El exdiputado del PSOE Odón Elorza y un grupo de alrededor de 80 militantes y simpatizantes socialistas han firmado un manifiesto en apoyo del Sáhara Occidental y contra el giro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a este territorio.

En el texto, al que piden adhesiones, proclaman su defensa de la posición adoptada por el PSOE en su programa electoral y en las resoluciones del 40 Congreso, celebrado en octubre del 2021 y por tanto "de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación".

En abril de 2022, el jefe del Ejecutivo dio el paso de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como "la base más sólida, realista y creíble", un giro respecto a la histórica posición neutral que había mantenido España respecto a este asunto.

Posteriormente Sánchez argumentó que había tomado esta decisión para alinearse con la postura que también mantienen otros países europeos y Estados Unidos y porque ahora hay un nuevo enviado de la ONU para el Sáhara que puede ayudar a las partes a encontrar una solución.

Elorza, el nombre más conocido entre quienes han firmado hasta el momento, entregó su acta de diputado en el Congreso hace un mes —después de una década como parlamentario— al considerar que sus ideas ya no eran útiles para el partido y por tanto era mejor apartarse para evitar "desencuentros".

El pasado 2 de febrero el ya exdiputado cargó duramente contra el rey de Marruecos Mohamed VI, al que tachó de "sátrapa" y de ofender de nuevo a España por su actitud durante la Reunión de Alto Nivel que se celebró en Rabat esa semana.

Los firmantes del manifiesto solicitan al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE que la actuación que desarrolle sea "acorde a los compromisos adoptados y a las responsabilidades que España tiene para la conclusión del proceso de descolonización del Sahara Occidental y ejercicio del derecho de libre determinación por el pueblo saharaui", según señala el texto.

Además, piden al jefe del Ejecutivo que trabaje en el ámbito diplomático y en Naciones Unidas, para propiciar una solución pacífica del conflicto del Sáhara Occidental que sea respetuosa con la legalidad internacional y que permita al pueblo saharaui "el ejercicio derecho de libre determinación que contemple, mediante un referéndum justo e imparcial, la opción de la independencia".

Finalmente, reclaman al Gobierno que abogue por la defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, defienda su protección y se oponga a las violaciones de derechos cometidas, según denuncian "en un contexto de ocupación y colonización del territorio, y de segregación de la población saharaui, provocada por Marruecos".

El diputado del PSOE Odón Elorza ha presentado este lunes su renuncia al acta en el Congreso de los Diputados. El socialista, a través de una carta, ha lamentado que sus "aportaciones e iniciativas parlamentarias, como portavoz de Constitucional, ya no resultan útiles desde hace un tiempo al Grupo Socialista". "Por ello, y para evitar desencuentros, es el momento vital para hacerme a un lado", ha explicado.

Elorza, diputado por Gipuzkoa, ha explicado que la dimisión es "un gesto de lealtad al partido socialista y, a la vez, de coherencia" con sus "ideales". "Deseo disfrutar de la vida con más tiempo y libertad, sin otra disciplina que la dictada por mis convicciones", ha detallado, añadiendo también que, "como militante", seguirá "confiando en el Gobierno de coalición de izquierdas y en sus políticas socio-económicas, fiscales y redistributivas frente a la crisis".

"Contad también con mi compromiso de lucha activa en defensa de la democracia ante al avance de una derecha reaccionaria y trumpista, así como en defensa de los derechos cívicos en San Sebastián", ha concluido.

Elorza, que a finales de año perdió las primarias frente al aparato para ser candidato del PSE a la Alcaldía de San Sebastián, se había desmarcado de la dirección del grupo en asuntos puntuales. La última vez que fue multado fue por no apoyar a los candidatos que PSOE y PP pactaron para el Tribunal Constitucional.

Durante su etapa como diputado, desde el inicio de esta legislatura como portavoz en la Comisión Constitucional —la de mayor rango de la Cámara—, ha intentando impulsar algunas iniciativas que finalmente no fueron autorizadas por la dirección del Grupo Socialista.

Además, siempre que lo ha considerado oportuno ha expresado su parecer en las reuniones internas del grupo parlamentario. La última vez fue a mediados del pasado mes de diciembre expresó su malestar por la celeridad y la falta de debate interno con la que a su juicio estaba acometiendo la supresión del delito de sedición y especialmente la reforma del de malversación.

Elorza achacó esa estrategia a Moncloa, criticó que se hubiera vinculado a la tramitación de los Presupuestos para 2023 y avisó ante sus compañeros del Grupo Socialista de que podía tener un coste electoral para el partido.

Mes y medio después ha decidido dejar su escaño por Gipuzkoa y poner fin a una década en el Congreso. En su misiva asegura que informó al partido de su decisión el pasado día 20 y da las gracias al PSOE, a su militancia y a los electores de su circunscripción por confiarle "la defensa en el Congreso de los valores de la democracia y de los intereses generales de la ciudadanía".

Haciendo gala de su compromiso con la transparencia política —Pedro Sánchez le nombró secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE en junio de 2017 y ejerció hasta el último congreso del partido— también informa a sus compañeros de que su "obligada rendición de cuentas" está disponible en su web, donde detalla su trabajo como diputado desde 2012, y se despide con "un abrazo fraternal".

Desde la dirección del Grupo Socialista que ahora lidera el también vasco Patxi López, han confirmado que Elorza les informó de su decisión "hace tiempo" y que, respetado la "discreción" y los tiempos que él solicitó, su renuncia se hace efectiva a partir de este 1 de febrero.

Además, le han agradecido su trabajo parlamentario y le han trasladado "el afecto de todos los compañeros y compañeras" del Congreso.

Según se recoge en el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, el objeto de esta subcomisión es "impulsar el diálogo y la reflexión, realizar diagnósticos y emitir a modo de conclusiones propuestas de medidas, en el marco constitucional, para reforzar desde el consenso el sistema de autogobierno de Cataluña y favorecer la normalización de la convivencia ciudadana y del clima político".

La subcomisión, recoge la propuesta, estará integrada por tres miembros de cada uno de los grupos parlamentarios con ochenta escaños en el Congreso de los Diputados, dos representantes de cada grupo con cuarenta o más asientos y un miembro de cada uno de los restantes grupos parlamentarios. En los acuerdos que adopte la subcomisión se aplicará el voto ponderado y el tiempo estipulado para el desarrollo de los trabajos y la presentación de los informes será de cuatro meses.

La propuesta señala que ante la "situación límite" que se vive en Cataluña a causa del contencioso entre la Generalitat y el Estado, es necesario "reconocer que nos acercamos a un callejón sin salida", con un "desafío secesionista radical" impulsado por la Generalitat y, al mismo tiempo, un Gobierno central incapaz de abrir "una etapa de diálogo y negociación". "La mayoría social de Catalunya reclama atención y demanda soluciones mientras contempla a partidos de gobierno buscar réditos electorales de la confrontación", concluye.

El Gobierno incluirá en el Plan Normativo –recoge las iniciativas legislativas que se prevé aprobar cada año– de 2021 la trasposición de la directiva de la Unión Europea que protegerá a los alertadores o informantes de corrupción, los conocidos en inglés como whistleblowers, para que sea aprobada antes de que acabe el año. La directiva 2019/1937, ratificada por el Parlamento Europeo en octubre de 2019, permitirá a cualquier ciudadano revelar o informar sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que amenacen el interés general sin temor a represalias. Ya se trate de irregularidades en una empresa o en una administración pública, deberá haber canales que le garanticen la seguridad, el anonimato y la confidencialidad.

De esta forma quedarán protegidos quienes imiten a Hervé Falciani, Rui Pinto Rui Pintoo Edward SnowdenEdward Snowden, que proporcionaron información fundamental sobre evasión fiscal, corrupción en el fútbol o malas prácticas gubernamentales, pero también a Ana Garrido o Azahara Peralta, que en España abrieron los casos Gürtel o Acuamed.

Los plazos marcados por la propia directiva europea obligan a los estados miembros a incorporar esta norma a sus respectivas legislaciones antes del 17 de diciembre de este año.

Según responde el Gobierno a una pregunta formulada por el diputado del PSOE Odón Elorza, entre el 7 y el 27 del pasado mes de enero el anteproyecto de ley ha sido sometido a consulta pública en la página web del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo asegura que ha recibido más de 40 documentos de particulares y organizaciones interesados en la materia.

Como la directiva ofrece a los Estados margen de maniobra en la trasposición, el Gobierno ha sometido a la opinión de las partes interesadas diferentes aspectos de la norma. Por ejemplo, si conviene extender la protección prevista en la directiva, qué entidades del sector público y privado deben quedar obligadas a establecer los canales de denuncia o si deben admitirse las denuncias anónimas. También cómo deben gestionarse los canales internos, si se pueden dejar en manos de un tercero o no, y si debe crearse una autoridad administrativa independiente, que será la encargada de recibir y responder a las denuncias.

El Gobierno también ha preguntado por el tipo de sanciones que deban aplicarse a quienes infrinjan la ley y si pueden darse premios o recompensas a los alertadores.

Las proposiciones de la izquierda y de Ciudadanos

Algunos grupos parlamentarios ya expresaron el año pasado su opinión sobre estas cuestiones. En diciembre de 2019 ERC, Compromís, BNG y Más País registraron la primera proposición de ley de la actual legislatura, para trasponer la directiva europea. En ella se establecía que la protección se extendiera también a los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores.

De acuerdo con ese texto, las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarían obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo sería obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Por el contrario, las empresas privadas no estarían obligadas: les bastaría con crear canales “externos” de alerta.

Las informaciones que se podrían desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no sería delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, explica el texto.

La proposición de ley establece igualmente que al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de una Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores. Y prevé sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

También Ciudadanos presentó, en enero de 2020, su propuestasu propuesta para crear sistema de protección de los alertadores, pero lo hizo como parte de una proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción. En su caso, limitaban los hechos que podían denunciarse a aquellos que son constitutivos de delito o infracción administrativa y restringía la aplicación de la ley en el sector privado a los hechos que “lesionen o menoscaben el interés público”.

Según la proposición de ley de ERC, Compromís, BNG y Más País, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, Odón Elorza, ha denunciado en el Pleno del Congreso que lleva 24 horas "acosado" en las redes sociales por "gentes de Vox" recibiendo todo tipo de "descalificaciones" y "amenazas". "Es intolerable", ha clamado.

Así lo ha verbalizado Elorza al pedir la palabra a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para replicar a los ataques que minutos antes le había dirigido el diputado de Vox Víctor Sánchez del Real, quien le ha echado en cara que este miércoles señalara a su partido "con el dedito" preguntando si iban armados.

En concreto, Elorza aprovechó el debate de Presupuestos del Ministerio de la Presidencia para retar al líder de Vox a aclarar si quiere "fusilar" a "millones de hijos de puta", en alusión a lo escrito por un antiguo general retirado en un chat en el que, según desveló infoLibre, participó Santiago Abascal. Se trata de un grupo de Whastapp al que pertenecen varios de los militares retirados que escribieron una carta al Rey contra el Gobierno de.

Vox le acusa de ser "cercano" a ETA

Y Vox, a través de su diputado Sánchez del Real, ha querido contestar este jueves a Elorza subrayando que el único diputado que sacó una pistola en el Congreso para amenazar a un miembro de la oposición fue el socialista Indalecio Prieto.

Y, a renglón seguido, ha acusado al diputado socialista y exalcalde de San Sebastián de seguir "cercano" ideológicamente "a los de las pistolas", en alusión a la banda terrorista ETA. "Estamos en hombros de gigantes, sí, muchos de ellos vascos, muchos de ellos extremeños, muchos de ellos andaluces, ceutíes o canarios, pero usted no está en hombros de gigantes, sino más de bien de cabezudos", ha soltado.

Por alusiones, Elorza ha tomado la palabra para denunciar los "permanentes" actos de "chulería, provocación y amenazas" que, a su juicio, protagoniza Vox en el Congreso y para censurar sus insinuaciones por "injuriosas".

"Usted miente", ha replicado a Sánchez del Real, al que ha dejado claro que la actitud de los socialistas y la suya en particular como regidor de San Sebastián durante 20 años fue de "lucha clara y decidida contra el terror". "No son admisibles más actos de provocación de grupos de extrema derecha en esta Cámara, que dicen lo que les da la gana y amenazan", ha concluido.

La difusión de los mensajes intercambiados a través de un chat de Whatsapp —La XIX del Aire— por un grupo de exmilitares de alta graduación cuyo contenido llama a la comisión de delitos —“No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”; “Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”— agitó este miércoles la recta final del debate presupuestario en el Congreso.

La existencia de un grupo de 73 exmilitares molestos con el Gobierno que se han puesto a disposición de Felipe de Borbón para defender la unidad de España —uno de ellos participa en el chat revelado por infoLibre– ya había caldeado el ambiente el fin de semana. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se vio el lunes en la obligación de hacerle frente por intentar “implicar” al rey en polémicas partidistas.

La Casa del Rey no se ha pronunciado, ni directa ni indirectamente, sobre el chat. Y, a preguntas de este diario sobre si iban a hacer pública la opinión del monarca en relación con la carta, fuentes del Palacio de la Zarzuela respondieron: “Por norma no hay nunca traslación pública sobre la correspondencia que se recibe”.

Robles, en cambio, se sintió este lunes en la obligación de defender a Felipe de Borbón: “El Jefe del Estado es de todos, no de algunos que ciertamente con determinadas cartas y misivas implicando al rey no están haciendo lo que tienen que hacer como servidores públicos ni defendiendo los valores que caracterizan a la familia castrense y militar”, les reprochó.

La ministra consideró lo suficientemente grave la carta enviada al rey como para acusar a los firmantes de embozarse en un uniforme militar “que ya no tienen derecho a llevar para implicar al rey”. Pero este miércoles, en cambio, optó por guardar silencio después de conocer el contenido del chat revelado por infoLibre, a pesar de la gravedad de algunas de las afirmaciones expresadas en él.

Fuentes del Ministerio de Defensa recuerdan, no obstante, que los militares firmantes de la carta enviada al rey ya no tienen relación alguna con las Fuerzas Armadas y por eso mismo no existe ningún mecanismo legal para actuar contra ellos.

Militares en activo consultados por infoLibre lamentaron profundamente que tanto la carta como el chat empañen la labor que realizan a diario las Fuerzas Armadas y que las opiniones vertidas ahí se generalicen a todo un colectivo formado por 120.000 hombres y mujeres. En su opinión, lo manifestado por los altos mandos retirados revela un desconocimiento de la Constitución de 1978 y del funcionamiento del Estado democrático.

De los miembros del Gobierno sólo se pronunció este miércoles el titular de Consumo, Alberto Garzón. “El Estado democrático tiene que tomarse en serio las amenazas a la convivencia y a la soberanía popular por parte de grupos de extrema derecha”, señaló en declaraciones a este periódico. Para él “es evidente la complicidad de Vox con los grupos de extrema derecha que llaman al golpismo”.

El reproche a los exmilitares y a las expresiones que algunos de ellos hicieron constar en el chat La XIX del Aire fue compartido por casi todas las fuerzas políticas parlamentarias. Con sólo dos excepciones: el PP, que guardó silencio durante toda la jornada, y Vox, que se negó expresamente a condenar los llamamientos a cometer delitos dejados por escrito en el foro digital que sacó a la luz este diario. Su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona, llegó incluso a mostrar su respaldo a las afirmaciones de los exmilitares, que calificó de “una manifestación en favor de la unidad de España”, si bien un portavoz de Vox quiso precisar más tarde que se refería al contenido de la carta remitida al rey y no a las frases de los participantes en el chat.

Fue el diputado socialista Odón Elorza el que llevó la exclusiva de infoLibre a la tribuna de la Cámara Baja durante el debate de Presupuestos. Desde ella se encaró con los diputados de Vox, acusándoles de complicidad con las ensoñaciones golpistas expresadas por algunos de los exmilitares que forman parte del chat y exigiendo a su líder, Santiago Abascal, que aclare si quiere “fusilar” a “millones de hijos de puta”. “¿Me encuentro entre ellos? ¿Yo o mi familia?”, insistió Elorza. Es Vox quien crea el ambiente propicio para que algunos, como ha ocurrido con estos exmilitares, hagan esta clase de afirmaciones, señaló. La organización ultra es culpable de “encender el odio”. “Son su gente, los de Vox, la ultraderecha”, porque alientan “campañas” para que “determinados señores que portan armas escriban al rey o lancen en chats amenazas y ensoñaciones de fusilamientos”.

El PNV pide explicaciones al Gobierno

Las condenas a las afirmaciones de los exmilitares en el chat La XIX del Aire se sucedieron a lo largo de toda la mañana, pero sólo el PNV tomó la decisión de pasar de las palabras a los hechos y presentó una batería de preguntas dirigida al Gobierno para que aclare si alguno de los participantes en el foro digital es miembro del Ejército en activo. “¿Va a realizar el Gobierno alguna investigación al respecto? ¿Considera que este episodio abre una sospecha o un indicio suficiente para realizar una investigación similar a la realizada por los servicios de inteligencia alemanes en sus tropas? ¿Sigue el Gobierno defendiendo con rotundidad y sin ningún atisbo de duda que "los miembros de las Fuerzas Armadas trabajan por y para España y tienen un compromiso total y pleno con los valores constitucionales"? ¿No considera el Gobierno que ensalzar la dictadura franquista y amenazar con fusilar a 26 millones de personas contradice los valores constitucionales?”

Por parte del PSOE se pronunciaron su portavoz adjunto en el Congreso Felipe Sicilia y la diputada y exmilitar Zaida Cantera. El primero condenó que algunos ex altos mandos “sigan utilizando el rango militar que tenían para ofrecer una mala imagen que nada tiene que ver con la que tienen las fuerzas armadas en la actualidad”. La segunda denunció que la extrema derecha jalee a militares que “asesinaron a españoles, mancillando el honor militar” y “mataron a los militares que se negaron a dicha traición”.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, echó en falta una “descalificación por parte de la Corona”. Los exmilitares que realizaron estas afirmaciones “merecerían que el rey dijera inmediatamente que repudia este tipo de expresiones y ese tipo de pensamiento”. También se pronunció el portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego. En su opinión, el chat tienen que ver con “los déficits democráticos del régimen español”. En ámbitos como el militar o el judicial, aseguró, todavía sigue presente la dictadura.

Por la derecha, el único grupo que se pronunció nítidamente en contra de las afirmaciones del chat fue Ciudadanos. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, condenó “vehementemente” la propuesta para fusilar a “26 millones de hijos de puta” pero criticó también a Odón Elorza por, según él, haber "incendiado el hemiciclo" al vincular a Vox con esas ideas. Bal acusó al diputado socialista de haber utilizado un tono “crispante” y “violento” cuando reprochó a los ultras haber creado el caldo de cultivo para amenazas de fusilamiento, algo que al representante de Cs le parece incompatible con un momento como este, en el que es necesario “mantener el respeto, estar unidos” y no ver como “enemigos” a los que “simplemente piensan diferente”.

Lo cierto es que Vox se negó repetidamente a condenar el contenido del chat alegando que se trata de conversaciones privadas y sosteniendo, en palabras de su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que “en los chats privados se dicen cosas que no representan la realidad de lo que la gente piensa”.

Los mensajes políticos de la ultraderecha coinciden en todo con las ideas que defienden los exmilitares que se dirigieron a Felipe de Borbón. Este miércoles volvieron sobre ellos al decir que “la nación está peligro” y llamar a la movilización de sus seguidores este domingo frente a los ayuntamientos de toda España. “Nos va en ello la nación, la libertad y la vida”, sentenció en rueda de prensa Espinosa de los Monteros.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se negó este miércoles a condenar el contenido del chat de exmilitares desvelado por infoLibre en el que algunos de los participantes intercambian afirmaciones en las que defienden el asesinato político como "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta" o que “Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”. Según él, se trata de contenido privado y que no tiene por qué reflejar el pensamiento de quienes escriben. 

En todo caso, Espinosa de los Monteros dijo desconocer si alguno de los participantes en el chat es miembro de Vox y aseguró que el audio de Santiago Abascal saludando y gritando ¡Viva España! que uno de los exmilitares compartió con sus compañeros no fue grabado expresamente pwra ese fin. No obstante, la secretaria general de los diputados ultras, Macarena Olona, aseguró unas horas antes en el Pleno del Congreso que los militares retirados que escribieron esas frases son de los suyos: “Es una manifestación en favor de la unidad de España y, como tal, por supuesto que es nuestra gente”, proclamó.

Espinosa de los Monteros redujo el juicio que las opiniones de los exmilitares merecen a Vox a que “no hay que revelar chats privados. Y ya está”. “Lo que opinamos es que nos e deben revelar chats privados”, remarcó cuando fue repreguntado. ¿No los va a condenar?, preguntó un periodista. “Claro que no, son chats privados. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro: si digo que no quiero que se conozca lo que digan chats privados no me voy a poner a juzgar lo que digan chats privados” en los que, en su opinión, se comparten “bromas” y “memes”.

Ese chat, sí subrayó el portavoz de Vox, “nos es completamente ajeno. Es un chat de militares entre los que no se cuenta ningún miembro, ningún diputado, ningún afiliado que sepamos de Vox. Y por lo tanto”, puntualizó, “no tenemos ningún conocimiento de lo que sucede en ese chat”. “No tenemos nada que ver”, insistió.

El audio de Abascal

Y el audio de Santiago Abascal que compartió en él uno de los participantes en el foro digital es, según Espinosa de los Monteros, un audio genérico que su líder grabó hace meses y que desde entonces “ha corrido por miles de chats en toda España”.

En cualquier caso, el portavoz parlamentario de Vox aseguró, textualmente, que “en los chat privados se dicen cosas que no representan la realidad de lo que la gente piensa”. En su razonamiento, defendió que “uno es responsable de lo que escribe y es responsable de lo que dice en público”. Pero “lo que diga en sus chats privados y a sus amigos no es responsabildad de uno mismo”.

Tratando de hacer una analogía, Espinosa de los Monteros aseguró que “nunca diría que [el diputado socialista] Odón Elorza es un pederasta porque tenga amigos pederastas. Nunca diría que abusa de menores porque tenga amigos que han abusado de menores. A lo mejor en sus chats, que no conocemos, se dicen cosas así”.

El día que Iñaki Krutxaga le mató de dos disparos en la cabeza en el garaje de su casa, hace este sábado exactamente 20 años, Ernest Lluch estaba preocupado por su seguridad. En el pasado había recibido amenazas y la ofensiva que el comando Barcelona había puesto en marcha en aquellos días le había hecho temer por su vida.

Eran los tiempos en los que el duro Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, dirigía ETA y quería disipar cualquier tentación de que el diálogo pusiese fin a tantos años de sufrimiento. Y diálogo era, según quienes le conocían, lo que encarnaba Ernest Lluch. Matarle a él era matar el diálogo.

Hoy sería “un político raro”, por infrecuente, admite su amigo el diputado en el Congreso Odón Elorza: ”Era un hombre muy abierto a hablar con interlocutores de pensamiento diferente”. Tanto que cuando dejó la política activa y el Ministerio de Sanidad (que dirigió entre los años 1982 y 1986, durante el primer Gobierno de Felipe González, el tiempo justo para poner en pie la Ley General de Sanidad que todavía está en vigor) “pasó a ser un hombre con libertad de opinión, sin dependencias y sin sectarismos”. Siempre dispuesto a investigar en busca de soluciones, también para el conflicto vasco.

“En ese sentido era un intelectual y un político incómodo”, incluso para su partido, remarca Elorza, que fue alcalde de Donostia en los años que trabaron vínculos personales. El nuevo lema que eligió para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) cuando aceptó el puesto de rector, “Atrévete a pensar”, retrata su espíritu.

Su audacia quedó por escrito en muchos de los artículos que dejó. Uno de ellos, firmado al alimón con el también heterodoxo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y publicado en el diario El País el 18 de septiembre de 1999, un año antes de su asesinato, llama la atención por su actualidad. “El sentimiento constitucional, la verdadera lealtad constitucional, exige hacer cuanto se pueda por conseguir que todas las fuerzas políticas vascas se 'enganchen' al bloque de constitucionalidad. Y eso hay que hacerlo no reabriendo un periodo constituyente, pero sí reviviendo el espíritu constituyente de imaginación, generosidad, transacción y consenso. Sin aferrarse a las palabras, sino atreviéndose a escribir palabras nuevas”.

Era un hombre tranquilo, pero también lleno de coraje. El mitin en la Plaza de la Constitución de San Sebastián en el que se encaró con los abertzales para pedirles que gritasen más, porque mientras gritaban no mataban, formaba parte de la campaña a la alcaldía de Odón Elorza. ”No esperábamos que hubiese una respuesta de la izquierda abertzale, del mundo proetarra de la parte vieja, con aquellos carteles de los presos. Y la verdad es que Ernest se calentó, porque tenía una gran esperanza en que aquella tregua fructificase”.

El 21 de noviembre de 2000, cuando Lluch aparcó su coche en el garaje de su casa de Barcelona, le estaban esperando. El etarra Iñaki Krutxaga acabó con su vida disparándole dos veces por la espalda. Fuera se había quedado cubriendo su vía de escape Lierni Armendariz. El tercer integrante del comando, Fernando García Jodrá, estaba en el piso franco, esperando.

Fueron detenidos apenas dos meses después, casi por casualidad, gracias a dos agentes de la guardia urbana de Barcelona. Krutxaga, el autor material, es hoy uno de los menos de diez irreductibles que, según Interior, aún reivindican la violencia en las cárceles españolas, y cumple condena en la prisión de Castellón I. Jodrá está en la de Huelva, pero Armendariz acaba de ser trasladada desde la prisión de A Lama, en Pontevedra, a la de El Dueso, en Cantabria. Está encarcelada desde enero de 2001, y hasta diciembre de 2023 no cumplirá las tres cuartas partes de su condena. Aceptó la legalidad penitenciaria y se comprometió a hacer frente a la responsabilidad civil. Interior justificó también su traslado en “razones amparadas por la Ley de Protección de Datos”, lo que habitualmente tiene que ver con su estado de salud.

Quienes le conocieron están convencidos de que Lluch defendería hoy más que nunca el acercamiento de presos de ETA al País Vasco como el de Armendariz y celebraría la decisión de EH Bildu de entrar en el juego político.

“Nunca me ha gustado interpretar a otros, sobre todo a los que ya no están”, advierte Elorza. “Pero en sus reflexiones, las conversaciones que mantenías con él, lo que tiene escrito, deja en evidencia que él desde el primer día hubiese puesto en valor el cambio de actitud de un sector de la dirección de la antigua Herri Batasuna, luego ya en Bildu, apostando por el diálogo”. Lo hubiera puesto en valor y “le hubiera dado credibilidad”, remarca.

La importancia del diálogo

“Otra cosa es que él hubiera dicho que, efectivamente, les faltaba romper con ciertas cadenas –explica Elorza– y hacer una autocrítica muy profunda. Pero ninguna duda de que lo hubiera celebrado, porque es lo que estaba pretendiendo durante mucho tiempo”, en línea con el acuerdo de Ajuria Enea, que decía lo mismo: que cuando ETA dejara de matar había que abrir un diálogo.

Las hijas de Lluch comparten esta opinión. Defienden el derecho de participación política de EH Bildu, pero no ocultan cierta desazón cuando se les pregunta qué les parece que una parte de sus dirigentes, los que proceden de la antigua Batasuna, sigan sin condenar expresamente los atentados de ETA.

Rosa, la segunda de las tres, tiene “una sensación ambivalente". "En primer lugar –explica– porque, por mucho que yo sea historiadora o por mucho que yo intente hablar desde la razón, en estos temas no dejo de hablar desde el estómago. Y debemos tener muy claro que determinadas decisiones nunca se pueden tomar desde el estómago, hay que tomarlas desde la razón”.

“A mí me incomoda, por decirlo suave, que algunos miembros de EH Bildu sigan con un discurso un poco ambiguo”, admite. Pero como es una “optimista de la razón”, prefiere fijarse “en las condenas claras y el hecho de que se hayan apartado de la violencia la mayor parte de los dirigentes de Bildu, que nunca estuvieron de acuerdo con ella. Prefiero quedarme con esa parte”.

Su hermana Eulàlia, la mayor, lo ve “contradictorio”. “Igual no saben apreciar lo que significa estar en una plena democracia”. Y aunque defiende sin reservas que Bildu esté en el Congreso, donde “tiene todo el derecho a estar”, y que participe “en el juego democrático igual que los otros partidos políticos”, eso no significa que esté cómoda con la resistencia de algunos de sus miembros a condenar lo que hizo ETA. “Me parece un poco cínico”, asegura.

Las dos hermanas critican sin paliativos que, a pesar de su desaparición, tanto ETA como sus víctimas sigan siendo usadas como arma arrojadiza en el Congreso de los Diputados. “Me parece una vergüenza”, dice Eulàlia sin rodeos. “Yo les pediría por favor que si quieren utilizar a las víctimas del terrorismo primero lo consulten con ellas. Algunas estarán de acuerdo, y tienen todo el derecho porque igual piensan como estos partidos, pero hay otras muchas víctimas del terrorismo que no pensamos igual”. Si quieren hablar en su nombre, que lo hagan en el de “algunas víctimas”. Otras, recuerda, “somos insultadas” precisamente por no pensar igual.

“Así que, por favor”, ruega a los políticos, “dejen de utilizar el fantasma de ETA para arrojárselo a la cabeza del gobierno, sea cual sea el gobierno. Que ningún partido utilice la memoria de las víctimas y a ETA para arrojarse porquería el uno al otro. Deberían ser más más inteligentes, que bastantes problemas tenemos ya como para encima resucitar fantasmas”.

Rosa tampoco entiende la actitud de los partidos que agitan el dolor de las víctimas. “Siento mucha tristeza, mucha vergüenza, siento mucho enfado. Que tantos años después las víctimas sólo sirvamos para que los políticos se insulten entre ellos me parece realmente de muy poco valor democrático”.

“A mí lo que me gustaría es que todos fuéramos capaces de superar este episodio de ETA como lo que es, una derrota de la violencia por parte de distintos protagonistas, entre ellos una sociedad que no aceptaba que en su nombre se matara gente”. La derrota de ETA, explica Rosa, “es un éxito”. Y eso “es lo que deberíamos estar poniendo de relieve, es lo que nos tendría que haber quedado, no estas disputas con las víctimas”. Unas víctimas “a las que, por cierto, nadie está preguntando cómo están o qué necesitan”.

Vistas en perspectiva, hay actitudes de la época en la que ETA mataba que son difíciles de entender. “Yo creo que sí. Creo que en general en el País Vasco y en todas partes hubo momentos que ahora, cuando los ves, con la distancia, son complicados de entender. Determinados silencios, determinadas complicidades que ciertamente se palpaban”. Por eso “acabó siendo víctima de ETA gente que claramente apostaba porque ETA acabara”, como su padre. Ahora lo que hace falta es “un espacio de relación y de tranquilidad, y los gritos de estos últimos días no contribuyen nada” a conseguirlo, lamenta.

Entender al otro

A la política española, añade, le falta en estos momentos “entender que el que no piensa como tú no es que sea mala persona o es que está equivocado, sencillamente piensa diferente”. “Estamos en una etapa en la que o piensas como determinada gente o directamente eres destrozado. Todos podemos ver las cosas de distinta forma; todos tenemos parte de razón y de no razón”.

Eulàlia es muy consciente de que un día los asesinos de su padre habrán cumplido condena y saldrán a la calle. “Sí, claro. Calculo más o menos que salgan de la cárcel dentro de unos diez años. Habrán cumplido sus condenas y yo no tengo nada que decir al respecto”. Evidentemente, añade, “no me apetecerá cruzarme con ellos en la calle, probablemente ni los reconoceré ni me reconocerán”. “Así son las normas: tú has cumplido tu condena, en teoría has pagado con la sociedad y vuelves a ser libre. No tengo nada que decir. Es así la justicia”.

La hija mayor de Lluch entiende que hay muchos asesinatos de ETA que están sin esclarecer y le “gustaría que se resolvieran, porque las víctimas que no saben quién asesinó a su familiar o a su amigo y están tantos años sufriendo sin saber quién lo hizo creo que no acaban de cerrar el círculo, no pueden completar su duelo. Yo en mi caso sé quién lo hizo, trabajo con un duelo más o menos llevadero. Pero gente que todavía no sabe quién mató a su padre, a su madre o a su hermano… Ahí no puedes acabar de cerrar el duelo. Eso sí que se tendría que resolver antes de enterrar definitivamente a ETA”.

“Nos va a pasar un poco como con la Guerra Civil”, explica, “que todavía hay heridas abiertas y muchas familias siguen sin hablar del tema. Y eso tampoco creo que sea bueno”.

En cualquier caso, lo que no acepta es que se utilice a ETA, “que tiene que estar sólo en los libros de historia”, para la refriega política. “El de ETA es un fantasma que espero que cada día se vaya difuminando más y llegue a no ser ni siquiera un recuerdo“.

En un artículo publicado en el diario El País el 11 de junio de 2000, apenas cinco meses antes de su asesinato, Lluch resumía muy bien la filosofía que hoy asumen sus hijas. Pedía no usar “el nombre de ETA en vano”, por el riesgo de “emponzoñar la vida colectiva” descalificando a cualquier adversario tachándolo de terrorista.

Odón Elorza es más duro que las hijas de Lluch a la hora de juzgar la utilización de las víctimas y el efecto que tiene sobre ellas que se haga debate político a su costa. “Bastante daño” ya ha hecho ETA “como para que ahora, por intereses bastardos, sectarios y miserables, la derechona y la caverna mediática la resuciten”.

Estar “todo el día jugando con ETA, como si estuviera presente, no es positivo para las víctimas” ni “para normalizar la situación, porque hay que hacer todavía muchas cosas en favor de la memoria y para que no se olvide el terror”. Lo que no hace falta es estar invocando “permanentemente a quien fue derrotado por la democracia”, remarca. “Sin condiciones y sin obtener nada a cambio”.

“Lo echo muchísimo en falta” confiesa el que fuera alcalde de San Sebastián. “No sólo en lo personal, también por las conversaciones que teníamos sobre la política del país. Era un hombre muy culto, un intelectual metido a político y la verdad es que sabía de todo. Y le echo en falta como padre político”.

Hoy, 20 años después de su asesinato, tanto Rosa como Eulàlia se confiesan conmovidas por el interés que sigue despertando su padre. Sobre todo entre la gente común que le conoce sólo por sus escritos y sus opiniones y que no tuvo la oportunidad de conocerle personalmente.

“A mí me emociona, y en cierta manera me abruma. Te hace sentir mucho más acompañada en el dolor, porque el dolor es colectivo”, dice Rosa. A Eulàlia le cuesta hasta entenderlo, confiesa. “Lo agradezco muchísimo. Yo creía que a medida que fueran pasando los años iría decayendo todos esto”. Sobre todo el recuerdo de “la gente de la calle, gente normal. Que es como mi padre era”.

Imaginemos que dentro de unas semanas el Tribunal Supremo anuncia que no es posible investigar al rey emérito por contar con la inviolabilidad constitucional del art. 56, que le ampara en todo tipo de actos hasta su abdicación en 2014, y porque las posibles irregularidades fiscales posteriores habrían prescrito.

Como creo que esto sucederá, no dejo de imaginar el impacto que provocará en la sociedad española esa conclusión judicial ante las actuaciones privadas sospechosas de Don Juan Carlos que se han publicado, algunas de fuentes tan cuestionables como Corinna Larsen o el ex comisario Villarejo.

No es difícil vaticinar que en ese escenario la desafección ciudadana hacia la política y sus instituciones crecerá. También su decepción al constatar cuál es la validez real del artículo 14 de la Constitución; ese que recoge el principio de igualdad de los españoles ante la ley.

No soy un socialista republicano recalcitrante ni ajeno a una realidad constitucional que blindó la monarquía como forma de Estado y como precio para acceder a la democracia en 1978. Tanto por convertir en una carrera de obstáculos casi insalvable la reforma de la Constitución para poder dar paso a una República como por consagrar para el rey una inviolabilidad de carácter medieval.

Uno de los problemas pendientes que tiene el Estado de Derecho es que el artículo 56 de la Constitución, cuando establece la inviolabilidad del rey, no distingue entre sus actos en la función institucional de jefe de Estado y las actividades personales. Lo ampara todo porque la institución y la persona van unidas.

Retrasada sine díe la compleja convocatoria de un referéndum que requiere un amplio apoyo parlamentario, blindada la Corona como forma de Estado, mantenida la inviolabilidad e irresponsabilidad por todo tipo de acciones y excluido el rey y la familia real de la aplicación de la Ley de Transparencia en lo que se refiere a la obligación de declarar su patrimonio y de seguir los principios de buen gobierno en su función como jefe de Estado, la frustración ciudadana será enorme. Y todo ello afecta a la democracia.

Pero no es momento de dividir al país en medio de una doble emergencia que se llama covid y recuperación económica. Por eso no defiendo nada que provoque mayor inestabilidad política en España. Como pedir la abdicación del rey Felipe VI o una consulta sobre Monarquía o República. Las prioridades hoy son otras y todos los esfuerzos han de ir dirigidos a consensuar los Presupuestos y avanzar en la reconstrucción social y económica.

Ahora bien, sí considero urgente, en defensa del Estado de Derecho, “democratizar” la Corona, en el sentido de estimular e impulsar nuevas prácticas de democracia en esa institución. Para ello, la Corona puede, voluntariamente y para toda la Familia Real, asumir compromisos con la transparencia fiscal e informativa y con principios éticos ejemplares de buen gobierno (en los términos de los artículos 5, 8 y 26 de la Ley 19/2013 de Transparencia, así como los artículos 3 y 17 de Ley 3/2015, del ejercicio del alto cargo).

Además, el rey Felipe VI podría renunciar ante el Parlamento a la inviolabilidad para sus actividades personales. De no ser así, el Congreso tendría que tomar la iniciativa legislativa y dejar bien claro que la democracia está por encima de privilegios a la Corona.

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Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa.

Tras conocer los datos del paro de marzo, que con 302.365 desempleados más ya supone la mayor subida de su historia, Elorza ha dirigido este jueves un escrito formal a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a través del cual el diputado expresa su renuncia a esa dieta de 1.900 euros y pide que el Congreso no se la abone en este mes de abril ya que, como consecuencia del confinamiento, él no va a incurrir en gastos de desplazamiento a Madrid, que es para lo que está pensada la indemnización.

En conversación con Europa Press, Elorza explica que "razones de ética" están detrás de esta decisión personal y matiza que no pretende dar lecciones de moralidad a nadie, ya que entiende que la "casuística" entre los diputados es variada, con algunos de sus compañeros desplazándose aún a Madrid para Plenos o Comisiones como la de Sanidad. No es su caso, que permanece en su domicilio en San Sebastián y que, a diferencia de otros diputados, se aloja en hoteles cuando va en Madrid cuando otros optan por alquilar una vivienda que, si quieren conservar, no pueden dejar de pagar.

Demanda no satisfecha

En realidad, Elorza ya tomó la decisión de renunciar a su dieta de desplazamiento desde el mismo día que se aprobó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Ya entonces dirigió sendos escritos tanto a la presidenta del Congreso como a la dirección de su grupo parlamentario en este sentido, que reiteró el 21 de marzo sin que se atendiera su demanda. En marzo, como todos los mes, Elorza recibió en su nómina la dieta íntegra de desplazamiento.

El diputado no entiende que por razones burocráticas no se atienda su petición. Por eso este jueves insiste en la cuestión y reclama que si la Mesa no decide suspender el pago de esta dieta con carácter general a todos los diputados, al menos lo haga para aquellos que como él lo solicitan de forma voluntaria.

La semana pasada, los diputados del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y de Foro Asturias en el Congreso, José María Mazón e Isidro Martínez Oblanca propusieron a la Cámara Baja que dedique la indemnización que normalmente cubre los gastos de desplazamiento y alojamiento en Madrid a luchar contra la pandemia. Una iniciativa a la que también se sumaron posteriormente Junts per Catalunya y la CUP.

En la plataforma 'Change.org' hay una petición para que todos los cargos públicos electos donen el 15% de su sueldo de marzo y abril y, en el caso de los diputados, senadores y diputados autonómicos, que destinen esa indemnización exenta de tributación para gastos de desplazamiento, a comprar material médico para combatir la pandemia.

Los diputados y los senadores reciben una asignación mensual (sueldo base) de 2.981,86 y 3.050,66 euros, respectivamente , a lo que se suman complementos según la tarea que desempeñan en la Cámara (portavocías o puestos de mesa). Pero también " tienen derecho a "las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función".

Ahí se incluye una indemnización mensual para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara", que no tributa a Hacienda y que cobran hasta los miembros del Gobierno que tienen escaño. Se trata de 917,03 euros para los diputados electos por Madrid y de 1.921,20 euros para los del resto de circunscripciones, cantidades que en el Senado se elevan a 933,78 para los once de Madrid y 1.958,02 euros parta los demás. En total, cada mes el Congreso dedica a estas dietas un total de 635.265,71 euros y el Senado otros 505.650,64 euros.

El diputado socialista Odón Elorza ha considerado que todavía hay "obstáculos en el camino más allá de las negociaciones estrictamente políticas" con ERC de cara a un acuerdo por lo que "mejor no darlo por hecho". Asimismo, ha señalado que las afirmaciones de "dos barones" socialistas –Javier Lambán y Emiliano García Page– tienen una "dirección desleal con el PSOE en su conjunto, la dirección federal y su secretario general", según informa Europa Press.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Elorza ha sido cuestionado por las negociaciones con ERC de cara a un acuerdo que desbloquee de la investidura de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha manifestado que no le consta la existencia de un "acuerdo inminente" y ha considerado que "hay que tener un poco de paciencia y ser prudente porque todavía hay obstáculos en el camino más allá de las negociaciones estrictamente políticas".

"Vamos a confiar se resuelva la parte política y ojalá pueda haber próximamente confirmación, pero no hay que lanzar las campañas al vuelo", ha añadido.

Según ha detallado, todavía "quedan cuestiones y trámites por realizar y mejor no darlo por hecho porque no se han producido una serie de pasos". "Puestos a esperar un poco más es mejor afianzar un acuerdo que está siendo y que será muy complejo por razones obvias", ha advertido.

Asimismo, ha defendido que el PSOE está intentando acordar con ERC "compromisos que entran dentro absolutamente del marco de la legalidad y respeto al estado de derecho" por lo que no serán "cesiones vergonzantes que contradigan el marco legal".

Respecto al informe de la Abogacía del Estado, Elorza ha señalado que éste "no está hecho al dictado para nada de la opinión jurídica o del interés político del PSOE". "Ese informe no se hace para contentar o como gesto de alcance político a ERC. Tiene autores con autonomía propia y no van al dictado del Gobierno porque sería un escándalo", ha defendido.

De este modo, ha rechazado que haya habido presiones por parte del Gobierno a los abogados del Estado, pero sí "las ha habido desde fuera, bien sea desde PP, Cs o Vox que daban por hecho que el informe se iba a redactar conforme a los deseos del Gobierno para favorecer la negociación con ERC".

Asimismo, ha afirmado que no le consta que se le haya filtrado en las últimas horas el informe a ERC antes de hacerse público y ha considerado que se está ante "una especulación".

Por lo que respecta a las voces del PSOE contrarias a la negociación con ERC, Elorza ha afirmado que "son las mismas de siempre y que llevan años posicionándose en contra de cualquier acuerdo con la izquierda, de cualquier acuerdo con carácter progresista".

"Algunos son vizcaínos... Nicolás Redondo, Rosa Díez, José Luis Corcuera... En fin, no hay que darles más importancia de la que tienen. Están claramente al servicio de los intereses de la derecha. Son aquellos que cuando la derecha toca el silbato se ponen firmes para, de modo desleal, atacar al PSOE y a su secretario general porque ellos quieren una gran coalición con el PP, algo que el PSOE tiene superado y rechazado", ha añadido.

"Sin plan B"

En este contexto, ha reconocido que el PSOE no cuenta actualmente con un "plan B" después de lo construido con Unidas Podemos y de haber logrado un acuerdo: "No cabe una marcha atrás de semejante envergadura para llegar a un acuerdo con quien ni queremos ni ellos quieren. Los problemas de España no son resolubles con las políticas que defiende el PP".

Cuestionado por los barones socialistas críticos con la gestión de Pedro Sánchez, Elorza ha señalado que no le parece que sea "particularmente relevante" que haya "dos llamados barones que hagan declaraciones en una dirección desleal con el PSOE en su conjunto, la dirección federal y su secretario general".

"Son dos barones que están disconformes, no hay que darles más importancia y se equivocan al hacer esos planteamientos en favor de posiciones más cercanas a las derechas", ha argumentado.

Por último, y cuestionado por las pensiones, Elorza ha negado que lo anunciado por el PSOE suponga una "congelación" sino que se trata de un "un punto de espera hasta la conformación del gobierno".

"Comprendo el nerviosismo y queja de los colectivos de pensionistas pero la subida de las pensiones conforme al IPC con efecto retroactivo va a llegar", ha defendido el diputado socialista

Para el PSOE, como partido que defiende los principios democráticos, regenerar la vida política y las instituciones es un objetivo que va más allá del imprescindible combate contra la corrupción y los abusos de poder. Supone poner en marcha procesos de innovación de la democracia de cara a lograr un modelo de Gobierno y Parlamento abiertos.

Una de las claves de esa apertura reside en empoderar a la ciudadanía, a las entidades y organizaciones, como interlocutores representativos de la sociedad civil en los procesos de deliberación previos a la toma de decisiones públicas. Una concepción de la democracia que los socialistas entendemos como una gobernanza participativa y transparente, un nuevo paradigma para el ejercicio ético del poder.

Vivimos tiempos de fragilidad del sistema democrático, una pandemia de autoritarismo y de políticas ultraconservadoras que recorre el mundo y que se está instalando en los Gobiernos. Está motivada por la escasez de líderes políticos de talla que defiendan una democracia avanzada, por una corrupción generalizada, la intoxicación de las redes sociales, la extensión del fenómeno del populismo y la extrema derecha, así como las presiones y amenazas que realizan los grandes poderes económicos para condicionar las decisiones de los gobiernos.

El deterioro progresivo de la democracia también va unido a una pérdida de vitalidad de aquellos principios que ayudan a las buenas prácticas de gobierno para una gestión honrada y eficiente. Un declive en el que también ha influido una gestión de la crisis económico-financiera, por parte de gobiernos e instancias económicas, en perjuicio siempre de las clases populares. Todo ello produce la desafección de la ciudadanía hacia los políticos, los partidos y las instituciones.

Quienes tenemos una conciencia de izquierda, creemos que la democracia en España debe servir para fortalecer el Estado de Social y de Derecho y eliminar las desigualdades, la precariedad laboral y la exclusión social. Del mismo modo que la democracia nos permite encontrar soluciones dialogadas a la crisis territorial, conjugando legalidad con legitimidad, cohesión, convivencia y autogobierno en un marco federal.

La respuesta al proyecto de involución de Casado, Rivera y Abascal es más democracia. Esta es nuestra respuesta de cara a la cita electoral del 28 de abril, la de un Gobierno de progreso y fuerte liderado por Pedro Sánchez. Y conlleva practicar el diálogo político y social en la búsqueda de grandes acuerdos y pactos en los temas de Estado. Me refiero a la lucha contra el cambio climático y en favor de una transición energética sostenible, a las respuestas a la globalización, la revolución tecnológica y la economía digital, a la reforma de la Constitución o a las leyes básicas sobre migraciones, pensiones, reforma laboral y educación.

Un gobierno del PSOE, con amplio apoyo de los electores, podrá desarrollar un Plan integral en favor de la regeneración, que incluya un Pacto de Estado contra la corrupción con medidas legislativas y normas preventivas de integridad y autorregulación. Un Plan que desarrolle acciones en cuatro ejes: lucha contra la corrupción, gobierno abierto, democracia reforzada con la participación y la transparencia y reforma del funcionamiento del Congreso.

Hay prioridades, como legislar sobre los grupos de presión o lobbys y la protección de los denunciantes de casos de corrupción; dotar al Gobierno de un código ético y de normas de integridad para los funcionarios de la AGE; reformar la actual Ley de Transparencia y dotar al Consejo de autoridad independiente; eliminar el sistema de voto rogado para facilitar el ejercicio de voto de los españoles residentes en el extranjero; cambiar el reglamento del Congreso para corregir sus rigideces y desfases, dotando de mayor agilidad y abriendo a la participación deliberativa de la sociedad los procesos legislativos; regular mejor los conflictos de intereses y las puertas giratorias; hacer realidad la independencia de los organismos constitucionales y reguladores, y garantizar la separación de poderes.

El PSOE tiene el firme compromiso de reforzar la democracia, recuperando el prestigio de la política y devolviendo la confianza a la ciudadanía en las instituciones. Enfrente, como hicieran los falsos salvadores de la unidad de la patria, las derechas socias de Vox abusan de un discurso catastrofista plagado de mentiras y nos amenazan con una involución política y un retroceso social que nos devuelve a los tiempos del posfranquismo. __________________Odón Elorza es candidato del PSE/PSOE por Gipuzkoa

A través de una serie de mensajes desde su cuenta de Twitter, Elorza ha cargado contra la decisión de los citados partidos de celebrar una concentración en la madrileña Plaza de Colón para protestar por que el Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar un relator en su diálogo con Cataluña, una decisión que el PP considera una "alta traición a España".

"¿Alta traición de Pedro? ¿Qué ostias nos están contando?", se ha preguntado el socialista vasco en uno de tuits recogidos por Europa Press, en los que también aprovecha para pedir "tranquilidad" al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, por sus críticas al Gobierno en este sentido.

El socialista vasco defiende que "utilizar" la bandera de "todos" como "reclamo" partidista y convocar una manifestación "en nombre de España" es una actitud "miserable" por parte de una derecha "reaccionaria" y "franquista" que, en su opinión, "no tiene límites".

"Ya sabemos de quién habéis aprendido, así que ¿acabareis la manifestación en la Plaza de Oriente? ¿Volvéis a los origenes?, ha preguntado a los tres partidos convocantes, a los que ha comparado con el "Frente Nacional". En su opinión, al líder del PP, Pablo Casado, sólo le falta "apelar al Ejército". "El PP quiere desbordar a Vox (¿quién es la marca blanca de quién?) y Rivera corre desesperado para no perder la bandera del nacionalismo español", dice en otro de sus comentarios.

En la misma línea, el eurodiputado socialista y exministro José Blanco ha centrado sus críticas en el PP, al que ha subrayado que ha sido la "inacción" del expresidente Mariano Rajoy la que ha llevado al país a esta situación con Cataluña y al que ha acusado de practicar "un patriotismo de pacotilla".

"Y al final se acabó con ETA, sin concesiones y aún no han pedido disculpas. Su patriotismo consiste en dividir, confrontar, deteriorar la convivencia. En fin, patriotismo de pacotilla. La inacción de Mariano Rajoy es la que nos llevó a esta situación, es su herencia", ha comentado en su perfil de Twitter.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha considerado este lunes que el diputado socialista y miembro de la Ejecutiva del PSOE federal Odón Elorza "no ha estado afortunado" con sus palabras y ha exigido respeto para los andaluces. Así lo ha manifestado la jefa del Ejecutivo andaluz, en la rueda de prensa que ha ofrecido en Londres durante su visita a la feria World Travel Market, después de que Elorza le dijera a la diputada por Cádiz de Unidos Podemos Noelia Vera en un debate televisivo: "Para ser andaluza, eres mucho más educada que yo".

"Que no ha estado afortunado creo que lo sabe ya hasta él, porque ayer llevaba todo el día dando explicaciones y cuando uno se lleva todo el día dando explicaciones es que algo bien no ha hecho o ha dicho algo mal, por tanto es evidente que cuando alguien explica mucho las cosas es porque ha metido la pata", ha afirmado Susana Díaz.

En este sentido, ha asegurado que los andaluces "somos personas muy respetuosas siempre con todo el mundo", de ahí que exija como presidenta de la Junta que todos, "sean del partido que sean y tengan la responsabilidad que tenga", "con el mismo respeto se dirijan a los andaluces".

"Ese mismo comportamiento, talante y educación que tienen los andaluces para con todos los ciudadanos en nuestro país, exijo y quiero que sea así también respecto a ellos", ha zanjado Susana Díaz.

"Para ser andaluza eres mucho más educada que yo"

El sábado, en el plató de La Sexta Noche, los espectadores asistieron a un rifirrafe entre Noelia Vera y Odón Elorza.

El socialista le espetó a la diputada en clave irónica que "para ser andaluza" la gaditana era "mucho más educada" que él mismo, ya que Vera no le estaba dejando expresarse.

El contexto del debate versaba sobre la reforma constitucional que ha acordado el PSOE con el Gobierno del PP. Elorza defendía la posición del Partido Socialista, pues la reforma era para él una muestra de "diálogo" en la que su partido demostraba el "talante" y la "gracia" de la que carecía Vera a la hora de debatir.

Por su parte, Vera reprochaba que ese diálogo pasara por "apoyar el 155" y criticaba que el PSOE aceptara la aplicación del artículo de la Carta Magna. La gaditana, finalmente pidió "que no faltara a los andaluces" y a ella misma, así como poder "debatir con educación".

El respaldo del PSOE a la intervención de la autonomía catalana aprobado por el Consejo de Ministros el pasado sábado, que incluye medidas como la destitución del Govern en pleno y el sometimiento del Parlament a la voluntad del Gobierno central sin fijar siquiera una fecha para la normalización de las instituciones a través de las urnas, no es del agrado de todo el mundo dentro del partido.

Es verdad que, de momento, las únicas voces críticas que se han manifestado públicamente son las de algunos antiguos dirigentes del socialismo catalán y las de varios alcaldes, entre ellos la regidora de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, que además ha dimitido como miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez. Otros transmiten sus reservas en los órganos del partido o las hacen llegar en privado. No quieren, al menos por ahora, contribuir a poner palos en las ruedas visibilizando discrepancias en un momento tan delicado. También para el PSOE.

En la reunión de la permanente del partido celebrada este lunes en Ferraz primaron las opiniones favorables a la estrategia defendida por Sánchez —respaldo al Estado de derecho frente al intento de los independentistas de separar Cataluña de España— aunque no todos sus miembros se sienten cómodos con el apoyo al PP, especialmente cuando ha decidido aplicar un paquete de medidas que todo el mundo ha coincidido en reconocer como muy duras.

Entre las pocas voces que lo hicieron constar dentro de la reunión está, según fuentes consultadas por infoLibre, la del Odón Elorza, secretario de Transparencia y Democracia Participativa de la dirección. Y también, aunque con muchos matices, otras dos cargadas de significación por tratarse de personas muy vinculadas al proyecto político del secretario general: Manuel Escudero y José Félix Tezanos, responsables ejecutivos de Economía y Estudios y Programas, respectivamente. El primero, según las mismas fuentes, habría intervenido en la reunión para hacer ver los riesgos que entraña aparecer de la mano del PP en este asunto, aunque insistió en dar su pleno apoyo porque considera que defender el 155 es defender la Constitución y la democracia. El segundo, para señalar que la ausencia de partidos nacionalistas y de Unidos Podemos en la comisión del Congreso que impulsó el PSOE para encauzar el debate catalán desnaturaliza la iniciativa y deja solos a los socialistas compartiendo foto con el PP y Ciudadanos.

A pesar de estas reservas, la permanente respaldó la posición de Sánchez respaldó la posición de Sánchezen la esperanza de que, antes del viernes, el president Carles Puigdemont convoque elecciones autonómicas y evite así la intervención de Cataluña.

En ese objetivo es donde cobra toda el protagonismo el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, el único dirigente político que mantiene abiertas vías de diálogo con todas las partes: Puigdemont, el Gobierno de Rajoy e incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Iceta, que cuenta en estas conversaciones con todo el apoyo de Sánchez, está intentando por todos los medios convencer al president de que adopte dos iniciativas: convocar elecciones para que sea la sociedad catalana la que tome las riendas de la situación y, en segundo lugar, aprovechar la tramitación del artículo 155 en el Senado para ofrecer, sin condiciones previas y garantizando un retorno a la legalidad, un diálogo que pueda llevar al establecimiento de un pacto de Estado para Cataluña. Sin embargo, reconocen fuentes del socialismo catalán, su margen de negociación es muy estrecho.

En la dirección del PSC nadie es capaz de prever qué pasará. Y cunde la preocupación, pensando sobre todo en la aplicación práctica del 155 y las tensiones que puede generar si el Gobierno central acaba enviando a miles de policías para detener a Puigdemont en el caso de que éste se resista a abandonar la Presidencia de la Generalitat. En este contexto, un destacado dirigente consultado por infoLibre dejó clara la incomodidad que les genera el “entusiasmo” con el que la exministra Carmen Calvo, en nombre de la Ejecutiva Federal, está defendiendo la intervención de la autonomía catalana (Calvo es secretaria de Igualdad de la dirección del PSOE pero también negoció, en nombre de Sánchez, las medidas aprobadas el sábado por el Gobierno).

Con todo, las direcciones del PSOE y del PSC mantienen en publico que aún es posible evitar la intervención de las instituciones catalanas. Su esperanza se fundamenta, razonan, en tres elementos que no existían hace pocas semanas y que suponen obstáculos insalvables para la estrategia del independentismo: la movilización ciudadana en contra de la independencia (han dejado de callar y quedarse en casa, destacan), la evidente amenaza, sostienen, que la independencia representa para la economía catalana (salida de empresas, retroceso turístico) y la pérdida de cualquier esperanza de obtener reconocimiento internacional.

El propio Iceta subrayó este lunes, igual que la dirección federal, que “no hay discrepancias entre el PSC y el PSOE”. Ambas formaciones “comparten el objetivo de que las instituciones catalanas vuelvan a la legalidad y de que no se declare la independencia”. “Tanto en el PSC como en el PSOE hay ganas de diálogo y nos estamos moviendo en esta dirección. Desde este punto de vista no hay discrepancias". Tampoco dentro del partido, indicó Iceta, según el cual en la reunión de la ejecutiva de este lunes las 19 intervenciones han estado "de acuerdo en lo que el PSC está haciendo estos momentos".

Respaldo interno

Arropado por la número dos del partido y alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, la líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, el secretario de Organización, Salvador Illa, o la portavoz en el Parlament, Eva Granados, Iceta agradeció “las voces del PSC que estimulan mi trabajo para evitar un mal mayor”.

¿Y si no se puede evitar? En ese caso, ¿qué hará el PSC? “El PSC ya lo dirá cuando toque. Estamos comprometidos hasta el viernes para intentar evitar esto. Mi trabajo es evitar el desastre, aquí y en Madrid”, ha insistido. “Ningún socialista quiere la aplicación del 155. Defendemos el diálogo, el acuerdo y evitar el peor de los escenarios. Continuamos diciendo que no queremos declaración unilateral de independencia ni el 155” y la “manera de desbloquear la situación es la celebración inmediata de elecciones al Parlament y desencadenar un proceso que lleve a la reforma constitucional".

Mientras tanto, en el PSOE se esfuerzan en tratar de explicar que no existe un 155 suave y aseguran que el objetivo de Mariano Rajoy era aún más duro que lo que aprobó el Gobierno el sábado.

Fuentes del partido consultadas por infoLibre aseguran que Rajoy quería ser mucho más drástico con el Parlament ordenando su disolución (una petición en la que habría insistido especialmente el líder de Ciudadanos, Albert Rivera). Y habría intentado además conseguir el aval de PSOE para poder prolongar la intervención de Cataluña más allá del plazo máximo de seis meses establecido en las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. La negativa de Pedro Sánchez a aceptar ambas medidas habría obligado al Gobierno, aseguran, a limitar la intervención de la Cámara autonómica catalana y a fijar seis meses como plazo límite para la celebración de elecciones.

A estas alturas, no todos los miembros de la dirección del PSOE se fían del Gobierno y casi nadie en la Ejecutiva se siente cómodo con la aplicación del artículo 155. De ahí que la dirección tenga intención de someter a un seguimiento y supervisión estrictos la aplicación concreta de las medidas que salgan del Senado, si es que finalmente se aprueban. Los socialistas quieren evitar que su apoyo sea interpretado como “un cheque en blanco” y aspiran, según otro dirigente muy cercano a Sánchez, a que el 155 se aplique con un “espíritu” de máximo respeto a la autonomía catalana.

Para añadir aún más presión al PSC y especialmente a sus alcaldes, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha avisado este lunes de que revisará sus pactos municipales con los socialistas si el partido de Miquel Iceta vota en el Senado a favor de aplicar en Cataluña el artículo 155.

“Nadie entendería que se pudiera gobernar con partidos que apoyan que desparezca la autonomía y las instituciones de autogobierno”, ha declarado a los periodistas desde los pasillos del Parlament.

Pascal ha precisado que es pronto para pronunciarse hasta que se produzca la votación en el Senado pero, si el PSC lo avala, el PDeCAT se verá obligado “a hacer un análisis muy concreto” de sus acuerdos con los socialistas, informa Europa Press.

No obstante, también ha dicho que se haría “caso por caso”, es decir, ayuntamiento por ayuntamiento, y a criterio de sus grupos municipales.

Pascal también ha hecho un llamamiento a que “todos los senadores catalanes” voten en contra del 155, sean del partido que sean, y lo ha pedido especialmente al senador y expresidente de la Generalitat José Montilla (PSC).

“El PSC ha sido un gran partido progresista que ha ayudado a construir la autonomía catalana y no puede votar un artículo que quiere aniquilar su autonomía”, ha argumentado la también diputada de JxSí en el Parlament.

La Ejecutiva Federal del PSOE, dirigida por Pedro Sánchez, está preocupada por la celebración de las primarias que deben permitir elegir nuevos líderes del partido en las provincias andaluzas. Teme que el recelo de la secretaria regional, Susana Díaz, a la contestación interna tenga como consecuencia que no haya varios candidatos en todas ellas, según informa Europa Press.

"Va a ser complicado que en todas las provincias haya primarias", reconocen a Europa Press dirigentes de la dirección de Sánchez, que admiten la "preocupación" en Ferraz por la posibilidad de que no puedan celebrarse primarias en las ocho provincias andaluzas. En todas ellas militantes afines al sanchismo han manifestado públicamente su intención de presentarse candidatos.

En muchos casos se trata de personas que no pertenecen al aparato del partido, que tienen sus propios trabajos y que carecen del tiempo y recursos necesarios para recabar un 20% de avales, es decir, las firmas de militantes que secundan una candidatura.

Este fin de semana se celebraron los comités provinciales para convocar los ochos congresos provinciales y los procesos de primarias correspondientes. Tal y como se esperaba, los comités han decidido mantener en el 20% del censo el mínimo necesario de avales para optar a competir en las primarias.

No es ninguna sorpresa, porque las direcciones provinciales del PSOE andaluz son todas afines a la líder regional, Susana Díaz, quien perdió frente a Pedro Sánchez la batalla por el liderazgo federal y sigue enfrentada a él. Díaz fue reelegida secretaria general del PSOE andaluz en el congreso regional de finales de julio sin necesidad de medirse en unas primarias, puesto que el único aspirante al cargo no consiguió reunir los avales necesarios.

El proyecto de partido diseñado por el equipo de Sánchez que fue aprobado en el 39 Congreso Federal de junio modificó los Estatutos del partido e instauró el sistema de primarias a doble vuelta para la elección del secretario general federal, autonómico y provincial.

Las nuevas normas rebajaron el porcentaje mínimo de avales exigidos a un militante para formalizar su candidatura a unas primarias con el objetivo de fortalecer la democracia interna. Para el nivel provincial, ese porcentaje bajó del 20% al 3%. No obstante, este año se permite a los territorios funcionar aún con las reglas antiguas.

Hasta la fecha, sólo Extremadura celebró primarias acogiéndose a las nuevas normas. En Ferraz, la voz de alarma sobre lo que puede ocurrir en Andalucía la dio esta semana el secretario de Transparencia y Democracia Participativa de la Ejecutiva Federal, Odón Elorza.

En su cuenta en Twitter, reaccionaba a la pretensión de la dirección del PSOE andaluz de mantener el mínimo del 20% para las primarias en las provincias reivindicando un proceso "más democrático" y que esté sometido a "menos control clientelar del aparato".

Evitar entrar en la 'caza del militante'

Elorza argumenta que exigir el 20% de avales obliga a los candidatos a lanzarse a la "caza del militante" y les resta tiempo de dedicarse a la defensa de su proyecto a través del debate y la confrontación de ideas.

En cambio, la norma del 3% pretende evitar que en esa caza del militante entren en juego "artes de control y de presión de carácter clientelar".

La visión del PSOE andaluz es radicalmente opuesta. Su dirección defiende regirse por la normativa antigua y mantener por lo tanto en el 20% el mínimo de avales. El secretario de Organización, Juan Cornejo, explicaba este lunes que para aplicar la norma del 3% se requiere un reglamento aprobado por el Comité Federal del partido que desarrolle las novedades introducidas en el 39 Congreso. Lo contrario, en su opinión, equivaldría a "cambiar las normas a mitad del partido".

Sobre la base de lo visto y escuchado, aquí van unos breves apuntes acerca del momento PSOEmomento PSOE y las expectativas que se abren.

1.- Si se hubiera instalado esta mañana de domingo un aplausómetro en el pabellón 3 del IFEMA madrileño, ese (peligroso) aparato habría captado un apoyo casi fervoroso a quienes forman el núcleo duro de Pedro Sánchez. Se iban escuchando los nombres y apellidos de las 49 personas (29 hombres y 20 mujeres) integrantes de la nueva Ejecutiva Federalnueva Ejecutiva Federal, y el aplauso se multiplicaba cuando era convocado al escenario cualquiera de los y las que se mantuvieron de forma numantina en el “no es no” a Rajoy y empujaron a Pedro Sánchez a volver a dar la batalla por el liderazgo, esta vez con el aliento de las bases y enfrentado a barones y jarrones chinos. Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Odón Elorza, Susana Sumelzo, Óscar Puente… han cosechado el mayor entusiasmo, junto a Cristina Narbona, José Félix Tezanos o Manuel Escudero, tres de las cabezas mejor amuebladas entre las que han rodeado a Sánchez en su resurrección. La militancia, invitada a esta clausura del Congreso junto a sus delegados, ha expresado sin ambages un activismo exigente.

2.-  La nueva dirección del partido no obedece a un acuerdo de cuotas de poder ni recoge una disposición de integrar a los perdedores. Más allá de los gestos hacia Patxi López o Guillermo Fernández Vara (este último con voz pero sin voto), la Ejecutiva es exactamente la que Sánchez ha querido. Con un 70% de apoyo y un 28,6% en blanco, el reelegido secretario general llega con 15 puntos menos de apoyos de los que obtuvo en 2014, y con diez por debajo de los que cosechó Rubalcaba en 2012. Son datos de carácter más bien interno, que auguran batallas aún pendientes en los próximos congresos regionales y provinciales, donde se reflejará con mayor fidelidad la magnitud de la fractura interna que permanece abierta en el PSOE.

3.- Los escasos diez minutos de reunión entre Sánchez y Susana Díaz, y la ausencia de esta (y de otros dirigentes relevantes) en el discurso de clausura del Congreso simbolizan precisamente esa herida que no está ni mucho menos cicatrizada. Sin responder a porcentajes tasados, Sánchez no debería obviar el peso de la militancia andaluza susanista si de verdad quiere coser el partido. Una cosa es rodearse de personas de absoluta confianza en los órganos de dirección sin aceptar tutelajes de ningún tipo y otra muy distinta cerrar los ojos a la realidad de lo que son y representan las propias bases. En los próximos días comprobaremos si el sanchismo abre o no una batalla en Andalucíasanchismo que daría la espalda a la reclamación de unidad que han expresado los propios delegados en el Congreso. 

4.- En estos tiempos volubles y convulsos, pueden más las expectativas imaginadas que los hechos mismos. La contundencia de la victoria de Sánchez en las primarias ha obligado a un repliegue táctico de todos aquellos que apostaron por Díaz, aunque lo hicieran más por antisanchismo que por fervor hacia la presidenta andaluza. Lo cierto es que en Valencia, en Asturias o en Aragón, entre otras federaciones, ya han aflorado críticas directas a Pedro Sánchez, que no ha disimulado su decisión de no integrar ni pactar cuotas en los órganos de poder federal. Si la venganza se disfraza de justicia… mal pronóstico a la hora de “coser” un partido tan necesitado de generosidad en la victoria como de humildad en la derrota.

5.- Nunca un secretario general socialista tuvo las manos más libres para hacer y deshacer a su antojo. El hecho incuestionable de que ha sido la militancia quien le ha devuelto el liderazgo le ha servido para vaciar de contenido al máximo órgano de dirección entre congresos, el Comité Federal, que ahora queda sometido a las consultas obligatorias a las bases para la toma de decisiones más trascendentes.

6.- Si se comparan los discursos de Sánchez de este domingo 18 de junio y de aquel 27 de julio de 2014, cuando fue confirmado como secretario general del PSOE tras el apoyo de sus actuales adversarios derrotados, pueden observarse muchas concordancias y algunas relevantes diferencias. Insiste en los guiños expresos al 15M, hay una más nítida apuesta por un PSOE de izquierda y una contundente denuncia de la corrupción gobernante. Después de aquellos zig-zag protagonizados por Sánchez en 2016 entre la referencia portuguesa y la de la Gran Coalición alemana, hoy asienta una clara inspiración en la coalición de izquierdas que gobierna en Lisboa.

7.- Quizás el rasgo diferencial mayor en este Congreso es el que se refiere al modelo de Estado. Sánchez intenta no enterrar una Declaración de Granada de la que fue ponente en el equipo de Rubalcaba, para seguir defendiendo una reforma constitucional hacia el federalismo, pero esta vez sin disimular el reconocimiento de la realidad “plurinacional” de España. Declararse a estas alturas partidario “de España y del catalanismo”, o proclamar que España “es un único Estado, con una única soberanía, la del conjunto de los españoles, pero también una nación de naciones”, puede que llegue tarde al proceso independentista al que sigue enfrentándose el PSOE en apoyo del Estado, que no del Gobierno “neocentralista” de Rajoy.

8.- En el último tramo del discurso de clausura se visibilizó el problema de fondo del PSOE. El único momento en que todo el pabellón se puso en pie para aplaudir fue cuando Sánchez hizo referencia y homenaje a la fallecida Carme Chacón, recordando sus palabras como aspirante al liderazgo en 2012: “El PSOE debe ser coherente. Si decimos izquierda, debemos hacer izquierda. Si decimos cambio, hacemos cambio”. Y Sánchez ha firmado esas palabras para reivindicar un paso más allá del federalismo, pero también para defender el feminismo, el ecologismo, la rebeldía, la decencia, la regeneración frente a la corrupción, la esperanza frente a la resignación. De algún modo se está reconociendo una evidencia: el PSOE ha perdido cinco años en la batalla por la vigencia de la socialdemocracia.

9.- En lo que se refiere al tablero político y al fraccionamiento parlamentario, Sánchez ha proclamado lo que su militancia le exige: “Nosotros sólo competimos contra el PP”. Pero ha querido distinguirse de Podemos aludiendo insistentemente a que el PSOE es “la izquierda de gobierno”, intentando colocar a Pablo Iglesias en el papel de oposición “protestante” pero sin aspiraciones de “gobernante”. Es una táctica legítima aunque arriesgada. No deja de volver a los derroteros ya fracasados de convocar acuerdos (hoy por hoy imposibles) entre Podemos y Ciudadanos, con la advertencia (electoralista) de que “si continúan los vetos, pediremos a los españoles que voten al único que puede cambiar el gobierno”.

Pedro Sánchez ha situado al PSOE en la izquierda porque han sido las bases socialistas las que han colocado a Sánchez en un liderazgo que había perdido. El rescatado secretario general dice haber “aprendido” de sus errores, y ha preferido renunciar a “integrar” a sus adversarios con el fin de dar coherencia al nuevo proyecto alentado desde “abajo”.

Escuchar a los militantes que han acudido por miles a la clausura del 39º Congreso confirma lo que apuntaban las votaciones internas que han resucitado a Pedro Sánchez: el PSOE tiene en sus manos una oportunidad de recuperar el mayor capital perdido, que es la credibilidad ante un electorado que se sintió decepcionado (una vez más) con premeditación y alevosía. Pero esta vez no basta con cumplir (por fin) la palabra dada, sino que además se exige asumir unas tendencias sociológicas que quizás no tienen marcha atrás (*).

(*) Al PSOE le interesa leer en detalle el último ensayo de Belén Barreiro, titulado La sociedad que seremos. Hay ciudadanos “digitales, analógicos, acomodados y empobrecidos”, y más vale tener en cuenta su perfil sociológico y político si se pretende no repetir tantos errores y tanta ceguera desde las élites políticas, económicas, financieras y mediáticas.

Me refiero a una campaña de difamación contra Pedro Sánchez que el establishment, con la colaboración decisiva de algunos sectores del PSOE, no se ha cansado de extender desde octubre para justificar una decisión anterior que perseguía su derrocamiento –en expresión de Javier Fernández y la gestora del PSOE– y la descalificación de un secretario general del PSOE elegido democráticamente por la militancia. Las declaraciones de Page, Vara y Díaz, con ocasión de la recepción en el Palacio Real el pasado 12 de octubre, fueron muy clarificadoras.

La grabación anónima de una charla supuestamente "formativa" del número dos del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, dirigida a la élite de las Juventudes Socialistas de Andalucía y publicada por El Mundo, ha puesto de manifiesto la estrategia seguida durante meses para enterrar a Sánchez.

Heredia le acusa de haber firmado un acuerdo con Podemos y los independentistas para alcanzar la Moncloa, que tendría un contenido claudicante y contrario a los acuerdos del Comité Federal. Para ello, Heredia no dudó en involucrar como su fuente informativa a Toxo, de CCOO –quien ha desmentido todo y ha montado en cólera–, y en añadir a su charla todo tipo de descalificaciones a los diputados del no, además de enseñar la patita pidiendo la disolución del PSC y añadiendo otros errores de bulto.

Cabe preguntarse cuántas charlas y actos con el argumentario de La Gran Mentira ha  protagonizado Heredia, portavoz autorizado de Susana Díaz. Cuántos otros socialistas han ido sembrando el veneno en este periodo, cuál ha sido la labor de intoxicación a profesionales de los medios de comunicación. Porque el caso Heredia es solo la punta del iceberg.

Pero el daño ya está hecho y ahora completan su argumentario con acusaciones de que Pedro Sánchez quiere romper España, provocar una escisión en el PSOE si pierde o entregarlo a Podemos si gana. Con Sánchez –dicen– el caos y el extremismo están garantizados. Pero tras esas infamias, los mismos acusadores nos hablan de lo importante que es la unidad del PSOE o la integración tras las primarias. ¿Pura comedia? ¿Ejemplo de cómo entienden la lealtad?

Por ello, el caso Heredia no se resuelve pidiendo disculpas a Margarita Robles por llamarla "hijaputa". Lo que es exigible es que explique en qué basa su difamación, con detalles sobre el supuesto acuerdo, o en caso contrario que rectifique públicamente. En esta situación, no puedo sino reclamar a la gestora y al portavoz parlamentario, Antonio Hernando, que abran a Heredia un expediente ante la gravedad de tales manifestaciones, contrarias a los principios éticos del Partido Socialista. Ya sé que lo mío es un gesto de ingenuidad, pero no me queda otra vía.

Más allá del amplio apagón informativo que no lo destaca, la militancia revive sus convicciones y recupera la ilusión, la pasión y el orgullo de ser socialista en los actos de Pedro Sánchez y su movimiento plural. Nadie podrá frenar esa marea roja de épica que es consciente de que puede protagonizar este momento histórico para devolver la credibilidad al PSOE y para afrontar la refundación de la socialdemocracia europea ante los nuevos desafíos del siglo XXI.

Sabemos que habrá que sortear muchas trampas en las primarias, que habrá que sacudirse el vértigo del miedo y mirar al futuro por encima de una foto de familia anclada en el pasado. Debemos comprometernos más con un proyecto de regeneración democrática y de reencuentro con nuestra identidad de izquierda para ganar las primarias y luego las próximas elecciones generales. Pero lo vamos a conseguir desde la fuerza de las convicciones socialistas, por amor al PSOE y en defensa de la ciudadanía. ___________________

Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa.

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, considera que el empeño de Pedro Sánchez en mantener el sistema de financiación de su precampaña para liderar el PSOE "tiene que ver con una estrategia del candidato de cuestionar absolutamente todas las decisiones que se toman por la dirección del partido".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Jiménez ha dicho que esta estrategia es "legítima" como cualquier otra pero que la gestora ya ha tomado una decisión sobre la financiación, en virtud de lo que ha dicho su departamento jurídico. El PSOE, ha dicho, ya ha trasladado "su visión de las cosas y ahora la responsabilidad de lo que ocurra no depende de la dirección del partido".

Además, ha dejado claro que "no hay ningún problema" en que Sánchez "siga con el micromecenazgo", pero que los ingresos "tienen que producirse en una cuenta cuyo titular sea el PSOE", porque es el partido quien tiene que rendir cuentas después ante el Tribunal de Cuentas.

Jiménez se ha expresado así pocas horas antes de que, este mediodía, un representante del equipo de Sánchez se reúna con responsables de financiación del PSOE para hablar precisamente de la financiación.

El voto telemático no es seguro

También ha insistido en que no se permitirá el voto telemático y, en esta ocasión, ha añadido el argumento de que "no hay ningún organismo electoral que garantice que un voto telemático no tenga una fractura de seguridad". Incluso ha recordado que en las elecciones holandesas el recuento ha sido manual para evitar este riesgo.

Por otro lado, ha dejado claro que la gestora no se plantea modificar las normas para fijar un número máximo de avales que puede recoger un aspirante –cualquiera tiene que lograr las firmas de un 5 por ciento de la militancia para ser declarado candidato–, una idea que ha lanzado, si bien no como propuesta formal, el entorno de Sánchez.

Jiménez ha recordado que la normativa de primarias se aprobó en el primer Comité Federal que presidió Pedro Sánchez, tiene consenso del partido y no establece ningún límite.

No avalará a nadie: "no, nunca, never"

En cuanto a él mismo, ha dejado claro que, dado que es miembro de la gestora, él no va a avalar a ningún candidato –"no, nunca, never"– porque aunque está claro que "no se puede prohibir el pensamiento" los miembros de la gestora deben mantener un comportamiento público, y un aval es un acto público.

En este sentido, ha afirmado que cuando se le acusa a él de falta de neutralidad –compagina su cargo en la gestora con la portavocía del PSOE en el Parlamento andaluz– las acusaciones le "hacen gracia", porque en las tres candidaturas hay gente que tiene responsabilidades en el partido o en las instituciones.

Las acusaciones contra él también son "estrategia"

"Sobre esas tesis tendrían que dimitir de sus cargos prácticamente todo el partido", ha dicho Jiménez, destacando especialmente que uno de los coordinadores de la campaña de Sánchez es secretario de Organización de una federación –el navarro Santos Cerdán–. A su modo de ver, todo el mundo sabe cómo funciona el partido y eso es una garantía, así que cree que esas acusaciones son "parte de una estrategia más que de una preocupación real".

Además, ante las preguntas de los de Sánchez sobre cómo se pagó el acto de presentación de la candidatura de Susana Díaz en Madrid, ha emplazado a preguntar al equipo de ésta.

En cuanto a si ésta podría compatibilizar la Secretaría General del PSOE con la Junta de Andalucía, ha respondido que "en la hipótesis de que sea la próxima secretaria general tendrá que decidirlo la propia Susana" en función de su capacidad de hacer equipos y desempeñar sus tareas, porque ni en la ley ni en las normas del PSOE hay nada que lo impida.

"Mensajes de fácil digestión"

Jiménez considera que las palabras de Pedro Sánchez apelando a elegir entre "un PSOE del siglo XX y uno del siglo XXI", se deben más bien a que las campañas son "una fábrica de mensajes de fácil digestión", así que "como consigna está bien" pero "cuando se le hinca el diente tiene ciertas debilidades". El PSOE, ha dicho, ha tenido "momentos muy dulces" y "situaciones de postración muy graves" tanto en el siglo XX como en el XXI.

El portavoz de la Gestora ha confirmado que el partido organizará un debate entre los tres candidatos y ha opinado que es improbable que los militantes apoyen a un líder y luego respalden el proyecto de otro. En todo caso, ha dejado claro que si fuese así habría que acatarlo.

Jiménez ha estado de acuerdo con Díaz en que sería "deseable" que los procesos internos se resuelvan "de manera más tranquila" que el Comité Federal del 1 de octubre –el que forzó la renuncia de Sánchez– y ha pedido a todos que, entre el día de la votación, que será seguramente el 21 de mayo, y el congreso de cuatro semanas después, todo el mundo demuestre voluntad de integración.

Según ha dicho, él jamás le pedirá "a un compañero que se retire, sino que sume". Preguntado entonces si un aspirante derrotado podría intentar ser candidato a la Moncloa cuando se abra ese proceso, ha pedido centrarse ahora en el proceso actual: "Cuando lleguen otros procesos cada uno tomará las decisiones que quiera tomar".

"Cuando escupen al cielo, les va a caer encima"

  "¿Cómo es posible que se haga esa acusación? Es increíble a lo que están llegando estos de la gestora y equipo"

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha criticado este martes algunas de las "acusaciones" que, a su juicio, se están lanzando desde la gestora socialista al excretario general del partido Pedro Sánchez y ha dicho tener la impresión de que "ni lo dioses saben que cuando escupen al cielo les va a caer encima".

Así lo ha asegurado a la entrada de la reunión del Grupo Socialista que tiene lugar en la Cámara Baja, al ser preguntado sobre las declaraciones del portavoz de la gestora, Mario Jiménez, en RNE.

"¿Cómo es posible que algunos socialistas acusen a otros de buscar la escisión o incluso de entregar el PSOE a Podemos?", se ha preguntado Elorza. "¿Cómo es posible que se haga esa acusación? Es increíble a lo que están llegando estos de la gestora y equipo. Da la impresión de que ni los dioses saben que cuando escupen al cielo les va a caer encima", ha sentenciado el diputado vasco.

El diputado del PSE-EE por Guipúzcoa, Odón Elorza aseguró que los últimos acontecimientos en el partido supusieron una "burla a la democracia interna" y se preguntó si quienes "inspiraron esa conspiración" son los que van a ser capaces de ofrecer ahora "un proyecto más democrático internamente". "¿Con qué liderazgo y proyecto vamos a recuperar a los electores que están en la abstención o se han ido a Podemos?", cuestiona Elorza.

Según informa Europa Press, en un acto público de apoyo a Pedro Sánchez celebrado en Reocín (Cantabria), instó a los militantes socialistas que apoyan al ex secretario general a no perder "la rebeldía" y a "aguantar", porque en las próximas semanas va a aumentar "la presión" y las "malas artes", pronosticó.

En su intervención, que comenzó con un recuerdo al atentado del 11-M, el ex alcalde de San Sebastián defendió la necesidad de afrontar los retos del siglo XXI "desde la ideología socialista", desde la izquierda y sus valores, y no dejarse engañar pensando que la solución a los grandes problemas está "en las grandes coaliciones, en unirse con la derecha" para sacar adelante la economía del país o la democracia.

"Ese es nuestro final, ese es nuestro infierno", aseguró Elorza, que adviritió contra "esos espejismos" y pidió "mantener la rebeldía como la mantuvo buen parte de la militancia del PSOE tras los acontecimientos de octubre", con el "derrocamiento" de Pedro Sánchez.

Lamentó que el PSOE haya llegado a una situación de "pérdida de la credibilidad y la confianza", que ha llevado al partido al perder su "identidad" y a "no ser reconocibles". "La diferencia entre izquierda y derecha siempre debe quedar patente, especialmente a la hora de plantear alternativas económicas", dijo.

Apeló entonces a la "coherencia", que es un "valor político", y aseguró que sólo uno de los candidatos que "están en liza, o van a estarlo" en las primarias del partido "se mantuvo coherente", en referencia a pedro Sánchez, "y encima le criticaron por eso", apostilló.

Por último, Elorza volvió a pedir a advertir de que "con el paso de las semanas la presión, las maniobras, las malas artes van a tener presencia con un apoyo tremendo de la derecha política y muchos medios de comunicación", pero "aguantad", dijo a los asistentes, para concluir que "pase lo que pase" en las primarias, "estaremos detrás" del ganador.

En el acto, que tuvo lugar en el colegio público Valle de Reocín número 2, también intervinieron Luisa Carcedo, senadora socialista por Asturias, que fue miembro de la Ejecutiva federal de Sánchez, y José Luis Ábalos, diputado nacional por Valencia y secretario general de la formación en esta provincia.