo, se siguen abriendo piezas de la macrocausa Tándem y no es hasta mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que se reactivan las pesquisas con una nueva citación de Bousselham después de que al analizar la tarjeta los investigadores se dieran cuenta de que sí había enviado pantallazos.

Comienzan las sospechas sobre Iglesias

Ella lo admite en la Audiencia Nacional y confirma que no pudo recuperar el contenido de la tarjeta cuando Iglesias se la devolvió en el verano de 2016. Es aquí cuando el relato de que Villarejo fuese la posible fuente de Okdiario se rompe para el juez y los fiscales, ya que al haberse enviado a otras personas los mismos mensajes que aparecieron publicados caben más posibilidades. Es por ello que García Castellóin retira a Iglesias la condición de perjudicado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y empieza a desviar las sospechas hacia él como posible autor de dos delitos: descubrimiento y revelación de secretos por quedarse con la tarjeta y daños informáticos por el deterioro presente en el soporte, que el juez está seguro de que se dañó estando en su poder.

La actividad en la pieza 10 del caso Tándem es frenética a partir de ese momento y durante todo el veranoTándem. El juez encarga informes a la compañía de recuperación de archivos a la que Bousselham y su pareja envían la tarjeta para recuperar el contenido; la exasesora de Podemos y el actual vicepresidente segundo del Gobierno presentan escritos pidiendo que se revoque la decisión del magistrado; el instructor dicta un auto instando a la víctima del robo del móvil a cambiar de abogada para no compartir defensa letrada con el líder de Podemos…

Y todo con la desconexión entre el objetivo de García Castellón y el de los fiscales, que no están de acuerdo con la deriva de la investigación y así lo hacen constar. Entre otras cosas, instan al magistrado a citar de nuevo a Bousselham para que preste su “perdón expreso” a Iglesias, tal y como ella misma había pretendido en un escrito en el que volvió a cambiar de versión y exculpando al líder del partido de todo. El perdón de la víctima es elemento clave para continuar adelante con el delito de revelación de secretos, pero el instructor no lo permite alegando que quería seguir investigando y que no era el momento procesal oportuno.

En medio de toda esta confusión, se publican en varios medios mensajes de un chat interno de abogados de Podemos en el que hablan sobre el rumbo de la investigación del caso Tándem, en el que el partido está personado como acusación popular. Los mensajes son anteriores a la apertura de la pieza Dina y en ellos también hacen comentarios sobre su interlocución con los fiscales. Una de las letradas, Marta Flor (la abogada que luego representó a Iglesias y Bousselham en la pieza 10) alardeaba de la buena relación que mantenía con uno de los representantes del Ministerio Público, Ignacio Stampa, aunque luego reconocía que estaba exagerando.

A raíz de estas publicaciones, la Inspección Fiscal abrió un expediente para investigar la actuación de Stampa, pero ha quedado en suspenso a la espera de que se pronuncie la Fiscalía de Madrid por una denuncia penal interpuesta contra él por el partido Vox.

Tarjeta físicamente intacta

El 23 de julio se recibe en el Juzgado Central de Instrucción número 6 el informe de los técnicos de la sede de Gales (Reino Unido) de la empresa Recuperación Express, donde la exasesora envió su tarjeta de teléfono móvil después de recuperarla, en el que informan de que el soporte estaba "físicamente intacto" y que no presentaba cortocircuitos, pero que no habían podido recuperar el contenido del mismo.

Mientras el juez encarga estas diligencias, Iglesias y Bousselham recurren a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, instancia superior a los juzgados de instrucción, para que rectifique la decisión de García Castellón de retirar al primero la condición de perjudicado. Tres magistrados de la Sección Tercera les da la razón a mediados de septiembre, pero para entonces el instructor ya ha tomado declaración a José Manuel Calvente, abogado despedido de Podemos que ya había hablado en medios de comunicación acusando al partido de organizar un “montaje” usando la pieza 10 para presentarse como víctima de las cloacas, aunque luego reconoce que es algo que le han contado.

Con el relato de Calvente, que el juez califica de “minucioso” y en el que basa parte de sus imputaciones, aún reciente, llega el auto de la Sala corrigiendo al juez con respecto al vicepresidente y diciéndole que sus sospechas sobre él son “meras hipótesis” que no desvirtúan la conexión de Iglesias con el objeto del proceso”. Para los magistrados, era “verosímil” considerar que la obtención de los archivos se puede achacar a la “organización de Villarejo” y que la difusión en medios de comunicación podía tener el objetivo de “causar un quebranto” en Iglesias.

En todo caso, la Sala decía al juez que la pieza 10 no era el procedimiento donde se debían investigar sus sospechas y cuando ya parecía que todo se había calmado, el pasado 7 de octubre García Castellón eleva al Supremo una exposición razonada de 63 folios en la que expone una a una las razones que le llevan a pedir la imputación de Iglesias, Bousselham, la pareja de ésta y los abogados de Podemos Gloria Elizo (también vicepresidenta del Congreso), Raúl Carballedo y Marta Flor.

Aparte de la presentación de este documento, lo que más ha sorprendido de las conclusiones del magistrado de la Audiencia Nacional es el delito de denuncia falsa que les atribuye por la ampliación de la denuncia del robo del teléfono. Según el juez, Bousselham “era plenamente consciente de que las imágenes publicadas en Okdiario eran las que ella había enviado a otras personas” y en Podemos se utilizó este caso para obtener “rédito electoral”. Para justificarlo, el instructor no se olvida de recordar que en la primavera de 2019 hubo elecciones generales. Para García Castellón, todo fue una “consciente y planificada actuación falsaria para simular una conexión” que ya ve “inexistente” entre el robo del teléfono y la publicación de las imágenes en el periódico digital.

Los argumentos del juez García Castellón están ya en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que sólo un día después de recibir la exposición razonada encargó al teniente fiscal Luis Navajas un informe para que se pronuncie acerca de si se debe o no abrir causa.

Antonio García Ferreras ha realizado este martes en Al Rojo Vivo, en laSexta, una entrevista en directo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la que se han vivido momentos de tensión a cuenta de las últimas informaciones sobre la trama de espionaje que pretendía fabricar pruebas contra la formación morada. El detonante ha sido la reproducción de las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista de este mismo martes para el canal 24 Horas de TVE en las que calificada de "ingrato" a Iglesias por sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a las cloacas del Estado: "Fue el Gobierno el que le protegió cuando se ha sentido inquieto". Para Pablo Iglesias, las palabras de la vicepresidenta demuestran que el PSOE "no entiende lo que significa ser Gobierno" porque el "enemigo" común de PSOE y Podemos "son las cloacas". "Un Gobierno no puede decir que se tienen que dar las gracias por cumplir la ley y proteger a quien, según el Ministerio del Interior, necesita protección", ha espetado.

Iglesias ha comenzado a detallar a continuación la operación de la que ha sido víctima Podemos. Así, se ha referido a una "pata política" a través del Gobierno del Partido Popular; "una pata policial", a través de "policías corruptos"; y la que ha definido como la más importante: "Una trama mediática-criminal, donde están Eduardo Inda y OK DiarioOK Diario", que publicó documentos falsificados, según ha denunciado el secretario general de Podemos. "Información falsa fabricada por el equipo de Villarejo", ha agregado Iglesias. Cuando Ferreras ha querido reconducir la entrevista, Iglesias ha criticado el espacio que se le ha dado a Inda en laSexta: "No es nada oculto. Te lo voy a decir a la cara, tú eres uno de los principales protectores de Eduardo Inda, Antonio, y te lo digo con mucho dolor".

Iglesias ha indicando al presentador que "el periodismo está para controlar al poder, no para servir al poder. Si hay poderes económicos que pueden controlar a periodistas para que fabriquen informaciones falsas para evitar un Gobierno, el problema no es Podemos, el problema es la democracia española", ha remachado. "Se han hecho cosas demasiado graves en este país", ha señalado el líder morado, que ha defendido la necesidad de "hablar las cosas para tener una democracia mejor". 

Ferreras ha defendido que laSexta "nunca ha aceptado presiones" y ha negado que se haya protegido al periodista Eduardo Inda: "A Inda le protegen dos factores: que es un periodista que ha desvelado el 'caso Bárcenas', 'caso Urdangarin' o la 'operación Kitchen'; y la presunción de inocencia".

El director de Al Rojo Vivo ha recordado al secretario general de Podemos que su partido también utilizó material e información publicada por el digital de Eduardo Inda en su estrategia política, y ha enfatizado que desde laSexta se calificó de "falsa" la información sobre un supuesto pago del Gobierno de Nicolás Maduro a Podemos desde el paraíso fiscal de las Granadinas o que los informativos del canal jamás abierron con noticias falsas como las relacionadas cono el denominado informe PISA, otra de las herramientas fabricadas por Villarejo para desacreditar a Podemos.

Ferreras ha añadido que tiene "grandes y enormes discrepancias ideológicas" con Eduardo Inda, pero ha advertido de que es uno de los "90 colaboradores" con que cuenta la cadena. Asimismo, ha instado a Iglesias a detener su relato al recordarle que "los partidos políticos no pueden decir a un medio quién tiene que estar y quién no".

1.- Ahórrense los aspavientos quienes pretenden hacerse ahora los sorprendidos u ofendidos al “descubrir” que bajo el mandato de Mariano Rajoy y de su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz funcionó una estructura policial que fabricaba informes falsos para filtrarlos a periodistas y medios “amigos” con el objetivo de destruir a adversarios políticos. Sabemos de la existencia de esa policía política (autodenominada brigada patriótica) desde que el 22 de junio de 2016 el diario Público desveló grabaciones en las que Fernández Díaz y el entonces máximo responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, hablaban crudamente de elaborar documentos y acusaciones no probadas contra dirigentes independentistas. (Ver aquí). Todos pudimos escuchar al ministro expresiones como "eso la Fiscalía te lo afina”, “se lo pasamos a nuestros periodistas infiltrados”, “si eso saliera…” o “el presidente del Gobierno lo sabe”. En el documental titulado Las cloacas de Interior, estrenado hace ya dos años y silenciado por los grandes medios, se recogen datos y testimonios sobre la llamada Operación Cataluña. (Ver aquí).

2.- Lo que ha estallado más recientemente es la evidencia de que esa mafia político-mediática-policial no tenía como único objetivo el independentismo, sino que entre las elecciones generales de 2015 y (al menos) hasta que Rajoy fue confirmado como presidente del Gobierno en otoño de 2016, la misma trama tuvo como prioridad ensuciar la imagen de Podemos y de sus dirigentes y frenar la más mínima posibilidad de un acuerdo de gobierno de izquierdas encabezado por el PSOE. (Ver aquí)

3.- Y ha estallado porque el juez Manuel García Castellón decidió invitar a Pablo Iglesias a personarse en una de las diez piezas de investigación relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo tras comprobar que este tenía en su poder material sustraído del móvil personal de una colaboradora del líder de Podemos. Insisto: ha estallado por ese trámite del procedimiento judicial en curso, no porque no se supiera desde el año 2016 que se estaban utilizando informes policiales sin sello ni firma ni confirmación alguna para embarrar a la formación morada. El daño en términos de calidad democrática sería exactamente el mismo si la víctima no hubiera sido Podemos o nacionalistas catalanes sino el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox, Actúa o el PACMA. Se trata de métodos de espionaje, falsificación de pruebas e intoxicación masiva propios de una dictadura. Pero es obvio que ese grupo policial y sus ramificaciones mediáticas defendían intereses muy concretos: los del Partido Popular en el poder. Por eso hay un hilo muy sólido que une las acusaciones falsas contra Podemos, las que previamente se hilvanaron contra los independentistas y las maniobras más sutiles o más cutres para robar a Bárcenas las pruebas que este pudiera guardar contra la cúpula de su partido sobre corrupción y financiación. El nombre de Villarejo no falta en ninguna de esas pútridas charcas. (Ver aquí).

4.- Resulta ofensivo escuchar a Pablo Casado esquivar ahora las preguntas sobre la investigación judicial del espionaje a Podemos con el argumento de que se trata de “informaciones no contrastadas”. Como ofende también escuchar a Albert Rivera decir que no tiene "nada que decir" sobre la policía política, que "le pregunten al PP". Una respuesta que "dice" mucho sobre las convicciones democráticas de Rivera. Ni él ni Casado, que en las fechas de la comisión de esos presuntos delitos ya era miembro de la dirección del partido, tuvieron entonces el menor pudor para hacerse eco una y otra vez de los titulares de OKdiario y de las acusaciones (no contrastadas) de Eduardo Inda OKdiariosobre la supuesta financiación iraní o venezolana de Podemos, o sobre el pago que Nicolás Maduro habría ingresado en una cuenta de Iglesias en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. (Ver aquí)

5.- Tampoco hemos escuchado o leído la más mínima disculpa por parte de Casado, ni de Albert Rivera ni de otros dirigentes políticos o medios de comunicación que dedicaron decenas de mítines, portadas y editoriales durísimos, cuando las correspondientes instancias judiciales fueron archivando “por carecer de la más mínima solidez probatoria” todas esas acusaciones basadas en los papeles fabricados por la mafia policial y divulgados por periodistas y cabeceras afines. (Ver aquí).

6.- Es significativo el enorme esfuerzo de denuncia que esos mismos políticos y medios han dedicado al intento independentista de saltarse la legalidad vigente, con actuaciones calificadas de “golpistas” desde el primer minuto, en comparación con la laxitud o indiferencia con la que han venido tratando maniobras destinadas a condicionar y obstaculizar decisiones democráticas como la posibilidad de un pacto de gobierno surgido de los resultados electorales de 2015 y 2016. Uno es demócrata o no lo es. Se trata de una condición plena, que no se puede ejercer de modo parcial o selectivo, dependiendo de quién sea la víctima de un atropello. La actuación, la existencia misma, de una policía política es antidemocrática, perseguible y condenable al margen de que su objetivo fuera morado, rojo, verde o azul.

7.- Tampoco es admisible que el Gobierno de Pedro Sánchez, que con razón se reclama ahora también perjudicado por la actuación de esa policía política, no abriera de inmediato una investigación interna en el Ministerio del Interior para depurar las responsabilidades de lo que ya era un escándalo cuando se votó la moción de censura. Ni hay excusa razonable que justifique la permanencia en la jerarquía policial de alguno de los principales implicados, como es el caso del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en abril de 2016 se desplazó a Nueva York para ofrecer a un exministro chavista un trato de favor si confirmaba el supuesto pago de siete millones de euros por parte del Gobierno bolivariano a una fundación a la que habían pertenecido varios profesores universitarios españoles que ¡ocho años después! impulsaron la creación de Podemos. Gestiones por supuesto pagadas con dinero público y realizadas en nombre “del ministro del Interior español” que a su vez “habló con el presidente español [Mariano Rajoy]”. (Ver aquí). Gestiones por cierto negadas por el propio Fuentes Gago ante una comisión parlamentaria, lo cual puede constituir un delito castigado con multas y hasta con prisión. (Ver aquí)

8.- No. No se puede ser demócrata a tiempo parcial. Tampoco periodista. Eduardo Inda, uno de los nombres más repetidos de la telaraña mediática relacionada con la policía política al servicio del PP, ha intentado justificar su actuación tirando de ventilador, pretendiendo extender la idea de que “han sido muchos los periodistas de diferentes medios que han tenido relación durante años con el excomisario Villarejo y han publicado las historias que él contaba”. Ojalá terminemos conociendo la lista completa de esos periodistas y medios, no por desvelar las fuentes de nadie, sino para comprobar quién ha cumplido su obligación y quién ha trabajado al servicio de intereses que no son los de sus lectores. Porque todo periodista de relieve recibe a lo largo de su carrera dossieres e informes de todo tipo. Pero su obligación profesional y ética no es publicar lo que alguien le filtra sino contrastarlo y descartarlo si comprueba que se trata de una falsedad. De lo contrario no está actuando como periodista honesto sino como “infiltrado” o correveidile. Aclarar la diferencia entre una y otra condición es muy necesario para no socavar (aún más) el crédito de todo el periodismo. Y sí, por supuesto: quien se dedica a disparar con una ametralladora a todo lo que se mueve alguna vez acierta y da a los malos, llámense Urdangarin, Bárcenas o Ignacio González. Lo cual no justifica disparar a sabiendas contra presuntos inocentes.

9.- Ni la campaña electoral ni las artimañas de los interesados deben desviarnos de la cuestión capital. Como advertía hace unos días Iñaki Gabilondo, “hemos perdido el sentido común democrático si dejamos que un escándalo de la gravedad del espionaje a Pablo Iglesias, con elaboración de pruebas falsas incluido, se diluya como un asunto informativo más, de esos que caducan en unos días” (Ver aquí). Por pura higiene democrática y cívica, no debemos permitirlo. Es más, estamos obligados a seguir preguntando una y otra vez qué ocurre con esa investigación interna abierta hace más de nueve meses por el BBVA sobre los pagos de la entidad presidida entonces y hasta hace muy poco por Francisco González a una empresa de Villarejo para espiar a políticos, empresarios y periodistas con el objetivo de impedir una operación accionarial legítima. (Ver aquí). Como debemos también seguir señalando el cúmulo de indicios contra el exfiscal anticorrupción Manuel Moix (ahora ejerciendo en el Supremo), acusado esta misma semana de haber falseado datos junto a dos policías para favorecer “los intereses políticos del PP”. (Ver aquí).

Si elevamos la mirada por encima de los complejos entramados y nos alejamos del ruido de la guerra del clic, observaremos que hay un elemento común a casos tan aparentemente distintos como Nóos, Gürtel,  Taula, Púnica, el campo de golf de Ignacio González, la Operación Kitchen o la mafia policial de Villarejo: la impunidad con la que dirigentes políticos actuaron durante años confundiendo las instituciones del Estado con un cortijo de uso e interés particular. Cloacas incluidas.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federacón de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) censuran el comportamiento del director de Ok Diario, Eduardo Inda... sin citar su nombre. Este martes, ambos colectivos hicieron público un comunicado en el que denunciaron las amenazas que está sufriendo el periodista Antonio Maestre a raíz de la publicación de una noticia sobre la presunta financiación ilegal de Vox en Cartagena (Región de Murcia), y en ese texto achacaron dichas amenazas a "los excesos verbales que a menudo se cometen en los programas de debate político en televisión, como cuando un tertuliano insta a militantes de un partido a acosar a un periodista". Precisamente lo que hizo Inda el pasado lunes.

La polémica tiene su origen en la mesa de debate que compartieron hace unos días Inda y Maestre en El programa de Ana Rosa. Ambos mantuvieron una agria discusión durante toda la tertulia, en la que Inda mentó en varias ocasiones al padre y a la madre de Maestre y lo acusó de mentir, mientras el periodista de La Marea insistió en la supuesta relación de Inda con las "cloacas" del Estado. Pero además, durante el enfrentamiento, el director de OkDiario hizo una petición mirando directamente a cámara a los militantes de Vox: que "recuerden" a Maestre "que les ha llamado cómplices de un asesinato".

Inda se refería a un tuit que publicó Maestre el día en el que las fuerzas de seguridad descubrieron el cadáver de la profesora Laura Luelmo, asesinada tras una supuesta agresión sexual, criticando a los simpatizantes de Vox por apoyar a un partido que niega la existencia de la violencia machista. "Tú eres una persona que acusaste a Vox de ser cómplice del asesinato de Laura Luelmo. Tú dijiste: 'Los que defendéis a Vox sois responsables de que muertes como la de Laura Luelmo sucedan'", criticó Inda, que se dirigió a los espectadores en los siguientes términos: "Yo pido a toda la gente de Vox [que], cuando vayan por la calle y se encuentren a este sujeto, le recuerden que este sujeto les ha llamado cómplices de un asesinato".

Maestre ha denunciado en los últimos días en redes sociales haber sido objeto de amenazas tras publicar en La Marea que Vox habría incumplido la ley de financiación de partidos al usar una cuenta personal para recaudar fondos en Cartagena. Y, para la APM, "este tipo de amenazas pueden en ocasiones ser consecuencia de los excesos verbales que a menudo se cometen en los programas de debate político en televisión, como cuando un tertuliano insta a militantes de un partido a acosar a un periodista". La FAPE se ha sumado íntegramente a este comunicado.

Amenazas en los últimos días

El periodista ha denunciado en sus redes sociales que en los últimos días se han recrudecido las amenazas contra él, y ha achacado este incremento a "la petición de Eduardo Inda". Maestre ha adjuntado una fotografía de un grupo de Telegram de simpatizantes de Vox en el que uno de sus miembros afirma que al comunicador "le deberían pegar un garrotazo en la cabeza", y también ha publicado un mensaje privado de Twitter en el que otro usuario le llama "sucio" y le deja caer que la localidad donde reside es "pequeña".

En conversación con infoLibre, Maestre explica que guarda pruebas de otras amenazas vertidas contra él, y asegura que es habitual recibir este tipo de intimidaciones –que, afirma, también han incluido la aparición de pintadas cerca de su domicilio– cuando publica una información crítica con Vox. No obstante, también plantea que la llamada de Inda ha podido aumentar las amenazas en su contra después de la última noticia sobre la formación ultraderechista. "Nunca sabes exactamente a qué se debe", pero se han incrementado, señala. Y, aunque por el momento no se plantea denunciar estos mensajes, Maestre asegura que la brigada de delitos de odio de la policía local de su municipio se ha puesto en contacto con él para ofrecerle ayuda.

La relación de Vox con algunos medios de comunicación es muy conflictiva. Su propio secretario de Comunicación, Manuel Mariscal, que será candidato al Congreso en las próximas elecciones generales, respondió hace unos días una crítica de Maestre en Twitter asegurando que no contestaba a sus llamadas ni sus mensajes porque le da "vergüenza ajena" que el periodista tuviera como foto de perfil en Whatsapp una imagen junto a un busto de Lenin, y publicó en la red social esta fotografía privada.

Vox, igualmente, se niega sistemáticamente a contestar a las preguntas de infoLibre cuando este diario trata de recabar su versión en las informaciones que afectan al partido de extrema derecha.

Quien se presenta como el supuesto azote transversal de la corrupción debería empezar por explicarnos cómo financió de manera tan fulminante su proyecto pseudoperiodístico, él que es tan amigo de preguntar y contestarse con documentos falsos sobre la presunta financiación de su ‘querida’ Unidas Podemos. Dicen algunos de sus escasos corifeos, como María Claver, (sí, la portavoz del trío de Colón, la que dilapidó su prestigio leyéndonos un manifiesto repleto de falsedades), que a don Eduardo Inda le debemos el descubrimiento de muchos de los casos de corrupción desvelados en los últimos años, incluyendo en su vasta enumeración escandalazos tales como conocer la hipoteca de un líder político honrado, el famoso casoplón de Iglesias, o la foto de una ecografía de los bebés del mismo dirigente. Todo se lo debemos a Inda, el Kapuscinski español. Bueno, todo no, el caso de la trama político-mediática que le salpica especialmente ha escapado a su talento. ¿Por qué será?

Para que un timo sea completo, el tahúr tiene que aparentar que sus ganchos también pierden. Mal puede engañar a nadie un tramposo que no finge perder o hacer perder a los suyos, lo que explicaría la defensa que hace este sujeto cuando alega que mal le van a comprar quienes suelen ser víctimas de su insobornable periodismo de investigación. Yo más bien creo que, ante lo inevitable, sus amiguetes prefieren ser delatados por el fuego amigo antes que ser despedazados por periodistas de verdad, lo mismo que un criminal preferirá ser juzgado por un togado cercano que por uno neutral. Inda quiere aparentar neutralidad sabedor de que, como primera baza, de nada sirve negar lo evidente. Como cuando llama dictador, con gran énfasis y prosopopeya, a Franco, para a continuación negarse a que el tirano salga del panteón pagado con dinero público. Se conoce que algunos casoplones le tiran más de la sisa que otros. Lo cierto es que siempre acaba cojeando del mismo lado, pero quiere aparentar que cojea de los dos, lo que daría la apariencia de que no cojea de ninguno.

No debemos nada a Inda y mucho menos a su diario, un contenedor que distribuye basura previamente preparada no apta para su consumo humano. Si su valía fuera real, y no un espejismo escrito que se evapora al contacto con la verdad, ¿por qué su nombre no es referencia de nada bueno ni ejemplo a seguir por nadie en el mundo del periodismo? ¿Dónde están los reconocimientos profesionales a su labor? ¿Cuántos premios de prestigio ha recibido este prodigio de la pluma?

Quizás la difusión de falsedades creadas por encargo cotizan poco en la profesión. Respecto al caso que nos ocupa, el de la fabricación de pruebas falsas para hundir el buen nombre del líder de Podemos y que se está investigando en la Audiencia Nacional, personalmente solo me queda saber si Inda era un simple instrumento de difusión o estaba al tanto de la mentira cocinada por esa banda de policías corruptos que seguían órdenes de alguna autoridad política de altura. Quiero decir, si participaba en la elaboración del producto adulterado de consuno con quienes se lo pasaban para su comercialización. Dado su talante, reflejado en cada tertulia y debate a los que, de manera inaudita, sigue siendo invitado, no albergo dudas sobre cuál era su papel. Y menos dudas tengo de que si alguien debe algo a Inda no es, desde luego, la ciudadanía, sino más bien quienes destruyen la democracia con sus tramas mafiosas. Cuatro son los principales errores o defectos del periodismo, aseguraba el papa a Jordi Évole en su entrevista en Salvados: la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia. Inda y su diario caen en todos ellos. ________________

Gonzalo de Miguel es socio de infoLibre

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado en calidad de testigo este martes a las 10:00 horas al presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, en relación a las informaciones sobre Pablo Iglesias. La Audiencia está investigando el robo del teléfono móvil que sufrió una asesora de Pablo Iglesias en 2016 y cuyo contenido apareció entre la documentación intervenida al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

Los hechos se investigan en la décima pieza separada del caso Tándemen la que tanto Iglesias como la asesora que sufrió el robo, Dina Bousselham, se han personado como acusación. La pasada semana, cuando ambos acudieron a la Audiencia Nacional para formalizar este trámite, el líder de Podemos declaró que Asensio le había entregado la tarjeta de memoria del teléfono sustraído a su asesora, tras explicarle que había llegado a una de las redacciones del Grupo Zeta y no iba a publicarse.

Ahora, el juez le cita a declarar, tal y como ha avanzado El Independiente El Independientey ha podido confirmar Europa Press en fuentes jurídicas, para que aclare este extremo.

Aquella tarjeta de memoria del teléfono móvil, que contenía imágenes e información privada tanto de Pablo Iglesias como relativa al partido, acabó en manos de Villarejo quien también ha declarado ya sobre este asunto en la Audiencia Nacional.

Su abogado dijo después a la prensa que existía una investigación policial sobre el líder de Podemos y que el comisario se limitó a "vehiculizar" en ese contexto, la información de que disponía. Insinuó además que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, era conocedora de que existía una investigación policial no judicializada sobre Iglesias.

En cuanto al modo en que obtuvo esa información y qué hizo con ella, Villarejo afirmó durante el interrogatorio que el pendrive con el volcado del teléfono de la asesora le había llegado directamente del director de la revista Interviú Interviú(Grupo Zeta), y no concretó qué hizo después con él, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.

Se da la circunstancia de que parte del contenido de aquel teléfono móvil salió a la luz en julio de 2016 en el digital OkDiarioOkDiario, que publicó los pantallazos de un chat entre miembros de Podemos en el que Iglesias se refería despectivamente a una presentadora de televisión, motivo por el que el líder de la formación viene denunciando en sus intervenciones públicas la existencia de "una trama criminal que vincula a policías corruptos, medios de comunicación y empresarios".

Podemos se pone en marcha para tratar de demostrar que la policía política del PP trató de perjudicarlo con informaciones falsas sobre su financiación que posteriormente fueron publicadas en varios medios de comunicación y que afectaban directamente a su líder, Pablo Iglesias. El partido morado pidió al juez que investiga estas supuestas actividades que ponga en marcha un total de 20 diligencias de investigación, en un escrito presentado en octubre y al que ha tenido acceso infoLibre, con dos objetivos fundamentales: demostrar la falsedad de los documentos elaborados en su contra para acusar al partido de financiación ilegal e intentar probar que periodistas como el director de OkDiario, Eduardo Inda, formaban parte del entramado puesto en marcha por la policía política para, supuestamente, perjudicar a rivales políticos del PP.

Podemos quiere que quede claro en sede judicial que son falsos tanto el supuesto pago de 272.000 dólares a Iglesias en una cuenta bancaria en una entidad en un paraíso fiscal como el contenido del conocido como Informe PISA (Pablo Iglesias SA), un documento elaborado por la policía política en el que, sin aportar ninguna prueba, se acusaba al partido morado de haber recibido fondos de Venezuela e Irán. La primera de las dos informaciones fue publicada en mayo de 2016 por OkDiario, mientras que datos del Informe PISA fueron desvelados por varios medios de comunicación durante meses ese mismo año, pese a que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía consideraron el documento una "mera remisión de informaciones no autenticadas difundidas públcamente por los medios de comunicación".

"Las recientes filtraciones en medios de comunicación de numerosa información estrictamente confidencial [...] han puesto de relieve la posible existencia de una ramificación periodística de la organización delictiva aquí investigada", una trama "que podría venir actuando con anterioridad a las recientes difusiones de información confidencial", sostiene Podemos. Por ello, el partido plantea la necesidad de "investigar si en el seno de la presente organización criminal coexisten más miembros, ya sean fijos u ocasionales, así como el papel que los mismos podrían tener en todos los niveles de esta organización delictiva, ya fuera proveyendo ilegalmente de información confidencial, difundiéndola en medios de comunicación o encubriendo su existencia y actividades en caso de investigación externa".

De hecho, habida cuenta de esta supuesta relación de Villarejo con varios periodistas, Podemos solicita al juez que investigue si el excomisario o cualquiera de sus empresas otorgó "cualquier pago o contraprestación, aunque no sea de carácter monetario, a la empresa DosMilPalabras SL", la editora de OkDiario, o al propio Inda. "Ok Diario es el vehículo preferente escogido por el Villarejo" para "difundir la información, incluyendo numerosas grabaciones, que le resulta beneficiosa para sus actividades delictivas", sostiene el partido morado, que aventura que "esta labor de difusión debe ser retribuida de alguna manera, si bien la misma no tiene por qué ceñirse a un estricto pago monetario sino que puede consistir en todo tipo de contraprestaciones materiales, que vayan desde incrementos patrimoniales de la sociedad hasta contratación de espacio web u otros servicios con los que oscurecer estas retribuciones".

El supuesto pago en Granadinas

Entre otras diligencias, Podemos solicitó al juez requiera a la Policía el expediente "con las investigaciones referidas al presunto pago a Pablo Iglesias por parte del Gobierno de Venezuela en el banco Europacific Bank de San Vicente y las Granadinas", noticia que publicó OkDiario en mayo de 2016. Asimismo, Podemos pide que se investigue "si entre la documentación intervenida en esta causa" –entre ella, la requisada al excomisario José Manuel Villarejo– "existe cualquier tipo de información, documentación o constan grabaciones relativas a un supuesto informe policial [...] que investigó el presunto pago" de Venezuela a Iglesias en una cuenta offshore.

La formación morada tiene dudas de que este informe policial exista y mantiene que la información publicada por OkDiario es falsa, y así lo afirma en las diligencias que propone. "Dada la falsedad" de la noticia, sostiene el partido, Iglesias "demandó al diario OkDiario y a su propietario y editor", Inda, y pese a que "tanto el Juzgado de instancia como Audiencia Provincial desestimaron la demanda", lo hicieron con el argumento de que "la noticia era veraz dado que se fundaba en algún tipo de pesquisa policial".

Si así lo entendieron ambos tribunales, afirma el partido, fue porque Inda aportó "unas manifestaciones ante notario de un presunto confidente venezolano de la policía española quien aseguraba que la Orden de Pago era auténtica" –un confidente que actuó por encargo de Interior, según informó infoLibre– y, especialmente, porque a la vista acudió como testigo Eugenio Pino Sánchez, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, "quien testificó que existía algún tipo de informe policial proveniente de la propia DAO que había investigado estos pagos". "Sin embargo, nadie ha visto aún dicho informe policial, ni sabemos qué agentes o unidades confeccionaron el mismo, ni cómo se inició o finalizó", razona Podemos.

Investigaciones a raíz del Informe PISA que no existen

Por otra parte, Podemos pide que también se investigue si entre la documentación intervenida en el procedimiento se encuentra el Informe PISA, y además solicita al juez que pida a la DAO de la Policía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del cuerpo que aporten "las investigaciones policiales referidas" a ese "presunto informe". Asimismo, el partido quiere que el juez compruebe si el Tribunal de Cuentas ha investigado o no el Informe PISA, y le pide que solicite a la institución que remita ese expediente "o cualquier otro" que investigue si Iglesias recibió pagos "desde los Estados de Venezuela o Irán". "Y ello porque la UDEF ha comunicado que, una vez recibido dicho supuesto informe policial, lo remitió al Tribunal de Cuentas, sin que éste hasta la fecha haya emitido ninguna resolución al respecto", deja caer Podemos.

El partido es mucho más directo cuando pone en duda la existencia de otra investigación basada en las supuestas revelaciones del Informe PISA: la del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Podemos pide al juez que pregunte "si existe en ese organismo cualquier investigación relacionada con este informe PISA", ya que, según el partido, "este informe o investigación oficial de Sepblac tampoco ha existido jamás", pese a que una noticia publicada en 2016 en El Español aseguraba que ese organismo estaba investigando a Podemos e Iglesias por financiación ilegal a través de Belice.

De igual manera, y con el fin de certificar que un grupo de periodistas forman parte de la supuesta red comandada por Villarejo, Podemos pide "que se investigue si entre la documentación intervenida en esta causa existe cualquier tipo de información, documentación o constan grabaciones relativas a las grabaciones difundidas de la conversación mantenida entre José Manuel Villarejo Pérez, Corinna zu Sayn Wittgenstein y Juan Villalonga Navarro en los periódicos OkDiario y El Español". Y es que "nuevamente, son los mismos medios de comunicación y periodistas los que hacen gala de obtener información confidencial" procedente de Villarejo, sostiene Podemos, que afirma que dos periodistas de esos diarios mantenían "estrechos vínculos" con el excomisario.

"Se ha gastado dinero de todos los españoles para fabricar pruebas"

Si el juez acepta iniciar las investigaciones que solicita Podemos, éstas se unirán a las pesquisas relativas al robo en 2015 del teléfono móvil de la colaboradora de Iglesias Dina Bousselham, un teléfono cuya información presuntamente acabó en manos de Villarejo. De ese teléfono salió la información que sirvió para que OkDiario publicase noticias basadas en conversaciones privadas de los dirigentes de Podemos, como aquella en la que Iglesias aseguraba jocosamente que quería azotar "hasta que sangrase" a la presentadora de televisión Mariló Montero.

El propio secretario general de la formación morada aseguró este viernes en la Cadena Ser que "se ha gastado dinero de todos los españoles para fabricar pruebas para que un partido [Podemos] no gobierne en nuestro país". Iglesias afirmó que esta trama se llevó adelante gracias a tres patas: una policial que fabricó pruebas falsas contra su persona y contra la formación, otra política que daba cobertura a esos policías "corruptos" y que "apunta al Gobierno del PP", y una tercera pata mediática en la que "se ha demostrado" que OkDiario trabajó "con los criminales de las cloacas".

En este sentido, Villarejo insinuó esta semana en sede judicial que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conocía la supuesta operación con la que se intentaba desacreditar a Iglesias. Por ello, Podemos anunció este viernes que estudia querellarse contra los antiguos responsables del Ministerio del Interior si se confirma que el espionaje a su líder formaba parte de una investigación policial. Y el Gobierno, por su parte, aseguró que colaborará con la Justicia en "todo lo que pida" para esclarecer la investigación, en palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado este viernes que está convencido de que hubo "una operación contra Unidos Podemos para que no formara parte del Gobierno" del país. En una entrevista en la cadena Ser, Iglesias ha hablado acerca de la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo sobre la presunta vinculación entre el Ministerio del Interior —entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz— y el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión por su implicación en la operación tándem.

Después de advertir que no puede aportar determinados detalles sobre la investigación abierta a las cloacas y la "policía política del PP", Pablo Iglesias ha expresado que antes de que se iniciara esta investigación se planteaba cuestiones como "quién estaba interesado en que Unidos Podemos no formara parta del Gobierno", o "quién protege a Eduardo Inda"; pero afirma que el avance del proceso judicial lo está constatando: "Se ha demostrado" que Ok Diario trabajó "con los criminales de las cloacasOk Diario", ha afirmado, informa Europa Press.

Iglesias ha afirmado que la salida a la luz del funcionamiento de las cloacas del Estado "no es grave para Podemos, esto es grave para nuestra democracia". También ha lamentado que el ministerio del Interior gastase dinero público en fabricar informaciones para evitar que Podemos accediese al Gobierno de la nación. "Somos los únicos que podemos garantizar que se limpien las cloacas [...] porque esto es extremadamente grave para la democracia".

La preocupación es evidente en las filas del PSOE pero la presión del PP, de Ciudadanos y de sus aliados mediáticos, que desde hace varias semanas tratan de ahogar al Gobierno con una ofensiva que busca poner en entredicho la credibilidad de todo el Ejecutivo y que, en su fase más reciente, se ha centrado en el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Justicia y el ministro de Ciencia e Innovación, está teniendo el efecto contrario. Los socialistas cierran filas ante lo que consideren una coalición de “las cloacas del Estado” y una versión actualizada de lo que en los noventa se conoció como “el sindicato del crimen”: una alianza de periodistas y políticos dirigida a derribar el Gobierno de Felipe González.

La noticia de Okdiario sobre la sociedad patrimonial que el ministro Pedro Duque creó cuando era astronauta para gestionar dos viviendas en España mientras él y su esposa —diplomática de profesión— vivían en el extranjero ha enfadado a los socialistas y ha colmado la paciencia de muchos de ellos, que desde hace ya varios días asisten con estupor a la repercusión mediática que están teniendo las grabaciones hechas hace nueve años a la ministra Dolores Delgado viniendo, como vienen, del excomisario José Manuel Villarejo, al que todos consideran el epítome del chantajismo político.

La sucesión de informaciones que tratan de comprometer la trayectoria de los miembros del Gobierno ha sido particularmente intensa desde que el líder de Cs, Albert Rivera, introdujo en la agenda pública la supuesta existencia de dudas en torno a la tesis de Pedro Sánchez, provocado así una tormenta política que se ha prolongado hasta ahora, alimentada primero con las grabaciones de Delgado, y después con las acusaciones contra Duque.

A diferencia de los ocurrido con la titular de Sanidad, Carmen Montón, a la que Sánchez acabó dejando caer después de que Eldiario.es diese a conocer un supuesto trato de favor en un máster expedido por la controvertida Universidad Rey Juan Carlos, el PSOE y el Gobierno han tomado conciencia de que la ofensiva para sacar a los socialistas de la Moncloa no va a remitir. Todo lo contrario. Se sienten víctimas de una cacería y no están dispuestos a conceder más piezas al adversario, especialmente si la munición viene de Villarejo o la materia que alimenta el incendio es tan endeble como, aseguran, es la que trata de quemar al ministro de Ciencia e Innovación.

“Hay que pasar olímpicamente”, sostiene gráficamente un parlamentario del PSOE poco sospechoso de ser indulgente con el sanchismo. Lo único que pretenden es desalojar “a cualquier precio” a Sánchez del Gobierno para “devolvérselo a la derecha”, que sigue “sin digerir” la moción de censura que les sacó de la Moncloa con una mayoría en el Congreso más holgada que la que había conseguido Mariano Rajoy. Una actitud en la que observa además rasgos de la peor derecha, la de José María Aznar, y su falta de escrúpulos a la hora de poner los medios que sean necesarios para recuperar el poder.

Intento de chantaje

La sensación en las filas del PSOE es, sobre todo de “indignación”, asegura otra fuente con escaño en el Congreso y asiento en la Ejecutiva del partido. Con el PP y con Ciudadanos pero también con la prensa que, asegura, está prestándose a servir de soporte a la estrategia de Villarejo. “Es un intento de chantaje” en toda regla, sostiene otro dirigente socialista por parte de una derecha que “no tolera el cambio de Gobierno” y sigue sin asumir el resultado de la moción de censura.

El cierre de filas en el PSOE es total, aunque algunas voces, pesimistas pero minoritarias, piensan que no habrá más remedio que anticipar las elecciones y hacerlas coincidir con el superdomingo electoral del próximo 26 de mayo en el que ya está previsto renovar los ayuntamientos, las asambleas autonómicas de trece comunidades y el Parlamento Europeo. Un escenario que algunos consideran más favorable que intentar prolongar la legislatura hasta 2020.

En ese objetivo insistió una vez más Sánchez en una entrevista con la agencia Reuters en Nueva York, donde se encontraba este jueves para participar en la asamblea anual de Naciones Unidas. “Si se prioriza la cooperación para hacer políticas sociales”,declaró, “creo que podemos aguantar hasta 2020 y hacer transformaciones en la sociedad”. Un objetivo sobre el que únicamente reconoció, hipotéticamente, una sombra potencial: si el independentismo catalán “prioriza el conflicto en lugar de la cooperación, la legislatura en España ha terminado y habrá elecciones”.

En cualquier caso, en el Gobierno tienen “clarísimo” que los acontecimientos de los últimos días responden a una “maniobra política” dirigida a desgastar al Sánchez y a su equipo. Saben además que la tormenta, que consideran artificial, no va a amainar, pero aún así se disponen a seguir adelante. Describen lo que está pasando como “un asedio prolongado y sostenido” pero “muy artificial, hinchado” y “sobreactuado” e insisten en que el Gobierno se ha comprometido a mantener la calma y seguir a lo suyo consciente de que la derecha —PP, Ciudadanos y sus medios afines— van a seguir aplicando la máxima de “crispar todo lo posible” la situación política. Como ya hicieron, recuerdan, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien también negaban la legitimidad por haber ganado las elecciones generales en el contexto de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004.

En las filas socialistas han asumido el mensaje que el miércoles lanzó Sánchez desde Nueva York: su Gobierno va a luchar contra la corrupción “venga de donde venga” y no va a aceptar chantajes. “Hemos venido a limpiar y vamos a seguir limpiando”. Este es un Ejecutivo “sin hipotecas” y no se va a plegar por lo que diga un corrupto, enfatizó.

En esta línea, Sánchez ha convocado a su Ejecutiva para el próximo lunes. Y los socialistas esperan que su líder enfatice la necesidad de perseverar en los objetivos políticos y hacer oídos sordos al ruido alimentado por la derecha. Lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, llamo este miércoles en el Congreso el “vuelo gallináceo” de la oposición.

El Juzgado de Instrucción 4 de Madrid investigará penalmente los hechos que denuncia la querella interpuesta por la Plataforma X la Honestidad (PLXH) contra tres periodistas de Okdiario –el director del medio, Eduardo Inda, y los redactores Manuel Cerdán y Ángel Pérez–y varios exmiembros de la cúpula policial del Ministerio del Interior: el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo –en prisión desde el pasado 3 de noviembre–, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el inspector y ex jefe de gabinete de la DAO José Ángel Fuentes Gago y otros cargos policiales por delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento, calumnias e injurias continuadas a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, y organización criminal.

En el auto que admite a trámite la querella también se establece la conexión de estos presuntos delitos con los investigados por el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid en el marco de la operación Nicolay. El Juzgado de Instrucción 4 investigará los hechos hasta que el número 2 acepte formalmente la competencia de su instrucción.

Desde que la magistrada Pilar Martínez Gamo ostentara la titularidad del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, el procedimiento se encuentra paralizado, al acordar en julio de 2017 disolver la comisión judicial y sin que hasta la fecha haya resuelto los recursos que se formularon contra las resoluciones previas.

Debido a esta parálisis, la PLXH interpuso la querella criminal ante la posibilidad de que los denunciados no fueran procesados.