No habrá nueva radiotelevisión valenciana. Al menos de momento. El tripartito valenciano había acelerado los trámites para constituir esta semana el Consejo Rector e iniciar en agosto emisiones en pruebas. Pero el consenso alcanzado con el texto de la ley, con el voto a favor de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, se ha roto al poner las formaciones sus candidatos sobre la mesa. El primero de los nombres en generar discordia fue el del presidente de la corporación, a propuesta del PSPV-PSOE. Se trata de Josep López, veterano periodista de la extinta RTVV, corresponsal en Bruselas durante los primeros años y marginado por el Partido Popular a partir de 1995. Su proximidad al president Ximo Puig y las relaciones familiares de su esposa (es prima de dos altos cargos socialistas) provocaron el veto de Ciudadanos y PP.

Pero ha sido Maite Fernández, a propuesta del PP, la que ha hecho saltar por los aires el frágil entendimiento. Fernández fue, entre diciembre de 2013 y julio de 2015, directora general de Relaciones Informativas con Alberto Fabra. Antes, desde 2007, dirigió los Informativos de Canal 9 a través de distintas responsabilidades. En febrero de 2010, tres periodistas a su cargo denunciaron haber sufrido abusos sexuales desde diciembre de 2007 por parte de Vicente Sanz, el todopoderoso exsecretario general y exjefe de Recursos Humanos de RTVV, quien fue condenado en octubre de 2015 a 15.660 euros de multa y otros 210.000 euros de indemnización.

Según una de estas periodistas “fuimos tres las que denunciamos, pero al menos una veintena sufrimos abusos”. Un hecho conocido y silenciado en la tele. De hecho, el ir y venir de redactoras al despacho de Sanz era casi diario. Allí se comportaba como un sátiro: les obligaba a mostrar sus genitales y él tomaba fotos y se masturbaba. El acoso también era psicológico: “Sabía cómo infundir miedo, te envolvía, te bloqueaba”. “Desde su ordenador veía las cámaras del edificio y nos enviaba mensajes diciéndonos la ropa que llevábamos puesta”, recuerda para infoLibre otra de las denunciantes, quien añade que Fernández “estaba al corriente y encubrió los hechos”.

“¿Cómo no lo iba a saber?”, se pregunta y explica que las veía llegar con la cara desencajada, llorosa, e incluso en ocasiones “hacía de correa de transmisión y nos decía que Sanz nos llamaba, que subiéramos a su oficina”. “Después, en el juicio, se lavó las manos y dijo que jamás relacionó aquello con nada extraño”, lamenta esta exredactora, quien acabó con una baja por ansiedad de la que Fernández, su superior directa en la sección de Política, jamás le preguntó el motivo: “No hacía falta, ella conocía el por qué”.

Indignación

Por esta razón, ambas extrabajadoras se sienten “indignadas” ante la propuesta de Fernández para el Consejo Rector: “Un pésimo precedente para la nueva tele”. “Es como si el PP no se arrepintiera de sus errores o, peor aún, estuviera orgulloso de lo que allí ocurrió”, subrayan. No son las únicas en reprobar a Fernández, ya que también fue una de las comisarias políticas más activas en silenciar la Gürtel o imponer la consigna, entre otras, de que el accidente del metro de julio de 2006, que se saldó con 43 muertos y 47 heridos fue fortuito e inevitable y la única causa fue la velocidad y el conductor, uno de los fallecidos, el único culpable.

Unos argumentos rebatidos por la comisión de investigación celebrada en el primer semestre de 2016 en Les Corts, donde se llegó a la conclusión de que falló la seguridad y faltaron inversiones. También que hubo 13 responsables políticos, entre ellos Lluís Motes, entonces jefe de Informativos y superior de Fernández, quien coordinaba los Informativos no diarios y por tanto supervisó un reportaje especial del 10 julio de 2016 titulado El tren 3736. Tragedia del metro de Valencia. “El reportaje más infame jamás emitido en Canal 9”, revelaron en su día los sindicatos. Un ejemplo de “servilismo” e “información sesgada y manipulada”, tal y como denunció este martes en un escrito la asociación de víctimas, quien pidió a los grupos que Fernández no entre en el Consejo Rector para evitar “una clara muestra de un periodismo supeditado al poder y deshonesto con su público”.

Por su parte, Fernández declinó este martes las llamadas de infoLibre y prefirió “no hacer ningún comentario”.

A septiembre

Tras el veto a Fernández, el inicio de la nueva radiotelevisión ha quedado encallado. La exjefa de Informativos entró en la terna después que Podemos cediera uno de sus consejeros, precisamente el representante del Consejo Ciudadano, elegido provisionalmente por los partidos políticos hasta su constitución, al PP, quien amenazaba de romper el consenso si no obtenía al menos dos de los diez miembros del Consejo Rector. El veto posterior de Podemos y Compromís a Fernández generó una negociación en paralelo entre PP y socialistas. Si los segundos convencían a sus socios del voto a Fernández, estos no rechazarían la totalidad del Consejo Rector y el nombre Josep López podría prospera en tercera votación y con mayoría simple. Algo que, según fuentes de Compromís consultadas por infoLibre “ni ha ocurrido ni ocurrirá”, ya que Fernández “no puede ser consejera”.

Sin acuerdo, el punto del pleno sobre la nueva RTVV previsto para este miércoles y jueves quedarán suspendidos, según estas mismas fuentes. El calendario se aplazaría a septiembre con la obligación de los grupos de presentar perfiles alternativos que eviten la fricción.

En vísperas de la vista oral que comenzará en la Audiencia Nacional el próximo lunes, 9 de marzo, buena parte de los 23 acusados en este nuevo proceso ultiman sus negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, y así lo ha confirmado infoLibre en fuentes conocedoras del caso. Reconocer los delitos y devolver dinero del sustraído al erario público por aquel "desembolso ilícito" –uno de los objetivos habituales de Anticorrupción y de la acusación popular que en Gürtel ejercen la asociación de abogados Adade y el PSOE– reportará a quienes firmen los llamados "acuerdos de conformidad" un beneficio: el pacto que suscriban les evitará bien entrar en prisión al aceptar condenas de, como mucho, dos años. O, al menos, les garantizará permanecer entre rejas menos de lo que podría acarrearles una condena sin atenuantes.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que a la admisión de culpa ya se han sumado los funcionarios que participaron en la mesa que desde Canal Nou adjudicó un contrato hinchado y amañado y cuyo objetivo formal pasaba por garantizar la retransmisión mediante pantallas gigantes del Encuentro Mundial de la Familia y las intervenciones del pontífice. 

En este caso, quien en 2006 dirigía la radiotelevisión pública valenciana, Pedro García Gimeno, se arriesga a 40 años. Pero todo apunta a que, como adelantó el domingo el diario Levante, García se cuenta entre quienes buscan a marchas forzadas un pacto con la Fiscalía antes de que el juicio arranque. Porque, dirigido por un tribunal integrado por José Antonio Mora, Julio de Diego y Fernanda García (la ponente), este juicio ofrece visos de arrancar desde su primer minuto como una máquina imparable en cuanto a pruebas y declaraciones incriminatorias. El cerebro del asesoramiento financiero que desde el estallido del caso en 2008 ha planeado sobre distintas operaciones, José Ramón Blanco Balín, consta igualmente en la lista de posibles firmantes de los acuerdos de conformidad.

Más lejos de la cifra de 40 años de prisión, pero también con dos dígitos en juego –11 años le pide la Fiscalía; 15, el PSOE–se encuentra Juan Cotino. Y afronta un riesgo de condena potencialmente mayor si otros inculpados de relevancia –como el ya citado Pedro García– reconocen que delinquieron y expoliaron las arcas de Canal 9. Histórico del PP valenciano, exdirector general de la Policía, luego conseller, más tarde presidente de Les Corts, tío de uno de los empresarios que terminó por confesar su papel en la financiación ilegal del partido y auténtico poder fáctico, según la Fiscalía, en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de llevar las riendas de la visita papal y ahora señalada como partícipe a título lucrativo: es decir, beneficiaria económica de los delitos supuestamente perpetrados.

Las acusaciones consideran crucial la participación de Juan Cotino en un tinglado que, supuestamente, sustrajo a Canal 9 más de siete millones a través de un contrato de "precio desorbitado, y notoriamente superior al del servicio realmente prestado". La "empresa instrumental" contratada –relata la Fiscalía– fue Teconsa, uno de los clásicos en el entramado Gürtel.

Según los escritos de acusación, la meta real de aquel contrato era una muy distinta a la de ofrecer cobertura a la visita del papa. Lo que se buscaba era el enriquecimiento de la trama Gürtel, que se embolsó 3,3 millones de los 7,49 que costó el evento a una radiotelevisión pública, Canal Nou, cuyo cerrojazo impuso luego la Generalitat valenciana en noviembre de 2013. Para cuando la televisión valenciana dejó de emitir, los 22 millones de deuda de 1995 se habían disparado hasta 1.200 millones. ¿Hubo más contratos como el de la visita del papa que contribuyesen a la ruina de la cadena autonómica? No se sabe. Pero de lo que no hay duda es de que el grupo beneficiado por aquel contrato millonario de la visita papal, el de Francisco Correa, era el mismo que participó en la financiación del partido admitida casi a coro hace dos años en la vista oral donde Ricardo Costa disparó un auténtico cañonazo: "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".

Basándose en todo lo investigado, Anticorrupción sostiene que Juan Cotino, Pedro García y los tres principales responsables de la red Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– "acordaron y planificaron de común acuerdo" atribuir al ente público RTVV (Canal Nou) "el encargo y el coste de la celebración de este contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido". Al hacerlo –prosigue el escrito de la Fiscalía– conseguían "apoderarse directamente de los fondos públicos de RTVV a los que Pedro García Gimeno tenía más fácil acceso por su condición de Director general del Ente Público".

Ha obviado que ese cierre no es una decisión política cualquiera, ya que el organismo audiovisual andaluz está incluido en el Estatuto de Autonomía, lo que obligaría a un cambio estatutario, imposible sin un acuerdo mayoritario muy por encima de los escaños que ha obtenido la derecha en estas elecciones.

No se trata, sin embargo, de un brindis al sol, anunciado mientras se negocian posibles pactos. Existen desgraciados antecedentes que otorgan a estas declaraciones un carácter de amenaza contra los medios públicos de comunicación perpetrados por gobiernos del PP: en enero de 2013, José Antonio Sánchez, director general de Telemadrid, ejecutó un ERE que dejo en la calle a 861 trabajadores, prácticamente dos tercios de la plantilla, con el visto bueno del presidente madrileño, Ignacio González, el mismo que afirmó, meses después, que si la Justicia declaraba nulos esos despidos "cerraría la empresa".

La amenaza no se consumó, ya que el fallo judicial declaró "improcedentes" los despidos, pero no acordó la nulidad, por lo que a partir de ese momento la televisión autonómica madrileña descendió hasta la irrelevancia, consagrada a ejercer como medio de propaganda del PP. Tan solo en el último año, y tras la llegada a la dirección de un grupo de profesionales comandado por José Pablo López, Telemadrid intenta, trabajosamente, volver a contar con el favor de unos espectadores que habían borrado a ese medio del mando de sus televisores.

Pero la  amenaza contra los medios públicos se materializaba otra vez meses después. En la madrugada del 29 de noviembre, los trabajadores de Canal Nou decidían mantener la emisión a pesar de que el cierre había sido decretado en la tarde anterior. Fueron horas de tensión y forcejeo que culminaron con el cierre definitivo de la radiotelevisión pública en la mañana del día siguiente. Canal Nou ya no existía, una eliminación que el presidente de la Generalidad Valenciana justificaba desde la sede de su Gobierno: "No seré yo quien cierre un colegio o un hospital para mantener RTVV, es la decisión más difícil que hemos adoptado hasta ahora, pero no nos queda otra". De esta forma, Alberto Fabra insistía en que su prioridad era mantener "la sanidad, la educación y los servicios sociales". Después se sabría que una parte importante de los alumnos daban clase en barracones improvisados, que el hospital de Alzira, cedido a la iniciativa privada, se declaraba en suspensión de pagos y que la radiotelevisión pública había sufragado con cuarenta millones de euros la Formula 1, o había participado en el derroche de dinero público que pasó a manos privadas con motivo de la visita del papa a València.

En víspera del cuarenta aniversario de la Constitución del 78, otro significado dirigente del Parido Popular, en este caso el citado García Egea, insiste en el manido argumento de confrontar el gasto en medios públicos de comunicación con la inversión en Sanidad. Ojalá no se se cierre el medio que tiene como obligación estar al servicio de todos los andaluces. Y ojalá que no nos enteremos dentro de unos meses o años que los endoscopios nunca llegaron a los hospitales de Almería, sino a los bolsillos privados de gentes que al ser llamados por la Justicia imiten, con la vergonzosa suficiencia de un antiguo correligionario: "Es el mercado, amigos".

Ante tal afirmación de Rajoy, para más inri en la radio pública, es obligado lanzar de inmediato alguna o varias de las siguientes cuestiones:

   1.- Si usted quiere una televisión pública independiente, ¿por qué una de sus primeras decisiones al llegar al Gobierno fue cargarse la Ley 17/2006 aprobada en la etapa de Zapatero, que exigía una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso para la elección de presidente de la Corporación RTVE?

   2.- ¿Por qué es usted el único candidato de los grandes partidos que se ha negado a firmar el documento de los Consejos de Informativos de RTVE por el que se comprometen precisamente a respetar la independencia de RTVE, la pluralidad informativa y la recuperación del sistema de elección por consenso para desgubernamentalizar la radiotelevisión pública? (Ese compromiso escrito fue firmado el pasado 14 de octubre en el Congreso por los representantes de las principalesformaciones políticas, a excepción del Partido Popular).

    3.- ¿Ha leído usted (además del Marca) alguno de los detallados informes de los Consejos de Informativos que vienen denunciando desde 2012 múltiples casos de manipulación por parte de los responsables del Ente Público?

    4.- ¿Qué le parece el hecho de que (para vergüenza de España) el propio Parlamento Europeo recibiera la denuncia del atropello de las garantías de información objetiva y veraz, así como la falta de respeto a la independencia profesional y al pluralismo político que son exigibles en democracia a un medio público de información?

    5.- ¿Ha leído o escuchado que organismos profesionales como el Instituto Internacional de Prensa (IPI) han denunciado a su vez la alarmante situación por la que atraviesa la radiotelevisión pública española desde que usted gobierna?

    6.- ¿Le han explicado que RTVE batió récords de audiencia y sus programas informativos recibieron los galardones de mayor prestigio en la etapa anterior, y que bajo su mandato ha caído la audiencia de TVE a sus cotas históricas más bajas? (Incluso en la sección de televisión del Marca se han publicado los datos).

    7.- ¿Recuerda que a los pocos meses de formar usted Gobierno fueron despedidos de RTVE o arrinconados la mayoría de los profesionales que habían encabezado esos éxitos de la corporación pública?

    8.- Si de verdad defiende usted ahora un modelo como el de la BBC británica, ¿ha leído alguno de los estudios elaborados por los expertos de Teledetodos con propuestas concretas para garantizar la autonomía profesional de los medios públicos y las fórmulas posibles de financiación de RTVE?

     9.- Si de verdad defiende usted “una televisión pública independiente”, ¿qué opina del progresivo desmantelamiento de las televisiones autonómicas en comunidades como Valencia o Madrid bajo gobiernos del PP?

     10.- ¿No conoce tampoco las investigaciones judiciales que afectan a la gestión del clausurado Canal Nou o las documentadas denuncias de los trabajadores de Salvemos Telemadrid sobre el saqueo de la misma bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González?

Es obvio que la defensa de Mariano Rajoy sobre la televisión pública tiene la misma dosis de veracidad que esas escenas de Cuéntame en las que los personajes se ponen a soñar cosas raras. Y la misma carga de hipocresía demostrada por Imanol Arias y Ana Duato, que pedían a través de un spot marcar la casilla solidaria en la declaración de la renta mientras guardaban en paraísos fiscales lo que les pagaba la televisión pública.

A diez días del 26-J, Rajoy no estaba haciendo un cameo en una serie, sino desgranando propuestas electorales. Su manera de entender la política parece atenerse a lo que sostenía uno de los grandes cínicos de la gobernación francesa, el ya fallecido Charles Pasqua: “Las promesas de los políticos sólo comprometen a quienes las escuchan”.

Un informe de la Unió de Periodistes Valencians sobre el tratamiento del accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y resultaron heridas 47, concluye que se manipularon las informaciones en el ente y señala: "Podemos afirmarlo porque hemos podido comprobar que se han distorsionado y ocultado una buena parte de los datos publicados sobre la investigación".

El informe, de 150 páginas y que fue enviado a la comisión de investigación sobre el accidente en las Corts, es el resultado del trabajo de socios de la asociación profesional que tuvieron acceso al fondo documental y visionaron decenas de informativos y programas con referencias al accidente. Además, han analizado las informaciones publicadas en prensa escrita hasta el 11 de agosto, cuando se publicaron las conclusiones de la primera comisión de investigación en las Corts.

De la investigación se concluye que la actividad del ente no estuvo inspirada por los principios de imparcialidad y objetividad y Canal 9 "dejó de ser un medio de comunicación al servicio de la sociedad para convertirse en un altavoz encargado de difundir la versión oficial".

"Se ha restado importancia a las informaciones no contemplándolas en el sumario o dedicando apenas unos segundos a datos que, para el resto de medios, tenían mucha importancia" y "no se ha entrevistado prácticamente en ningún espacio informativo a los familiares de las víctimas" ni se ha visto "voluntad de dar cabida a posturas críticas con la versión oficial".

Según indica el documento, "solo una versión tuvo derecho a ser expuesta" y el resto fueron escondidas, por lo que si los ciudadanos se hubieran informado sólo a través de Canal 9 de lo ocurrido, "definitivamente habrían estado mal informados", informa Europa Press.

"Los hechos son tan graves y evidentes que es imposible pensar que se ha hecho por ignorancia de la buena práctica periodística" y los motivos económicos no están sobre la mesa, indica el informe, que señala que había recursos materiales y humanos para cubrir "convenientemente" los hechos. Por ello, la Unió de Periodistes pide a los representantes políticos que procuren velar por que hechos como estos "no vuelvan a producirse".

"Se eludió en todo momento una regla básica del periodismo: buscar diferentes fuentes para contrastar los datos y evitar que una voz interesada diera una visión parcial de los hechos", ha indicado.

Señala que el propio día del siniestro el informativo de mediodía comenzó a la hora prevista, no se cambió la programación para ofrecer uno especial y no abrió con el siniestro, sino con la visita del papa, cuando quedaban cinco días para que este llegara a Valencia. Tampoco realizó conexiones en directo cuando apenas nueve meses antes con el accidente de Picanya sí se abrió con este siniestro ferroviario.

El informe subraya que cadenas como Telecinco sí abrieron con el accidente y con diversas conexiones, mientras que Canal 9, la cadena con más recursos en el lugar, no comenzó el especial hasta las 17.00 horas.

Además, recuerda que "la primera noticia que apareció en un vídeo montado en Canal 9 destaca la versión establecida por el portavoz del Consell, Vicente Rambla, en su primera intervención" cuando "habla de un accidente fortuito, atípico, imprevisible e inevitable".

Mientras el resto de medios atienen las reivindicaciones de sindicatos y cuentan sus críticas o ponen sobre la mesa diferentes hipótesis, en Canal 9 se destaca la cantidad de equipos de emergencias que intervinieron en el accidente o en las palabras de consuelo del Rey y el Consell. Durante los días siguientes se insiste en "reforzar la idea de que la línea 1 es segura".

"La única versión crítica que se emite es la de los partidos de la oposición, pero suele acompañarse de un corte de voz en el que un miembro del PP declara que la oposición quiere sacar rédito electoral", agrega el informe.

El 7 de julio el accidente deja de estar en portada para dar paso a la visita del Papa y el día 9, cuando no ha pasado ni una semana, "no se hace ninguna referencia al accidente, solo cuando el Papa reza por las víctimas".

Una semana después de la tragedia, continúa el informe, se emite un reportaje en el que "se insiste en la versión oficial de los hechos y se hace un repaso histórico por la línea 1 de metro, explicando que con la llegada del PP al gobierno es cuando se han hecho todas las mejoras y las grandes inversiones".

Hasta que no arranca la comisión de investigación en las Corts, el 27 de julio, no se vuelve a hablar del accidente y no se incluye en el sumario, dando prioridad a la sequía y a un suceso en Cantabria.

El 11 de agosto, cuando se aprueban las conclusiones de la comisión, se trata el tema al final del informativo. Del 12 de agosto al 13 de septiembre desaparece de la parrilla. En el resumen del año se dedica un minuto al accidente, frente a los nueve dedicados a la visita de Benedicto XVI, y ya no volverá a haber información hasta marzo de 2007, cuando se archiva la causa penal sobre este accidente.

"El único cambio que se aprecia es a partir de abril de 2013, que coincide con la llegada de una nueva dirección en Canal 9" y a partir de ese momento comienza a escucharse la voz de las víctimas.

“Ni ha habido, ni habrá nunca listas negras ni se hacen esas prácticas”. Telefónica lo niega, pero el Tribunal Supremo (TS) lo da por sentado. La Sala de lo Civil condenó la semana pasada a Cotronic, una subcontrata de Telefónica, por comunicar a la multinacional información sobre un empleado despedido que sirvió para incluirlo en una “lista negra de trabajadores conflictivos” y, a continuación, para ser vetado en el resto de las subcontratas del sector.

Telefónica no formó parte del proceso judicial, que ha durado cinco años hasta llegar al Alto Tribunal, pero la sentencia da por hecho que Cotronic comunicó a “un tercero”, la empresa que preside César Alierta, “hechos inveraces” que perjudicaban la reputación del trabajador, por lo que se vulneró su “derecho al honor y su derecho a la protección de datos personales”. Para trabajar en las subcontratas estos técnicos necesitan una tarjeta de autorización de Telefónica, que el operario no ha vuelto a conseguir a día de hoy, según explica su abogada, Eloísa Marín Varela.

Esa cesión de datos fue ilícita porque se realizó sin el consentimiento del trabajador, a quien se privó de su derecho a “rectificar y cancelar” la información falsa como establece la ley, indica el TS. Además, la norma prohíbe cualquier tipo de tratamiento automático o mecanizado de datos que tenga como resultado una evaluación de las personas.

El trabajador, un operario de la subcontrata, fue despedido en noviembre de 2009, acusado de haber cobrado 100 euros a un cliente por una actuación que debía ser gratuita. Sin embargo, el despido fue declarado improcedente por el juez porque la empresa no pudo probar el hecho. De ahí que los hechos comunicados a Telefónica sean “inveraces” como dice la sentencia.

Pero sus consecuencias resultaron inmediatas. Cuando el técnico se puso a buscar trabajo en otras subcontratas, ninguna quería contratarlo. En Instalaciones de Tendidos Telefónicos (Itete) pasó incluso el reconocimiento médico pero, llegado el momento de firmar el contrato, le dijeron que “estaba vetado por Telefónica”: había sido “incorporado a un fichero de personal calificado como trabajador conflictivo”. En su comparecencia ante el juez, el director de Recursos Humanos de Itete negó la existencia de la lista negra pero no pudo explicar por qué no había contratado al operario.

Finalmente, acudió al comité de empresa de la multinacional y éste le confirmó que había sido vetado “a petición de Cotronic”, por lo que no podía ser contratado por ninguna de las múltiples empresas que trabajan para Telefónica. Un miembro del comité también declaró ante el juez que ese fichero de trabajadores vetados existía y que lo integraban no sólo los datos de Telefónica, sino también las comunicaciones de las subcontratas.

El Supremo entiende que, debido a ese conjunto de indicios de una vulneración de derechos fundamentales, debería ser la empresa, y no el trabajador, la que debería probar la existencia o no de la lista negra. Es lo que en Derecho se conoce como “inversión de la carga de la prueba”. Cotronic alegó en el juicio que sólo comunicó a Telefónica el nombre, apellidos, DNI, las fechas de alta y baja en la empresa y una fotografía, para cancelar su tarjeta, en ningún caso los motivos de su despido. Pero en el juicio no aportó esa comunicación enviada a Telefónica, lo que hubiera despejado cualquier duda sobre la existencia o no de la lista negra. Por su parte, un portavoz de la multinacional asegura que “en ningún momento ni las partes ni el juzgado le pidieron la comunicación en cuestión”.

Así que el tribunal considera un hecho que Cotronic hizo una cesión ilícita de datos a Telefónica y que se vulneraron así los derechos fundamentales del trabajador.

Las empresas preguntan a la AEPD: ¿Es legal?

Es más, la sentencia incluye un informe jurídico elaborado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en 2010 donde se define lo que son las listas negras de trabajadores –repitiendo el concepto definido por la Comisión Europea– y se las declara “ilícitas”. Con ese documento, la AEPD respondía a la consultada efectuada por una consultora. Preguntaba si sería legal crear en una web una base de datos común a una asociación de empresas a la que éstas aportarían información “de carácter personal” de sus trabajadores. Su finalidad sería “comprobar los datos de los candidatos a ofertas de empleo de las empresas asociadas”.

Entre esos datos no se incluirían la afiliación sindical o la salud de los empleados, aseguraban las empresas interesadas, pero sí “la causa de suspensión o extinción de la relación laboral, existencia de reclamaciones judiciales contra la empresa efectuadas por el trabajador, así como si es susceptible de nueva contratación en función de respuestas a preguntas que no se concretan”. Las empresas precisan que esos datos se incluirían con el consentimiento del empleado. Pero la AEPD considera que, con esa configuración, la base de datos “se convertiría en una lista negra”, pues la información así obtenida “puede afectar negativamente a la reputación del trabajador y a su futura empleabilidad”. El informe subraya que todos los datos del trabajador que puedan “cederse y utilizarse en perjuicio de sus posibilidades de empleo” resultan “inadecuados, innecesarios y desproporcionados”.

La AEPD explica a infoLibre que hasta el momento no ha sancionado a ninguna empresa por utilizar una lista negra de trabajadores. Pero sí ha elaborado informes como el citado a petición de empresas que preguntaban si son lícitas. La agencia, además, puede actuar de oficio si se descubre la existencia de una de estas bases de datos ilegales. Lo hizo, por ejemplo, con la cesión irregular de información protegida de pacientes por parte de dos hospitales públicos, el de Fuenlabrada (Madrid) y el Virgen de la Luz de Cuenca, a clínicas privadas. En el caso de Telefónica, un portavoz de la AEPD aseguró que “se estudiará” la posibilidad.

Existen, pero no hay modo de probarlo

Todos los sindicatos y expertos en protección de datos consultados por este periódico coinciden en que las listas negras de trabajadores existen. “Pero es muy difícil probarlo”, advierten al unísono. El año pasado CCOO denunció que las empresas auxiliares del astillero vigués Hijos de J. Barreras, el mayor de España en manos privadas, tenían su propia lista de trabajadores, que estaban siendo “vetados”. Decía que a 22 operarios, la mayoría afiliados al sindicato, se les había comunicado en las empresas auxiliares que Barreras les prohibía trabajar en el astillero. El caso fue denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Xunta. Otro tanto desveló CCOO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde la lista la integraban al menos 12 trabajadores que habían demandado, y ganado, al organismo por tenerlos empleados en fraude de ley.

También se han sucedido los casos en las televisiones públicas, desde la española (TVE) hasta la gallega (TVG), pasando por Canal Nou. En estos casos, se adjuntaban calificaciones ideológicas o incluso datos de carácter íntimo de los profesionales.

“Siempre sospechamos que existía esa lista negra y que las empresas subcontratadas se facilitan entre ellas este tipo de datos sobre los trabajadores”, asegura Alberto Salas, representante de CCOO en el comité de Telefónica, “pero nunca hemos podido probarlo”. Lo mismo asegura Alex López, portavoz de CGT: “Sufrimos la moral de las empresas del Íbex”. Ambos sindicatos dicen que pedirán explicaciones a Telefónica.

También UGT cree que la sentencia debería incentivar las denuncias y permitir que se investiguen los indicios que hasta ahora ni se han tenido en cuenta. “Es la primera vez que una sentencia del Supremo admite que existen las listas negras, y que se desplace la carga de la prueba del trabajador a la empresa es fundamental”, explica María Higinia Ruiz, del gabinete técnico del sindicato. Así, destaca, “el que tiene en su mano la prueba [las empresas] es quien debe exhibirla y, en este caso, ni Telefónica ni la subcontrata quisieron hacerlo”.

Consentimiento viciado

“Incluso rastrear en las redes sociales a los candidatos a un puesto de trabajo, una práctica habitual en los departamentos de Recursos Humanos, está prohibido”, asegura Ofelia Tejerina, abogada especializada en protección de datos. También es ilegal utilizar medios informáticos para hacer evaluaciones negativas de la personalidad de los empleados.

Además, para cualquier tratamiento de datos es necesario el consentimiento del particular. Con la excepción, por ejemplo, de las listas de morosos o las que impiden ser contratados en empresas de juego si se tienen antecedentes penales. El problema, en el caso de un trabajador, es que ese consentimiento, de otorgarse, “siempre estará viciado”, destaca Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), que agrupa a los profesionales de la protección de datos. “Si se pide [el consentimiento] a la hora de firmar el contrato, está claro que el trabajador no podrá negarse si quiere conseguir el empleo”, advierte. Ricard Martínez cree que la AEPD debería actuar de oficio en el caso de Telefónica: “Más aún tratándose de un pleito civil, ni penal ni administrativo; no puede alegar que haya peligro de una doble sanción a la empresa”.

Mientras, la abogada del trabajador asegura que su cliente sólo espera que la sentencia fuerce a la multinacional a levantarle el veto para volver a trabajar. El Supremo ordena a Cotronic que indemnice a su exoperario con 30.000 euros y que “cancele” los datos personales del exoperario que posea en sus ficheros informáticos. Nada dice la sentencia de los que obran en poder de Telefónica.

Es una herida altamente infectada, casi tóxica. Y quien la toca se envenena. ¿Qué hacer con Radio Televisión Valenciana (RTVV)? El Partido Popular la cerró abruptamente en noviembre de 2013 tras la sentencia que tumbó el expediente de regulación de empleo que dejó en la calle a un millar de trabajadores. El entonces líder socialista en la oposición y ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, subió a la tribuna y proclamó que en 2015 “reabriría la tele”. Y al poco puso fecha a la promesa: el 9 de octubre, día nacional de los valencianos. Puig se rodeó de ex empleados en sus mítines. Todo eran fotos, abrazos y buenos augurios. Pero ahora la situación ha cambiado.

Puig sigue hablando del 9 de octubre, pero con severas matizaciones. “No será fácil reabrir”, declaró abiertamente el pasado 23 de julio. “La crisis financiera es grave y la situación en la que nos ha dejado el Partido Popular es compleja”, explicó en relación a la liquidación de los dos entes que convivieron durante la época de Alberto Fabra: la matriz RTVV y la descendiente RTVV SAU. Un problemón de unos 800 millones de deuda, con una antigua plantilla sobredimensionada de 1.608 trabajadores convertida en trituradora de la ética periodística más elemental y nido de variadas corruptelas. De hecho existen tres causas abiertas en los juzgados: el multimillonario agujero; los supuestos abusos sexuales perpetrados por Vicente Sanz, ex secretario general de RTVV, a tres trabajadoras y por los que la Fiscalía le pide 20 años de cárcel; y la pieza 5 de la Gürtel, relativa a los 7,4 millones para sonorizar la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006, adjudicados a Teconsa, empresa pantalla de la red corrupta.

En el plano puramente laboral se dan otros procesos que obstruyen la reapertura. El PSOE interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley 5/2013 de 7 de noviembre que alteró el Estatuto de RTVV para despejar el camino legal a la suspensión de las emisiones. Y el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una demanda contra el ERE de extinción que la Audiencia Nacional trasladó al Constitucional. Y en el plano legislativo, la ley de liquidación aprobada por les Corts el 27 de noviembre de 2013 impide a la Generalitat prestar servicios de radio y televisión. Una normativa imposible de derogar por decreto y que el bipartito deberá contrarrestar consensuando una nueva ley en el Parlamento.

Nuevas amenazas de demanda

Para desatascar este embrollo el Consell creó el pasado 22 de julio el Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación. Al frente está José María Vidal, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, ex jefe del Servicio Jurídico de RTVV en la época socialista y hombre de máxima confianza de Ximo Puig. Su labor consiste en buscar una alternativa jurídica y laboral de consenso entre los agentes del sector audiovisual valenciano, en particular con el antiguo comité de empresa de RTVV (la plantilla se finiquitó definitivamente este 30 de junio), la voz más exigente.

Según fuentes de la negociación consultadas por infoLibre, Vidal propone una televisión asequible que empiece a funcionar el 9 de octubre con pocos trabajadores, mucha emisión enlatada (películas y documentales de los fondos del ente) y la colaboración puntual de productoras privadas. Al mismo tiempo se apretaría el acelerador para, en el máximo de un año, proponer una nueva RTVV y modelo audiovisual.

“Es un parche inaceptable”, asegura a infoLibre Josep Lluís Fitó, del antiguo comité de empresa, cuya propuesta consiste en la paralización del ERE de extinción, el regreso de los 1.608 empleados y la puesta en marcha de un tercer ERE para redimensionar la nueva empresa. “Muchos compañeros no volverán porque han rehecho su vida profesional”, explica, aunque “no sabría decir ni quiénes ni cuántos”. Cifras escasas según desveló Levante-EMV, ya que solo el 49% de la plantilla se inscribió en el plan de reinserción laboral de Equipo Humano, empresa contratada por la Generalitat y denunciada a la Fiscalía por dudas en la adjudicación. Solo 186 encontraron empleo. La proporción contrasta con la media de adhesión –entre el 75% y 80%– de otras empresas públicas con ERE. “El menor porcentaje tiene que ver con las altas expectativas de los ex trabajadores ante la reapertura de RTVV, idea incentivada por los partidos de izquierda antes de las elecciones”, señalan fuentes de la negociación.

El ex comité de empresa plantea que los trabajadores readmitidos retornen las indemnizaciones y, a cambio, perciban el salario de tramitación de los meses sin empleo. Y que recuperen la antigüedad y la plaza aquellos que opositaron en 1989, 1999 o 2003. Cerca de 800 de los 1.608. “Es algo jurídicamente y económicamente imposible”, recalcan fuentes de la negociación, y señalan que hace un año era viable que las indemnizaciones (unos 93 millones) fueran superiores a los salarios de tramitación (entre 3,5 y 4 millones por mes), pero ahora ya no. Fitó, sin embargo, sostiene lo contrario, aunque no concreta cifra alguna. “¿Con qué dinero pagaríamos los salarios del mes siguiente? ¿Y las indemnizaciones de los trabajadores despedidos en un tercer ERE?”, cuestionan desde la negociación.

“Nosotros no hemos puesto fecha alguna”, justifica Fitó y arremete contra la propuesta de Vidal: “Si se crea esa televisión de mínimos aconsejaré poner una demanda”. La base sería la cláusula sexta del ERE de extinción, que impide reabrir en dos años (hasta el 30 de junio de 2017) sin dar prioridad a la contratación de los ex trabajadores. Un requisito que arrancó el comité de empresa al PP para impedir que recuperara Canal 9 y colocara afines y que ahora le sirve para presionar a Puig con la idea de rescatar la totalidad de la antigua plantilla. Una complicación para el Consell por dos razones.

La primera es que resultaría impopular no cumplir con la fecha del 9 de octubre tantas veces repetida. Y la otra es que, si no existe antes de 2016 una nueva televisión, se perdería medio millón de euros por los derechos de emisión de un centenar de películas y más de 100 horas de teleseries. Por este motivo, la Abogacía de la Generalitat está buscando alternativas que permitan superar la sucesión empresarial a través de un ente no solo de radio y televisión, sino que dé servicios de documentación y agencia de noticias. Eso o esperar hasta verano de 2017, algo que nadie considera.

Manipuladores confesos

“Nos sentimos defraudados y utilizados”, denuncia Josep Lluís Fitó. El comité de empresa, desde el cierre de Canal 9, tejió una tupida red de influencia sobre la sociedad valenciana: desde la Mesav –mesa sectorial del audiovisual valenciano– hasta los partidos políticos. Uno de sus mayores coaligados es Enric Morera, presidente de les Corts, pero con escasa influencia en el Gobierno. Al menos hasta que, a finales de septiembre, no se cree la comisión parlamentaria de radiotelevisión, que presidirá Antonio Montiel, portavoz de Podemos y uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sumó 90.000 firmas para una nueva RTVV. Otro aliado es Esquerra Unida, cuyo acto central de campaña estuvo presentado por extrabajadores. Pero su salida de les Corts les ha dejado sin ningún peso político.

En el lado contrario está Mònica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell, quien siempre se ha mostrado reticente al retorno de los 1.608, buena parte de ellos enchufados por el PP y manipuladores confesos. De hecho, Oltra jamás ha hablado de fechas de reapertura. Y, pese a ello, fue la única que este 24 de julio se acercó a la concentración que cada viernes reúne a los extrabajadores junto al Palau de la Generalitat. “Si hay que hablar cinco veces se habla cinco veces, pero no podemos poner en marcha proyectos que después tumbe la justicia o sean inviables”, explicó megáfono en mano tras pedir “calma y diálogo”. “Si no es en parte por nosotros este Consell no estaría aquí”, lamentaron algunas voces. “Si hace falta, volveremos a la calle”, advirtieron otras.

Una pérdida de influencia también relacionada con el informe de la Unió de Periodistes Valencians –con cerca de 1.000 afiliados– alternativo a la tesis del ex comité de empresa, la única hasta la presentación en mayo de este documento. “Hemos consultado con numerosos expertos en derecho laboral, mercantil, civil y administrativo. Una nueva empresa pública, desde cero, es totalmente viable sin tener que readmitir toda la antigua plantilla”, señala a infoLibre Sergi Pitarch, presidente de la Unió. Y respecto a la cláusula sexta del ERE de extinción, el informe analiza que la prioridad exigida para los extrabajadores podría sustanciarse dándoles más puntos y priorizando su experiencia profesional, pero la valoración “debe aplicarse sin que impida al resto de ciudadanos el libre acceso a unas pruebas de selección”.

El texto aboga por una Ley Audiovisual que incluya mecanismos de control para evitar que televisión y radio “sean utilizadas como herramientas de propaganda política”. “Se trata de pensar primero en el modelo y luego en la plantilla”, puntualiza Pitarch y enumera filtros como el Consejo Valenciano de la Comunicación y el Consejo Asesor de Contenidos, donde convivirían representantes políticos, universitarios y de la sociedad civil.

“Va en contra de nuestros derechos”, resume Fitó el sentir de los extrabajadores respecto a la propuesta de la Unió. Y acto seguido niega la posibilidad de hablar del modelo antes de resolver el conflicto laboral. Por su parte, Ximo Puig no se ha pronunciado sobre el informe de la Unió, aunque José María Vidal, según fuentes de la negociación, lo considera serio y solvente. “Es muy profesional y proviene de una asociación muy respetable”, sostiene también Mònica Oltra, quien este viernes definió gráficamente un conflicto que no cesa: “es como una madeja que se ha de desenredar hilo a hilo”. Una madeja con hilos de alambre. De alambres con púas.

Casi cuatro años después, José Luis Rodríguez Zapatero podría jactarse de que su reforma legislativa en RTVE, aprobada en 2006, se ha convertido en un referente para los medios públicos de comunicación. El contraste entre la imagen de la radio y televisión estatal durante su mandato, y la críticas que hoy obtiene, ha calado entre los representantes de los trabajadores de los medios autonómicos, que ponen aquel modelo como punto de partida para sus reivindicaciones, tal y como reconocen a este periódico. En la mayoría de ellas se contempla con esperanza el cambio político, aunque ninguno de los interlocutores se muestra dispuesto a bajar la guardia ante la nueva situación.

01. CANAL EXTREMADURA

El próximo presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, propuso en su campaña elegir al director de Canal Extremadura por "concurso público", además de estar en contra de los procesos de privatización de los servicios informativos "porque suponen un intento de control de la información". Precisamente la contratación externa de servicios y personal, junto a la manipulación informativa, han sido la principal acusación de los representantes de los trabajadores ante la dirección durante la pasada legislatura.

Para Jaime Caño, miembro de Comisiones Obreras y secretario del comité de empresa, "no hay que bajar la guardia ante la nueva situación". "Nosotros –afirma– seguimos en la pelea contra los intentos de privatizar parte de la empresa, la creación de una redacción paralela con personal traído por afinidad política, y la manipulación informativa, tal y como hemos denunciado estos años". "Para ello –continúa–, pedimos cambios normativos que garanticen el futuro como empresa pública, al margen de quien gobierne en cada etapa, y que sirvan como paraguas protector contra vaivenes. Hay que defender la profesionalidad y la independencia con órganos como el Consejo de Informativos, que debería existir ya en todos los medios públicos. Al final, Zapatero acertó en eso: no hay más que ver como está ahora Televisión Española. Hay que impedir que ocurra aquí en el futuro".

02. RADIO TELEVISIÓN Castilla-La Mancha

"Espero que esta misma noche Nacho Villa [director general de Castilla-La Mancha Televisión] esté presentando la dimisión. Es una desvergüenza cómo ha tratado a esta región”, dijo Emiliano García-Page, nada más conocer que el PP había perdido la mayoría absoluta en la región. Previamente, el programa socialista se había comprometido a que el próximo director general del ente fuera nombrado por una mayoría de tres quintos de las Cortes regionales. Para ello, el PSOE modificará la ley que regula Castilla-La Mancha Televisión y garantizará también en esta norma la creación de un Consejo de Informativos elegido entre los profesionales de la redacción que vele por la imparcialidad del canal.

Los representantes de los trabajadores han denunciado, durante estos cuatro años, múltiples casos de malas prácticas informativas, y la dirección ha sufrido frecuentes reproches desde instituciones y asociaciones profesionales, la última este mismo viernes por parte de la Comisión de Arbitraje y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

Cristina Corcuera, presidenta del comité de empresa, asegura que "para poder recuperar la dignidad y la credibilidad del medio público, el de todos los castellano-manchegos", cree que "es indispensable buscar con urgencia la mayor desvinculación posible de la política, al objeto de no volver a ser una herramienta al servicio del partido político de turno que gobierne". Por eso considera "necesario un cambio en la normativa vigente". "Apostamos por un cambio a la hora de nombrar al director general del Ente Público RTVCM, por una mayoría que podría ser de dos tercios y por que su mandato no coincida con la legislatura. En esa dirección, consideramos igualmente urgente y necesario la creación de un Consejo Profesional de Informativos y que el Consejo de Administración tenga una mayor relevancia incluyendo en su composición representantes de la sociedad y de los trabajadores", asegura.

Corcuera sostiene que "es fundamental la transparencia en la gestión, que se sepa el cuánto y el cómo se gasta el presupuesto, y que se racionalice el organigrama y las retribuciones". "Teniendo en cuenta también las denuncias que los trabajadores venimos haciendo en los últimos años sobre la creación de una plantilla paralela, apostamos por la creación de una bolsa de trabajo profesional, tal y como establece nuestro convenio colectivo, y la consolidación de la verdadera plantilla de RTVCM".

03. Telemadrid

Una situación de especial zozobra se vive en Telemadrid, donde los trabajadores afectados por el ERE ven depender su futuro de la formación que presida la Comunidad de Madrid, o el PP o el PSOE. Ya en la campaña electoral, la candidata del PP, Cristina Cifuentes, dijo que "de momento", iba a esperar a que "concluyan todos los procedimientos judiciales que hay abiertos, que hay unos cuantos, y luego, sobre todo, ver cuál es la situación financiera de la casa, la sostenibilidad, la viabilidad y tomar una decisión al respecto". Cifuentes no descartó, incluso, el cierre de la cadena. Mientras, los representantes de los trabajadores hablan de "prudencia hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos". Según Ángel García, miembro de Salvemos Telemadrid, y del comité de empresa por UGT, su posición "está reflejada en el Pacto por una nueva Telemadrid. "Estamos a la espera de que se clarifique la situación y se forme Gobierno. Seguimos pensando que es posible cambiar las cosas en la empresa y que vuelva a ser una televisión normal. Y como hemos dicho desde el primer día estamos siempre dispuestos a hablar y dialogar con todos".

Tal y como informó infoLibre, el pacto citado fue firmado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida, e incluía la creación de un Consejo Audiovisual de Madrid, un Consejo Profesional de Informativos y un portal de transparencia de gastos e ingresos, para garantizar el carácter de servicio público, dotar al ente de financiación estable y suficiente, fijar un porcentaje significativo de producción interna y evitar las mayorías absolutas de un partido político en el Consejo de Administración, así como que el director general sea elegido por mayoría de dos tercios del Consejo de Administración.

04. REABRE CANAL NOU

Este viernes las fuerzas de izquierda ganadoras se comprometieron formalmente la reapertura de Canal Nou, que el Gobierno de Alberto Fabra cerró bruscamente hace año y medio. Un cierre que ha costado 150 millones de euros. Tenía 1.600 trabajadores y una deuda de 1.300 millones. El anuncio se produce tras el acuerdo entre PSPV, Compromís y Podemos de crear una televisión pública en valenciano, desligada del Gobierno autónomo. El modelo se inspira en el aplicado por Zapatero en 2006, de modo que el presidente y el Consejo de Administración sean elegidos por mayoría de dos tercios y permanezcan en su puesto por periodos de seis años.

La propuesta socialista es que la nueva radio y televisión reciba fondos públicos mediante contratos-programa, y sin posibilidad de endeudarse. La plantilla no llegará, en ningún caso, a los mil trabajadores, por lo que será imposible recuperar al total de los despedidos, pero es que la misma coincidencia en la necesidad de recuperar el medio público se produce en evitar el gigantismo y el derroche que presidieron los últimos y conflictivos años de una radio y televisión que fue reflejo fiel de la corrupción que ha dominado los últimos años de Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana.

05. Aragón y Baleares

En el caso de Aragón, la continuidad del servicio público está asegurada, a tenor de los programas electorales de PSOE, Podemos y la Chunta Aragonesista, en cuyas manos está el nuevo Gobierno. El modelo de gestión privada bajo supervisión pública no ha sido, hasta el momento, puesto en cuestión, dados los excelentes datos de audiencia obtenidos en la pasada legislatura, que sitúan a la televisión de Aragón en los primeros lugares de las autonómicas, con cuotas de pantalla de alrededor del 10%.

No obstante, Podemos apostó recientemente por crear "un posible organismo independiente que pueda etiquetar la calidad de los servicios informativos de las televisiones", una iniciativa que podría reforzar el control y vigilancia por parte de los poderes públicos. Esta formación pretende la creación del Consejo Aragonés del Audiovisual, quegarantice la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad cultural, la calidad y sostenibilidad del trabajo y que en el Consejo de Administración estén representados, además de los partidos presentes en las Cortes de Aragón, la plantilla, los sindicatos, los usuarios y “expertos elegidos de forma transparente y democrática”.

En cuanto a Baleares, se producirá un cambio profundo en la radio y televisión pública, a tenor de los programas de las fuerzas políticas vencedoras en las elecciones. No obstante, y dada la diversidad de fuerzas, los extremos no han sido concretados y serán objeto de definición tras la investidura y formación del nuevo Ejecutivo. Por el momento, el único acuerdo se produce es el general repudio a una etapa en la que las acusaciones de manipulación han ido desde la oposición política a los propios redactores, e incluso a colectivos ciudadanos como la Asamblea de Docentes.

La imagen fue verdaderamente insólita. Era el 29 de noviembre de 2013, y como si estuviera a punto de desatarse una guerra, como si en poco tiempo todo fuera a irse al garete, los trabajadores se desplegaron ante la cámara durante doce largas horas hasta que, a las 12.19, el fin quedó certificado como un fundido a negro. Custodiado el edificio por la policía, periodistas, técnicos y demás profesionales clamaban que “¡esto es un golpe de Estado!” en el mismo momento en que desaparecía la Radio Televisión Valenciana, RTVV. Una muerte anunciada poco tiempo antes en otra inédita actuación: la del president de la Generalitat, el popular Alberto Fabra, que decidió echar el cierre al ente público autonómico después de que un juez declarara nulo un reciente ERE de la empresa, que fallecía así a la edad de 29 años.

RTVV no ha ido al cielo ni al infierno: continúa en un limbo del que quizá pueda salir dependiendo de cómo evolucionen las circunstancias, ya que no solo la oposición, sino el mismo PP que la clausuró habla ahora de recuperar este servicio que era, además, el único medio audiovisual en valenciano. Lo que ocurrió durante su corta existencia quedó grabado en forma de programas de tan dudoso interés como Tómbola (espacio de cotilleo que costó 32 millones de euros), En casa de Bárbara (un show de recetas presentado por Bárbara Rey) o De un tiempo a esta parte (idea de la productora de José Luis Moreno que cosechó de media un 1,2% de audiencia y por la que la corporación pagó 20 millones de euros). También ha quedado registrado en los innumerables artículos y reportajes periodísticos que han documentado lo mucho y malo que ocurrió en aquellas instalaciones de Burjassot: corrupción, manipulación informativa, desfalcos, y hasta abusos sexuales, amén de otras tropelías varias, que también se han producido (Y se siguen produceindo) en otras empresas públicas como RTV Castilla-La Mancha, Telemadrid o la nacional RTVE. 

Fuera de la cadena desde 2008, Marcos García Martí, que trabajó allí —bien en Canal 9 o para productoras asociadas— durante casi ocho años, también ha querido dejar plasmado su testimonio sobre esta rocambolesca historia aún por concluir. Lo ha hecho a través de la ficción, pura invención “inspirada”, eso sí, en hechos reales. Con ellos ha moldeado la novela negra Temporada de cizaña (360 Grados), en la que dos periodistas investigan el asesinato de una abogada que iba tras la pista a dos altos cargos de una televisión autonómica. Ni siquiera se menciona el nombre de RTVV o de la televisión Canal 9 en la historia, pero las alusiones hablan por sí solas. “No es una novela que intente reconstruir los hechos históricos, como ha hecho (el escritor) Ferran Torrent”, explica el autor, “pero sí que trato de reproducir los comportamientos que nos han llevado a esta situación”.

“En la Comunidad Valenciana hemos vivido años duros a todos los niveles”, abunda García. “Y políticamente, la clase dominante se ha creído con derecho a hacer lo que les viniera en gana”. Un contexto obviamente malo para la vida pero perfecto para su proyecto literario, porque de ese marasmo de avaricia, insensibilidad e impunidad emergen sus personajes, hombres y mujeres que se “sienten legitimados por el poder y actúan como señores feudales”. Frente a ellos, el contrapunto lo marcan “dos plumillas”, que hacen las veces, especialmente uno de ellos, “de héroes inesperados”. El trasfondo para sus andanzas lo define así “un ente sobredimensionado, con gastos sin ningún sentido”; un “gigante” que, como RTVV, termina por engullirse a sí mismo.

Ante tales antecedentes, resulta complicado imaginar una historia sobre la radio televisión valenciana que no sea en el género negro. Pero no es solo por su pertinencia que García (Valencia, 1979) se ha decantado por él, sino también, simplemente, porque se trata de su “favorito”. “Tiene unos condicionantes muy claros, por lo que siempre sabes a qué atenerte”, agrega García, que firma con este su primer libro, prologado por el reportero valenciano Eugeni Alemany. “Además, yo trabajé un tiempo en un programa de sucesos como periodista, y el género negro es muy periodístico”.

A pesar de los golpes, las injusticias y las decepciones vividas en casi una década en el ente, para el autor, que culminó aquella etapa coincidiendo con la muy controvertida gerencia de Pedro García, también hubo cosas positivas. “Si no hubiera trabajado allí, esta novela no existiría”, empieza, “y tampoco hubiera conocido a un gran equipo, porque aunque había rémoras, también había muchos periodistas y técnicos muy valiosos”. Si la corporación valenciana acabará resucitando de entre los muertos como se viene especulando, cree el escritor, defensor de la necesidad y utilidad de los medios públicos, que debería depender no solo de la voluntad política, sino también de la disposición de la gente. “La situación que tenemos es la de un cadáver congelado, como Walt Disney”, describe. “Y la solución es difícil porque la muerte fue extraña y, además, no estamos en las mismas circunstancias que hace un tiempo, por lo que no sé si ahora la sociedad querría sumir ese coste”.

Media mañana de este lunes. infoLibre tiene conocimiento de una propuesta de contratación externa de 11 periodistas para los Informativos de TVE. La comunicación llega al comité de empresa de Madrid a través de la Dirección de Recursos Humanos. Inmediatamente, este medio se pone en contacto con Maite Martín, secretaria general de CCOO en RTVE, y con Miguel Ángel Curieses, que ocupa el mismo puesto en UGT. Ambos sindicatos son los mayores en representación y ambos confirman la noticia mientras muestran su repulsa a lo que consideran una constatación de los planes de la dirección para montar una redacción paralela.

En línea similar se manifesta CGT y todos coinciden en la necesidad de convocar actos de protesta. A mediodía, y mientras se publica en infoLibre la noticia, se reúne el Consejo de Informativos, que coincidirá con los sindicatos en la condena de esas contrataciones. Poco antes de las 14.00 horas, mientras la redacción "echa humo", según la gráfica descripción de uno de sus miembros, en el correo interno y en las redes sociales se multiplica el mensaje de #NoalaRedacciónParalela. A esa hora, la dirección hace público un comunicado en el que habla de "refuerzo de los servicios Informativos ante el denso año electoral", y habla de "un gran esfuerzo para ofrecer la mejor cobertura con mejoras tecnológicas y en la página web", antes de explicar que "se procede a la contratación de 11 profesionales, 7 interinos y 4 eventuales, con el objetivo de contribuir al mejor funcionamiento de las distintas áreas informativas [...].  De estas 11 contrataciones puntuales, cuatro salen del banco de datos y el resto obedece al criterio de periodistas con una acreditada trayectoria profesional y con contrastada experiencia para que el resultado y la calidad de los informativos no se resientan".

A las 15 horas se inicia el Telediario 1. Al finalizar la emisión, los periodistas se ponen en pie, dan la espalda a la zona de dirección, y guardan un minuto de silencio para mostrar su oposición. Según los sindicatos, tan sólo uno de los contratados procede del banco de datos y buena parte del resto procede de Intereconomía. Mientras la noticia se multiplica en los distintos medios, el diario digital especializado en televisión Bluper publica el origen laboral de cada uno de los contratados: Alicia Gracia Morales (presentadora de Intereconomía), Susana Burgos Mazón (tertuliana y directora de Informativos de Intereconomía), Alejandra Alloza Lafuente (TVE, Periodista Digital, presentadora de Intereconomía...), Susana Castellón (TPA, Veo7, Cope...), Miguel Ángel Garrido Simón (banco de datos de TVE), Marina Vila Menor (RTVE, Antena 3...), Marta Salas Castañeda, Elena Mata Mayrand (Expansión TV, Intereconomía...), Rosa Tenorio VIan (Efe, ayudante de realización en Intereconomía), Carles Marín Lladó (Antena 3, Onda Cero...) y Myriam Noblejas Benito (Punto Radio).

Somoano desmonta la etapa anterior

Cuando, en el verano de 2013, Julio Somoano llega a Torrespaña, procedente de Telemadrid, trae con él a José Gilgado como segundo e inicia un cambio en la edición de los telediarios, y las principales áreas. Desconoce profesionalmente a la plantilla y pretende buscar nombres fundamentalmente en Radio Nacional, que dirige en ese momento Manuel Ventero, a cuyas órdenes había trabajado en su paso por la emisora pública. En esos primeros tiempos de Gobierno del PP, Somoano intenta que los cambios sean en los cargos más importantes y que los sustitutos originen el menor rechazo posible. Pero la consigna es eliminar la cúpula que ha gobernado los informativos durante toda la etapa anterior, en la que han recibido centenares de premios, incluido el de Mejor Telediario del Mundo, pero que son mirados con desconfianza, cuando no aversión, desde el Partido Popular.

Así, sitúa a Enrique Muñoz, procedente de Radio Nacional, en el Telediario 1 en sustitución de Elena Ochoa. Muñoz deja el cargo de editor de Madrid a Raúl Díaz; Ángeles Bandrés se hace cargo del fin de semana y Sergio Martín del canal 24 horas. Tambien de Radio Nacional trae Pedro Carreño como responsable de El debate de la 1.María Eizaguirre sustituye a José Luis Regalado en el TD2. Víctor Guerrero se incorpora como editor del informativo matinal y Josefa Paredes pasa a ser directora de Informativos de rtve.es.

Los cambios no son vistos con agrado por buena parte de la redacción, pero en estos primeros momentos responden –al menos en apariencia– a la necesidad de rodearse de personas de confianza en el primer escalón de mando. Cierto que han sido desplazados Xabier Fortes (responsable de La noche en 24 horas), Alicia Gómez Montano (directora de Informe Semanal, a quien sucede Jenaro Castro, el editor de Alfredo Urdaci) o Ana Pastor (cabeza visible de Los desayunos de TVE), a los que hay que sumar huida a la Ser de Pepa Bueno, editora y presentadora del Telediario 2 y pronto habrá baile de presentadores y corresponsales. Pero las señales de alarma se producirán meses después, cuando el Consejo de Informativos "expresa su preocupación ante la noticia de posibles contrataciones de personas externas a RTVE para ocupar puestos específicos en la redacción de los Telediarios". "Consideramos –decía el Consejo– que puede tratarse de un paso más hacia la creación de una redacción paralela, siguiendo la pauta de otras malogradas televisiones públicas, como Canal Nou y Telemadrid, por lo que solicitamos la suspensión de cualquier trámite para la contratación de personas externas para desempeñar funciones especialmente sensibles que pueden realizar periodistas de TVE con preparación y experiencia demostrada". Una declaración que es apoyada por quinientas firmas de profesionales.

Entretanto, las denuncias por malas prácticas informativas, con censura de noticias, ausencia de temas desfavorables para el PP y manipulación de múltiples informaciones han ido sucediéndose hasta el punto de que el órgano de representación de los periodistas ofrece una rueda de prensa, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, para "denunciar a la opinión pública la utilización partidista y progubernamental de los Servicios Informativos del medio público" en el que trabajan. "Tras dos años de malas prácticas profesionales, denunciadas de forma reiterada en los informes y dictámenes del Consejo de Informativos, los niveles de manipulación y censura han hundido la credibilidad de TVE y la acercan peligrosamente a los modelos de Telemadrid o Canal 9 –señalaban los profesionales–. La contratación de personal externo y su nombramiento para responsabilidades editoriales, cuando existe personal interno altamente cualificado, supone además de un agravio para los trabajadores, un gasto injustificado al que debe hacer frente toda la sociedad en estos momentos de graves dificultades económicas".

Gundín llega "sin complejos"

En esas fechas, el último trimestre de 2014, abandona la presidencia de la Corporación Leopoldo González-Echenique y le sustituye José Antonio Sánchez, el ex director general de Telemadrid que había protagonizado el despido de más de ochocientos trabajadores. Julio Somoano es destituido de la dirección de Informativos, a la que accede el jefe de Opinión de La Razón, José Antonio Álvarez Gundín, recibido con el exiguo apoyo del 3,75% por ciento de los periodistas de TVE. Los nombramientos de Carmen Sastre y José Gilgado como máximos responsables son contestados por la redacción y el Consejo de Informativos, pero Gundín no tiene complejos a la hora de rodearse de personas adictas a sus instrucciones.

Antes de que acabe noviembre, se les comunica su destitución a los jefes de las áreas de Internacional, Cultura y Sociedad (Diego Arizpileta, Manuel Román y Mavi Doñate, respectivamente). Serán sustituidos por Alejandro Alcalde, María José Ramudo y Francisco Arjona. Inmediatamente, la jefa de Economía, Silvia Rodríguez, dimite ante la decisión de que cesaran sus dos adjuntos, Iñaki Rodríguez y Ángeles Sánchez. En Nacional sigue Javier Alcalá, aunque las dos adjuntas a este departamento, Begoña Alegría y Yolanda Ferrer, también han sido relevadas. Para sustituir a la responsable de Economía se sabrá después que ha sido elegida Cecilia Gómez Salcedo, la firmante en su día del email en el que se descalificaba a varios miembros del Consejo de Informativos.

Tres días después son apartadas de su puesto Silvia García Vega y Cristina Ortiz, adjuntas a la responsable de Sociedad. Al tiempo, han anunciado su dimisión los dos adjuntos de Internacional, Iñigo Herraiz y Carolina Pecharromán. En definitiva, en tan sólo dos días, José Ántonió Álvarez Gundín ha eliminado a jefes y adjuntos de Internacional, Economía, Sociedad, la ya citada Nacional y Cultura.

En los días posteriores se cesa a Ricardo Villa, el creador de la exitosa página web, o al director de RTVE en Cataluña, sustituido por Eladio Jareño, hasta entonces jefe de comunicación de la presidenta del PP catalán. Lo que ya se denomina, dentro y fuera de TVE, como "purgas" llegan hasta la redacción de a pie: Juan Carlos González, la persona que se ocupaba de información laboral y cubría las noticias sobre datos de empleo, es destinado al programa dedicado a las personas sordas.

A las sucesivas purgas se han sumado ahora las contrataciones externas de personal "de toda confianza". Una realidad que resume el Consejo de informativos cuando afirma que "todo parece indicar que, con el dinero de todos los españoles, se pretende crear un aparato de propaganda al servicio del Partido Popular". El órgano de representación de los periodistas concluye que "esta ola de contrataciones sigue, como venimos denunciando hasta hoy, la senda de Telemadrid: arrinconar a los profesionales con trayectoria y sustituirlos por personas sin experiencia en la empresa y afines ideológicamente, comprometiendo así la independencia de TVE". Es lo que en Telemadrid o Canal Nou se conoció como "redacción paralela".

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido este martes a trámite la querella de Fiscalía Anticorrupción contra el expresident de la Generalitat valenciana y diputado consrervador en Les Corts, Francisco Camps, por presunta malversación y prevaricación en la compra de Valmor Sports en el marco de la Fórmula 1, según ha informado el tribunal valenciano en su cuenta de Twitter.

Así mismo, la querella se dirige contra la exconsellera, exsecretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar.

El fiscal centró su querella en Camps al entender que negoció "directamente" con el magnate de la F-1 Bernie Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.

El de Coca-Cola ha sido, de momento, el último de una larga lista de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en grandes empresas anulados por los tribunales. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dado al traste con algunos de los mayores despidos colectivos de la crisis. Jordi Puigbó, socio y coordinador del área laboral de Cuatrecasas, concede que un ERE anulado es “un fracaso”. También un grave problema para una empresa que ha planteado la decisión más drástica, despedir a una gran parte de su plantilla, como único medio para garantizar su viabilidad económica. Y que, de repente, se topa con el imperativo de readmitir a cientos de trabajadores, pagarles meses de nóminas atrasadas –los salarios debidos mientras duró el proceso judicial– y seguir abonándoselas en el futuro como si no hubiera ocurrido nada.

Porque en un punto coinciden Puigbó, del lado de las empresas, y Enrique Lillo, abogado de CCOO y responsable de algunos de los más sonados fallos de nulidad –Coca-Cola, Tragsa, Transportes Buytrago–: si el ERE es nulo, la ley no permite a la empresa más opción que readmitir a los trabajadores a los que despidió, y hacerlo “en las mismas condiciones” que éstos tenían antes del ERE. “Eso no obvia que, en el futuro, se puedan decidir cambios, como movilidad geográfica [traslados], por ejemplo”, advierte el abogado de Cuatrecasas. O que la empresa presente un segundo ERE subsanando los errores que el tribunal descubrió en el primero.

Pero no puede actuar como lo está haciendo Coca-Cola, recalca Enrique Lillo. “Es despotismo industrial”, protesta. La embotelladora de la multinacional ha comunicado a la Audiencia Nacional que readmitirá a 350 trabajadores, pero en otras plantas distintas de las cuatro que cerró tras el ERE y que se niega a reabrir: Fuenlabrada (Madrid, Alicante, Palma de Mallorca y Colloto (Asturias). Lillo cree que Coca-Cola está “desobedeciendo” así el mandato judicial, lo que a su juicio es tan inconstitucional como la desobediencia de Artur Mas al convocar la consulta del 9-N.

Los trabajadores están a la espera de recibir las cartas que Coca-Cola les va a enviar indicándoles cuál va a ser su puesto de trabajo. Lillo explica que esas cartas no “surten efecto jurídico alguno”, por lo que si un trabajador rechaza su traslado a otra localidad o comunidad autónoma, no puede ser despedido. El abogado de CCOO insiste en la “ejecución colectiva” de la sentencia. Y pone como ejemplo a Tragsa, la empresa que intentó ejecutar el mayor ERE de un grupo público, 1.336 empleados, y ha readmitido a los 300 a los que le dio tiempo a despedir antes de que la Audiencia Nacional los anulara. Eso sí, no todos están trabajando. Sobre todo en la filial, Tragsatec, muchos cobran su salario en casa, una opción que la ley permite.

Cuando ya no hay empresa a la que volver

Tanto Tragsa como Coca-Cola han recurrido ambas sentencias ante el Tribunal Supremo, la última instancia a la que pueden acudir. Es también lo que han hecho la mayoría de las empresas con ERE anulados. Desde Freiremar –322 despidos– hasta Atento –672–, pasando por administraciones públicas como el Ayuntamiento de Estepona –176– y dos agencias de la Comunidad de Madrid: la de Protección de Datos –16 trabajadores– y la Pedro Laín Entralgo para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios –77–. Incluso el sindicato UGT de Andalucía ha recurrido ante el Supremo la sentencia que obliga a repetir el juicio por el despido de 159 de sus trabajadores.

Pero es que las empresas se resisten a readmitir a su plantilla incluso cuando la sentencia es firme. Así, la Comunidad de Madrid se niega a cumplir la sentencia del Supremo que la obliga a devolver sus puestos de trabajo a los 16 empleados de la Agencia de Protección de Datos autonómica. Alega que ésta ya no existe y que no puede readmitirlos en otros departamentos, así que ha pedido al tribunal que les permita echarlos con la indemnización de un despido improcedente, 33 días por año trabajado. Otro tanto ocurrirá con los de la Agencia Laín Entralgo, también extinguida por el Gobierno de Ignacio González como parte de su plan de recorte presupuestario.

Habrá que ver igualmente cuál será el futuro de los 892 trabajadores de Transportes Buytrago, cuyo ERE declaró nulo la Audiencia Nacional el pasado noviembre. La empresa ha cerrado tras presentar un concurso de acreedores. En el caso de Canal Nou, la radiotelevisión pública valenciana, el Gobierno de Alberto Fabra decretó su apagón tras anular el Tribunal Superior autonómico el despido de 1.198 personas.

Es decir, una decisión judicial que, en teoría, ganan los trabajadores, puede convertirse en un regalo envenenado. Haya recurso de por medio o no, sobreviva la empresa o haya cerrado, las plantillas quedan en el limbo pese a contar con el respaldo de los tribunales y de la ley.

Una doctrina aún a medias

Desde que el Gobierno aprobó la reforma laboral, en febrero de 2012, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas suman ya un buen corpus de sentencias sobre despidos colectivos. Al menos la mitad de ellas los anulan o los consideran improcedentes. Un porcentaje que las empresas y los despachos de abogados que trabajan con ellas consideran desorbitado. “Si el legislador hubiera previsto en 2012 que el número de nulos iba a ser tan elevado, quizá la solución [legal] habría sido diferente”, lamenta Jordi Puigbó.

El abogado de Cuatrecasas se queja de la inseguridad jurídica que ha supuesto para las empresas la “dispersión de criterios jurídicos” de estos dos años de reforma laboral. Será en 2015, avanza, cuando empiece a crearse “una doctrina consolidada”: entonces el Tribunal Supremo tendrá que dictaminar sobre los recursos de las grandes empresas citadas.

Para Puigbó, recurrir un ERE nulo es una mala decisión. “La única buena”, apunta, “son los acuerdos alcanzados durante el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores”. El laboralista explica que optar por el recurso o decidir si los despedidos regresan a su puesto de trabajo o se les paga en sus casas es un problema básicamente “de costes, de hacer números”. También una cuestión jurídica. “Depende de la viabilidad del recurso, deben estudiarse las posibilidades que tiene de prosperar”, asegura. Y de tiempo: el Supremo nunca tarda menos de un año en resolver.

Donde no entra Jordi Puigbó es en señalar a quién hay que culpar cuando un ERE de una gran empresa con los mejores directivos, preparado por prestigiosos despachos de abogados, termina estrellándose en los tribunales. ¿A la propia empresa, a los letrados, a los jueces, a la ley? “Para las empresas no es fácil abordar estos procesos, que requieren de un importante despliegue de medios jurídicos”, zanja. infoLibre se ha puesto en contacto también con el bufete Sagardoy, responsable del ERE de Coca-Cola para recabar su opinión, pero ha declinado hacer declaración alguna al respecto.

Fabra realizó un trabajo sucio por el que no ha obtenido rédito alguno. De hecho, asumió el discurso de fondo de la oposición respecto al monstruo televisivo ingobernable con una deuda de 1.200 millones, una audiencia por debajo del 5% y una plantilla saturada (1.600 trabajadores) tras años de enchufismo del PP. El president aseguró en su día que cerraba Canal Nou para no tener que hacerlo en escuelas y hospitales. Una retórica que no ha podido demostrar. Tampoco sus cálculos. Anunció 115 millones anuales de ahorro, pero en 2015 llevará gastados cerca de 300 para liquidar el ente público. Se mire por donde se mire, un negocio ruinoso.

Una tele por 3,2 millones

Las alternativas de Fabra tampoco han cuajado. Intentó negociar, sin éxito, una desconexión de dos horas con Televisión Española a través de su segundo canal. Sin más terreno que recorrer, ha quedado cautivo de su compañero de partido y presidente de la Diputación de Valencia, Alfons Rus, quien este martes anunció la puesta en marcha a partir del 1 de enero de una televisión provincial valorada en 3,2 millones y que generará 30 empleos. El superávit de la Corporación le ha permitido ajustarla a los presupuestos. “Es una necesidad que demandan los alcaldes y vecinos”, explicó Rus y precisó que se centrará en fiestas y tradiciones, gastronomía, bandas de música “y bous al carrer”.

Y aunque destacó que será “abierta y sin razón política”, también recalcó que se emitirá “lo que haga la Diputación”. Es decir, según José Manuel Orengo, portavoz socialista en la Corporación, “autobombo del PP con dinero de todos los contribuyentes y con Rus todo el día inaugurando polideportivos y destapando placas”.

Pero no es esta la única crítica de la izquierda. Según denuncia Orengo, el pliego de condiciones del contrato, que se cerrará el 28 de noviembre, se ha negociado “de espaldas” a la oposición y esconde un posible “dedazo” a empresas próximas al PP.

De hecho, las principales condiciones son la de emitir 13 horas diarias con una programación del 90% en valenciano y llegar al 95% de la provincia, requisitos que sólo pueden cumplir dos emisoras: Mediterráneo y Beovisión. Esta última, impulsada por el empresario Ángel Raga, se hizo recientemente con el alquiler del canal de la TDT de Las Provincias tras obtener el permiso del Consell. Raga emite en la práctica a nivel autonómico gracias a convenios con ocho televisiones locales y mantiene una relación próxima, sin disimulo, con Alfons Rus.

Este empresario es el administrador de Producciones Mecomlys que, en unión a Endora y Videac, obtuvo la titularidad de buena parte de la programación de Canal Nou antes de su cierre. Raga también posee los estudios Galaxia, desde donde emitía Tele 7, el canal de José Luis Ulibarri, constructor imputado en Gürtel por el saqueo de 7,4 millones de la radiotelevisión pública valenciana durante la visita del Papa a Valencia el verano de 2006.

Polémico y populista

Por todas estas razones, Orengo entiende que la nueva televisión del PP provincial “está bajo sospecha”. Un canal que también ha recibido críticas de la mesa sectorial del audiovisual valenciano y del comité de empresa de RTVV. Tras su anuncio, muchos ven la necesidad de Alfons Rus de amortizar su poder y posicionarse en la disputa interna ante la posible derrota electoral de Fabra.

En ese sentido, Rus nunca ha ocultado su ambición por medrar. Una actitud tan elocuente como sus polémicas y salidas de tono. Él fue quien protegió a los militantes de Nuevas Generaciones que se fotografiaron con el brazo en alto y exhibiendo banderas franquistas. “Es un chiquillada”, minimizó. Y tuvo que declarar en los juzgados por tachar de “gilipollas” a los profesores universitarios críticos con el PP, a los que sugirió la necesidad de “rematarlos”.

Populista y lenguaraz, Rus llamó “burros” a sus propios votantes por creerse que llevaría la playa hasta Xàtiva, ciudad de la que es alcalde y a 40 kilómetros del mar. Y cuando inauguró un parque en el río Clariano de Ontinyent y los discapacitados se quejaron por la falta de accesibilidad, propuso poner cuerdas para bajarlos. Pero quizá su exabrupto más sonado fue la censura en 2010 de una exposición en el MuVIM (Museu de la Il·lustració i la Modernitat) donde salían fotos de la Gürtel. Aquello provocó la dimisión del director, Román de la Calle. Entonces Rus nombró como sustituto a una alcalde del PP y atacó a los fotógrafos: “Si quieren hacer apología del caso Gürtel, que lo hagan en su casa”.

Se trata de instalar, de una vez por todas, la tesis inscrita en el ADN del Partido Popular: el Estado no debe intervenir en ningún terreno en el que pueda hacerlo la iniciativa privada. Enlaza así con el tsunami privatizador que durante los gobiernos de Aznar despojó la titularidad ciudadana de Telefónica, Argentaria, Repsol, Endesa, Iberia, Altadis y un largo etcétera. Ya entonces convivían en el PP los que realizaban la apuesta imbuidos de fe ultraliberal y un sector más pragmático, adherido a la doctrina por las posibilidades de negocio que acarreaba para sí mismos, para sus familiares, amigos, compañeros de pupitre, de carrera, o de oposición. Nacía una nueva cúpula dirigente encabezada por los Villalonga, Pizarro, Blesa, Francisco González y tantos otros, que se encumbraban no por herencia o méritos, sino por pura y simple cercanía a quienes ostentaban el poder político. Ya bajo el Gobierno de Rajoy, el ataque privatizador se ha centrado en la Sanidad y la Educación públicas, acosadas por recortes temerarios, contra los que han salido a la calle mareas blancas y verdes que han conseguido frenar en parte el pretendido despojo.

En el caso de las radios y televisiones públicas, el Gobierno encabezado por Rajoy aprueba, nada más tomar posesión, los cambios necesarios para que las de titularidad autonómica puedan ser privatizadas, y para que en la estatal los responsables puedan ser elegidos sin necesidad de consenso parlamentario, e imponer así su mayoría absoluta. Con esa normativa ad hoc, el PP tendría las manos libres para desmantelar RTVE y despojar a los ciudadanos de la titularidad, bien sea por traspaso a manos privadas, bien por la simple y llana desaparición. Para este objetivo final, Gobierno y partido diseñan una estrategia de pasos sucesivos que, tras casi tres años de legislatura, pueden ser enumerados.

1. Bajada de presupuesto. Privada de ingresos publicitarios (por graciosa concesión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la patronal de las televisiones privadas), las cuentas de RTVE son rehenes de la aportación del Estado, vía Presupuestos Generales. En concreto, el Gobierno del PP la ha disminuido en 112 millones de euros en 2012, 113 millones en 2013, y 134 más en 2014, hasta llevar a la empresa al colapso financiero y provocar la renuncia del presidente designado en junio de 2012.

2. Devaluar la programación. La merma de presupuesto se traslada a la programación. Se compran menos y peores lotes de películas y series extranjeras, se rechazan proyectos y ofertas de producciones españolas y se minimiza la compra de derechos deportivos de gran audiencia, como la Fórmula 1, el motociclismo, el tenis internacional, la Liga de fútbol, la Champions League, los Mundiales y Eurocopas, etcétera. Se llega incluso a guardar en la videoteca series y películas ya adquiridas, para que su emisión no repercuta en el ejercicio contable.

3. Informativos gubernamentales. Los servicios informativos se ponen al servicio del Gobierno. La pérdida de pluralismo se concreta en la omisión de lo que pueda perjudicar la imagen gubernamental, la exaltación de los logros y la censura frente a las críticas. Se pone al frente a "personal de confianza" y se invita a debates y tertulias a profesionales cercanos al PP.

4. Sin capacidad de competir. Una programación sin productos de interés mayoritario y unos informativos sin credibilidad se traducen en una escasa capacidad de competir con las cadenas privadas. Ni siquiera se obtiene ventaja con la ausencia de cortes publicitarios. A día de hoy, TVE se muestra incapaz de ofrecer alternativas a los estrenos y trasmisiones de Telecinco y Antena 3 y carece del desparpajo e inmediatez que nutre buena parte de la parrilla de La Sexta y Cuatro.

5. Desplome de audiencia. De alternarse, o superar, a las dos grandes cadenas privadas en el liderazgo hasta 2011, TVE se sitúa en este año entre tres y cinco puntos por detrás. Ya juega en segunda división, seguida a tan solo dos puntos por La Sexta y Cuatro. Los resultados son aún peores si se compara el grupo TVE con Mediaset y Atresmedia. El anquilosamiento de La 2, el escaso interés de las trasmisiones minoritarias de Teledeporte y la falta de pluralismo del 24H dejan a Clan como único canal de referencia cierta en su segmento de espectadores.

6. Crear mala imagen. Al dejar de ser, tanto TVE como RNE, medios de referencia, es fácil que los ciudadanos aumenten las críticas. Los razonamientos pueden ser acusados de simplistas, pero han calado en una parte sustantiva de la opinión pública. Muchos se preguntan para qué mantener ese gasto en plena crisis económica, un argumento que, de manera torticera, utilizó el presidente valenciano cuando justificó el cierre de Canal Nou diciendo que con ese dinero podía crear escuelas y hospitales, de los que no hemos vuelto a saber nunca más. También se opina que "es mala" y "no la ve nadie", al tiempo que se habla de sus trabajadores como "privilegiados, que no hacen nada, y tienen el sueldo seguro". En consecuencia, se produce una mala imagen para facilitar que la pérdida de una propiedad ciudadana sea vista como una eliminación conveniente.

La RTVE que encuentra Sánchez

El golpe de timón que supone la vuelta de José Antonio Sánchez a la dirección de RTVE no es sino la reafirmación de los planes del PP, urgidos además por la cercanía de elecciones municipales, autonómicas y generales. Conllevará –al menos así lo temen los partidos de oposición y los propios trabajadores– un férreo control de los Informativos, un actuar “sin complejos” en la censura y manipulación para exaltar las bondades del Gobierno y teñir de optimismo la penosa realidad que soportan buena parte de los ciudadanos.

Sin embargo, la situación en España es muy distinta en este otoño a la de aquel de 2011 en que Mariano Rajoy ganaba las elecciones y obtenía la mayoría absoluta en las Cortes. Tres años de compromisos electorales incumplidos, de nuevos aumentos de paro y corrupción política, de recortes sociales y restricción de libertades públicas, han alumbrado un nuevo escenario político, en el que, mientras el PSOE lucha por renovarse, ha aparecido Podemos, una formación nacida del rechazo a la política heredada de la Transición, que aglutina a desencantados con su antiguo voto y abstencionistas habituales, para reclamar en plazas, calles y asambleas ciudadanas participar activamente en las decisiones, clamar por más democracia y exigir una política hecha por y para la gente. Los resultados obtenidos en las elecciones europeas y las expectativas de apoyo que recibe en todas las encuestas garantizan la apertura de un tiempo nuevo y distinto, muy lejos de la simple alternancia entre PP y PSOE vigente desde hace casi 40 años.

Cambios en la situación general y cambios en los medios de comunicación, con los privados buscando el favor del poder político (lo que ha desencadenado el abandono casi total de tradiciones de independencia) y los públicos trasmutados en órganos de propaganda de los gobiernos. En el caso de RTVE, los responsables nombrados por el PP han llevado a una deriva concretada en pérdida de credibilidad y audiencia. No obstante, la realidad interna de la corporación ha experimentado una profunda transformación en estos tres años y la RTVE que encuentra José Antonio Sánchez tiene elementos diferenciales muy alejados de la que dejó tras su cese en 2004. Es incluso muy distinta de la que había cuando Rajoy y el PP llegaron al poder.

Para comenzar desde fuera, hay que resaltar los ejemplos de Canal Nou y Telemadrid, ambas empresas públicas bajo gobiernos del Partido Popular. En el primer caso, a la utilización de la radio y televisión pública como servicio de propaganda del Gobierno valenciano, se sumó la utilización de la empresa como intermediario y cómplice de todo tipo de corruptelas de los sucesivos gobiernos del PP, investigadas –y en algunos casos ya condenadas– por la Justicia. Los trabajadores, salvo excepciones individuales, no reaccionaron hasta que el cierre fue inminente.

En Telemadrid, la manipulación orquestada por los gobiernos de Aguirre y González, así como los contratos onerosos con Enrique Cerezo, han contado desde el primer día con la denuncia de los trabajadores, movilizados en defensa de una radio y televisión pública gestionada con transparencia y que contara la realidad a los madrileños. Tras los despidos de tres de cada cuatro empleados, es hoy una cadena desprestigiada e irrelevante en el panorama mediático y entregada a empresas externas.

Se trata, en definitiva, de dos desgraciados ejemplos que, paradójicamente, han servido para poner en guardia a los trabajadores de RTVE y que confluyen en una realidad que tiene estos grandes rasgos:

1. Unidad sindical en el rechazo. Las secciones sindicales de CCOO y UGT, mayoritarias y enfrentadas durante la negociación y firma del convenio colectivoconvenio colectivo, han manifestado, desde que se anunció la vuelta de Sánchez, su intención de trabajar unidas en la defensa de una RTVE pública, relevante y de calidad. En esa dirección, CCOO afirma que con el nombramiento "se ponen todas las piezas para desmantelar la radio y televisión pública golpeando el empleo, la estructura y la credibilidad de esta empresa". Y añade: "Si queremos pararlo, es necesaria la unidad de todas y todos los trabajadores y de todos los sindicatos. Por encima de los intereses de unos y otros debemos luchar juntos por el futuro de CRTVE y por el mantenimiento de los puestos de trabajo".

Por su parte, UGT se compromete a "apoyar y organizar cuantas acciones se propongan desde al colectivo de trabajadores para llegar a toda la sociedad y poner en evidencia que el PP quiere acabar con la Radio Televisión Pública".

2. Seis años de información libre. Los Informativos de RNE y TVE tenían una tradición de subordinación al poder político. Con unas épocas menos asfixiantes que otras, telediarios y diarios hablados han actuado si no al dictado, sí bajo el control gubernamental. Pero la designación de cargos por consenso provocó un aire nuevo, concretado, en el caso de TVE con la llegada a la dirección de Informativos de Fran Llorente y su impulso para confiar en los criterios profesionales de los distintos responsables. Los telediarios durante seis años se comprometieron –no sin lucha para conservar la independencia– con la información veraz y plural, respeto al Estatuto de RTVE y a las decisiones profesionales. Obtuvieron premios nacionales e internacionales, pero quizás la mayor recompensa fue que quedaron como modelo de periodismo libre y referencia de cómo un medio público podía servir a la ciudadanía.

3. Rebelión de la redacción. Los periodistas que nutren hoy la redacción de TVE han conocido esa etapa que sea acaba de citar: "¡Somos los mismos que hacíamos los mejores telediarios del mundo!", exclamaban algunos de ellos al constatar el desplome de credibilidad y audiencia en los dos últimos años. Y esa convicción les ha llevado a protagonizar protestas y denunciasprotestas y denuncias contra la dirección impuesta por el PP, canalizadas y encabezadas por el Consejo de Informativos, órgano elegido por los periodistas, que no ha cesado en señalar cada caso de manipulación o censura. La nostalgia por el inmediato pasado en libertad y el ansia por recobrar la dignidad profesional estallaron con la mayoría de la redacción puesta en pie para imponer una información equilibrada de la renuncia de Leopoldo González Echenique y se plasmó en 1.500 firmas de adhesión al manifiesto Ante una situación límite, promovido por el Consejo de Informativos.

4. Ciudadanos hartos de manipulación. Junto a los distintos colectivos de trabajadores de RTVE y a sus denuncias profesionales, es la propia ciudadanía la que muestra su enojo por la información mediatizada políticamente. Día a día, en los medios de comunicación aparecen referencias críticas ante el tratamiento dado por RTVE a la Diada, a la eclosión de Podemos o a la ocultación de informaciones de la realidad española desfavorables al Gobierno. En todas las redacciones se reciben múltiples correos con comentarios que muestran a las claras el rechazo y claman por el pluralismo y la veracidad. La demanda hace tiempo que ha traspasado el ámbito profesional, para convertirse en una exigencia ciudadana, difícil de ignorar.

5. Aislados de Europa. Los grandes países de nuestro entorno, miembros de la Unión Europea y más cercanos en población y cultura a España, mantienen una radio y televisión pública de gran peso. Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia son titulares de empresas de comunicación solventes en lo económico, gracias a financiaciones mixtas, en las que un canon garantiza buena parte de los ingresos imprescindibles. En todos los casos, líderes o no de audiencia, se sitúan en primera línea de competencia con los canales y emisoras comerciales. También coinciden en su independencia respecto a los gobiernos, incompleta y sujeta a crítica en Italia, pero incuestionable en el resto. En natural consecuencia, BBC, ZDF y ARD, France 2 y RAIson emblemáticas en sus respectivos países: para británicos, alemanes, franceses o italianos, la posibilidad de que desaparezcan o pierdan peso o independencia sus cadenas públicas es impensable, al punto que ninguna formación política lo incluye en sus programas, ya que se considera propio de sociedades poco desarrolladas y carentes de tradición democrática.

Al PP le va a faltar tiempo

A todo el análisis anterior hay que sumar una circunstancia categórica, que por sí sola inhibirá los planes liquidadores o privatizadores del Partido Popular: resta poco más de un año de legislatura. Un lapso de tiempo muy estrecho para que puedan aplicar soluciones como el cierre de Canal Nou o una abrumadora reducción de plantilla y relevancia pública (caso de Telemadrid). En una democracia como la española, decisiones unilaterales del Gobierno y su mayoría parlamentaria estarían sujetas a recursos judiciales en las distintas instancias, que provocarían incluso, en el caso de llegar al Tribunal Constitucional, una suspensión cautelar de un posible cierre o ERE desproporcionado. La paradoja a la que se enfrentan el PP y el Gobierno de Rajoy es que la misma cercanía electoral que les ha llevado a acentuar, vía José Antonio Sánchez, la presión intervencionista en RTVE, les maniatará planes de mayor trascendencia.

Así las cosas, Montoro podrá plantear, so pretexto de un ahorro imprescindible, un menor coste de programación (que agravaría el desplome de audiencia), o una amplia reducción de plantilla (previa denuncia del convenio colectivo, que garantiza la estabilidad en sus empleos a los 6.400 trabajadores hasta finales de 2015), pero encontrará la resistencia unitaria de los representantes sindicales, lo que supondría soportar el desgaste político de movilizaciones, huelgas, pantallas a negro y repulsa ciudadana.

Más factible, en principio, parece la consagración sin complejos de los Informativos a las directrices propagandísticas de la derecha, pero la denuncia y oposición de los profesionales y de sus órganos de representación pueden convertir en un peligroso bumerán cada ejemplo de manipulación o censura.

En cualquier caso, descartados el cierre o la privatización por falta material de tiempo, las medidas de adelgazamiento de RTVE y la anulación completa del pluralismo en los informativos serán tan conflictivas como reversibles por parte del Parlamento que surja tras las elecciones generales de 2015. De aquí a entonces, Gobierno y PP podrán ganar escaramuzas parciales, pero perderán la guerra contra la radio y la televisión públicas.

Casi mil quinientos trabajadores de TVE han apoyado con su firma el documento Ante una situación límiteAnte una situación límite, elaborado por el órgano de representación de la redacción, y en el que se denuncia ante la opinión pública la utilización partidista y al servicio del Gobierno de los informativos de la televisión pública. En una rueda de prensa, que tuvo lugar este miércoles en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, los miembros del Consejo de Informativos calificaron de "masiva" la participación –"sobre todo en estos difíciles momentos"– y recordaron que en las precedentes no se habían superado las cuatrocientas. "Han firmado todo tipo de trabajadores, incuidos corresponsales en el extranjero, presentadores, editores o adjuntos a jefes de área". Puedes consultar aquí el texto en PDF.

El presidente del Consejo, Alejandro Caballero, aclaró que no son "un sindicato, o una tendencia política, sino un órgano institucional de la Corporación RTVE", y como tal reiteró que su principal preocupación es que se cumpla la ley, que "asegura una información plural y veraz". "Llevamos –dijo– casi dos años avisando internamente de su incumplimiento. Han sido múltiples los comunicados y las conversaciones para intentar reconducir los Informativos. Pero no han sido suficientes, por eso hacemos hoy esta comunicación pública".

Caballero habló de casos de "manipulación y censura intolerables" como el tratamiento de la Diada, y puso el ejemplo de Los desayunos, que ofreció más de treinta y cuatro minutos de intervenciones contra la consulta del 9-N y tres minutos a los que aportaban opiniones favorables. Otro caso que citó es el referido a cómo, tras las elecciones europeas, TVE ha sido la única cadena que no ha invitado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a ninguno de sus espacios informativos: "Es un ejemplo evidente de censura, que se mantiene hasta hoy". Sin remontarse al pasado, más o menos lejano, contó la situación de este mismo martes, en el que el Telediario 1 tenía previsto una información sobre el rechazo en primera instancia del nombramiento de José Antonio Sánchez, que a cierta hora desapareció de la escaleta, y que fue finalmente emitida tras las protestas contra la supresión.

Para el vicepresidente de Consejo, Xabier Fortes, el momento actual de TVE lleva a tres conclusiones. Primera, es necesario acabar con esta deriva que nos puede llevar a una situación de deterioro informativo como la que se ha producido en Telemadrid. Segunda, es imprescindible un compromiso político para desgubernamentalizar RTVE, a imagen y semejanza de los medios públicos de Gran Bretaña, Alemania, o Francia. Por último, se necesitan gestores y directivos con pasado de prestigio profesional e independencia, exigencia que "casa mal" con el inmediato acceso a la presidencia de una persona tan controvertida como José Antonio Sánchez, que fue director general en los momentos más duros y negros de manipulación, de 2002 a 2004.

Los "malos ejemplos de Telemadrid y Canal Nou"

Los diversos portavoces insistieron en que las protestas "parten de los redactores de a pie" , que son quienes sufren en primera instancia la situación. La sensación, una y otra vez destacada en la rueda de prensa, es que existe un temor generalizado a los "malos ejemplos de Telemadrid y Canal Nou". En este sentido, Caballero afirmó que "en TVE se lleva dos años protestando y denunciando, no es algo de última hora como ocurrió con la televisión de Valencia". Otro punto en el que se insistió es en la creación de una "redacción paralela", concretada –tal y como dijo Fortes– "en puestos de mando clave de los principales espacios informativos, con personas procedentes de Telemadrid en su gran mayoría, y que en más de un caso han demostrado, además de partidismo, incapacidad profesional".

Aunque los presentes representaban en exclusiva a TVE, el presidente del Consejo de Informativos destacó que "en la defensa de la radio y televisión pública, los compañeros de Radio Nacional participan al mismo nivel de repulsa hacia la manipulación que los de TVE, tal y como se puso de manifiesto con el comunicado conjunto de TVE, RNE y RTVE.es ante el anuncio de nombramiento de José Antonio Sánchez". De hecho, el Consejo de RNE hizo pública este miércoles una nota en la que, tras mostrar el apoyo al acto de los compañeros de TVE, "constata, critica y lamenta que en los últmos tiempos RNE no esté sabiendo estar a la altura del servicio público que le encomienda el Estatuto y que demandan los ciudadanos. Y nos inquieta más porque no son los profesionales los que no dan la talla, sino quienes tienen que tomar las decisiones. Una falta de calidad que no podemos permitirnos nunca... pero menos en un momento en que tenemos que demostrar que es imprescindible e insustituible".

Preguntados sobre los pasos que darán en el inmediato futuro, aclararon que el escrito con las firmas pasará a la dirección, de la que esperarán "respuesta con hechos, a veces reconocen errores, pero los actos siguen yendo en la misma dirección. No es cuestión de personas, sino de modelo: en el que se impuso en 2006 se consagraba la independencia y el pluralismo, y en el actual, no".

¿A qué empresa se le permite tener deudas con Hacienda, recibir subvenciones públicas, ayudas directas, recalificaciones de terrenos e incluso se le alquila el lugar de trabajo a un precio ínfimo, pero además es deficitaria y sus trabajadores son los mejor pagados del mundo?

Sin duda, se trata de los equipos de fútbol españoles, empresas privadas que todavía hoy, y pese a la taxativa prohibición de la Unión Europea, reciben ayudas directas de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. 

Para sortear la limitación de la normativa europea, los equipos de fútbol españoles han creado una fórmula que permite eludir el control comunitario. Poner en marcha fundaciones, que son las que reciben las subvenciones de las administraciones públicas. Además, los propios poderes públicos han ayudado a la picaresca de los dirigentes de las sociedades anónimas deportivas, concediendo las ayudas mediante empresas de capital público y no directamente desde la Administración.

3.573 millones de deuda

Pero pese a esta lluvia de millones de euros públicos, los equipos españoles, sean sociedades anónimas o no, siguen manteniendo elevadas deudas. El pasivo global se fijó recientemente para la temporada 2012-2013 en 3.573 millones, un 5,3% menos que el ejercicio anterior. Sólo las deudas con Hacienda de los equipos que son sociedades anónimas superan los 500 millones.

El endeudamiento de los equipos del fútbol español se ha incrementado pese a que en 1992 se aprobó la denominada ley del fútbol, mediante la cual se obligaba a los equipos deficitarios a convertirse en sociedades anónimas deportivas. El resto –Real Madrid, FC Barcelona, Osasuna y Athletic de Bilbao– pudieron mantener su estatus de clubes, controlados por los socios.

"La deuda de todos los equipos antes de la Ley del Deporte rondaba los 170 millones, una cantidad que un equipo de Segunda División, el Real Zaragoza, tenía hace cuatro años antes del concurso de acreedores", comenta José Ángel Zalba, expresidente del Real Zaragoza. Bajo su mandato, el equipo maño creó una ciudad deportiva, logrando ser subcampeón de Liga y de Copa. 

Ley del fútbol

En 1992 dejó la presidencia del Real Zaragoza, que se había clasificado para la competición europea de la UEFA. "Hay una diferencia enorme entre un club y una sociedad anónima deportiva. En el caso de una decisión de una administración pública que favorece a una sociedad anómina, al final el beneficiado es el empresario. Por ejemplo, los dos equipos de Madrid; no es lo mismo recalificar el estadio a los socios del Real Madrid que hacerlo a la familia Gil y a Enrique Cerezo", destaca Zalba, que es presidente de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), que incluye a asociaciones de pequeños accionistas de equipos como el Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Espanyol, Valencia, Betis o Sporting de Gijón.

Esta semana, un juez de Madrid permitió que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) acordara el descenso administrativo del Real Murcia. El equipo pimentonero no cumplió las ratios de déficit exigidos. El principal accionista del club, el empresario Jesús Samper, mantiene una deuda cifrada en unos 30 millones.

Imputados en Murcia

Pero este pasivo se produce después de que el Ayuntamiento de Murcia adjudicara al propio Samper la construcción de un nuevo campo de fútbol. La expansión urbanística de Murcia por el norte, con la recalificación de suelos rústicos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreció a determinados empresarios que según la Fiscalía pudieron haber pagado comisiones ilegales a algunos políticos y técnicos del Ayuntamiento murciano.

Por este caso están imputados el propio Samper y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP). La ciudad de Murcia cuenta ahora con un estadio moderno, con una capacidad para 31.500 personas que podría albergar partidos internacionales. Aunque la asistencia media de los aficionados del Real Murcia en la pasada campaña, en Segunda División, apenas llegó a las 9.000 personas.

Según un informe de la Intervención General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia ascendería a unos 300 millones. Pero el caso del Real Murcia, por su reciente descenso administrativo, no es más que la punta del iceberg del despilfarro del fútbol.

El recuento realizado por infoLibre de ayudas, exenciones y recalificaciones elevan los beneficios obtenidos por los equipos de fútbol a un mínimo de 1.500 millones. Destacan los 392 concedidos por la Generalitat Valenciana a los conjuntos de la comunidad, sobre todo al Valencia CF; los 270 de Telemadrid y Caja Madrid al Atlético de Madrid y Getafe; los 385 de la Ciudad Deportiva del Real Madrid o los más de 100 de las entidades y administraciones vascas para la construcción del nuevo San Mamés. En cuestión de pelotazos urbanísticos, el FC Barcelona ya tiene el suyo, con un beneficio probable de hasta 300 millones de euros.Televisiones autonómicas

Llama la atención que las televisiones autonómicas, especialmente las más endeudadas como la valenciana, la madrileña y la catalana, hayan desembolsado cientos de millones para comprar los derechos audiovisuales de los respectivos equipos. Por ejemplo, y según los datos aportados por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV, la marca valenciana de IU), Canal 9 pagó 234 millones en una década por los derechos televisivos de los equipos valencianos. En total, la Generalitat ha sufragado a esta empresas privadas con 392 millones, por todos los conceptos.

En concreto, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concedió avales por 118 millones. Ante el impago de las deudas, los avales han provocado que la Comunitat se haya convertido en accionista de los equipos, caso del Elche, del Hércules y del Valencia CF. De los 118 millones, 81 fueron para el Valencia. En este caso hay pendiente una disputa judicial entre Bankia, la entidad prestamista, y el avalista, que fue la Generalitat.

El caso del Valencia es paradigmático de la intervención con dinero público. Tras recalificar el nuevo estadio de Mestalla, el club anunció la paralización de las obras, con el consiguiente quebranto para las cajas de ahorros que prestaron el dinero, como Bankia, que ha tenido que ser rescatada con más de 22.400 millones de euros.

Además, las condiciones de la venta del Valencia al empresario de Singapur Peter Lim incluyen una refinanciación por parte de Bankia de los 230 millones de la deuda del club (incluyendo la de la fundación asciende a 320 millones) a un plazo de 15 años, con tres de carencia en los que no pagará capital.

La Generalitat Valenciana ha pagado al Villarreal CF cerca de 20 millones en cinco años por anunciar en su camiseta el aeropuerto de Castellón, que todavía no se encuentra en funcionamiento. Hace menos de dos semanas, el CD Castellón recibió otros 660.000 euros de los atrasos de este contrato con el aeródromo promovido por el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel. En total, este club de Tercera División que está en concurso de acreedores ha recibido 2,42 millones del aeropuerto de Castellón desde 2006.

Asimismo, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana abonó 10,1 millones a cuatro clubes. En concreto, 7,83 millones al Villarreal, 1,77 millones al Levante, 522.000 euros al Elche y la misma cantidad al Castellón.

Pese a este chorro de millones públicos, el Valencia mantiene una deuda de 320 millones, el Villarreal de 267,4 millones, el Levante de 98,4 millones y el Hércules de 46,3 millones. 

Telemadrid y Caja Madrid

En la Comunidad de Madrid, Telemadrid y Caja Madrid adquirieron los derechos audiovisuales televisivos del Atlético de Madrid y del Getafe para cinco temporadas, desde la 2009/2010, por un montante de 270 millones. Y lo hicieron a pesar de disponer de informes en los que se afirmaba que esa operación generaría pérdidas. Los documentos prueban que la inversión sólo se recuperaría a partir del octavo año, pese a lo cual aceptaron firmar un contrato por sólo cinco temporadas.

El Atlético de Madrid recibió otros 24 millones por la publicidad de Telemadrid en sus camisetas. El equipo del Vicente Calderón mantiene una deuda de 549 millones de euros y el Getafe de 46,2 millones.

Por su parte, TV3 ha patrocinado al FC Barcelona con 15 millones y al RCD Espanyol con otros 10 millones en los últimos cinco años. En total, la televisión pública autonómica ha destinado 25 millones de su presupuesto para publicitarse en las camisetas de los clubes de fútbol de la Primera División de la Liga de Fútbol Profesional durante un lustro.

FC Barcelona y Espanyol

Pero además, y según las cuentas de TV3 de 2010 y los primeros meses de 2011, publicadas por el diario El País, la cadena catalana gastó hasta 24 millones para patrocinios del FC Barcelona y 13 para la UEFA. El RCD Espanyol obtuvo otros 4,6 millones en ese año y medio. La cadena tenía un contrato de menor cuantía con la Unió Esportiva Lleida (0,27 millones).

La deuda del FC Barcelona está estimada, al igual que la del Real Madrid, en unos 900 millones. La del Espanyol es de 187,8 millones.

Ante este torrente de dinero público, la Unión Europea ha abierto un expediente para investigar a siete clubes españoles al considerar que se han podido beneficiar de apoyos públicos incompatibles con las normativa comunitaria. El Real Madrid, el Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Osasuna son investigados por su estatus fiscal, pues son los cuatro clubes de Primera que no son sociedades anónimas, algo que según la denuncia presentada por el Bayern de Múnich podría darles ventaja.

Asimismo, Bruselas investiga al Valencia, al Hércules y al Elche por las ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas. Además, el Real Madrid es investigado por la permuta de terrenos para la construcción de su ciudad deportiva, y el Athletic por la ayudas para construir el nuevo San Mamés.

Millones para San Mamés

El club vizcaíno tuvo que desembolsar 50 millones, aunque de esta cantidad 17 millones procedían del valor del terreno del antiguo campo. La misma cifra aportó la Diputación Foral de Bizkaia. Por su parte, el Gobierno vasco y la BBK dieron otros 50 millones cada uno, y el Ayuntamiento de Bilbao 11 millones.

Pero el Athletic, con un déficit de 79,3 millones, no es el único conjunto vasco beneficiado por las autoridades. La Diputación Foral de Gipuzkoa, según un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, perdonó en 2009 un total de 50 millones a la Real Sociedad a través de subvenciones directas, de exenciones de impuestos y de condonaciones de multas. Además, el Gobierno vasco financiará con 10 millones la remodelación del estadio de Anoeta.

El Tribunal de Cuentas vasco hizo público hace unos meses un informe con todas las subvenciones concedidas por el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales entre 2007-2011. En él, las ayudas a los clubes deportivos sumaban unos 42 millones. El Athletic se llevó 13,3 millones y la Real Sociedad ingresó 7,7. En esa relación no se tenían en cuenta los apoyos para las obras en estadios (San Mamés y Anoeta) ni los aplazamientos de pagos a Hacienda ni otras líneas de financiación.

Santiago Bernabéu

El Real Madrid está siendo investigado por la Comisión Europea por la recalificación de la antigua ciudad deportiva. En 1998 Ayuntamiento y Real Madrid firmaron un convenio urbanístico para el desarrollo de la zona donde estaba la antigua Ciudad Deportiva. En esta operación, el club blanco recibiría 385 millones y terrenos en concepto de permuta.

La UE también analiza la operación urbanística conocida como esquina del Santiago Bernabéu. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó la ampliación del coliseo de la Castellana. La modificación puntual del PGOU de Madrid que Ecologistas en Acción recurrió permitía la ampliación del estadio y la construcción de un hotel de lujo, un centro comercial y un aparcamiento subterráneo privados. El problema es que los suelos en el paseo de la Castellana de Madrid son públicos. Según los ecologistas, pasarían a manos privadas "sin que se produzca contrapartida alguna para el conjunto de la ciudadanía".

Al igual que Florentino Pérez, el FC Barcelona ha conseguido un pelotazo urbanístico con la recalificación de su estadio. Según las diferentes informaciones periodísticas, el equipo catalán obtendrá unos beneficios que van de los 250 a los 300 millones de euros gracias a la decisión de reclasificar los terrenos del Miniestadi y del Camp Nou. Con esta ayuda, el equipo azulgrana podrá ampliar su campo, que con el aval de los socios tendrá un aforo de 105.000 localidades.

Vicente Calderón

El Vicente Calderón, del Atlético de Madrid, fue reclasificado por el Ayuntamiento de Madrid. Según el convenio, el club colchonero no iba a obtener ningún beneficio. El equipo de Enrique Cerezo y la familia Gil acabarán siendo los propietarios del estadio de La Peineta, con un aforo para 70.000 espectadores. El Consistorio tiene previsto vender el estadio al Atlético por 41 millones.

Según el Ayuntamiento de Ana Botella, el Consistorio ha recibido desde 2009 miles de entradas para partidos del Atlético de Madrid en las competiciones de Liga y Copa del Rey por valor de entre cuatro y cinco millones como pago anticipado por los terrenos de La Peineta.

En Sevilla, los dos equipos de la ciudad reciben cada uno todos los años 350.000 euros. La Junta de Andalucía firmó el año pasado un convenio para hacer promoción turística en los partidos europeos, por el que pagaron a cada uno de ellos 50.000 euros, más 15.000 euros por eliminatoria superada y otros 30.000 al ganar la competición, tal y como consiguió el Sevilla. El Sevilla mantiene una deuda de 101, millones y el Betis de unos 60 millones.

El caso de los equipos sevillanos es un ejemplo de subvenciones directas del que no se libra ningún equipo de fútbol, independientemente de la categoría en la que se encuentre. Sólo a modo de ejemplo, la Fundación del FC Barcelona recibió en 2012 un total de 230.000 euros de ayudas de la Agencia Catalana de Consumo, un departamento de la Generalitat de Catalunya.

Celta y Deportivo

Pero fuera de la Champions de las subvenciones, en Galicia tanto el Celta como el Deportivo de A Coruña se han beneficiado de la refinanciación de sus deudas con las entidades financieras gallegas. En el caso del equipo de Vigo, Hacienda y Caixanova, ahora Novagalicia Banco, aceptaron una quita de 20 millones. Ahora mismo el pasivo del Celta es de unos 7 millones de euros. Novagalicia Banco, que ha tenido que ser rescatada por el Estado con 9.000 millones, sólo pudo ser vendida por 1.000. Y ahora es accionista de un tercio de las acciones del Celta.

Pese a esta situación, el presidente del Celta, Carlos Mouriño, ha convencido al Ayuntamiento de Vigo y a la Diputación de Pontevedra para que amplíen el estadio de Balaídos. Pero también para que adquieran terrenos en la parroquia de Valladares, que los recalifique y construya una nueva ciudad deportiva para el equipo gallego, que es propiedad del empresario Carlos Mouriño.

Por su parte, el Deportivo acaba de salir del concurso de acreedores. Hacienda admitió una rebaja del 45%, al mismo tiempo que concedió un periodo de 10 años al conjunto para abonar la deuda. Pese a todo, el pasivo del Dépor sigue siendo de 100 millones de euros.

El recurso a los concursos de acreedores

Según el economista José María Gay de Liébana, que presenta todos los años un estudio sobre la situación económica del fútbol español, los equipos se están librando de una parte de sus deudas de una forma "artificial". Lo hacen gracias a los concursos de acreedores, pues los clubes consiguen convencerles de que acepten cobrar menos.

Uno de los equipos que primero recurrió al concurso fue el Sporting de Gijón, ahora en Segunda división. Además, el conjunto asturiano recibió una ayuda municipal, pues el Consistorio gijonés compró en 2001 los campos de fútbol de Mareo y por las marcas del equipo por 12 millones de euros. Este dinero evitó in extremis la desaparición de este equipo, fundado como club de fútbol en 1905.

Asimismo, el Ayuntamiento de Gijón destinó 9,5 millones de euros para remodelar el estadio municipal, que todos los años se alquila por una cantidad "simbólica" al cuadro rojiblanco.

Por su parte, el Real Zaragoza, con una deuda de 100 millones (antes del concurso superaba los 150 millones) se encuentra en una situación crítica. Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, llegó a asegurar que la situación del club malo era "muy, muy delicada. En alerta roja", dijo este directivo.

Nueva Romareda

Al igual que en el caso del Sporting, el Real Zaragoza fue salvado por las administraciones aragonesas. En 2006, el entonces consejero de Economía y Hacienda aragonés, Eduardo Bandrés, dejó su cargo para presidir el Real Zaragoza. Recientemente, el Gobierno de Aragón reconoció la existencia de un aval del año 2004 de un crédito que el club "no está pagando", y el Gobierno de Aragón ha tenido que abonar un millón de euros.

El Racing de Santander, con una deuda de 35 millones tras el concurso de acreedores (antes era de 75 millones), se libró por horas del descenso a la Segunda B, lo que habría supuesto la casi segura desaparición del equipo.

La Asociación de Víctimas del Metro de Valencia 3 de Julio (AVM3J) confirmó esta mañana que va a "seguir luchando" para que se investiguen las causas de lo ocurrido y conseguir que el Gobierno autonómico pida perdón, algo que no sólo solicitan las víctimas, sino "toda la sociedad valenciana".

A los actos de homenaje asistieron miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), yayoflautas y personalidades políticas. Los afectados depositaron flores amenizados por el sonido de un cuarteto de cuerda de fondo. La presidenta de la Asociación, Beatriz Garrote, recordó que hay una instrucción judicial abierta, algo que supone un "refuerzo" a lo que han estado pidiendo durante estos ocho años, con el fin de "saber qué pasó. Que se investiguen las causas del accidente, no solo la responsabilidad del conductor sino que se analice por qué faltaban medidas de seguridad".

Del mismo modo, Garrote señaló que hay tres imputados por esta causa, pero que la asociación exigió que "se sigan ampliando las acusaciones", ya que, precisó,  "la directiva de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV) tenía en su mesa peticiones tanto de los maquinistas como de sindicatos pidiendo estas medidas de seguridad, que destruyeron, facilitando de esta forma que ocurriera el accidente".

En la misma línea, la representante de AVM3J resaltó que para la asociación es también "muy importante" que se asuma una responsabilidad política. "Seguimos esperando que el Gobierno valenciano se digne a revisar los hechos con seriedad y objetividad, asumir los errores y a pedir perdón, no sólo a las víctimas sino al resto de la sociedad valenciana que lo sigue esperando", aseveró. A falta de que esto sea así, continuó, "en este momento hay un expediente abierto en Europa que llevamos el pasado enero, que puede acabar con un debate en el seno del Parlamento Europeo, sobre la manipulación de medios de comunicación y toda la ocultación de pruebas y la falta de información que hubo por parte de la directiva de FGV".

En cuanto al aspecto social, Garrote destacó que desde que el tema llegó "más lejos" con la emisión del programa Salvados de Jordi Évole, la plaza de la Virgen "no ha vuelto a estar vacía". "Sentimos el apoyo de los ciudadanos en la calle y en las redes sociales", agradeció. Por otro lado, hizo hincapié en el concurso que ha impulsado la asociación para realizar un homenaje artístico a los afectados, que se ubicará en el mismo jardín sobre el punto del accidente, para "recordar que algo así no debe volver a suceder jamás".

Mención al Gobierno de la Generalitat

La presidenta de la asociación fue también preguntada por las declaraciones del vicepresidente del Consell de la Generalitat valenciana y conseller de Presidencia, José Císcar, con las que indicó que si los familiares de las víctimas lo han "percibido" así, el Gobierno autonómico no tiene "problemas en pedir disculpas" porque "entiende su indignación". Pese a cómo se enmarcaron esas disculpas, respondió, fue "agradable oír la palabra 'disculpas' en boca de un representante del Gobierno valenciano".

La presidenta de la asociación de víctimas criticó "que la evaluación de los hechos objetiva la debería haber hecho el Gobierno valenciano hace ocho años" y apeló que tenía de haber sido consciente de cómo se manipuló la comisión parlamentaria. Asimismo, denunció la censura del accidente por parte de Canal 9, al analizar por qué ocurrió el siniestro y qué medidas de seguridad no estaban. Garrote insistió también en que ese perdón no sóo lo piden las víctimas, sino que "es algo que está reclamando toda la sociedad valenciana".

Ante esto, planteó que el Gobierno de la Generalitat piense qué rol quiere desempeñar en esta historia, "si un papel indigno en el que se manipula, silencia a las víctimas y espera que le tiren las orejas desde el Parlamento Europeo o desde los tribunales o, por el contrario, aunque sea tarde, quiere dar un paso al frente, revisar los hechos, asumir los errores y pedir perdón". "En esa línea, encontrará siempre una puerta abierta en la Asociación de Víctimas", subrayó la presidenta de la AVM3J.

Garrote afirmó que "siempre" ha mantenido la esperanza de "que las cosas cambiaran". "Lo veíamos necesario, no podíamos asumir que el carpetazo se diera sin más y el no conseguir respuestas y, desde luego, ahora nos sentimos muy cerca". Según aseguró, la instrucción judicial "está avanzando en líneas muy importantes" y mantienen la "confianza" en que acabe celebrándose un juicio.

Medio año después del apresuarado cierre de la radiotelevisión pública valenciana, el Gobierno regional ha reconocido que aún desconoce cuánto le costará la liquidación de RTVV. Meses atrás, la coartada del presidente Alberto Fabra para el apagón, tras declarar el TSJ valenciano nulo el ERE que había afectado a más de mil trabajadores, fue el alto coste de mantener RTVV operativa y la necesidad de preservar gasto social.

Este jueves, el vicepresidente y consejero de presidencia José Císcar ha cifrado en más de 140 millones de euros los costes que la administración pública ha soportado hasta ahora para dejar en negro RTVV, y ha dicho que hasta el final del proceso resultará imposible determinar con precisión los gastos totales.

Por el momento se han gastado 86,1 millones en indemnizaciones de 35 días por año trabajado, con un máximo de 30 mensualidades, tal y como se acordó en el ERE. Además, la Generalitat ha destinado otros 56,4 millones a pagar salarios hasta mayo de 2014. Actualmente 139 trabajadores permanecen en la empresa, ocupados principalmente de cuestiones administrativas, de documentación y redes sociales, según la sociedad.

Císcar ha subrayado en su comparecencia que el coste derivado de los salarios se tendría que haber pagado también si RTVV hubiera seguido emitiendo, aunque en este tiempo la radiotelevisión pública valenciana, que aguarda a su extinción total,ha perdido ingresos por conceptos como la publicidad. Por si fuera poco, el Gobierno regional pagó 674.000 euros por el asesoramiento del primer ERE y 871.000 euros por consejos para el segundo expediente de regulación.

Fórmula 1 millonaria

La comparecencia de Císcar también ha servido para destapar los millonarios pagos de RTVV a cambio de los derechos de emisión de la Fórmula 1 entre 2009 y 2013. En total, la radiotelevisión pública pagó 24,4 millones de euros: 8,1 millones correspondientes a las temporadas 2009, 2010 y 2011 y 11,6 millones por las de 2012 y 2013, además de otros 4,7 millones en costos judiciales e intereses.

También han sido objeto de polémica las emisiones de cadenas de la TDT a través de las infraestructuras de Canal Nou, pues la oposición ha denunciado "trato de favor a los amigos" y, al respecto, la diputada de EUPV Esther López ha criticado que "se perdonaban deudas a productores". "Las cantidades que se deben a RTVV van a pagarse", ha respondido Císcar, quien ha añadido que las formas de pago, en metálico o en publicidad, "se ajustan a la ley".

En concreto, ha detallado que Las Provincias ha pagado 177.000 euros y mantiene una deuda con RTVV de 715.000 euros, de los que 76.684 euros son actualmente exigibles y otros 638.316 euros no porque no ha vencido el plazo. En el caso de Mediterráneo, ha pagado 60.200 euros y le quedan por abonar 695.000 euros, de los que 136.000 son exigibles y 559.000 euros no lo son todavía.

La fundación valenciana Equipo Humano, presidida por un dirigente empresarial que pagó cuota como militante del PP al menos hasta 2011, ha obtenido el contrato público para acometer el plan de recolocación de los más de 1.500 despedidos de la ya desaparecida Canal Nou. El contrato se cifra en hasta un máximo de 713.264, aunque el monto final dependerá del número de trabajadores que se acojan al plan.

El principal responsable de Fundación Equipo Humano, constituida en junio de 2010, es José Enrique García Llop, que también preside la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV). En conversación telefónica con infoLibre, García Llop recalcó el martes que solo fue "afiliado de base" del PP en Valencia, partido al que dejó de pertenecer "hace años", y que su antigua militancia no ha tenido el menor peso en el concurso que el 1 de abril de este año terminó ganando su fundación.

El nombre, los apellidos y el DNI de García Llop figuran en un listado elaborado por Hacienda para el juez que investiga los llamados papeles de Bárcenas. Ese listado contiene tanto las donaciones clásicas como aquellas, generalmente de menor envergadura, efectuadas por los militantes en el cuatrienio 2008-2011. García Llop consta en los cuatro ejercicios.

El empresario, que también capitanea varias sociedades mercantiles especializadas en recursos humanos y formación, no pudo precisar si la oferta presentada por su fundación fue la más barata. "Me dolería bastante –dijo– que se asociara una cosa [su militancia en el PP] con otra [el contrato obtenido por su fundación] cuando me estoy dejando la piel y soy amigo de algunos de los despedidos". García Llop asegura que aún no se sabe cuántos afectados por el ERE de extinción de la Radiotelevisión Valenciana se acogerán al plan de recolocación, pero recalcó que todos los que se incorporen recibirán "atención personalizada". "Tenemos hasta comerciales buscando ofertas ocultas de empleo", es decir, que no llegan a publicitarse masivamente. Y de esa cifra dependerá cuánto cobre la fundación.

A preguntas de este diario sobre si la oferta de Fundación Equipo Humano fue la más barata, García Llop dijo no poder asegurarlo porque desconoce el contenido de las otras plicas y la identidad de los otros concursantes.

Equipo Humano ganó la adjudicación en virtud de "una pluralidad de criterios", según los documentos oficiales incorporados a la plataforma de contratación de la Generalitat Valenciana. Entre los documentos relativos a esta convocatoria, figura uno que dice lo siguiente: "12/03/2014: Apertura pública sobre número 3, propuesta económica, fecha 14/03/2014". Ayer miércoles, infoLibre tuvo acceso al acuerdo de adjudicación por el que Fundación Equipo Humano se hizo con el contrato por 589.475 euros (713.264 con IVA). Fechada el 1 de abril, esa acta del Consejo de Liquidación de la Radiotelevisión Valenciana desvela que al concurso se presentaron otras tres empresas. Pero las tres acabaron excluidas: dos de ellas porque habían presentado sus ofertas firmadas por personas que carecían de apoderamiento y la tercera porque no había depositado las cuentas del último ejercicio (2012) en el Registro Mercantil. Según la RTVV ese hecho supone "falta de acreditación de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera exigidos".

El plan tras el primer ERE

El plan de recolocación externa para los afectados por el primer ERE quedó en papel mojado en noviembre tras la sentencia del TSCV, sin que se sepa cuánto pagó realmente la Generalitat a la agencia contratada, Acción Laboral. Una fundación capitaneada por el presidente a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia asume ahora el encargo de asesorar a los 1.570 despedidos de la cadena pública. La Generalitat valenciana ha destinado en el último año 970.000 euros –más IVA– a dos contratos sucesivos para acometer el llamado plan de recolocación de los despedidos de la Radiotelevisión autonómica, cuya antigua cúpula acaba de ser imputada por el presunto desvío de 1.300 millones tras una denuncia de Compromís.

El primero de esos dos contratos, adjudicado directamente en febrero de 2013 y por 381.000 euros a una entidad no empresarial con domicilio social en Valladolid, quedó en agua de borrajas una vez que la justicia tumbó el primer ERE, aunque a día de hoy sigue sin conocerse la cantidad que pese a ello desembolsó la cadena pública. El segundo, recién adjudicado -el 1 de abril–, costará 589.475 euros y su desarrollo correrá a cargo de una fundación sin ánimo de lucro capitaneada por el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia.

Aunque la nueva redacción aplicada al Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral del PP obliga a las empresas que ejecuten un ERE a contratar agencias externas de recolocación (en el artículo 51.10 el Estatuto de los Trabajadores), lo sucedido en Canal Nou pone en evidencia los desastres de la cadena pública valenciana.

Adjudicado en febrero de 2013, el primer contrato de “recolocación externa” se otorgó por 381.263 euros más IVA a Acción Laboral. Según el comité de empresa de RTVV, solo sirvió para recolocar a dos de los 954 despedidos en el primer ERE –90 de ellos se acogieron a la baja voluntaria.

Fue justamente ese primer ERE el que en noviembre de ese mismo año anuló el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) con una sentencia a la que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, respondió decretando el cierre inmediato de la cadena pública.

Fuentes internas de la cadena cuantifican en 170.000 euros lo que finalmente percibió Acción Laboral por ese primer contrato, que quedó interrumpido en noviembre tras el proceso de readmisión forzosa.

Ni RTVV ni Acción Laboral –una entidad no empresarial con domicilio social en Valladolid y cuya forma jurídica exacta desconoce este diario– han accedido a aportar cifras ni a detallar el contenido del plan de orientación laboral que se aplicó. El diputado del PSPV Josep Moreno, portavoz de su grupo en la comisión de control de RTVV, asegura que esta lleva "ocho meses sin reunirse", por lo que la fiscalización parlamentaria de la cadena pública en su final y convulsa etapa resulta imposible.

Pero, sea cual sea el monto pagado a esa agencia, cada euro abonado aquí por el erario valenciano fue en la práctica a la basura, dado que todos los despedidos se reincorporaron a la cadena tras la resolución del TSJCV. Acción Laboral había obtenido la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad después de que el concurso previo quedase desierto.

Según RTVV, a aquel primer plan de orientación y recolocación se acogieron “unos 600” despedidos. Según los sindicatos, las dos personas que encontraron trabajo, reingresaron luego en Canal Nou tras la sentencia del TSJCV para finalmente incorporarse al segundo y definitivo ERE. Lo hicieron en mejores condiciones económicas –35 días de indemnización por año con un máximo de 30 anualidades, más algunos complementos– junto con el resto de la plantilla.

En total, el cerrojazo a RTVV afecta a 1.570 trabajadores, asegura el comité. La lista de despedidos es casi idéntica en número al de los millones –1.300– que, según Compromís, desvió la cúpula de Canal Nou tras una gestión sustentada en dos pilares: gasto opaco y sin control y endeudamiento creciente. “De esos 1.300 millones, casi 400 pueden corresponderse con intereses bancarios”, apunta una cualificada fuente sindical, que pone el acento en la vertiente política del derroche: “Si Camps quería darle dinero al Villarreal CF o al Valencia CF, era Canal Nou la que pedía el crédito y lo ponía”.

La firma de uno de los contratos suscritos con el Villarreal, firmado en enero de 2010 y que no reportó ingresos a RTVV, aparece como uno de los hitos en el relato de malversación que traza la denuncia de Compromís. En octubre pasado, Izquierda Unida (Esquerra Unida) reveló, papeles en mano, cómo en solo 10 años la cadena pública valenciana había pagado casi 33 millones al Villarreal CF y al Valencia CF  por la compra de derechos de partidos amistosos y por explotar sus respectivas mascotas.

Segundo contrato de “recolocación”: 589.475 euros

Una vez que el TSJCV anuló el ERE por vulneración de derechos fundamentales, Fabra decretó el inmediato cierre de Canal Nou con el argumento de que la Generalitat no disponía de los “40 millones” necesarios para readmitir al millar de despedidos. Pero solo en indemnizaciones –y sin contabilizar, por ejemplo, lo que por desempleo desembolsará la Administración Central–, el ERE ha costado ya a las arcas públicas 86,1 millones de euros.

Sumando los derechos adquiridos a distribuidoras internacionales, las obligaciones contraídas con la federación de radiotelevisiones autonómicas (Forta) y otras gastos como los 330.000 euros destinados a informes jurídicos privados y que se han repartido Garrigues, PwC, Ernst&Young y KPMG, el coste real del ERE puede terminar superando los 140 millones que calculan los sindicatos.

En ese panorama, la adjudicación por 589.000 eurso del segundo plan de recolocación para todos los despedidos parece una gota en el océano. “Por lo que hemos averiguado –sostiene un miembro del comité– creemos que el precio de adjudicación es el de mercado, aunque creemos también que habría sido mejor utilizar ese dinero para mejorar las indemnizaciones”.

La reforma laboral del PP imposibilita que sean los servicios públicos de empleo los que ofrezcan asesoramiento a las nuevos parados procedentes de un ERE. Y ha impuesto la entrada en escena de un aluvión de empresas y asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro.

Una veintena de manifestantes protestan en la mañana de este domingo frente al teatro Raval de Castellón, donde el PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) celebra su Convención Política, y lanzaron un huevo al vicesecretario general de Estudios y Programas del PP y número dos de la lista al Parlamento Europeo, Esteban González Pons, a su llegada al recinto, que llegó a impactar en el dirigente, según fuentes conservadoras.

Entre los manifestantes se encuentran extrabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y un grupo de personas que protestan contra las prospecciones petrolíferas en las Columbretes, que han proferido gritos como "vergüenza" o "corruptos" al paso de distintos dirigentes del PP.

Presencia de Cañete y Fabra

Asimismo, un huevo fue lanzado a la entrada de González Pons en el teatro y habría impactado en él, según confirmaron fuentes del PP. Tras ese incidente, la Policía movió a los manifestantes que se encontraban frente a la entrada a un lateral.

Posteriormente accedieron al recinto el cabeza de lista del PP para las europeas, Miguel Arias Cañete, y el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, que han sido recibidos con gritos de "corruptos".