El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado en el Tribunal de Instancia de Madrid una demanda contra el empresario investigado en el caso Koldo Víctor de Aldama por vulnerar su derecho al honor al afirmar en programas de televisión que le intentó sobornar.

Según ha adelantado elDiario.es y han confirmado a EFE en fuentes del Ministerio Félix Bolaños reclama 70.000 euros por daños y perjuicios a Víctor de Aldama, que está siendo juzgado estos días en el Tribunal Supremo por la trama de las Mascarillas junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor de este Koldo García.

Víctor de Aldama dijo el pasado mes de febrero en Telemadrid en referencia a Bolaños: "Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".

Bolaños reclama a Aldama que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y redes sociales) o por cualquier otra vía".

También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.

Bolaños sostiene que "no conoce ni ha hablado nunca ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación".

E Insiste en que su relación personal "es total y absolutamente inexistente”, que "nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con Aldama ni con su responsable de comunicación, y ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que Bolaños había asistido a una fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos siendo este aún ministro en la que también estuvo el empresario que se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019.

En este sentido el escrito de Bolaños señala que "la única evidencia" que ha aportado Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante, en la que, por cierto, ni siquiera aparece el empresario".

Y Bolaños recuerda además que Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, "no conocerle de nada" en una entrevista e la Cope el 27 de noviembre de 2024.

Una contradicción que, en la demanda, se considera "tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad del demandado".

La Comunidad de Madrid se engalana este sábado para celebrar su festivo regional con los focos puestos en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y en qué palabras utilizará esta vez para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ya avisaba el año pasado en infoLibre el presidente de la FRAVM Jorge Nacarino, el acto institucional por el Dos de Mayo ha pasado de ser un homenaje al levantamiento del pueblo madrileño en el año 1808 a escenificar por todo lo alto la ruptura entre el Gobierno regional y el central.

El acto de este año llega marcado, igual que en 2025, por el enfado de Ayuso ante la negativa del Ministerio de Defensa de autorizar un desfile militar en el ‘Kilómetro Cero’. ¿La respuesta? Excluir –de nuevo– de la celebración a cualquier miembro del Ejecutivo central y definir como “sectaria” la postura del Gobierno central. 

Repasamos cuáles han sido las polémicas que han marcado a lo largo de los años el Dos de Mayo y cómo esta fiesta ha servido a Díaz Ayuso para afianzar su cruzada contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo. 

La inquina contra el Ministerio de Defensa por dejar a Madrid sin desfile en 2025 dista mucho de la estampa en plena pandemia, cuando el 2 de mayo de 2020, guardando todas las medidas de seguridad por el covid-19, Díaz Ayuso bautizaba a la ministra Margarita Robles como “la nueva Manuela Malasaña” por su labor durante lo peor de la crisis sanitaria que asoló el mundo ese año.

“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, aseguró a los presentes.

Un año después, la misma fiesta coincidió con el fin de una campaña electoral en la que la palabra más repetida fue “libertad” y en la que dedicó a Sánchez declaraciones como esta: “Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Tras estas declaraciones durante la campaña, el Dos de Mayo adquirió un tono conciliador, deseando que ese día sirviese “de paréntesis en la disputa”, pero dejando claro que dos siglos atrás "el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad", y lo hizo "por la nación entera, y no sólo por Madrid". Dos días después, Díaz Ayuso salió victoriosa al balcón de Génova tras conseguir una mayoría absoluta para gobernar la región.

Después de un año gobernando en solitario, en 2022 Isabel Díaz Ayuso llegó a la fiesta regional con toda la artillería pesada, dejando claro que Madrid es la España necesaria “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra otros; es la realidad abierta de unos junto a otros y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en la familia, entre sexos, el campo y las ciudades o nuestra intimidad, que no fabrica clases sociales”. 

“El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables”, destacó la dirigente madrileña, agregando que no iba a “perder tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones absurdas, en iniciativas fracasadas, en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”. “Madrid se respeta a sí misma y por eso respeta a todos”, sentenció.

El discurso de 2022 sentó un precedente para todos los Dos de Mayo que estaban por llegar, siendo el del año 2023 la fiesta de la polémica con un gran protagonista: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La foto del día no fue ni Ayuso durante su discurso ni ninguna sobre el homenaje a los héroes de Madrid. La foto del Dos de Mayo de 2023 fue una en la que se ve a la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidiendo el paso a Bolaños a la tribuna de honor, lugar al que sí se le dio acceso en 2022.

Que el foco se pusiera en este hecho fue algo que enfureció a Ayuso, cuyas declaraciones sobre Madrid, la libertad y la “inmensa responsabilidad” que tiene la capital –“porque lo que pase aquí resonará en toda España”–, quedaron diluidas en la controversia.

Con más calma, pero todavía con rencor, al día siguiente la popular acusó a Bolaños en la Cadena Ser de presentarse allí para “provocar” e intentar “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo. 

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, indicó. También advirtió que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”. 

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, reiteró Ayuso. Quien sí subió a la tribuna de autoridades fue Alberto Núñez Feijóo, invitado personalmente por Ayuso, la cual subrayó que el Gobierno ya estaba representado en la tribuna con la presencia de Margarita Robles, que sí fue invitada –junto a Isabel Rodríguez, que no acudió–. Desde este incidente, Bolaños no se ha atrevido a acercarse a la Real Casa de Correos un Dos de Mayo.

El Dos de Mayo de 2024 llegó cargado de tensión por los diversos ataques entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Tras lo ocurrido con Bolaños el año anterior, el “desplante” a Díaz Ayuso en la inauguración de un tramo del AVE y la “cacería política” orquestada –según Ayuso– desde Moncloa contra su persona y Alberto González Amador, la presidenta decidió que al Dos de Mayo no iba a ir nadie del Gobierno, excepto el Delegado en Madrid, Francisco Martín, con el que la relación en los últimos años también ha ido de mal en peor.

Finalmente se instauró la tregua para celebrar la fiesta de los madrileños, y en representación del Gobierno central acudieron tanto Martín como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Torres señaló su voluntad de “tender la mano” a la Comunidad de Madrid para “caminar juntos en la convivencia y la democracia” y hablar de temas como “la vivienda o el empleo”. Por su parte, Ayuso reiteró que en la región madrileña no triunfan “ni los abusos, ni las injusticias”, afirmando que su Comunidad es “la región al servicio de España” como ”siempre” ha sido porque es “la plaza mayor de todos”.

A pesar de la tregua, las críticas entre PP y PSOE se dejaron ver igualmente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perder la ocasión de opinar que los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno “consisten en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, que “no acata los deseos del amado líder”. 

Por su parte, fuentes socialistas hicieron hincapié en la ausencia de Núñez Feijóo, incidiendo en que “los grandes nombres del Partido Popular” han dejado “sola a Isabel Díaz Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia”. “Tiene un aluvión de preguntas sin responder, una pareja delincuente confeso por delito fiscal y una casa en la que reside que no sabemos si se está pagando con dinero del fraude fiscal”, agregaron.  

Esta calma tensa volvió a romperse en 2025, cuando desde Defensa decidieron suprimir el desfile militar, habitualmente desplegado el día de la fiesta de la comunidad, y Ayuso, sin echarse atrás como el año anterior, denegó la invitación a cualquier ministro y no se quedó corta con las “puyitas” en su discurso.

"A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. (...) Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid, y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida, en todas sus formas", espetó. 

Todo hace presagiar que, este sábado, Díaz Ayuso volverá a valerse del acto institucional del Dos de Mayo para ejercer una crítica mordaz contra el Gobierno central disfrazándola de la gran fiesta de los madrileños.

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, según informa EFE.

Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. 

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, han señalado la CEE y la Confer en un comunicado. En este sistema, la colaboración de las instituciones “será muy importante”, han subrayado.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El protocolo señala que el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025 PRIVA , cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

La Iglesia ha recordado que este sistema “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas “que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”.

“Ladran, luego cabalgamos”. María Jesús Montero cerraba así este miércoles su última intervención en la sesión de control en el Congreso como vicepresidenta primera. Yolanda Díaz la abrazaba con fuerza. Y todos los diputados del PSOE y de Sumar se pusieron en pie para aplaudirla. Una ovación larga y cerrada. Se despedía una de las piezas esenciales del Gobierno de coalición. Rumbo al sur. A su tierra.

Montero deja un vacío enorme, como confiesan miembros del Gobierno y dirigentes de los partidos de la izquierda. Cuando abandonó, por ejemplo, el Hemiciclo en esa sesión se encontró en el pasillo a Teresa Jordá, de ERC, y las dos se plantaron dos sonoros besos a modo de adiós y de reconocimiento.

La líder del PSOE andaluz se ha convertido en una de las personas por cuyas manos ha pasado la historia política de los últimos años. Su papel ha sido clave para las complicadas negociaciones con todos los grupos políticos. El presidente le confió ese delicado rol junto a Félix Bolaños para rearmar semana tras semana la mayoría parlamentaria que parecía diluirse cada segundo. 

Y con todos sus interlocutores labró una estrecha relación a pesar de las duras negociaciones. “Es muy peleona”, como reconoce una persona que se sentaba con ella a pactar cada medida. El único puente que no se consolidó fue con Junts, ya que ella nunca se entendió con Míriam Nogueras, como reconocen en los dos lados. En cambio, siempre hubo un profundo respeto y diálogo con Esquerra, tanto con Gabriel Rufián como con Oriol Junqueras (los dos se conocían de su época como responsables económicos de la Junta de Andalucía y de la Generalitat de Cataluña).

Montero recibió en junio de 2018 una llamada de Pedro Sánchez que nunca se había esperado. Los dos apenas se habían tratado y ella era una de las manos derechas de Díaz en el Gobierno andaluz (aunque en privado nunca estuvo de acuerdo con la forma en la que su compañera orquestó el asedio contra el secretario general). 

Dio el salto entonces a Madrid. Y empezó el juego de equilibrios de poder con la cartera de Hacienda por un lado y con Economía por otro lado pilotada por Nadia Calviño. Pero, lejos de los enfrentamientos alimentados por algunos medios y de sus diferentes caracteres y procedencias, las dos hicieron piña y forjaron una poderosa amistad. Se referían entre ellas como “mellizas”.

Montero siempre se ha caracterizado por su carácter positivo y combativo. Sus peores momentos en lo personal en el Gobierno, según fuentes cercanas a la vicepresidenta, fueron los meses de la pandemia. Estaba sola en Madrid, mientras toda su familia residía en Sevilla. Su padre ya estaba enfermo. A la dirigente socialista le costaba hacer incluso videollamadas porque se le saltaban las lágrimas.

Pero, a la vez, el trabajo hecho durante la pandemia del coronavirus es lo que le provoca más orgullo al dejar su cargo. Además, una de las reflexiones que más hace estos días en privado es la ofensiva que ha tenido que sufrir durante estos años por parte de las derechas. Pero no por el ataque político, sino por la operación de deshumanización contra ella y contra los miembros del Gobierno, empezando por el presidente.

La hoy candidata del PSOE de Andalucía ha sufrido durante estos casi ocho años en el Ejecutivo continuas mofas por su acento andaluz, poniendo en cuestión su preparación (ella es médica y a los 26 años ya dirigía un hospital público). De manera despectiva se han referido a ella la derecha política y mediática como “Chiqui”. Ese nivel de ataque se ha evidenciado hasta el último minuto cuando el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la ha menospreciado por su físico. 

Ella siempre ha dicho que su personalidad la ha llevado a poder capear un ambiente tóxico en la política impulsado tanto por el Partido Popular como por Vox. Sobre este tema ha mantenido muchas conversaciones con el presidente del Gobierno, de quien siempre ha admirado su capacidad de resistencia y su modo de trabajar como si fuera un deportista de élite.

Una de las reflexiones que hace durante estos días es que la derecha vicia el clima político cuando está en la oposición y que, además, desvía los temas de la actualidad. Una queja que hace en privado es que muchos asuntos de calado quedan debajo del radar de la opinión pública. Por ejemplo, la reforma de la financiación quedó en un asunto anticatalanista cuando la gran revolución es que la Administración General pierde poder económico para dárselo a las autonomías para la sanidad y la educación.

Montero es de las pocas personas con las que consulta todo el presidente. Un grupo en el que también están los ministros Bolaños, Óscar López y Óscar Puente. Con ellos compartió otro de los momentos más duros: los cinco días de reflexión de Sánchez. Su discurso aquel sábado en el Comité Federal del PSOE fue uno de los más difíciles, aunque, en la intimidad, siempre ha confesado que nunca llegó a ponerse en la situación de tener que asumir la Presidencia y que confiaba en convencerlo para que siguiera.

Otro de los momentos más amargos fue la irrupción de los casos Ábalos y Cerdán. Nunca se imaginó nada y sintió verdadero asco cuando leyó algunas de las conversaciones que han ido apareciendo en los sumarios. Pero, se llevó un chasco especialmente con Cerdán, ya que él siempre hacía gala de una vida muy austera. Le mintió incluso en la cara cuando iba a criticar al valenciano a la propia Montero. Eso lo lleva grabado a fuego.

En cambio, en el lado bueno de estos años, está la relación con la prensa. Se ha convertido en la ministra más cercana a los periodistas y defiende en privado que siempre ha aceptado con “deportividad” todas las informaciones y que nunca ha llamado a un director de un medio para quejarse por alguna noticia.

Montero apenas para un minuto y todos sus colaboradores rememoran las jornadas eternas de trabajo con ella. Su equipo es casi una familia, con muchos de sus integrantes provenientes de su época en la Junta de Andalucía. Y los pocos momentos de descanso los suele emplear en actividades culturales. Durante su estancia en Madrid le ha gustado escaparse al teatro, algunas veces, por ejemplo, junto a Adriana Lastra para ver la obra de Jorge Javier Vázquez.

Ahora le toca volver a Andalucía. El PSOE-A fue a buscarla, como dicen algunos dirigentes, en mitad de una marejada interna por el liderazgo fallido de Juan Espadas y tras los últimos desastrosos años pilotados por Susana Díaz. Una operación con el beneplácito de Sánchez. Ella lo aceptó por su voluntad de “servicio público”, como señalan fuentes conocedoras, y por su sentido de la política: estar donde se es más necesario. Y salta en unas condiciones muy complicadas, con todas las encuestas apuntando una holgadísima mayoría absoluta entre el PP y Vox. 

Su idea es hacer mucha pedagogía, como explican en su entorno, sobre todo lo que ha hecho en el Gobierno. El PP explota los acuerdos con partidos independentistas, pero ella va a poner sobre la mesa que Andalucía es la más beneficiada por la quita de la deuda y por el nuevo sistema de financiación autonómica. Asimismo, planea centrarse en la defensa de los servicios públicos y convertir estos comicios en un “gran referéndum” sobre la sanidad. También se focalizará en temas como la vivienda y la dependencia.

Montero no quiere perder ni un minuto. Es su estilo. Su cumpleaños, que fue en febrero, ni siquiera lo ha celebrado. Ya le ha dicho a los suyos que lo hará en junio. Ahora solo puede pensar en el 17M.

El Consejo General del Poder Judicial ha instado al promotor de la acción disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado a que complete las diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez, informa EFE.

La comisión permanente del CGPJ ha rechazado por unanimidad la propuesta del promotor, Ricardo Conde, de archivar las quejas que presentó el ministro contra el juez por su interrogatorio como testigo en la Moncloa hace un año y la exposición razonada en la que Peinado pidió sin éxito al Tribunal Supremo investigarle.

En contra del criterio del promotor, la comisión le ha pedido que complete las diligencias para determinar si procede abrir un expediente disciplinario al juez, según informa el Consejo en un comunicado.

No ha sucedido lo mismo con otras cuatro diligencias informativas también relacionadas con el juez Peinado, que han sido archivadas, como proponía el promotor.

En su reunión de este martes, la comisión permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de los acuerdos que archivan esas cuatro diligencias incoadas a raíz de quejas o denuncias de particulares que cuestionaban decisiones del juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez, o que ponían de relieve informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado.

En el orden del día de la comisión también estaban las quejas que Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita presentaron contra el juez por acordar fuerza de plazo la prórroga de la instrucción de una causa por presunta malversación contra el exgerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente, que finalmente fue archivada.

Ricardo Conde también abrió diligencias para investigar estas quejas y también propone archivarlas, si bien esta propuesta ha sido retirada del orden del día de la comisión permanente "tras la deliberación para mayor estudio".

La primera de las quejas que han sido archivadas la presentó un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, como el hecho de que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos.

El promotor explica en su acuerdo de archivo que el CGPJ no puede valorar cuestiones jurisdiccionales ni revisar resoluciones de magistrados porque sería una injerencia en la independencia judicial, y precisa que el desacuerdo con este tipo de decisiones debe encauzarse mediante los oportunos recursos a las resoluciones.

La segunda estaba relacionada con varias informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado, que llevaron a dos denunciantes a considerar que este había infringido los principios de Ética Judicial.

Sin embargo, el promotor indica que estos hechos no tienen relación con la actuación de Peinado como magistrado, sino que se habrían producido en su ámbito privado.

La tercera diligencia informativa archivada es de un particular que denunció que el magistrado había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática que generan en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad, si bien éste no ratificó su queja, sino que desistió de la misma.

Y la cuarta se refiere a un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como que citara a investigados en días festivos como sábados o domingos.

El promotor subraya en este caso que solo en supuestos excepcionales cabe la posibilidad de tramitar denuncias anónimas por razones de interés general y notoria gravedad -algo que no considera que se produzca- y señala que el CGPJ no puede valorar la disconformidad de denuncias anónimas con decisiones jurisdiccionales porque supondría una intromisión en la independencia judicial.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este martes si abre expediente al instructor de la causa contra Begoña Gómez, el titular de la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado acumula varias quejas, entre ellas la del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por supuestas faltas de respeto del juez durante el interrogatorio que le practicó en La Moncloa, a lo que hay que añadir el posterior revolcón que dio el Supremo a Peinado tras intentar que a Bolaños lo juzgara el Alto Tribunal. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde –el que investiga las quejas e instruye los expedientes– solicita a los vocales que todas las denuncias sean archivadas.

Las últimas diligencias informativas –primer paso de las actuaciones disciplinarias del Consejo– contra Peinado se abrieron el pasado 12 de marzo después de que Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno imputada junto a ella por Peinado, denunciara que el instructor habría supuestamente filtrado a okdiario.com una de las resoluciones del procedimiento antes de que fuera notificado a las diferentes partes. Álvarez intentó sin éxito previamente en el juzgado que fuera ese mismo órgano el que investigara la procedencia del soplo.

Otra de las investigaciones abiertas se inició tras una queja de Bolaños, que fue interrogado en su despacho de La Moncloa como testigo por la contratación de Álvarez como asistente de Gómez en una tensa declaración en la que el juez llegó a reprochar al ministro que sonriera y le acusó de contestar con evasivas. Tras esa diligencia, Peinado pidió al Supremo que investigara al titular de Presidencia y Justicia por un supuesto delito de malversación. La Sala Segunda del Alto Tribunal respondió con un severo auto en el que reprochaba al instructor “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” de la participación de Bolaños en esos hechos.

La tercera queja disciplinaria no tiene nada que ver con el caso Begoña Gómez, sino con una causa contra el Ayuntamiento de Madrid que el juez se olvidó de prorrogar. Peinado investigaba una denuncia presentada por Podemos por presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de okdiario.com para un acto sobre movilidad denominado Madrid, capital de la movilidad sostenible.

El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 72.600 euros. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda por 18.500 euros, la cuarta parte de lo abonado a okdiario.com. El medio ultraconservador subcontrató la organización del acto a otra empresa especializada por 22.500 euros. Al no haber prorrogado la instrucción, el magistrado tuvo que archivar el caso. PSOE y Más Madrid lo denunciaron en el Consejo.

Junto a esas tres denuncias se estudiarán otras presentadas por ciudadanos particulares con pocas posibilidades de prosperar. Sea cual sea la decisión que adopte la comisión permanente del Consejo, fuentes de la institución aseguraron el pasado agosto a infoLibre que Peinado goza de una suerte de impunidad disciplinaria derivada de la proximidad de su jubilación, que se producirá de forma automática el próximo septiembre, cuando cumplirá 72 años. Es esas condiciones es imposible de que antes de esa fecha pueda instruirse un expediente contra él dado que la duración media de estas investigaciones ronda el año.  

Para los jueces y fiscales que convocaron una huelga ilegal el pasado julio para protestar contra el proyecto de ley que democratiza el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, el centro público para opositores que crea la reforma en el seno del Ministerio de Presidencia y Justicia supone "un coladero" con el que el Gobierno socialista intentará introducir a jueces y fiscales afines en un estamento muy conservador. La falta de apoyo parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha paralizado la tramitación de la norma en el Congreso, pero el departamento de Félix Bolaños ya ha transformado su Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en una institución de capacitación con 46 preparadores en nómina –todos jueces y fiscales de carrera y en ejercicio– que auxiliarán este mismo año a 100 aspirantes a lograr su plaza en cualquiera de esos cuerpos.

Se trata de un centenar de beneficiarios de las becas Seré del ministerio para facilitar el acceso de los candidatos de economías más modestas. Esas ayudas tienen, en el caso de jueces y fiscales, dos modalidades. La primera es la entrega de una cantidad –hasta 12.000 euros anuales– para seguir el sistema de preparación tradicional, con un juez o fiscal que actúe como preparador privado o matriculándose en una academia particular. En el segundo, parte de esa prestación económica se entrega "en especie" mediante la formación recibida en el CEJ por preparadores reclutados por esta institución que actúan bajo su propio plan de estudios. Sea cual sea la modalidad elegida, tanto las pruebas de acceso como el tribunal de la oposición serán los mismos para todos los candidatos, así que la posibilidad que airea la derecha judicial de seleccionar aspirantes por su ideología no tiene base.

Para ello, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos, que tradicionalmente se encargaba de la formación inicial de fiscales –no de jueces, que van a la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, letrados de la administración de justicia (anteriormente conocidos como secretarios judiciales) y abogados del Estado, inició el pasado julio un "proceso de selección de docentes para la preparación de las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal". Para optar a una de esas plazas se necesita ser juez o fiscal en activo. Los candidatos son elegidos en función de criterios objetivos como los años de experiencia anterior como preparadores; su participación en cursos, jornadas, ponencias o seminarios en centros oficiales de formación en derecho y su antigüedad en la carrera judicial o fiscal.

Cada docente seleccionado de ese modo prepara a un máximo de cuatro aspirantes becados, a los que podrá asistir de forma presencial, telemática o híbrida. El servicio se presta al CEJ y es este organismo ministerial –y no los opositores, como hasta ahora– el que les abona sus retribuciones. Por cada uno de los becarios postulantes a juez o fiscal, los docentes, que compatibilizan esta actividad con el ejercicio jurisdiccional, cobran 300 euros al mes y, en caso de auxiliar en sus estudios a más de uno tendrán que pedir al CGPJ o la Fiscalía General la compatibilidad para realizar labores de preparación por más de 75 horas anuales. Entre los docentes seleccionados, nueve tienen su destino en Madrid, once en diversas provincias andaluzas, dos en Castilla y León, cinco en Galicia, dos en Euskadi, dos en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, otros dos en Canarias, uno en Asturias, dos en Cantabria, dos en Extremadura, uno en Illes Balears y otro en Murcia.

Cuando la preparación sea presencial o híbrida, se realizará "en los espacios que se asignen por el CEJ en cada punto geográfico". Constará de dos sesiones semanales de al menos 30 minutos. Docentes y alumnos podrán utilizar la plataforma de formación del CEJ, así como acceder a la biblioteca virtual y a sus bases de datos jurídicas. El centro también puede impartir un taller de técnicas de comunicación oral y otro sobre gestión del estrés. Los preparadores se encargarán de planificar el contenido de las sesiones, guiar la preparación de los exámenes, realizar un seguimiento de cada uno de los becarios a los que asisten, informar al CEJ de la evolución de cada alumno trimestralmente y participar en las sesiones "formativas y de coordinación" que determine el centro. La disposición del proceso de selección de preparadores plantea, incluso, la posibilidad futura de "exámenes sobre lenguas extranjeras", que no corresponderían a estos profesores.

Estas nuevas funciones, ya creadas por el Ministerio a través de diversas órdenes ministeriales, adquirirán rango legal en caso de que la reforma del sistema de acceso salga adelante en las Cortes. El Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento del las Carreras Judicial y Fiscal busca con estas nuevas atribuciones del CEJ para gestionar las becas y preparar oposiciones garantizar "la eliminación de cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos" a personas "que no cuenten con medios suficientes para ello". La preparación de estos exámenes de acceso dura de media unos cinco años de dedicación exclusiva, lo que impide de hecho obtener ingresos y dificulta el proceso a las franjas menos favorecidas. El centro aspira a complementar la oferta privada y aportará a la preparación "altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia".

La creación de 500 nuevas plazas judiciales por el Gobierno fue un anuncio histórico. Porque respondía a una demanda generalizada en la judicatura de derechas y de izquierdas. Pese a ello, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Isabel Perelló, recibió de uñas la propuesta del departamento que dirige Félix Bolaños, con el que mantiene una tormentosa relación. Esa medida, según sostuvo Perelló el 3 de febrero, "no aborda ni resuelve el problema de fondo", que situó en "el grave déficit de jueces", como si para dar entrada a nuevos efectivos que superen esa carencia no fuera preciso darles previamente el puesto a ocupar. Casi mes y medio después, el Consejo ha enmendado la posición inicial de su presidenta y ha aprobado un informe que, como no podía ser de otra manera, valora muy positivamente la medida del Ejecutivo, que el propio órgano reclamó.

El informe, preceptivo para la aprobación final del decreto con la creación de las nuevas plazas, salió adelante en el Pleno del pasado jueves. Ese incremento que Perelló consideraba insuficiente en febrero, se estima en el estudio del Consejo "imprescindible". "La totalidad de las 500 plazas judiciales cuya creación está prevista en el proyecto de real decreto merecen informe favorable, al estimarse (...) que la creación de todas y cada una de estas plazas tiene carácter imprescindible en orden a lograr los objetivos de mejora perseguidos", dice su texto. "La creación de nuevas unidades judiciales", continúa, "con el déficit actualmente existente, redunda en una mejor prestación del servicio, reduciendo la pendencia y acortando los plazos de resolución y contribuye a garantizar a la ciudadanía la efectiva protección judicial de sus derechos".

Pese a las pegas planteadas por la presidenta nada más hacerse pública la medida, el documento subraya –como hizo Bolaños al anunciarla– que las nuevas plazas obedecen "a una necesidad que el Pleno del CGPJ, en su acuerdo de 9 de julio de 2025 ya evidenció". La enmienda a la totalidad expuesta por Perelló aquel 3 de febrero generó sorpresa en el Ejecutivo, que solo estaba planteando lo que el órgano del gobierno de los jueces le había pedido. Tras el acto, Bolaños recurrió a la ironía: “Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda, y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, dijo el ministro.

La primera autocorrección de Perelló a su inicial oposición a la histórica medida se produjo solo dos semanas después de su sorprendente discurso. El 18 de febrero, el CGPJ acordó con el Ministerio la convocatoria para este año de 375 plazas para juez entre opositores y otras 125 para magistrado escogidos por concurso entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de experiencia profesional (el "cuarto turno"), para dar cobertura a las 500 nuevas plazas.

Las nuevas vacantes se cubrirán por concurso de traslado, pero claro, dejarán su correspondiente hueco en la base de la pirámide judicial. Con estas nuevas convocatorias de ingreso, el Gobierno consigue que se cumpla el cálculo legal de que una de cada cuatro nuevas plazas se cubra con juristas. Esa previsión ha sido sistemáticamente postergada por el órgano de gobierno de los jueces (el único que puede convocar "el cuarto turno"), hasta el punto de que en la plantilla total, los seleccionados por esa vía no llegan al 10%.

El documento informa a favor de todos y cada uno de los nuevos puestos, aunque plantea otros nuevos. En el Supremo, por ejemplo, reitera la necesidad de dos nuevas plazas en la Sala de lo Social –la que se encarga de los asuntos laborales y de la Seguridad Social–. También en la Audiencia Nacional, en la que "se valoran e informan positivamente" las cuatro nuevas plazas a crear en la Sala de lo Penal y los dos nuevos puestos para la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia (los antiguos juzgados centrales de instrucción), pero se reclaman tres plazas más para su Sala de lo Contencioso-Administrativo "por la elevada carga de trabajo, pendencia y complejidad de las materias que llegan a su conocimiento".

Y lo mismo con otros tribunales inferiores. Pero el Consejo no quiere que se sustituyan por las propuestas, sino que se sumen. Es decir, "que las previstas en el proyecto de real decreto se mantengan y se incluyan las que se han sugerido". El ministerio tiene previsto un nuevo decreto en 2027 a través del que se crearán otras 500 unidades judiciales más, según informaron a infoLibre fuentes de Justicia. Serán 1.000 las nuevas plazas en solo dos años, lo que pondrá a España a nivel de la media europea en la ratio de jueces por habitante.

La desautorización de la posición planteada por Perelló el pasado 3 de febrero –durante la entrega de despachos de la nueva promoción de la Escuela Judicial– es aún más patente si a la opinión del Consejo se suma la del resto de órganos judiciales consultados. Para la elaboración del informe, el órgano de gobierno de los jueces pidió la opinión de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. "La valoración general en todos estos informes es muy positiva en cuanto que la creación de plazas era una acuciante necesidad que (...) venían reclamando reiteradamente".

Era pues, una reclamación de toda la judicatura que, inexplicablemente, la presidenta del Consejo no quiso o no supo ver cuando el Ejecutivo la comunicó.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han acordado este miércoles la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, una reivindicación histórica de la carrera fiscal, que se suma a las 500 plazas para jueces y magistrados anunciadas hace unas semanas, según recoge EFE.

Así lo ha avanzado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia tras mantener una reunión con la Fiscala General del Estado, Teresa Peramato.

El Gobierno va a aprobar, a petición de la Fiscalía, un real decreto para crear 200 nuevas plazas en la carrera fiscal del país, "el mayor numero nunca creado" y que pondrá solución a uno de los déficit que tiene la Justicia en España, según ha destacado Bolaños.

El titular de Justicia ha recordado que hace unas semanas el Gobierno ya anunció la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, 375 por oposición y 125 por el cuarto turno. "De esta manera, vamos a convocar en este año una macroconvocatoria de oposición de jueces, magistrados y fiscales en nuestro país, una oposición a la carrera fiscal y judicial, una macroconvocatoria con 700 plazas", ha destacado.

Y ha insistido en que "nunca en la historia de la democracia se ha hecho nada ni parecido" y que esto es posible gracias a la Ley de eficiencia de la Justicia, porque -ha detallado- con el modelo anterior obligaba que cuando se creaba una nueva plaza de juez, había que crear un juzgado unipersonal, con un coste de medio millón de euros, mientras que ahora con los tribunales de instancia el coste es de 100.000 euros.

La oposición y desconfianza que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, manifiesta públicamente contra las reformas y propuestas en materia judicial del Gobierno cada vez que tiene ocasión se percibe también en sus iniciativas en el órgano de gobierno de los jueces. Perelló, que llegó al cargo con la etiqueta de progresista, maniobra con los 10 vocales del sector conservador y con el díscolo propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, para colocar a personas afines al grupo de consejeros propuesto por el PP en cargos clave para iniciativas del Ejecutivo como la próxima creación de 500 plazas judiciales –anunciada por el ministro Félix Bolaños en enero– o el actual proceso de implantación de los tribunales de instancia que han sustituido a todos los juzgados unipersonales un año después de la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Se trata, este último, de un proceso complejo en el que, además del Consejo y el Ministerio, participan 12 Comunidades Autónomas que deben dotar de medios a esos tribunales en sus respectivos territorios.

El sector progresista ha conseguido parar la última jugada de este tipo de la presidenta. La máxima responsable del órgano se alineó otra vez con los conservadores y Preciado para excluir al vocal progresista Luis Martín Contreras de la copresidencia (que ostenta junto al Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo) del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). Se trata de un organismo en el que están representados, además del Consejo y el Gobierno, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades con competencias transferidas en materia de justicia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana) y que es fundamental para asegurar la implantación de los tribunales de instancia, los que sustituyen a los juzgados unipersonales, por aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, en vigor desde enero de 2025.

El CTEAJE que copreside Martín Contreras es un órgano fundamental para la total transformación de la estructura judicial española que impone esa ley. Esta reordenación pasa por despojar los órganos unipersonales de sus respectivas oficinas judiciales para unirlos en un solo tribunal y así centrar a los jueces en su labor de juzgar, favorecer su especialización, y facilitar las sustituciones y la creación de nuevas plazas cuando sea necesario (que ya no tienen que ir acompañadas de toda la estructura burocrática de un juzgado con la consiguiente inversión). El CTEAJE es quien tiene que homologar y asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de todas las herramientas informáticas en los nuevos tribunales de instancia, así como de las que sirven a los ciudadanos y otros operadores jurídicos como los abogados, fiscales o procuradores para comunicarse con ellos a través de internet. El órgano es esencial para la coordinación de todas las Administraciones competentes en la materia, al estar todas representadas: CGPJ, Gobierno, Fiscalía y Comunidades competentes.

Los progresistas rechazan la salida de Luis Martín Contreras, pero Perelló les ha adelantado ya que los conservadores quieren cambiarlo y que ella y Preciado están de acuerdo con los vocales a propuesta del PP, y les ha conminado a llegar a un acuerdo con ellos. La apuesta implica dejar otra vez al sector progresista en minoría mediante el alineamiento de la presidenta y el vocal de Sumar con los 10 consejeros conservadores (12 votos contra nueve). Se trata de la misma mayoría que dio el control del órgano de gobierno de los jueces a los conservadores el pasado octubre, otorgándoles mayoría en las comisiones más importantes del órgano, lo que provocó una profunda crisis entre los dos sectores de la institución. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar que se mantienen en el sector progresista (todos menos Preciado) han rechazado la maniobra y han conseguido, momentáneamente, que, en el Pleno de este jueves, la propuesta salte del orden del día.

La presidenta, junto a Preciado, ya formó mayoría con los conservadores en la designación de otro cargo clave para las propuestas del departamento de Bolaños. Fue en el último Pleno del pasado enero cuando volvió a votar con los consejeros propuestos por el PP para poner a una jueza de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) al frente de la Sección de Planta Judicial del Consejo. Ese departamento de los órganos técnicos del CGPJ ha adquirido un peso determinante desde que el ministro de Presidencia y Justicia anunciara la creación de 500 plazas judiciales nuevas este año –la mayor disposición de nuevos puestos de la historia–, a las que se sumarán otras 500 en 2027, según fuentes del Ejecutivo.

Pese a que la decisión del Ministerio de crear esas nuevas plazas se adoptó a petición del Consejo y en los tribunales que este propuso hace apenas unos meses, la iniciativa, ampliamente demandada por la judicatura, no gustó en principio a Perelló, que aseguró que la medida "no abordaba ni resolvía" el problema. Al final ha acordado con Bolaños que las nuevas vacantes se cubran mediante la convocatoria por el Ministerio de 375 puestos para opositores y otras 125 para juristas de reconocida competencia que debe sacar el CGPJ. Los nuevos puestos cuya creación ha avanzado el Ministerio suponen un incremento del 16% en solo dos años. La medida dará cumplimiento a una reclamación secular de la judicatura –tanto de derechas como de izquierdas– que equipara la ratio de jueces por habitantes a la media europea.

El alineamiento de Perelló con Preciado y los conservadores volvió a repetirse en el Pleno del 11 de febrero. En esta ocasión, esa mayoría de 12 votos propiciada por ambos sirvió para designar a los vocales que se encargan de las relaciones del Consejo con las asociaciones judiciales. Los progresistas propusieron que la persona que les tocaba por reparto fuera la fiscala Inés Herrero, vocal a propuesta de Sumar, para ejercer esa función junto al conservador José Antonio Montero. Pero la jugada sirvió para que la cuota progresista fuera finalmente cubierta por el propio Preciado al que, a pesar de haber sido propuesto también por Sumar, el resto de progresistas no consideran de su grupo.

Desde la última renovación del CGPJ, en junio de 2024, el bloque conservador no ha tenido ni una sola fisura en su seno a la hora de afrontar las decisiones más importantes lo que ha provocado que, con el apoyo de la presidenta y el vocal progresista disidente, el primer órgano de gobierno de los jueces designado bajo la presidencia de Pedro Sánchez haya basculado a la derecha.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció el pasado jueves un acuerdo con el Gobierno por el que, además de las 91 nuevas plazas judiciales para ese territorio –500 para todo el Estado– que creará en los próximos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se aprobarán otras 90 más a lo largo de 2027. Ese incremento adicional de la planta catalana, que según los republicanos será una herramienta más para luchar contra la multirreincidencia, se enmarca en otro aumento de un total de 500 plazas más el año que viene en todo el Estado. Si lo consigue, el Estado habrá sacado adelante en solo dos años el mayor aumento de puestos para jueces y magistrados de la democracia, con mil plazas más, dando cumplimiento a una reclamación histórica de la judicatura. En un bienio se pasaría de aproximadamente 5.900 plazas a 6.900, un 17% más.

La nota sobre el acuerdo entre el Ejecutivo y ERC difundida por los republicanos explicaba que tanto el incremento previsto para este año (91 plazas en Cataluña, 500 en todo el Estado) como el logrado con el pacto alcanzado el jueves "se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la ley de eficiencia". Fuentes del Gobierno confirman que ese crecimiento de la planta judicial al que se refieren los republicanos no abarca únicamente el real decreto que aprobará el de este año. Los planes del Ministerio de Presidencia y Justicia pasan por elaborar una nueva disposición en 2027 con la que se creen 500 plazas más, entre las que se encuentran las 90 acordadas con la formación que preside Oriol Junqueras, según fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.

El ministerio trabaja ya en la elaboración del real decreto correspondiente a las nuevas 500 plazas a crear este año. El borrador de la norma ha sido enviado al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia –es decir, todas salvo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Murcia, Ceuta y Melilla– para que elaboren sus informes. Pese a que el incremento de plazas judiciales es una reclamación histórica de los jueces españoles –tanto de izquierdas como de derechas–, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, criticó la creación de los 500 nuevos puestos asegurando que "no aborda ni resuelve el problema de fondo". La queja del máximo cargo judicial español se produjo pese a que las plazas se crearán a petición expresa del Consejo que dirige –las reclamó el pasado julio– y en los órganos señalados por esa misma institución.

Crear estos nuevos destinos –tanto los 500 de este año como los 500 más del que viene– es el primer paso para incrementar la plantilla de jueces, secularmente reducida en España en proporción a la población. El Gobierno, al tener los presupuestos prorrogados, asegura que solo podrá sacar 200 plazas para opositores, como el año pasado y el anterior, y reclama al CGPJ –el único con capacidad para hacerlo– que apruebe una convocatoria de lo que en jerga judicial se denomina "cuarto turno", el sistema de acceso por concurso previsto para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional. Pese a que según establece la ley, el 25% de los jueces españoles debería ingresar por este sistema, el Consejo se resiste a iniciar el proceso. La última vez que lo hizo fue en 2023. El resultado es que los jueces del "cuarto turno", que deberían ser uno de cada cuatro, no alcanzan el 10% del personal.

En su discurso del 3 de febrero, en el que se quejó del incremento de plazas que había pedido, la presidenta del CGPJ avanzó que no cooperaría para cubrir los nuevos puestos creados a demanda de su órgano, con sus propios medios, es decir, con convocatorias para seleccionar magistrados a través del "cuarto turno". Fuentes del Ejecutivo aseguran que, al contrario que el ministerio, el gobierno de los jueces cuenta con presupuesto propio que le permite sacar las plazas que sean necesarias, además de tener la obligación de llenar ese déficit de jueces procedentes de otras profesiones jurídicas con 10 años de experiencia hasta llegar a ese 25%. Perelló se alinea así de nuevo con los vocales a propuesta del PP que reclaman al Ejecutivo que convoque más plazas para opositores. Este último método, dar entrada a opositores jóvenes y sin ningún tipo de trayectoria previa, es el sistema favorito de la derecha judicial al constituir el vivero de las principales asociaciones conservadoras.

Pese a la escenificación pública por parte de Perelló de su nuevo choque con el Ejecutivo, el Ministerio y el Consejo continúan con las negociaciones para decidir cómo se cubrirán finalmente las nuevas plazas una vez que estén creadas. Si el Consejo, como anunció Perelló, se niega a colaborar en este paso histórico necesario para poner el sistema judicial español a la altura del resto de Europa, los puestos tendrán que proveerse con sustituciones ordinarias (jueces que acepten cubrir varias plazas con un incremento salarial), magistrados suplentes (seleccionados entre juristas por las salas de gobierno de los tribunales superiores de cada comunidad) y jueces en expectativa de destino recién salidos de la Escuela Judicial y que, al no haber plaza para ellos, quedan a disposición del CGPJ.

Pese a las resistencias y las críticas de Perelló y los vocales conservadores, tanto el Gobierno como el sector progresista del Consejo dan por seguro que el informe preceptivo del órgano de gobierno de los jueces será favorable. Lo contrario sería oponerse a una medida que trata de solucionar una necesidad estructural de la judicatura española y ampliamente demandada por el cuerpo y todas las asociaciones corporativas conservadoras y progresistas. Rechazar un real decreto que atiende una reclamación secular como esa y hecho a petición y a medida del propio Consejo, sería una posición difícilmente explicable.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial criticó el pasado 3 de febrero el histórico incremento de 500 plazas judiciales que se dispone a aprobar el Gobierno pese a que ese aumento es una reclamación histórica de la judicatura que, además, había reiterado el Consejo que ella dirige el año pasado. Pero hubo una segunda razón por la que su discurso durante la entrega de despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial causó una enorme sorpresa en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Perelló compró con sus palabras la teoría conspirativa que agita la derecha política y judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez: que el Ejecutivo pretende rebajar el nivel de exigencia de las pruebas para entrar en las carreras judicial y fiscal.

En su alocución a los nuevos miembros de la carrera, la presidenta aprovechó cada minuto para alabar el sistema actual, una oposición puramente memorística y de recitación de origen decimonónico, que aparta de la sociedad durante casi un lustro a los candidatos, no da nada a los que no la superan tras el esfuerzo y afecta en muchos casos a su salud mental. "Habéis llegado a la condición de juez únicamente por vuestro esfuerzo y disciplina, al superar unas pruebas objetivas que garantizan el pleno conocimiento y el dominio del ordenamiento jurídico, y por ello, no debéis nada a nadie", afirmó Perelló obviando que ni la capacidad deductiva, ni la de relacionar conceptos, ni los idiomas, ni las habilidades de redacción ni la aptitud psicológica se evalúan en el proceso de selección.

Después, en lo que pareció una referencia al proyecto de ley orgánica que tramita el Congreso para la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que introduce pequeños cambios en las pruebas de ingreso actuales, se ató al mantra que las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras (todas menos Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales) sostuvieron para declarar una huelga ilegal el pasado julio. "Tampoco cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman", dijo Perelló, que compartía mesa presidencial con el Rey y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Solo le faltó añadir lo que sostiene sin ningún fundamento la derecha judicial y fiscal: que ese menor nivel para acceder a la carrera busca abrir la puerta a jueces afines al Ejecutivo.

La realidad es que la norma deja la organización de las pruebas al mismo organismo que las gestiona actualmente –la comisión de selección– que propone el temario, el contenido de los ejercicios de las pruebas de acceso y las normas complementarias, además de nombrar a entre dos y tres de los miembros de los tribunales que evalúan a los aspirantes. En esa comisión es el Consejo el que tiene la mayoría al designar a cuatro de sus ocho miembros (un vocal, un magistrado, un técnico de la institución y el director de la Escuela Judicial). De los cuatro restantes, dos los elige la Fiscalía y otros dos proceden del ministerio (el director del Centro de Estudios Jurídicos y un subdirector general). En esas condiciones, si bajara el nivel de exigencia de la oposición o de los concursos para la elección de juristas de reconocida competencia, sería en gran parte achacable al propio Consejo.

Lo mismo ocurre con los tribunales que hacen las pruebas, que tampoco cambian con el proyecto del Gobierno. El presidente se elige por acuerdo del CGPJ y la Fiscalía. El órgano de Gobierno de los jueces designa, además, a dos magistrados e, indirectamente, a través de la comisión de selección, elige a un catedrático y a un abogado de entre las ternas que le envían el Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El Ministerio Público aporta dos fiscales, mientras que el ejecutivo elige solo a dos: un abogado del Estado y un letrado de la Administración de Justicia (el cuerpo que anteriormente se conocía como secretarios judiciales). ¿Qué sentido tiene rebajar la exigencia de la oposición si los que la organizan y los tribunales que tienen la última palabra sobre los que aprueban o no son en su mayoría jueces y fiscales entre otros cargos del Consejo?

Que las sospechas lanzadas por Perelló –que el Gobierno pretende reducir el nivel de exigencia para convertirse en juez– carecen de fundamento se deduce también del informe elaborado por el propio Consejo que preside sobre el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces, avaló por unanimidad (es decir, también con el voto de la presidenta), la reforma con la inclusión de algunas objeciones y propuestas de mejora. Pero ni los progresistas, ni los conservadores, ni la propia Perelló afirmaron en ese informe preceptivo para la reforma que se estuviera facilitando el acceso a la judicatura (y la Fiscalía).

El sistema de oposición vigente supone, básicamente, recitar más de 300 temas como un papagayo ante un juez preparador que, a menudo, cobra en sobres. Pasar una media de cinco años encerrado diez horas al día memorizando leyes y sentencias que están al alcance de todos en bases de datos desde hace lustros sin ningún contacto con la realidad en lo mejor de la vida. Con el riesgo de que sea un esfuerzo que vaya a la basura, en caso de no sacar la oposición. No valorar los idiomas, ni las habilidades prácticas, ni la capacidad de redacción o motivación. Tampoco los conocimientos sociales, políticos o económicos. Sin un examen psicológico previo.

El proyecto de ley orgánica, actualmente en tramitación parlamentaria, pero estancado por la falta de apoyos del Ejecutivo, generaliza las becas para opositores que hasta ahora aprobaba el Gobierno y las incrementa hasta el Salario Mínimo Interprofesional. También establece el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el equivalente a la Escuela Judicial para los fiscales y otros cuerpos jurídicos estatales, como centro público y oficial de preparación "que complementa la oferta privada aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia", según la exposición de motivos. Es decir, que el que quiera seguir con el modelo tradicional de pagar a un juez para ese proceso, podrá hacerlo como hasta ahora. Eso sí, esos jueces tendrán que pedir permiso al CGPJ para desarrollar esa segunda actividad, lo que acabaría con la opacidad.

En cuanto a los ejercicios concretos, el anteproyecto reduce a una las pruebas orales, que "en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística". En ella, los candidatos deberán mostrar sus "competencias técnicas y analíticas" así como "una preparación técnico-jurídica suficiente concretada en el conocimiento de la norma jurídica", pero también "analizando con corrección los problemas que plantean y obteniendo conclusiones generales". A ella se suma "una prueba escrita eliminatoria" consistente en la resolución de uno o varios casos prácticos. En este segundo examen se valorará la "capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto o supuestos que se sometan a su valoración".

El proyecto obliga, además, a convocar al mismo tiempo las oposiciones a juez y los concursos para la selección de magistrados procedentes de profesiones jurídicas con más de 10 años de experiencia. La ley establece desde 1985 que una de cada cuatro plazas debe cubrirse con estos expertos juristas, pero el Consejo, que es el órgano que puede abrir el proceso, se resiste a convocarlo (no lo ha hecho desde 2023), lo que ha provocado que, en lugar de suponer el 25% de la plantilla, no lleguen al 10%. Esta resistencia ha vuelto a provocar un conflicto entre el Consejo y el Ejecutivo, que reclama al órgano de gobierno de los jueces que inicie de una vez ese proceso para cubrir parte de las 500 nuevas plazas que se crearán en los próximos meses. La derecha judicial siempre ha preferido a jueces de carrera procedentes de la oposición que, tradicionalmente, han supuesto el vivero de las asociaciones más conservadoras.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en su cuenta de X que se querellará contra Víctor de Aldama, el empresario investigado por el caso de las mascarillas junto a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Aldama fue entrevistado la noche del pasado miércoles en el programa El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid. Allí, aseguró sin aportar ningún tipo de prueba que el ministro intentó sobornarle. "El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación para ofrecerme mucho dinero para que yo me callara", recalcó.

Bolaños confirmó su querella en una respuesta en redes a un mensaje de la cuenta oficial del Partido Popular que le preguntaba al ministro si era verdad que conocía a Víctor de Aldama. "No conozco a este señor ni a su Dircom", aseguró Bolaños que aprovechó para preguntar al PP si le iban a pedir perdón por "propagar este bulo".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "discurso político" las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que ayer denunció "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas" a los jueces, según informa EFE.

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, Bolaños ha expresado su respeto "a los discursos políticos que se leen" tras ser preguntado por las críticas ayer de Perelló en Barcelona, en la entrega de los despachos a los 121 integrantes de la 74 promoción de jueces, en un acto presidido por el rey Felipe VI.

La presidenta del CGPJ afirmó que la creación de 500 plazas judiciales "no aborda ni resuelve el problema de fondo" del "déficit" de jueces y pidió protección para el colectivo ante "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas".

El ministro de Justicia se ha mostrado, además, sorprendido por "el lugar" en el que se hicieron estas críticas, en presencia del rey.

"Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, conceda la creación de 500 nuevas plazas de jueces y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso. No hay que perder la paciencia", ha bromeado.

El ministro ha advertido, no obstante, de que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte" y ha asegurado que desde su departamento seguirá trabajando en las reformas que necesita la Justicia.

"A nosotros en el inmovilismo no nos van a encontrar, nos van a encontrar en las reformas que necesita la Justicia y vamos a seguir trabajando para implementarlas porque son imprescindibles para que tengamos una justicia de calidad del siglo XXI y bien valorada por la ciudadanía", ha concluido.

Dirige un órgano constitucional y es la sexta autoridad del Estado. Pero desde que Isabel Perelló accedió a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no ha dado una sola entrevista en medios de comunicación. Sin embargo, aprovecha cada discurso en sus actos protocolarios para meter el dedo en el ojo al Gobierno. Este martes, el escenario ha sido la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. La presidenta ha asegurado que la creación de 500 plazas judiciales –la mayor de la historia– anunciada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a petición del propio CGPJ, "no aborda ni resuelve el problema de fondo". Perelló ha alertado del "grave déficit de jueces", pero se queja de que el Ejecutivo cree los puestos necesarios para paliarlo y anuncia que su organismo carece de competencias para colaborar en el proceso en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las palabras de la presidenta del Consejo han causado un profundo impacto en el sector progresista del Poder Judicial y también en el Gobierno, presente en el acto. El déficit de jueces por habitante en España respecto a los países europeos de nuestro entorno es una queja secular de la judicatura. De la de derechas y de la de izquierdas. Para paliarlo, en primer lugar, hay que crear las plazas judiciales necesarias para que después se puedan cubrir con nuevos jueces. El propio CGPJ reclamó al Gobierno el año pasado 507 nuevas plazas y señaló los tribunales concretos en los que había que crearlas. El Ejecutivo anunció hace dos semanas la creación de 500 nuevos puestos en lo que supone el mayor incremento jamás aprobado. El departamento de Bolaños siguió, además, el criterio del Consejo y los situó en los destinos en los que el órgano de gobierno de los jueces se lo reclamaba. A Perelló, ahora, le parece, sin embargo, una mala idea.

"El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo", ha dicho Perelló ante el rey y Bolaños. "Aun cuando se amplía el número de plazas o despachos, no incrementa el número real de jueces disponibles. Se crean plazas adicionales, pero sin aumentar a la vez el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando". Es decir, que si antes el problema era que no había suficientes plazas judiciales, ahora el obstáculo va a ser cómo cubrirlas, porque de no hacerlo, el atasco judicial no irá más que en aumento –por culpa del Gobierno, según la presidenta– con más puestos a cubrir con la misma plantilla. Lo dijo como si el organismo que dirige no tuviera herramientas para el ingreso de más plantilla para los nuevos puestos.

En España existen dos métodos principales para ingresar en la judicatura. El primero es el turno libre, la oposición pura y dura, cuatro o cinco años recitando de memoria como un papagayo, desconectado de la sociedad y pagando los servicios de un preparador que normalmente es un juez o fiscal que completa así sus ingresos mensuales. El segundo es el denominado "cuarto turno", por el que, en teoría, deberían cubrirse una de cada cuatro plazas mediante un concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia (abogados, catedráticos, fiscales, letrados de la administración de justicia, registradores, abogados del Estado...) con más de 10 años de experiencia.

Esta segunda vía ha sido sistemáticamente postergada por los sucesivos Consejos que se han negado a convocar esas plazas como impone la ley. El 25% de la judicatura debería estar formada por juristas con experiencia previa en otros campos, pero la resistencia del CGPJ a facilitar su entrada hace que no lleguen al 10%. Fuentes del Ejecutivo aseguran que las plazas que el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método de ingreso superan las 700 desde la aprobación de la reforma legal que lo introdujo en 1985. La institución que dirige Perelló es la única que puede garantizar que exista ese porcentaje de magistrados procedente de otras profesiones jurídicas, porque es la única competente para convocar los concursos con los que acceden a la carrera. Mientras que las plazas de juez previstas para opositores se ofertan cada año –las convoca conjuntamente el Gobierno y el Consejo– , las previstas para juristas con más de 10 años de ejercicio profesional –que convoca exclusivamente el Consejo– salieron por última vez en 2023.

La coyuntura parlamentaria actual del Gobierno le impide cubrir mediante opositores las 500 plazas que va a sacar. El problema es la falta de apoyo para aprobar los Presupuestos, que ha obligado a prorrogar los de 2023, en los que solo se previó una convocatoria para 200 aspirantes. El proyecto de ley de las nuevas cuentas del Estado que, por el momento permanece paralizado, prevé la convocatoria, en 2026, de 400 plazas por ese método, pero mientras no se apruebe, se quedarán en la mitad. El CGPJ, sin embargo, carece de esas restricciones financieras al ser un órgano constitucional con presupuesto propio, por lo que, según fuentes del Gobierno, del propio Consejo y de las asociaciones judiciales, podría perfectamente aprobar una nueva convocatoria del cuarto turno. Solo el Consejo puede conseguir que un cuarto de los jueces procedan de otras profesiones jurídicas como establece la ley, pero se niega a hacerlo.

Sin embargo, Perelló, en su discurso de este martes, ha anunciado lo contrario. Que el Consejo que preside no tiene la menor intención de paliar esta falta de jueces que denuncia mediante los mecanismos a su alcance. "El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces", ha afirmado. Después ha lanzado un dardo al ministerio que atendió su petición de crear 500 plazas: "Es necesaria una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional". Es decir, que, según la presidenta, pese a que los nuevos puestos se crean a petición del Consejo, todo se ha hecho mal. La preferencia de Perelló por los opositores en lugar de por los juristas de reconocida competencia casa con la de la derecha judicial. Una gran parte de los que ingresan en la carrera por oposición acaba en las asociaciones profesionales más conservadoras y corporativas.

La presidenta del CGPJ es consciente de que una convocatoria de cuarto turno es, actualmente, la vía más rápida para cubrir las nuevas plazas creadas por el Gobierno con magistrados estables y de carrera. Si no se sacan esas plazas habrá que recurrir a las sustituciones ordinarias –que el titular de una plaza ejerza las funciones de otra por un salario mayor–, los jueces recién salidos de la Escuela Judicial y en expectativa de destino o los jueces sustitutos. Así se lo transmitió el departamento de Bolaños al Consejo en una reunión que mantuvieron el pasado 27 de enero. Los dos vocales conservadores que asistieron al encuentro, como parece hacer ahora Perelló, reclamaron que el Gobierno convocara oposiciones, algo que, con presupuestos prorrogados, asegura que no puede hacer.

En esas conversaciones el Ejecutivo explicó que sus intenciones son convocar en los próximos tres años un total de 2.600 plazas que, teniendo en cuenta las jubilaciones previstas para ese período (1.000), supondrían un aumento de la plantilla judicial de 1.600 personas (de los 5.900 actuales se pasaría a 7.500). La idea es convocar cada año 360 plazas para opositores y 120 para juristas de reconocida competencia. Otras mil plazas serían cubiertas por los jueces sustitutos que se acojan a un proceso de regularización de su situación laboral. El problema es que, para que esos planes se conviertan en realidad tendría que aprobarse el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal –el que reforma el sistema de acceso a ambos cuerpos– que, sin embargo, como los Presupuestos, se encuentra paralizado ante la falta de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento.

Desde la Transición hasta el final de la actividad de ETA en 2011, el terrorismo convirtió el País Vasco en uno de los destinos menos deseados por jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia (denominados anteriormente secretarios judiciales) y demás personal al servicio de juzgados y tribunales. El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) asignó en 1981 33 viviendas propiedad de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda al Ministerio de Justicia para que las utilizara como un incentivo que atrajera a todo el personal de esos cuerpos a los juzgados y tribunales de Euskadi gracias a la posibilidad de ocuparlas de manera gratuita.

Durante los últimos 44 años, el presidente de turno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la máxima autoridad judicial en ese territorio, ha sido quien ha establecido y aplicado los criterios por los que se decidía quiénes ocupaban esas viviendas y quien ha autorizado su uso a sus ocupantes. El pasado 10 de septiembre el Ministerio de Justicia decidió recuperar los inmuebles con la idea de acabar con ese privilegio que, 14 años después del cese de la actividad de la banda y cuando se cumplen siete de su disolución definitiva, había perdido el sentido.

Además de este incentivo, el personal de estos cuerpos judiciales, tuvo otros fundamentados en la violencia y el rechazo que generaban en parte de la sociedad. Jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia fueron considerados objetivos de ETA desde el asesinato a tiros del magistrado de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón en 2001. Por esa razón, los destinados en el País Vasco y Navarra obtuvieron un plus salarial (todavía previsto en la ley que regula sus retribuciones) similar al que cobran los que ocupan plazas en Canarias, Ceuta o Melilla. Las medidas estatales para atraerlos a Euskadi se compaginaban con otras del Gobierno vasco. Una de ellas fue la subvención de parte de los intereses de las hipotecas de los jueces que compraran una vivienda en cualquiera de las provincias vascas.

Los 33 pisos pertenecientes al Ministerio de Justicia los administraba desde 1981 el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (plaza que actualmente ocupa Iñaki Subijana). Tras el final de ETA, su existencia comenzó a ser percibida por la judicatura y la fiscalía vasca como un privilegio muy polémico entre los integrantes de ambas carreras. El resto de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que tienen que sufragarse sus propias viviendas en régimen de propiedad o alquiler como cualquier otro ciudadano lo veían como un agravio comparativo, según fuentes judiciales vascas. El salario mínimo de un juez nada más ingresar en la carrera supera los 45.000 euros brutos al año.

44 años después de que se pusieran a disposición del Tribunal Superior y 14 tras el fin de las acciones de la banda terrorista, el Ministerio ha decidido recuperar el control de esos inmuebles, mediante una resolución aprobada el pasado 10 de septiembre. La decisión devuelve al Gobierno "la competencia en materia de autorización y revocación del uso de las viviendas". Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños explican que el siguiente paso será revocar su adscripción a Presidencia y Justicia para que vuelvan a quedar a disposición de Patrimonio del Estado. Este trámite se hará a medida que los actuales ocupantes de los inmuebles los vayan abandonando por cambios de destino o cualquier otra circunstancia.

Fuentes del Ejecutivo explican que la idea es que todo ese patrimonio inmobiliario pase ahora a la nueva empresa estatal de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Casa 47. Entre las funciones de esta entidad está la creación de parque estatal de vivienda asequible y protegida para siempre. Dicho parque se nutrirá inicialmente de viviendas y suelos procedentes de diversos organismos públicos de los diferentes ministerios que se sumarán a otros 40.000 inmuebles procedentes de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Jueces de izquierdas y de derechas, de manera sistemática y prácticamente desde la llegada de la democracia, han demandado a los sucesivos Gobiernos que resuelvan el déficit de jueces por habitante que sufre España en comparación con el resto de democracias europeas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto en los próximos seis meses dar un enorme salto en esa dirección con la creación este mismo año de 500 nuevas plazas judiciales, el mayor incremento desde la aprobación de la Constitución. Sin embargo, la noticia no ha sido bien acogida por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ministerio de Justicia propone que gran parte de las vacantes se cubran mediante convocatorias para juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia, el denominado "cuarto turno". Los vocales a propuesta del PP, sin embargo, lo rechazan y exigen a su titular, Félix Bolaños, que incremente las convocatorias de acceso por oposición, el vivero tradicional de la derecha judicial, algo que el Gobierno no puede hacer sin unos nuevos presupuestos.

El ministerio ya está trabajando con el Poder Judicial y las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas para elaborar el real decreto que creará las nuevas plazas. Fuentes del Ejecutivo aseguran a infoLibre que prevén aprobar esa norma en un plazo de seis meses, una vez que reciban los informes del órgano de gobierno de los jueces y de los Ejecutivos autonómicos. Para la cobertura de las vacantes –que irán a los tribunales más atascados que ha señalado el propio Consejo–, Justicia se enfrenta, sin embargo, a dos problemas. El primero es la aprobación de la reforma del sistema de acceso –el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal–, paralizado en el Congreso por la actual falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo. En caso de que se apruebe, el departamento de Bolaños prevé incorporar 480 nuevos jueces anualmente en los próximos tres años, además de iniciar un proceso de estabilización que daría entrada a unos 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La plantilla judicial se incrementaría, en ese caso, en 1.600 personas en el próximo trienio, teniendo en cuenta las jubilaciones que se produzcan.

El segundo problema al que se enfrenta el Ejecutivo para contratar nuevos jueces es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Los últimos, que se aprobaron en 2023, preveían la convocatoria anual de 200 plazas y ese mismo número será el que se oferte este año en caso de que no haya nuevas cuentas. El proyecto de Presupuestos para 2026, por ahora paralizado, contempla una convocatoria de 400 puestos. Cuando se aprueben las 500 nuevas plazas judiciales, en unos meses tendrán que ser cubiertas mediante los correspondientes concursos de traslado y nombramientos discrecionales (tres corresponderán a las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo). Los sucesivos huecos que se creen deberán ser ocupados por jueces o magistrados recién ingresados en la carrera, mediante sustituciones ordinarias (en las que un juez ve aumentado su sueldo por cubrir varias plazas) o con jueces sustitutos (en España hay alrededor de un millar que suplen las ausencias y bajas de sus compañeros de plantilla).

La solución que el pasado martes propuso el Ejecutivo –a través del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo– al CGPJ fue que gran parte de las nuevas vacantes se cubran mediante magistrados correspondientes al cuarto turno, es decir, seleccionados mediante concurso de méritos de entre abogados, letrados de la administración de justicia, profesores de universidad y otras profesiones jurídicas que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial deben ocupar uno de cada cuatro puestos. El Consejo tiene la obligación legal de convocar esas plazas como mínimo cada dos años pero la incumple sistemáticamente. Mientras las plazas de juez a cubrir por oposición se sacan puntualmente cada año, la última convocatoria del cuarto turno –magistrados procedentes de otras profesiones jurídicas– es de 2023. Fuentes judiciales aseguran que, en los últimos ejercicios, el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método 307 plazas de magistrado. Si a ellas se suman las de los jueces en expectativa de destino que salen cada año de la Escuela Judicial, las 500 nuevas plazas que prevé crear el Ejecutivo quedarían prácticamente ocupadas.

Los vocales a propuesta del PP José Eduardo Martínez Mediavilla y José María Páez, ambos de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), plantearon al número dos del Ministerio este martes un método alternativo: que se incremente el número de plazas de la actual convocatoria de acceso por oposición, algo que el Ejecutivo considera que, con los Presupuestos prorrogados, no puede hacer. Es decir, que el sector conservador del CGPJ no quiere que se cubran con profesionales de reconocida competencia ya formados y procedentes de otras profesiones, sino con jueces recién ingresados y sin experiencia previa que emplean una media de cinco años de estudio exclusivamente memorístico asistidos por otro juez o fiscal que actúa como preparador (en una segunda ocupación que en muchas ocasiones les proporciona ingresos extra en negro) tras su paso por la Escuela Judicial.

Las fuentes judiciales consultadas explican que la razón por la que la derecha judicial prefiere la oposición al cuarto turno es que los seleccionados por el primer método constituyen el principal vivero de asociados para los principales colectivos conservadores (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que sostiene que es apolítico pese a que toda la carrera, el CGPJ y gran parte del Parlamento lo sitúan a la derecha). El Consejo, que entre 2013 y 2024 estuvo dominado por los vocales de derechas, se resistió a cubrir el 25% de plazas que según la ley están reservadas para juristas. Actualmente no llegan al 10% de la plantilla total de la carrera. Los actuales vocales a propuesta del PP (10 de los 21 miembros del Consejo tras la renovación de 2024) pretenden dar ahora esa misma batalla.

Este martes, Junts, PP y Vox han rechazado la propuesta de subida de pensiones presentada ante el Congreso por el Gobierno. La iniciativa de aumentar estas ayudas en un 2,7% se incluía en el decreto de escudo social junto a otras medidas, como las de proteger a familias vulnerables ante desahucios o la congelación de las cuotas de los autónomos, con las que los partidos de la derecha y extrema derecha no estaban de acuerdo. Por ello, los de Puigdemont, Feijóo y Abascal han bloqueado la aprobación del decreto, solicitando al PSOE y sus socios de gobierno que presenten de nuevo la medida, pero esta vez en solitario.

Este bloqueo en el Congreso ha despertado numerosas críticas entre las personalidades políticas, siendo calificado en numerosas ocasiones como una "irresponsabilidad" política. 

El Gobierno, por su parte, se ha dirigido a la ciudadanía con un mensaje de tranquilidad para los más de 10 millones de pensionistas del país, y ha garantizado que va a trabajar "intensamente" para cumplir sus compromisos con el colectivo. Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: "El Gobierno quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país", han señalado las mismas fuentes, al tiempo que han dejado claro que "el cobro de las pensiones en el mes de enero, incluida la revalorización prevista, están asegurados porque la norma estaba vigente hasta hoy".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al Partido Popular de tomar como "rehenes" a los jubilados al votar en contra de la subida de sus pensiones, pero ha garantizado que, frente a esa actitud, peleará por seguir aumentando esas prestaciones.

"Lo ha vuelto a hacer otra vez", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, quien ha recordado que en 2013 el Partido Popular ya congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios y ha ido votando en contra de las actualizaciones de las pensiones conforme al IPC.

A su juicio, es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir España tengan pensiones dignas, y, por ello, ha asegurado: "Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este martes que "hoy es el día de recordar quién ha perjudicado a los pensionistas". Bolaños había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el texto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos".

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha arremetido contra el PP por "arrebatar" a los pensionistas los 50 euros de media de más que ya estaban cobrando en sus nóminas. "En el PP no podían ni aplaudir derrotando al Gobierno de España porque sabían que lo que estaban votando era una vergüenza", ha agregado Díaz.

Ha asegurado que la situación se va a poder reconducir y ha insistido en reprochar a PP y Vox que hayan "golpeado" a los trabajadores y a los pensionistas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha calificado de "inexplicable e irresponsable" que PP, Vox, Junts y UPN hayan votado en contra de la convalidación del real decreto-ley 'ómnibus'. "Resulta inexplicable el voto en contra de un RDL (real decreto-ley) que protege a quienes más lo necesitan, que prohíbe los cortes de suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables y mantiene los descuentos del bono social eléctrico", ha escrito Aagesen en su perfil de la red social Bluesky.

Otra votación de infarto en el Congreso. El Gobierno logró sacar adelante el decreto que prorroga las ayudas a los transportes públicos gracias al 'sí' final de Junts, pero, en cambio, los de Carles Puigdemont se unieron al PP y a Vox para tumbar el decreto del escudo social, en el que figuraba la subida de las pensiones.

Los dos decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre y entonces el Ejecutivo entendía que podía contar con los votos suficientes para ratificarlos en la Cámara Baja al contener medidas de mejora para el día a día de todos los ciudadanos.

El decreto del escudo social, que ha decaído este martes, incluía, por ejemplo, la revalorización de las pensiones (con un incremento a nivel general del 2,7%), la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la prohibición del corte de suministros básicos para estos hogares, la concesión de coeficientes reductores de jubilación para los bomberos forestales, ayudas para afectos por los incendios y la dana e incentivos fiscales para la compra de coches eléctricos.

Tanto el Partido Popular como Junts exigieron durante el debate al Gobierno que presente un decreto único con la subida de las pensiones para apoyarlo, pero, en cambio, se mostraron en contra de medidas sociales contra los desahucios al entender que se favorece a los okupas.

El Gobierno se enfrentó a una situación similar el año anterior cuando las derechas unieron también sus votos para hacer caer un decreto ómnibus en el que se incluía la subida de las pensiones. Finalmente el Ejecutivo presentó otro texto, sacando algunas medidas, y salió adelante en el Congreso sin que los pensionistas sufrieran un retraso en ese incremento conforme al IPC.

El Ejecutivo no ha especificado qué piensa hacer a partir de este momento, pero fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre remarcan "que van a solucionar los problemas que genera la derecha a los ciudadanos". La coalición podría aprobar un nuevo decreto en los próximos días, aunque también cabe la posibilidad de que lo haga más adelante pero incluya con carácter retroactivo el incremento de la siguiente nómina.

En cambio, sí ha salido adelante el decreto de transportes, que recoge la prórroga de las ayudas vigentes el pasado año como en el ámbito de los servicios estatales de autobús la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de diez viajes con un 40% de descuento y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

En cuanto a los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, se prorroga igualmente la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos. Estos últimos con una novedad: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiará este descuento independientemente de que la administración competente decida financiar un 20% adicional o no.

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de defender los textos ante la Cámara Baja (Óscar Puente, del que dependía el decreto de transportes se encontraba en La Moncloa dando la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros). El socialista, ante los diputados, defendió que el escudo social "continúa la senda de proteger a personas con dificultades gracias al crecimiento económico" y pidió a todos los grupos apoyarlo para "no hacer daño" a los ciudadanos.

El déficit español de jueces en relación a la población (11,2 por cada 100.000 habitantes), un dato muy inferior a la media de los países de la UE (17,6), es una de las quejas seculares de la judicatura. El Gobierno pretende acabar con esta anomalía y para ello el Ministerio de Presidencia y Justicia iniciará la semana que viene la elaboración de un decreto que aprobará la mayor creación de plazas judiciales de la historia de España (500). La mayoría de esos nuevos puestos serán para los nuevos tribunales de instancia creados en cada partido judicial por la ley de eficiencia para sustituir a los órganos unipersonales, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha aprobado todavía el reglamento que debe regular el funcionamiento de estos tribunales, en su mayoría ya desplegados. La premura del Ejecutivo, que pretende crear las plazas este mismo año, ha generado malestar tanto en la presidenta del órgano, Isabel Perelló, como en el sector conservador, pese a que el Consejo reclamó 507 nuevas plazas en julio.

El Plan Estratégico para el decenio 2026-2035 de Recursos Humanos en la Carrera Judicial, aprobado por el Consejo el pasado diciembre, recogía en sus conclusiones finales el "déficit estructural de la planta de los órganos judiciales". El documento hacía referencia a un informe aprobado por el Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces que se votó el 9 de julio y en el que se consideraba "imprescindible" la creación de esas 507 unidades judiciales.

El Ministerio de Presidencia y Justicia, que dirige Félix Bolaños, ha atendido esa reclamación y trabaja ya en el mencionado decreto para crear 500 nuevas plazas. Se trata del mayor incremento en la historia de España –en los últimos años giraba en torno a las 70–. El plan gubernamental, que fue adelantado este domingo por El Mundo, es posible gracias a la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que abarata la posibilidad de generar nuevas plazas en los nuevos tribunales de instancia sin tener que acompañarlas de la infraestructura de todo un juzgado con sus funcionarios y sus medios materiales. En los nuevos tribunales, la estructura burocrática es común a todos sus miembros.

Las nuevas plazas se corresponden, en esencia, con las peticiones concretas que trasladó el CGPJ al Ejecutivo, según fuentes de este último. 363 irán a las diferentes secciones de los nuevos tribunales de instancia (de lo Civil, de Instrucción, de lo Penal, Contencioso, Mercantil, Social...) y 85 a las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. En el Alto Tribunal se crean dos nuevas plazas de magistrado para la Sala de lo Civil, la más colapsada, y una más para la Sala de lo Penal. Sin embargo, la histórica iniciativa, hecha a imagen y semejanza de las reclamaciones del Consejo, no ha sido bien recibida por una parte del órgano de gobierno de los jueces. En España hay a día de hoy 5.903 plazas judiciales, así que el incremento planeado por el departamento de Félix Bolaños asciende casi a un 10%.

Fuentes de la institución aseguran que la presidenta Isabel Perelló y algunos de los vocales a propuesta del PP han puesto pegas al plan del Ejecutivo tras conocerlo. Si hasta diciembre el problema era la necesidad de nuevas plazas, cuando al fin se han iniciado los trámites para dotarla, ahora la inquietud es cómo cubrirlas. Desde el Ejecutivo recuerdan que hace tres años que el Consejo no convoca plazas del cuarto turno –las que permiten la entrada en el cuerpo a juristas de reconocida competencia– pese a que uno de cada cuatro miembros de la judicatura debe ser seleccionado de este modo. En la próxima promoción de jueces procedentes de la Escuela Judicial, los que acceden mediante la clásica oposición memorística, estaba previsto que una cuarentena de candidatos quedaran "en expectativa de destino". Con el futuro decreto podrán acceder a una plaza. En caso contrario habrá que recurrir a jueces sustitutos y magistrados suplentes.

La histórica creación de plazas, de las que la mayoría irán a los tribunales de instancia, llega cuando el Consejo todavía no ha adecuado su Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales a esos nuevos órganos, pese a que la ley que los creó fue publicada en el BOE hace más de un año y su última fase de implantación, la correspondiente a las poblaciones más grandes, estaba prevista para el pasado 31 de diciembre. Ese reglamento debe abordar temas centrales como el reparto de asuntos, las guardias, los cambios de titular en cada plaza o las sustituciones, entre otros. Que el Consejo no haya aprobado todavía la reforma reglamento está provocando que cada tribunal de instancia, que abarca todo el término de cada partido judicial, esté improvisando sus propias reglas.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, creó el pasado marzo un grupo de trabajo para abordar el despliegue de estos nuevos tribunales. De él forman parte, además de la máxima responsable del órgano, los vocales progresistas Lucía Avilés, José María Fernández Seijo y Carlos Hugo Preciado (este último propuesto por Sumar pero que suele formar grupo con Perelló y los conservadores), y los conservadores Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez Mediavilla y Esther Rojo. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, desde su creación, su actividad ha sido muy escasa pese a la trascendencia del cambio que impone la ley de eficiencia, que da la vuelta como un calcetín a la tradicional estructura de la justicia en España.