"Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá". Las palabras del pasado lunes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, siguen sacudiendo los cimientos de la propia UE. A pesar de que ha reculado posteriormente, su figura ha quedado tocada. Muy tocada. 

Von der Leyen repitió en el cargo tras las pasadas elecciones europeas gracias a un gran pacto que incluía a socialdemócratas y a liberales. Pero la conservadora alemana ha encarado esta segunda legislatura aproximándose a los postulados de la ultraderecha, tanto en inmigración como en políticas medioambientales. 

Sus relaciones internacionales también han virado hacia posiciones más ultras, aunque ella no tenga competencia en materia exterior (que recae en los Estados soberanos). Von der Leyen ha mantenido una actitud de servilismo con Donald Trump, al que ha cortejado y no se ha enfrentado a pesar de que el norteamericano ha puesto a la UE en su punto de mira. En la retina permanece la imagen de ella acudiendo a un campo de golf para negociar un acuerdo arancelario que no gustó en muchas capitales, como Madrid.

La exministra alemana de Defensa ha mantenido, además, una actitud poco combativa con Benjamin Netanyahu y el genocidio en Gaza, lo que la ha distanciado también de algunos Gobiernos como el español. Y la guerra de Irán ha sido otro asunto en el que la presidenta de la Comisión no ha mostrado contundencia, incluso abriéndose a una ofensiva que está fuera de la legalidad internacional. Todo ello choca de lleno con los propios principios de la UE, que tiene en su ADN los valores de la paz, el diálogo y la diplomacia.

Estas actuaciones de la conservadora alemana han llevado a un enfriamiento de su relación con Pedro Sánchez, con quien había mantenido una conexión política muy robusta en la anterior legislatura, yendo incluso de la mano en medidas innovadoras dentro de la UE como la puesta en marcha durante la pandemia de los fondos Next Generation, que suponían de facto una mutualización de la deuda (algo impensable, por ejemplo, en la época en la que Angela Merkel imponía sus reglas austeras al sur durante la gran crisis financiera).

La deriva de Von der Leyen, que siente mucha presión por parte de la ultraderecha y de los sectores más duros de su partido encabezados por Manfred Weber, preocupa dentro del Gobierno español, aunque de puertas afuera nadie quiera lanzar una crítica dura. Pero las posturas de Sánchez tienen también fuertes resortes en las instituciones europeas, como se ha comprobado durante los últimos días, para contrarrestar los movimientos de la presidenta de la Comisión.

António Costa se ha convertido en el principal contrapeso de Von der Leyen en las instituciones. El presidente del Consejo Europeo fue muy claro el martes y provocó el posterior giro de la alemana, ya que en una conferencia ante embajadores de la UE lanzó, en línea con los postulados de Sánchez, este contundente mensaje: “Una realidad en la que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en normas. En esta nueva realidad, ¿cuál debería ser la misión de la Unión Europea? En primer lugar, debemos defender el orden internacional basado en normas”.

Costa y Sánchez tienen una excelente relación y hablan con mucha periodicidad, según fuentes conocedoras. El español le consulta no pocos asuntos al ex primer ministro portugués, al que siempre ha considerado como una especie de hermano mayor dentro de la familia socialista europea. Se fija mucho en su experiencia y siempre tiene en mente, además, cómo dimitió injustamente al frente del Gobierno luso por un supuesto escándalo de corrupción que luego quedó en nada.

Como señalan fuentes del PSOE, “los dos comparten muchos valores y tienen una visión progresista coincidente”. “Están en la misma línea, no como sucede con Dinamarca, por ejemplo. Además, están convencidos de la importancia del multilateralismo y de la amenaza que suponen los grupos ultra en Europa frente a unos conservadores que viran cada día hacia la ultraderecha. Es importante que los dos vengan de países con historias similares y con unas sociedades muy pacifistas”, añaden. Los socialistas portugueses están recuperando su fuerza con la reciente victoria en las presidenciales de António José Seguro frente al candidato ultra de Chega. 

La otra gran contrafuerza, también alineada con Sánchez, que hay en la propia Comisión Europea es Teresa Ribera, vicepresidenta ahora en Bruselas y que fue una de las personas de máxima confianza del presidente español durante su etapa en el Ejecutivo. La conexión y la coordinación entre los dos es total. 

Ribera fue otra de las piezas clave para hacer girar a Von der Leyen durante estos días críticos. A las pocas horas de que hablara la alemana, la española, que es su número dos de facto, remarcó: "Nosotros, como europeos, tenemos una especial obligación, una especial responsabilidad en la defensa del orden internacional. Y por supuesto que hay abusones, pero a los abusones no se les hace frente rompiendo las reglas y aceptando el abuso".

La vicepresidenta española de la Comisión es uno de los rostros que combate con más fuerza la ola negacionista en materia medioambiental, a la que está cediendo Von der Leyen. España está ahora además emprendiendo una fuerte pugna para defender el sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono a través del blindaje del sistema ETS, que quieren echar por tierra algunos países. El Gobierno lo ve esencial para la descarbonización y para la implantación de las energías renovables, además, en un momento muy especial por la crisis del petróleo como consecuencia de la guerra de Irán impulsada por Estados Unidos e Israel.

España lidera este movimiento y encabeza la carta enviada a las instituciones europeas junto a Suecia, Finlandia, Dinamarca y Portugal. A ellos se unen, a través de la firma de un non paper, los Ejecutivos de Países Bajos, Luxemburgo y Eslovenia. En el lado opuesto tienen a países como República Checa, Hungría y Eslovaquia, en tanto que Italia y Alemania se acercan a esta órbita. 

Roma y Berlín son dos capitales centrales para la Unión, pero en esta crisis dentro de la UE por la guerra de Irán sus líderes están siendo cuestionados. Friedrich Merz protagonizó una escena insólita por su actitud condescendiente en la Casa Blanca mientras Trump amenazaba con un embargo comercial a España mientras ambos comparecían ante la prensa. Dentro de su propio país, la prensa ha criticado su paso por Washington. Y Giorgia Meloni estuvo casi una semana callada respecto al conflicto para luego rechazar el uso de las bases por parte de Estados Unidos poniendo como argumento la posición de Madrid. Además, la primera ministra ve cómo cada día crecen los socialistas en las encuestas de su país mientras convierten a Sánchez en un símbolo por el “No a la guerra”.

Los europarlamentarios del PES (el Partido Socialista Europeo) se han convertido en un fuerte apoyo para Sánchez en Bruselas y en Estrasburgo, entre cuyas filas la indignación es total por las palabras de Von der Leyen. Sobre la mesa siempre está, aunque por ahora no se ha materializado, la posibilidad de una moción de censura contra la alemana. Este grupo, el segundo en número de escaños, es esencial para que ella perviva al frente de la Comisión Europea.

Además, el PES está capitaneado por una española, Iratxe García, otra de las dirigentes de máxima confianza de Sánchez. Un dato evidencia su proximidad: ha estado en todas las Ejecutivas del PSOE con él desde su primera etapa, en 2014. Ella está enarbolando en el Parlamento Europeo el mensaje de “Not to war” y ha presionado a la presidenta de la Comisión desde que pronunciara sus polémicas palabras: “Von der Leyen debe aclarar sus declaraciones, que han causado descontento. Cuestionar la necesidad de defender el orden internacional y el derecho internacional, como si fueran algo naíf, no lo compartimos. Europa debe defenderlos sin ambigüedades”.

Europa se enfrenta a uno de esos momentos en los que el liderazgo político se mide por la capacidad de defender principios. En tiempos en los que está en disputa el orden internacional basado en normas, el liderazgo europeo debería ser coherente con sus valores fundacionales.

Sin embargo, el liderazgo de Ursula Von der Leyen ha demostrado no estar a la altura para representar a los 447 millones de europeos en uno de los momentos más decisivos de la historia.

Desde el inicio de esta legislatura ha quedado patente su desinterés por situar los derechos humanos en el centro de la agenda política europea. Su silencio cómplice ante el genocidio en Gaza y ante las vulneraciones masivas del derecho internacional ha proyectado una imagen de Europa que se maneja con dobles estándares, según quién sea el agresor y quién el agredido.

El proyecto europeo nació tras dos guerras mundiales que devastaron el continente, entendiendo que solo a través del multilateralismo y bajo un orden internacional basado en normas, podía garantizar la convivencia y la paz entre pueblos. 

Hoy ese marco se tambalea.

El estallido del trumpismo en su máxima expresión no es solo una amenaza: provoca el fin de muchas de las certezas sobre las que la Unión Europea ha sostenido su posición internacional durante décadas. 

Europa no puede limitarse a estar a la defensiva ante ese nuevo contexto: necesita definir su propio rumbo.

Sin embargo, lo que vemos hoy desde Bruselas es una líder desnortada, capaz de decir que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial… y ya no puede confiar en un sistema basado en reglas…”

Mientras deberíamos estar debatiendo cómo reforzar la autonomía estratégica en términos industriales, tecnológicos, energéticos y democráticos, Von der Leyen empuja a Europa hacia una agenda centrada en la obsesión por el rearme y la securitización.

Europa no puede funcionar desde la lógica de una economía de guerra sostenida en el rearme indiscriminado, la desregulación, la austeridad o el blindaje de fronteras. Mucho menos cuando una gran parte del presupuesto militar europeo termina destinándose a la compra de armamento a EEUU. Porque la cuestión no es sólo cuánto se gasta, sino para qué y qué proyecto político hay detrás.

Europa necesita un concepto de seguridad que incluya dimensiones sociales, climáticas, sanitarias y democráticas. La seguridad pasa por contar con un Estado del bienestar fuerte, y el respeto al pacto verde con el fin de reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones para garantizar la cohesión social. Esa cohesión que hoy está en riesgo.

Una sociedad atravesada por la desigualdad, la precariedad y la pérdida de expectativas de futuro con una profunda crisis de vivienda, sin garantías para acceder a la sanidad o educación pública, es más vulnerable a la polarización, a la desinformación y al auge de discursos de odio fomentados por la extrema derecha.

La transición ecológica es otro de los pilares de la hoja de ruta que deberíamos seguir. Reducir la dependencia energética exterior y apostar por las energías renovables no es solo una política climática: es también una política de seguridad y soberanía. La descarbonización permitirá a Europa reducir su vulnerabilidad geopolítica y posicionarse en sectores económicos que marcarán el futuro de la economía global.

A estos desafíos se suma otro igual de decisivo: la soberanía tecnológica. Hoy el ecosistema digital europeo depende de los grandes tecnooligarcas que operan sin control, debilitando las democracias del planeta. Europa debe trabajar para construir infraestructuras digitales propias capaces de sostener un ecosistema innovador, democrático y autónomo.

Pero mientras estos debates estructurales deberían ocupar el centro de la agenda europea, la Unión parece cada vez más atrapada en otra deriva preocupante: su alejamiento de los derechos humanos y el endurecimiento de su política migratoria.

El llamado Reglamento de Retorno que se impulsa desde Bruselas amenaza con convertirse en una auténtica maquinaria de deportación masiva. 

Bajo el discurso de la ‘gestión migratoria’ se están fomentado políticas que priorizan la expulsión frente a la protección, la crueldad frente a la acogida, y la externalización de fronteras frente al respeto de los derechos humanos, normalizando la narrativa de la ultraderecha que presenta la inmigración como la gran amenaza.

De este modo, Europa no solo está moviendo sus fronteras: está moviendo el lugar donde se aplican los derechos de las personas migrantes a las que se excluye de derechos. 

Para ello, el Reglamento de Retorno es un instrumento para no responsabilizarse, que permite que el “trabajo sucio” lo haga otro, lo más lejos posible de nuestra vista, y que así se eluda el cumplimiento del derecho internacional.

Esta misma semana hemos visto cómo el Partido Popular Europeo es un rehén de la ultraderecha, llegando a un acuerdo para sacar adelante este cruel Reglamento, que abre la puerta a la creación de los Guantánamos europeos. Se trata de centros de expulsión y detención ubicados en países fuera de la Unión Europea, permitiendo la barbaridad de detener a niños, familias y personas con perfiles vulnerables susceptibles de protección.

Además, sobre la mesa está la propuesta de fomentar las prácticas del ICE de Trump en Europa: con persecuciones raciales en calles, hospitales, escuelas o centros de trabajo, obligando a los Estados miembro a identificar a personas en situación irregular para expulsarlas, como si fuesen cacerías humanas.

Y todo ello, en contra de las advertencias de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y expertos de Naciones Unidas que han advertido que este Reglamento supone un grave riesgo de violaciones de Derechos Humanos.

Von der Leyen y su partido han demostrado que quienes les marcan la agenda son las fuerzas reaccionarias que llevan años tratando de erosionar la democracia desde dentro de las instituciones. 

El crecimiento del fascismo en Europa no se combate adoptando parte de su agenda política. Se combate defendiendo con firmeza los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social, y para ello hace falta un liderazgo político capaz de impulsarlo.

Simone Veil, primera presidenta electa del Parlamento Europeo y defensora incansable de los derechos humanos y la reconciliación europea, lo dijo claramente: “Una Europa que renuncia a sus principios deja de ser Europa; defender la dignidad humana es nuestra obligación, no una opción.”

Siguiendo sus palabras, el proyecto europeo no se mide por la altura de sus muros ni por el tamaño de sus bombas. Se mide por su capacidad para defender la dignidad humana que ella reclamaba, el derecho internacional y la democracia.

Y hoy, en esa medida —la única que realmente importa—, Ursula Von der Leyen no está a la altura.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no es precisamente una de las grandes aliadas del Partido Popular español ni tampoco de su líder, Alberto Núñez Feijóo. El conservador tiene más sintonía con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y rival interno de Von der Leyen, Manfred Weber, que en 2019 vio cómo su compañera de partido de la CDU conseguía el puesto que él ambicionaba. En privado, el PP ha llegado a criticar a la presidenta de la Comisión Europea por su buen entendimiento con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que la alemana ha alabado en más de una ocasión públicamente por sus reformas pese a pertenecer a la familia política de los socialistas.

Este martes, sin embargo, varios cargos de la dirección nacional del PP suscribieron las palabras de Von der Leyen tras asegurar ante los embajadores extranjeros en Bruselas que "Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá". Unas declaraciones que han generado multitud de críticas en el seno de la UE porque implica aceptar el dominio sin reglas ni consecuencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que choca con la tradicional defensa europea del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la soberanía territorial de los Estados. En Génova, sin embargo, consideran que la alemana acierta porque "Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses". "El mundo ha cambiado. Está cambiando", señaló la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

En la misma línea se expresó también el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que apeló al "realismo" ante un escenario internacional marcado por "Rusia atacando a Ucrania y amenazando continuamente a la Unión Europea" y por "lo que está ocurriendo en Irán". "Europa tiene que actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", sostuvo. Bendodo insistió en que nadie quiere una guerra, "pero tampoco derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres, que persigue homosexuales" y que no respeta los derechos humanos.

Tras ese apoyo explícito, Génova guardó silencio este miércoles después de que Von der Leyen se haya visto obligada a matizar su posición y a reafirmar que el compromiso europeo con el derecho internacional es "inquebrantable". "La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional es tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios", sostuvo ante el Parlamento Europeo. Preguntados por esta rectificación, en el PP señalan que "solo" van a hablar de las medidas fiscales que han presentado para paliar los efectos económicos de la guerra. De nada más.

Por su parte, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, apenas ha hecho una breve mención a la postura de la alemana en el citado pleno del Parlamento Europeo para señalar que hay quien trata de "manipular" sus palabras. Sin embargo, las polémicas sobre sus extralimitaciones no son nuevas. Al final de su anterior mandato, varios dirigentes europeos reprocharon a la presidenta de la Comisión Europea haber ido más allá de sus funciones. El episodio más criticado fue su visita sin autorización de los Estados miembros al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pocos días después de los ataques del 7 de octubre.

La tesis de Génova es que la Unión Europea no ha estado a la altura en los últimos años porque no tiene autoridad sobre nadie. "Si tú quieres un mundo con normas, tienes que tener la capacidad de imponerlas, y la Unión Europea no la tiene", dijo en rueda de prensa Ester Muñoz desde el Congreso. A su juicio, mientras otros países se rearmaban, Europa estaba "en otras cuestiones", en referencia a decisiones como el cierre de minas, el fin de explotaciones ganaderas o el tapón de las botellas. Se trata de decisiones avaladas por su familia política, mayoritaria en la Eurocámara, y por la propia Von der Leyen, con el objetivo de proteger el medio ambiente.

Sobre la guerra, la dirigente popular insistió en que la UE "quiere la multilateralidad y el Derecho Internacional, cree en las normas internacionales y en la resolución de conflictos de forma pacífica", pero lamentó que no disponga de la "capacidad" ni de la "influencia" necesarias para "garantizar que eso se haga así en todo el mundo". En su repaso, Muñoz evitó mencionar de forma expresa las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una ofensiva que el PP ha procurado no criticar abiertamente y en la que la formación conservadora tiene posiciones encontradas.

Es más, mientras algunos dirigentes autonómicos han entonado el 'No a la guerra' que tanto critica Feijóo a Sánchez, otros como su portavoz adjunta en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, han justificado los ataques contra Irán por ser una "teocracia criminal, que oprime, lapida y mata a su propio pueblo" y que" patrocina el terrorismo internacional y sabotea la paz en Gaza y en todo Oriente Próximo". "Sí a la guerra contra Irán", escribía en X la pasada semana. Una reflexión compartida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, que este miércoles afirmaba que "está más que justificado que se intente cambiar a un régimen —el iraní— que altera completamente las reglas internacionales" y reivindicaba a EEUU como un aliado clave.

El de Oriente Medio no es el único frente del PP español en el marco europeo, también lo es el acuerdo entre la UE y Mercosur, capitaneado por la propia Von der Leyen y que da luz verde a la mayor zona de libre comercio del mundo con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Un acuerdo que, sin embargo, ha generado fuertes críticas por parte del sector del campo, un granero de votos clave para el ascenso de la ultraderecha española, que lleva años cultivando apoyos en el mundo rural con la baza de los acuerdos entre populares y socialistas en Bruselas. Una estrategia que también ha dado réditos a la ultraderecha internacional y que fue clave en el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En ese contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó recientemente un mensaje en el que identificó a su formación como la que defiende los intereses de los agricultores durante la conferencia interparlamentaria de los populares. "Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno", proclamó.

Sin embargo, el propio Feijóo ha defendido durante sus años como presidente de la Xunta en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de ese pacto comercial. Ahora que ya no lo es su discurso ha virado mientras lidia con una fuerte presión interna por parte del PPE pero también de sus barones autonómicos, que ven cómo Vox está cada vez más fuerte y ha utilizado ese acuerdo como eslogan electoral. Por ello, en plena campaña de las elecciones de Aragón, el líder del PP dio un golpe de timón y salió a reclamar a la Comisión que el acuerdo no entrara en vigor hasta la "plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español".

El principal ponente sobre el pacto en el Parlamento Europeo es, además, el eurodiputado español del PP, Gabriel Mato, que ha defendido con firmeza durante años este nuevo vínculo comercial. Al mismo tiempo, algunos barones territoriales ya han mostrado su rechazo público, como el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, que lo considera "perjudicial". La gran incógnita es ahora qué hará el PP español cuando el acuerdo llegue al Parlamento Europeo para su ratificación, una vez firmado. Los eurodiputados deberán votar sí o no, sin posibilidad de introducir cambios.

Como si León XIV negara la existencia de dios, así cayó la frase de Ursula von der Leyen en el corazón de Europa. La presidenta excedió sus competencias (no las tiene en Exteriores) pero, sobre todo, abrió un debate de calado que debía ser contestado. Lo hicieron su homólogo en el Consejo, António Costa; su número dos, Teresa Ribera; o el propio José Manuel Albares. Si Europa no puede ser “la guardiana del orden mundial”, entonces ¿qué es? Si no es salvaguarda, ¿para qué sirve? Si damos ese mundo por muerto, ¿no debería dar la presidenta alemana un paso atrás?

Bienvenida la rectificación de Von der Leyen –”compromiso inquebrantable” ha llegado a decir– y más todavía el hecho de colocar la discusión en su sitio. Hemos escuchado a conservadores de España y Europa afirmar que la ilegalidad de la guerra en Irán está avalada por su legitimidad. Un axioma imposible. Alguien puede merecer la muerte por sus crímenes, y matarlo nunca sería legítimo. La legitimidad sin legalidad no existe. O sí, es la barbarie. 

Si la presidenta de la Comisión cae en la capitulación del orden mundial basado en reglas tiene un camino más rápido, dar la razón a los ultras. Porque asumir esa desaparición es rendirse a la ultraderecha. A la antipolítica del ‘pueblo salva al pueblo’ en ausencia del Estado. El mantra de Vox, los Patriots, AfD y tantos otros propagandistas del sistema podrido. Agitan el descontento con el ‘no hay nada que hacer’ para recogerlo en votos –y subvenciones, esas que en campaña dicen rechazar–. 

Si frente a un Trump que apela a su moralidad como único límite de su poder hay una presidenta de la Comisión que renuncia al orden del derecho en Europa, el resultado a medio plazo es el hundimiento de la Unión. Es de suponer que Von der Leyen pretendía hacer cierto guiño a Estados Unidos e Israel, y su declaración se le fue de las manos en toda su literalidad. Primero, porque dar por muerto el orden y sus reglas es dar luz verde a quien lo ha demolido. Segundo, porque nadie “llora” la caída del régimen en Irán, como llegó a decir. Ahí otro guiño. Es una buena señal el revulsivo que ha despertado la frase desafortunada que encierra una tensión real en Europa. Pero que la defiendan los más descreídos, no puede arrastrar a la élite de las instituciones. Si ellos no son garantes, sobran ellos. Titulaba El Mundo en su portada “La división de Europa estalla con el No a la guerra de Sánchez”, como si fuera malo para España y Europa ese “no” como dique de contención a la decisión unilateral de Trump y Netanyahu. 

Más allá de que Francia, Italia e incluso Alemania se han movido hacia esas posturas de contención, Europa es quien más necesita esas reglas. Y además es mentira que ese orden haya muerto. Lo fuerzan las grandes potencias pero lo limitan sus contrapoderes. Entre ellos, el de las democracias europeas. Para los conservadores, Europa no puede caer en el buenismo de las Naciones Unidas. Como si la UE pudiera entenderse fuera de la ONU. Hay numerosos tratados europeos vinculados directa e indirectamente al cumplimiento de sus resoluciones. Desde el Tratado Fundacional al de Lisboa, en materia de Exteriores, cooperación y seguridad es donde más opera ese vínculo de las instituciones comunitarias con las resoluciones del Consejo de Seguridad. EEUU abrió una guerra ilegal en Irak y todavía lo está pagando por saltarse ese mismo engranaje. 

Doce días después de que comenzara el ataque contra Irán, está claro que los posicionamientos de los países europeos cuentan. No hay potencias pequeñas o medianas si el impacto trasciende, como el de España. El silencio o la complicidad sí empequeñecen. Porque, al contrario de lo que dijo Von der Leyen, saltarse ese orden internacional te hace más débil. Vivimos un momento político donde cualquier tibieza y debilidad será aprovechada por el más fuerte. Sin el “No a la guerra” de España, no sabemos qué revulsivo habría tenido el amago de capitulación de Von der Leyen.

Cuarenta y ocho horas después de cometer un importante error político delante del cuerpo diplomático extranjero, Ursula von der Leyen rectificó en Estrasburgo y subordinó la actuación internacional de la UE al respeto de un orden global basado en normas y los derechos humanos.

“La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable en favor de la paz, a los principios de la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional es hoy tan central como lo fue en nuestra creación, y siempre defenderemos esos principios”, destacó al principio de su intervención en la Eurocámara la presidenta de la Comisión.

Los aplausos en el Pleno del Parlamento Europeo fueron tímidos y muy moderados, apenas de la bancada popular, su partido. Von der Leyen intentó cerrar la brecha abierta el lunes cuando delante de los embajadores internacionales presentes en Bruselas aseguró que “no podemos depender más de un sistema basado en reglas como la única forma para defender nuestros intereses o asumir que esas reglas nos protegerán de complejas amenazas” y pidió “construir nuestro propio camino europeo”. Pero sólo lo consiguió a medias.

Su enmienda y rectificación fue parcial y con la boca pequeña, derivando un debate centrado en la situación en Oriente Medio y en la próxima Cumbre Europea hacia las necesidades energéticas del continente y defendiendo de nuevo la nuclear. Tampoco contribuyó a su giro político que justificase sus polémicas palabras con un “ver al mundo como es de ninguna manera minimiza nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos”. De nuevo, como había alertado el eurodiputado Mounir Satouri, los intereses por delante de los principios.

Las críticas recibidas y el malestar generado no se han mitigado porque, además, la presidenta de la Comisión evitó presenciar la totalidad del debate en el Parlamento Europeo para no escuchar así las críticas que le llovían. Von der Leyen está tocada y la sangría de los apoyos con los que se garantizó un segundo mandato no se ha taponado.

El enfado entre los socialdemócratas sigue sin aplacarse. Su líder en el Parlamento, Iratxe García, defendió ante Von der Leyen el “no a la guerra y sí al derecho internacional” y le reprochó una postura de “complacencia, con apaciguamiento” ante el estadounidense Donald Trump porque se “está abriendo la puerta a que autócratas pisoteen sin consecuencias” el orden mundial.

La condena de la presidenta de la Comisión a la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán sin cobertura de la legalidad internacional y la ausencia de una mención a las muertes de civiles en Teherán o Beirut, incluidas 150 personas, la mayoría niñas, en una escuela iraní, tampoco ayudaron a que la Izquierda o Los Verdes rebajasen sus críticas ni quedasen contentos con la intervención. La líder de la Francia Insumisa, Manon Aubry, recuperó en Estrasburgo el eslogan enarbolado por el presidente Pedro Sánchez para oponerse a Trump, “No a la guerra”, porque, justificó la gala, “la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel en Irán y en el Líbano es plenamente ilegal en el derecho internacional”.

La herida abierta por el error de Von der Leyen al justificar un orden internacional basado en la ley del más fuerte sigue sangrando y actuales rivales políticos como Los Verdes hurgan en ella. Su líder, Terry Reinke, alemana como la presidenta de la Comisión, reprochó que la población de Irán, que ha mostrado “coraje contra un régimen brutal”, se vea “ahora inmersa en una guerra”. “Su protección y seguridad deben estar en el centro de la respuesta europea ante esta crisis”, pidió Reinke, “guiándose por el derecho internacional y no por una lógica de más escalada” en un claro dardo a la metedura de pata del lunes. Lejos queda el afectuoso abrazo con el que Reinke se levantó de su bancada para felicitar a Von der Leyen tras su investidura por segunda vez en 2024.

La posición de Von der Leyen es más frágil que hace una semana por la equivocación ante los embajadores, pero sus causas son profundas y vienen de lejos. Además, la metedura de pata diplomática ha revelado que uno de sus principales Gobiernos sostenedores, el francés del presidente Emmanuel Macron, ya no lo es tanto.

Las elecciones presidenciales galas de 2027 alteran totalmente el escenario. Sin un candidato para el relevo, el movimiento político de Macron podría jugarse su desaparición en medio de una contienda polarizada entre la izquierdista France Insumise y la ultraderecha de Le Pen. Bruselas y las políticas que salen de la UE son un blanco fácil que atacar. Jean-Noel Barrot, ministro de Exteriores y hombre fuerte del Gobierno, critica el sobreprotagonismo de Von der Leyen en política internacional, exigiendo que “la Comisión cumpla con la observancia estricta a la subsidiariedad”, es decir, que no se entrometa en las competencias de los Estados miembros.

España es otro de los Gobiernos que viene apoyando la presidenta de la Comisión desde que fue elegida en 2019. De diferente color político, Von der Leyen ha trabajado con el socialista Pedro Sánchez de manera fluida igual que con el liberal Macron, a diferencia de otros Gobiernos de su propia familia política o del líder de los populares en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, con el que mantiene una soterrada e intensa rivalidad política. Ahora, tras el affair sobre el imperio de la ley y el orden mundial, el presidente español fue claro asegurando que “nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, António Costa”, en favor del derecho internacional. Sánchez y Costa son las dos figuras clave de la socialdemocracia europea; sin sus pronunciamientos habría sido impensable que en la Eurocámara los socialistas hayan cargado contra la presidenta de la Comisión.

En otro calculado movimiento que revela la influencia de Bruselas en las políticas nacionales –y cómo el traspiés de Von der Leyen ha abierto una brecha que aprovechar–, otro sostén de la alemana, también de diferente color político, ha evitado criticarla, aunque sí se ha desmarcado de ella. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rechazó la creciente tendencia de intervenciones militares “fuera del alcance del derecho internacional” y condenó el bombardeo de la escuela iraní de niñas como “una masacre”. Términos semejantes a los empleados por el nuevo primer ministro neerlandés, el liberal Rob Jetten, pero que la jefa de la Comisión evita pronunciar, quizás para no enfrentarse con Trump.

El 11-M sigue siendo una herida abierta en España. Una fecha que marcó el país con el mayor atentado yihadista perpetrado en la historia. Las imágenes de las explosiones de los trenes cerca de la estación de Atocha siguen muy presentes en la sociedad 22 años después. Y ahora ese recuerdo, además, coincide con el despertar otra vez del grito de “No a la guerra”.

El atentado yihadista se produjo después de que España participara junto a Estados Unidos y Reino Unido en la guerra de Irak por la supuesta existencia de unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. La decisión la tomó de manera unilateral José María Aznar frente a las masivas protestas de los ciudadanos. Y la gestión del atentado posterior, con el entonces Ejecutivo mintiendo sobre la autoría del mismo y señalando a la banda terrorista ETA, tuvo consecuencias políticas como la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero el domingo 14 de marzo.

Este duro aniversario ha coincidido más de dos décadas después con la irrupción de nuevo del “No a la guerra”, aunque esta vez el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha rechazado aliarse con Washington para sumarse a un conflicto que no tiene ningún amparo de la legalidad internacional. Pero lejos de las lecciones aprendidas durante aquel inicio del siglo XXI, la derecha española ha elegido posicionarse del lado de Donald Trump, en el caso de Vox, o no deja clara cuál es su postura, en el caso de la dirección nacional del PP pilotada por Alberto Núñez Feijóo.

Pero es que, además, José María Aznar ha reaparecido por partida doble durante este 11-M sin ningún atisbo de remordimiento. Lo ha hecho coincidiendo con un momento en el que figuras de Génova 13 no dejan de reivindicar el reciente 30 aniversario de su primera victoria electoral en la noche del 3 de marzo de 1996. Y cuando se evidencia cada día que su poder es total en la esfera del partido.

El expresidente del Gobierno volvió a mostrar su querencia por las intervenciones militares en un día tan señalado. Durante un acto por la mañana en Valencia, Aznar señaló que está “más que justificado” el conflicto en Irán y consideró que España debería estar al lado de sus aliados.

Respecto al fin del conflicto, manifestó que las operaciones que se empiezan "hay que terminarlas", porque abandonar las cosas "a la mitad" o dejar que sigan los mismos gobernantes en Irán es "apostar para que dentro de diez años estemos en la misma historia". No faltaron las críticas a la posición del Gobierno español: "Está en contra de nuestro principal aliado de seguridad, de quienes nos dan apoyo y seguridad".

En su doblete de jornada, por la tarde estuvo en Madrid en la presentación del libro del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, titulado elocuentemente Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira. Un gesto también de importancia simbólica, porque el texto vuelve a rescatar teorías de las conspiración sobre el atentado del 11-M al involucrar a Francia y a la banda terrorista ETA.

Después del atentado terrorista del 11-M y la victoria de Rodríguez Zapatero tres días después, el Partido Popular de Mariano Rajoy se abonó a la teoría de la conspiración y basó en ella su oposición a través de dirigentes como Eduardo Zaplana, entonces portavoz en el Congreso, y Ángel Acebes, que fue secretario general de los populares por aquella época. Una idea que se retroalimentaba a través de la derecha mediática. Una de las voces en los medios fue Cayetana Álvarez de Toledo, que luego saltó de El Mundo al PP y hoy es una de las diputadas más cuidadas por Feijóo en la Cámara Baja.

En su libro, Mayor Oreja insiste en estas teorías, sin ningún tipo de base y obviando la existencia de un juicio cerrado por el atentado, y escribe: “Me he preguntado siempre por el extraño —por inusual— silencio de ETA en 2004, fecha en la que Aznar abandonó el Gobierno, y en cuya segunda legislatura se ilegalizó HB. La lógica es aplastante: no necesitaba matar porque otros estaban preparando un trágico atentado que rompió la historia de España”.

La teoría de la conspiración también ha sido rescatada durante este aniversario por parte de la ultraderecha. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, escribió en la red social X: “Hoy es 11 de marzo, 22 años después seguimos queriendo saber LA VERDAD”. Y también dijo en un acto de homenaje a las víctimas: “22 años después esos delitos están prescritos y los vagones, que eran las principales pruebas, fueron destruidos”, algo que es falso. Y volvió a conectar ese atentado con ETA, lo que le sirvió de excusa para echar de nuevo en cara al Gobierno sus pactos con EH Bildu.

Frente a estas teorías de la conspiración y proclamas belicistas, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo lamentó la situación actual en Ucrania, Gaza e Irán y clamó contra las guerras que siempre terminan alcanzando a quienes no tienen poder de decidir: "No repitamos la historia, cada escalada de violencia puede tener consecuencias devastadoras".

Precisamente esa llamada a recordar la historia está muy presente en los discursos del Gobierno, como indicó el propio Sánchez en su declaración ante la guerra de Irán y las amenazas comerciales de Donald Trump: “No hay que repetir los errores del pasado”. De hecho, el presidente recordó también: “La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Un mundo más inseguro y una vida peor”.

Con motivo de esta efeméride, Sánchez escribió en X: “Reiteramos el compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia. Siempre en nuestro recuerdo las 193 vidas que nos fueron arrebatadas hace 22 años, en el peor atentado terrorista de nuestra historia. Paz y democracia”.

El 11-M ha vuelto a recordar, dos décadas después, las consecuencias de una guerra ilegal en Oriente Medio. Y se ha conmemorado, además, con España liderando una posición pacifista y de defensa de las relaciones diplomáticas a la que, poco a poco, van sumándose otros países como Francia, Reino Unido y Alemania, que en un primer momento se mostraron abiertos a secundar a Trump en su ofensiva militar contra Teherán.

Sin ir más lejos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo que recular este miércoles después de abrazar en un discurso el fin del orden mundial basado en reglas. En Estrasburgo trató de superar la polémica con este mensaje: "Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios".

Desde el ala de Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, se mostró orgullosa, durante uno de los actos de recuerdo del 11-M, de pertenecer a un Gobierno que es "el faro moral internacional" y que dice “No a la guerra” de manera alineada con el reclamo de paz de toda la ciudadanía española, mientras "la derecha" se sitúa "del lado de la mentira y del servilismo a los señores de la guerra".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que la UE "se fundó como un proyecto de paz", según recoge EFE.

"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea aseguró en un discurso en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, que daba el orden mundial por finiquitado y que era tiempo para desarrollar nuevas reglas. "Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", planteó.

Estas palabras provocaron la réplica del Gobierno español, de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reclamaron una defensa más cerrada del orden basado en los principios de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso de este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea reiteró que "nadie debe derramar ni una lágrima" por la caída de un régimen iraní que encarcela y tortura a sus ciudadanos, patrocina actos terroristas en su región y en suelo europeo y ha dado un apoyo clave a Rusia en su invasión de Ucrania.

"Muchos iraníes han celebrado la caída de (el ayatolá Alí) Jameneí. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Esto es lo que se merece el pueblo iraní: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", afirmó Von der Leyen.

Gravísimas. Así califica una fuente parlamentaria las palabras de Ursula von der Leyen ante los embajadores extranjeros en Bruselas, un discurso en el que aseguró que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, alejándose de la defensa del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos o a la soberanía territorial de los países al tiempo que legitimaba con sus palabras las intervenciones militares de las grandes potencias contra terceros.

“Hay quien se está ganando una moción de censura a pulso”, publicó por redes sociales el socialista Jonás Fernández, eurodiputado veterano que se mostró muy crítico con la presidenta de la Comisión. El comentario tuvo un importante eco entre sus colegas de bancada y muestra el importante malestar entre el grupo de los Socialistas y Demócratas, segunda fuerza de la Eurocámara y segunda pata de la coalición que refrendó la actual Comisión.

Este martes, los ánimos siguieron igual de caldeados en el Parlamento Europeo. La española Iratxe García, jefa de toda la bancada socialista, le exigió que “pueda clarificar esas declaraciones” porque “desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi grupo han causado y generado sorpresa y descontento”. Sus críticas van al fondo también de ese discurso por “poner en duda la necesidad de defender el orden internacional”, una postura “no asumible” por los socialdemócratas europeos ni que se pueda “plantear que el orden viejo internacional y el derecho internacional fuera algo naif”. “La música” de la actual presidenta de la Comisión Europea “no suena bien” a los oídos de su sostenedor en el Eurocámara, si es que el PP europeo no quiere dar ya un volantazo definitivo y abrazar lo que queda de legislatura comunitaria de la mano de los tres grupos de extrema derecha.

Las sucesivas crisis y guerras en las fronteras de la UE están resquebrajando la coalición parlamentaria que sustenta a Von der Leyen, como ya había puesto de relieve la diferente posición de Bruselas entre la guerra de Ucrania y el genocidio en Gaza. Los liberales dudan y evitan desafiar a la Comisión. Su líder parlamentaria, Valérie Hayer, calificó el análisis de la alemana sobre el orden mundial como “un hecho, desafortunadamente” y lejos de criticarlo sólo pidió que “como europeos sigamos defendiendo el derecho internacional, no porque seamos naif sino porque es nuestro interés” o “qué diríamos mañana a Donald Trump si quiere atacar Groenlandia”.

Las aguas bajan revueltas entre las filas socialistas. La reacción del eurodiputado Jonás Fernández contaría con el respaldo implícito de la dirección del grupo, de ahí que pocas horas después Iratxe García desde Estrasburgo fuese crítica con Von der Leyen y exigiese explicaciones. Otra de sus eurodiputadas, Hana Jalloul, vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores, insiste que Bruselas debe “defender el derecho internacional, porque es lo que somos, sino no creemos en la Unión Europea y esto es algo muy peligroso”

La bancada socialista empieza a asumir las críticas que hasta hace poco tiempo sólo salían de La Izquierda o Los Verdes. Contactado por infoLibre, el eurodiputado Mounir Satouri califica como “profundamente preocupante” el discurso de Von der Leyen porque “supone un giro peligroso en cómo la Unión Europea ve el derecho internacional y el orden global”. El ecologista francés reprocha a la presidenta de la Comisión que sobre Irán primero no realice una demanda clara en favor del derecho internacional y que, además, diga defender el orden internacional basado en reglas al tiempo que asume que ya no es válido. “En otras palabras”, denuncia Satouri, miembro del Comité de Asuntos Exteriores y presidente del Subcomité de Derecho Humanos, “las normas internacionales son válidas siempre que nos sirvan, pero se volverán secundarias en cuanto limiten nuestras decisiones”.

En el grupo de La Izquierda sitúan las palabras de Von der Leyen delante de los embajadores extranjeros como un paso más en la deriva vivida tras “su silencio cómplice ante el genocidio en Gaza o cuando se doblegó ante Trump en un campo de golf en Escocia”. Así lo explica a este medio la eurodiputada Estrella Galán, quien no acepta que ahora la alemana “ha escalado aún más y propone que la UE opere sin seguir el derecho internacional”, algo que la también representante del Comité de Asuntos Exteriores, considera “inadmisible”. Según las fuentes consultadas, socialistas, verdes e izquierda preparaban durante el martes su estrategia para cargar con dureza contra Von der Leyen en el debate que mantendrán con ella este miércoles en la Eurocámara.

La autonomía creciente asumida por la líder de la Comisión en cuestiones de política internacional también está generando un malestar dentro el Consejo. Un día después de las palabras de Von der Leyen, el presidente de esta segunda institución, António Costa, realizó una enmienda a esa visión sobre el orden internacional en el mismo foro ante el cuerpo diplomático.

“Un mundo multipolar requiere de soluciones multipolares”, pronunció el luso, descartando las intervenciones unilaterales de grandes potencias como las emprendidas por los Estados Unidos de Donald Trump, “sin esferas de influencia, donde las políticas de poder reemplazan a las leyes internacionales”. A la pregunta de cuál es la misión de la Unión Europea, Costa cree que “debemos defender el orden internacional basado en reglas” y “defender los principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas y destacados en nuestros Tratados”.

La posición del presidente del Consejo contradice a la de la Comisión, quien este miércoles deberá dar explicaciones en la Eurocámara y ha visto como su número dos, la vicepresidenta Teresa Ribera, también discrepaba, insistiendo en la importancia de “recordar que el respeto al derecho internacional es una premisa básica” y consideraba “muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse”.

Fuentes del Gobierno español evitan entrar en una polémica pública con Von der Leyen, pero sí insisten que “hay un orden internacional sujeto en reglas”. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, mostró su identificación con las palabras de Costa porque “la alternativa al orden internacional es el desorden”. Albares contrapuso entre “optar entre el derecho o la alternativa que es la fuerza, o la paz y las relaciones pacíficas entre estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior”.

El malestar viene de lejos, porque hace sólo unas semanas la presidenta de la Comisión tomó la decisión de enviar unilateralmente y sin mandato de los 27 Estados Miembros a la responsable para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a la reunión de la Junta de Paz para Gaza de Donald Trump, con la excusa de que Washington había invitado personalmente a Von der Leyen. España como Francia o Bélgica reprocharon entonces esa decisión.

Además de las aristas con Costa y Ribera, dos de las más altas autoridades en la capital comunitaria, de fondo también está el enfrentamiento entre Von der Leyen y la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, la política escogida por los 27 para dirigir y coordinar entre las capitales las relaciones internacionales de la UE. Las dos llevan tiempo chocando y la alemana con su agenda y reuniones con líderes extranjeros, la presencia en Cumbres y un refuerzo continuado de las unidades de la Comisión centradas en las relaciones internacionales ha ido laminando a la estonia.

El Gobierno se ha alineado con la posición del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ante la crisis provocada por la guerra de Irán asegura que la misión de la UE sí es defender un orden internacional basado en reglas, frente a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que piensa que Europa ya no puede ser "la guardiana del orden del viejo mundo", informa EFE.

Albares considera que "la alternativa al orden internacional es el desorden, es el no orden", y que, frente a lo sostenido por Von der Layen, "no hay una oposición entre un antiguo orden y un nuevo orden", sino entre un "orden internacional y el desorden".

"Nos identificamos plenamente con las palabras de António Costa", ha aseverado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Es más, el jefe de la diplomacia ha advertido de que "si seguimos apostando por el desorden, llegaremos al caos", todo ello a cuenta de las diferentes posturas con los que los dirigentes europeos están afrontando la crisis mundial generada por los EEUU e Israel con sus ataques a Irán y la respuesta bélica del país persa.

Ha añadido, en este sentido, que España no ha presentado queja alguna ante la reflexión de Von der Layen que ayer lunes hizo ante los embajadores de la Unión Europea.

Sobre este mismo asunto, la vicepresidenta segunda y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha tachado en unas declaraciones a TVE de "más que desafortunadas" las palabras de la presidenta de Comisión Europea, además de un "dislate absoluto", porque en vez de colocarse al lado de la legalidad internacional lo ha hecho "del lado de la barbarie".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hoy que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel y la respuesta de Teherán contra varios países de la región, según recoge EFE.

"Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo. Y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones", declaró Von der Leyen.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, que evitó pronunciase directamente sobre la cuestión de "si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad", se expresó de esa manera en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, donde cargó duramente contra el régimen de los ayatolás.

"Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá (Alí) Jameneí. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre", dijo.

La conservadora alemana añadió que "el pueblo iraní merece la libertad, la dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aunque sabemos que ello estará cargado de peligros e inestabilidad durante la guerra y después de ella".

Subrayó que el conflicto regional tiene "consecuencias imprevisibles" con repercusiones que se dejan notar en la energía, las finanzas, el comercio y el transporte, así como al desplazamiento de personas.

La presidenta de la Comisión Europea no mencionó explícitamente que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se haya producido al margen de la ONU, pero sí se explayó sobre cómo está cambiando la gobernanza global.

"Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", dijo.

Agregó que "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá" y, pese a que la UE "siempre" defenderá "el sistema basado en normas", añadió que Europa ya no puede ceñirse sólo a esa estructura para defender sus intereses.

"Debemos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperar con nuestros socios", apuntó.

Von der Leyen también señaló como pilar diplomático de la UE una necesaria reflexión sobre su doctrina, instituciones y proceso de toma de decisiones.

"Debemos determinar si el sistema que hemos construido, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico. Sé que es un mensaje duro de escuchar y una conversación difícil la que tenemos por delante. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión en su trabajo cotidiano", trasladó a los embajadores.

La presidenta de la Comisión Europea llamó a buscar fórmulas para seguir trabajando desde la unidad y asumiendo responsabilidades en un mundo turbulento.

"Pienso en particular en la reconstrucción de Gaza y en la paz para israelíes y palestinos. Toda nueva iniciativa debería aspirar a complementar a las Naciones Unidas, y no a competir con ella ni a sustituirla", dijo en referencia a la plataforma creada por Donald Trump para impulsar la paz en la Franja, al margen de la ONU.

La democristiana germana pasó de puntillas sobre la política exterior de Trump, salvo por una leve referencia a las amenazas de anexión de Groenlandia.

"Hemos mostrado firmeza cuando se ha puesto a prueba a nuestros Estados miembros, como ocurrió con Dinamarca en el caso de Groenlandia", apuntó en un discurso en el que repasó los esfuerzos de Bruselas por generar un bloque más resiliente, soberano y poderoso en ámbitos que van "desde la defensa hasta la energía, y desde las materias primas críticas hasta las tecnologías estratégicas".

"Debemos ir más lejos. Debemos estar preparados para proyectar nuestro poder de forma más decidida", reclamó.

La presienta del Ejecutivo comunitario se refirió también a la guerra entre Moscú y Kiev, aseguró que "Europa estará siempre al lado de Ucrania ocurra lo que ocurra en otros lugares" y señaló que el futuro del país invadido, así como de Moldavia, pasa por acercarse a la Unión Europea, por lo que el bloque debe prepararse "para afrontar el desafío cuando llegue el momento" de la ampliación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará en marzo la región ártica, incluida Groenlandia, semanas después de la crisis generada por las pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de controlar la isla y los aranceles con los que amenazó a Europa, según informa EFE.

"Puedo confirmar que la presidenta Von der Leyen visitará la región ártica, lo que también incluirá Groenlandia. La visita debería tener lugar en marzo, pero por el momento no tenemos una fecha exacta ni más detalles que compartir", dijo este jueves la portavoz comunitaria, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión.

La visita se realizará tras un inicio de año marcado por tensiones entre la UE y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con tomar el control de Groenlandia y posteriormente amagara con imponer más aranceles a varios países europeos que enviaron oficiales adicionales al territorio.

Tras una reunión en Davos (Suiza) el pasado mes de enero entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se acordó que la Alianza se implicara más en la seguridad del Ártico, lo que desactivó la escalada de tensiones. En concreto, se creó el Centinela del Ártico (Arctic Sentry), una iniciativa de vigilancia reforzada que presentó el mando militar de la OTAN y que recibió el respaldo unánime de los ministros aliados.

La mandataria europea reafirmó también en enero, en plena crisis con Estados Unidos, que los groenlandeses "pueden contar con la UE" y se refirió también al "impulso de inversión europea en Groenlandia" para apoyar a la economía e infraestructuras locales. 

El líder de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió este mes de que, pese al fin de la crisis, Trump mantiene su deseo de hacerse con el control de la isla, un territorio autónomo danés que el mandatario estadounidense reclama para competir con China y Rusia en el Ártico.

La última visita de Von der Leyen a Groenlandia se produjo hace casi dos años, en marzo de 2024, cuando la mandataria europea participó en la inauguración de la Oficina de la Unión Europea (UE) en la capital, Nuuk, donde junto a la primer ministra danesa, Mette Frederiksen, firmó dos acuerdos de cooperación por un total de casi 94 millones de euros. 

Este jueves los líderes europeos mantendrán una Cumbre informal en el castillo de Alden Biesen, a cien kilómetros de Bruselas y a muy pocos de Maastricht, ciudad fundacional del actual diseño de la UE. No habrá agenda cerrada con puntos por escrito pactados antes por los máximos diplomáticos de los 27. Tampoco habrá a su término conclusiones formales legalmente vinculadas. Pero la reunión se presenta como una cita de importancia para la economía del continente.

La competitividad será el gran tema de discusión entre los líderes, guiada por las propuestas que realice la Comisión Europea y la exposición de dos antiguos jefes de Gobierno italianos, Mario Draghi y Enrico Letta. También se hablará sobre la posibilidad de deuda conjunta europea para financiar sectores estratégicos, una idea que nace muerta por la fuerte oposición que genera en muchas capitales, empezando por Berlín.

El Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen quiere que los Estados miembros eliminen barreras económicas consideradas “inútilmente complejas” en sectores empresariales, principalmente industriales como el químico, el energético, la Inteligencia Artificial o la computación. Von der Leyen planteará en Alden Biesen incluso una UE a dos velocidades si hay países que no quieren avanzar en esta desregulación, bajo la premisa de que el mercado único es disfuncional y necesita una fuerte revitalización. Sobre esta idea, fuentes de Moncloa aseguran que “es clave la integración y más en el contexto actual” y que también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte “esa necesidad de avanzar en la integración europea en el ámbito de la seguridad y defensa”.

La fragmentación de las normas en sectores económicos entre los diferentes países supondría, según los cálculos del ejecutivo comunitario, barreras comerciales equiparables a unos derechos aduaneros del 45% sobre los bienes y del 110% para los servicios. El Gobierno español se alinea con las tesis francesas de apostar, explican estas fuentes, por el “made in Europe, la idea de la preferencia europea” a la hora de financiar con fondos comunitarios inversiones no sólo en el ámbito militar, también tecnológico, digital o aeronáutico, para potenciar a la economía de la UE y “el establecimiento de condiciones a inversión extranjera productiva en sectores clave”.

Este miércoles, delante del Parlamento Europeo,Von der Leyen reafirmó su postura con un “si realmente queremos simplificar las cosas, debemos aplicar mano dura contra la sobre reglamentación y la fragmentación... es tiempo de proceder a una gran limpieza reglamentaria, a todos los niveles”. Lo dijo justo antes de verse con veinte líderes europeos en la ciudad belga de Amberes en la European Industry Summit, un cónclave entre grandes empresas del continente que desde hace dos años apuesta por la simplificación o desregulación normativa, precisamente la senda marcada por la alemana.

Las palabras de Von der Leyen y las propuestas que expondrá en la reunión informal de líderes comunitarios coinciden con las reclamaciones que desde hace meses realizan las grandes empresas europeas, sus patronales y asociaciones en Bruselas. Un lobby que ha permeado en la Comisión Europea, como están denunciando organizaciones que controlan la influencia de los grupos de presión, ONGs y representantes de la sociedad civil.

“Este tendencia recurrente de compromisos exclusivos plantea una cuestión fundamental: ¿está la política europea siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los más grandes lobbies industriales del continente?”, han escrito en una carta 16 importantes organizaciones sociales como Transparencia Internacional, Friends of the Earth Europe, el Sindicato de Servicios Públicos Europeos o Corporate Europe Observatory.

Las reuniones que desde 2024 celebra CEFIC, la gran patronal de la industria química, en Amberes con los principales dirigentes europeos funcionarían, denuncian estas organizaciones, “como una hoja de ruta oculta para la Unión Europea” en la que las propuestas para “potenciar la economía se han convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las garantías democráticas europeas” con una “sistemática marcha atrás en las protecciones vitales climáticas, medioambientales o sociales”.

En la carta de invitación a Alden Biesen para los líderes de los 27, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, parece posicionarse en favor de las ideas de la industria europea. “En 2026 me gustaría que nosotros ofreciésemos el mismo impulso político al área de la competitividad” que el conseguido para los proyectos de de defensa, escribe el portugués. Según Costa, “en el actual contexto geopolítico, fortalecer el mercado único es, más que nunca, un imperativo estratégico urgente”, y en la misiva apoya las bases sobre las que se mueve la Comisión Europea, “un fuerte motor de simplificación para los ciudadanos y las compañías”.

Desde que Ursula von der Leyen asumió la presidencia de la Comisión Europea en 2019, las reuniones con las grandes asociaciones empresariales se han ido incrementando. Business Europe, la patronal de patronales en el continente, es claramente el gran interlocutor escogido por el Ejecutivo comunitario de la alemana. En 2014 el luxemburgués Jean Claude Juncker dirigía la Comisión y hasta 2023, un periodo de nueve años, hubo un total de 145 encuentros al más alto nivel con comisarios europeos, pero de ellos más de la mitad, 87, fueron en el primer mandato de Von der Leyen, entre 2019 y 2023.

Los cálculos de The Good Lobby, que también reacciona en un comunicado público al encuentro de Amberes, son que “el 40% de las reuniones mantenidas por miembros del gabinete de los comisarios fueron con compañías individuales, mientras que con asociaciones empresariales contabilizaron un 29%”. En total, casi un 70% son este tipo de encuentros privados, cuando las “ONG representan un 16% de las reuniones mantenidas en el mismo periodo”, es decir, durante el segundo mandato de la Comisión Von der Leyen, desde el verano de 2024.

Datos a los que ha accedido infoLibre muestran que entre 2019 y 2024, primera Comisión Von der Leyen, los encuentros con representantes empresariales contabilizaban un 62% del total y con la sociedad civil un 22%. Además, hay apuntes llamativos sobre la importancia de ciertos sectores en esta actividad. En su primer mandato, cerca de 900 reuniones de comisarios europeos o altos funcionarios de sus equipos fueron con lobistas de la industria de los hidrocarburos. En el periodo 2019-2024, los lobistas de Google se reunieron 125 veces con comisarios o altos funcionarios de la Comisión, más que ninguna otra compañía, patronal o asociación civil inscrita en el registro oficial de la UE. Airbus, el gigante aeronáutico europeo, mantuvo una cifra de encuentros similar.

“Este nuevo desglose indica contactos incluso más frecuentes y más desequilibrados con actores corporativos al más alto nivel político, pese a la narrativa pública de un compromiso equilibrado con las partes involucradas” en los procesos legislativos, critica un representante de una organización que se dedica en Bruselas a controlar la actividad de los lobbies.

Según el informe Lobby Report 2024, elaborado por Lobby Control, “en general, las entidades que representan intereses comerciales se reunieron con tres veces más frecuencia que aquellos que representan intereses no comerciales, destacando el acceso desproporcionado de los lobistas empresariales a los responsables de decisiones en la UE”.

Hay sectores donde esta disparidad fue más que evidente en el anterior mandato de Von der Leyen: “Los lobistas empresariales dominan las reuniones directas con los responsables de decisiones en la UE. Por ejemplo, durante las discusiones sobre la regulación de la Inteligencia Artificial, 93 de las 120 reuniones mantenidas con altos funcionarios de la Comisión Europea fueron con compañías o sus asociaciones, mientras que sólo 21 reuniones involucraron a representantes de la sociedad civil”, según el documento. Una tendencia que va en aumento en su segunda Comisión y que ha conseguido su objetivo: permear y condicionar sus propuestas políticas.

La Comisión Europea (CE) propuso este viernes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la energía, los servicios financieros y el comercio, con idea de que pueda entrar en vigor cuando se cumplan cuatro años desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Una de las principales medidas de esta ronda es la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultar la búsqueda de compradores para su petróleo, informó en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que agregó que la iniciativa se coordinará “con socios afines tras una decisión del G7”.

La propuesta, que a continuación deberá ser discutida y aprobada por unanimidad por los Veintisiete para que pueda aplicarse, incluye también añadir en la lista negra a otros 43 buques de la llamada "flota fantasma" rusa que ayuda a Moscú a esquivar las sanciones a su petróleo, con lo que el total ascendería ya a 640.

Von der Leyen precisó que también pretenden dificultar que Rusia adquiera buques cisterna con prohibiciones generales sobre la prestación de mantenimiento y otros servicios para buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y rompehielos, a fin de "perjudicar aún más los proyectos de exportación de gas".

Aseguró que esto complementará el veto europeo de las importaciones de GNL acordada en el paquete de sanciones anterior y el reglamento RepowerEU.

Por otra parte, la Comisión propone medidas para restringir aún más el sistema bancario ruso y su capacidad para crear canales de pago alternativos con los que financiar la actividad económica, algo que Von der Leyen consideró "el punto débil de Rusia".

En concreto, se propone incluir en la lista negra a otros 20 bancos regionales rusos y tomar medidas contra las criptomonedas, las empresas que las comercializan y las plataformas que permiten su comercio, con el fin de cerrar una vía de elusión de sanciones.

Igualmente, se incluyen sanciones contra bancos de terceros países que facilitan el comercio ilegal de productos sancionados.

Finalmente, la Comisión insta a endurecer las restricciones a la exportación a Rusia con nuevas prohibiciones sobre bienes y servicios, desde el caucho hasta tractores y servicios de ciberseguridad, por valor de más de 360 millones de euros. Además, Bruselas también plantea introducir nuevas prohibiciones de importación de metales, productos químicos y minerales críticos, que aún no están sujetos a sanciones, por un valor superior a 570 millones de euros.

Y más restricciones a la exportación de artículos y tecnologías empleados por Rusia en el campo de batalla, como los materiales utilizados para fabricar explosivos, así como una cuota para el amoníaco a fin de limitar las importaciones existentes.

La CE quiere igualmente acabar con la evasión de las sanciones activando por primera vez la "herramienta antielusión", prohibiendo la exportación de cualquier máquina de control numérico por ordenador y radios a jurisdicciones en las que exista un alto riesgo de que estos productos se reexporten a Rusia.

Para proteger a las empresas de la Unión Europea de las violaciones de sus derechos de propiedad intelectual o de la expropiación injusta en Rusia debido a sentencias judiciales abusivas, la Comisión propone por último garantías jurídicas más sólidas.

La Unión Europea y la India prevén anunciar el martes en Nueva Delhi el cierre definitivo de las negociaciones para un histórico Tratado de Libre Comercio (TLC) tras 18 años de diálogo intermitente, informa EFE.

Bautizado por los negociadores como "la madre de todos los acuerdos", el pacto marcaría el fin del proteccionismo indio y busca reducir la dependencia estratégica de ambos bloques respecto a China. En el caso europeo, refleja además la aspiración de buscar nuevos socios y mercados prometedores en medio del caos geopolítico de la segunda Administración Trump.

Estas son las claves principales del acuerdo que sellarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi:

Para evitar que las diferencias técnicas hicieran descarrilar todo el proceso, los negociadores dividieron el pacto en tres tratados independientes pero vinculados políticamente, explico a EFE una fuente próxima a las negociaciones.

El núcleo duro es el Tratado de Libre Comercio (TLC), que elimina aranceles en el 90% de los productos; un segundo acuerdo de Protección de Inversiones para dar seguridad a las empresas; y un tercero sobre Indicaciones Geográficas (IG) para proteger productos con denominación de origen como el champán, el queso feta, el té Darjeeling o el arroz basmati.

El acuerdo contempla reducir los aranceles del 110% actual a un entorno del 40% inmediato para vehículos de lujo, con una bajada progresiva al 10% en los próximos años.

Bruselas también lograría ventajas en maquinaria industrial, aeronáutica, química y vinos, donde se aplicaría una rebaja gradual. A cambio, la UE abre sus puertas al textil indio. Sin embargo, para cerrar el pacto se han excluido los productos agrícolas sensibles como lácteos y cereales.

Bruselas aspira a que este marco fomente inversiones por valor de 100.000 millones de euros en la India durante los próximos 15 años, con el objetivo de triplicar la presencia de empresas europeas en el país más poblado del mundo.

El escollo principal es el mecanismo de resolución de disputas (ISDS). En las negociaciones se ha propuesto un sistema híbrido que protege a los inversores europeos frente a expropiaciones, pero garantiza el derecho a regular del Estado indio en temas de interés público para evitar demandas abusivas.

Para la India, la prioridad era la movilidad. Se firmará un Memorando de Entendimiento específico para facilitar la migración legal de talento. Esto crearía "vías rápidas" burocráticas para estudiantes, investigadores y trabajadores de alta cualificación tecnológica, ayudando a cubrir el déficit de ingenieros en Europa.

En sentido inverso, se ha pactado un marco de "interoperabilidad" que permite a las empresas europeas procesar datos en la India sin violar las estrictas normas de privacidad de la UE.

El mayor obstáculo técnico es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE que penaliza al acero indio. Para esto, la UE se compromete a apoyar la descarbonización industrial de la India mediante tecnología de hidrógeno verde y a reconocer los sistemas locales de créditos de carbono para evitar una doble imposición a las empresas indias.

La cumbre servirá para reactivar el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), la gran alternativa occidental a la Ruta de la Seda china. Aunque las obras están ralentizadas por la invasión de Gaza, Bruselas y Nueva Delhi reafirmarán su compromiso político para acelerar las conexiones portuarias y ferroviarias que unirán ambos continentes.

El pacto comercial viene acompañado de un Acuerdo de Seguridad y Defensa, que incluye cooperación en ciberseguridad y ejercicios navales conjuntos, elevando a la UE a socio estratégico de primer nivel para la India.

Este permitirá, por primera vez, el intercambio de información clasificada entre Bruselas y Nueva Delhi, lo que equipara a la India con socios como Japón e incluye cooperación en ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas marítimas y ejercicios navales conjuntos en el Indopacífico.

La Comisión Europea anunció este lunes la apertura de una investigación contra la red social X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de su inteligencia artificial, Grok, y que examinará si la compañía propiedad del magnate Elon Musk cumple con sus obligaciones bajo las leyes digitales europeas.

En un comunicado, Bruselas dijo que evaluará si X (antes, Twitter) ha examinado adecuadamente y mitigado los riesgos asociados con la puesta en marcha de las funciones de Grok en la Unión Europea, incluyendo la posible distribución de contenido ilegal como imágenes manipuladas sexualmente explícitas e que incluso pueden considerarse material de abuso sexual infantil.

"Estos riesgos parecen haberse materializado. Por ello, la Comisión investigará si X cumple con sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales para evaluar y mitigar riesgos sistémicos (...) y de producir y enviar a la Comisión un informe de riesgos ad hoc sobre las funcionalidades de Grok que tengan un impacto clave en el perfil de riesgo de X antes de lanzarlo", señaló.

Incluso antes de lanzar la investigación, la Comisión Europea ya había ordenado a la red social X conservar toda su documentación interna relativa a Grok durante 2026, en el marco de la investigación que mantiene abierta a la plataforma para analizar su política contra los contenidos ilegales.

La orden llegó en plena polémica por las imágenes de niños y mujeres desnudas generadas por Grok en las últimas semanas y que han llevado al Gobierno francés a denunciar a X ante los tribunales, que se añaden a otros contenidos como el blanqueo del Holocausto que la IA de la red social publicó a finales del año pasado.

La Comisión Europea cree que, si da por probadas estas alegaciones, X estaría infringiendo varios artículos de la Ley de Servicios Digitales a la que está sujeta cuando opera en la Unión Europea, incluyendo sobre la evaluación y mitigación de riesgos sistémicos para los ciudadanos europeos.

Bruselas ya multó a X en diciembre con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a esta ley por el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

En paralelo, Bruselas prorrogó también este lunes su investigación en marcha desde 2023 sobre si X cumple con sus obligaciones de gestión de riesgos de sus sistemas de recomendación de contenido, que incluirá el impacto de cambiar a uno basado en la inteligencia artificial de Grok.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado que la respuesta ante países que, como Estados Unidos, optan por utilizar la "amenaza del uso de la fuerza" debe pasar por "un salto de la soberanía europea" que implique también avanzar hacia "un ejército europeo".

"Hay actores muy potentes, con fuerzas militares muy grandes, que han decidido que la guerra vuelva a ser un instrumento más en política exterior", ha advertido, para añadir que por ello ya "no basta con la autonomía" europea. Con ello se refiere a las políticas que está ejerciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su relación con otros países. Ya amenazó con atacar Venezuela y cumplió su promesa.

El magnate hizo que las autoridades estadounidenses secuestraran a Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores, para luego llevarlos a una cárcel federal en Nueva York. Ahora lo que quiere Trump es Groenlandia, y los actores internacionales ya han podido comprobar que cuando quiere algo suele conseguirlo.

La Unión Europea ha pasado a mostrar un frente más unido frente a Trump. Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresó su satisfacción sobre las negociaciones en relación a Trump en la Cumbre Europea declarando que están en “una posición mejor que 24 horas antes”. También habló que que la UE está implementando una “estrategia colectiva” que pasa por una “unívoca solidaridad” con Dinamarca y Groenlandia.

Por su parte, el ministro Albares ha defendido, en declaraciones a Radio Euskadi, que lo importante no son los postulados de la administración Trump sino cómo se posiciona Europa, ante las "aspiraciones territoriales" de Estados Unidos sobre Groenlandia.

Ha abogado por ello por remover "los últimos obstáculos" del mercado interior, así como por avanzar hacia un ejército europeo para que "la seguridad esté en nuestras manos". "Integrando nuestras industrias de defensa y haciendo una coalición de voluntarios de seguridad", ha argumentado. 

En este contexto, ha defendido que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se ha elevado el gasto en seguridad hasta el 2% del PIB, cantidad que "ya cubre las necesidades de España". 

"No vemos por qué habría que ir más lejos. Al igual que hay que garantizar la seguridad también hay que garantizar las becas, la sanidad pública, la educación pública... La seguridad militar sola nunca garantiza la seguridad", ha descrito.

Albares, que ha lamentado también la apuesta de Estados Unidos por los aranceles, ha incidido en la necesidad de que la Unión Europea busque nuevos socios comerciales. 

También ha calificado de "extraordinaria noticia" el acuerdo Mercosur-UE al suponer un ahorro para los consumidores de alrededor de "4.000 millones en aranceles", que en el caso de Euskadi va a tener un "impacto beneficioso" en sectores como el del automóvil o los bienes de equipo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será "firme, unida y proporcional", según recoge EFE.

"Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como aliados, sino como amigos. Y arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional", dijo Von der Leyen en su intervención pública en el Foro Económico de Davos (Suiza).

Von der Leyen subrayó la necesidad de ser "estratégicos" en la forma de abordar esta cuestión" y aseguró que Europa está "plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos" en materia de seguridad en el Ártico, que sólo puede lograrse "de forma conjunta".

En ese sentido, y ante el anuncio de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia, la democristiana alemana aseguró que son "un error, especialmente entre aliados de larga data".

"La UE y Estados Unidos acordaron un pacto comercial el pasado mes de julio. Y tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo", dijo Von der Leyen en referencia al pacto entre Washington y Bruselas para que los bienes producidos en la UE queden sujetos a un arancel general del 15% en Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Europea agregó que las actuales tensiones pueden superarse desde el acercamiento, pero aseguró que la UE mantiene una serie de "principios" sobre la cuestión, que comienzan con mostrar "plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca". "La soberanía y la integridad de su territorio no son negociables", zanjó.

Se refirió también al "impulso de inversión europea en Groenlandia" para apoyar a la economía e infraestructuras locales y, por último, aseguró que el bloque comunitario trabajará "con Estados Unidos y con todos los socios en una seguridad ártica más amplia".

"Esto redunda claramente en nuestro interés común, y aumentaremos nuestra inversión. En particular, creo que deberíamos utilizar el aumento del gasto en defensa para desarrollar una capacidad europea de rompehielos y otros equipos vitales para la seguridad del Ártico", señaló.

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló también la necesidad de que todos los "socios regionales" contribuyan a reforzar la seguridad común y dijo que Bruselas analizará cómo "fortalecer" asociaciones de seguridad con "el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros".

A finales de este año, la Comisión Europea presentará una "estrategia de seguridad" en la que se actualizará la visión sobre el Ártico, señaló Von der Leyen. "En el centro de todo estará el principio fundamental de que son los pueblos soberanos quienes deben decidir su propio futuro", subrayó ante ese influyente foro informal que se reúne cada año en Suiza, donde Von der Leyen repasó las líneas políticas de la Comisión Europea.

"Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia, desde la seguridad hasta la economía, desde la defensa hasta la democracia. El mundo ha cambiado de forma permanente. Y debemos cambiar con él", concluyó.

La tensión sigue aumentando entre Estados Unidos y Europa en un conflicto político, comercial y de seguridad que se extiende a Reino Unido o Noruega. La reacción furibunda de Donald Trump al despliegue de militares de siete países acompañando a Dinamarca en Groenlandia con un arancel adicional del 10% a sus productos, y el aumento al 25% el 1 de junio, por “tanto tiempo hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia” está removiendo Bruselas y las capitales del continente como nunca antes.

Esta semana los líderes europeos convocados de urgencia a una Cumbre por el presidente del Consejo, Antonio Costa, “dada la relevancia de los recientes acontecimientos” ante la agresión comercial decretada por el estadounidense, buscarán mostrar “un fuerte compromiso” en “solidaridad con Dinamarca y Groenlandia”, ya que “las tarifas debilitarían las relaciones trasatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial UE-Estados Unidos”.

Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Reino Unido y Noruega son los afectados por ese golpe arancelario y, por extensión, toda la UE que creía haber calmado en julio el unilateralismo comercial de Trump gracias al acuerdo tarifario suscrito en Turberry. Un pacto que ahora pende de un hilo y cuya aplicación por el momento quedará suspendida.

La presión creciente, las amenazas y coacciones a Dinamarca y a toda Europa para tomar Groenlandia lo han tumbado, una posibilidad que hace tan sólo una semana semejaba complicada pese a las presiones de eurodiputados daneses de todas las formaciones y el creciente apoyo a favor en las filas socialdemócratas y liberales mientras verdes e izquierda apostaban claramente por ello en el Parlamento Europeo.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia en la Eurocámara y que empujó a los populares europeos a frenar el acuerdo comercial que rebajaba a cero las tarifas a la mayoría de los productos estadounidenses ha sido la reacción del jefe de la Casa Blanca contra esos ochos países. Desde el 1 de febrero sus productos sufrirán un arancel adicional del 10% y el golpe sería mayor a las puertas del verano si Dinamarca no entrega su isla.

“El PP europeo está a favor del acuerdo comercial entre la UE y los Estados Unidos, pero dadas las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento”, decretó el todopoderoso jefe de esta formación, Manfred Weber. El bávaro señaló que el pacto suscrito por la Comisión “debe ser puesto en pausa”. La tregua a la guerra comercial alcanzada en julio corre ahora serio riesgo.

El pasado miércoles una reunión entre los presidentes de todos los grupos parlamentarios ya retrasó la decisión sobre la aprobación de este acuerdo, que debería pasar su primer filtro el 26 de enero, en el Comité de Comercio Internacional. Hasta hace pocos días, fuentes consultadas por infoLibre pese a las protestas de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda dudaban que los populares se atreviesen a dar el paso. Explicaban que el socialdemócrata Bernd Lange, presidente de dicho Comité, quería votar el texto del acuerdo y las enmiendas a la resolución con compromisos, para que así la Eurocámara tuviese la opción de poder suspenderlo a futuro. Los populares, señalaban estas fuentes, no estarían dentro de este compromiso y hasta votarían con la extrema derecha.

La aceleración de los acontecimientos sobre Groenlandia ha cambiado el tablero de juego en sólo unos días, lo que ha forzado una reacción de Manfred Weber, también porque dentro de sus filas la incomodidad de eurodiputados conservadores daneses, bálticos o suecos era más que evidente. Este miércoles los jefes parlamentarios discutirán de nuevo la cuestión con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya para suspender esa entrada en vigor del acuerdo comercial. Mucho tendría que ceder Donald Trump en sus ambiciones sobre la isla danesa para que en febrero el Pleno del Parlamento votase a favor de ese pacto, como estaba previsto inicialmente.

“No podemos ser más los sumisos de los Estados Unidos”, exige Manon Aubry, jefa de La Izquierda en la Eurocámara y vicepresidenta del Comité de Comercio, quien denuncia que el golpe de Trump se debe “la ausencia de reacción de la UE ante el secuestro de Maduro en Venezuela”, ya que el mandatario estadounidense se sabe impune “para violar el derecho internacional”.

Este domingo por la tarde los embajadores de los 27 ante la UE, los máximos diplomáticos de cada líder en Bruselas, encargados de negociar antes de las Cumbres los asuntos más peliagudos, desde las grandes partidas presupuestarias de la UE, las cuestiones económicas, la seguridad y defensa comunitaria o la respuesta a crisis internacionales, mantuvieron una reunión sobre la tensión creciente con Washington.

Los gobiernos europeos a través de sus diplomáticos decidieron esperar hasta el 1 de febrero para ver si Trump ejecuta ese arancel del 10%. Si lo hace, la UE contraatacará con tarifas a productos estadounidenses por un importe de 93.000 millones de euros. En la reunión hubo posturas como la francesa demandando más mano dura contra Washington. El presidente Emmanuel Macron pide “la activación del Instrumento Anti-Coerción”, en vigor desde 2023 pero nunca ejecutado, si un “tercer país busca ejercer presión contra la UE o un Estado Miembro aplicando o amenazando con medidas que afecten al comercio o la inversión”.

Los Estados Unidos de Trump estarían ejerciendo esta coacción, “interfiriendo en las decisiones soberanas legítimas de la UE y sus Estados Miembros”. Si el Instrumento se activa y Bruselas no consigue que Washington ceda, podría bloquear el acceso al mercado comunitario de sus productos, limitar sus inversiones en bienes, servicios o mercados financieros y hasta restringir la participación de sus empresas en los concursos públicos.

El propio Antonio Costa, al convocar el jueves a los líderes, ha explicado que deben “estar preparados para defendernos frente a cualquier tipo de coacción” y “unidos en los principios de las leyes internacionales, la integridad territorial y la soberanía nacional”.

Las voces apaciguadoras ahora mismo en Bruselas son la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el tradicional frente euroescéptico de húngaros y eslovacos. Meloni habló este domingo con Trump por teléfono y cree que existió “un problema de comprensión y comunicación” con el despliegue de los militares europeos en Groenlandia. Y aunque calificó como un error la reacción del estadounidense, pide “retomar el diálogo y evitar una escalada”.

Sin embargo, la realidad se impone por encima de sus deseos. Y además de la represalia comercial en la Eurocámara o de la que pueda salir de la Cumbre extraordinaria, Dinamarca y los siete países desplegados en Groenlandia mostraron su voluntad de incrementar esa presencia militar en la isla declarando “el ejercicio coordinado danés “Resistencia Ártica” conducido con los aliados responde a la necesidad de fortalecer la seguridad del Ártico y no supone una amenaza para nadie” por lo que mostraron su compromiso a “reforzar nuestra soberanía” además de denunciar los aranceles de Trump por “debilitar las relaciones trasatlánticas y arriesgar con una peligrosa espiral negativa”.

Algunos de los socios europeos de EE.UU. rechazaron la amenaza del presidente de este país, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles del 10% a todos los productos de los países que han enviado tropas a Groenlandia como expresión de su compromiso con esa isla ártica y con Dinamarca, de la que depende y que el inquilino de la Casa Blanca desea anexionarse, según recoge EFE.

Las nuevas posibles víctimas de los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto miembros de la Unión Europea (UE), como de fuera del bloque comunitario. Algunos ejemplos son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Trump subrayó además, en su red Truth Social, que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción europeo por las amenazas de aranceles de Donald Trump, informaron este domingo los medios franceses, citando fuentes próximas al Elíseo.

Este mecanismo que data de finales de 2023 abriría la puerta a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

En un mensaje en X, Macron ya había advertido de que "las amenazas arancelarias son inaceptables" y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran".

Esos aranceles "podrían provocar una peligrosa espiral descendente", advirtieron los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, en Asunción, donde presidieron la firma del Tratado UE-Mercosur.

La medida "socavaría las relaciones transatlánticas y podría provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", dijeron ambos líderes europeos en un comunicado conjunto compartido en redes sociales.

Von der Leyen y Costa insistieron en su defensa de la integridad territorial y la soberanía como principios fundamentales del derecho internacional y subrayaron su "interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico, también a través de la OTAN".

El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, aseguró que se mantienen en contacto con Bruselas para coordinar una respuesta. "Los Países Bajos están en estrecho contacto con la (Comisión Europea) y sus socios para dar una respuesta", dijo el ministro neerlandés en redes sociales, añadiendo que "las maniobras militares relacionadas con los ejercicios en Groenlandia tienen por objeto contribuir a la seguridad en la región ártica".

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tildó de "completamente errónea" la decisión de Trump y recalcó que "aplicar aranceles a aliados por los aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo", según un comunicado difundido por su oficina del 10 de Downing Street. En esa línea, Starmer dijo que tratarían el tema "directamente con la Administración estadounidense".

El jefe del Gobierno británico volvió a dejar claro que la posición británica sobre Groenlandia sigue siendo firme: "Es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es un asunto para los groenlandeses y los daneses". "Hemos dejado también claro que la seguridad del Ártico importa a toda la OTAN y todos sus aliados deben hacer más juntos para abordar la amenaza rusa en diferentes partes del Ártico", continuó.

Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia están enviando militares a Groenlandia para reforzar su defensa y ayudar a Dinamarca ante las presiones asfixiantes de la Administración Trump para hacerse con ese territorio. Noruega o Reino Unido, fuera de la UE, también están participando. El presidente Pedro Sánchez anunció hace unos días que España se sumaría, pero el Gobierno ahora parece dudar y la presencia de soldados españoles, su cuantía y tipo todavía no está confirmada. Bélgica no enviará por el momento a sus tropas. Desde su ministerio de Defensa se justifican asegurando que “no hemos recibido una demanda de la OTAN, de la UE o bilateral” al respecto.

En un tiempo de rearme en todos los países de la Unión Europea, con incrementos sustanciales y anuales en las inversiones presupuestarias para esta partida, las dudas mostradas entre los Estados miembros sobre su involucración militar contrastan con la firmeza que muestra Donald Trump para hacerse con Groenlandia. “Si no vamos a por ella, lo harán Rusia y China” ha manifestado esta semana el presidente estadounidense después de la reunión entre miembros de su Administración y los ministros de Exteriores de Dinamarca y la isla. Y desnudan a la UE por su falta de un ejército común como elemento de disuasión.

“No hay nada que Dinamarca pueda hacer si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia. Pero sí hay algo que podemos hacer nosotros, ya lo descubrimos en Venezuela”, amenazó Trump, quien considera que no se “puede fiar de Dinamarca para ser capaz de defenderse por sí misma”.

En los últimos dos años, Copenhague ha aumentado en cerca de 15.000 millones de euros su contribución a la seguridad del Ártico e incrementará el despliegue de cazas de combate, barcos de guerra y tropas en su territorio autónomo. No parece suficiente ante las amenazas crecientes de Washington, de ahí que varios países europeos se hayan comprometido con sus propios militares en misiones conjuntas.

Lentamente, el proyecto aparcado durante años se abre paso, aunque la descoordinación y los intereses políticos, industriales y geoestratégicos de cada Estado lo frenan. El Ejército Europeo es una posibilidad surgida en 2007 de la PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente que permite a los Estados de la Unión el desarrollo conjunto de sus capacidades de defensa y participar con sus unidades de combate en misiones militares planificadas.

Hace una década, la canciller Angela Merkel y el entonces presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ya hablaron de una fuerza militar conjunta. Ahora, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, retoma esta propuesta y la concreta en 100.000 soldados como base de ese futuro ejército comunitario.

Kubilius es el primer comisario en la historia dedicado al ámbito de la Defensa, una decisión adoptada por la presidenta Ursula von der Leyen el año pasado y vista como disruptiva a la vez que necesaria ante el escenario internacional, en el que la UE cada vez estaba más implicada militarmente en Ucrania. Los 27 han entregado 63.000 millones de euros desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2025 a Kiev en ayuda militar y se preparan para ofrecer otros 60.000 millones este año y el siguiente, se han involucrado en misiones de entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas en sus respectivos territorios y ahora deben desplegarse en el territorio autónomo de un Estado miembro ante la coacción de su supuesto gran aliado y garante de su seguridad colectiva.

El comisario europeo de Defensa se pregunta “si los Estados Unidos serían más fuertes si tuviesen 50 ejércitos a nivel estatal en vez de un sólo ejército federal”. Su respuesta es que no y, por lo tanto, concluye con un elocuente “a qué estamos esperando” para crear unas fuerzas armadas de la UE.

La Unión cuenta ya con una Fuerza de Despliegue Rápido para responder a crisis y amenazas externas con 5.000 soldados fuera de sus fronteras. Está formada por batallones de combate rotatorios con tropa aérea, naval y terrestre de los Estados miembros, capaces de realizar una variedad de misiones, desde la estabilización y la interposición de la paz en territorios en conflicto hasta la evacuación, el rescate o la asistencia humanitaria. Cuenta con un mando conjunto y los 27 gobiernos deben autorizar su despliegue.

Esta Fuerza de Despliegue (o Rapid Deployment Capacity) es, según Guntram Wolff, exdirector del think tank bruselense Bruegel y del German Council of Foreing Relations, “un instrumento militar apropiado a su disposición” y el envío a Groenlandia sería “un signo de madurez estratégica y de la unidad europea”. La base para un ejército de la Unión, aunque según estudios de la Comisión, la capacidad defensiva común iría más allá y depende de tres pilares: más inversión en capacidad productiva, instituciones preparadas, y la voluntad política para la disuasión y la guerra, si fuese necesaria.

Aunque la decisión de que los países de la OTAN alcanzasen el 2% de su PIB en gasto militar fue adoptada en 2014, no estaban cumpliendo y según los datos de la propia Alianza en 2022 sólo siete de los entonces 30 miembros llegaban al porcentaje. Eran Estados Unidos, las tres repúblicas bálticas, Polonia, Grecia y el Reino Unido. La invasión de Ucrania cambió los tiempos y la mentalidad de los Gobiernos. Dos años después, 24 países ya habían alcanzado ese 2% y la Cumbre de la OTAN en La Haya elevó sustancialmente el objetivo al 5%, sólo cuestionado y no firmado por España, que sí supera el 2%.

Mark Rutte, secretario general de la Alianza, Kaja Kallas, Alta Representante Exterior, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión, y por encima de todos Donald Trump exigen más gasto militar. El estadounidense, para retirar efectivos del continente europeo y reposicionarlos en el hemisferio occidental, donde ahora está recuperando la doctrina Monroe, o en Asia; Rutte, como subordinado de Washington desde su cargo; y la estonia y la alemana, alertando continuamente sobre el peligro del expansionismo ruso para la UE.

Cuando la Eurocámara debatió el Libro Blanco de la Defensa presentado por la Comisión como base para el programa de 650.000 millones en gasto militar, una mayoría de Los Verdes lo validaron. Reinier van Lanschot, ecologista de Volt, escribió entonces que “la necesidad para inversiones urgentes de defensa es alta” y que “la UE debe mostrar liderazgo y asumir la responsabilidad de su propia libertad y seguridad”. Su compañero de bancada, Villy Sovndal, se mostró favorable a los programas de inversión en defensa y de ayuda a Ucrania con un “es de la mayor importancia que sigamos aplicando presión a Rusia”.

Y fue la anterior coalición de Gobierno alemana entre socialdemócratas y verdes la que aprobó el fondo especial de 100.000 millones de euros con un cambio constitucional que permitiese mayor endeudamiento federal para comprar sistemas avanzados de armas, como cazabombarderos F-35 y baterías antimisiles Patriot, ambos de fabricación estadounidense. El clima político ha virado tanto en el continente que formaciones políticas que antaño hacían del pacifismo su bandera ahora comparten mensajes en pos del rearme y la seguridad y defensa.