El secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, encabezará la lista del partido al Senado por la provincia de Madrid, según ha decidido el Comité Ejecutivo de Cs, que este miércoles ha publicado íntegras las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 28 de abril.

Cuadrado ya estuvo en la Cámara Alta en 2017, pero no como senador, sino para comparecer en julio de ese año ante la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos, impulsada por el PP.

Allí, el tesorero tuvo que dar explicaciones sobre el uso que la formación naranja había dado a subvenciones públicas recibidas por sus grupos municipales en los ayuntamientos. Y tuvo que responder acerca de sus sospechosos negocios privados. infoLibre ha publicado varias pruebas sobre supuestas irregularidades cometidas por el secretario de finanzas del partido.

En dicha comparecencia en el Senado, cámara a la que ahora opta, Carlos Cuadrado aseguró no tener ningún procedimiento judicial en España o fuera de España. No dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales que desveló este periódico, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil).

Por otro lado, las cuentas de la empresa que el tesorero de Cs usó para cobrar del partido, Damei Europe, contienen múltiples falsedades: ocultó, entre otras irregularidades detectadas, la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Carlos Cuadrado, además, aportó a su compañía 791.076 euros cuyo origen no quiere desvelar. Así consta en las cuentas oficiales de la empresa del año 2013, firmadas por el propio Cuadrado y presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona.

La reacción de Albert Rivera, ante estas informaciones desveladas por infoLibre, fue asegurar que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero porque según él no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay "una sola mota de polvo" en su expediente.

Otros tesoreros senadores

Al situar a Carlos Cuadrado como candidato a senador, la Ejecutiva de Ciudadanos  ha hecho lo mismo que el PP con varios de sus tesoreros. Por ejemplo, Luis Bárcenas, que obtuvo un escaño por Cantabria en la Cámara Alta en las elecciones de 2004 y 2008 y que acabó renunciando a él en 2010 para centrarse en su defensa judicial en el caso Gürtel.

También es el caso de Sebastián González, que también ha sido tesorero del PP y senador al mismo tiempo y que repite como candidato en las listas del 28A. Por su parte, Álvaro Lapuerta compatibilizó sus funciones como responsable de las finanzas del partido –entre 1993 y 2008– con su acta de diputado en el Congreso.

"De esta forma, Cuadrado podrá concentrar sus esfuerzos en la gestión interna y las estructuras que los éxitos electorales están propiciando", subraya el partido. El escaño de Carlos Cuadrado lo ocupará su puesto suplente en la lista electoral, Pilar Liébana, con lo que Cs mantendrá los 11 senadores que ha logrado en estas elecciones, constituyendo por primera vez grupo parlamentario propio en la Cámara Alta.

Cuadrado ya estuvo en la Cámara Alta en 2017, pero no como senador, sino para comparecer en julio de ese año ante la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos, impulsada por el PP. Allí, el tesorero tuvo que dar explicaciones sobre el uso que la formación naranja había dado a subvenciones públicas recibidas por sus grupos municipales en los ayuntamientos. Y tuvo que responder acerca de sus sospechosos negocios privados. infoLibre ha publicado varias pruebas sobre supuestas irregularidades cometidas por el secretario de finanzas del partido.

En dicha comparecencia en el Senado, cámara a la que ahora opta, Carlos Cuadrado aseguró no tener ningún procedimiento judicial en España o fuera de España. No dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales que desveló este periódico, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil).

La reacción de Albert Rivera, ante estas informaciones desveladas por infoLibre, fue asegurar que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero porque según él no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay "una sola mota de polvo" en su expediente.

La comisión de investigación de financiación de los partido políticos del Senado se prepara para emitir, este jueves, las conclusiones de los trabajos realizados. Lo hará cinco días antes de que las Cámaras sean disueltas por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. 

Como ya ha venido avanzado infoLibre en los últimos meses, el Partido Popular tiene la intención de trasladar a la Fiscalía las declaraciones vertidas en esta comisión por Carlos Cuadrado, responsable de las finanzas de Ciudadanos. 

Según adelantó este miércoles Europa Press, Cuadrado y otros comparecientes, como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, habrían "faltado a la verdad" en sus comparecencias.

En el caso del dirigente del partido naranja, este aseguró en la Cámara Alta el 13 de julio de 2017 que no tenía "ninguna causa ni en España ni fuera de España". Pero, en realidad, como desveló este periódico tenía pendientes tres procesos en aquel momento, entre ellos uno por el impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau.

El Código Penal castiga con hasta un año de prisión "faltar a la verdad" ante una comisión de investigación.

En las conclusiones del documento que pretender aprobarse mañana en el Senado, los conservadores abogan por endurecer las medidas contra los partidos cuyas cuentas no sean aprobadas por el Tribunal de Cuentas.

El pasado junio, el órgano fiscalizador abrió expediente sancionador a varios partidos por infracciones en 2015. Uno de los aludidos fue Ciudadanos.

También, abogan en el PP por regular de forma más clara la utilización por parte de las formaciones políticas de los fondos de los grupos institucionales.

El ‘caso Cuadrado’

Junto a las causas abiertas que el tesorero de Ciudadanos obvió en su comparecencia ante esta Comisión de Investigación, este diario ha informado de que Cuadrado dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato. Y, además, las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona por esta misma compañía, denominada Damei Europe, contienen múltiples falsedades.

Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años el cargo de máximo responsable de las finanzas de Ciudadanos y administrador único y dueño del 99% del capital de Damei Europe.

En 2015, Cuadrado llegó a usar Damei Europe, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria industrial, para cobrar del partido una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

En las cuentas de 2016 ocultó la compra de un inmueble valorado en medio millón y una hipoteca con Bankia por 380.000 euros. Y durante al menos cuatro años, Cuadrado declaró falsamente ante el Registro que no percibía remuneración alguna como administrador de la compañía Damei Europe.

En todo este proceso, el presidente de Ciudadanos ha defendido que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero. Según él, no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay "una sola mota de polvo" en su expediente.

El Partido Popular mantiene su intención de trasladar a la Fiscalía las "mentiras" del tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos que se desarrolla en el Senado. Cuadrado aseguró en la Cámara Alta el 13 de julio de 2017 que no tenía "ninguna causa ni en España ni fuera de España". Pero, en realidad, como desveló este periódico tenía pendientes tres procesos en aquel momento, entre ellos uno por el impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau.

El Código Penal castiga con hasta un año de prisión "faltar a la verdad" ante una comisión de investigación.

En las próximas semanas, este órgano parlamentario retomará su actividad tras el parón de los meses de verano poniendo el foco en la financiación del PSOE de Andalucía y de Unidos Podemos. PSOELa propia presidenta andaluza, Susana Díaz, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, tendrán que acudir a esta cita en la Cámara Alta antes de que termine el año. 

Sobre Ciudadanos, el presidente de la Comisión, Luis Aznar, defiende que sus finanzas han sido "de los casos más estudiados" en la comisión. Así, salvo cambios de última hora, no se pretende llamar a más dirigentes ni a su presidente, Albert Rivera. Lo que concierne a este partido, pues, está ya listo para ser trasladado a las conclusiones de la comisión. Pero, como ya avanzó infoLibre, de forma paralela, el PP trasladará lo relacionado con el tesorero a la Justicia.

Según ha desvelado este medio, el tesorero de Ciudadanos dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato. Y, además, las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona por esta misma compañía, denominada Damei Europe contienen múltiples falsedades.

Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años el cargo de máximo responsable de las finanzas de Ciudadanos y administrador único y dueño del 99% del capital de Damei Europe.

El 'caso Cuadrado'

En 2015, Cuadrado llegó a usar Damei Europe, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria industrial, para cobrar del partido una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

En las cuentas de 2016 ocultó la compra de un inmueble valorado en medio millón y una hipoteca con Bankia por 380.000 euros. Y durante al menos cuatro años, Cuadrado declaró falsamente ante el Registro que no percibía remuneración alguna como administrador de la compañía Damei Europe.

Hasta la fecha, al presidente de Ciudadanos ha defendido que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero. Según él, no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay "una sola mota de polvo" en su expediente.

Nuevas convocatorias

El Partido Popular concibió la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos en el Senado como una especie de réplica a la que sólo pone el foco en sus cuentas en el Congreso de los Diputados. Y en los próximos meses va a echar el resto con comparecencias muy mediáticas. Antes de que acabe el año, entre otros, tendrán que pasar por esta cita a la que sólo acude el PP el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Así lo confirmó este viernes el portavoz del partido de Pablo Casado en esta comisión, el senador Luis Aznar.

En el caso del líder de Unidos Podemos, se pretende que aclare la financiación de su partido. No lo hará solo, advierten desde el PP. La formación conservadora ya mantiene contactos con autoridades judiciales de Venezuela para solicitarles su presencia en esta comisión.

Aznar aseguró que llevan "meses trabajando" para que algunas de las personas de Venezuela que tienen "información relevante"sobre la financiación del partido de Iglesias comparezcan.

En el verano de 2016, el Tribunal Supremo archivó la denuncia presentada por un ciudadano particular contra el líder de Podemos por el supuesto pago de más de 272.000 dólares del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro al político por su labor de asesoramiento, al considerar que los hechos denunciados, a través de un artículo periodístico, no son constitutivos de delito. Se trataba de la séptima denuncia o querella archivada por la justicia contra Iglesias o su partido.

Si como parece posible, Susana Díaz convoca elecciones autonómicas para el 2 de diciembre, los conservadores harán su particular precampaña en el Senado. La presidenta de la Junta de Andalucía tendrá que declarar el 8 de noviembre. Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la etapa de Manuel Chaves, lo hará el miércoles 31 de octubre. Y el propio Chaves y Antonio Griñán también serán llamados.

En el PP niegan querer interferir en la posible precampaña andaluza. Aseguran que cuando estudiaron la agenda de la comisión no había nada previsto, como tampoco hay, a día de hoy, una convocatoria oficial. A todos ellos se les requerirá que rindan cuentas sobre el escándalo de los ERE, "el mayor caso de corrupción", en palabras del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

De momento, no hay previsión de citar ni al presidente Pedro Sánchez ni al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Quienes reciben la citación para asistir a una comisión de investigación parlamentaria están obligados a acudir y a decir la verdad.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, volvió este jueves a asegurar que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero, Carlos Cuadrado, porque según él no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay “una sola mota de polvo” en su expediente.

Durante las últimas semanas infoLibre ha desvelado diversas informaciones sobre las actividades de Cuadrado, tesorero de Cs desde su fundación en 2006, tres de las cuales aportan indicios de la presunta comisión de delitos o infracciones fiscales.

A pesar de ello, en una entrevista concedida al programa La Cafetera de Radiocable, presentado por el periodista Fernando Berlín, Rivera aseguró que Ciudadanos ha “dado explicaciones por activa y por pasiva y por todos lados” acerca de la empresa de Cuadrado, “que además tiene otras dos personas que participan”, subrayó.

El líder de Cs se comprometió a “dar cuenta en todo caso si hay algún tipo de requerimiento”, pero justificó el silencio de su partido con el argumento de que lo que no puede “es estar explicando la vida y milagros de cada uno de los trabajadores o de situaciones de cada una de las empresas”. “Todo en regla”, subrayó, “no hay ningún litigio penal en marcha y no tenemos ni una sola mota de polvo sobre ese expediente”.

Rivera insinuó un intento de manchar la trayectoria de Ciudadanos: “Yo entiendo que a veces puede haber voluntad, de alguna manera, de intentar trasladar eso al partido político”. Si “hubiera alguna cuestión penal o algún tipo de investigación penal”, insistió, es cuando “hay que dar explicaciones. Pero si es simplemente preguntarle por la vida de los demás o de las empresas, todo lo que hemos explicado se ha explicado mil veces y no hay ninguna mota de polvo sobre eso. Está todo explicado”, concluyó.

Puedes consultar todas las informaciones que infoLibre ha publicado sobre las actividades del tesorero de Rivera, así como las preguntas a las que sigue sin dar respuesta, en este enlace.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, lleva años presentándose como un abanderado de la regeneración política. Y criticando la pasividad de los demás partidos en la lucha contra la corrupción. A Mariano Rajoy lo acusó por ejemplo de ser “un especialista en tapar corruptos”, lo que no le impedía ser su principal aliado y mantenerlo en la Moncloa. ¿Está Rivera ahora tapando la corrupción de uno de los dirigentes de su núcleo duro? Durante las últimas semanas infoLibre ha desvelado diversas informaciones sobre las actividades de Carlos Cuadrado, tesorero de Cs desde su fundación en 2006, tres de las cuales aportan indicios de la presunta comisión de delitos o infracciones fiscales. El líder naranja guarda silencio y mantiene a Cuadrado en su equipo de dirección.

  1. Falso testimonio en una comisión parlamentaria

El 13 de julio de 2017, el tesorero de Ciudadanos compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado en varias ocasiones por el senador del PP Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró [Puedes ver el vídeo aquí]. El tesorero de Ciudadanos no dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales que desveló infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

"Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión", declaró Cuadrado a este periódico, para explicar por qué ocultó la información sobre sus procesos en Brasil. Pero lo cierto es que, como se puede comprobar en la transcripción literal de su comparecencia, el senador del PP no le estaba preguntando por “causas penales”, sino por cualquier tipo de "incidencia judicial" [puedes consultarla aquí, a partir de la página 32 del documento].

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Tras la publicación de la noticia de infoLibre, la comisión de investigación del Senado decidió solicitar un informe al letrado sobre el falso testimonio en sede parlamentaria. En un detallado análisis de 30 páginas [puedes consultarlo aquí], el letrado explica que dicho delito “requiere la objetiva falta de verdad en la declaración y el dolo directo, consistente en conocer la falsedad y querer así expresarla”. Además, otros requisitos para que exista el delito son que el testimonio verse “sobre hechos (no sobre opiniones o juicios de valor), que suponga una alteración sustancial de la verdad (entendida como contradicción inequívoca con la realidad objetiva, en el marco de las respuestas del declarante a las preguntas que se formulen)”. Por último, la declaración debe versar sobre hechos relevantes, lo que excluye “la información relativa a la vida privada”.

Una vez analizado el informe del letrado, el Grupo Popular decidió denunciar a Cuadrado, al entender que mintió en su comparecencia en el Senado y que se cumplen todos los requisitos para concluir que el tesorero de Cs cometió delito de falso testimonio ante una comisión de investigación.

  2. Infracción tributaria por ocultar rentas

Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años los cargos de tesorero de Ciudadanos y de administrador único de la empresa Damei Europe. En 2015, llegó a usar la compañía para cobrar de Ciudadanos una cuantía cuyo importe se niega a desvelar, por presuntos trabajos de asesoría económica en la precampaña de las elecciones generales. Pues bien, según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

Las irregularidades más graves detectadas por este periódico corresponden a 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, cuando Cuadrado ocultó la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y también omitió la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Además, al menos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Cuadrado declaró falsamente en la documentación pública de Damei Europe que no había percibido ninguna remuneración por su cargo de administrador único.

Este periódico pidió a dos inspectores y un técnico de Hacienda que analizaran las cuentas de Damei Europe. Estos expertos explicaron que las consecuencias de no contabilizar un activo de la sociedad se regula en el artículo 121 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, que determina lo siguiente: “Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus libros de contabilidad”.

En el mismo artículo, para cifrar la cantidad ocultada a Hacienda, se establece que “se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de adquisición de los bienes o derechos no registrados en libros de contabilidad, minorado en el importe de las deudas efectivas contraídas para financiar tal adquisición, asimismo no contabilizadas”. En el caso del inmueble de Damei Europe, que fue adquirido el 29 de septiembre de 2016 y se trata de un local industrial de 840 metros cuadrados en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona), su precio de mercado rondaba el medio millón de euros. Pero para financiar la adquisición Damei Europe pidió a Bankia una hipoteca de 380.000. Así que la diferencia son 120.000 euros, que sería el importe de la renta no declarada.

¿Qué ocurre con esa renta no declarada? Si Hacienda abre una inspección, imputará esa cantidad directamente a la base imponible de Damei Europe en el Impuesto de Sociedades, en este caso de 2016, ya que la adquisición se realizó ese año ante notario y por tanto Cuadrado puede probar en qué fecha se hizo la operación. El tipo de gravamen es del 25%, así que la empresa del tesorero de Cs debería pagar a Hacienda unos 30.000 euros.

Además, explican los expertos consultados, se habría producido una infracción tributaria. Existen dos posibilidades: que Damei Europe pudiese compensar esos 30.000 euros con algún saldo a su favor que tuviese con la Agencia Tributaria, por ejemplo por incentivos fiscales por I+D no aplicados, o que no pudiese compensar la deuda aflorada y le saliera cuota a ingresar. En el primer caso se trataría de una infracción grave (art. 195 de la Ley General Tributaria), mientras que en el segundo se calificaría como muy grave (artículos 184.3.3º y 191.4 de dicha norma).

  3. Aportación de fondos de origen desconocido

Otra información desvelada por infoLibre es que Carlos Cuadrado aportó a su compañía 791.076 euros cuyo origen no quiere desvelar. Así consta en las cuentas oficiales de Damei Europe del año 2013, firmadas por el propio Cuadrado y presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona.

Para que alguien pueda aportar 791.076 euros a una empresa, sólo hay dos posibilidades legales: o previamente tenía ese capital –bien porque sus altos ingresos le permitieron ahorrarlo o bien porque recibió una herencia–, o lo pidió prestado. En una reunión mantenida con Cuadrado en la sede de Ciudadanos en Madrid, celebrada el pasado 9 de julio, infoLibre le preguntó entre otras cuestiones por el origen de esos fondos. El tesorero de Cs pidió cuatro días para consultar documentos y aclarar el asunto, pero cumplido el plazo un portavoz oficial indicó que no daría explicación alguna.

“De las cuentas de 2013 se puede concluir, sin ninguna duda, que los 791.076 euros que se declaran como aportación del socio al patrimonio de la empresa son una transformación de la deuda a largo plazo. Es decir, la empresa tenía con el socio una deuda de 791.076 euros que el accionista acepta convertir en aportación patrimonial”, explican los dos inspectores y el técnico de Hacienda consultados por este periódico.

Esa operación plantea una pregunta fundamental: ¿cuál es la procedencia de ese dinero? ¿Disponía Cuadrado de ese dinero legalmente? ¿Lo pidió prestado? “La aportación no es, por sí sola, determinante de un incumplimiento fiscal. Puede suceder que el aportante disponga de rentas elevadas declaradas fiscalmente que le han permitido conformar ese capital o que sea el producto de una herencia adecuadamente declarada. De esta forma es únicamente la inspección de los tributos la que, a la vista de la información fiscal del socio, puede evaluar si el capital aflorado es consistente o no con sus datos fiscales”, señalan las fuentes consultadas.

“El riesgo fiscal –continúan dichas fuentes– se halla en el IRPF del socio porque debe acreditar que el capital que utiliza se ha conformado con ingresos que han sido declarados fiscalmente. En cualquier caso, ha prescrito ya la acción administrativa para comprobar el IRPF del ejercicio 2013, que es de cuatro años desde el último día en que se podía presentar la autoliquidación ante Hacienda [30 de junio de 2014]. Cuestión diferente es que se apreciaran indicios de la comisión de un delito fiscal, ya que en ese caso habría un año más de plazo, de forma que la investigación se podría iniciar hasta el 30 de junio de 2019”.

En definitiva, hay dos escenarios: que Cuadrado pueda demostrar que los 791.076 euros que aportó a su empresa en 2013 tienen un origen legal o que se trate de dinero no declarado al Fisco. En este último caso, Hacienda no podría hacer ya nada –porque la acción administrativa está prescrita–, pero la Fiscalía aún estaría a tiempo de actuar.

Si el origen de ese dinero fuese ilegal, dado el elevado importe, estaríamos probablemente ante un delito fiscal. El fraude a Hacienda está tipificado como delito cuando la cuota no ingresada supera los 120.000 euros en un ejercicio. Habría que conocer con detalle la declaración de IRPF de Cuadrado, pero parece razonable pensar que la cuota resultante de ese hipotético afloramiento de fondos superaría los 120.000 euros en el año 2013.

Desde el pasado 22 de mayo, infoLibre ha venido desvelando múltiples irregularidades protagonizadas por Cuadrado, sobre las que Rivera se ha limitado a decir que se refieren a “la esfera personal” del tesorero y que no tienen “nada que ver con la política”. Una argumentación tan sorprendente como arriesgada, y que ha llevado al PP a lanzar una pregunta en el Senado: “¿Qué sabe el tesorero que impide a Rivera su cese fulminante?”

Lo que sí sabemos ya es lo que nuestro compañero Manuel Rico ha documentado en estas mismas páginas:

1.- Sabemos que Carlos Cuadrado mintió ante la comisión de investigación del Senado sobre financiación de los partidos políticos. “No tengo ningún procedimiento judicial ni en España ni fuera de España”, respondió a preguntas del senador del PP Luis Aznar. Ocultó Cuadrado que tenía tres causas judiciales pendientes en Brasil, entre ellas una por impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau, y otra de carácter laboral por incumplimiento de la legislación brasileña, y por la que la justicia de aquel país ordenó el bloqueo de dinero de las cuentas del tesorero de Rivera. Mentir ante una comisión parlamentaria es un delito señalado por el artículo 502.3 del Código Penal y castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. Lo sabe Cuadrado y lo sabe Rivera. Y lo sabe el PP, que ya anunció su intención de trasladar a los juzgados el informe de conclusiones que se redacte al término de esa comisión de investigación.

2.- Sabemos que Carlos Cuadrado recibió pagos del partido durante la precampaña electoral de 2015 a través de una empresa de su propiedad, Damei Europe S.L., dedicada desde su fundación en el año 2000 a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil. Muy oportunamente, Cuadrado registró ante notario el 30 de julio de 2015 una ampliación del objeto social de su empresa para que incluyera “servicios de consultoría y asesoramiento económico”. El propio Cuadrado confesó a infoLibre que desde aquella fecha tuvo un único cliente al que asesorar: Ciudadanos. Al partido de Rivera le parece algo normal y corriente que su tesorero cobrara a través de una empresa interpuesta, aunque fuera una textil reconvertida en consultoría fiscal y financiera. Quizás porque el propio número dos de la formación, José Manuel Villegas, también utilizó una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos por sus trabajos de asesoría que hacía para C’s en 2011 y 2012, siendo ya mano derecha de Rivera.

3.- Sabemos que las cuentas de la empresa que Carlos Cuadrado usó para cobrar de Ciudadanos contienen múltiples falsedadescontienen múltiples falsedades, entre otras la de ocultar la compra de un inmueble valorado en medio millón de euros o una hipoteca de 380.000. Además, durante al menos cuatro años el tesorero-empresario (o viceversa) declaró falsamente en el Registro que no percibía remuneración alguna como administrador de Damei Europe. Dice Cuadrado que fue “un error”. Cuatro años seguidos estuvo equivocándose sobre esa minucia de si uno cobra o no cobra como administrador de una empresa. (¡A quién no le pasaría lo mismo!)

4.- Sabemos que Carlos Cuadrado tiene cierta tendencia a no pagar las deudas que contrae. Y no sólo en Brasil, porque la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a su empresa por incumplir un contrato y dejar sin pagar 53.000 euros a un acreedor. Por cierto, sigue sin pagarlos, según él porque el administrador concursal (ya que la empresa acreedora entró en quiebra) “nunca reclamó” la ejecución de esa deuda y el asunto “ya ha prescrito”. Qué curioso.

5.- Sabemos que Carlos Cuadrado sostiene que aportó a su empresa en 2013 (siete años después de empezar ya a ejercer como tesorero de Ciudadanos) nada menos que 791.000 euros, cuyo origen no quiere o no puede desvelar, como hoy mismo detalla infoLibre. Lo sabe cualquier experto fiscal, pero también cualquier ciudadano que cumpla sus deberes con Hacienda: es obligatorio acreditar que esos ingresos aportados por Cuadrado a su empresa fueron declarados al fisco.

Pretender, como parecen pretender Albert Rivera y Ciudadanos, que todas estas flamantes irregularidades acompañadas de mentiras en sede parlamentaria pertenecen “a la esfera personal” o "ámbito privado" del señor Cuadrado es simplemente ofender a la inteligencia del lector-oyente-ciudadano-votante-contribuyente. Podríamos tirar de hemeroteca escrita y audiovisual para rescatar las mil y una ocasiones en las que Rivera ha argumentado por qué el presidente de un partido político es responsable de lo que hace su tesorero, muy especialmente si lo que este hace es incompatible con la ética pública e incluso con la legalidad vigente, sea en lo civil, en lo penal o en lo fiscal. ¿Qué es eso de que los comportamientos de su empresario-tesorero (o viceversa) no afectan para nada al partido político cuyas finanzas dirige? ¿Acaso si un tesorero hubiera sido condenado o investigado por abuso de menores se le ocurriría decir al líder de la formación que no hay nada que reprochar puesto que eso pertenece “al ámbito privado" o "a la esfera personal”?

Hay que decir que Carlos Cuadrado ha respondido a lo largo de esta investigación periodística a la mayoría de las preguntas que infoLibre le ha ido planteando. Y hemos ido publicando su versión. Pero hay cuestiones a las que no ha querido o no ha sabido responder. Lo sabe Cuadrado y lo sabe Rivera. Escudarse como blindaje político en diferenciar la actividad del protagonista como tesorero y como ciudadano particular no es de recibo en ningún caso, menos aún cuando hay vasos comunicantes documentados entre una y otra faceta.

Ocurra lo que ocurra con la vía judicial que el PP ha anunciado por las mentiras de Cuadrado en sede parlamentaria, Albert Rivera está tardando demasiado en responder a una pregunta muy sencilla: ¿Se pueden confiar las finanzas de un partido (cuyos ingresos proceden por cierto en su mayor parte de las arcas públicas) a alguien investigado judicialmente en Brasil, condenado en España, que deja deudas sin pagar por todas partes y que falta a la verdad en el Senado? Si en esto consiste la regeneración política cacareada, mal pronóstico tiene ese “regenerador” proyecto.

P.D. En los medios independientes pero modestos estamos ya acostumbrados a que informaciones solventes y documentadas choquen con el silencio o el desprecio de la mayoría de las grandes cabeceras escritas o audiovisuales. Pero también sabemos que más tarde o más temprano la verdad factual termina imponiéndose y tiene consecuencias. Deberían saberlo a su vez los partidos políticos que aún no han exigido a Rivera y a Cuadrado que asuman cada cual sus responsabilidades.

Carlos Cuadrado lleva doce años compaginando los cargos de tesorero de Ciudadanos y de administrador único de la empresa Damei Europe, dedicada a la comercialización de máquinas industriales. En 2015, según desveló infoLibre, Cuadrado utilizó su sociedad para cobrar del partido por supuestos trabajos de asesoría. Y, según ha podido comprobar este periódico, dos años antes Cuadrado aportó a su compañía la cantidad de 791.076 euros. Así consta en las cuentas oficiales de Damei Europe firmadas por el propio Cuadrado y presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona.

Para que alguien pueda aportar 791.076 euros a una empresa, sólo hay dos posibilidades legales: o previamente tenía ese capital –bien porque sus altos ingresos le permitieron ahorrarlo o bien porque recibió una herencia–, o lo pidió prestado. En una reunión mantenida con Cuadrado en la sede de Ciudadanos en Madrid, celebrada el pasado 9 de julio, infoLibre le preguntó entre otras cuestiones por el origen de esos fondos. El tesorero de Cs pidió cuatro días para consultar documentos y aclarar el asunto, pero cumplido el plazo un portavoz oficial indicó que no daría explicación alguna [ver La caja negra al final de esta información].

Carlos Cuadrado es una persona de la máxima confianza de Albert Rivera desde la fundación de Ciudadanos en 2006. infoLibre ha desvelado durante los dos últimos meses una serie de actuaciones de Cuadrado que van desde la falta de ejemplaridad –no pagar una deuda pese a ser condenado a ello por una sentencia firme– a la posible comisión de irregularidades fiscales –presentar cuentas de su empresa con datos falsos– o incluso de un delito –mentir en una comisión de investigación del Senado. Rivera ha guardado silencio sobre todos estos asuntos.

Además de administrador único de Damei Europe, Cuadrado es también dueño del 99% de las acciones de la compañía, que en los últimos años ha facturado más de 1,5 millones por ejercicio.

  El análisis de las cuentas

infoLibre pidió a dos inspectores y un técnico de Hacienda que analizaran las cuentas de Damei Europe del año 2013 y de los ejercicios anteriores, para saber a qué conclusiones se podía llegar a partir de esos documentos oficiales. Lo primero que les llamó la atención es que “existen dos versiones diferentes de las cuentas del año 2012”. [Ver aquí los documentos presentados en el Registro]

Las sociedades tienen que presentar anualmente sus cuentas ante el Registro Mercantil. En la parte del balance deben ofrecer los datos del año al que corresponden las cuentas y también los del ejercicio anterior. Pues bien, en el caso de Damei Europe, en las cuentas que presentó en 2012 aseguró que tenía deudas a largo plazo por importe de 1.300 euros; sin embargo, en las cuentas que presentó el año siguiente, indicó que las deudas a largo plazo en 2012 eran de… ¡792.376 euros! [Ver aquí y aquí los documento de los años 2012 y 2013]. “La existencia de dos versiones diferentes es una irregularidad notable”, destacan los expertos tributarios.

La diferencia entre ambas cantidades son 791.076 euros. Y esa es exactamente la cifra que Carlos Cuadrado declara como “aportación” realizada a Damei Europe. Así consta en las cuentas del año 2013 y en todas las presentadas desde entonces.

“De las cuentas de 2013 se puede concluir, sin ninguna duda, que los 791.076 euros que se declaran como aportación del socio al patrimonio de la empresa son una transformación de la deuda a largo plazo. Es decir, la empresa tenía con el socio una deuda de 791.076 euros que el accionista acepta convertir en aportación patrimonial”, explican los expertos tributarios.

Esa operación plantea una pregunta fundamental: ¿cuál es la procedencia de ese dinero? ¿Disponía Cuadrado de ese dinero legalmente? ¿Lo pidió prestado? “La aportación no es, por sí sola, determinante de un incumplimiento fiscal. Puede suceder que el aportante disponga de rentas elevadas declaradas fiscalmente que le han permitido conformar ese capital o que sea el producto de una herencia adecuadamente declarada. De esta forma es únicamente la inspección de los tributos la que, a la vista de la información fiscal del socio, puede evaluar si el capital aflorado es consistente o no con sus datos fiscales”, explican las fuentes consultadas.

“El riesgo fiscal –continúan dichas fuentes– se halla en el IRPF del socio porque debe acreditar que el capital que utiliza se ha conformado con ingresos que han sido declarados fiscalmente. En cualquier caso, ha prescrito ya la acción administrativa para comprobar el IRPF del ejercicio 2013, que es de cuatro años desde el último día en que se podía presentar la autoliquidación ante Hacienda [30 de junio de 2014]. Cuestión diferente es que se apreciaran indicios de la comisión de un delito fiscal, ya que en ese caso habría un año más de plazo, de forma que la investigación se podría iniciar hasta el 30 de junio de 2019”.

En definitiva, hay dos escenarios: que Cuadrado pueda demostrar que los 791.076 euros que aportó a su empresa en 2013 tienen un origen legal o que se trate de dinero no declarado al Fisco. En este último caso, Hacienda no podría hacer ya nada –porque la acción administrativa está prescrita–, pero la Fiscalía aún estaría a tiempo de actuar.

Si el origen de ese dinero fuese ilegal, dado el elevado importe, estaríamos probablemente ante un delito fiscal. El fraude a Hacienda está tipificado como delito cuando la cuota no ingresada supera los 120.000 euros en un ejercicio. Habría que conocer con detalle la declaración de IRPF de Cuadrado, pero parece razonable pensar que la cuota resultante de ese hipotético afloramiento de fondos superaría los 120.000 euros en el año 2013.

Uno de los tres expertos consultados por infoLibre entiende que, en caso de origen ilícito de los fondos, también se podría interpretar que el impacto fiscal es en el Impuesto de Sociedades y no en el IRPF. De acuerdo con esta interpretación, se habría producido un incremento patrimonial de 791.076 euros en Damei Europe, que debería estar sujeto a tributación. En ese caso, la prescripción administrativa se produciría la próxima semana (el 25 de julio, cuando se cumplen cuatro años de la fecha límite para presentar la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2013).

  El 'caso Cuadrado'

"¿Qué sabe el tesorero que impide a Rivera su cese fulminante?". La pregunta la formuló esta misma semana el senador del PP Luis Aznar, después de que este periódico publicase una nueva información sobre las actividades del tesorero de Ciudadanos. Aznar es precisamente el senador a quien Cuadrado mintió en una comisión de investigación del Senado. Los hechos fueron los siguientes: el 13 de julio de 2017, Cuadrado compareció ante la comisión que investiga la financiación de partidos en la Cámara Alta. Al ser preguntado por Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. Pero no era verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., que es la filial brasileña de Damei Europe.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”. El PP ya ha anunciado que trasladará los hechos a la Justicia por si considera oportuno investigar "las mentiras" del tesorero de Cs en sede parlamentaria.

infoLibre también desveló que Ciudadanos camufló pagos a Cuadrado a través de Damei Europe, empresa dedicada a la comercialización de máquinas industriales. Los pagos se produjeron en la precampaña de las elecciones generales de diciembre de 2015. La explicación que ofreció Cuadrado a este periódico fue la siguiente: “Durante nueve años presté mis servicios como miembro de la Ejecutiva y responsable de Finanzas de Ciudadanos de forma totalmente altruista, sin cobrar ni un solo euro. A mediados de 2015, como se acercaban varias elecciones, pensamos que era bueno contratar a mi empresa para poder ayudar al partido a afrontar esos nuevos proyectos en la parte de la gestión de las finanzas. Para hacer todo de forma legal, antes yo amplié el objeto social de la empresa y añadí la asesoría. Hasta que no estuvo cambiado el objeto social, no emitimos ninguna factura a Ciudadanos”. Ante la pregunta de a qué otras empresas o partidos había prestado servicios de consultoría económica Damei Europe, Cuadrado admitió que a ninguno. Desde 2015 hasta hoy sólo ha tenido un cliente: Ciudadanos.

Las cuentas de Damei Europe también presentan múltiples irregularidades. Las más graves detectadas por este periódico corresponden a 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, cuando Cuadrado ocultó la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y también omitió la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Además, al menos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Cuadrado declaró falsamente en la documentación pública de su compañía que no había percibido ninguna remuneración por su cargo de administrador único.

Pagar las deudas tampoco parece una prioridad para el tesorero de Ciudadanos. Eso se deduce al menos de lo ocurrido con una sentencia firme de los Juzgados de Mataró (Barcelona) que condenó a Damei Europe al pago de 53.316,2 euros por incumplimiento de contrato. Cuadrado intentó primero una maniobra judicial para no abonar la deuda y, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona la impidió, logró un aliado inesperado: la sociedad a la que debía el dinero entró en quiebra y el administrador concursal no le exigió que pagase. Así que Cuadrado dejó transcurrir el tiempo hasta que el tema prescribió. De forma que nunca pagó lo que debía.

"¿Qué sabe el tesorero que impide a Rivera su cese fulminante?". Así reacciona el senador del Partido Popular Luis Aznar sobre las informaciones publicadas por infoLibre que apuntan a que el tesorero de Ciudadanos dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato y a las múltiples falsedades que contienen las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona por esta misma compañía, denominada Damei Europe. Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años el cargo de máximo responsable de las finanzas de Ciudadanos y administrador único y dueño del 99% del capital de Damei Europe. 

"Que una de las personas que tiene firma para manejar el dinero que ingresa el partido tenga este barullo personal me hace desconfiar de cómo maneja el dinero público", señala el parlamentario. En este contexto, Aznar asegura que tras el parón estival llamarán a declarar al secretario general de Cs, José Manuel Villegas, a la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos políticos.

No descartan los conservadores que el presidente del partido naranja, Albert Rivera, sea también llamado. En Ciudadanos, destaca Aznar, son muy insistentes a la hora de pedir explicaciones a los demás. "Tiene que ser el mismo rasero para todo el mundo", subraya al tiempo que manifiesta su extrañeza por el hecho de que la dirección de Cs no haya tomado cartas en este asunto, "con lo tiquismiquis que se muestran con los temas de los demás".

"No es admisible que Rivera se quite del medio apuntando a que son temas privados",son temas privados" insiste Aznar.

La opción de volver a llamar a Carlos Cuadrado a la citada comisión no está sobre la mesa del Grupo Parlamentario del Senado a día de hoy. En el PP sostienen que después de haber faltado a la verdad en sus anteriores comparecencias ante la comisión de investigación "no tiene ninguna credibilidad".

Carlos Cuadrado aseguró en el Senado el 13 de julio de 2017 que no tenía "ninguna causa ni en España ni fuera de España". Pero, en realidad, como desveló este periódico tenía pendientes tres procesos en aquel momento, entre ellos uno por el impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau.

El 'caso Cuadrado'

En 2015, Cuadrado llegó a usar Damei Europe, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria industrial, para cobrar del partido una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

En las cuentas de 2016 ocultó la compra de un inmueble valorado en medio millón y una hipoteca con Bankia por 380.000 euros. Y durante al menos cuatro años, Cuadrado declaró falsamente ante el Registro que no percibía remuneración alguna como administrador de la compañía Damei Europe. 

Además, dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato.

Este periódico ha desvelado, durante los dos últimos meses, diversas actuaciones presuntamente irregulares de Carlos Cuadrado.

Pagar las deudas no parece una prioridad para el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Eso se deduce al menos de lo ocurrido con una sentencia firme de los Juzgados de Mataró (Barcelona) que condenó a su empresa, Damei Europe, al pago de 53.316,2 euros por incumplimiento de contrato. Cuadrado intentó primero una maniobra judicial para no abonar la deuda y, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona la impidió, logró un aliado inesperado: la sociedad a la que debía el dinero entró en quiebra y el administrador concursal no le exigió que pagase. Así que Cuadrado dejó transcurrir el tiempo hasta que el tema prescribió. Y asunto resuelto.

A preguntas de infoLibre, que tiene en su poder las dos resoluciones judiciales, Carlos Cuadrado admitió los hechos en estos términos: “Es verdad que la sentencia de la vía civil devino firme, pero la empresa que nos demandó entró en concurso, y el administrador concursal nunca nos reclamó el pago. Ese es el motivo por el que Damei no abonó la cantidad que figura en la sentencia. Y esa acción ya ha prescrito”.

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el responsable de las finanzas de Ciudadanos desde el congreso fundacional del partido en julio de 2006. Durante los dos últimos meses, este periódico ha ido desvelando toda una serie de actuaciones irregulares de Cuadrado: desde que mintió durante una comparecencia en una comisión de investigación en el Senado, ocultando problemas judiciales que él y su empresa tenían en Brasil, hasta que las últimas cuentas presentadas por su compañía en el Registro Mercantil de Barcelona contienen múltiples falsedades. Y otras que, sin ser aparentemente irregulares, son ciertamente llamativas, como que Ciudadanos camufló pagos a su tesorero durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 a través de la empresa Damei Europe, que en realidad se dedica a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil.

  Explicaciones rocambolescas al juez

Carlos Cuadrado es administrador único y dueño del 99% del capital de Damei Europe, compañía que fundó en el año 2000 y que en la actualidad tiene una facturación que supera los 1,5 millones de euros anuales. Pues bien, el 30 de marzo de 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mataró condenó a Damei Europe al pago de 53.316 euros más los intereses legales por incumplir el contrato que había firmado con una sociedad denominada Desarrollos Industriales del Láser. Los hechos fueron los siguientes.

El 30 de noviembre de 2004, Damei Europe firmó un contrato para la adquisición de una potente máquina industrial. Transfirió 13.000 euros como pago a cuenta a la sociedad vendedora, Desarrollos Industriales del Láser, y le entregó un pagaré con vencimiento en mayo de 2005 por los restantes 43.645 euros que costaba (a ellos habría que añadir algo más de 10.000 euros de IVA, entonces situado en el 18% para estas operaciones). Pero, llegado el momento, la compañía vendedora no pudo cobrar el pagaré así que decidió llevar a Damei Europe a los tribunales.

Carlos Cuadrado utilizó un argumento rocambolesco que el juez no se creyó: que ambas empresas no habían firmado un contrato de compraventa, sino un contrato comercial por el que Damei Europe se comprometía a vender la máquina, y que el pagaré de 43.645 euros lo había entregado no como un pago, “sino para el supuesto de que a dicha fecha la máquina ya estuviese vendida; si lo estaba podría cobrarse, pero si no lo estaba no”.

En la sentencia, el juez desmonta en tono casi burlesco el razonamiento de Cuadrado: “Lo cierto es que si el pagaré se entregaba condicionado a que la máquina se vendiera, ningún sentido tiene su entrega. La actora [Desarrollos Industriales del Láser] ningún beneficio obtenía con tener un pagaré que no podía cobrar, mas que si la máquina se vendía; y dado que de venderse la máquina sería el comprador final el que abonaría el precio, el pagaré era inútil total […] Simplemente pretende hacerse creer que se entregó porque sí, pero para no ser cobrado ni utilizado”. [Puedes consultar aquí la sentencia íntegra]

En definitiva, el juez condenó a la empresa de Cuadrado a abonar los 53.316 euros que reclamaba Desarrollos Industriales del Láser –la cantidad equivalía al importe de la compraventa, IVA incluido, menos lo pagado a cuenta– y a pagar las costas del proceso judicial. Por cierto que el juez era José Antonio Vázquez Taín, quien años antes había trabajado en Galicia, donde se hizo famoso por su lucha contra el narcotráfico. En una de sus operaciones detuvo a Marcial Dorado y durante un registro de la causa aparecieron las fotos del narcotraficante con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

  Cuadrado no paga

Carlos Cuadrado no recurrió la sentencia, que devino firme, pero tampoco la cumplió. Simplemente, no pagó la deuda. Así que obligó a Desarrollos Industriales del Láser a volver al Juzgado para reclamar la ejecución de sentencia. Y entonces Cuadrado puso en marcha una maniobra judicial para aplazar el abono de los 53.316 euros. Presentó una querella contra el dueño de Desarrollos Industriales del Láser, denunciando que estaba siendo víctima de un intento de apropiación indebida, y solicitó a los Juzgados de Mataró que suspendiesen la ejecución por la denominada "prejudicialidad penal". Es decir, pidió que se esperase a la resolución del pleito en vía penal antes de obligarle a pagar la condena firme en vía civil.

El Juzgado 5 de Mataró aceptó la petición de Damei Europe, mediante un auto dictado el 25 de octubre de 2006. Entonces, Desarrollos Industriales del Láser recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió en contra de la empresa de Cuadrado. En un auto dictado el 12 de noviembre de 2007, la Audiencia argumenta que la parte vendedora [Desarrollos Industriales del Láser] había cumplido todas sus obligaciones, "cuestión que ya fue resuelta, con autoridad de cosa juzgada, en la sentencia que constituye el título de ejecución, no pudiendo el Juzgado, en el proceso de ejecución, ignorar lo que ya ha sido resuelto en la sentencia". Por tanto, revoca el auto del Juzgado 5 de Mataró y ordena que se ejecute la sentencia.

En ese momento, noviembre de 2007, Cuadrado tenía una sentencia firme que le condenaba a pagar y una maniobra judicial para impedirlo que había fracasado. ¿Decidió que había llegado el momento de pagar la deuda? La respuesta vuelve a ser "no". Resulta que Desarrollos Industriales del Láser se había declarado en quiebra en julio de 2006, su dueño había sido apartado de la dirección y se había nombrado a un administrador concursal, que puso en marcha el procedimiento para liquidar la compañía. Su obligación, lógicamente, era reclamar todo el dinero que le debieran a la empresa. Sin embargo, y a pesar de tener dos resoluciones judiciales a su favor, no exigió a Cuadrado que le abonase los 53.316 euros, más los intereses, que debía entregarle Damei Europe. ¿Por qué no lo hizo? Es un misterio sin aclarar. Lo único que asegura Cuadrado es que "el administrador concursal nunca reclamó" el pago de la deuda.

El tesorero de Ciudadanos, en las respuestas a las preguntas de infoLibre, también destacó que la deuda "ya ha prescrito". El plazo común de prescripción de deudas a partir de octubre de 2015 es de solamente cinco años (antes eran 15). Pero es que, en este caso, lo que ya no existe es el acreedor. Efectivamente, el 8 de febrero de 2010, se publicó la extinción de la sociedad Desarrollos Industriales del Láser. Así que la estrategia de Cuadrado ha resultado ser efectiva, al menos desde el punto de vista de su interés económico personal, que no desde la óptica del interés general de que las sentencias se cumplan.

¿Y qué ocurrió con la querella que Cuadrado puso contra el propietario de Desarrollos Industriales del Láser acusándolo de apropiación indebida? Pues que se ha archivado, después de que se suspendiesen diversas actuaciones –entre otras un juicio oral previsto para enero de 2016–, a las que no se presentó... el propio Cuadrado. Y tampoco apoderó a nadie para que actuase en representación de Damei Europe.

  LAS ACTIVIDADES DEL TESORERO

Este periódico ha desvelado, durante los dos últimos meses, diversas actuaciones presuntamente irregulares de Carlos Cuadrado.

Cuadrado compagina desde hace once años los cargos de tesorero de Ciudadanos y de administrador único de la empresa Damei Europe. En 2015, llegó a usar la compañía para cobrar de Cs una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Pues bien, según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

Las irregularidades más graves detectadas por este periódico corresponden a 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, cuando Cuadrado ocultó la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y también omitió la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Además, al menos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Cuadrado declaró falsamente en la documentación pública de Damei Europe que no había percibido ninguna remuneración por su cargo de administrador único.

Además, Cuadrado tiene otro frente abierto por sus actividades en Brasil, donde su empresa Damei Europe tiene una filial.

El 13 de julio de 2017, Cuadrado compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado por el senador del PP Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. Pero no era verdad.Pero no era verdad En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., que es la filial brasileña de Damei Europe.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años los cargos de tesorero de Ciudadanos y de administrador único de la empresa Damei Europe. En 2015, llegó a usar la compañía para cobrar de Cs una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Pues bien, según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

Las irregularidades más graves detectadas por este periódico corresponden a 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, cuando Cuadrado ocultó la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y también omitió la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Además, al menos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Cuadrado declaró falsamente en la documentación pública de Damei Europe que no había percibido ninguna remuneración por su cargo de administrador único.

El único ejercicio en el que Damei Europe declaró en el Registro Mercantil pagos a Cuadrado fue 2015, precisamente el año en que el tesorero de Cs utilizó su empresa para cobrar del partido. En concreto, la compañía consignó un importe de 11.200 euros. En 2016, dejó en blanco el apartado de percepciones del administrador único.

infoLibre mantuvo una reunión con Carlos Cuadrado, en la sede de Ciudadanos en Madrid, el lunes 9 de julio, en la que le mostró copia de los documentos registrales consultados. El tesorero de Cs pidió hasta el viernes 13 para poder hablar con su gestor y dar una explicación sobre los datos omitidos en las cuentas de 2016. Transcurrido el plazo, un portavoz oficial de Ciudadanos indicó que Cuadrado no iba a dar ninguna explicación.

En cuanto a sus remuneraciones como administrador único, durante la reunión del 9 de julio, Cuadrado aseguró que había sido un “error” declarar que no había cobrado de su empresa en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Y mostró la copia del modelo 190 de Damei Europe de uno de esos años –el documento que las empresas presentan anualmente a Hacienda con información sobre retenciones practicadas en las nóminas de los trabajadores–, en el que figuraba su nombre. Cuadrado no entregó copia de dicho documento a este periódico. No fue posible comprobar en calidad de qué había cobrado (como empleado de la compañía, como administrador único o como ambas cosas a la vez).

Por tanto, siempre según el tesorero de Ciudadanos, las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona no son correctas “en ese punto”, ya que no es cierto que el único año en que cobró como administrador único de Damei fuese 2015, precisamente cuando recibió dinero del partido supuestamente por trabajos para la precampaña de las elecciones generales. [Ver aquí copia de los documentos presentados en el Registro entre 2011 y 2015]

Hay que destacar que todas las cuentas las firma el propio Cuadrado, como administrador único de la empresa, de la que además tiene el 99% de las acciones. Durante el encuentro con infoLibre no explicó cómo había sido posible cometer ese “error” durante al menos cuatro años.

  Un local de 840 metros

¿Y qué pasó con las cuentas de Damei Europe en 2016? ¿Por qué pidió Cuadrado cuatro días para consultar los documentos y ofrecer una explicación, negándose después a ofrecer versión alguna?

Los hechos son los siguientes. El 29 de septiembre de 2016, Damei Europe adquirió en escritura pública, formalizada ante el notario Pablo Martínez Olivera, un local industrial de 840 metros cuadrados en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona). El precio de mercado del inmueble rondaba el medio millón de euros.

Ese mismo día, y ante el mismo notario, la empresa de Cuadrado firmó una hipoteca con Bankia para responder de un préstamo de 380.000 euros y un plazo de amortización de 15 años. Esas dos operaciones –la compraventa y la hipoteca– no figuran sin embargo en las cuentas que Damei Europe aportó al Registro Mercantil. En concreto, hay tres lugares donde se ocultan los datos.

En la página 11 de la Memoria de 2016, hay un apartado donde se indica literalmente que “se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas”, y se enumeran “un local en Mataró” y “un local en Barcelona”. Ni rastro del inmueble de Cabrera de Mar. [Ver aquí copia del documento presentado en el Registro]

En la página 13 de la misma Memoria, bajo el epígrafe “deudas con garantía real”, se señala lo siguiente: “El importe de las deudas con garantía real asciende a 116.002,05 euros. Estas deudas corresponden a dos hipotecas del Banco Popular”. Ni rastro de la hipoteca firmada con Bankia. [Ver aquí copia del documento presentado en el Registro]

Y en el Balance de situación, en el apartado de deudas con entidades de crédito a largo plazo, se consigna la cantidad de “293.268,01 euros”. Sin embargo, sólo teniendo en cuenta las deudas hipotecarias con el Banco Popular y Bankia, la cifra real se acercaba al medio millón de euros. A ello habría que añadir otros posibles créditos bancarios a largo plazo que tuviera la compañía. [Ver aquí copia del documento presentado en el Registro]

infoLibre le enseñó estos tres documentos a Cuadrado en la reunión mantenida el 9 de julio. El tesorero admitió que su empresa había comprado el local de Cabrera de Mar en 2016 –algo que por otra parte es público ya que consta en el Registro de la Propiedad de Mataró– y tomó nota de las preguntas de este periódico, comprometiéndose a responder en un plazo de cuatro días. Finalmente, optó por no decir nada.

  Cobros de Cs

Como desveló este periódico el pasado 21 de junio, Carlos Cuadrado recibió pagos de Ciudadanos durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 precisamente a través de Damei Europe, una sociedad limitada que llevaba 15 años dedicándose a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil. El propio Cuadrado admitió que su empresa había facturado “durante cinco meses” de 2015 a Cs, pero insistió en que esos pagos se hicieron de forma “legal”.

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el secretario de Finanzas de Ciudadanos desde la fundación del partido en 2006. Tras conocerse la noticia, Cs aseguró que no intentaba ocultar nada pagándole a su tesorero a través de una empresa de maquinaria textil.

El 30 de julio de 2015, Cuadrado registró ante notario una ampliación del objeto social de Damei Europe, para añadir los “servicios de consultoría y asesoramiento económico”. Aquel año la compañía tuvo de media 10 empleados, ninguno de ellos experto en consultoría económica. ¿A qué empresas o partidos le prestó asesoramiento Damei Europe? La respuesta de Cuadrado es que desde aquel 30 de julio de 2015 hasta hoy sólo ha tenido un cliente: Ciudadanos.

La explicación que ofreció Cuadrado a infoLibre fue la siguiente: “Durante nueve años presté mis servicios como miembro de la Ejecutiva y responsable de Finanzas de Ciudadanos de forma totalmente altruista, sin cobrar ni un solo euro. A mediados de 2015, como se acercaban varias elecciones, pensamos que era bueno contratar a mi empresa para poder ayudar al partido a afrontar esos nuevos proyectos en la parte de la gestión de las finanzas. Para hacer todo de forma legal, antes yo amplié el objeto social de la empresa y añadí la asesoría. Hasta que no estuvo cambiado el objeto social, no emitimos ninguna factura a Ciudadanos”.

Hay que señalar que, pese a las declaraciones de Cuadrado, en el verano de 2015 no se acercaban "varias elecciones", sino únicamente las generales de diciembre. Lógicamente, en aquel momento nadie podía anticipar que habría una repetición electoral en junio de 2016, algo que nunca antes había ocurrido en España. Lo que realmente había ocurrido en aquel verano es que se acababan de celebrar varias elecciones: en marzo de 2015 en Andalucía y dos meses después los comicios municipales y autonómicos en toda España. El tesorero de Cs, siempre según su versión, trabajó gratis durante esas campañas electorales de la primavera de 2015.

¿Por qué no le contrató directamente Ciudadanos? El tesorero explicó que el partido no le hizo un contrato porque no tenía medios: “En el partido no había espacio, vehículos ni personal capaz de poder atender ese trabajo en aquellos meses. Así que decidimos que lo mejor era que mi empresa facturase los trabajos que realizó para Ciudadanos”.

Carlos Cuadrado mantiene que los cobros que recibió del partido no eran en realidad un sueldo. “Eso no tiene nada que ver con mi sueldo. Yo no tenía ni cobré sueldo alguno hasta enero de 2016. Puse diversos medios materiales de la empresa para prestar el servicio que Ciudadanos necesitaba. Utilicé  el despacho de mi empresa, el coche de mi empresa para viajes por toda España, gastos de teléfono, internet, etc. También preparábamos las presentaciones de presupuestos de las precampañas usando recursos de mi empresa. Mi empresa facturaba por horas a Ciudadanos”.

  Mentiras en el Senado

Además, Cuadrado tiene otro frente abierto por sus actividades en Brasil, donde su empresa Damei Europe tiene una filial.

El 13 de julio de 2017, Cuadrado compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado por el senador del PP Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. Pero no era verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., que es la filial brasileña de Damei Europe.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

"Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión", declaró Cuadrado, para explicar por qué ocultó la información sobre sus procesos en Brasil.

infoLibre también desveló que, en otro pleito judicial que Cuadrado tiene en Brasil, el Juzgado Laboral de Itápolis ordenó el embargo de dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos. Se trata de un cuarto procedimiento judicial, a mayores de los tres reseñados, en el que Cuadrado no figuraba demandado cuando compareció ante la comisión del Senado el 13 de julio de 2017. "Ha habido un bloqueo preventivo, por valor de unos 400 euros, por un litigio laboral de una empresa que Cuadrado abandonó en 2009", indicaron fuentes oficiales de Cs, que definieron el tema como un asunto "de su actividad privada".

El PP anunció su intención de trasladar a la Justicia el informe de conclusiones que se redacte al término de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que se celebra en el Senado, para que analice si Cuadrado cometió delito al faltar a la verdad en sede parlamentaria cuando aseguró que no tenía ninguna causa judicial pendiente ni en España ni fuera de España.

Además, el senador del PP Luis Aznar aseguró que el tesorero de Ciudadanos "no debería seguir ni un minuto" en su responsabilidad por haber mentido a la comisión de investigación. "Mentir en una comisión parlamentaria cuando eres el máximo responsable de las finanzas de tu partido es muy grave”, indicó por su parte el líder de Podemos. Pablo Iglesias también reclamó la dimisión inmediata de Cuadrado.

El PP decidió llevar a los tribunales al tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, después de recibir un informe de los servicios jurídicos del Senado que su grupo parlamentario en la Cámara alta encargó para saber hasta dónde podían llevar la acusación contra alguien que mienta en una comisión de investigación.

Mentir a una comisión de investigación en el Congreso o en el Senado es delito desde la reforma del Código Penal de 1995, pero nunca esta previsión se ha llevado a la práctica. De hecho, tal y como subraya el autor del informe jurídico, el letrado Eugenio de Santos Canalejo, hay muy pocas referencias bibliográficas a este asunto, tanto en el campo del constitucionalista como en el de la doctrina penal.

El artículo 502.3 del Código Penal castiga con una “pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” al “que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio”.

Pero ¿qué significa faltar a la verdad en el testimonio ante una comisión parlamentaria de investigación? Este concepto está bien fundado en el ámbito judicial y ante los tribunales, pero no en el legislativo.

El letrado del Senado no entra en el caso concreto de Cuadrado, que el 13 de julio de 2017, cuando fue interrogado en la comisión en varias ocasiones sobre si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", contestó tajante: “No tengo ninguno”.

Como desveló infoLibre hace un mes, el tesorero de Ciudadanos no dijo entonces la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este diario, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

El informe del letrado, sin embargo, sí concluye cuáles son los elementos que deben darse para que se pueda hablar de una mentira a una comisión de investigación. “El delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria de investigación requiere la objetiva falta de verdad en la declaración y el dolo directo”. O lo que es lo mismo, la voluntad deliberada de cometer un delito, que en ese caso consiste “en conocer la falsedad y querer así expresarla“.

El primer elemento imprescindible, a juicio de De Santos Canalejo, es que sea el resultado de “una acción positiva”, lo que significa que tiene que ser una afirmación falsa. No basta, en principio, con una omisión.

El segundo es que el falso testimonio tiene que versar “sobre hechos (no sobre opiniones o juicios de valor)”. En tercer lugar, el informe destaca el requisito de que suponga “una alteración sustancial de la verdad (en el marco de las respuestas del declarante a las preguntas que se formulen)”. 

Por último, a juicio de los servicios jurídicos del Senado, la mentira “ha de versar sobre hechos relevantes”.

La reforma del Código Penal en esta materia se produjo en 1995 en un contexto muy concreto, justo cuando las comisiones de investigación de dos casos de corrupción (el del que fuera director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el del exgobernador del Bando de España, Mariano Rubio) estaban en su apogeo. Gobernaba Felipe González, que no había incluido esta previsión en el proyecto que envió al Congreso. Ya en el trámite, el PSOE, a regañadientes, se vio forzado a negociar una enmienda de Izquierda Unida defendida por Diego López Garrido, que paradójicamente acabaría formando parte del grupo socialista.

López Garrido defendió la propuesta con el argumento de que “la experiencia reciente” de las comisiones sobre Roldán y Rubio había “puesto de manifiesto la necesidad de proteger la seriedad y el rigor de las declaraciones”.

La idea, recuerda el informe, era poner el foco en “el deber que incumbe a quienes comparezcan” de “colaborar con el órgano depositario de la soberanía nacional en el ejercicio de uno de sus más importantes cometidos y responsabilidades”.

La necesidad de reconstruir los hechos

El letrado explica que “la reconstrucción veraz de los hechos no es ajena a una investigación parlamentaria, por político que sea el marco en el que se desenvuelve y por políticas que sean las conclusiones del dictamen final”. La base de la valoración final de las comisiones de investigación precisa “comprobar la existencia histórica de unos hechos, con los que construir un relato, una ‘historia', mediante los “medios de prueba” que “utiliza un historiador, es decir, documentos y testimonios”.

De Santos recurre, en su búsqueda de jurisprudencia y apoyo documental, al Diccionario de la Real Academia Española, según la cual la expresión “faltar a la verdad” es “decir lo contrario de lo que se sabe”.

A la vista de este informe, el PP llegó a la conclusión de que Cuadrado mintió y por eso pretende denunciarlo. “Cuadrado mintió”, subrayó su portavoz, el senador Luis Aznar. “Y esto es algo muy grave. Lo llevaremos a los tribunales. No es agradable, pero no podemos permitir que venga y mienta con el descaro que lo hizo”.

En su día, en conversación con infoLibre, ante la pregunta de por qué había afirmado que no tenía ninguna causa pendiente cuando en realidad tenía tres, Cuadrado ofreció la siguiente explicación: "En su intervención, el senador Aznar manifestó que yo tenía mas de 100 procesos como “actor". Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión. El senador buscaba saber si quería excusarme para declarar por tener causas judiciales, intentando llevar esta comisión al contexto del caso Bárcenas y el PP intentaba transmitir la idea de que todos los tesoreros actuamos igual. En ese sentido, yo respondí pensando que no había ningún procedimiento penal que me impidiera declarar ante la comisión o que mi declaración pudiese perjudicarme  en unos procesos judiciales. Ni se me pasó por la cabeza pensar en los procedimientos civiles o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo como responsable de Finanzas de Ciudadanos".

Consulte a continuación el informe completo:

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El portavoz del PP en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado, Luis Aznar, anunció este miércoles al número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la decisión de su grupo de incluir en las recomendaciones finales de este órgano llevar a los tribunales de justicia al tesorero de su formación, Carlos Cuadrado, por mentir a la Cámara.

Aznar se refería al 13 de julio de 2017, cuando el tesorero de Ciudadanos compareció ante la comisión y, al ser preguntado en varias ocasiones por él mismo sobre si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", contestó tajante: “No tengo ninguno”. Como desveló infoLibre hace un mes, el tesorero de Ciudadanos no dijo entonces la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este diario, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

“Cuadrado mintió”, subrayó Aznar. “Y esto es algo muy grave. Lo llevaremos a los tribunales. No es agradable, pero no podemos permitir que venga y mienta con el descaro que lo hizo”. “Lo que no entendemos es que ustedes”, añadió el portavoz del PP refiriéndose a Villegas, “que predican transparencia, no hayan cesado al señor Cuadrado”.

El anunció de Aznar sirvió de prólogo a una sesión muy bronca en el Senado, plagada de interrupciones y cruces de improperios entre los senadores del PP y los representantes de Ciudadanos que arroparon a su número dos como público, entre ellos el diputado Miguel Ángel Gutiérrez.

Villegas negó inmediatamente la mayor. “No mintió”, aseguró. “Si quieren revisamos el vídeo de la comparecencia, qué se le pregunto y qué contestó. No mintió. Y quien diga lo contrario está faltando la verdad”.

El vídeo al que se refiere Villegas es el siguiente:

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el secretario de Finanzas de Ciudadanos desde la fundación del partido en 2006. En estos años, ha compatibilizado su cargo político con actividades empresariales en España, Brasil y Colombia.

En su día, en conversación con infoLibre, ante la pregunta de por qué había afirmado que no tenía ninguna causa pendiente cuando en realidad tenía tres, Cuadrado ofreció la siguiente explicación: "En su intervención, el senador Aznar manifestó que yo tenía mas de 100 procesos como “actor". Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión. El senador buscaba saber si quería excusarme para declarar por tener causas judiciales, intentando llevar esta comisión al contexto del caso Bárcenas y el PP intentaba transmitir la idea de que todos los tesoreros actuamos igual. En ese sentido, yo respondí pensando que no había ningún procedimiento penal que me impidiera declarar ante la comisión o que mi declaración pudiese perjudicarme  en unos procesos judiciales. Ni se me pasó por la cabeza pensar en los procedimientos civiles o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo como responsable de Finanzas de Ciudadanos".

La transcripción de la conversación demuestra que en ningún momento el senador del PP pregunta en exclusiva por "procedimientos penales", sino que inquiere sobre "causas o incidencias judiciales".

“Mal empezamos”, replicó Aznar. E insistió: “Mintió de forma grave ante esta comisión sobre su situación procesal. No tenemos la mas mínima duda y lo verán los tribunales". Y no sólo eso, añadió citando otra información de infoLibre. “Ahora nos hemos enterado de que camuflaron pagos a su tesorero a través de su empresa de maquinaria textil” en la precampaña de 2015.

Efectivamente, el tesorero de Cs recibió pagos del partido durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 a través de una sociedad limitada que llevaba 15 años dedicándose a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil, según documentos a los que ha tenido acceso este diario. El propio Cuadrado, a preguntas de este periódico, admitió que su empresa facturó “durante cinco meses” de 2015 a Ciudadanos, pero insiste en que esos pagos se hicieron de forma “legal”.

Externalización

Villegas justificó este miércoles en el Senado esta forma de pago alegando que, cuando se consumó, Ciudadanos era “aún un partido con estructura reducida y externalizaba servicios fuera del partido”. Y se hizo, reconoció, a través de una empresa del tesorero, que cambió su objeto social para incluir, dijo, “la asesoría fiscal y financiera”.  Ciudadanos, defendió el número dos de Rivera, en aquel momento “contrata servicios porque no tiene estructura suficiente”. Fueron declarados y el Tribunal de Cuentas no puso ningún reparo, "no como la Audiencia Nacional con las cuentas del PP", ironizó.

El secretario general de Cs es el mismo dirigente del partido naranja que utilizó una empresa interpuesta–Mabex Gestión SL– para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para el partido entre enero de 2011 y septiembre de 2012. En esos 21 meses Villegas cobró, a través de Mabex Gestión SL, un total de 72.100 euros. Fueron 40.100 euros en 2011 y 32.000 en 2012, tal y como él mismo admitió en noviembre de 2015 a preguntas de infoLibre.

Durante el resto de la sesión, Aznar intentó conocer el flujo de dinero entre los grupos municipales de Ciudadanos y el partido y Villegas aseguró que todo se hace con arreglo a la ley. El portavoz del PP cuestionó que Cs no pague IVA por estas operaciones y el número dos de CS aseguró que la legislación les respalda.

Aznar también cuestionó, una vez más, la legalidad contable de Ciudadanos basándose en el informe de 2015 en el que el Tribunal de Cuentas declaró que no reflejaban la situación del partido, así como en la denuncia que este organismo ha tratado por estos hechos. Villegas, como ya había hecho Cuadrado en enero, también en el Senado, minimizó esta circunstancia diciendo que era consecuencia de aplicar erróneamente el criterio contable de caja y no imputar las cuantiosas subvenciones electorales de 2015 ese año y haberlas dejado para el siguiente. 

La sesión fue subiendo de tono a medida que Aznar insistía en discutir las prácticas de Cs y Villegas respondía comparándolas con la situación del PP, que tiene a cinco tesoreros procesados y ha sido condenado como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel.trama Gürtel.

Visiblemente enfadado, el portavoz del PP concluyó anunciando que pedirán la comparencia del presidente de Ciudadanos. “Como no hay manera de que digan la verdad ni al médico, y como son contradictorias las versiones que han ofrecido usted y su tesorero en temas de la gravedad, llamaremos al señor Rivera par ver si él contesta”, anunció.

“Ustedes se creen que esto es su chiringuito”, se quejó Villegas. “Y pueden hacer lo que quieran, pero deberían tener más respeto al Senado”. 

El Partido Popular sigue exigiendo a Ciudadanos que aclare el caso que afecta al tesorero de la formación, Carlos Cuadrado, después de que infoLibre publicara que la formación naranja camufló pagos a su tesorero durante la precampaña de 2015 a través de una empresa textil. 

En declaraciones a este periódico, Luis Aznar, portavoz de los conservadores en la comisión sobre la financiación de los partidos del Senado, subrayó que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, tendrá la oportunidad de "ampliar" las explicaciones que ofreció este jueves en rueda de prensa. Además, se preguntó por qué el partido liderado por Albert Rivera "sigue manteniendo a Carlos Cuadrado en su dirección".

Preguntado por los periodistas en el Congreso, Villegas aseguró que su partido no intentaba ocultar nada cuando decidió pagar a su tesorero a través de una empresa textil. 

El propio Cuadrado, a preguntas de este periódico, admitió que su empresa facturó "durante cinco meses" de 2015 a Ciudadanos, pero insiste en que esos pagos se hicieron de forma "legal".

Son "facturas pagadas, declaradas en el Tribunal de Cuentas" por "unos servicios" que la empresa del tesorero prestó a Cs. En aquel momento, justificó, el partido no tenía "infraestructura suficiente". Y en cuanto la situación cambió, fue contratado, añadió.

Villegas ha sido llamado a declarar a la comisión sobre la financiación de los partidos en el Senado el próximo día 27 de junio. "Espero que sus explicaciones sean más rigurosas que las que dado hoy [por este jueves]", confía Aznar.

Los datos serán trasladados "al juzgado correspondiente"

El PP retoma la investigación de las finanzas de Cs tras haber escuchado en dos ocasiones al propio Cuadrado. Fuentes conservadoras apuntan a que Villegas deberá aclarar cuestiones que los conservadores entienden que su tesorero no dejó zanjadas. 

De hecho, recuerdan que tras negar en la comisión que tuviera asuntos judiciales abiertos ni en España ni en el extranjero, infoLibre desveló que había mentido ya que cuando se produjo aquella comparecencia de Cuadrado en julio de 2017 tenía tres causas pendientes con la Justicia de Brasil.

El senador Aznar sostiene que el Grupo Parlamentario Popular no tiene en mente llamar más veces a declarar a Cuadrado en el seno de la citada comisión porque "ya ha mentido" y no ve útil volver a interrogarle . Y recuerda que "mentir" en sede parlamentaria es delito. Sin embargo, insiste en que en cuanto la comisión culmine sus trabajos y emita el correspondiente informe, se trasladarán "al juzgado correspondiente" aquellos asuntos que consideren deben ser puestos en manos de los tribunales.

La empresa textil

La empresa de Carlos Cuadrado se llama Damei Europe Square Group SL, tiene su sede en Mataró (Barcelona) y fue fundada en octubre del año 2000. En las últimas cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, correspondientes a 2016, declaró un importe neto de su cifra de negocios de 1.629.208 euros. En sus inicios se dedicaba a "la confección, representación, importación y comercialización de máquinas de coser, bordar, hacer punto y tricotar", y en 2011 amplió su objeto social para incluir "la fabricación, comercialización y exportación de máquinas, equipos y sistemas de corte y grabación por láser en cualquier tipo de material, controladas por ordenador y software informático específico".

El 30 de julio de 2015, Carlos Cuadrado registró ante notario una nueva ampliación del objeto social de Damei Europe, esta vez para prestar "servicios de consultoría y asesoramiento económico". Según los datos declarados por la compañía ante el Registro Mercantil de Barcelona, aquel año tuvo de media 10 empleados, ninguno de ellos experto en la consultoría económica. ¿A qué empresas o partidos le prestó asesoramiento Damei Europe? La respuesta de Cuadrado es que desde aquel 30 de julio de 2015 hasta hoy sólo ha tenido un cliente: Ciudadanos.

La explicación que ofreció Cuadrado a infoLibre fue la siguiente: "Durante nueve años presté mis servicios como miembro de la Ejecutiva y responsable de Finanzas de Ciudadanos de forma totalmente altruista, sin cobrar ni un solo euro. A mediados de 2015, como se acercaban varias elecciones, pensamos que era bueno contratar a mi empresa para poder ayudar al partido a afrontar esos nuevos proyectos en la parte de la gestión de las finanzas. Para hacer todo de forma legal, antes yo amplié el objeto social de la empresa y añadí la asesoría. Hasta que no estuvo cambiado el objeto social, no emitimos ninguna factura a Ciudadanos". 

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este jueves que su partido no intentaba ocultar nada cuando decidió pagar a su tesorero, carlos Cuadrado, a través de una empresa dedicada a la maquinaria textil.

El tesorero de Cs, Carlos Cuadrado, recibió pagos del partido durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 a través de una sociedad limitada que llevaba 15 años dedicándose a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil, según documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. El propio Cuadrado, a preguntas de este periódico, admitió que su empresa facturó “durante cinco meses” de 2015 a Ciudadanos, pero insiste en que esos pagos se hicieron de forma “legal”.

Villegas aseguró que al utilizar este procedimiento su partido no trataba de “ocultar nada”. Son “facturas pagadas, declaradas en el Tribunal de Cuentas” por “unos servicios” que la empresa del tesorero prestó a Cs.  En aquel momento, justificó, el partido no tenía “infraestructura suficiente”. En cuanto la situación cambió “se contrató al tesorero. Pero no hay nada oculto”.

Empresa de maquinaria dedicada a asesoría fiscal y financiera

Según el número dos de Albert Rivera, no hay nada extraño en utilizar una empresa de maquinaria textil. “No es una cosa interpuesta”, argumentó, porque “como objeto social” también tiene el “asesoramiento fiscal y financiero”. “No tenemos ningún problema con esta situación”, concluyó.

Villegas es el mismo dirigente de Ciudadanos que utilizó una empresa interpuesta –Mabex Gestión SL– para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para el partido entre enero de 2011 y septiembre de 2012. En esos 21 meses Villegas cobró, a través de Mabex Gestión SL, un total de 72.100 euros. Fueron 40.100 euros en 2011 y 32.000 en 2012, tal y como él mismo admitió en noviembre de 2015 a preguntas de infoLibre.

La utilización de una empresa interpuesta para pagar menos impuestos es lo que hizo también Juan Carlos Monedero, número tres de Podemos cuando se conocieron los hechos a principios de 2015. Al igual que Villegas, Monedero tampoco había declarado como renta personal la operación vinculada realizada con una empresa de la que era socio y administrador. El dirigente de Podemos presentó a Hacienda una declaración complementaria para regularizar sus impuestos dos semanas después de que los hechos se hiciesen públicos a través de la prensa.

La sentencia de la primera temporada de la serie Gürtel (vendrán más y se juzgarán asuntos aún más vergonzantes) establece ya conclusiones suficientes para que dejen al menos de ofender a la inteligencia de los ciudadanos (incluso de los españoles):

1.- El tribunal considera probado que el PP y la trama dirigida por Francisco Correa crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del partido”. Vamos, lo que viene a ser “un sistema de corrupción”. Nada de casos aislados.

2.- A lo largo de las 1.687 páginas de la sentencia, se describe “un auténtico sistema de defraudación del erario público” en el que Luis Bárcenas y Francisco Correa eran piezas fundamentales, ya que “tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”. Vamos, lo que viene a ser robar dinero público de forma organizada. Nada de “manzanas podridas” ni “cuatro ranas”.

3.- Queda detalladamente acreditado que las comisiones exigidas a empresarios a cambio de adjudicaciones no sólo iban a parar a los bolsillos de Bárcenas, Correa y compañía “también otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular…”. Vamos, lo que viene a ser financiación ilegal. Nada de “diez o quince chorizos” que “se nos han colado” en el PP.

4.- Deja establecido la sentencia que no se trata de un latrocinio de carácter aislado en determinados municipios madrileños, porque otras cantidades del dinero exigido a las empresas “… fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ‘caja B’ del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”. Vamos, lo que viene a ser el manejo de dinero negro en cantidades industriales (asunto de gran calado que queda pendiente de juzgar en la siguiente temporada de esta serie). Nada de “unos cuantos sobres para gastos de representación”.

5.- Se describe también perfectamente en la sentencia el mecanismo de la corrupción, que arranca con la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones, pero que no acaba ahí: “Mediante el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas [los millonarios y constantes sobreprecios], la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también mediante otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esa trama… de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”. Vamos, lo que viene a ser recibir sobornos en metálico o todo tipo de prebendas que incluyen viajes de lujo, celebración de bautizos, bodas y comuniones, joyas o automóviles, del estilo de ese Jaguar del marido de Ana Mato que la exministra de la máxima confianza de Rajoy nunca vio en su garaje. Nada de “cuatro botellas de vino por Navidad”.

6.- Los magistrados firmantes del fallo no se creen el testimonio que en su día prestó Mariano Rajoy en sede judicial. Dudan que sea "verosímil" su versión y la de otros testigos que negaron la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos, que por cierto no sólo existían sino que eran "opacos" a Hacienda. Vamos, lo que viene a ser un varapalo mayúsculo a los ya escasos restos de credibilidad del presidente del PP y del Gobierno. 

Así que más allá de los titulares que hablan de las condenas penales y de las multas que tendrán que pagar los culpables (incluidos el PP y Ana Mato como partícipes a título lucrativo) la importancia medular de esta sentencia es que refleja un sistema organizado de corrupción política, financiación ilegal y enriquecimiento a costa de los recursos públicos que ha funcionado durante casi tres décadas a nivel nacional, autonómico y local en los dominios del Partido Popular. Podrán recurrir al Tribunal Supremo, acogiéndose a algunos argumentos del voto particular del magistrado que ya en su día se negaba a convocar a Mariano Rajoy siquiera como testigo. Pero el cúmulo de datos, documentos, testimonios, pruebas y confesiones ofrece una base firme para las altas penas de cárcel decididas y supone la confirmación del trabajo que hace casi diez años inició el juez Baltasar Garzón (y le costó la carrera) y del que de forma concienzuda y discreta desarrolló el juez Pablo Ruz antes de solicitar una plaza menos sometida a presiones políticas y a los focos mediáticos.

Mariano Rajoy tiene que asumir responsabilidades políticas sobre ese “sistema de corrupción institucional” de una vez por todas, porque además su papel y el de su partido sólo pueden empeorar en sucesivas temporadas de la serie GürtelGürtel. Luis Bárcenas ha demostrado ser el ‘tesorero-bomba’ que no sólo iba cargado de dinero negro y contabilidades paralelas, sino de suficiente información como para volar políticamente la sede de Génova. Ahora pueden entrarle más ganas de cantar que a su hijo en Taburete, al ver a su mujer condenada a 15 años de cárcel. La sentencia, en un párrafo que respira esa “formación de género” tan reclamada, rechaza el argumento de que Rosalía Iglesias no tenía conocimientos para ejecutar las acciones que se le imputan: sería relegarla “a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el Tribunal”. (Este tribunal, porque el del caso Nóos, pese a estar formado por mujeres, no aplicó esa lógica a la infanta Cristina).

  Los efectos políticos

Rajoy prefiere seguir viendo “casos aislados”, y más aún teniendo ya aprobados unos Presupuestos que dilatan su calendario político hasta el mismo año 2020 en que acaba la legislatura. Si en el PP han sido capaces de dibujar al detenido Eduardo Zaplana como una especie de troyano de Ciudadanos, cabe esperar cualquier cosa a la hora de marcar distancias con un Bárcenas que conoce al milímetro las alcantarillas de Aznar (mudo) y las de Rajoy (en modo avión).

Salió de inmediato Albert Rivera diciendo cosas tan sonoras como raras: “Esto [la sentencia] marca un antes y un después en la relación del Gobierno con la oposición” y “trastoca todos los planes de la legislatura”. Daría hasta miedo, o provocaría una hecatombe en las bolsas y en la prima de riesgo si no fuera porque todos sabemos que se trata de puro postureo; que este ‘sorprendido’ Rivera ya le exigió a Rajoy en aquella investidura frustrada de Pedro Sánchez en marzo de 2016 que se fuera, que era “el presidente de la corrupción”. “España no se puede permitir un presidente como usted”, le espetó, incluso pidió al PP que cambiara de candidato porque “jamás” apoyaría Ciudadanos a Rajoy. ¿Por qué? Por “esto”, por la Gürtel, por la financiación ilegal, por la corrupción institucional… Por todo lo que todos sabíamos, incluido Rivera, que nunca vio “casos aislados” y que ahora se lleva las manos a la cabeza porque una sentencia dice que “¡en este casino se juega!”

Rivera pone el grito en el cielo contra Rajoy pocas horas después de haber puesto su voto (junto al PNV) para aprobar unos Presupuestos que garantizan al Gobierno exprimir la legislatura hasta 2020 si le place. El pasado domingo, en el acto con el que Ciudadanos presentaba su macroniana plataforma #EspañaCiudadana, Rivera hizo un discurso que ha provocado la hilaridad en las redes sociales durante días: “Recorriendo España yo no veo trabajadores o empresarios; veo españoles. No veo a jóvenes o mayores, veo españoles…” Sería para reírse si no fuera para llorar. En mi humilde opinión, el varapalo más contundente para Rajoy y el PP esta semana no es la sentencia de la Gürtel (políticamente ya amortizada por escandaloso que nos parezca), sino el informe del mismísimo Banco de España en el que, negro sobre blanco, puede comprobarse que los beneficios de las empresas crecen 16 veces más que los salarios desde 2014. Es el resumen más significativo e indignante de la cacareada ‘recuperación económica’: el dato que refleja en toda su magnitud la profunda desigualdad instalada en España por las políticas aplicadas. Rivera, claro, prefiere no ver “trabajadores o empresarios”, ni jóvenes o pensionistas, sino sólo “españoles” y, si es posible, españoles cegados, exaltados y enfebrecidos por una pulsión nacionalista tuneada de patriotismo. En realidad, si se le aplicara el suero de la verdad, uno imagina a Rivera clamando más bien: “sólo veo votos”.

Para que esta sentencia signifique de verdad “un antes y un después”, tendría que prosperar la moción de censura que el PSOE ha registrado el viernes por la mañana en el Congreso. Pablo Iglesias ya la propuso el mismo jueves y anunció su apoyo a Pedro Sánchez, confirmado por el líder de IU Alberto Garzón. Logre o no los números suficientes para hacer caer al Gobierno, desde luego la iniciativa obliga a Rivera a retratarse, a clarificar si finalmente está dispuesto a tumbar a Rajoy a los pocos días de darle aire hasta 2020. Lo cual explica la maniobra de Ciudadanos, que a los pocos minutos exige elecciones anticipadas o amenaza con apoyar, no la moción de censura socialista, sino una moción instrumental con el objetivo de convocar elecciones. una moción instrumental En Ciudadanos saben perfectamente que Rajoy no puede disolver las Cortes mientras esté en trámite una moción de censura, porque así lo precisa el artículo 115 de la Constituciónartículo 115 de la Constitución(lo cual explica que el PSOE registrara la moción con urgencia, incluso antes de reunirse su Ejecutiva). Vamos, que no se presta Rivera a facilitar la menor ventaja a Sánchez ni tampoco a sacar de inmediato al PP de la Moncloa, sino que simplemente intenta (está en su derecho) aprovechar al máximo la extrema debilidad del PP para seguir barriendo a su favor en las próximas citas electorales.

¿Y Rajoy qué opina de esto, como diría el abuelo de aquel exitoso spot? Pues ni se inmuta. Una vez más, recurre al discurso del miedo acusando a Pedro Sánchez (socio principal en la respuesta al independentismo) de actuar "contra la estabilidad de España y contra el interés de los españoles". Con la simplicidad que caracteriza sus (eficaces hasta ahora) discursos, Rajoy ha situado la iniciativa del PSOE entre la aprobación de los Presupuestos y un 155 en vigor, para responsabilizar Sánchez de pretender gobernar "con cualquiera" y "a cualquier precio". Como si él no hubiera pactado con el PNV a cualquier precio, incluyendo subidas de pensiones que hace sólo mes y medio eran "imposibles e inviables". Vamos, que Rajoy no da un paso atrás, ni siquiera a un lado, y mantiene su intención de agotar la legislatura. En estos tiempos en que cada "noticia-bomba" queda fagocitada por la siguiente, en pocas horas los focos ya se han trasladado al PSOE, a Ciudadanos o al PNV, en lugar de mantenerse en una sentencia que dibuja un agujero negro de la democracia española.

P.D. Además de compartir Presupuestos y pactos anticorrupción, Rajoy y Rivera también comparten un ojo de lince para elegir tesoreros y defenderlos. Si no fuera por la sentencia de la Gürtel, este artículo se habría centrado en los datos desvelados en infoLibre por Joana Oliveira y Manuel Rico sobre Carlos Cuadrado, responsable de las finanzas de Ciudadanos y empresario que parece tener la muy española y poco patriótica costumbre de mentir. Afronta varios procesos judiciales por sus negocios en Brasil, y sobre su existencia faltó a la verdad en sede parlamentaria, lo cual es un delito. Tiene toda la razón el PP al trasladar a la justicia los datos que hemos publicado y al reclamar que actúe la Fiscalía. ¿Qué dice Albert Rivera? Que se trata de una cuestión “privada” de su tesorero y un caso “resuelto en términos políticos”. Vamos, que sólo ve “españoles”. (Seguiremos informando). ----------------------------------------------------------------------(Este artículo ha sido actualizado al mediodía del viernes para recoger el registro de la moción de censura del PSOE, el anuncio de Ciudadanos y la respuesta de Rajoy).

En rueda de prensa en el Senado, que este jueves acogió otra sesión de la citada comisión, el portavoz del PP en este órgano de la Cámara Alta, Luis Aznar, anunció que su formación remitirá esa información "a quien corresponda" independientemente de que la Fiscalía actúe, o no, de oficio. 

Los conservadores señalan que, a tenor de las informaciones publicadas, "se ha mentido" y se trata de algo muy grave. "Mentir aquí es un delito, por tanto tiene que tener un tratamiento como tal", defendió Aznar.

Mientras Ciudadanos considera que se trata de un asunto "privado" y el líder del partido, Albert Rivera, ha minimizado el caso, el PP cree que circunscribirlo a la esfera "particular" es "una barbaridad". "Se ha mentido por su director financiero. Este señor [Cuadrado] no debiera seguir ni un minuto al frente de una responsabilidad como esta", valoró Aznar.

Las conclusiones de esta investigación no estarán listas antes del verano.

En sus declaraciones a los medios, Aznar lamentó que, a raíz de las informaciones publicadas por infoLibre, dirigentes como Pablo Iglesias (Unidos Podemos) y José Luis Ábalos (PSOE) hayan hecho declaraciones sobre lo que ocurre en una comisión parlamentaria a la que no acuden. El PP está solo en este órgano parlamentario que fue concebido como una especie de contraprogramación ala comisión de investigación que, en el Congreso, estudia de forma monográfica la presunta financiación ilegal de los conservadores.

En este sentido, invitó a los partidos a que se incorporen y aporten a la hora de redactar las conclusiones.

Las tres causas del tesorero de Rivera

El 13 de julio de 2017, el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado. Preguntado en varias ocasiones por Aznar sobre si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. El tesorero de Ciudadanos no dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con la documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

Los llamados a comparecer a una comisión de investigación parlamentaria no sólo tienen la obligación de hacer acto de presencia cuando son convocados, también tienen la obligación de decir la verdad. De lo contrario, se enfrentan a multas o, en el peor de los casos, penas de prisión. Así figura en el Código Penal, que en su artículo 502.3 señala lo siguiente: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".

Cuadrado ha explicado ahora a infoLibre que, con sus respuestas al senador del PP, se refería "a que no tenía ninguna causa penal" que le impidiese "declarar ante la comisión". "El senador Aznar buscaba saber si quería excusarme para declarar por tener causas judiciales", afirma.

A juicio del tesorero de Ciudadanos, el PP intentaba en esta comisión "transmitir la idea" de que todos los tesoreros de los partidos "actúan igual" con el caso Bárcenas como contexto.

"Yo respondí pensando que no había ningún procedimiento penal que me impidiera declarar ante la comisión o que mi declaración pudiese perjudicarme en unos procesos judiciales. Ni se me pasó por la cabeza pensar en los procedimientos civiles o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo como responsable de Finanzas de Ciudadanos", subraya.

Pero lo cierto es que el senador del PP no hizo alusión a causas penales en ningún momento de su intervención. Siempre se refirió a "causas" o "incidencias judiciales".

El 'caso Cuadrado'

infoLibre ha desvelado que, además, la Justicia de Brasil ha bloqueado dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos en otro procedimiento judicial.

El proceso contra Carlos Cuadrado empezó el 1 de abril de 2014 en los Juzgados de Itápolis, ciudad del interior del Estado de São Paulo, y sigue en tramitación. El empresario español fue demandado por incumplimiento de la legislación laboral brasileña, al no haber pagado presuntamente las tasas de cotización a la Seguridad Social referentes a la contratación del demandante, Amabilo Alexandre Chiquesil.

El demandante era trabajador de Ibertex Importação e Exportação de Máquinas Texteis Ltda., empresa que el tesoreso de Cs constituyó en Brasil junto a un socio portugués. Ambos eran dueños del 50% del capital de la compañía, que ya no está operativa.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles la dimisión del tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, después de que infoLibre revelara que ocultó a la comisión de investigación del Senado que tenía tres procesos judiciales en Brasil.

Al ser preguntado en varias ocasiones por el senador Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes "en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: "No tengo ninguno", aseguró. El tesorero de Ciudadanos no dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con la documentos oficiales a los que ha tenido acceso este diario, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

"Mentir en una comisión parlamentaria cuando eres el máximo responsable de las finanzas de tu partido es muy grave. Seguro que dimite y seguro que si no lo hace mañana será portada en todos los periódicos (menos en infoLibre) y saldrá en los telediarios", ha publicado en su perfil de Twitter.

Los llamados a comparecer a una comisión de investigación parlamentaria no sólo tienen la obligación de hacer acto de presencia cuando son convocados, también tienen la obligación de decir la verdad. De lo contrario, se enfrentan a multas o, en el peor de los casos, penas de prisión.

Así figura en el Código Penal, que en su artículo 502.3 señala lo siguiente: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".

Sin embargo, tal y como ha revelado infoLibre, Cuadrado ocultó la verdad en sede parlamentaria, porque en aquel momento tenía no uno sino al menos tres procesos judiciales abiertos en Brasil.

Ante la evidencia de que no dijo la verdad, el tesorero de Cs alega ahora que lo que “quería decir es que no tenía ninguna causa penal” que le “impidiese declarar ante la comisión”.

Cuadrado da a entender que todo fue un malentendido, porque el senador del PP que le preguntaba buscaba saber si quería excusarse para declarar por tener causas judiciales, “intentando llevar” la sesión “al contexto del caso Bárcenas”. 

“Ni se me pasó por la cabeza”

El PP “intentaba transmitir la idea de que todos los tesoreros actuamos igual”, se defiende el encargado de las cuentas del partido naranja. “Ni se me pasó por la cabeza pensar en los procedimientos civiles o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo”.

Como puede verse en el vídeo, el senador del PP, sin embargo, en ningún momento preguntó a Cuadrado por causas penales, sino que le interrogó sobre la existencia de causas judiciales, cuya existencia el tesorero de Cs negó rotundamente.

De las tres causas judiciales que Cuadrado ocultó al Senado, la más importante es la ejecución de una deuda que el tesorero tenía con el Banco Itau, la principal institución financiera privada de Brasil. El Banco Itau demandó a Cuadrado en reclamación de una deuda de 321.713 reales brasileños (unos 74.000 euros al cambio actual). El político y empresario español había avalado un préstamo concedido a Ibertex, la empresa de la que tenía el 50% del capital. La compañía no devolvió el dinero recibido y el banco llevó a los tribunales a Cuadrado. En marzo de este año, el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo inadmitió el último recurso que podía presentar el tesorero de Ciudadanos, que deberá abonar la totalidad del dinero que le reclamó el banco Itau.

Los problemas judiciales que Carlos Cuadrado, el tesorero de Ciudadanos, está teniendo en Brasil y de los que ha dado cuenta infoLibre no deben sorprender en la cúpula del partido. Antonio Robles, el que fuera secretario general de Cs en su primera etapa —acabó abandonando su escaño en el Parlament catalán y su militancia en la formación naranja cuando Rivera pactó una coalición con Libertas, un partido de derecha extrema, en las europeas de 2009— asegura que así se lo advirtió en varias ocasiones al propio Albert Rivera.

“Yo con Rivera, no ya como amigo sino como secretario general, me puse serio muchas veces diciendo que [Cuadrado] no podía seguir en la Ejecutiva porque me habían llegado todo tipo de rumores, todos tremendos, de sus negocios con Brasil”, explica en conversación con este periódico. “Pero Albert Rivera, no sé por qué, siempre me pidió confianza y siempre lo sostuvo. Incluso cuando yo insistí y le dije que no podía ser: ‘Aquí tenemos que tener gente que no tenga ningún tipo de sospecha de nada', le dije". Pero “él se negó. No lo entiendo, Albert no es así”, reflexiona Robles, ya apartado de la política activa después de una breve travesía con la desaparecida UPyD.

Carlos Cuadrado (Barcelona, 1968) encaja como un guante con el perfil más habitual entre los tesoreros de los partidos, los cargos ejecutivos que se encargan de buscar dinero y supervisar en qué se gasta. Una posición complicada en un país en el que, desde hace décadas, la financiación de la política está permanentemente bajo sospecha.

El currículum oficial de Cuadrado es muy breve. Incluye una referencia a su formación académica que ni siquiera aclara si acabó sus estudios de ingeniería industrial ni dónde los cursó. Y deja constancia de su condición de “empresario de maquinaria industrial para el sector textil”.

Cuadrado lleva en la Ejecutiva de Ciudadanos, en un cargo tan relevante como el de tesorero, desde su fundación en 2006, algo que le vincula estrechamente con el presidente del partido, Albert Rivera, sobre todo después de que, superados los primeros tiempos más tumultuarios, este se hiciera con el control de la organización.

Siempre en segundo plano, al menos hasta hace unos meses, su nombre no forma parte del grupo de dirigentes que con frecuencia acompañan a Rivera en el debate público, como Inés Arrimadas, José Manuel Villegas o Juan Carlos Girauta. No obstante, y aunque sólo sea por lo delicado de su cargo, todo el mundo da por hecho que se trata de un dirigente de la máxima confianza del presidente del partido.

A pesar de que sigue sin tener cargo público, su anonimato terminó el pasado verano, cuando el PP decidió convertirle en blanco de una estrategia dirigida a cuestionar las cuentas del partido naranja utilizando como instrumento la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos que puso en marcha unilateralmente en el Senado como respuesta a la que en el Congreso, esta sí con el apoyo de todos los partidos, trata de arrojar luz sobre la contabilidad de la formación de Mariano Rajoy.

Desde entonces, el PP ya ha hecho comparecer a Cuadrado en dos ocasiones. La última tuvo lugar en febrero, apenas unas semanas después de que el Tribunal de Cuentas hiciese público un informe en el que suspende la contabilidad oficial de Ciudadanos de 2015. La reunión acabó en una bronca monumental, con un grave intercambio de acusaciones entre Cuadrado y el portavoz del PP, el senador Luis Aznar.