El éxito de las huelgas en las tiendas de Zara y H&M ha contagiado a un sector, el del comercio textil, poco habituado a la protesta sindical. Lo está notando Mango, la segunda cadena española tras Inditex, que el pasado 21 de junio celebró sus primeras elecciones sindicales desde que Isak Andik la creara hace 40 años. Fue en su centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), donde UGT y Fetico han constituido el primer comité de empresa de la historia de Mango. Poco después, votaron también a sus primeros representantes sindicales las dependientas de las tiendas de A Coruña. Y el próximo día 28 lo harán las trabajadoras de las tiendas de Madrid. El preaviso lo presentó CCOO, pero ya han elaborado candidaturas UGT, Fetico y Valorian –antes Fasga–.

En poco más de tres meses se ha puesto fin a años de lo que CCOO y UGT no dudan en calificar de “prácticas antisindicales”, incluidos despidos y represalias contra los trabajadores que intentaban sacar las urnas en los centros de trabajo de Mango. En el caso del almacén de Lliçà d’Amunt, la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa con una multa de 30.000 euros por atentar contra la libertad sindical, una infracción muy grave: los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos. Pero los servicios jurídicos del sindicato, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, están preparando una demanda en el juzgado de lo Penal.

“Es increíble que una multinacional como Mango no tenga siquiera calendario laboral”, resaltan fuentes sindicales. En él se establecen desde los turnos de trabajo hasta el máximo de horas, los festivos o las vacaciones. Pero no es la única sorpresa con que se han encontrado los sindicatos al llegar a la empresa de Isak Andik. “En Mango no hay turnos fijos, y si un trabajador quiere cambiar el suyo tiene que ser él quien se busque a un compañero para que le sustituya”, detallan. Tampoco se conocen los criterios que la empresa utiliza para pagar los incentivos, añaden, lo que da amplio margen para la arbitrariedad en su reparto.

La primera reunión de los ejecutivos de Mango con el comité se celebró el pasado día 13 y fue tumultuosa. “Un fiasco”, resumen fuentes de UGT, que acusan a la empresa de “torpedear” a los representantes de los trabajadores. “Quieren un comité a la carta”, aseguran para explicar el comportamiento de Mango. Sólo pudieron debatir el primer punto del orden del día, la constitución del propio comité –“es obligatorio”, resaltan–, porque la empresa se negó a tratar los otros diez asuntos de la agenda, “que conocían desde hacía mes y medio”. Tampoco querían que el comité tuviera un presidente y un secretario, sino que cualquier delegado pudiera negociar o pactar actuando con la misma potestad que el presidente, explican las mismas fuentes.

“Es la primera vez que me encuentro con algo así, es completamente irregular”, lamentan. Además, rechazaban la creación de comisiones de trabajo; por el contrario, pretendían que bastaran varios delegados “a dedo” para negociar. Y se negaron a reconocer los correos corporativos de UGT. Según las mismas fuentes, la intención de la empresa era “anular al comité” y dar a Fetico –“que está alineado con la empresa”, denuncian– más poder del que le otorgan sus ocho delegados.

Así que UGT se mostraba dispuesta a denunciar a Mango de nuevo ante la Inspección de Trabajo, en esta ocasión por “mala fe”, dependiendo de cuál fuera su actitud en la segunda reunión con el comité, que mantuvieron el pasado martes. Entonces la empresa ya se avino a discutir el resto de los puntos de la agenda que habían quedado en el tintero el primer día y ambas partes se han citado para una tercera cita el 9 de noviembre.

Queda pendiente, no obstante, una posible denuncia ante la Inspección de Trabajo por la falta de seguridad en un área del centro logístico donde se maneja maquinaria pesada, también de noche, pese a que carece de luz. “De momento, la empresa se ha limitado a tomar nota, pero no ha hecho nada”, se quejan las fuentes sindicales. “En realidad, no podemos decir que hayamos avanzado”, concluyen.

Preguntada por sus primeras experiencias con un comité de empresa, Mango niega a infoLibre cualquier tipo de bloqueo y responde que las reuniones “se han celebrado con normalidad y de acuerdo con las dinámicas habituales de este tipo de encuentros”. “La compañía ha mantenido en todo momento una actitud positiva y colaboradora de escuchar y atender las peticiones de los sindicatos, proponiendo proactivamente iniciativas como la constitución de grupos de trabajo para una gestión más eficiente de las reuniones”, asegura.

Tampoco Fetico, el sindicato supuestamente favorecido por la empresa, cree que se haya producido ninguna situación irregular en el comienzo de las relaciones entre el comité y Mango. Un portavoz del sindicato reduce a una “pequeña tirantez” lo ocurrido en la primera reunión, donde no vio nada “chocante” en la actitud de la empresa. “Estamos plenamente implicados para mejorar las condiciones de trabajo desde la unidad de acción sindical”, resumen.

Que un comité de empresa fiscalice su gestión de los recursos humanos va a suponer un cambio sustancial para Mango después de cuatro décadas. El caso es que, mientras lidia con esa novedad a la que se ha mostrado tan renuente, la cadena textil se ha sentado a negociar con CCOO y UGT un convenio colectivo estatal. Como parte de la nueva patronal Arte, impulsada este año por Inditex, se ha unido al resto de las mayores empresas del sector para acabar con la atomización provincial de convenios con que han convivido hasta ahora. Por ese motivo, UGT acusa a la empresa de “beneficiarse de la negociación colectiva” al mismo tiempo que hace todo lo posible para que los sindicatos “no entren en su casa”.

La primera reunión de Arte con los sindicatos está programada para el próximo 27, sólo un día antes de las elecciones sindicales en las tiendas de Mango en Madrid. El objetivo de la negociación es homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas. Además de Inditex, Mango, Tendam –Cortefiel, Women’secret, Springfield–, H&M, Primark o Parfois, la nueva patronal acaba de anunciar tres nuevas incorporaciones: Hugo Boss, Mayoral y Encuentro Modas. Esta mesa fue impugnada por Fetico, que fue excluido por carecer de suficiente representación en el sector.

Mango, que cuenta con una red de 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, facturó 2.688 millones de euros en 2022. Tanto Ángeles Rodríguez Bonillo como Lola Luna, responsables de Comercio Textil en CCOO y UGT, respectivamente, denuncian las “presiones” que han recibido los trabajadores cada vez que han intentado organizar candidaturas en la empresa. En esta convocatoria, las amenazas han partido de los mandos intermedios, que se presentan por Fetico, revelan fuentes sindicales. Las listas definitivas de candidatos se cerraron el pasado jueves, pero en la semana que queda hasta las votaciones aún pueden producirse bajas, advierten. El comité deberán integrarlo 17 personas: 15 corresponden a los trabajadores no cualificados y dos a técnicos administrativos. UGT, por ejemplo, ha presentado una lista con 15 personas; Fetico, 82. Para mantener la candidatura, deben permanecer en ella el día de las elecciones al menos el 60% de los presentados en la lista.

La de Mango es una plantilla joven, muy feminizada, con un alto porcentaje de empleo a tiempo parcial, al igual que las del resto del sector. “Con mucha frecuencia entran en las tiendas pensando que es un trabajo de paso, por lo que no sienten la necesidad de sindicarse”, apunta Ángeles Rodríguez. “Cuando se quedan”, añade, “es la presión de la empresa la que juega en contra”. “Había mucho miedo”, tercia Lola Luna, pero las mejoras salariales conseguidas por las dependientas de Inditex y H&M y el éxito en A Coruña y Barcelona han envalentonado a las demás. El comercio textil es el quinto sector con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Además, padece una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media mientras los hombres suben hasta 25.298 euros.

Del ruido en las tiendas al ruido en la mesa de negociación. El año comenzó para Inditex con sus dependientas en huelga en casi toda España y continuó con nuevas movilizaciones en H&M que no acabaron hasta hace dos semanas con un acuerdo en Navarra. Las protestas se cerraron, además, con subidas salariales y mejores condiciones laborales para las trabajadoras –la mayoría son mujeres– en un sector hasta entonces difícil de movilizar y alejado del protagonismo sindical.

Al mismo tiempo, el gigante Inditex presentaba en sociedad una nueva patronal, la Asociación Retail Textil España (ARTE), a la que ha ido atrayendo a las grandes cadenas y con la que pretende negociar el primer convenio colectivo de ámbito estatal del sector. Se trata de homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas, ahora reguladas por más de una cincuentena de convenios provinciales: una dependienta de Mango o Cortefiel no cobra lo mismo si trabaja en Madrid, en Badajoz o en San Sebastián, pese a estar contratada por la misma empresa.

Así pues, patronal y sindicatos han acordado abrir las conversaciones el 27 de septiembre. Pero los preliminares de una negociación que se adivina muy complicada están lejos de ser pacíficos. Fetico, un sindicato sectorial, ha impugnado esta semana en la Audiencia Nacional la constitución de la mesa, el pasado 17 de julio, porque fue excluido. Y Acotex, la que hasta ahora figuraba como la patronal más importante del sector, con cerca de 800 empresas asociadas, reclama igualmente sentarse a la mesa de negociación, puesto que, según alega, lo que se acuerde en ella afectará a sus miembros, algunos de los cuales también se han unido a ARTE. Además de Inditex, la nueva patronal incluye a la sueca H&M, Iberian Sports Retail Group –propietaria de las marcas JD, Sport Zone y Sprinter–, la francesa Kiabi, Mango, la polaca Pepco, la irlandesa Primark, la japonesa Uniqlo, Bimba y Lola, All We Wear Group (AWWG) –Pepe Jeans London, Hackett y Façonnable, además de distribuidor de Tommy Hilfiger y Calvin Klein–, Punt Roma, Tendam –Cortefiel, Springfield, Women’s Secrets– y la portuguesa Parfois.

El pasado 12 de junio ARTE convocó a CCOO, UGT, Fetico, los vascos ELA y LAB, y la gallega CIG para constituir la mesa que debe negociar el convenio estatal del comercio textil. Pero tanto Fetico como LAB quedaron excluidos. Para participar en la negociación un sindicato debe contar con al menos el 10% de los delegados. Fetico dice que los tiene, hasta “casi un 15% en las empresas afectadas” por el futuro convenio, precisa a infoLibre su responsable de Comercio, Alejandro Blanco. “Acudimos a la convocatoria con las pruebas de esa representatividad, pero nadie quiso verlas”, protesta. UGT y CCOO, por el contrario, aseguran que Fetico no llega al 9% y que en esa cifra se incluyen sus delegados en grandes superficies, no sólo los de las cadenas de comercio textil. “No es verdad”, responde Blanco, que denuncia la existencia de “intereses creados” para impedir su presencia en la negociación. Así que acaban de presentar una demanda en la Audiencia Nacional para impugnar la mesa, integrada por ocho miembros de CCOO, cinco de UGT, uno de ELA y otro de la CIG.

Acotex, en cambio, dice que no van a entrar en ninguna discusión sobre su representatividad, pero defiende que debería participar en las negociaciones del convenio estatal porque lo que se decida en esa mesa también va a implicar cambios importantes para cadenas más pequeñas. Entre sus socios figuran Neck & Neck, Apodemia o Extreme. En principio, según estableció ARTE, el convenio irá dirigido a grandes grupos del textil, calzado, accesorios y productos para el hogar que cuenten con una superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados, o bien tengan tiendas físicas en al menos tres comunidades autónomas, o bien empleen más a de 400 trabajadores.

“Estuvimos en contacto con ARTE desde el principio, pero siempre fueron muy parcos en lo que a información se refiere”, explica el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola. Después incluso celebraron una reunión con la nueva patronal. “Pero finalmente nos contestaron que no contaban con nosotros en esa mesa”, añade. Aun así, Zamácola asegura que mantienen con ARTE “conversaciones informales”. “Veremos por dónde van los tiros [en la negociación del convenio] y a quién puede afectar”, adelanta el presidente de Acotex, quien teme que si, como parece, la homogeneización de las condiciones laborales es al alza, “muchas empresas de menor tamaño no se las van a poder permitir”. También advierte de las dificultades de gestionar la apertura de las tiendas en domingos y festivos, donde hay grandes diferencias dependiendo de las comunidades autónomas. “Inditex se puede permitir el lujo de aplicar condiciones laborales muy ventajosas, pero el resto de las empresas no pueden decir lo mismo”, lamenta. “Si el convenio va a afectar a nuestros asociados, queremos estar ahí”, zanja. De hecho, apunta a que los asociados de Acotex que finalmente han entrado en ARTE –como es el caso de Tendam– lo han hecho para tener voz en un acuerdo que tendrán que terminar aplicando. infoLibre ha preguntado a ARTE por el estado actual de sus relaciones con Acotex, pero no ha obtenido una respuesta.

Entre los miembros de ARTE se encuentra Mango, la cadena española creada por Isak Andic que, con 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, es la segunda empresa española del comercio textil tras Inditex. En 2022 facturó 2.688 millones de euros. Como otra señal más de los cambios que está experimentando el sector, Mango celebró el pasado 21 de junio sus primeras elecciones sindicales. Creada en 1984, nunca hasta ahora sus trabajadores habían tenido un comité de empresa. Aun así, el proceso ha sido turbulento. Tanto que la Inspección de Trabajo ha sancionado a la cadena por una infracción muy grave, atentar contra la libertad sindical, con una multa de 30.000 euros.

En el centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos y ha acatado la sanción. Pero UGT, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, estudia presentar una demanda en el juzgado de lo Penal. El recién elegido comité de empresa acaba de sentarse con la empresa y las conversaciones están siendo problemáticas, admite Óscar López Chamosa, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Cataluña. “No están acostumbrados a tratar con representantes de los trabajadores”, protesta.

López Chamosa duda que Mango desconociera lo que sus mandos intermedios estaban haciendo en Lliçà d’Amunt y recuerda que Fetico es “un sindicato de cuadros” al que los sindicatos de clase suelen referirse como un “sindicato amarillo”. Alejandro Blanco lo niega con rotundidad. “Representamos a los trabajadores de más de 360 empresas con un sindicalismo independiente de concertación y diálogo, alejado de las opciones políticas de otros sindicatos”, describe. “Y participamos en todos los procesos de forma limpia”, añade cuando se le pregunta por lo ocurrido en las elecciones de Mango.

Pese a la falta de costumbre, la empresa de Isak Andic tendrá también que negociar en la mesa del convenio estatal las condiciones laborales de sus trabajadores. Según plantea ARTE, el objetivo es pactar un “marco común estable y homogéneo” para todo el país, pero respetando los convenios de empresa existentes. Es el caso de Primark y Kiabi. Pero no va a ser fácil. Los sindicatos ya han dejado claro que la homogeneización debe ser al alza. “Queremos un convenio que marque suelos para todo el personal”, defiende Lucía Trenor, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Galicia y miembro de la mesa de negociación. Aunque también reconoce que no sería viable reclamar máximos para todas las condiciones laborales, sí que pide establecer unos “mecanismos garantistas”. “No hay tanta distancia entre el coste de la vida en una provincia y otra, las diferencias salariales actuales de vender una camiseta en Málaga o en Segovia no están justificadas”, continúa. Más aún, resalta, cuando se trata de grandes cadenas de tiendas con millones de euros de beneficios.

De forma que, avanza Trenor, CCOO va a pedir “más que el salario mínimo” y que los domingos y festivos se retribuyan, independientemente del problema que van a suponer las diferencias de regulación según los territorios: libertad total de apertura en Madrid, apertura en 10 domingos al año en la mayor parte de las comunidades autónomas, pero sólo ocho o nueve en País Vasco, Cataluña y Extremadura.

“Lo que no es de recibo es que haya tantos trabajadores con contratos de sólo 20 horas, en fines de semana, sin preavisos y con salarios que no permiten vivir”, resume la representante de CCOO, en empresas con márgenes de beneficios milmillonarios. El del comercio textil es, además, un sector altamente feminizado, por lo que también resulta ser el campeón del trabajo a tiempo parcial no deseado. Según las cifras recopiladas por CCOO y referidas al conjunto del comercio en España, la tasa de parcialidad alcanza el 26%, nueve puntos porcentuales por encima de la tasa general. En el caso de las mujeres es incluso superior, llega al 32%. Y casi no se ha reducido en la última década, apenas un punto desde 2014.

El sector también es el quinto con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Y con una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media y los hombres 25.298 euros.

El convenio estatal que comienza a negociarse en septiembre deberá ahora no sólo mejorar esas pobres condiciones laborales, sino también limar las enormes diferencias establecidas en los convenios provinciales. En cuanto a salarios, los mejores se pagan en Guipúzcoa y los peores, en Las Palmas, Lugo, Melilla o Extremadura. En Melilla, por ejemplo, el convenio lleva sin negociarse desde 1996, destaca Lucía Trenor. Y más allá de las retribuciones, hay diferencias de hasta 100 horas en la jornada anual entre algunos convenios.

“Nadie debe ir con miedo a este convenio que aún no existe”, recalca la dirigente de CCOO, “nosotros no vamos a poner en riesgo la viabilidad de las empresas e Inditex ya ha negociado antes en las mesas de los convenios provinciales y ha sido siempre muy responsable; el acuerdo depende de las dos partes”.

El primer trimestre ha arrancado con un aumento del paro de 103.800 personas, un 3,4% respecto al final del año. Es una cifra elevada, por encima de la que dio comienzo a 2022 y sólo por debajo de la registrada en el año de la pandemia y en 2013, en plena crisis financiera. Además, el empleo ha frenado, con un descenso de la ocupación de 11.000 personas, un 0,05%, que no obstante es el menor recorte en un comienzo de año desde 2007 –en 2022 la pérdida de empleo superó los 100.000 ocupados–. Según las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay 3,12 millones de desempleados, por lo que la tasa de paro se eleva hasta el 13,2% después de tres trimestres por debajo de la barrera del 13%. Al tiempo, la población ocupada alcanza los 20,45 millones de personas, el nivel más alto desde el arranque de 2008.

El primer trimestre del año suele ser malo en términos de empleo, cuando termina la campaña extraordinaria de navidades y rebajas en el comercio y aún no ha comenzado el repunte de actividad en la hostelería por la Semana Santa. Pero en 2023 se ha sumado un tercer factor: el considerable aumento de la población activa. Un total de 92.700 personas se han incorporado al mercado de trabajo, lo que sitúa los 23,58 millones de activos –personas entre 16 y 65 años en disposición de trabajar– en el máximo desde 1996, según ha destacado el Ministerio de Economía. El buen tono del mercado laboral en el último año está animando a quienes se habían apartado de la actividad laboral tras el covid. De hecho, entre enero y marzo se han puesto a buscar trabajo 117.000 mujeres, mientras que los activos masculinos se han reducido en 24.300. Del total de incorporados a la actividad, el 51% está en Andalucía, 47.200 personas.

El problema es que el mercado laboral no ha sido capaz de absorber esas nuevas incorporaciones, por lo que estas personas han pasado a figurar en las listas del paro.

Sin embargo, las cifras anuales siguen siendo positivas. En los últimos 12 meses se han creado 368.000 empleos, con un crecimiento del 1,83%, mientras que el paro ha disminuido en 47.000 personas, un 1,5%. También ha crecido más la ocupación entre las mujeres –234.400 más– que entre los hombres –133.600 más–.

De lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo estos tres primeros meses del año da buena cuenta el reparto por sectores y territorios. El paro ha aumentado en todos los sectores –menos en la agricultura–, pero sobre todo se ha cebado en los servicios, con 147.700 nuevos desempleados, por sólo 12.400 en la industria y 18.600 en la construcción. Si se miran las cifras anuales, en cambio, los servicios han ganado 372.000 ocupados y la industria 93.500. La construcción ha perdido 18.200 y la agricultura, 79.500. Por comunidades autónomas, Baleares es donde más ha crecido el paro, un 68,76% respecto a diciembre, seguida de casi un 20% en Canarias, los dos territorios donde sigue desembalsándose el empleo temporal de la campaña turística. De los 103.800 nuevos desempleados del trimestre, 48.000 viven en Baleares y 33.500 en Canarias.

En cualquier caso, el mapa del paro permanece invariable. El País Vasco sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de desempleo, un 8,44%, seguida de Aragón –8,94%– y Cantabria –9,29%–. Mientras que la tasa más elevada corresponde a territorios que casi doblan las anteriores: Extremadura, con un 19,53%, Andalucía –18,31%– y Baleares –18,14%–.

Una tendencia que se confirma también en la EPA es la consolidación del empleo indefinido. En marzo hay 93.000 trabajadores más con contrato fijo, mientras que quienes lo tienen temporal se han reducido en 117.000. Así, la tasa de temporalidad sigue encogiendo y se sitúa en el 17,28%, cayendo desde máximos próximos al 27% antes de la última reforma laboral. Por el contrario, el comienzo del año ha disminuido el número de quienes trabajan a tiempo completo, 34.700 personas menos y aumentado el de quienes lo hacen a tiempo parcial, 23.600 más, por lo que la tasa de parcialidad sube un poco, 12 centésimas, hasta el 13,72%.

También desciende el paro de larga duración, el que sufren quienes llevan más de un año sin trabajo. La EPA cuenta 58.300 menos respecto al pasado diciembre, una caída del 4,9%. En comparación anual, el recorte es superior, un 15% –198.500 personas menos–. Aun así, 1,12 millones de trabajadores llevan más de un año sin empleo, el 36% de la nómina del desempleo.

La tasa de paro juvenil, de los menores de 25 años, se sitúa aún en el 30,03%, ocho décimas por encima del fin de 2022, después de aumentar en 10.300 personas. También ha crecido el número de hogares con todos sus miembros en paro –7.800 más–, hasta alcanzar los 1,05 millones, un repunte por encima del registrado en el tercer trimestre de 2021, aún en plena recuperación de la pandemia.

“Estamos ante un trimestre siempre difícil y complejo, y este es un poco menos que los trimestres de años anteriores. Estamos en un buen camino”, ha asegurado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sobre los resultados de la EPA. No obstante, el dirigente sindical ha pedido soluciones al Gobierno y una mejor atención en las oficinas de empleo, tras destacar el “elevado paro de larga duración”, con cuatro de cada 10 parados en búsqueda de empleo desde hace más de un año. También ha lamentado “la elevada parcialidad, y particularmente la parcialidad involuntaria”.

“No se puede asumir una tasa del 13% de paro como buena”, ha criticado por su parte la secretaria de Acción sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien por el contrario resalta el aumento de la población activa en más de 90.000 personas como un “dato muy positivo que muestra el dinamismo del mercado de trabajo español, que genera nuevas expectativas de encontrar un empleo, y está animando a que cada vez más personas inactivas se incorporen a la actividad”.

Para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en cambio, las cifras del primer trimestre dejan “malos datos de empleo”, pese al “ligero crecimiento” en el número de trabajadores por cuenta propia que refleja la EPA. Han aumentado en 12.100 personas entre enero y marzo, pero en el año acumulan una pérdida de 43.400.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sostiene que el empleo “está aguantando” la situación actual y que los datos de la EPA “no son buenos”, pero “tampoco malos”. La patronal ha aprovechado la publicación de las cifras de empleo para reclamar medidas de apoyo a la empresa tanto en el ámbito fiscal como desde el punto de vista regulatorio.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, cree que los datos de la EPA “confirman la tendencia muy positiva” del mercado de trabajo español y “la estabilidad en el empleo”, a pesar de coyuntural internacional desfavorable.

El efecto tractor de la Semana Santa ha impulsado la creación de empleo en marzo hasta hacer de este mes de 2023 el mejor de la serie histórica, que comienza en 1996. La Seguridad Social registra 206.410 nuevos afiliados, un crecimiento del 1% respecto al mes anterior. Pese a que el responsable del departamento, José Luis Escrivá, ha disociado las buenas cifras de empleo de ese tirón estacional, lo cierto es que el mayor aumento de cotizantes, tanto en cifras absolutas como relativas, se ha producido en la hostelería, que genera 71.808 nuevos empleos, un aumento del 5,67% respecto a febrero. Le siguen, pero a mucha distancia, los 14.957 nuevos afiliados del comercio o los 14.938 de la administración pública. En volúmenes semejantes ha crecido el empleo en sanidad –13.624 cotizantes más– y educación –12.728–, con alzas que no superan el 1,5% mensual.

De esta forma, la Seguridad Social alcanza los 20,37 millones de afiliados, que es también el mejor dato desde 1996. En el último año, el empleo ha crecido en 542.049 cotizantes, un 2,73%. Desde la pandemia, hay 1,1 millones de afiliados más. De ahí que el ministerio destaque la mejora que eso supone en la relación entre número de cotizantes y de pensionistas, que ahora es de 2,41 afiliados por cada jubilado, “el nivel más alto de la década”, asegura el departamento de José Luis Escrivá nada más aprobar la reforma del sistema de pensiones.

El mismo buen tono muestran las cifras del paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), que han bajado en 48.755 personas, un 1,67%. Tras subir en enero –70.744 nuevos parados– y febrero –2.618–, el descenso del número de desempleados en marzo de este año es superior al registrado en ese mismo mes en 2018, 2019 y 2022, pero menor al de 2021. La mayor parte de la bajada se debe al sector servicios, donde hay 42.789 parados menos. También se ha reducido más el desempleo femenino en cifras absolutas, 25.897 mujeres menos en el paro, que el masculino, con una caída de 22.858 hombres.

Aun así, en España quedan todavía 2,86 millones de parados. El Ministerio de Trabajo destaca que es la cifra más baja, en un mes de marzo, desde 2008, justo antes de estallar la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers.

Este año, en cambio, los malos vientos augurados por la caída de Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank en medio de la crisis de precios y la guerra de Ucrania no han podido con los buenos presagios del consumo para la Semana Santa. Y ese comportamiento se refleja en el hecho de que todas las comunidades autónomas han ganado en empleo, pero con Baleares y Andalucía a la cabeza, que aumentan su número de afiliados en un 6,4% y un 1,36%, respectivamente. Todos los territorios reducen igualmente sus cifras de desempleados, menos la Comunidad de Madrid, que gana 1.013 nuevos parados. En cambio, son Andalucía y Canarias las que lideran la bajada del desempleo, con 15.284 y 5.775 parados menos.

La reforma laboral sigue notándose en el cambio de modelo de contratación, según subraya el Ministerio de Trabajo: el 46,82% de los contratos firmados en marzo fueron indefinidos, casi un punto y medio más del porcentaje de febrero, mientras que los temporales se reducen en un 39,6% respecto a hace un año. Su traducción en términos de cotizantes a la Seguridad Social es la caída de los afiliados con contrato temporal hasta el 14%, la mitad de los que había antes de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021. Es, apunta el ministerio, el mínimo histórico.

De los 1,31 millones de contratos registrados en marzo, 284.208 son a tiempo completo, 180.909 son fijos discontinuos y 150.557 a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 23,23% respecto a febrero, los segundos un 28,03% y los terceros un 24,16%. En comparación con el mismo mes de 2022, los de jornada completa han crecido un 8,97%, los de tiempo parcial un 2,52% y los fijos discontinuos, un 70,67%. Según el Ministerio de Seguridad Social, también sigue aumentando la duración media de los contratos, con un alza de 47 días entre enero y marzo respecto al mismo trimestre de 2019.

Otro cambio, pero éste recién estrenado, es el aumento de la base reguladora del 50% al 60% a partir del séptimo mes de cobro de la prestación por desempleo. Trabajo siempre publica los datos sobre prestaciones con un mes de retraso respecto de las cifras de paro, por lo que este mes se conocen los de febrero. Y la subida de la base reguladora se empezó a aplicar en enero. La cuantía media de la prestación de paro ha crecido un 7,3% en febrero, y se sitúa en 961,6 euros al mes. En España, 1,86 millones de personas la cobran, un 1,1% más que hace un año. La cobertura de la prestación alcanza el 68,11%, el porcentaje más alto en un mes de febrero desde 2012. La menor fue en febrero de 2016, cuando sólo protegía al 54,8% de los desempleados. Pero aún queda lejos del 80,6% al que se llegó en ese mismo mes de 2010.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han elogiado las buenas cifras de empleo. “Crear 206.000 empleos en un mes y concretamente en el mes de marzo es un dato extraordinario, que no tiene precedentes”, ha asegurado Escrivá, quien subraya el “complicado contexto” económico. Ambos ministros han presagiado que la misma tónica optimista continuará en los próximos meses, pese a reconocer que “ir a un ritmo de 100.000 empleos al mes no es sostenible”, en palabras de Escrivá en la Cadena Ser. “Queda aún mucho por hacer para dejar atrás la cultura de la precariedad”, advirtió en todo caso Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter, tras atribuir el mérito de la “robustez” del mercado de trabajo a la reforma laboral, que “protege mejor el empleo en situaciones de crisis”.

El sindicato UGT también ha celebrado el “éxito” de la reforma laboral, pero reclama medidas contra el “despido barato”, reformando sus causas y costes, y que se recuperen todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012. Además, pide más recursos para los servicios públicos de empleo y que se mejore la cobertura de las prestaciones de paro.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha advertido frente a los “mensajes triunfalistas” cuando la tasa de paro aún se mantiene en el 12%. En una entrevista en TVE, Sordo ha tachado de un “poco apresurada” la idea de que el modelo productivo ha cambiado en España, a tenor del empleo que se está creando en sectores de alto valor añadido, como le gusta destacar al Ministerio de Seguridad Social. “Aunque la correcta utilización de los fondos de recuperación europeos puede contribuir a acelerar esa transformación”, ha matizado.

Finalmente, la CEOE sostiene que los datos de empleo de marzo constatan la “mayor resiliencia” de mercado laboral, pese a “la incertidumbre económica derivada del conflicto bélico en Ucrania, la inflación y el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción”. Pero también cree que “las empresas de pequeño tamaño están sufriendo” y pone como ejemplo que se han perdido más de 6.000 autónomos y más 13.000 empresas han cerrado desde principios de año.

Las grandes empresas del Íbex 35 salieron de la crisis del coronavirus ganando 51.993,73 millones de euros en 2021. Sólo seis repitieron pérdidas, de las 10 que terminaron 2020 en números rojos. Y redujeron sus plantillas, aunque sólo un 0,9% respecto al año anterior: emplean a 1,24 millones de trabajadores en todo el mundo. Pero con los salarios no fueron generosos, o al menos no con los de sus plantillas, porque el sueldo medio en esas 35 compañías sólo subió un 2%, en un año que cerró con el 6,5% de inflación. Por tanto, los trabajadores de estas empresas perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo. Muy distinta suerte corrieron las retribuciones de los altos directivos, que mejoraron en 2021 un 16,1%, multiplicando por ocho el alza concedida a los empleados. Las de los miembros del consejo de administración crecieron sólo un poco menos, un 11,9%, el doble que el IPC.

Los datos proceden del Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35 que elabora desde 2016 el sindicato Comisiones Obreras. El resultado de esa disparidad de comportamiento entre los salarios de los trabajadores y de las cúpulas directivas de las mayores compañías españolas es que la retribución media de un consejero es 14,5 veces la de un empleado y la de un directivo la multiplica por 19,4. Con los primeros ejecutivos –presidentes y consejeros delegados– la brecha se disparó en 2021: su salario multiplica por 89,6 el de un trabajador. Ese año, la distancia aumentó en 12,4 puntos por efecto de la enorme remuneración extraordinaria que percibió al jubilarse Jaume Guardiola en el Banco Sabadell, 24,3 millones de euros. Sin ella, las retribuciones de los primeros ejecutivos del Íbex 35 habrían subido sólo un 2%, lo mismo que las de sus empleados.

En cualquier caso, el peso de los sueldos y otras remuneraciones de los primeros ejecutivos es tal que suponen casi la mitad de las retribuciones percibidas por los consejos de administración, según destaca el informe. “Está claro que hay un comportamiento desalineado entre los salarios de las plantillas y los de quiénes deciden esos salarios”, criticó el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en la presentación del documento, “que resulta aún más sangrante en un año en que los trabajadores perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo por la inflación”. Bravo mencionó la “creciente contestación” en las juntas generales de accionistas a las elevadas remuneraciones de ejecutivos y consejeros.

En el año de la recuperación las empresas del Íbex 35 también fueron mucho más generosas con sus accionistas que con sus trabajadores. Repartieron como dividendo 19.847,45 millones de euros, el 38% de sus beneficios. La cifra supera en un 26,1% la de 2020. De hecho, hubo dos empresas que, aun con pérdidas, distribuyeron dividendos: la compañía de telecomunicaciones Cellnex –56 millones– y la farmacéutica Almirall –54 millones–. Además, la cantidad pagada a sus accionistas por Enagás y Endesa superó la cifra de los beneficios obtenidos –110% y 104%, respectivamente–. Por el contrario, Amadeus, Solaria y Grifols, que cerraron con ganancias, no repartieron dividendos. Las que más dinero destinaron a remunerar a sus accionistas fueron Inditex, con 2.894,5 millones de euros; Iberdrola, con 2.821,1 millones, y BBVA, con 2.027,4 millones.

De los 1,24 millones de trabajadores que los gigantes del Íbex 35 emplean en todo el mundo, el 63,2% se encuentra fuera de España. Con enormes diferencias: en Cíe Automotive la plantilla en el extranjero alcanza el 90,6% y el 86,7% en Banco Santander, mientras que en la farmacéutica Rovi y en Endesa, sin embargo, es sólo el 2,4%, mientras que en Enagás no llega ni al 1,3%. En Ferrovial, que la semana pasada anunció el traslado de su sede social a Países Bajos aduciendo, entre otros motivos, su internacionalización, de sus 63.070 trabajadores, el 51,3% se encuentra fuera de España. Las empresas con mayores plantillas son Banco Santander, que emplea a 197.000 personas en todo el mundo; Inditex, con una nómina de 165.000; BBVA, con 110.000, y Telefónica, con 103.000. Pero en 2021 sólo Inditex, que contrató a 20.000 personas, Caixabank –14.000 nuevos empleados procedentes de Bankia–, Banco Santander –5.000 más– y Acciona –3.000 más– crecieron en personal. Ferrovial, por el contrario, lo redujo en 17.000 trabajadores, ACS en 15.000, BBVA en 12.000 y Telefónica en 8.000.

En las grandes empresas, el empleo temporal está por debajo de la media española. Las 35 del Íbex tienen una tasa de sólo el 9,6%, mientras que la nacional era en 2021 del 25,4%. Aun así, en ACS, Acciona y Meliá superaban ese porcentaje. En cambio, sólo el 0,2% del empleo es temporal en Caixabank o el 0,3% en Bankinter. Mientras los contratos de este tipo se redujeron ese año –muy poco, un 0,9%– aumentaron los de tiempo parcial, casi cuatro puntos porcentuales, hasta el 16,5%. Donde más contratos por horas firman sus trabajadores es en Inditex, con un 55,8%, seguida de ACS, con un 40,7%. Es más, el grupo de Amancio Ortega duplicó en 2021 el número de trabajadores a tiempo parcial, mientras que ACS lo aumentó en un 44%.

De esos 1,24 millones de trabajadores, el 48,5% son mujeres. Pero aquí también hay enormes diferencias. La empresa con más mujeres es Inditex, con un 75,7% de empleo femenino, y la que contrata menos es Arcelor Mittal, con sólo un 6,3%.

En las cúpulas directivas, el panorama cambia. Sólo nueve empresas tienen al menos un 40% de mujeres en su consejo de administración: Red Eléctrica –la que más, el 50%–, Bankinter, Cellnex, Iberdrola y Amadeus. Pero en los de Solaria, Fluidra y Rovi sólo hay una mujer sentada en el consejo. Aun así, han aumentado las compañías que cumplen con el porcentaje recomendado por la CNMV, porque en 2020 eran sólo cinco. Los consejeros del Íbex 35 son 421 personas. El personal de alta dirección, 409 ejecutivos. Pero entre ellos el número de mujeres es muy inferior, el 22%, aun así 3,6 puntos porcentuales por encima de la cuota de 2020. La empresa con más altos directivos es Acciona, con un equipo de 45 personas, por sólo cinco con esa consideración en Telefónica, los mismos que en una compañía mucho más pequeño como Solaria. Por géneros, el 60% de los altos ejecutivos de la pública AENA son mujeres, pero sólo el 10% en Almirall y el 8% –una mujer– en Ferrovial. En Acerinox, Naturgy y Solaria no hay ni una sola mujer al mando. En Amadeus, Cellnex, Fluidra, Meliá, Merlín Properties, Siemens y Telefónica, sólo una.

Trasladada a los salarios, la brecha de género bruta en el Íbex 35 es del 11,3% de media, pero la superan ampliamente el Santander, con un 32,3%, IAG –26%–, Fluidra –24%– y Telefónica –21,8%–. Las que menor diferencia muestran son Meliá, con sólo un 1,1%, y AENA, con un 1,7%. Incluso en tres empresas, Siemens Gamesa, Arcelor Mittal e Iberdrola las mujeres cobran más que los hombres.

El salario medio de un empleado en uno de los grandes del Íbex 35 asciende a 54.871 euros anuales, muy por encima del sueldo medio español, que se situaba en 21.519 euros en 2021, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Sin embargo, también dentro del selectivo las diferencias son enormes. El sueldo medio más bajo de todos corresponde a Meliá, con sólo 16.000 euros al año, seguido de Cíe Automotive, con 17.000 euros, e Inditex, con 23.000 euros. Por arriba, las cifras son expresivas: un primer ejecutivo del Íbex cobró de media 4,9 millones de euros en 2021, un consejero, 796.399 euros y un alto directivo, 1,06 millones al año.

De vuelta a estas tres empresas concretas, la distancia con el primer ejecutivo se convierte en astronómica: el consejero delegado de Cíe Automotive percibió en 2021 una retribución de 5,9 millones de euros en beneficio bruto de las acciones, mientras que el de Inditex cobró 12,4 millones. Es decir, en el fabricante de componentes para coches el sueldo de su principal ejecutivo es 560 veces el salario medio de sus empleados, y en Inditex lo multiplica por 541.

El mercado laboral comienza el año acusando el fin de la campaña de navidad: ha perdido 215.047 cotizantes a la Seguridad Social mientras el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha crecido en 70.744 personas. Ambas cifras superan las de enero de 2022, cuando los afiliados bajaron en 197.750 y los desempleados aumentaron en 17.173 trabajadores. Otro dato más que apunta hacia la desaceleración de la economía y el empleo que viene larvándose desde el final del año anterior. Aun así, España mantiene los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social –20,08 millones, exactamente–, que alcanzó el pasado mes de abril, y sigue por debajo de los tres millones de parados registrados –los ha superado en la Encuesta de Población Activa–, una cota que abandonó en mayo de 2022.

El hachazo laboral tras las navidades se hace evidente en el hecho de que todo el aumento del paro se lo ha llevado el sector servicios, que suma 70.759 parados más. Sólo la construcción ha bajado sus registros en el SEPE, con un descenso de 3.111 desempleados. La industria apenas se movió, con 408 parados más. La agricultura añadió 1.457 personas a las listas del desempleo. En las estadísticas de la Seguridad Social el golpe puede precisarse más: la hostelería ha prescindido de 43.118 trabajadores, un 3,36% de sus afiliados, y el comercio de otros 39.613, un 1,56%. También han perdido cotizantes, 42.068, las actividades administrativas, un 3%. En la sanidad se han dado de baja 17.329 profesionales. La caída de la ocupación en los servicios, sobre todo en los citados, que son sectores muy feminizados, se ceba en el empleo de las mujeres. La Seguridad Social ha perdido 116.322 afiliadas –un descenso del 1,2%–, pero 98.725 afiliados –una caída del 0,9%–, mientras que se han apuntado al paro 49.937 mujeres –un aumento del 2,95%– y menos de la mitad de hombres, 20.807 –un 1,8% más–.

En el patrón estacional característico del mercado de trabajo español, enero siempre es un mes malo, con crecimientos del paro y bajadas en la afiliación, y 2023 no ha sido una excepción. Aun así, el Ministerio de Seguridad Social ha destacado que el descenso de afiliación de este último enero –1,06%– ha sido menor que los registrados desde 2019. Con respecto al paro, el aumento multiplica por cuatro el de enero de 2022, pero queda por debajo de las alzas sufridas los tres años precedentes.

El buen dato que continúa en 2023 es el auge de los contratos indefinidos. En enero el 44,16% de los firmados eran de este tipo, un 122,2% más que en el mismo mes de 2022. Son cinco puntos porcentuales más de los registrados en diciembre. De los 530.306 contratos fijos suscritos el pasado enero, 236.443 fueron a tiempo completo, 173.968 eran fijos discontinuos y 119.895 a tiempo parcial. Los primeros han crecido un 62,2% respecto a hace un año, los segundos un 558,3% y los terceros, un 80,3%. Los temporales, a su vez, han caído un 50,6%. Los 670.444 suscritos son la mitad de los que se registraron hace un año, pero un millón menos de los que se firmaron en enero de 2019.

La misma tónica se desprende de los datos de la Seguridad Social. Los afiliados con contrato temporal han descendido hasta el 15%, su mínimo histórico según resalta el ministerio, que atribuye el cambio de tendencia a la reforma laboral aprobada hace un año. Hasta ese momento, la media de cotizantes con contratos de duración determinada no bajaba del 30%. Seguridad Social ha facilitado este mes datos sobre fijos discontinuos y sobre la pervivencia de los contratos fijos firmados desde la entrada en vigor de la reforma, dos de las polémicas surgidas con su aplicación. Así, el ministerio asegura que más de la mitad de los 4,05 millones de cotizantes que entre enero y marzo de 2022 –antes de la entrada en vigor plena de la reforma– tenían un contrato temporal y ahora siguen dados de alta, tienen un contrato indefinido. De ellos, el 80% han firmado un contrato fijo y el 20% son fijos discontinuos. Además, destaca, el 40% de los que han conseguido un contrato indefinido han cambiado de empresa.

El departamento de José Luis Escrivá sale así al paso de las críticas que la oposición y algunos expertos han lanzado sobre el enorme aumento de los fijos discontinuos tras la reforma laboral y sobre cómo se registra su número y sus periodos de inactividad en las estadísticas. Este último enero, se han firmado 173.968 contratos fijos discontinuos, un 2,2% menos que en diciembre, mientras que han aumentado un 32,1% los indefinidos a jornada completa y un 11,7% los de tiempo parcial.

El mal comportamiento del mercado de trabajo ha sido general en todas las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere al paro como al número de cotizantes a la Seguridad Social. Sólo en Baleares ha bajado el desempleo, aunque apenas tiene 297 parados menos que en diciembre. Los territorios donde más ha bajado el empleo y crecido el paro en cifra absolutas han sido Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, que también son las más pobladas. En términos relativos, Madrid es la segunda comunidad, tras Asturias, donde más ha aumentado el desempleo en enero respecto al mes anterior, un 3,74%, seguida por Cantabria y Castilla-La Mancha. Pero es en Extremadura –1,58%–, Comunidad Valenciana –1,52%– y Cantabria –1,4%– donde más ha caído el empleo en cifras porcentuales.

Finalmente, los ERTE siguen reduciendo el número de trabajadores a los que protegen. Son 15.010, un 27% menos que en diciembre. De ellos, 13.097 son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, mientras que ya sólo quedan 1.529 por fuerza mayor y 384 en el mecanismo RED que se aplicó a las agencias de viajes.

A juicio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los datos de empleo de enero constatan que España tiene un mercado laboral “muy sólido y muy fuerte”, que además está “aguantando muy bien” un entorno “muy complicado”. Según ha dicho, enero es “el mes estacionalmente más bajo del año” por lo que prefiere observar los datos sin ese componente estacional, como sucede con el PIB. Pero incluso sin hacerlo, Escrivá ha resaltado que la caída de enero de 2023 de la afiliación media y la subida del paro son menores que las registradas en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando se perdieron 245.000 ocupados y se sumaron 90.000 personas a las listas del desempleo. Para el ministro, los datos desestacionalizados evidencian que el mercado laboral “ha arrancado bien el año” y aunque no ha querido adelantar lo que ocurrirá en los próximos meses, sí ha dicho que el empleo “no hará más que crecer”. De hecho, ha afirmado que la probabilidad de que febrero sea también un buen mes “es grande”, informa Europa Press.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el crecimiento del paro en enero ha sido “más moderado que la media histórica y que otros eneros recientes, lo que muestra una mayor estabilidad del mercado laboral”.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, cree que los datos de empleo de enero “no son buenos”. Aunque corresponden a una situación estacional, advierte de que también se presentan como un “síntoma de desaceleración” que hacen necesario tomar medidas para “avanzar en la consolidación y la creación de empleo“.

La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, ha subrayado que “son los bajos salarios los que lastran la economía y el empleo, no los que los castigan”, tras alabar la “senda de estabilidad” de los contratos tras la reforma laboral. Además, ha reclamado una mejora de las políticas activas de empleo para luchar contra el paro de larga duración y de la cobertura de las prestaciones por desempleo, pues la tasa de diciembre, del 68,9%, se encuentra 11 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2010, cuando alcanzó su máximo histórico.

Para la CEOE, el descenso del empleo y el aumento son un comportamiento habitual del empleo en el primer mes del año, aunque aprecia una mayor intensidad en la caída de la afiliación, al igual que en meses anteriores, por culpa de la incertidumbre. No obstante, la patronal destaca la “gran resiliencia” que está mostrando el mercado laboral, pese a que éste “no es inmune” a los riesgos que supone la guerra en Ucrania y “su impacto sobre la inflación, el suministro de energía y, en general, el encarecimiento generalizado de los costes de producción”.

El mercado laboral ha vuelto este septiembre a recuperar el patrón estacional que perdió en la pospandemia. Se ha enfriado con el fin del verano y de la temporada turística, pero aún aguanta y ha sumado 29.286 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Son menos que en 2020 y 2021, cuando los cotizantes aumentaron en 84.013 y 57.387, respectivamente, cifras inusuales para los septiembres laborales españoles. Pero también son más que los 3.224 nuevos afiliados que se registraron en septiembre de 2019. El comienzo del curso escolar, con un aumento de 61.212 nuevos empleos en el sector educativo, ha compensado los fuertes descensos de la hostelería, 33.433 cotizantes menos, y del comercio, 36.279, que han bajado el pistón del empleo veraniego.

Esa misma dinámica se refleja también en las cifras del paro. Los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuentan en septiembre 17.679 parados más que en agosto, por lo que el desempleo ha vuelto a crecer en este mes después de haberse recortado en 2020 –26.329 menos– y en 2021 –76.113 menos–. En 2019, el paro también creció, como lo ha hecho en casi todos los septiembres desde 1996, pero menos que este año: el alza fue de 13.907 parados. El aumento de este año procede del sector servicios, donde han perdido el empleo 24.691 trabajadores al acabar el verano, y de los 5.016 sin empleo anterior que intentan entrar ahora en el mercado laboral.

En los nueve primeros meses de este año, la Seguridad Social ha ganado 649.176 afiliados, por lo que suma un total de 20,22 millones de cotizantes. El ministerio que preside José Luis Escrivá destaca que el mercado de trabajo lleva 17 meses consecutivos creando empleo si se mide en términos desestacionalizados; es decir, descontando la estacionalidad y los efectos de calendario. Este mes han experimentado un fuerte aumento de cotizantes no sólo la educación sino también la agricultura y las actividades administrativas, mientras que han perdido afiliados, además del comercio y la hostelería, la sanidad –11.550– y las empleadas domésticas, un 6,23% de las que estaban registradas.

Este mes también se ha dibujado una pauta de género en los movimientos del paro y el empleo: la afiliación de mujeres ha crecido en 61.351 personas, resultado del aumento en los sectores educativo y administrativo, muy feminizados, mientras que la de los hombres ha caído en 32.065 cotizantes. Lo mismo ha ocurrido en las cifras del SEPE. El paro femenino ha bajado en 7.885 personas, pero el masculino ha subido en 9.794. El de los menores de 25 años ha aumentado en septiembre, pero, aun así, resalta el Ministerio de Trabajo, es el menor en este mes desde 1996: 210.273 desempleados jóvenes. En total, en España sigue habiendo 2,94 millones de parados.

También llama la atención el reparto geográfico del empleo este mes. Sobre todo en Andalucía, donde han perdido su trabajo 9.310 personas y se han registrado en las oficinas del SEPE 6.778. En Baleares ha sido igualmente muy intensa la pérdida de afiliación, 15.014 personas, pero el paro registrado sólo lo ha hecho en 1.096. La diferencia en ambos casos se explica porque pueden haber pasado a engrosar las filas de la población inactiva. No buscan activamente otro empleo. Por el contrario, el aumento de la afiliación y la bajada del paro es destacable en Canarias, con 12.532 nuevos cotizantes y 1.628 desempleados menos. No obstante, los mayores aumentos de afiliación a la Seguridad Social se los lleva Madrid, con 45.272 nuevos cotizantes, y Cataluña, con 20.602.

Por lo que se refiere a la contratación, en septiembre continúa surtiendo efecto la reforma laboral. Se han firmado 1,66 millones de contratos, un 13,7% menos que en el mismo mes de 2021. Y casi la mitad de ellos, el 46,7%, son indefinidos, por lo que la cifra supera el triple de entonces. Al tiempo, los contratos temporales, se han reducido en un 48,2% respecto a un año antes.

De los 775.886 nuevos indefinidos, 2898.273 son a tiempo completo y 196.330 a tiempo parcial. Los primeros, por tanto, han crecido un 149% respecto a septiembre de 2021, y los segundos, un 229%. Los fijos discontinuos, el formato que más está aumentando tras la reforma, suman 281.253, siete veces el dato de hace un año. Los contratos indefinidos representan el 52,7% de los que se han firmado en la agricultura, y hasta el 75,9% de los registrados en la construcción. Los suscritos por menores de 30 años son el 47%. El resultado de este sustancial cambio de comportamiento es que, según los registros de la Seguridad Social, ya hay más de dos millones de afiliados con contratos indefinidos. El ministerio subraya, además, que se registran 2,6 millones de contratos menos con duración inferior a los 30 días.

Dos año y medio después del estallido del covid-19, aún se mantienen en ERTE 21.369 trabajadores, de los cuales 18.350 están acogidos a un expediente de regulación por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y sólo quedan 1.352 en uno de fuerza mayor, que fueron los mayoritarios durante la fase más dura de la pandemia y el confinamiento. El mecanismo RED acoge ahora a 1.351 trabajadores de las agencias de viajes.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha concedido que los datos de paro de septiembre “en principio no son malos”. “Hay que ser prudentes. Un dato que teníamos es que el crecimiento iba a ser menor pero iba a afectar menos al empleo que en otras ocasiones y, en algún caso, también es como consecuencia de la reforma laboral. Posiblemente lo que va a haber es más cierre de pequeñas empresas. El dato del empleo no se resiente tanto, pero vamos a ver más cierres de empresas", ha dicho el presidente de la patronal.

Para UGT, el aumento del paro en septiembre se debe a la estacionalidad, al fin de la campaña de verano. Pero también destaca que se está moderando esa alta estacionalidad y temporalidad característica del mercado laboral español. Su secretario general, Pepe Álvarez, ha calificado de “aceptable” el ritmo de afiliaciones a la Seguridad Social, al tiempo que ha pedido al Gobierno que ponga “todo el empeño” en políticas para seguir creando empleo.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, cree que los datos de empleo del último mes son “buenos” pero no “suficientes" para absorber el paro que se ha generado, y ha llamado a los empresarios a hacer “un esfuerzo” para alcanzar un acuerdo que permita subir los salarios.

Las reformas laborales tienen tres periodos: el previo, en el que las empresas anticipan los cambios que anuncian los gobiernos o negocian con sindicatos y patronal; el de aplicación, que en el caso de la última, aprobada en diciembre de 2021, contó con un periodo transitorio hasta el pasado mes de abril, y el de acomodación. “En el que probablemente ya estamos”, apunta Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). A los casi seis meses de que entrara plenamente en vigor, empresas, trabajadores, asesorías laborales y hasta jueces se están adaptando al nuevo marco legal en que deben funcionar. Y cómo lo hagan decidirá el impacto real de la reforma, resalta Felgueroso.

España acumula una amplia experiencia en la materia, avalada por la decena de reformas laborales que se han aplicado en los últimos 40 años. Como bien saben los expertos laborales, todas las reformas dejan lagunas sin cubrir, tienen efectos imprevistos e indeseados y estimulan la creatividad de los afectados para encontrar vías de escape y eludirlas.

La más reciente reforma laboral ha tenido unos primeros efectos evidentes y notables. La contratación indefinida se ha disparado hasta niveles nunca vistos en España: del 10% habitual al 48% el pasado mes de abril. La temporal se ha recortado desde el 90% hasta el 51% también en abril. El número total de contratos, situado cada año en unas cifras récord por culpa de la elevada rotación –muchos contratos para cubrir un solo puesto de trabajo–, se ha reducido en un millón respecto a los más de dos millones que llegaban a firmarse cada mes antes de la reforma. También han disminuido los contratos ultrabreves, los de menos de siete días, desde que se penaliza a las empresas con un aumento de cotizaciones: se han registrado un 38,3% menos que hasta agosto de 2019, antes de la pandemia.

Para hacerse una idea del cambio: hasta agosto se han firmado ya el doble de contratos indefinidos, 4,47 millones, que en todo el año 2019. Y el triple de los que se habían suscrito hasta agosto de ese año.

Pero, al mismo tiempo, asoman en el mercado laboral otros fenómenos imprevistos. Felgueroso recuerda que, a diferencia de la reforma laboral de 2012, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la de Yolanda Díaz tiene un coste para las empresas: la indemnización por despedir a un indefinido –20 días, 33 días si resulta improcedente– es superior a la de un temporal –12 días– y las cotizaciones por emplear a un trabajador durante 30 o menos también son mayores. “Habrá que ver ahora cómo reaccionan las empresas ante ese encarecimiento: si asumen el mayor coste o si lo repercuten en el trabajador”, resume el investigador de Fedea.

En el segundo caso, las empresas pueden estar ya recortando las horas de trabajo, advierte Felgueroso; es decir, aumentando los contratos a tiempo parcial o los fijos discontinuos. Aunque todos los expertos consultados por infoLibre extreman la prudencia en sus análisis –“es pronto aún”, coinciden–, las cifras conocidas hasta el momento a través de los registros de contratos del Servicio Público de Empleo (SEPE) revelan que desde enero hasta agosto el número de contratos indefinidos a tiempo parcial se ha multiplicado por 3,5 en comparación con idéntico periodo de 2019. Al tiempo que se han desplomado los temporales con jornada parcial, un 49% respecto a la prepandemia. Los indefinidos a tiempo completo también han crecido, sólo un poco menos que los de jornada parcial.

Pero el desvío más claro está ocurriendo hacia los contratos fijos discontinuos, cuyo número se ha multiplicado nada menos que por 8,5 en lo que va de año respecto a los ocho primeros meses de 2019. Los fijos discontinuos son, en realidad, contratos a tiempo parcial “acumulado en el año”, aclara Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. La prueba definitiva de si se están disfrazando temporales como indefinidos se obtendrá cuando las empresas tengan que volver a llamar a estos trabajadores en la próxima temporada de actividad, adelanta Malo Ocaña. Si éstas no lo hacen, pueden reclamar como despedidos. “Porque esos contratos no obligan a nadie: la empresa puede no llamarles, y el trabajador puede tener otro empleo durante el periodo de inactividad”, apunta Felgueroso. Según destaca, además, ese aumento espectacular de los contratos fijos discontinuos ha tenido un efecto “muy pequeño” en la afiliación a la Seguridad Social.

A su juicio, la reforma laboral ha tenido impacto “en las estadísticas, pero no un impacto real en las condiciones de trabajo”. Sí que reconoce que un contrato indefinido proporciona “más garantías y más certidumbre” al asalariado que uno temporal. Si le despiden, su indemnización es mayor; también acumula antigüedad, recibe más formación y tiene derecho a más beneficios salariales y sociales. Pero Felgueroso teme otro efecto indeseado de la reforma laboral: que los indefinidos duren cada vez menos. “Son indefinidos, pero no fijos, aunque los llamemos así,”, advierte en la misma dirección Miguel Ángel Malo, quien recuerda que tras la reforma laboral de 1997 ya se comprobó que disminuyó la duración de este tipo de contratos. Ese año se creó un contrato indefinido para fomentar el empleo de mujeres, hombres mayores de 45 y menores de 30, parados de larga duración y discapacitados, que garantizaba una indemnización de 33 días, por tanto por debajo de los 45 días por año trabajado que se pagaba en los despidos improcedentes. Pero también se aprobaron bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para incentivar a las empresas a ofrecer estos contratos. Y ocurrió lo inesperado: cuando acababan esos descuentos, el trabajador era despedido. Según un estudio publicado en 2010 por Funcas, el laboratorio de ideas de las cajas de ahorro, la tasa de despido de los trabajadores indefinidos sujetos a estas medidas de fomento fue hasta un 25% superior durante el primer año de contrato en el caso de las mujeres de más de 45 años, y de hasta un 45% superior en el de los hombres de esa edad, comparados con los que no habían recibido bonificaciones.

Felgueroso asegura que una parte muy importante de los contratos temporales en España son fraudulentos, no corresponden a actividades realmente temporales. De hecho, cifra en dos tercios los contratos temporales que son recontrataciones de trabajadores por la misma empresa, la mayoría de ellas en la hostelería, la agricultura y las administraciones públicas. Un porcentaje “exagerado” que no se cubría con fijos discontinuos porque las empresas los consideraban más caros. La reforma laboral, avanza, acabará con esos contratos temporales en fraude de ley. Pero también advierte de que hay un número considerable de contratos temporales que sí cumplen con las causas establecidas por la ley. Para lidiar con ese tipo de empleos, las empresas se encuentran ahora con una rigidez que antes no sufrían. Y, si tienen que cambiarlos por otros indefinidos, pueden terminar despidiendo igual que antes finalizaban los temporales.

Malo Ocaña introduce aquí otra vía de escape: la utilización fraudulenta del periodo de prueba de los contratos. Del mismo modo que ya se hizo con el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que el Gobierno del PP vendió como el hallazgo estrella de la reforma laboral de 2012. Incorporaba un periodo de prueba inusualmente largo, un año, pero permitía el despido sin indemnización si el trabajador no lo superaba. Lo que dio pie a que muchas empresas echaran a sus empleados el día 364 del periodo de prueba, una práctica contra la que los juzgados de lo Social dictaron un buen número de sentencias. El Estatuto de los Trabajadores establece un periodo de prueba de seis meses para los técnicos titulados y dos meses para los demás trabajadores. Permite tres meses si la empresa tiene menos de 25 empleados.

El Ministerio de Trabajo ofrece datos sobre el número de personas que piden la prestación de desempleo tras no haber superado el periodo de prueba. Lo que puede tomarse como un indicador aproximado de cuántos trabajadores han sido despedidos por ese motivo. Su número empezó a aumentar en marzo de este año y alcanzó su máximo en mayo. De enero a julio sumaron 24.480 personas, un 38% más que en el mismo periodo de 2021, pero aún un 23,8% por debajo de 2019. Malo Ocaña dice que habrá que esperar aún para comprobar si este fraude va más allá de una primera alarma lanzada desde algunos despachos de abogados y tiene trascendencia estadística.

Florentino Felgueroso también hace notar que el descenso de los contratos temporales por circunstancias de la producción, el temporal típico ahora que ha desaparecido el de obra y servicio, fue más acusado en los primeros meses del año que durante el verano, cuando la temporada alta del turismo estimula el recurso al empleo estacional. En efecto, llegaron a su mínimo en abril, con 555.099 contratos, pero repuntaron a partir de entonces hasta alcanzar su máximo, 775.204 en julio. Aun así, muy por debajo del millón que superó julio en 2019.

Además, en plena pérdida de fuelle de los contratos temporales, las empresas están trasladando su modalidad de contrato más corta, por debajo de siete días, a la siguiente, entre siete y 15 días. Así, en el acumulado hasta agosto, la única categoría que crece respecto a 2021 y 2019 es la de los contratos de entre una y dos semanas, que suman 639.417, un 11% más que el año pasado y un 0,5% más que antes de la pandemia. Lo que no ha mejorado mucho es la duración media de los contratos. Aunque llegó a situarse en 60,63 días en marzo, no ha dejado de caer desde entonces, hundiéndose en sólo 39 días en agosto. En cualquier caso, en lo que va de año permanece en 49 días, sólo un poco por encima de la duración media hasta agosto de 2019.

Para Florentino Felgueroso, el indicador más fidedigno del impacto de la reforma laboral será menos el descenso de la tasa de temporalidad –el 22,3% en junio, cuatro puntos menos que en 2019– que el número anual de horas trabajadas. “Esa será la señal de que se ha reducido la pobreza laboral”, recalca, “que los trabajadores más precarios hayan aumentado su retribución anual porque han podido trabajar más horas”.

El pasado febrero, cuando la reforma laboral apenas había comenzado a surtir efectos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, proclamó en una entrevista en El País que con la nueva norma se había acabado “despedir los viernes para contratar el lunes”. Pero lo cierto es que, de momento, las empresas no han cambiado esa pauta de comportamiento. Las estadísticas de afiliación diaria de la Seguridad Social siguen en agosto el mismo ritmo de siempre. El 1 de agosto se dieron de alta 282.355 afiliados, pero se dieron de baja aún más, 339.960. El último día del mes perdieron su trabajo 320.052 personas. Y continúan hinchadas las cifras de altas y bajas cada lunes, cuando se triplican las de cualquier otro día de la semana. Es decir, se sigue contratando y despidiendo a mansalva semana a semana y mes a mes.

Los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, repiten que su afán es hacer del despido el último recurso de las empresas para hacer frente a sus problemas económicos. Más aún cuando las sucesivas crisis no han hecho más que situar la destrucción del empleo en el centro de las políticas laborales. Pero hasta el momento su éxito ha sido muy limitado. Al menos a tenor de las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España cada vez se despide más y cada vez es mayor el número de despidos que terminan en los tribunales. Si en 2017 el número de trabajadores a los que se privó de su empleo fue de 415.927 –la menor cifra desde que terminó la crisis financiera–, desde entonces no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los 479.181 en 2020. Un aumento del 15,2%. 2020 fue el año de la pandemia, pero también de los ERTE, el mecanismo público pensado para proteger a los trabajadores del despido.

El ministerio no hará públicos los datos sobre los despidos ejecutados en 2021 hasta el mes de diciembre, por lo que hasta entonces no se desvelará si la tendencia al alza ha continuado una vez recuperada la actividad que había quedado paralizada por culpa del virus. En cambio, sí cuenta con estadísticas más actualizadas el CGPJ respecto a los despidos que acabaron en los tribunales. Y en ellas se observa igualmente una tendencia al alza que es incluso superior. Desde 2017, que fue el año con menos despidos judicializados, 97.763, hasta 2021, las extinciones de contrato impugnadas ante un tribunal crecieron un 38,45%, alcanzando los 135.361 casos. Si en 2017 el 29,2% de los asuntos resueltos en la jurisdicción de lo Social eran despidos, esa cuota ha pasado a ser del 45,6% en 2021. Es decir, casi la mitad de los procesos fueron despidos, como destaca el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Baylos, tras reunir y comparar las cifras en su blog.

“Una parte del crecimiento se explica por el desplazamiento de asuntos durante 2020 [debido a la suspensión de plazos y vistas por el covid], pero la tendencia va más allá de ese aspecto coyuntural”, asegura a infoLibre. Por el contrario, otros procedimientos, como las reclamaciones de cantidades y de derechos “se han detenido o, por decirlo de otra manera, no se ejercitan”. Estas demandas, que se presentan cuando el contrato de trabajo aún está vigente, han disminuido desde las 168.735 de 2010 hasta 144.055 en 2019. Bajaron aún más en el año de la pandemia, hasta 107.960, y se dispararon en 2021, con 161.328.

En todo caso, la tasa de litigiosidad –el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes– en los tribunales de lo Social tampoco ha dejado de crecer en los últimos años. De un mínimo de 8,2 en 2016 se llegó al 9,2 en 2019 y tras una caída al 8,4 en 2020 ha regresado a 9,4 en 2021, lo que le acerca a los máximos de lo peor de la crisis anterior, cuando ascendió a 9,8 en 2012 y a 10 en 2013.

De los 479.181 despidos de 2021, la mayoría son individuales. Por causas objetivas –económicas, organizativas, técnicas o de producción–, perdieron su empleo 269.002 trabajadores el año pasado, mientras que otros 106.571 fueron despedidos por motivos disciplinarios. Sólo 81.294 sufrieron un despido colectivo, los conocidos como ERE (Expediente de Regulación de Empleo) antes de la reforma laboral de 2012.

Pero son precisamente los despidos colectivos los que más crecieron en 2020. De hecho, el número de trabajadores que se quedaron sin empleo por culpa de un ERE en el año del covid más que se duplicó respecto a 2019, cuando resultaron afectadas 38.469 personas. Pero la tendencia al alza ya venía de atrás. En 2017 se redujo hasta el mínimo de la década, con 24.854 despedidos. Los 81.294 de 2021 casi replican los 82.876 de 2012, nada más aprobarse la reforma laboral que facilitó y abarató los despidos en general y los colectivos en particular.

Al mismo tiempo, la cuantía media pagada a los despedidos en estos procedimientos colectivos ha caído desde 22.593 euros en 2019 hasta 12.459 euros un año después, un 44,85%. Pero la tendencia a la baja ya era anterior: en 2015, el año más antiguo del que publica datos el Ministerio de Trabajo, la indemnización media que se pagó en un despido colectivo ascendió a 31.854 euros. Por tanto, ha caído casi un 61% desde entonces.

No obstante, cabe señalar que las indemnizaciones en los despidos colectivos son siempre mucho mayores que las pagadas en los individuales. En 2015, las primeras casi cuadriplicaban la cuantía de las segundas –8.233,3 euros –. En 2021, al caer tanto las cobradas en los despidos colectivos, la distancia con los individuales se ha reducido y son un 59% superiores, pero aun así menores que hace seis años –7.840 euros–.

A juicio de Antonio Baylos, el aumento de los despidos colectivos tiene que ver con “la utilización por las empresas de la llamada flexibilidad numérica o ajuste de empleo definitivo para casos que escapaban de las mallas protectoras” previstas por los decretos-ley que reconfiguraron los ERTE en 2020. En ellos se incluyó una salvaguarda del empleo que prohibía despedir a trabajadores hasta seis meses después de la reanudación de la actividad por parte de la empresa, bajo pena de tener que devolver las cotizaciones a la Seguridad Social de las que se la había exonerado.

Por lo que se refiere a la rebaja considerable de la cuantía media con que se está indemnizando a los trabajadores despedidos en esos procedimientos colectivos, Baylos apunta a que éstos han afectado a empleados con poca antigüedad, que reciben por tanto compensaciones más pequeñas. “Pero los datos nos impiden saber si se trata de empresas medias y grandes, como normalmente coincide los despidos colectivos, o si se ha reducido plantilla también en empresas medias y bajas, o si se trata de cierres de empresas mediano-pequeñas”, precisa. Tampoco si hubo mediación sindical en el procedimiento. “En cualquier caso”, añade, “la disminución de las indemnizaciones por despido es una constante desde 2015, pero en las de los despidos colectivos no había habido un descenso tan grande hasta 2020”.

Aunque también hay que culpar al atasco judicial. Cuanto más retraso acumulan los juzgados de lo Social, más conciliaciones se firman. Y las conciliaciones implican siempre indemnizaciones menores. La cuantía media por sentencia en 2021 ascendió a 10.653,5 euros, según las estadísticas del CGPJ, mientras que la compensación tras conciliar y evitar el juicio se quedó en 7.913,6 euros.

Además, la tendencia es clara desde la última crisis: aumentan las conciliaciones en detrimento de los juicios. En 2009 y 2010, más de la mitad de los despidos terminaban con una sentencia judicial; en 2019 sólo el 30%. El año pasado, apenas el 28,2%. Por el contrario, las conciliaciones han crecido desde el 22,8% de 2009 hasta el 46,2% de 2021. El salto por encima del 30% se produjo a partir de 2012, con la aprobación de la reforma laboral.

En cualquier caso, las cuantías difieren, y mucho, dependiendo del tipo de contrato. Para un trabajador temporal a tiempo parcial –12 días por año trabajado– la indemnización media es sólo de 506,2 euros, de 1.267,9 euros si la jornada es completa. Para los indefinidos a tiempo parcial la indemnización media se eleva a 3.772 euros y a 15.418 euros para los de jornada completa. En su blog, Antonio Baylos destaca el dato de que las indemnizaciones de los trabajadores temporales quedan por debajo del coste laboral medio en España: 2.874,6 euros al mes.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcanza en España los 1.000 euros al mes, lo que la convierte en el séptimo país de la UE con el suelo retributivo más alto, por detrás de los 1.374 euros de Francia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se felicitó este miércoles, tras firmar con UGT y CCOO el acuerdo de subida, por el fuerte aumento del SMI en los últimos años. “España abandona así la gran anomalía de situarse entre los salarios más bajos de la UE”, expuso, “porque el SMI no sólo sirve para mejorar las condiciones de los trabajadores sin convenio y de los pertenecientes a los sectores más vulnerables, sino también para mover al alza en general los salarios” y de esta forma construir “un modelo económico y de relaciones laborales que se base en la productividad” y no en remuneraciones precarias.

Aunque todavía queda un último trecho hasta conseguir un SMI que equivalga al 60% del salario medio, como estipula la Carta Social de la UE y es el compromiso fijado en el acuerdo de gobierno, el salario mínimo ha crecido con vigor en los últimos años. Tras sufrir su congelación en 2011 y 2014, aumentó sólo un 3,45% entre 2010 y 2016, apenas 21,9 euros, coincidiendo con los gobiernos del PP y con la crisis financiera. Pero desde ese año hasta ahora, el SMI ha subido 344,8 euros, un 52,6% en siete años. En 2016 era de sólo 655,2 euros al mes en 14 pagas. Como se sabe, la mayor alza se produjo en 2019, cuando pasó de 735,9 euros a 900, un 22,3%. La de 2022 ha sido de 35 euros, un 3,6%.

Según los cálculos realizados por CCOO, la mejora del SMI favorecerá a 1,8 millones de trabajadores, de los que casi 300.000 tienen jornadas a tiempo parcial. También beneficiará al 20% de los trabajadores temporales y más a las mujeres, que tienen empleos más precarizados. El 31% de los jóvenes entre 16 y 24 años y el 15% de los que tienen entre 25 y 34 años verán mejoradas sus nóminas igualmente.

La rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo se convirtió en una sucesión de datos esgrimidos por la ministra y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, para rebatir a quienes advierten de los efectos negativos de la subida del SMI. El Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) e institutos de estudios como BBVA Research, advirtieron sobre una posible destrucción de empleo. La CEOE, que se ha descolgado de las dos últimas subidas, la del pasado septiembre hasta 965 euros y la de esta semana, repite que “no es el momento” para aumentar el SMI. “Contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”, explicó en un comunicado emitido el pasado lunes.

También expresó su rechazo el presidente de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, para quien la subida, “más de 600 euros al año” si se suman las cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador y año, no impactará “en las grandes empresas ni en las medianas, sino en las que no se han recuperado [de la crisis del covid]”. Además, los pensionistas o las familias que cuentan con servicio doméstico en su casa no podrán hacer frente a la subida de sueldo de cuidadoras y empleadas del hogar, aseguró. Finalmente, la CEOE atribuyó el deseo de aumentar el SMI “más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica”.

Por el contrario, tanto la ministra como los líderes sindicales recalcaron que “no existe ni un dato” que corrobore esas afirmaciones. Díaz las tachó de “ciencia ficción” y Sordo habló de “teología”. Según destacó la titular de Trabajo, el sector agrario disfruta de un récord de afiliación, con 840.000 ocupados y un aumento de 58.000 cotizantes el último año. Otro tanto, abundó, ocurre con los autónomos, también con una afiliación récord de 3,15 millones, 63.297 cotizantes más en 2021 y 84.237 más de los que había en 2018. Sobre las empleadas domésticas, cuyo número en el régimen especial lleva cayendo 59 meses, Díaz culpó al cambio normativo acometido en 2015 que ha propiciado la contratación de estas trabajadoras a través de empresas. “Desde 2018”, continuó Yolanda Díaz, “hay 60.000 cuidadores profesionales más”.

El acuerdo firmado este miércoles fija para los eventuales y temporeros con menos de 120 días de trabajo un salario mínimo diario de 47,36 euros –33,33 días para el resto– y 7,82 euros brutos la hora para las empleadas del hogar externas a tiempo parcial.

La subida del SMI es el primer episodio de la batalla que se va a librar este año por los salarios. El próximo 3 de marzo, los sindicatos y la patronal volverán a sentarse a discutir, en este caso para intentar renovar el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que establece el marco general donde se moverán los convenios colectivos. Y se avecina una negociación muy dura. Según adelantó Unai Sordo, tan complicada como lo fue la reforma laboral.

Con la inflación disparada por encima del 6%, los costes de la energía por las nubes y resistiéndose a bajar, y las incertidumbres que aún permanecen en torno al coronavirus, los empresarios no quieren ni oír hablar de subidas salariales.

Para rechazar el alza en el SMI la CEOE arguye que, mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado los niveles previos a la crisis, el excedente bruto de explotación, la magnitud de la contabilidad nacional que asemeja los beneficios empresariales, “todavía está muy lejos de normalizar su situación y continúa siendo un 6,6% inferior al de 2019”.

Mientras, lo sindicatos sostienen que los trabajadores, a diferencia de las empresas, no tienen dónde repercutir la subida del recibo de la luz, en palabras de Pepe Álvarez, y que las nóminas no pueden perder poder adquisitivo con el PIB creciendo a un ritmo del 5%. Por eso, UGT ya ha reclamado una subida del 5% en los salarios para este año, una cifra que puede moderarse a cambio de recuperar las cláusulas de revisión salarial en los convenios, desaparecidas tras la crisis financiera. “Es una negociación capital”, destacó Unai Sordo, “porque la orientación salarial para los dos o tres próximos años es estratégica para España: necesitamos consolidar un crecimiento económico basado en mejores salarios saliéndonos de la tenaza de la inflación”. Además, será la ocasión de aplicar lo que hasta el momento ha sido una “agenda legislativa”, culminada con la reforma laboral, y ahora tiene que trasladarse a las mesas donde se firmarán los convenios colectivos.

Sin olvidar, advirtieron Sordo y Álvarez, las reivindicaciones que quedaron fuera del anterior pacto para la reforma laboral: el despido y los descuelgues.

La economía española siguió creando empleo con brío en el último trimestre del año pese al embate de la variante ómicron, por lo que terminó 2021 creando 840.700 puestos de trabajo, el mayor aumento anual desde 2005, según ha destacado el Ministerio de Economía. La población ocupada lleva desde el tercer trimestre por encima de los 20 millones de personas, elevándose en el cuarto hasta los 20,18 millones. Al tiempo, el paro ha caído hasta el 13,33%, la menor tasa desde 2008. Quedan 3,1 millones de desempleados. Ambas cifras de empleo y paro devuelven a España a los niveles anteriores a la crisis financiera y al estallido de la burbuja inmobiliaria.

A la luz de los datos revelados por la Encuesta de Población Activa (EPA), el covid no ha amargado del todo el final de 2021. Las ausencias por enfermedad aumentaron en 109.600 personas entre octubre y diciembre, pero aun así las horas trabajadas crecieron un 7,33% respecto del trimestre anterior. En todo el año, el número de horas trabajadas subió un 2,46%. Sin embargo, siguen un 3,8% por debajo de las registradas en el cuarto trimestre de 2019.

En cualquier caso, el año pasado el empleo aumentó en todos los sectores, con 705.400 ocupados más en los servicios, la actividad más castigada por las restricciones del coronavirus, y en todas las comunidades autónomas, con las mayores alzas en Canarias –un 13,36%–, Murcia –6,14%– y Castilla-La Mancha –5,81%–. Además, el empleo indefinido ha crecido en 425.000 personas, más que el temporal –307.700–, por lo que la tasa de temporalidad disminuye hasta el 25,38%, por debajo de la que cerró 2015. También ha mejorado la solidez de los empleos: mientras que el trabajo a tiempo completo ha aumentado en 901.800 personas, el que se realiza a tiempo parcial se ha reducido en 61.200 a lo largo de todo el año. El 13,5% de los ocupados trabaja por horas.

No obstante, el sector público ha quedado excluido de las buenas cifras de empleo del último trimestre, porque se ha deshecho de 8.500 de sus empleados. En todo 2021, en cambio, ha aumentado sus plantillas con 96.400 trabajadores, mientras que las empresas privadas han contratado a 744.300 personas más que hace un año. En el ejercicio pasado creció el empleo en todos los trimestres tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, a diferencia de lo ocurrido en 2020, en lo peor de la pandemia, cuando sólo crecía el empleo público y caía el privado en comparación anual con 2019.

Además, continúa en descenso el número de trabajadores en ERTE. Aunque el ritmo en que estas plantillas con el contrato suspendido o las horas de trabajo recortadas vuelven a la actividad va decreciendo según van pasando los meses. Entre octubre y diciembre fueron 31.400 asalariados los que salieron de un ERTE, mientras que los tres meses anteriores lo hicieron 119.000 y 210.800 en el segundo trimestre. Buena parte de ellos debe de haber vuelto a la actividad, porque hay 615.900 parados menos al acabar el ejercicio. Sólo en el cuarto trimestre el desempleo bajó un 9,16%, cuando en el tercero lo había hecho un 3,59%. Es más, en el año ha caído el paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajo– en 55.900 personas, invirtiendo la tendencia al alza que había impuesto la pandemia. Aunque cabe destacar que en los últimos meses del año también se recortó la población activa, compuesta por quienes, en edad de trabajar, están disponibles para hacerlo. De las 158.900 personas que abandonaron el mercado laboral, 110.900 eran hombres, más del doble que mujeres, 48.000. En todo el año, no obstante, los activos han aumentado en 224.700 personas.

Los datos son igualmente positivos si se cuentan los hogares que tienen a todos sus miembros en el paro. En 2021 descendieron en 173.200, pero aún son 1,02 millones, 10.700 más que antes de la pandemia. Los hogares donde todos sus integrantes tienen trabajo ha crecido en 670.700, hasta alcanzar los 11,07 millones, ya por encima de 2019.

En el reparto territorial, el País Vasco es la comunidad autónoma con menor tasa de paro y la única que baja del 9% –8,43%–. Le siguen Aragón, con un 9,02% y Navarra, con un 9,93%. Andalucía sigue por encima del 20%, pero Extremadura y Canarias se han quedado en el 18,94% cada una.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha calificado de “magníficos” los datos de la EPA, porque prueban que “la recuperación del empleo está siendo extraordinaria y cada vez de mayor calidad, con más jóvenes y mujeres y muchos más contratos indefinidos”. Según avanzó, esa tendencia tendrá continuidad en enero. Por su parte, la CEOE, que aplaude la “rápida recuperación del empleo” en 2021, también ha mostrado “cierta preocupación” por la caída de la población activa en el cuarto trimestre, en el que se rompió la tendencia positiva de los trimestres anteriores.

Los sindicatos CCOO y UGT han aprovechado los favorables números de empleo y paro para pedir a los partidos que apoyen la convalidación de la reforma laboral en el Congreso. La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha subrayado que el objetivo de la política económica no debería quedarse sólo en volver al nivel de empleo previo a la pandemia, sino que tendría que centrarse en alcanzar el nivel que se habría conseguido si no hubiera aparecido el covid. Para la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, lo preocupante es que los buenos datos estén “basados en una gran precariedad y temporalidad”. “Para que el empleo estable y fijo sea la norma y no la excepción, pedimos al Parlamento que apruebe el acuerdo de reforma laboral alcanzado entre los interlocutores sociales y el Gobierno. Es un acuerdo avalado por la Comisión Europea y beneficia a todo el mundo: personas trabajadoras, empresarios y sociedad en general”, reclamó.

La reforma laboral que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros se queda en un mero retoque cosmético de la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 o supone un auténtico cambio de paradigma. Los análisis no pueden ser más encontrados: van del “humo” (Gabriel Rufián) a la apelación de lo histórico (Yolanda Díaz).

Desde el mismo momento de la firma, el mensaje de la CEOE ha intentado subrayar que casi nada ha cambiado, porque el acuerdo con los sindicatos y el Gobierno mantiene intactos los aspectos fundamentales de la reforma de 2012. “El esqueleto principal”, lo ha llamado su presidente, Antonio Garamendi. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, dice que el nuevo texto conserva el 95% de la reforma que el PP aprobó sin negociación previa con los agentes sociales.

Pero por el mismo motivo, que todo sigue demasiado igual, los socios del Gobierno en el Congreso y otros sindicatos ajenos al pacto han dejado clara su decepción. El compromiso que esperaban ver cumplido era la derogación de la ley de 2012, o al menos ese encabezamiento abría el capítulo correspondiente del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Después, tanto el Ejecutivo como los sindicatos comenzaron a repetir el latiguillo reduccionista sobre “los aspectos más lesivos” de la reforma. Así fue como se situaron fuera de la agenda de la negociación buena parte de los cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajadores por aquella ley del PP. Para ERC, Bildu, BNG o Más País, el acuerdo tripartito se ha quedado manifiestamente “corto”, mientras que el sindicato CGT cree que no sólo “olvida muchos aspectos dañinos para los trabajadores”, sino que además “consolida” parte de la “terrible” reforma de 2012.

“Aún quedan cosas por hacer”, admite por su parte el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mientras el de CCOO, Unai Sordo, advierte de que “no renuncia” a sus reivindicaciones. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, niega que la reforma pactada sea “menos ambiciosa” de lo que pretendía y precisa que ejecuta una “derogación política, no técnica” de la ley del PP. También asegura que ha cumplido el acuerdo de gobierno.

Pero lo cierto es que el pacto tripartito ha excluido dos de las promesas del texto suscrito por el PSOE y Unidas Podemos: limitar la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar los descuelgues de los convenios.

Es más, ya en ese acuerdo de gobierno quedaban de hecho fuera de la derogación algunos de los puntos más significativos de la reforma de 2012. El primero, el despido. Que se eliminó del “perímetro” de la negociación por el rechazo frontal de la patronal a renunciar a unos cambios que facilitaron y abarataron la medida laboral más extrema justo en el peor momento de la crisis económica. Entonces las empresas recortaron costes reduciendo sus plantillas. Si en el primer momento, en 2009, habían prescindido de los contratados temporales, a partir de 2012 recurrieron a las extinciones de contratos indefinidos. Miles de despidos individuales y despidos colectivos. Las siglas ERE se convirtieron en noticia diaria.

La reforma del PP abarató el despido generalizando la indemnización de 33 días por año trabajado –con un tope de 24 mensualidades– para las rescisiones improcedentes, por lo que desapareció la de 45 días que había sido la más utilizada desde que otro gobierno del PP, con José María Aznar, instaurara el llamado “despido exprés” con esa cuantía compensatoria. Además, desde 2012 es la empresa, y no el trabajador, la que decide si éste vuelve a su puesto o es despedido e indemnizado cuando un tribunal determina que la medida ha sido improcedente. Y, sólo si el empleado es readmitido, el empresario está obligado ahora a pagar los llamados salarios de tramitación, los dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre la extinción del contrato y la sentencia.

También lo facilitó: cuando los despidos son colectivos, deben tener una causa, económica, organizativa, técnica o de producción. Entonces, la indemnización para lo que se considera un despido “objetivo” se mantuvo en 20 días por año trabajado, con un tope de 12 meses, la misma cantidad que ya existía antes. Pero se redefinieron las causas económicas, las más invocadas por las empresas. Desde 2012 basta con que la empresa prevea que va a tener pérdidas en el futuro o que durante tres trimestres consecutivos disminuyan sus ingresos respecto al año anterior, para despedir.

Aún más, la reforma del PP suprimió la autorización administrativa para ejecutar lo que hasta entonces se denominaban Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y que incluían tanto los de extinción –despidos– como los de suspensión del contrato y reducción de jornada, los ahora famosos ERTE. Desde 2012, los empresarios sólo tienen que comunicar a la autoridad laboral competente que van a ejecutar un despido colectivo, suspender contratos o reducir la jornada. Y abrir un periodo de consultas con los representantes sindicales. Da igual si hay acuerdo o no con ellos, la empresa lo ejecutará. Antes sólo podía hacerlo si la Consejería o el Ministerio de Trabajo determinaban que el ERE cumplía las causas legalmente establecidas.

Todas estas medidas convirtieron el despido en la herramienta preferida de las empresas para recortar costes laborales durante la anterior crisis. Sindicatos, patronal y Gobierno no las han tratado en la mesa de diálogo; no se han modificado, por tanto.

Tampoco se han tocado los descuelgues de los convenios, otro de los cambios fundamentales de la reforma de 2012. Desde ese año, las empresas pueden acogerse a las citadas causas económicas, organizativas, técnicas y de producción para no aplicar el convenio colectivo a sus plantillas en materias tan determinantes como el salario, la jornada, el horario, el sistema de trabajo y las mejoras voluntarias como pólizas de seguros o planes de pensiones. Para que una empresa presente una propuesta de descuelgue por causas económicas basta con que la disminución de los ingresos se produzca durante dos trimestres, no tres como en los despidos colectivos. En todo caso, las inaplicaciones de convenios no han sido muy utilizadas durante estos años. Si en 2013 fueron 2.179 las empresas que recurrieron a esta herramienta, en 2019 se quedaron en sólo 825. En estos dos últimos años anómalos de pandemia, la cifra no ha alcanzado las 500 empresas.

Limitar la modificación unilateral de las condiciones de trabajo ha quedado también para la siguiente negociación. Para bajar el salario, aumentar la jornada o cambiar el horario y el sistema de trabajo, el empresario puede de nuevo invocar las mismas causas económicas, organizativas, técnicas o de producción que para despedir o dejar de aplicar el convenio. Si el trabajador no acepta el cambio, todo lo que puede hacer es dejar su puesto a cambio de la indemnización mínima de 20 días por año. La medida puede igualmente ser colectiva, pero en ese caso la empresa debe abrir un periodo de consultas con los representantes sindicales de 15 días. Después, la aplica. A la misma indemnización tiene derecho el trabajador que no acepta un traslado –movilidad geográfica– o un cambio de función o puesto –movilidad funcional–. Todo este conjunto de mecanismos integran la “flexibilidad interna” que debería prevalecer sobre los despidos –“el último recurso”– y que, para la CEOE, “garantizan la adaptabilidad de las empresas y aseguran la libertad de empresa”.

Otros aspectos de la reforma de 2012 que permanecen inalterados son, por ejemplo, las horas complementarias que pueden trabajar los asalariados a tiempo parcial. La ley del PP permitió incluso que estos trabajadores hicieran horas extraordinarias. Pero la medida duró poco. En diciembre de 2013 se volvieron a prohibir, pero a cambio se autorizaron las “horas complementarias”: previamente pactadas entre empresa y trabajador –en teoría no impuestas–, pero pagadas como ordinarias.

Tampoco se ha tocado el nuevo papel que la ley de 2012 otorgó a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), a las que se permite desde entonces trabajar también como agencias de colocación. El Gobierno del PP intentó convertirlas en colaboradoras del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), mediante acuerdos que, además de polémicos, no resultaron muy eficaces. Ahora el proyecto del Ministerio de Trabajo es transformar el SEPE en una Agencia Española del Empleo, que realizará perfiles individualizados a los parados y les ofrecerá tutores. También quiere disponer de 7.000 orientadores profesionales para atender a un millón de personas en 2024.

Antes de firmar el acuerdo tripartito, ya habían sido eliminados algunos puntos de la reforma de 2012. El contrato de apoyo a los emprendedores, una de las creaciones estrella de la ley del PP, fue derogado en diciembre de 2018 cuando era ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Ese contrato indefinido fue polémico desde su nacimiento porque incluía un periodo de prueba de un año que casi lo convertía en temporal: el 40% de los trabajadores eran despedidos antes de ese plazo.

También ha quedado sin efecto el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, una de las promesas cumplidas del acuerdo de gobierno. Fue derogado en febrero de 2020. La reforma de 2012 había desligado este tipo de despido de los índices de absentismo de la empresa, haciéndolo depender únicamente de las faltas de asistencia individuales, por lo que eliminaba un criterio de proporcionalidad.

Si alguno de los asuntos pendientes de la reforma de 2012 reaparece durante la convalidación parlamentaria del acuerdo tripartito dependerá de la capacidad de presión de los socios del Gobierno, que se reafirman en su deseo de conseguir la derogación total. Pero, tirando desde el otro lado de la cuerda, Antonio Garamendi ha amenazado con abandonar el pacto recién alcanzado si el Congreso cambia siquiera “una coma” del texto que ha estado negociando con los sindicatos y el Ejecutivo durante nueve meses.

Entre enero y septiembre de 2021, 9 de cada 10 contratos firmados por personas menores de 35 años fueron temporales. El análisis Tiempo de precariedad, de Oxfam Intermón, muestra la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los más jóvenes en el mercado laboral. En España, este último grupo conforma junto a los niños el segmento de población con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. La precariedad del trabajo en la juventud es un problema sistémico. La falta de garantía se trata, en muchos casos, de una característica base de los empleos y los despidos empiezan a considerarse una gestión habitual, un riesgo al que los jóvenes asumen enfrentarse tarde o temprano una vez son contratados. 

En términos de empleo y juventud, España encabeza dos listados: se trata del país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad y del único país europeo con un desempleo entre menores de 24 años superior al 30%. Si bien los últimos datos acerca del paro nacional muestran una leve recuperación, Oxfam advierte de que los nuevos puestos de trabajo creados no suponen una solución para el problema al que se enfrenta la población joven. El análisis de los datos de la encuesta de población activa (EPA) en el tercer trimestre de 2021 revela que ocho de cada diez jóvenes asalariados menores de 24 años trabajaron en términos de temporalidad. Este hecho, además, se produce cuatro veces más entre personas con la veintena de edad que en aquellas que tienen más de 35 años.

Con todo lo anterior Franc Cortada, director de la ONG, advierte sobre la vulnerabilidad de los jóvenes españoles, un fenómeno que el país arrastra desde hace tiempo: “La temporalidad en España no es solo excesiva, sino que es hoy peor que hace más de una década. Vemos como la duración media de un contrato temporal es de 54 días, mientras que en 2011 era de 69 días. Más de la mitad de los contratos de menos de 7 días de duración firmados este año corresponden a menores de 35 años". El coronavirus empeoró gravemente la situación, pero el problema no es un fenómeno temporal y sorpresivo, es un fallo del sistema: "No todo lo podemos justificar por la pandemia, ya que antes de esta más de uno de cada cuatro contratos firmados no sobrepasaba la semana de duración” señalan desde la dirección de Oxfam Intermón.

Vulnerabilidad doble: las mujeres sufren mayor precariedad

Tiempo de precariedad manifiesta la realidad de las personas que, por incorporarse al mercado laboral, están destinadas a una desigualdad estructural. Dentro de la precariedad a la que se exponen los más jóvenes se producen diferentes niveles de vulnerabilidad. Si bien los menores de 25 años aceptan condiciones de trabajo que no aseguran la permanencia, el género, el origen o el nivel de cualificación son factores que agravan la incertidumbre. Problemas como la brecha salarial o el techo de cristal afectan a todas las mujeres que forman parte del sector laboral. La desigualdad base a la que se enfrentan se multiplica cuando se trata de empleadas jóvenes. Así, la brecha salarial entre personas de 20 a 29 años con menos de un año de experiencia fue de 140 euros entre 2008 y 2019. Esto se debe a que las mujeres fueron condenadas a contratos temporales en tres puntos más del porcentaje total -83'2% frente al 80'9%- y a una parcialidad superior en siete puntos -37'1% frente al 24,7%-. El desnivel anterior se traduce en menos horas de trabajo, mayor inestabilidad y menor remuneración. 

Además del género, el nivel de estudios también empeora la precariedad. Más de la mitad de empleados de entre 25 y 34 años con ocupaciones de baja cualificación tienen contratos temporales. Si se reduce la edad, la inestabilidad es aún mayor, los asalariados menores de 24 años trabajan de forma temporal en un 76% de los casos. Oxfam, junto a los factores anteriores, recuerda que el entorno familiar del que provienen los jóvenes también condiciona su entrada en el mundo laboral. El nivel socioeconómico de los hogares a los que pertenecen determina sus posibilidades de futuro: si la madre tiene estudios superiores, los hijos tendrán más de un 80% de probabilidades de alcanzar ese mismo nivel de formación. Pero si los progenitores tienen estudios de nivel bajo, los jóvenes solo podrán adquirir una educación mayor en uno de cada tres casos. 

Oxfam pide un "acuerdo ambicioso"

La temporalidad como característica base y el despido como práctica habitual que analiza Oxfam esconden "un mercado laboral disfuncional y sun sistema de protección social insuficiente". El coronavirus ha sido un evidenciador de los problemas a los que se enfrentan las nuevas generaciones trabajadoras, durante los meses más duros de la pandemia siete de cada diez empleos destruidos atendieron a contratos temporales. Dentro de estos trabajos perdidos, seis de cada diez pertenecían a personas menores de treinta años. Después, entrado el 2021, la recuperación aparente perpetuó la precariedad prepandémica: nueve de cada diez contratos firmados por jóvenes han sido temporales en España. 

Oxfam concluye su estudio aportando posibles soluciones para el problema. Ante un fallo sistémico, piden se tomen "medidas ambiciosas para reducir la cultura de la temporalidad". La legislación deberá "poner coto al uso de subcontratación y fomentar la flexibilidad interna frente al despido". El SMI podría continuar incrementándose para que, al final de la legislatura, se alcance el 60% del salario medio. Los cambios de la reforma laboral de 2012, como la limitación temporal de la ultraactividad, las facilidades para el descuelgue del convenio colectivo por parte de las empresas o la priorización de los convenios de empresa sobre los sectoriales, deberán ser revertidos. Y, en general, deberá ponerse fin al uso injustificado de los empleos de corta duración para "dar horizontes de futuro más prósperos a las personas jóvenes y, con ello, al conjunto del país". 

Aquí puedes leer el informe:

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La reactivación económica se acelera con la llegada del verano y tiene su reflejo en el mercado laboral, que lleva desde mayo creando más de 200.000 empleos mensuales y encadena cuatro meses consecutivos con bajadas del paro registrado. El número de afiliados a la Seguridad Social asciende a 19,5 millones de personas, tras experimentar un aumento de 233.056 nuevos cotizantes en junio. Nunca antes, o al menos desde 2002, se había producido un alza de ese tenor en este mes. La intensidad de la recuperación se puede comprobar teniendo en cuenta que el incremento de junio de este año multiplica por cinco los 40.982 nuevos afiliados registrados en ese mes de 2020.

La misma consolidación del repunte se observa en las cifras del paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El número de desempleados ha descendido un 4,41% respecto a mayo, 166.911 personas menos sin trabajo, la mayor caída mensual del paro desde que hay registros.

Otro tanto puede decirse de los trabajadores sometidos a ERTE, que se han reducido a 447.800 en junio, lo que significa 94.322 menos que en mayo. En el peor momento del covid-19, en mayo de 2020, llegó a haber 3,6 millones protegidos por estos esquemas públicos, que otorgan prestaciones a los asalariados y descuentos de cotizaciones sociales a las empresas.

Es decir, desde que se desató la pandemia y la economía se paralizó, se han recuperado 875.941 empleos, según las cuentas de la Seguridad Social, y el paro registrado ha bajado en 248.544 personas. Aun así, sigue habiendo 3,61 millones de parados en España, una cifra aún por encima –358.000 más– de los 3,25 millones que estaban inscritos en las oficinas del SEPE en febrero de 2020, antes de que llegara el coronavirus.

Los datos son buenos para los menores de 25 años, con un 12,77% menos de registrados en el paro, un ritmo que duplica al del resto de las edades, un 5,82%. No obstante, la velocidad de salida del desempleo mantiene una marcada señal de género: el paro de los hombres se reduce el doble, un 9,43%, que el de las mujeres, un 4,21%.

En cualquier caso, la recuperación se asienta sobre los mismos frágiles pilares que sostenían el mercado laboral antes de la pandemia. Así, de los 1,79 millones de contratos firmados en junio, el 32,66% son temporales a tiempo parcial. Esta modalidad, la más precaria, se ha disparado un 28,27% respecto a mayo y son los que más crecen. Los temporales a tiempo completo han aumentado un 11,45%, mientras que los indefinidos a jornada completa han subido un 7,62% y los indefinidos a tiempo parcial lo han hecho un 5,71%. En comparación anual, las cifras son muy superiores: los temporales a tiempo parcial crecen un 86,47% y los temporales a jornada completa un 42,13%. Los indefinidos con jornadas de ocho horas aumentan un 54% respecto a junio de 2020 y los de jornada parcial, un 32%.

Y como la incertidumbre no ha desaparecido del todo del horizonte económico, la contratación lo nota. Los 1,79 millones de contratos registrados en junio son un 16,36% más que en mayo y un 55% más que hace un año, cuando la zozobra era aún mayor. Pero el dato se sitúa todavía por debajo de los firmados antes de la pandemia para este mes, en la antesala de la temporada alta del turismo. En junio de 2020 se registraron 2,01 millones de contratos. En los años anteriores el número de los firmados este mes superaba siempre los dos millones. Por tanto, aún faltan unos 200.000 contratos más para recuperar los niveles prepandemia. Por supuesto, de esos casi 1,8 millones de contratos de junio, el 90,4% son contratos temporales.

Diferencias territoriales y sectoriales

La salida de la pandemia continúa, además, marcando grandes diferencias territoriales. Donde más ha descendido el paro registrado respecto a mayo ha sido en Baleares, con una caída del 16,72%, seguida de Asturias con un 9,48%. En Cataluña la reducción ha sido del 7,46%, por sólo un 1,89% en Madrid. Sin embargo, en la comparación con junio de 2020, tras el desplome provocado por el confinamiento obligatorio, sólo dos comunidades autónomas han aumentado su cifra de paro: Canarias, que tiene un 4,88% más de desempleados que entonces, y Madrid, que supera el dato de hace un año en un 0,66%. Por el contrario, Baleares lo ha rebajado un 15,54%, Navarra un 15,29% y Extremadura un 14,59%.

Un panorama similar se dibuja con los contratos, que crecieron un 47,16% en Baleares respecto a mayo, la comunidad donde más han aumentado, seguida de Castilla-La Mancha –36,5%– y Castilla y León –31,82%–. En Cataluña el alza fue del 21,43% y en Madrid, el 15,24%. Andalucía es la que menos ha elevado el dato mensual, un 6,36%. Únicamente en La Rioja y en Murcia ha caído el ritmo de contratación respecto al mes anterior, un 9,21% y un 8,16%, respectivamente. Pero con respecto al hundimiento de 2020 el crecimiento en Baleares es de un espectacular 160%, casi tres veces más que en Canarias –61%–.

También en los territorios más marcados por la actividad turística es donde más trabajadores en ERTE quedan aún. En Baleares son el 5% de sus afiliados a la Seguridad Social, pero en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife ese porcentaje más que se duplica: un 12,75% y un 10,35%. De hecho, un 43% de los trabajadores acogidos a estos esquemas públicos pertenecen a hoteles –78.789– y bares y restaurantes –114.174–. En las agencias de viajes son 18.501, pero representan casi el 48% de las plantillas. En el comercio aún quedan 61.255 asalariados en ERTE. Sólo en junio la hostelería ha aumentado el número de sus cotizantes en un 11,62%, la actividad que más ha crecido en afiliación. De este modo, tiene ahora un 5,24% más de asalariados que en ese mismo mes de 2020. Por el contrario, la educación ha perdido al 3,34% de sus empleados y la sanidad sólo supera en un 0,76% los cotizantes de hace un año.

Los ministros sacan pecho, los sindicatos recuerdan la precariedad

Los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han aprovechado todos estos datos para sacar pecho: “Nunca en la historia de la democracia española nos hemos encontrado con una reducción de semejante intensidad”, ha destacado Díaz. Según sus cálculos, más de 5.500 personas abandonaron el paro cada día en España durante el pasado junio.

Los sindicatos, no obstante, han enfriado un tanto la euforia de las cifras, recordando que el empleo que se está creando es, una vez más, “temporal y precario”, como ha resaltado UGT, que reclama al Gobierno una “urgente” y “fuerte” inversión en recursos humanos en el SEPE, que en 2022 va a perder 1.000 trabajadores. También le exige protección a los parados de larga duración. CCOO cree que la prioridad debe ser “mantener” el empleo que se está creando, para lo que urge medidas contra la temporalidad y la precariedad, como suprimir los contratos de obra y servicio. “La histórica bajada del paro en junio presenta los mismos vicios estructurales de siempre: temporalidad en las contrataciones y desigualdad por géneros en el ritmo de la recuperación”, ha criticado por su parte USO.

Para la CEOE, en junio se ha producido “un nuevo avance en la senda de recuperación”, que esperan que se consolide a lo largo del verano. Para ello, los empresarios reclaman que se eliminen “todos los elementos de incertidumbre” que retrasan las contrataciones, como el calendario de vacunación, las medidas sanitarias y las expectativas sobre el marco laboral y fiscal.

La prolongación de la pandemia y las restricciones a la actividad económica están produciendo numerosos cambios en un mercado de trabajo como el español acostumbrado a la repetición cíclica de un mismo patrón. Este primer trimestre de 2021 ha perdido 137.500 ocupados respecto a diciembre de 2020, según los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mayor descenso en un comienzo de año, un periodo que siempre es malo en términos de empleo, si se exceptúa el primer trimestre de 2020, cuando la irrupción del coronavirus obligó al cierre de la economía y destruyó 285.600 puestos de trabajo en apenas dos semanas de confinamiento estricto.

Sin embargo, de enero a marzo de este año el paro ha bajado en 65.800 personas, una caída inaudita en un primer trimestre. No había descendido el paro en un arranque de ejercicio desde 2015, pero entones sólo salieron de las listas del desempleo 13.100 personas. Así, la tasa de paro medida por la EPA se reduce y 14 centésimas respecto a diciembre y se queda en el 15,98%.

Pero ambos movimientos son el resultado de un mar de fondo también distinto al que hasta la llegada del virus era habitual. El número de activos, de quienes tienen entre 16 y 65 años y están disponibles para trabajar, ha sufrido una enorme caída, de 203.400 personas, la mayor en un primer trimestre desde 2009, desde la anterior crisis. Ni siquiera con el confinamiento total del inicio de 2020 fue tan grande el descenso de la población activa –164.600–. Y ha aumentado el flujo de trabajadores hacia la inactividad tanto desde las filas de los ocupados como de los parados.

El INE lo atribuye a las restricciones a la movilidad, que están impidiendo buscar empleo a personas que se declaran dispuestas a trabajar. Con la desescalada, en el tercer trimestre disminuyeron los inactivos, pero desde enero han vuelto a aumentar: 1,09 millones no han podido buscar trabajo pese a estar disponibles, 162.500 personas más que en diciembre.

Además, también ha crecido el número de mayores de 60 años que trabajaban en diciembre, pero han pasado a ser inactivas este primer trimestre. En concreto, han sido 138.000 las personas que han abandonado el mercado laboral en esta franja de edad a partir de enero. También 756.900 parados han tirado la toalla en la búsqueda de empleo y han pasado a la inactividad en el comienzo del año, 81.400 más que al acabar 2020.

A estas distorsiones del patrón hay que añadir los trabajadores protegidos por los ERTE, que figuran como ocupados y cuyo número ha crecido de enero a marzo en 80.000 personas, según la EPA.

Finalmente, también ha subido la cifra de quienes trabajan desde sus domicilios al menos la mitad de los días, 2,14 millones, que representan el 11,2% de los ocupados. En diciembre eran el 9,9%, y en 2019 sólo el 4,8%. La pandemia, por tanto, ha más que duplicado el teletrabajo en España.

Temporales y a tiempo parcial, los afectados

El descenso del empleo en el primer trimestre se ha cebado en los trabajadores más precarios. El número de los contratados temporales ha caído en 168.800 personas y el de los contratados a tiempo parcial en 103.000. Por el contrario, ha crecido la cifra de empleados indefinidos, 31.000 más, y la de quienes trabajan a jornada completa se ha reducido en 34.500, la tercera parte de quienes lo hacen a media jornada.

Por sectores, continúa la sangría en los servicios, con un recorte de 83.400 ocupados respecto a diciembre. La industria pierde 51.500 empleados y la construcción, 18.500. La agricultura crece en ocupación, con 15.800 trabajadores más que en diciembre. En estos 12 meses de pandemia, los servicios han destruido 344.500 empleos, por sólo 127.100 la industria y 16.000 la construcción. La agricultura ha ganado en un año 13.200 trabajadores. Pero si se pone la atención en los datos de paro, resulta que los servicios han recortado su número de desempleados en 97.500 personas –¿han pasado a la inactividad, han cambiado de sector, han encontrado trabajo?–, mientras que el resto de los sectores lo han aumentado, pero en cifras menores –3.100 en la agricultura, 1.400 en la industria y 1.000 en la construcción–. También han experimentado un alza los parados de larga duración, quienes llevan más de un año sin trabajo, 19.100 más este primer trimestre respecto al fin de 2020.

Las cuentas del empleo al año de irrumpir el virus

Transcurrido un año del comienzo de la pandemia, en España hay 474.500 ocupados menos y 341.000 desempleados más. De ellos, 249.700 son parados de larga duración, nada menos que el 73,2%. El empleo ha caído un 2,41% y el paro ha crecido un 10,29%. La tasa de temporalidad ha bajado hasta el 23,8%.

El reparto de paro y ocupación por comunidades autónomas sigue reflejando la dependencia de algunas de ellas del turismo y la hostelería, las actividades más impactadas por el covid-19. Baleares ha perdido un 4,16% de sus ocupados en el primer trimestre y Canarias un 3,31%. Son, junto con Extremadura, las comunidades con mayor destrucción de empleo. Por el contrario, en Madrid y Cataluña es donde más ha aumentado la ocupación, aunque con cifras pequeñas, un 1,32% y un 1%, respectivamente.

En el año de pandemia, el empleo en Canarias se ha hundido un 14%, triplicando las cifras de los siguientes en la lista negra, la Comunidad Valenciana –3,88%– y el País Vasco –3,08%–. La tasa de paro en Canarias es la más alta del país, el 25,42%, seguidas de Andalucía –22,54%– y Extremadura –22,22%–. En los últimos 12 meses, han abandonado el mercado de trabajo en Canarias 72.800 personas, la comunidad que encabeza el aumento de inactivos. A continuación, la Comunidad Valenciana, con 34.900 personas, y Castilla y León, con 22.800.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, aseguró en el debate electoral de Telemadrid la noche del miércoles que el paro había crecido un 22% en la comunidad, el doble de la media nacional. La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, la interrumpió para responderle que era mentira y atribuir el dato a un supuesto “ministerio de Podemos y Más Madrid”. La cifra, sin embargo, es correcta. El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha crecido en los últimos 12 meses un 11,31% de media en España, mientras que en la Comunidad de Madrid lo ha hecho casi el doble, un 21,41%. Sólo Baleares y Canarias, azotadas por las restricciones que el virus ha impuesto al sector turístico, han sufrido un aumento mayor, del 32,21% y el 23,29%, respectivamente. Madrid tiene registrados en las oficinas del SEPE 441.630 desempleados del total de 3,95 millones que hay en España.

Existe otra manera de medir el paro, la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), a su vez dependiente del Ministerio de Economía. Es el baremo que utiliza Eurostat, la oficina estadística de la UE, para hacer sus comparaciones entre los Estados miembros. Se considera, además, un parámetro más fiable que el paro registrado: éste sólo cuenta a los desempleados que se inscriben en el SEPE, y no todos los que se quedan sin trabajo lo hacen; la EPA, en cambio, es una encuesta e incluye a esos parados que no acuden a las oficinas del organismo público. Según la última EPA, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, el paro creció un 16,54% en España respecto al mismo periodo del año anterior. En la Comunidad de Madrid, un 36,24%, más del doble, por tanto. Por encima de esa cifra sólo está Baleares, con un espeluznante 75,22%. El año pasado el desempleo aumentó en Madrid más que en Cataluña –32,56%–, Navarra –28,85%– y Canarias –28,33%–. Según la EPA, en Madrid hay 480.000 parados.

EMPLEO

Díaz Ayuso también rebatió la cifra de paro asegurando que Madrid es la comunidad autónoma que más empleo ha creado. Sin embargo, de acuerdo con los registros de afiliación de la Seguridad Social, en Madrid el empleo ha caído un 0,14%, mientras que ha crecido en Castilla-La Mancha –1,7%–, Murcia –1,4%–, Extremadura –0,9%– y Cantabria –0,3%–. Es decir, la Comunidad de Madrid ha destruido empleo al igual que otras 12 comunidades autónomas, si bien lo ha hecho por debajo de la media nacional –0,45%– y de las regiones más perjudicadas, como Baleares –7,1%– y Canarias –3,3%–. Madrid cuenta con 3,22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que equivale al 17% de los afiliados españoles. De ellos, 2,8 millones son asalariados del Régimen General y 409.297 son autónomos. El número de asalariados ha descendido un 0,3% –el doble que la afiliación total– entre marzo de 2020 y 2021, mientras que el de los trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 1,3%.

ERTE

El pasado mes de marzo, los trabajadores que se encontraban en ERTE en Madrid alcanzaban la cifra de 112.584; es decir un 3,5% de sus afiliados a la Seguridad Social estaban acogidos a estos mecanismos de protección pública. Es la segunda comunidad con mayor número de asalariados con el contrato suspendido o la jornada reducida, detrás de Cataluña y Andalucía. Y la tercera en porcentaje de afiliaciones, después de Baleares –con un 11,5% de sus trabajadores en ERTE–y de Canarias –8,5%–. Desde el mes de mayo de 2020, cuando se alcanzó el pico de asalariados en ERTE, 555.029, la cifra ha caído un 79,7%.

PARO JUVENIL Y DE LARGA DURACIÓN

De los 480.000 parados que viven en la Comunidad de Madrid, 194.000, el 40,4%, son parados de larga duración, llevan sin trabajar más de un año. Son sólo cinco décimas por debajo de la media nacional. No obstante, su número creció un 27,8% en 2020, sobre todo por el aumento que ha experimentado el de quienes llevan entre uno y dos años sin empleo, que ha pasado de 47.600 en 2019 a 88.200 en 2020, casi se han duplicado. De hecho, Madrid es la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de parados sin trabajo entre uno y dos años, un 18,4%, sólo superada por la Comunidad Valenciana –19,3%– y Cataluña –18,5%–. Otros 105.800 llevan más de dos años sin empleo.

La tasa de paro juvenil alcanza en Madrid el 34,2% para los menores de 25 años y el 24,21% para quienes tienen entre 25 y 30 años. Sólo Galicia tiene menos desempleo entre los menores de 25 años –33,66%–, y Castilla y León entre quienes tienen entre 25 y 30. La media española asciende al 40,1% y al 30,2% en cada grupo de edad, seis puntos por encima de la madrileña.

TASA DE TEMPORALIDAD Y DE PARCIALIDAD

La tasa de temporalidad también se sitúa en Madrid por debajo de la media nacional, un 19,79% frente a un 24,63% según la EPA. Es la más baja del país, con Cataluña pisándole los talones –19,81%–. En cualquier caso, la tasa española es la tasa más elevada de la Unión Europea sólo por debajo de Polonia.

Los trabajadores con contrato indefinido ascienden a 2,18 millones en la Comunidad de Madrid, mientras que los temporales son 538.900. En 2020 el empleo fijo cayó en Madrid un 3,14%, duplicando la media nacional. Sólo la superan en el descenso Canarias –9,83%–, Cantabria –7,57%–, Aragón –6,20%– y Baleares –3,62%–. El empleo temporal también disminuyó, pero mucho menos, un 0,35%, un descenso cuatro veces inferior al promedio nacional.

Si se mide el tipo de jornada, que es junto con la temporalidad un indicativo válido de precariedad laboral, en Madrid trabajan a tiempo parcial 397.800 personas, mientras que otros 2,67 millones lo hacen a tiempo completo. Es el 12,9%. En España la tasa de parcialidad es del 14,46%, un punto y medio superior a la madrileña.

SALARIOS

En la comunidad madrileña es donde, de media, se pagan los salarios más altos de España. Lo acreditan las estadísticas de la Agencia Tributaria. Según los datos correspondientes al ejercicio de 2019, el salario medio declarado por los madrileños alcanzaba los 26.721 euros brutos anuales. El promedio nacional se queda en 20.566 euros. En esta estadística no aparecen ni el País Vasco ni Navarra, puesto que ambos territorios cuentan con sus propias Haciendas Forales. En Cataluña el sueldo medio era en 2019 de 23.122 euros anuales. La comunidad con el salario medio más bajo era Extremadura, con 15.476 euros. 

La Encuesta de Estructura Salarial que publica el INE sí incluye datos sobre las comunidades forales, pero su última actualización es de 2018. De acuerdo con estos datos, Madrid era entonces la segunda comunidad con los salarios brutos anuales más elevados, 27.010,93 euros, sólo superada por el País Vasco, que elevaba la media hasta los 28.470,94 euros. Navarra quedaba por debajo, con 26.364,75 euros brutos anuales. Extremadura sigue aquí también con el sueldo más bajo, 19.947,8 euros.

CCOO y UGT salieron satisfechos este jueves de la penúltima reunión para prorrogar hasta el 31 de mayo el esquema de protección de los ERTE. El texto que les presentó el Ministerio de Trabajo será sometido a la aprobación de sus respectivos órganos de dirección el próximo martes. Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo tal y como quedó redactado en el último real decreto, y ése era su objetivo. Las empresas tendrán pues que seguir devolviendo las ayudas –las exenciones de cuotas a la Seguridad Social– concedidas a toda la plantilla si despiden a los trabajadores en ERTE antes de seis meses. Esa cláusula fue el obstáculo que impidió el acuerdo el pasado lunes por el rechazo de CEOE y Cepyme, y el que puede ponerlo en peligro aún. Las patronales no darán su respaldo a este último texto hasta que lo haga su junta directiva, que se reunirá también el próximo martes.

“No se ha cambiado ni una coma [en la cláusula de mantenimiento del empleo], de lo que nos alegramos”, resume a infoLibre el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino. Su homóloga en CCOO, María Cruz Vicente, cree que la patronal va a tenerlo “complicado” para quedarse fuera del acuerdo.

La CEOE, por su parte, se remite a lo que decida la junta, pero su presidente, Antonio Garamendi, explicó claramente su postura hace escasos días a Onda Cero: “Nos guste o no, va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que [si despiden] se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE, cuando sería más lógico devolver las de quienes se quedan fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más”.

Para Gonzalo Pino, en cambio, si las empresas tienen dificultades para mantener el empleo, la solución debe estar “en la negociación colectiva”. El dirigente de UGT cree, además, que los empresarios “no se pueden quejar” después de haber recibido desde marzo un total de 182.936 millones de euros de dinero público: 150.000 millones en apoyo financiero, 8.012 millones en ayudas extraordinarias y 4.924 millones más para los autónomos, detalla. “Lo que no puede ser es que se paguen despidos con dinero público”, concluye.

Más sectores protegidos

El resto del decreto sólo incorpora pequeñas modificaciones respecto a la última prórroga, aprobada el pasado mes de septiembre. El más importante, la incorporación de nuevos sectores al esquema de protección, al elevarse del 65% al 70% el umbral de recuperación de trabajadores a la actividad por debajo del cual pueden acceder a las exoneraciones las empresas pertenecientes a sectores con más del 15% de empleados en ERTE respecto del total de sus afiliados a la Seguridad Social.

De esta forma, podrán beneficiarse de las ayudas empresas de sectores antes desprotegidos, como las artes escénicas, las salas de espectáculos o los cámpings, y se mantiene el transporte por carretera. En total, unos 50.000 trabajadores más optarán a las exoneraciones de cuotas y a las prestaciones.

Además, tendrán derecho a prestación igualmente quienes, aun no habiendo salido de un ERTE, se reincorporaron a la actividad a partir de septiembre, al igual que ya se estableció en el anterior decreto para quienes se encontraron en la misma situación el pasado marzo y el SEPE les denegaba la ayuda al exigirles un periodo de carencia.

También se ha precisado la redacción del cálculo de las prestaciones para los trabajadores a tiempo parcial contratados por varias empresas y se ha establecido un cierto “automatismo” para pasar de un tipo de ERTE a otro: bastará con informar a la autoridad laboral.

El golpe del Supremo a la temporalidad en la subcontratación la víspera de Navidad puede terminar beneficiando a 1,4 millones de trabajadores. Concretamente, a 1.447.000 personas que operan subcontratados bajo la modalidad de obra y servicio, según los datos de Comisiones Obreras (CCOO). No existen estadísticas oficiales de cuántas personas faenan en España bajo este paraguas contractual (obra y servicio), que es el colectivo al que se dirige la sentencia del Alto Tribunal.

El fallo, que no se ha divulgado todavía ya que la sentencia solo ha trascendido a través de un comunicado del Poder Judicial, se conoció la tarde del 24 de diciembre y ha pasado de puntillas en medio de las fiestas y el alborozo por la vacuna. Pero la dimensión de su alcance puede ser muy grande: según la nota del Supremo, “quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con estos”, y por eso es “ilógico sostener que el grueso de la actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato por obra o servicio debe atender”.

En otras palabras: el Supremo abre la puerta a acabar con los contratos temporales por obra y servicio en todo tipo de subcontratación, en espera de conocerse la letra pequeña del fallo. "Es lo que venimos planteando en la mesa de diálogo social: que como norma general no se pueda utilizar esta modalidad contractual en contratas y subcontratas", defiende la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Vicente ve  "una buena noticia" en la sentencia y un primer paso para modificar el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores según el cual la tipología de obra y servicio podrá utilizarse incluso en una actividad "de duración incierta".  

La Sala Social del Supremo reconoce que ha "modificado su doctrina" y "rechazado la limitación temporal de los contratos de trabajo en atención a los contratos mercantiles de las empresas". "Desde finales de los años noventa, la jurisprudencia había venido admitiendo que el contrato por obra o servicio determinado pueda ajustar su duración a la de la contrata", reza el comunicado del Poder Judicial. "Este criterio es abandonado por la sentencia", continúa. La resolución judicial ha sido adoptada por unanimidad. 

Y es que los contratos por obra y servicio se basan en un concepto que lleva mucho tiempo acarreando polémica no solo con los sindicatos sino también por parte de los juristas especializados en Derecho Laboral: la duración incierta del proyecto o actividad. Esto es lo que ataca el alto tribunal, que resuelve que "resulta difícil seguir manteniendo que la empresa pueda apoyar la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales". 

Los sindicatos creen que prohibir los contratos por obra y servicio en contratas y subcontratas es una posibilidad muy real ahora. Los datos de CCOO que arrojan que hay casi 1,5 millones de trabajadores temporales con subcontratas se han calculado a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2019. Las 1.447.000 personas trabajadoras a través de obra y servicio representan un 41,4% del total de trabajadores temporales en España (3.493.000 asalariados temporales). Y un 10,6% del total de empleados del sector privado, uno de cada diez.

En resumen, la población activa en España rebasa ligeramente los 19 millones de trabajadores. Uno de cada cuatro es temporal. Y de estos últimos, el 41% está por obra y servicio.  "El Supremo evita condenar a la precariedad eterna a los trabajadores de las subcontratas", celebra Isabel Araque, secretaria Confederal de UGT. "En la mayoría de los casos, estos trabajadores se veían abocados a tener contratos de obra y servicio utilizados de manera fraudulenta". 

Construcción y servicios

De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, el 59% de los subcontratados por obra y servicio son hombres, y casi un 70% mayores de 70 años.  Y aunque el sector servicios es el que concentra un mayor volumen de empleados de esta categoría precarizada (62%), la incidencia de los trabajadores es mayor en la construcción (28% del total) o en la agricultura (10,5%). Dentro del sector servicios, los operarios se reparten en el comercio al por menor, restaurantes y bares, programación informática y consultoría, seguridad privada, limpieza, centros de llamadas, educación primaria y secundaria, residencias de personas dependientes y servicio sociales, actividades deportivas y actividades recreativas y de entretenimiento...

Las comunidades autónomas con mayor volumen de empleados de subcontratas por obra y servicio sobre el total son Extremadura (18,2% del total de asalariados), Castilla-La Mancha (13,6%), Galicia (13,4%), Andalucía (13,4%) y Murcia (12,1%).

El Supremo advierte de que "la automatización de esta contratación temporal, por el mero mecanismo del tipo de actividad, puede llevar a situaciones de puesta en peligro de las garantías buscadas por el Derecho de la Unión Europea". "Esto va contribuir a poner freno a la contratación temporal irregular y al fraude laboral", defiende Mari Cruz Vicente. 

El verano y el desconfinamiento reanimaron el mercado laboral en España, con un aumento en el número de activos –quienes tienen entre 16 y 65 años y están en disposición de trabajar– que rozó el millón de personas –924.600 en concreto–. Pero de esa cifra, 355.000 han pasado a engrosar las cifras del paro, según las cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA). El repunte esperado de la actividad económica tras el cierre provocado por la pandemia y las restricciones de la movilidad no ha sido suficiente para recuperar el empleo perdido. Cierto que el número de personas que han retornado a la ocupación ha sido notable, 569.600 más respecto al trimestre anterior, pero no ha permitir alcanzar los datos de hace un año, antes de la irrupción del coronavirus. A día de hoy, España cuenta con 190.000 activos menos que hace 12 meses y 697.500 ocupados menos, pero 508.500 parados más.

El rebote de la economía se refleja también en el número de trabajadores aún protegidos bajo el paraguas de un ERTE, que se consideran ocupados a efectos estadísticos. Su número ha descendido según las empresas iban retornando a la actividad. A 1 de octubre aún hay 3,59 millones suspendidos de empleo o con reducciones de jornada y sueldo, pero son 1,11 millones menos que en el trimestre anterior. De ahí que también hayan aumentado, y en un porcentaje muy alto, un 15,1%, las horas efectivamente trabajadas. Por la misma razón ha caído la cifra de personas que trabajan desde sus domicilios: son un 10,3% de los ocupados, casi dos millones de personas, por debajo del 16,2% del segundo trimestre. En 2019, antes del covid, sólo el 4,8% de los españoles teletrabajaban.

Por sectores se ve claramente cómo se está comportando la economía. Los servicios han recuperado 476.300 trabajadores desde julio hasta septiembre, pero siguen siendo menos de los 533.600 que ha perdido desde octubre pasadopero siguen siendo menos de los 533.600 que ha perdido desde octubre pasado. La industria ha aumentado el número de sus ocupados en 45.400, apenas la tercera parte de los 128.100 que se dejó por culpa del virus. El empleo en la construcción ha mejorado en 80.300 trabajadores este último trimestre, pero continúa 20.600 personas por debajo de sus cifras de hace un año. La agricultura ese el único sector donde se reduce la ocupación este verano, con 32.300 trabajadores menos y aún 15.200 menos que en octubre de 2019.

Precariedad laboral

La recuperación, en cualquier caso, está siguiendo el patrón acostumbrado: una abrumadora mayoría de contratos temporales, 422.900, por sólo 158.300 indefinidos. De forma que la tasa de temporalidad ha crecido 1,82 puntos, hasta el 24,17%. La fotografía es más cruda si se pone la atención en las cifras anuales: la parte del león de la destrucción de empleo se la llevan los trabajadores temporales, cuyo número desciende un 13% en los últimos 12 meses –582.800 han perdido su empleo– por sólo un 0,8% –99.100 han sido despedidos– los indefinidos.

Si se le añade que la mayor parte de ese empleo destruido es a tiempo completo –401.000 ocupados menos respecto al segundo trimestre y 563.000 respecto a octubre de 2019, por 168.600 a tiempo parcial en el primer caso y 134.500 en el segundo–, queda patente la fragilidad del mercado laboral durante la pandemia.

Es más, en comparación trimestral se reafirma el marcado sesgo de género con el que se está destruyendo el empleo. El paro de los hombres ha subido en 90.300 personas este último trimestre, pero el de las mujeres se ha disparado en 264.700, el triple. De forma que la tasa de desempleo femenino alcanza el 18,39%, mientras que el masculino es del 14,39% tras aumentar sólo 26 centésimas. Una clara señal de la mayor presencia de la mujer en las actividades del sector servicios más afectadas por el virus.

También está creciendo de nuevo, después de su paulatino descenso en los últimos años, el paro de larga duración, el de quienes llevan más de un año sin trabajo. En el último trimestre hay 110.800 desempleados más en esta situación y 60.800 más que hace un año: son un total de 508.000 personas. Otras 828.200 superan los dos años sin empleo. Es decir, el 36% de los parados lleva más de un año sin trabajar y el 22,2%, más de dos. El número de desempleados es de 3,72 millones de personas, lo que se traduce en una tasa del 16,26%, 2,34 puntos más que hace un año.

Canarias y Baleares, a la contra

La recuperación de la actividad y el empleo en la temporada alta del turismo tiene su espejo territorial inevitable. El mayor aumento de la ocupación la ha disfrutado Baleares, con un 12% trimestral que, debido al fuelle incompleto provocado por la incertidumbre y los rebrotes, se ha traducido en un descenso del 7,% respecto al nivel de 2019. Le sigue Cantabria, con un alza del 9,43% y Murcia, con un 4,83%. Esos porcentajes no bastan en ninguna de esas dos comunidades autónomas para volver a las tasas de empleo de hace un año. Canarias es la única comunidad donde la ocupación ha bajado en el trimestre, un 0,34%, lo que significa que es en las islas donde más ha caído el empleo respecto a 2019, un 8%, más que en Baleares.

Si se miran las cifras de paro, donde más ha crecido en términos anuales es igualmente en Baleares, nada menos que un 59,22%, pese a que respecto al segundo trimestre es la única comunidad autónoma, junto con Cantabria, donde bajó, un 9,45%. Esa comunidad fue también la segunda donde más subió el desempleo, un 38,3%. Le siguen Marcia, con un alza anual del 29,6% y Murcia, con un 26%. Este verano, donde más ha aumentado el paro respecto a la primavera ha sido en Canarias, con un 21,15%. En Andalucía, un 18,24%. El arranque a medio gas del turismo ha dado la vuelta al que tradicionalmente es la mejor época para el empleo en esas comunidades autónomas.

El Consejo de la Juventud de España (CJE), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, publica este miércoles Juventud en riesgo, un análisis de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia sobre la población joven. “Actualmente en España dos de cada tres personas jóvenes no tienen empleo”, declara la presidenta del Consejo de la Juventud, Elena Ruiz. Y un tercio de quienes sí lo tienen corren el riesgo de perderlo. El informe concluye que la juventud es el colectivo social que ha sufrido con “mayor intensidad” los efectos de la crisis económica tras el confinamiento. [Informe adjunto al final del artículo]

A partir de estas cifras se puede ir conociendo el calado del impacto de la crisis del coronavirus entre los jóvenes. Según el informe, sólo el 33,5% de las personas de 16 a 29 años tienen un empleo, incluyendo a aquellas que están en situación de ERTE. Esto significa que la tasa de empleo ha caído más de siete puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2019. Al mismo tiempo, la tasa de paro juvenil se ha situado en el 30,0%, mientras que la tasa de actividad, la que mide el número de personas jóvenes que están trabajando más las que están en paro y buscan empleo de manera activa, ha retrocedido hasta cotas críticas: del 54,2% del pasado año al 47,9% actual. El documento advierte de que se está dando un fenómeno similar al de la anterior crisis: gran parte de la población joven, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo, abandona la búsqueda activa de empleo y se refugia en los estudios, pasando a integrarse en la población inactiva.

Para explicar el incremento del paro juvenil, el informe analiza en el flujo de la EPA, que compara la situación de parte de la muestra joven entre el primer trimestre y el segundo. Y entre ambos trimestres, concluye el informe, se observa que dos de cada diez jóvenes, un 19.8%, ha perdido su empleo, pasando de trabajar al paro o a la inactividad. Además, en el mismo periodo y simultáneamente, se registra un 56% de jóvenes recién apuntados al paro para buscar trabajo.

Muchos sectores se han visto obligados a cesar su actividad por las consecuencias económicas de la pandemia. Los trabajadores que han perdido el trabajo por cese de actividad son un 11% del total de trabajadores mayores de 30 años –según cifras del INE–. Sin embargo, la cifra que hace referencia a la población joven –de 16 a 29 años– asciende hasta el 20%. El tipo de empleo que tienen una parte de las personas jóvenes está relacionado con el sector servicios ya que son trabajos estacionales y, por tanto, compatibles con el estudio. Y precisamente este sector ha sido uno de los más afectados por la crisis, comenta Alejandro García-Gil, responsable de Incidencia Política y Comunicación en el CJE. “Si nuestra economía estuviese más industrializada el impacto hubiese sido menor”, añade.

García-Gil hace también referencia al concepto de empleo vulnerable que recientemente ha creado la Comisión Europea. Las personas ocupadas en sectores vulnerables no sólo tenían más posibilidad de perder su trabajo. Tampoco tendrían posibilidad de ahorrar para amortiguar el golpe de un despido ya que la remuneración salarial era escasa. En este tipo de empleos hay más jóvenes que cualquier otro grupo de edad. En agosto, España encabezaba el ránking de desempleo juvenil en Europa con un 43,9%, seguido de Grecia e Italia, según datos publicados por el Eurostat la semana pasada. Alemania está a la cola con un 5,8%.

El estudio como refugio ante un difícil mundo laboral

Probablemente muchos jóvenes, ante la imposibilidad de encontrar un empleo en las actuales circunstancias y, como ocurrió en la crisis de 2008, se refugian en los estudios pasando a integrarse en la población inactiva.

Marta Robledillo Valencia se ha graduado en 2020, sin ceremonia ni celebración y ahora siente miedo ante “la selva laboral que hay en España”. Desde los 18 años, Robledillo ha compaginado su Grado en Turismo en la Universidad Politécnica de Valencia con empleos temporales tanto en verano como en invierno. “El gobierno nunca me ha dado ayudas suficientes como para que no tuviese que estudiar y trabajar simultáneamente”, denuncia. Esta graduada habla cuatro idiomas, y tiene experiencia en hostelería y agencias de viajes, entre otros. “Mi mayor miedo sería salir al mercado laboral sabiendo que me van a explotar durante más años de los que llevo así”, confiesa.

La perspectiva de encontrar un empleo que se adecúe a la formación en la que se goce de derechos laborales mínimos es tan negativa que los jóvenes han perdido la motivación por intentarlo. Es la primera vez en una década que hay más personas jóvenes estudiando que trabajando o buscando trabajo.

A Marta le gustaría poder trabajar de lo que ha estudiado pero las ofertas que encuentra van de un extremo a otro. Por un lado, hay puestos exigen un mínimo de 5 años de experiencia que no puede cumplir una persona que acaba de salir de la universidad. Mientras que la otra posibilidad es firmar un contrato o una beca en prácticas. “No me puedo permitir que me paguen 300€ por 40 horas mensuales de trabajo, por eso decidí seguir estudiando porque es lo único a lo que puedo aferrarme”, concluye la valenciana.

Llenar la hucha en verano para sobrevivir durante el curso

Hasta febrero de 2020, el número medio de afiliaciones mensuales a la Seguridad Social había ido creciendo tanto entre la población joven como en el resto de los grupos de edad. La pandemia no sólo frenó esta lucha contra el paro sino que, desde entonces, las afiliaciones han ido disminuyendo de manera paulatina.

La llegada de la temporada estival suele venir acompañada de refuerzos en las plantillas de muchas empresas que se dedican al turismo. En España, el turismo representa el 13% del PIB –el doble que en Italia–pero este año fue, hablando en términos de empleo, catastrófico. Este julio llegaron un 75% menos de turistas en comparación al mismo mes del año pasado. Los datos de las afiliaciones entre la población joven de junio a julio arrojaron un incremento mensual del 5,2%, pero si se compara la cifra con la del mes de julio de 2019, la reducción es del 14,1%.

Muchos jóvenes universitarios, que trabajan en verano para ahorrar el dinero que necesitarán durante el curso, se quedaron sin firmar contrato. Como es el caso de Mateo Echeverry Tabares, un estudiante de cuarto curso de Comunicación Audiovisual que casi tuvo que paralizar su formación. Él es mallorquín y, cada año, ahorra lo suficiente atendiendo durante largas jornadas a los turistas que visitan la isla. Este año los currículum han caído en saco roto, su madre no podía pagarle los estudios y la beca universitaria, si tuviese suerte, no le llegaría hasta abril. Mateo no tenía manera de conseguir ese colchón para septiembre. Finalmente acudió a una plataforma virtual de donaciones anónimas y su formación sigue adelante.

Otro indicio que permite sospechar que las personas jóvenes más afectadas por la pérdida de empleo han sido las que previamente se encontraban en una posición estructural más débil ha sido que, por primera vez desde 2014, la tasa de temporalidad, esto es, el porcentaje de personas asalariadas con un contrato temporal, se ha situado por debajo del 50%, tras sufrir una brusca caída en el segundo trimestre de 2020. Hasta entonces, la temporalidad entre la población joven se había mantenido muy establee, con subidas cíclicas en el segundo y tercer trimestre de cada año.

Juventud y precariedad van de la mano

Con anterioridad a la crisis económica que ha acarreado la pandemia, ya se advertía que la población joven era uno de los colectivos con mayor precariedad laboral, por contar con una mayor temporalidad, unos menores sueldos, una mayor parcialidad, una mayor discontinuidad y un mayor riesgo de sobrecualificación.

Para que la juventud salga de esta crisis, el CJE demanda “que se dote de recursos al plan de choque por el empleo juvenil”. En un primer momento iba a estar dotado de 600.000 euros, pero con la prórroga de los presupuestos “no llegó ni un euro”, recalca el vicepresidente de la CJE, Adrià Junyent.

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