El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado este jueves un mensaje de "confianza y tranquilidad" a los ciudadanos de Ceuta porque, ha asegurado, "el Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad" a la ciudad autónoma.

Bolaños ha comenzado con estas palabras su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, reunida en el Congreso para analizar la gestión del Gobierno ante la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio.

El ministro ha agradecido el trabajo de todos los servidores públicos en la ciudad para conseguir que se recupere la normalidad tras un hecho "indiscutiblemente grave" y ha destacado los objetivos que se marcó el Gobierno desde el primer momento, comenzando por los refuerzos para garantizar los servicios y el orden público.

Ha subrayado también la atención humanitaria a los llegados, "titulares de derechos, seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad", y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo.

Como tercer objetivo ha apostado por garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes, "respetando la ley y el Estado de derecho" y atendiendo cada caso de forma individualizada.

Félix Bolaños también ha advertido al PP y a Vox que "no es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar" en su crisis migratoria.

Bolaños se lo ha dicho a los diputados y senadores del PP y Vox durante su primera intervención, donde ha desarrollado que es el Estado el que tiene que atender la crisis surgida por la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, para recordar a continuación que las autonomías "también son Estado".

El ministro lo ha dicho en el Congreso el mismo día que en el Ministerio de Juventud e Infancia se celebra una conferencia sectorial en la que se vota la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, en la que las comunidades cuyas consejerías del ramo dirige Vox (Castilla y León, Extremadura y Aragón) han plantado a la ministra Sira Rego.

Bolaños ha dicho que todas las comunidades autónomas "seguro que querrían esa solidaridad si tuvieran una crisis migratoria en su territorio".

Además, el ministro ha dicho sobre la crisis de Ceuta que "quien diga que se soluciona en un santiamén, demuestra una ignorancia insuperable", en referencia a la situación fronteriza de Ceuta.

No obstante, ha considerado que España tiene las capacidades diplomáticas y los medios para poder afrontar la situación, como demuestra que en torno al 90 % de las personas que entraron irregularmente regresaron a Marruecos en horas.

Eso fue gracias también -ha recalcado- al trabajo de diplomacia con Marruecos, que Bolaños ha querido poner en valor. Un trabajo que "no es de estos días, sino que viene de lejos".

El ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta, que ya en 2022 puso en marcha un plan integral de desarrollo socioeconómico en la ciudad autónoma que se ha ejecutado hasta ahora en un 80 por ciento, con más de 180 millones invertidos.

Según Bolaños, es el momento en el que el Estado está "más presente en Ceuta", hasta el punto de que el presidente del Gobierno ha visitado la ciudad cuatro veces, la última este mismo mes.

"Otros presidentes del Gobierno nunca, jamás, fueron como presidentes en visita institucional a Ceuta", ha recalcado.

El ministro también ha incidido en que sigue esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le solicite los refuerzos de jueces para Ceuta y ha señalado que en cuanto lo pida, "en horas" lo aprobará.

El titular de Justicia ha explicado que el mismo día 31 de julio su departamento se puso en contacto con el CGPJ para mostrar su disposición a aprobar y financiar "de forma inmediata" cualquier refuerzo que el órgano de gobierno de los jueces solicitara.

"Todavía no hemos recibido esta petición de refuerzo, que podría ser esta misma semana. Cuando la recibamos, en horas lo aprobaremos, además de reforzar el tribunal de instancia de Ceuta", ha añadido.

Sobre la actuación de su ministerio en la crisis, ha señalado que desde el primer momento se reforzó el Instituto de Medicina Legal de la ciudad autónoma, que aumentó su capacidad en un 300 por ciento para llevar a cabo las autopsias e identificación de los fallecidos.

En un tiempo "muy ágil" se llevaron a cabo 82 autopsias y 9 identificaciones, ha precisado Bolaños, quien ha indicado que la prioridad actual es reforzar la justicia para tramitar el regreso de los migrantes que han quedado a sus países de origen conforme a la normativa vigente y con las garantías que establece la ley.

La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

El Gobierno registrará esta mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones para informar de la gestión de la crisis migratoria sucedida en Ceuta la semana pasada.

El Ejecutivo propondrá a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.

Las comparecencias, según informan fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se celebrarán a petición propia ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores. El PP registró el jueves las mismas solicitudes de comparecencia, por duplicado, en el Congreso y en el Senado.

Para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión -subrayan las fuentes- el Gobierno ha decidido comparecer este mismo mes de agosto en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados.

Este mismo viernes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene una reunión telemática de coordinación desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que no es ni "adecuada" ni "contundente" la respuesta que la Justicia ha dado a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la causa que afecta a Begoña Gómez.

En una entrevista en la Cadena SER, Bolaños ha reaccionado así a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó ayer que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, y sobreseyó los otros dos por los que la acusaba el juez Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Para Bolaños, la respuesta que ha dado la Justicia "a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Cree el titular de Justicia que el juez Peinado "ha tensado las costuras del sistema" y ha recordado que tanto el Consejo General del Poder Judicial como los propios tribunales superiores —la Audiencia Provincial de Madrid— le han revocado en 16 ocasiones.

"Tenemos un Estado de Derecho robusto, con un sistema de garantías y de recursos que está en los mejores estándares europeos. Pero también creo que ha habido resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles, que han hecho mucho daño a la Justicia y han hecho mucho daño a las personas a las que ha afectado", ha explicado.

Casos —ha dicho— en los que ha habido resoluciones "absolutamente incomprensibles y alejadísimas del Derecho" en los que "hubiera confiado en una respuesta más contundente del propio sistema de garantías".

En este sentido, ha dicho que el sistema debería ser lo suficientemente robusto para que cuando hay una resolución judicial "incomprensible y alejada del Derecho", se revoque en un tiempo muy ágil y no se alargue en el tiempo afectando a la reputación de la Justicia.

El caso que afecta a Begoña Gómez, ha recordado, lleva dos años en los tribunales y proviene de una denuncia "que se debió inadmitir el primer día", de la mano de "una organización ultraderechista que persigue a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno y por ser progresista".

"Con un ánimo político presentó una denuncia con recortes de prensa. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el primer día se tenía que haber inadmitido, no debería haber pasado ni del registro y llevan 2 años", ha lamentado Bolaños, para después añadir que "la respuesta que ha dado la Justicia a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Bolaños también se ha referido a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y ha asegurado que ya no existen dudas sobre su encaje legal, por lo que ha reclamado que se aplique plenamente a los líderes independentistas "lo antes posible".

El ministro ha destacado que la justicia europea ha confirmado que la norma es conforme al derecho comunitario y tiene como objetivo reducir las tensiones políticas e institucionales surgidas tras el proceso independentista en Cataluña.

A su juicio, su aplicación a dirigentes como el expresident Carles Puigdemont supondría la última etapa de la normalización política, institucional y social en Cataluña. "Hoy es un gran día", ha afirmado Bolaños, quien ha defendido que la ley ha contribuido a recuperar la convivencia y la estabilidad.

El titular de Justicia ha calificado la amnistía como un "logro colectivo" del que se beneficia el conjunto de la ciudadanía y ha reivindicado la decisión del Gobierno de devolver a la política un conflicto que, en su opinión, nunca debió salir de ella.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se ha pronunciado. Su aval a la ley de amnistía ha sido recibido con gran satisfacción entre el Gobierno, los miembros del bloque de investidura y especialmente Junts. Una victoria jurídica y política frente a las proclamas del fin del Estado de derecho por parte de las derechas desde la negociación de investidura de Pedro Sánchez.

Esta es la ley clave de esta legislatura. Una polémica norma exigida por Junts y ERC para hacer presidente a Sánchez y que supuso todo un terremoto político. Con dudas incluidas dentro del propio socialismo. Pero tres años después, y con la mirada ya puesta en el fin de la legislatura, el texto ha sobrevivido a la ofensiva en los tribunales y, además, ha servido para reconducir el panorama político catalán.

Esta decisión judicial era esperada desde hace meses con ansiedad por parte de Junts y del Gobierno, pues sirve para allanar la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña. No obstante, el paso no se traducirá en el restablecimiento de las relaciones entre los socialistas y los posconvergentes en esta etapa final de la legislatura.

A pesar de la satisfacción por la decisión del TJUE, diversas fuentes socialistas indican que no ven a Junts dispuesto a apoyar ahora de manera férrea al Ejecutivo de Sánchez. “Son imprevisibles”, señala un dirigente del núcleo duro de Ferraz. El fallo del tribunal llega en el momento en el que Moncloa prepara los presupuestos generales del Estado para el año que viene, un factor clave para saber cuándo se pondrán las urnas.

El presidente del Gobierno abrió la puerta a adelantar las elecciones generales, que en teoría deberían ser en julio del año que viene, si no logra sacar adelante las cuentas públicas. El primer gran debate en el Congreso, el de enmiendas a la totalidad, podría celebrarse a finales de octubre o principios de noviembre.

Aunque en el Gobierno siguen trasladando que van a intentar sacar las cuentas públicas y que no tiran la toalla, muchas voces en el partido reflexionan que ahora parece casi imposible lograrlo. La decisión del TJUE da algo de esperanza, pero los posconvergentes llevan semanas trasladando que ellos prefieren que haya ya comicios.

Junts no quiere apretar el botón de la moción de censura junto al Partido Popular y Vox, algo que considera que sería letal para sus resultados en Cataluña. No se puede permitir Puigdemont ir de la mano de la ultraderecha de Santiago Abascal. Pero, a la vez, el nerviosismo prende entre todos los sectores de Junts, especialmente entre los alcaldes, por el auge en las encuestas de Aliança Catalana.

Ahora Junts pone el foco en la aplicación de la ley y mira al Tribunal Supremo. Según el expresidente, el “partido” ahora se jugará en “el Bernabéu”: "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño".

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", remarcó Puigdemont en un texto en redes sociales, donde mandó un mensaje a los tribunales españoles: "Si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral, no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán enfrentándose con el derecho europeo".

"El TJUE no podía ser más nítido y no ha dejado ninguna grieta a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", apostilló el expresidente catalán, que recordó que ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa quisieron en un primer momento aprobar esta norma.

Para el Gobierno central, la decisión de la Justicia europea supone todo un triunfo en el aspecto técnico de la norma, cuya firma principal es la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fue una ley redactada con lupa, hasta la última coma, ya que los socialistas y los independentistas sabían que se enfrentaría a una ofensiva judicial sin precedentes para tumbarla.

“Hoy es un gran día”, consideró el propio Bolaños en una declaración en el Palacio de la Moncloa, donde pidió que se aplique “lo antes posible” a los líderes independentistas. Pero, además de calificar de “impecable” y de constitucional la norma, el ministro puso énfasis en la dimensión política que supuso su aprobación.

Para Bolaños: "La amnistía es la apuesta de un país para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, de resolver sus diferencias, reconociendo la legitimidad de todas las posiciones y la necesidad de convivir y acordar las soluciones dentro de la ley y dentro de la Constitución”. El ministro aseveró que ha servido para zanjar un conflicto: "Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen".

El Gobierno, además, durante estas horas quiere presentar la resolución del conflicto catalán como uno de sus principales legados. En la pasada legislatura, el Ejecutivo aprobó los indultos a los líderes soberanistas. Y en esta llevó a cabo la amnistía. Como reconocen en Ferraz, era esencial para la investidura, pero también se ha evidenciado que ha sido una buena solución en el plano de la convivencia y del diálogo. Los socialistas valoran que, según el último barómetro del CEO de la Generalitat, el ‘no’ a la independencia se impone en la sociedad y que está en mínimos históricos la preocupación por las relaciones entre Cataluña y el Estado.

La decisión del TJUE supone un varapalo para el PP, que lleva toda la legislatura tratando de tumbar esta ley a través de todas las instituciones judiciales posibles y que confiaba mucho en Europa. A pesar de ello, los populares tratan de desviar la atención a través de sus críticas a Sánchez: “El Gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Se equivoca. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no”.

La ley de amnistía permitió la investidura. Ahora el aval llega en su recta final. A la política le quedan todavía muchos capítulos hasta las elecciones.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al partido Iustitia Europa y a la organización Hazte Oír -impulsoras de varias causas contra el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno- de "pervertir la figura de la acusación popular" para "perseguir a personas progresistas y a sus familias".

Bolaños ha enviado una carta a los representantes de esas dos organizaciones, que le habían invitado a participar en las jornadas 'La acusación popular: en defensa de la libertad'', que han organizado este jueves en Madrid.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Bolaños rechaza participar por motivos de agenda, pero repasa la propuesta del Gobierno para reformar la acusación popular para evitar que esta acción, concebida para la defensa del interés general, se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso penal "tal y como sucede actualmente y ustedes conocen perfectamente".

Considera que "la figura de la acción popular se ha convertido en una herramienta de persecución política e ideológica, desnaturalizando una institución concebida para la defensa del interés general" y con "el único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias".

El ministro concluye la carta asegurando: "estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno".

Añade que por esas razones organizaciones como Hazte Oír y Iustitia Europa "no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular".

Domingo por la mañana. El centro de Madrid es un hervidero, más de un millón de personas se concentran en el área de la plaza de Cibeles. El papa León XIV ofrece una misa multitudinaria por el Corpus Christi. Es uno de los momentos álgidos de su visita a España. Allí están los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Apenas diez horas más tarde, a ocho kilómetros, se abren las puertas del estadio Metropolitano, a las afueras de la capital. Empieza el perreo de Bad Bunny dentro de su histórica residencia en la capital. Allí están también la heredera y su hermana. Pero esta vez para bailar letras como “ella es callaíta, pero en el sexo atrevida”.

Esas son las vibraciones que dominan la capital durante estos días, en los que han coincidido León XIV y Benito Antonio, dos iconos mundiales. Dos hombres que se han convertido en símbolos contra las políticas de Donald Trump, pero que también tienen fuertes componentes conservadores y machistas. Y evidencian los tiempos convulsos que se viven internacional, social y políticamente. Ponen a prueba también la coherencia y evidencian las contradicciones actuales.

Todavía sigue resonando la ovación de más de siete minutos que dedicó el Congreso al pontífice tras su discurso ante el Pleno. Aplausos que llegaron desde la bancada de la ultraderecha y de la derecha, pero también desde las filas socialistas y de otros grupos de la izquierda presentes. Pero, conforme pasan las horas, la digestión se hace más complicada para todos respecto a ese alboroto sin precedentes en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

La izquierda se dejó llevar por la parte del discurso del papa más humanista, a favor de la paz y del orden internacional y con un mensaje a favor de la integración de la migración. El Gobierno se está volcando en esta visita a pesar de ser un Ejecutivo de coalición progresista y, además, le está sirviendo de tregua ante el pesado escenario judicial que enfrentan ahora mismo los socialistas.

En la parte socialista prefieren quedarse con la parte del discurso del papa sobre paz y migración frente a las referencias que hizo contrarias al aborto y la eutanasia, aprobadas precisamente con el empuje del PSOE a lo largo de estos años de democracia. De hecho, esas referencias de León XIV llegan en un momento en el que se está tramitando en la Cámara Baja la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para blindar en la Constitución la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, ese discurso del pontífice se escuchó en la Cámara Baja tres días antes de que los diputados tengan que pronunciarse sobre una proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales. Es una propuesta que llega directamente desde el Parlament de Catalunya y que está apoyada por el PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. Un texto que va de la mano de las entidades que defienden el derecho a la muerte digna y que se debate después del caso de Noelia Castillo, cuya eutanasia se retrasó dos años por los recursos interpuestos por su padre junto a asociaciones ultracatólicas. 

Los partidos de la izquierda presentes en el Congreso durante el discurso del papa rebajan en estas horas esos aplausos, que llegaron por parte de ministros como Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario de la Mesa, hacía esta reflexión este martes: “La visita de León XIV ha dejado una sensación agridulce con luces y algunas sombras también. Por un lado, pudimos escuchar un discurso humanista contra la guerra, contra el rearme, contra la codicia sin límites de los grandes tecno-oligarcas y en defensa de las personas migrantes y vulnerables que merecían ser aplaudidas”.

“Pero, por otro lado, el Vaticano decidió adrede acompañar ese discurso de una negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del derecho de las personas LGTBI a formar familias diversas y del derecho a la eutanasia. Estas últimas consideraciones conservadoras y excluyentes no merecían aplauso alguno. Por el contrario, hicieron mucho más sonoras otras ausencias como pedir perdón por el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica durante el franquismo u ofrecer reparación por los casos de pederastia. En esto, León XIV no mostró la sensibilidad de su antecesor”, prosiguió Pisarello.

Con esta reflexión final: “En pleno siglo XXI, ninguna religión puede defender de manera creíble la dignidad de las personas si no se coloca en el centro la defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas. Fue un discurso humanista contra la crueldad y contra la arrogancia de los Trump de turno que merece ser escuchado y, sobre todo, puesto en práctica dentro de las iglesias y fuera de ellas, pero, al mismo tiempo, lo que escuchamos reafirma nuestras convicciones laicas y la necesidad de mantener más que nunca una estricta diferencia entre las iglesias y el Estado sin privilegios de ningún tipo”.

Esta contradicción también la reflejó el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís, que señaló que se trata de una visita “histórica” y de “relevancia” por el “contexto global de auge del fascismo”: “Hubo partes importantes del discurso que compartimos plenamente como la defensa universal de la dignidad de las personas y la censura explícita de la prioridad nacional del PP y Vox. También compartimos las palabras sobre los refugiados y su apoyo a la regularización, además de la oposición a los tecno-oligarcas que quieren controlar las democracias y la vida de la gente”.

“Pero también hubo partes que no nos gustaron y que no compartimos, como el cuestionamiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco nos gustó la parte del discurso de no reconocimiento del derecho a la muerte digna y la falacia de la libertad educativa de las familias”, añadió el diputado, que hizo este análisis: “Quizás nos pasamos aplaudiendo siete minutos. También es cierto que había una competición para ver quién aplaudía las partes del discurso que más le habían gustado. Si nos ponemos de acuerdo, mal. Y si montamos el show y hacemos cosas diferentes, también. Fue un aplauso excesivamente largo, pero también cada uno aplaudía una parte del discurso”.

Podemos, por ejemplo, decidió no acudir a la Cámara Baja a escuchar al papa. Su líder, Ione Belarra, dejó estas impresiones al hilo: “Este discurso nunca se tenía que haber producido en la sede de la soberanía nacional. En el marco de un Estado aconfesional, no ha lugar para que el jefe del Estado de la Iglesia católica hable en el Congreso. Nunca un papa había hablado allí porque es algo extemporáneo. Le pido a la gente que piense si fuera, en vez de León XIV, un ayatolá el que hablase en el Congreso. Nadie lo comprendería. Han convertido el templo de la democracia en una iglesia. Es algo que una democracia no se puede permitir”.

Estas contradicciones se evidencian también en primera persona en el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha puesto en primera línea durante toda la visita. De hecho, el jefe del Ejecutivo participa este miércoles en una celebración litúrgica por primera vez desde que llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018, ya que estará en la misa en la Sagrada Familia. Esto choca con algunas de sus medidas iniciales, como quitar el crucifijo y la Biblia en la toma de posesión del Gobierno. El líder socialista no acudió a las misas por las víctimas de la dana ni a la dedicada a los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba).

El ala socialista del Gobierno ha evitado criticar las partes del discurso del papa sobre el aborto y la eutanasia y se ha centrado en los aspectos en los que coincide con el Vaticano, La portavoz del Ejecutivo y ministra de Migración, Elma Saiz, destacó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que León XIV es "un aliado" por su visión humanista, en cuestiones tan importantes como la paz, el respeto a la dignidad humana, al orden internacional o al multilateralismo, además de haber dado un "espaldarazo" a la política migratoria de Moncloa.

La derecha tampoco queda al margen de esas contradicciones durante la visita del papa a España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva días diciendo que suscribe de la “A a la Z” las palabras del pontífice, pero, en cambio, hace lo contrario con los hechos. Este mismo martes Alfonso Fernández Mañueco pronunció su discurso de investidura en el Parlamento de Castilla y León con una defensa cerrada de la “prioridad nacional”, un concepto que queda fuera del discurso sobre migración del Vaticano.

Vox también ve cómo su política migratoria sobrepasa todos los límites marcados por el papa, mientras aplaude un discurso que lleva años despreciando en el Congreso cuando lo pronuncian líderes de la izquierda. La ultraderecha apunta que no ve contradicción con sus palabras, pero la realidad es que las intervenciones de los de Santiago Abascal sobre los menores migrantes o las personas que llegan sin papeles no tienen nada que ver con la “acogida respetuosa” que defiende León XIV.

“Por la mañana café, por la tarde ron”. Bad Bunny había reconocido que quería conocer al papa, un encuentro que se produjo finalmente en el Santiago Bernabéu. Benito Antonio es el artista global del momento. Y, además, se ha convertido en un icono para muchas personas progresistas desde su histórica actuación en la Super Bowl, que se convirtió en un alegato a favor de la migración en los Estados Unidos de Donald Trump.

Bad Bunny está haciendo historia en España estos días con una serie de conciertos en Barcelona y Madrid, que terminan el próximo día 15. El estadio Metropolitano está abarrotado estos días, pero ese fervor también ha dado paso a varias polémicas. Una de ellas es por la famosa Casita, el segundo escenario del concierto inspirado en los hogares de las clases populares en Puerto Rico. Pero ahora perrean allí famosos, millonarios, influencers y cuerpos perfectos. Su mensaje de igualdad choca con el clasismo y el machismo (un ojeador elige a las chicas para subir especialmente por sus cánones de belleza normativa).

Asimismo, el debate está abierto en otro sentido. Muchas de sus letras son consideradas machistas, pero también hay otra parte del público que defiende que el artista ha intentado abrir otro espacio en el reguetón con temas como Yo perrea sola. Por ejemplo, esa contradicción la ha intentado explicar Rita Maestre (Más Madrid), que ha dicho estos días: “Las mujeres bailamos, movemos el culo, perreamos. Eso no nos convierte en machistas. Al contrario, disfrutar, bailar y mover el cuerpo es estupendo. Fuera hay centenares de mujeres disfrutando, siendo libres, moviéndose y vistiéndose como quieren. Para mover el culo no hay que pedir permiso. Es música de baile. Y no es música absolutamente machista”.

El apoyo a Bad Bunny ha llegado también desde el propio corazón del Palacio de la Moncloa. El todopoderoso ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Félix Bolaños, acudía este fin de semana a ver el show de más de dos horas y media de Benito Antonio. En su cuenta de Instagram colgaba varias fotos con el siguiente mensaje: “Grande Bad Bunny. Ahora el reto es aprenderme todas las letras”.

A pesar de las críticas en redes por su machismo, por los conciertos de Bad Bunny han desfilado durante estos días artistas reconocidas que han defendido postulados feministas y progresistas como Penélope Cruz y Carmen Machi.

España perrea y reza. Las contradicciones de un país en pleno 2026. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado en el Tribunal de Instancia de Madrid una demanda contra el empresario investigado en el caso Koldo Víctor de Aldama por vulnerar su derecho al honor al afirmar en programas de televisión que le intentó sobornar.

Según ha adelantado elDiario.es y han confirmado a EFE en fuentes del Ministerio Félix Bolaños reclama 70.000 euros por daños y perjuicios a Víctor de Aldama, que está siendo juzgado estos días en el Tribunal Supremo por la trama de las Mascarillas junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor de este Koldo García.

Víctor de Aldama dijo el pasado mes de febrero en Telemadrid en referencia a Bolaños: "Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".

Bolaños reclama a Aldama que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y redes sociales) o por cualquier otra vía".

También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.

Bolaños sostiene que "no conoce ni ha hablado nunca ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación".

E Insiste en que su relación personal "es total y absolutamente inexistente”, que "nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con Aldama ni con su responsable de comunicación, y ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que Bolaños había asistido a una fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos siendo este aún ministro en la que también estuvo el empresario que se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019.

En este sentido el escrito de Bolaños señala que "la única evidencia" que ha aportado Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante, en la que, por cierto, ni siquiera aparece el empresario".

Y Bolaños recuerda además que Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, "no conocerle de nada" en una entrevista e la Cope el 27 de noviembre de 2024.

Una contradicción que, en la demanda, se considera "tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad del demandado".

La Comunidad de Madrid se engalana este sábado para celebrar su festivo regional con los focos puestos en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y en qué palabras utilizará esta vez para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ya avisaba el año pasado en infoLibre el presidente de la FRAVM Jorge Nacarino, el acto institucional por el Dos de Mayo ha pasado de ser un homenaje al levantamiento del pueblo madrileño en el año 1808 a escenificar por todo lo alto la ruptura entre el Gobierno regional y el central.

El acto de este año llega marcado, igual que en 2025, por el enfado de Ayuso ante la negativa del Ministerio de Defensa de autorizar un desfile militar en el ‘Kilómetro Cero’. ¿La respuesta? Excluir –de nuevo– de la celebración a cualquier miembro del Ejecutivo central y definir como “sectaria” la postura del Gobierno central. 

Repasamos cuáles han sido las polémicas que han marcado a lo largo de los años el Dos de Mayo y cómo esta fiesta ha servido a Díaz Ayuso para afianzar su cruzada contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo. 

La inquina contra el Ministerio de Defensa por dejar a Madrid sin desfile en 2025 dista mucho de la estampa en plena pandemia, cuando el 2 de mayo de 2020, guardando todas las medidas de seguridad por el covid-19, Díaz Ayuso bautizaba a la ministra Margarita Robles como “la nueva Manuela Malasaña” por su labor durante lo peor de la crisis sanitaria que asoló el mundo ese año.

“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, aseguró a los presentes.

Un año después, la misma fiesta coincidió con el fin de una campaña electoral en la que la palabra más repetida fue “libertad” y en la que dedicó a Sánchez declaraciones como esta: “Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Tras estas declaraciones durante la campaña, el Dos de Mayo adquirió un tono conciliador, deseando que ese día sirviese “de paréntesis en la disputa”, pero dejando claro que dos siglos atrás "el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad", y lo hizo "por la nación entera, y no sólo por Madrid". Dos días después, Díaz Ayuso salió victoriosa al balcón de Génova tras conseguir una mayoría absoluta para gobernar la región.

Después de un año gobernando en solitario, en 2022 Isabel Díaz Ayuso llegó a la fiesta regional con toda la artillería pesada, dejando claro que Madrid es la España necesaria “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra otros; es la realidad abierta de unos junto a otros y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en la familia, entre sexos, el campo y las ciudades o nuestra intimidad, que no fabrica clases sociales”. 

“El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables”, destacó la dirigente madrileña, agregando que no iba a “perder tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones absurdas, en iniciativas fracasadas, en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”. “Madrid se respeta a sí misma y por eso respeta a todos”, sentenció.

El discurso de 2022 sentó un precedente para todos los Dos de Mayo que estaban por llegar, siendo el del año 2023 la fiesta de la polémica con un gran protagonista: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La foto del día no fue ni Ayuso durante su discurso ni ninguna sobre el homenaje a los héroes de Madrid. La foto del Dos de Mayo de 2023 fue una en la que se ve a la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidiendo el paso a Bolaños a la tribuna de honor, lugar al que sí se le dio acceso en 2022.

Que el foco se pusiera en este hecho fue algo que enfureció a Ayuso, cuyas declaraciones sobre Madrid, la libertad y la “inmensa responsabilidad” que tiene la capital –“porque lo que pase aquí resonará en toda España”–, quedaron diluidas en la controversia.

Con más calma, pero todavía con rencor, al día siguiente la popular acusó a Bolaños en la Cadena Ser de presentarse allí para “provocar” e intentar “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo. 

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, indicó. También advirtió que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”. 

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, reiteró Ayuso. Quien sí subió a la tribuna de autoridades fue Alberto Núñez Feijóo, invitado personalmente por Ayuso, la cual subrayó que el Gobierno ya estaba representado en la tribuna con la presencia de Margarita Robles, que sí fue invitada –junto a Isabel Rodríguez, que no acudió–. Desde este incidente, Bolaños no se ha atrevido a acercarse a la Real Casa de Correos un Dos de Mayo.

El Dos de Mayo de 2024 llegó cargado de tensión por los diversos ataques entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Tras lo ocurrido con Bolaños el año anterior, el “desplante” a Díaz Ayuso en la inauguración de un tramo del AVE y la “cacería política” orquestada –según Ayuso– desde Moncloa contra su persona y Alberto González Amador, la presidenta decidió que al Dos de Mayo no iba a ir nadie del Gobierno, excepto el Delegado en Madrid, Francisco Martín, con el que la relación en los últimos años también ha ido de mal en peor.

Finalmente se instauró la tregua para celebrar la fiesta de los madrileños, y en representación del Gobierno central acudieron tanto Martín como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Torres señaló su voluntad de “tender la mano” a la Comunidad de Madrid para “caminar juntos en la convivencia y la democracia” y hablar de temas como “la vivienda o el empleo”. Por su parte, Ayuso reiteró que en la región madrileña no triunfan “ni los abusos, ni las injusticias”, afirmando que su Comunidad es “la región al servicio de España” como ”siempre” ha sido porque es “la plaza mayor de todos”.

A pesar de la tregua, las críticas entre PP y PSOE se dejaron ver igualmente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perder la ocasión de opinar que los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno “consisten en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, que “no acata los deseos del amado líder”. 

Por su parte, fuentes socialistas hicieron hincapié en la ausencia de Núñez Feijóo, incidiendo en que “los grandes nombres del Partido Popular” han dejado “sola a Isabel Díaz Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia”. “Tiene un aluvión de preguntas sin responder, una pareja delincuente confeso por delito fiscal y una casa en la que reside que no sabemos si se está pagando con dinero del fraude fiscal”, agregaron.  

Esta calma tensa volvió a romperse en 2025, cuando desde Defensa decidieron suprimir el desfile militar, habitualmente desplegado el día de la fiesta de la comunidad, y Ayuso, sin echarse atrás como el año anterior, denegó la invitación a cualquier ministro y no se quedó corta con las “puyitas” en su discurso.

"A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. (...) Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid, y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida, en todas sus formas", espetó. 

Todo hace presagiar que, este sábado, Díaz Ayuso volverá a valerse del acto institucional del Dos de Mayo para ejercer una crítica mordaz contra el Gobierno central disfrazándola de la gran fiesta de los madrileños.

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, según informa EFE.

Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. 

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, han señalado la CEE y la Confer en un comunicado. En este sistema, la colaboración de las instituciones “será muy importante”, han subrayado.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El protocolo señala que el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025 PRIVA , cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

La Iglesia ha recordado que este sistema “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas “que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”.

“Ladran, luego cabalgamos”. María Jesús Montero cerraba así este miércoles su última intervención en la sesión de control en el Congreso como vicepresidenta primera. Yolanda Díaz la abrazaba con fuerza. Y todos los diputados del PSOE y de Sumar se pusieron en pie para aplaudirla. Una ovación larga y cerrada. Se despedía una de las piezas esenciales del Gobierno de coalición. Rumbo al sur. A su tierra.

Montero deja un vacío enorme, como confiesan miembros del Gobierno y dirigentes de los partidos de la izquierda. Cuando abandonó, por ejemplo, el Hemiciclo en esa sesión se encontró en el pasillo a Teresa Jordá, de ERC, y las dos se plantaron dos sonoros besos a modo de adiós y de reconocimiento.

La líder del PSOE andaluz se ha convertido en una de las personas por cuyas manos ha pasado la historia política de los últimos años. Su papel ha sido clave para las complicadas negociaciones con todos los grupos políticos. El presidente le confió ese delicado rol junto a Félix Bolaños para rearmar semana tras semana la mayoría parlamentaria que parecía diluirse cada segundo. 

Y con todos sus interlocutores labró una estrecha relación a pesar de las duras negociaciones. “Es muy peleona”, como reconoce una persona que se sentaba con ella a pactar cada medida. El único puente que no se consolidó fue con Junts, ya que ella nunca se entendió con Míriam Nogueras, como reconocen en los dos lados. En cambio, siempre hubo un profundo respeto y diálogo con Esquerra, tanto con Gabriel Rufián como con Oriol Junqueras (los dos se conocían de su época como responsables económicos de la Junta de Andalucía y de la Generalitat de Cataluña).

Montero recibió en junio de 2018 una llamada de Pedro Sánchez que nunca se había esperado. Los dos apenas se habían tratado y ella era una de las manos derechas de Díaz en el Gobierno andaluz (aunque en privado nunca estuvo de acuerdo con la forma en la que su compañera orquestó el asedio contra el secretario general). 

Dio el salto entonces a Madrid. Y empezó el juego de equilibrios de poder con la cartera de Hacienda por un lado y con Economía por otro lado pilotada por Nadia Calviño. Pero, lejos de los enfrentamientos alimentados por algunos medios y de sus diferentes caracteres y procedencias, las dos hicieron piña y forjaron una poderosa amistad. Se referían entre ellas como “mellizas”.

Montero siempre se ha caracterizado por su carácter positivo y combativo. Sus peores momentos en lo personal en el Gobierno, según fuentes cercanas a la vicepresidenta, fueron los meses de la pandemia. Estaba sola en Madrid, mientras toda su familia residía en Sevilla. Su padre ya estaba enfermo. A la dirigente socialista le costaba hacer incluso videollamadas porque se le saltaban las lágrimas.

Pero, a la vez, el trabajo hecho durante la pandemia del coronavirus es lo que le provoca más orgullo al dejar su cargo. Además, una de las reflexiones que más hace estos días en privado es la ofensiva que ha tenido que sufrir durante estos años por parte de las derechas. Pero no por el ataque político, sino por la operación de deshumanización contra ella y contra los miembros del Gobierno, empezando por el presidente.

La hoy candidata del PSOE de Andalucía ha sufrido durante estos casi ocho años en el Ejecutivo continuas mofas por su acento andaluz, poniendo en cuestión su preparación (ella es médica y a los 26 años ya dirigía un hospital público). De manera despectiva se han referido a ella la derecha política y mediática como “Chiqui”. Ese nivel de ataque se ha evidenciado hasta el último minuto cuando el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la ha menospreciado por su físico. 

Ella siempre ha dicho que su personalidad la ha llevado a poder capear un ambiente tóxico en la política impulsado tanto por el Partido Popular como por Vox. Sobre este tema ha mantenido muchas conversaciones con el presidente del Gobierno, de quien siempre ha admirado su capacidad de resistencia y su modo de trabajar como si fuera un deportista de élite.

Una de las reflexiones que hace durante estos días es que la derecha vicia el clima político cuando está en la oposición y que, además, desvía los temas de la actualidad. Una queja que hace en privado es que muchos asuntos de calado quedan debajo del radar de la opinión pública. Por ejemplo, la reforma de la financiación quedó en un asunto anticatalanista cuando la gran revolución es que la Administración General pierde poder económico para dárselo a las autonomías para la sanidad y la educación.

Montero es de las pocas personas con las que consulta todo el presidente. Un grupo en el que también están los ministros Bolaños, Óscar López y Óscar Puente. Con ellos compartió otro de los momentos más duros: los cinco días de reflexión de Sánchez. Su discurso aquel sábado en el Comité Federal del PSOE fue uno de los más difíciles, aunque, en la intimidad, siempre ha confesado que nunca llegó a ponerse en la situación de tener que asumir la Presidencia y que confiaba en convencerlo para que siguiera.

Otro de los momentos más amargos fue la irrupción de los casos Ábalos y Cerdán. Nunca se imaginó nada y sintió verdadero asco cuando leyó algunas de las conversaciones que han ido apareciendo en los sumarios. Pero, se llevó un chasco especialmente con Cerdán, ya que él siempre hacía gala de una vida muy austera. Le mintió incluso en la cara cuando iba a criticar al valenciano a la propia Montero. Eso lo lleva grabado a fuego.

En cambio, en el lado bueno de estos años, está la relación con la prensa. Se ha convertido en la ministra más cercana a los periodistas y defiende en privado que siempre ha aceptado con “deportividad” todas las informaciones y que nunca ha llamado a un director de un medio para quejarse por alguna noticia.

Montero apenas para un minuto y todos sus colaboradores rememoran las jornadas eternas de trabajo con ella. Su equipo es casi una familia, con muchos de sus integrantes provenientes de su época en la Junta de Andalucía. Y los pocos momentos de descanso los suele emplear en actividades culturales. Durante su estancia en Madrid le ha gustado escaparse al teatro, algunas veces, por ejemplo, junto a Adriana Lastra para ver la obra de Jorge Javier Vázquez.

Ahora le toca volver a Andalucía. El PSOE-A fue a buscarla, como dicen algunos dirigentes, en mitad de una marejada interna por el liderazgo fallido de Juan Espadas y tras los últimos desastrosos años pilotados por Susana Díaz. Una operación con el beneplácito de Sánchez. Ella lo aceptó por su voluntad de “servicio público”, como señalan fuentes conocedoras, y por su sentido de la política: estar donde se es más necesario. Y salta en unas condiciones muy complicadas, con todas las encuestas apuntando una holgadísima mayoría absoluta entre el PP y Vox. 

Su idea es hacer mucha pedagogía, como explican en su entorno, sobre todo lo que ha hecho en el Gobierno. El PP explota los acuerdos con partidos independentistas, pero ella va a poner sobre la mesa que Andalucía es la más beneficiada por la quita de la deuda y por el nuevo sistema de financiación autonómica. Asimismo, planea centrarse en la defensa de los servicios públicos y convertir estos comicios en un “gran referéndum” sobre la sanidad. También se focalizará en temas como la vivienda y la dependencia.

Montero no quiere perder ni un minuto. Es su estilo. Su cumpleaños, que fue en febrero, ni siquiera lo ha celebrado. Ya le ha dicho a los suyos que lo hará en junio. Ahora solo puede pensar en el 17M.

El Consejo General del Poder Judicial ha instado al promotor de la acción disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado a que complete las diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez, informa EFE.

La comisión permanente del CGPJ ha rechazado por unanimidad la propuesta del promotor, Ricardo Conde, de archivar las quejas que presentó el ministro contra el juez por su interrogatorio como testigo en la Moncloa hace un año y la exposición razonada en la que Peinado pidió sin éxito al Tribunal Supremo investigarle.

En contra del criterio del promotor, la comisión le ha pedido que complete las diligencias para determinar si procede abrir un expediente disciplinario al juez, según informa el Consejo en un comunicado.

No ha sucedido lo mismo con otras cuatro diligencias informativas también relacionadas con el juez Peinado, que han sido archivadas, como proponía el promotor.

En su reunión de este martes, la comisión permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de los acuerdos que archivan esas cuatro diligencias incoadas a raíz de quejas o denuncias de particulares que cuestionaban decisiones del juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez, o que ponían de relieve informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado.

En el orden del día de la comisión también estaban las quejas que Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita presentaron contra el juez por acordar fuerza de plazo la prórroga de la instrucción de una causa por presunta malversación contra el exgerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente, que finalmente fue archivada.

Ricardo Conde también abrió diligencias para investigar estas quejas y también propone archivarlas, si bien esta propuesta ha sido retirada del orden del día de la comisión permanente "tras la deliberación para mayor estudio".

La primera de las quejas que han sido archivadas la presentó un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, como el hecho de que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos.

El promotor explica en su acuerdo de archivo que el CGPJ no puede valorar cuestiones jurisdiccionales ni revisar resoluciones de magistrados porque sería una injerencia en la independencia judicial, y precisa que el desacuerdo con este tipo de decisiones debe encauzarse mediante los oportunos recursos a las resoluciones.

La segunda estaba relacionada con varias informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado, que llevaron a dos denunciantes a considerar que este había infringido los principios de Ética Judicial.

Sin embargo, el promotor indica que estos hechos no tienen relación con la actuación de Peinado como magistrado, sino que se habrían producido en su ámbito privado.

La tercera diligencia informativa archivada es de un particular que denunció que el magistrado había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática que generan en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad, si bien éste no ratificó su queja, sino que desistió de la misma.

Y la cuarta se refiere a un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como que citara a investigados en días festivos como sábados o domingos.

El promotor subraya en este caso que solo en supuestos excepcionales cabe la posibilidad de tramitar denuncias anónimas por razones de interés general y notoria gravedad -algo que no considera que se produzca- y señala que el CGPJ no puede valorar la disconformidad de denuncias anónimas con decisiones jurisdiccionales porque supondría una intromisión en la independencia judicial.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este martes si abre expediente al instructor de la causa contra Begoña Gómez, el titular de la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado acumula varias quejas, entre ellas la del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por supuestas faltas de respeto del juez durante el interrogatorio que le practicó en La Moncloa, a lo que hay que añadir el posterior revolcón que dio el Supremo a Peinado tras intentar que a Bolaños lo juzgara el Alto Tribunal. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde –el que investiga las quejas e instruye los expedientes– solicita a los vocales que todas las denuncias sean archivadas.

Las últimas diligencias informativas –primer paso de las actuaciones disciplinarias del Consejo– contra Peinado se abrieron el pasado 12 de marzo después de que Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno imputada junto a ella por Peinado, denunciara que el instructor habría supuestamente filtrado a okdiario.com una de las resoluciones del procedimiento antes de que fuera notificado a las diferentes partes. Álvarez intentó sin éxito previamente en el juzgado que fuera ese mismo órgano el que investigara la procedencia del soplo.

Otra de las investigaciones abiertas se inició tras una queja de Bolaños, que fue interrogado en su despacho de La Moncloa como testigo por la contratación de Álvarez como asistente de Gómez en una tensa declaración en la que el juez llegó a reprochar al ministro que sonriera y le acusó de contestar con evasivas. Tras esa diligencia, Peinado pidió al Supremo que investigara al titular de Presidencia y Justicia por un supuesto delito de malversación. La Sala Segunda del Alto Tribunal respondió con un severo auto en el que reprochaba al instructor “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” de la participación de Bolaños en esos hechos.

La tercera queja disciplinaria no tiene nada que ver con el caso Begoña Gómez, sino con una causa contra el Ayuntamiento de Madrid que el juez se olvidó de prorrogar. Peinado investigaba una denuncia presentada por Podemos por presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de okdiario.com para un acto sobre movilidad denominado Madrid, capital de la movilidad sostenible.

El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 72.600 euros. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda por 18.500 euros, la cuarta parte de lo abonado a okdiario.com. El medio ultraconservador subcontrató la organización del acto a otra empresa especializada por 22.500 euros. Al no haber prorrogado la instrucción, el magistrado tuvo que archivar el caso. PSOE y Más Madrid lo denunciaron en el Consejo.

Junto a esas tres denuncias se estudiarán otras presentadas por ciudadanos particulares con pocas posibilidades de prosperar. Sea cual sea la decisión que adopte la comisión permanente del Consejo, fuentes de la institución aseguraron el pasado agosto a infoLibre que Peinado goza de una suerte de impunidad disciplinaria derivada de la proximidad de su jubilación, que se producirá de forma automática el próximo septiembre, cuando cumplirá 72 años. Es esas condiciones es imposible de que antes de esa fecha pueda instruirse un expediente contra él dado que la duración media de estas investigaciones ronda el año.  

Para los jueces y fiscales que convocaron una huelga ilegal el pasado julio para protestar contra el proyecto de ley que democratiza el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, el centro público para opositores que crea la reforma en el seno del Ministerio de Presidencia y Justicia supone "un coladero" con el que el Gobierno socialista intentará introducir a jueces y fiscales afines en un estamento muy conservador. La falta de apoyo parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha paralizado la tramitación de la norma en el Congreso, pero el departamento de Félix Bolaños ya ha transformado su Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en una institución de capacitación con 46 preparadores en nómina –todos jueces y fiscales de carrera y en ejercicio– que auxiliarán este mismo año a 100 aspirantes a lograr su plaza en cualquiera de esos cuerpos.

Se trata de un centenar de beneficiarios de las becas Seré del ministerio para facilitar el acceso de los candidatos de economías más modestas. Esas ayudas tienen, en el caso de jueces y fiscales, dos modalidades. La primera es la entrega de una cantidad –hasta 12.000 euros anuales– para seguir el sistema de preparación tradicional, con un juez o fiscal que actúe como preparador privado o matriculándose en una academia particular. En el segundo, parte de esa prestación económica se entrega "en especie" mediante la formación recibida en el CEJ por preparadores reclutados por esta institución que actúan bajo su propio plan de estudios. Sea cual sea la modalidad elegida, tanto las pruebas de acceso como el tribunal de la oposición serán los mismos para todos los candidatos, así que la posibilidad que airea la derecha judicial de seleccionar aspirantes por su ideología no tiene base.

Para ello, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos, que tradicionalmente se encargaba de la formación inicial de fiscales –no de jueces, que van a la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, letrados de la administración de justicia (anteriormente conocidos como secretarios judiciales) y abogados del Estado, inició el pasado julio un "proceso de selección de docentes para la preparación de las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal". Para optar a una de esas plazas se necesita ser juez o fiscal en activo. Los candidatos son elegidos en función de criterios objetivos como los años de experiencia anterior como preparadores; su participación en cursos, jornadas, ponencias o seminarios en centros oficiales de formación en derecho y su antigüedad en la carrera judicial o fiscal.

Cada docente seleccionado de ese modo prepara a un máximo de cuatro aspirantes becados, a los que podrá asistir de forma presencial, telemática o híbrida. El servicio se presta al CEJ y es este organismo ministerial –y no los opositores, como hasta ahora– el que les abona sus retribuciones. Por cada uno de los becarios postulantes a juez o fiscal, los docentes, que compatibilizan esta actividad con el ejercicio jurisdiccional, cobran 300 euros al mes y, en caso de auxiliar en sus estudios a más de uno tendrán que pedir al CGPJ o la Fiscalía General la compatibilidad para realizar labores de preparación por más de 75 horas anuales. Entre los docentes seleccionados, nueve tienen su destino en Madrid, once en diversas provincias andaluzas, dos en Castilla y León, cinco en Galicia, dos en Euskadi, dos en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, otros dos en Canarias, uno en Asturias, dos en Cantabria, dos en Extremadura, uno en Illes Balears y otro en Murcia.

Cuando la preparación sea presencial o híbrida, se realizará "en los espacios que se asignen por el CEJ en cada punto geográfico". Constará de dos sesiones semanales de al menos 30 minutos. Docentes y alumnos podrán utilizar la plataforma de formación del CEJ, así como acceder a la biblioteca virtual y a sus bases de datos jurídicas. El centro también puede impartir un taller de técnicas de comunicación oral y otro sobre gestión del estrés. Los preparadores se encargarán de planificar el contenido de las sesiones, guiar la preparación de los exámenes, realizar un seguimiento de cada uno de los becarios a los que asisten, informar al CEJ de la evolución de cada alumno trimestralmente y participar en las sesiones "formativas y de coordinación" que determine el centro. La disposición del proceso de selección de preparadores plantea, incluso, la posibilidad futura de "exámenes sobre lenguas extranjeras", que no corresponderían a estos profesores.

Estas nuevas funciones, ya creadas por el Ministerio a través de diversas órdenes ministeriales, adquirirán rango legal en caso de que la reforma del sistema de acceso salga adelante en las Cortes. El Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento del las Carreras Judicial y Fiscal busca con estas nuevas atribuciones del CEJ para gestionar las becas y preparar oposiciones garantizar "la eliminación de cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos" a personas "que no cuenten con medios suficientes para ello". La preparación de estos exámenes de acceso dura de media unos cinco años de dedicación exclusiva, lo que impide de hecho obtener ingresos y dificulta el proceso a las franjas menos favorecidas. El centro aspira a complementar la oferta privada y aportará a la preparación "altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia".

La creación de 500 nuevas plazas judiciales por el Gobierno fue un anuncio histórico. Porque respondía a una demanda generalizada en la judicatura de derechas y de izquierdas. Pese a ello, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Isabel Perelló, recibió de uñas la propuesta del departamento que dirige Félix Bolaños, con el que mantiene una tormentosa relación. Esa medida, según sostuvo Perelló el 3 de febrero, "no aborda ni resuelve el problema de fondo", que situó en "el grave déficit de jueces", como si para dar entrada a nuevos efectivos que superen esa carencia no fuera preciso darles previamente el puesto a ocupar. Casi mes y medio después, el Consejo ha enmendado la posición inicial de su presidenta y ha aprobado un informe que, como no podía ser de otra manera, valora muy positivamente la medida del Ejecutivo, que el propio órgano reclamó.

El informe, preceptivo para la aprobación final del decreto con la creación de las nuevas plazas, salió adelante en el Pleno del pasado jueves. Ese incremento que Perelló consideraba insuficiente en febrero, se estima en el estudio del Consejo "imprescindible". "La totalidad de las 500 plazas judiciales cuya creación está prevista en el proyecto de real decreto merecen informe favorable, al estimarse (...) que la creación de todas y cada una de estas plazas tiene carácter imprescindible en orden a lograr los objetivos de mejora perseguidos", dice su texto. "La creación de nuevas unidades judiciales", continúa, "con el déficit actualmente existente, redunda en una mejor prestación del servicio, reduciendo la pendencia y acortando los plazos de resolución y contribuye a garantizar a la ciudadanía la efectiva protección judicial de sus derechos".

Pese a las pegas planteadas por la presidenta nada más hacerse pública la medida, el documento subraya –como hizo Bolaños al anunciarla– que las nuevas plazas obedecen "a una necesidad que el Pleno del CGPJ, en su acuerdo de 9 de julio de 2025 ya evidenció". La enmienda a la totalidad expuesta por Perelló aquel 3 de febrero generó sorpresa en el Ejecutivo, que solo estaba planteando lo que el órgano del gobierno de los jueces le había pedido. Tras el acto, Bolaños recurrió a la ironía: “Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda, y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, dijo el ministro.

La primera autocorrección de Perelló a su inicial oposición a la histórica medida se produjo solo dos semanas después de su sorprendente discurso. El 18 de febrero, el CGPJ acordó con el Ministerio la convocatoria para este año de 375 plazas para juez entre opositores y otras 125 para magistrado escogidos por concurso entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de experiencia profesional (el "cuarto turno"), para dar cobertura a las 500 nuevas plazas.

Las nuevas vacantes se cubrirán por concurso de traslado, pero claro, dejarán su correspondiente hueco en la base de la pirámide judicial. Con estas nuevas convocatorias de ingreso, el Gobierno consigue que se cumpla el cálculo legal de que una de cada cuatro nuevas plazas se cubra con juristas. Esa previsión ha sido sistemáticamente postergada por el órgano de gobierno de los jueces (el único que puede convocar "el cuarto turno"), hasta el punto de que en la plantilla total, los seleccionados por esa vía no llegan al 10%.

El documento informa a favor de todos y cada uno de los nuevos puestos, aunque plantea otros nuevos. En el Supremo, por ejemplo, reitera la necesidad de dos nuevas plazas en la Sala de lo Social –la que se encarga de los asuntos laborales y de la Seguridad Social–. También en la Audiencia Nacional, en la que "se valoran e informan positivamente" las cuatro nuevas plazas a crear en la Sala de lo Penal y los dos nuevos puestos para la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia (los antiguos juzgados centrales de instrucción), pero se reclaman tres plazas más para su Sala de lo Contencioso-Administrativo "por la elevada carga de trabajo, pendencia y complejidad de las materias que llegan a su conocimiento".

Y lo mismo con otros tribunales inferiores. Pero el Consejo no quiere que se sustituyan por las propuestas, sino que se sumen. Es decir, "que las previstas en el proyecto de real decreto se mantengan y se incluyan las que se han sugerido". El ministerio tiene previsto un nuevo decreto en 2027 a través del que se crearán otras 500 unidades judiciales más, según informaron a infoLibre fuentes de Justicia. Serán 1.000 las nuevas plazas en solo dos años, lo que pondrá a España a nivel de la media europea en la ratio de jueces por habitante.

La desautorización de la posición planteada por Perelló el pasado 3 de febrero –durante la entrega de despachos de la nueva promoción de la Escuela Judicial– es aún más patente si a la opinión del Consejo se suma la del resto de órganos judiciales consultados. Para la elaboración del informe, el órgano de gobierno de los jueces pidió la opinión de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. "La valoración general en todos estos informes es muy positiva en cuanto que la creación de plazas era una acuciante necesidad que (...) venían reclamando reiteradamente".

Era pues, una reclamación de toda la judicatura que, inexplicablemente, la presidenta del Consejo no quiso o no supo ver cuando el Ejecutivo la comunicó.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han acordado este miércoles la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, una reivindicación histórica de la carrera fiscal, que se suma a las 500 plazas para jueces y magistrados anunciadas hace unas semanas, según recoge EFE.

Así lo ha avanzado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia tras mantener una reunión con la Fiscala General del Estado, Teresa Peramato.

El Gobierno va a aprobar, a petición de la Fiscalía, un real decreto para crear 200 nuevas plazas en la carrera fiscal del país, "el mayor numero nunca creado" y que pondrá solución a uno de los déficit que tiene la Justicia en España, según ha destacado Bolaños.

El titular de Justicia ha recordado que hace unas semanas el Gobierno ya anunció la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, 375 por oposición y 125 por el cuarto turno. "De esta manera, vamos a convocar en este año una macroconvocatoria de oposición de jueces, magistrados y fiscales en nuestro país, una oposición a la carrera fiscal y judicial, una macroconvocatoria con 700 plazas", ha destacado.

Y ha insistido en que "nunca en la historia de la democracia se ha hecho nada ni parecido" y que esto es posible gracias a la Ley de eficiencia de la Justicia, porque -ha detallado- con el modelo anterior obligaba que cuando se creaba una nueva plaza de juez, había que crear un juzgado unipersonal, con un coste de medio millón de euros, mientras que ahora con los tribunales de instancia el coste es de 100.000 euros.

La oposición y desconfianza que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, manifiesta públicamente contra las reformas y propuestas en materia judicial del Gobierno cada vez que tiene ocasión se percibe también en sus iniciativas en el órgano de gobierno de los jueces. Perelló, que llegó al cargo con la etiqueta de progresista, maniobra con los 10 vocales del sector conservador y con el díscolo propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, para colocar a personas afines al grupo de consejeros propuesto por el PP en cargos clave para iniciativas del Ejecutivo como la próxima creación de 500 plazas judiciales –anunciada por el ministro Félix Bolaños en enero– o el actual proceso de implantación de los tribunales de instancia que han sustituido a todos los juzgados unipersonales un año después de la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Se trata, este último, de un proceso complejo en el que, además del Consejo y el Ministerio, participan 12 Comunidades Autónomas que deben dotar de medios a esos tribunales en sus respectivos territorios.

El sector progresista ha conseguido parar la última jugada de este tipo de la presidenta. La máxima responsable del órgano se alineó otra vez con los conservadores y Preciado para excluir al vocal progresista Luis Martín Contreras de la copresidencia (que ostenta junto al Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo) del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). Se trata de un organismo en el que están representados, además del Consejo y el Gobierno, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades con competencias transferidas en materia de justicia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana) y que es fundamental para asegurar la implantación de los tribunales de instancia, los que sustituyen a los juzgados unipersonales, por aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, en vigor desde enero de 2025.

El CTEAJE que copreside Martín Contreras es un órgano fundamental para la total transformación de la estructura judicial española que impone esa ley. Esta reordenación pasa por despojar los órganos unipersonales de sus respectivas oficinas judiciales para unirlos en un solo tribunal y así centrar a los jueces en su labor de juzgar, favorecer su especialización, y facilitar las sustituciones y la creación de nuevas plazas cuando sea necesario (que ya no tienen que ir acompañadas de toda la estructura burocrática de un juzgado con la consiguiente inversión). El CTEAJE es quien tiene que homologar y asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de todas las herramientas informáticas en los nuevos tribunales de instancia, así como de las que sirven a los ciudadanos y otros operadores jurídicos como los abogados, fiscales o procuradores para comunicarse con ellos a través de internet. El órgano es esencial para la coordinación de todas las Administraciones competentes en la materia, al estar todas representadas: CGPJ, Gobierno, Fiscalía y Comunidades competentes.

Los progresistas rechazan la salida de Luis Martín Contreras, pero Perelló les ha adelantado ya que los conservadores quieren cambiarlo y que ella y Preciado están de acuerdo con los vocales a propuesta del PP, y les ha conminado a llegar a un acuerdo con ellos. La apuesta implica dejar otra vez al sector progresista en minoría mediante el alineamiento de la presidenta y el vocal de Sumar con los 10 consejeros conservadores (12 votos contra nueve). Se trata de la misma mayoría que dio el control del órgano de gobierno de los jueces a los conservadores el pasado octubre, otorgándoles mayoría en las comisiones más importantes del órgano, lo que provocó una profunda crisis entre los dos sectores de la institución. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar que se mantienen en el sector progresista (todos menos Preciado) han rechazado la maniobra y han conseguido, momentáneamente, que, en el Pleno de este jueves, la propuesta salte del orden del día.

La presidenta, junto a Preciado, ya formó mayoría con los conservadores en la designación de otro cargo clave para las propuestas del departamento de Bolaños. Fue en el último Pleno del pasado enero cuando volvió a votar con los consejeros propuestos por el PP para poner a una jueza de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) al frente de la Sección de Planta Judicial del Consejo. Ese departamento de los órganos técnicos del CGPJ ha adquirido un peso determinante desde que el ministro de Presidencia y Justicia anunciara la creación de 500 plazas judiciales nuevas este año –la mayor disposición de nuevos puestos de la historia–, a las que se sumarán otras 500 en 2027, según fuentes del Ejecutivo.

Pese a que la decisión del Ministerio de crear esas nuevas plazas se adoptó a petición del Consejo y en los tribunales que este propuso hace apenas unos meses, la iniciativa, ampliamente demandada por la judicatura, no gustó en principio a Perelló, que aseguró que la medida "no abordaba ni resolvía" el problema. Al final ha acordado con Bolaños que las nuevas vacantes se cubran mediante la convocatoria por el Ministerio de 375 puestos para opositores y otras 125 para juristas de reconocida competencia que debe sacar el CGPJ. Los nuevos puestos cuya creación ha avanzado el Ministerio suponen un incremento del 16% en solo dos años. La medida dará cumplimiento a una reclamación secular de la judicatura –tanto de derechas como de izquierdas– que equipara la ratio de jueces por habitantes a la media europea.

El alineamiento de Perelló con Preciado y los conservadores volvió a repetirse en el Pleno del 11 de febrero. En esta ocasión, esa mayoría de 12 votos propiciada por ambos sirvió para designar a los vocales que se encargan de las relaciones del Consejo con las asociaciones judiciales. Los progresistas propusieron que la persona que les tocaba por reparto fuera la fiscala Inés Herrero, vocal a propuesta de Sumar, para ejercer esa función junto al conservador José Antonio Montero. Pero la jugada sirvió para que la cuota progresista fuera finalmente cubierta por el propio Preciado al que, a pesar de haber sido propuesto también por Sumar, el resto de progresistas no consideran de su grupo.

Desde la última renovación del CGPJ, en junio de 2024, el bloque conservador no ha tenido ni una sola fisura en su seno a la hora de afrontar las decisiones más importantes lo que ha provocado que, con el apoyo de la presidenta y el vocal progresista disidente, el primer órgano de gobierno de los jueces designado bajo la presidencia de Pedro Sánchez haya basculado a la derecha.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció el pasado jueves un acuerdo con el Gobierno por el que, además de las 91 nuevas plazas judiciales para ese territorio –500 para todo el Estado– que creará en los próximos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se aprobarán otras 90 más a lo largo de 2027. Ese incremento adicional de la planta catalana, que según los republicanos será una herramienta más para luchar contra la multirreincidencia, se enmarca en otro aumento de un total de 500 plazas más el año que viene en todo el Estado. Si lo consigue, el Estado habrá sacado adelante en solo dos años el mayor aumento de puestos para jueces y magistrados de la democracia, con mil plazas más, dando cumplimiento a una reclamación histórica de la judicatura. En un bienio se pasaría de aproximadamente 5.900 plazas a 6.900, un 17% más.

La nota sobre el acuerdo entre el Ejecutivo y ERC difundida por los republicanos explicaba que tanto el incremento previsto para este año (91 plazas en Cataluña, 500 en todo el Estado) como el logrado con el pacto alcanzado el jueves "se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la ley de eficiencia". Fuentes del Gobierno confirman que ese crecimiento de la planta judicial al que se refieren los republicanos no abarca únicamente el real decreto que aprobará el de este año. Los planes del Ministerio de Presidencia y Justicia pasan por elaborar una nueva disposición en 2027 con la que se creen 500 plazas más, entre las que se encuentran las 90 acordadas con la formación que preside Oriol Junqueras, según fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.

El ministerio trabaja ya en la elaboración del real decreto correspondiente a las nuevas 500 plazas a crear este año. El borrador de la norma ha sido enviado al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia –es decir, todas salvo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Murcia, Ceuta y Melilla– para que elaboren sus informes. Pese a que el incremento de plazas judiciales es una reclamación histórica de los jueces españoles –tanto de izquierdas como de derechas–, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, criticó la creación de los 500 nuevos puestos asegurando que "no aborda ni resuelve el problema de fondo". La queja del máximo cargo judicial español se produjo pese a que las plazas se crearán a petición expresa del Consejo que dirige –las reclamó el pasado julio– y en los órganos señalados por esa misma institución.

Crear estos nuevos destinos –tanto los 500 de este año como los 500 más del que viene– es el primer paso para incrementar la plantilla de jueces, secularmente reducida en España en proporción a la población. El Gobierno, al tener los presupuestos prorrogados, asegura que solo podrá sacar 200 plazas para opositores, como el año pasado y el anterior, y reclama al CGPJ –el único con capacidad para hacerlo– que apruebe una convocatoria de lo que en jerga judicial se denomina "cuarto turno", el sistema de acceso por concurso previsto para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional. Pese a que según establece la ley, el 25% de los jueces españoles debería ingresar por este sistema, el Consejo se resiste a iniciar el proceso. La última vez que lo hizo fue en 2023. El resultado es que los jueces del "cuarto turno", que deberían ser uno de cada cuatro, no alcanzan el 10% del personal.

En su discurso del 3 de febrero, en el que se quejó del incremento de plazas que había pedido, la presidenta del CGPJ avanzó que no cooperaría para cubrir los nuevos puestos creados a demanda de su órgano, con sus propios medios, es decir, con convocatorias para seleccionar magistrados a través del "cuarto turno". Fuentes del Ejecutivo aseguran que, al contrario que el ministerio, el gobierno de los jueces cuenta con presupuesto propio que le permite sacar las plazas que sean necesarias, además de tener la obligación de llenar ese déficit de jueces procedentes de otras profesiones jurídicas con 10 años de experiencia hasta llegar a ese 25%. Perelló se alinea así de nuevo con los vocales a propuesta del PP que reclaman al Ejecutivo que convoque más plazas para opositores. Este último método, dar entrada a opositores jóvenes y sin ningún tipo de trayectoria previa, es el sistema favorito de la derecha judicial al constituir el vivero de las principales asociaciones conservadoras.

Pese a la escenificación pública por parte de Perelló de su nuevo choque con el Ejecutivo, el Ministerio y el Consejo continúan con las negociaciones para decidir cómo se cubrirán finalmente las nuevas plazas una vez que estén creadas. Si el Consejo, como anunció Perelló, se niega a colaborar en este paso histórico necesario para poner el sistema judicial español a la altura del resto de Europa, los puestos tendrán que proveerse con sustituciones ordinarias (jueces que acepten cubrir varias plazas con un incremento salarial), magistrados suplentes (seleccionados entre juristas por las salas de gobierno de los tribunales superiores de cada comunidad) y jueces en expectativa de destino recién salidos de la Escuela Judicial y que, al no haber plaza para ellos, quedan a disposición del CGPJ.

Pese a las resistencias y las críticas de Perelló y los vocales conservadores, tanto el Gobierno como el sector progresista del Consejo dan por seguro que el informe preceptivo del órgano de gobierno de los jueces será favorable. Lo contrario sería oponerse a una medida que trata de solucionar una necesidad estructural de la judicatura española y ampliamente demandada por el cuerpo y todas las asociaciones corporativas conservadoras y progresistas. Rechazar un real decreto que atiende una reclamación secular como esa y hecho a petición y a medida del propio Consejo, sería una posición difícilmente explicable.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial criticó el pasado 3 de febrero el histórico incremento de 500 plazas judiciales que se dispone a aprobar el Gobierno pese a que ese aumento es una reclamación histórica de la judicatura que, además, había reiterado el Consejo que ella dirige el año pasado. Pero hubo una segunda razón por la que su discurso durante la entrega de despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial causó una enorme sorpresa en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Perelló compró con sus palabras la teoría conspirativa que agita la derecha política y judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez: que el Ejecutivo pretende rebajar el nivel de exigencia de las pruebas para entrar en las carreras judicial y fiscal.

En su alocución a los nuevos miembros de la carrera, la presidenta aprovechó cada minuto para alabar el sistema actual, una oposición puramente memorística y de recitación de origen decimonónico, que aparta de la sociedad durante casi un lustro a los candidatos, no da nada a los que no la superan tras el esfuerzo y afecta en muchos casos a su salud mental. "Habéis llegado a la condición de juez únicamente por vuestro esfuerzo y disciplina, al superar unas pruebas objetivas que garantizan el pleno conocimiento y el dominio del ordenamiento jurídico, y por ello, no debéis nada a nadie", afirmó Perelló obviando que ni la capacidad deductiva, ni la de relacionar conceptos, ni los idiomas, ni las habilidades de redacción ni la aptitud psicológica se evalúan en el proceso de selección.

Después, en lo que pareció una referencia al proyecto de ley orgánica que tramita el Congreso para la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que introduce pequeños cambios en las pruebas de ingreso actuales, se ató al mantra que las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras (todas menos Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales) sostuvieron para declarar una huelga ilegal el pasado julio. "Tampoco cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman", dijo Perelló, que compartía mesa presidencial con el Rey y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Solo le faltó añadir lo que sostiene sin ningún fundamento la derecha judicial y fiscal: que ese menor nivel para acceder a la carrera busca abrir la puerta a jueces afines al Ejecutivo.

La realidad es que la norma deja la organización de las pruebas al mismo organismo que las gestiona actualmente –la comisión de selección– que propone el temario, el contenido de los ejercicios de las pruebas de acceso y las normas complementarias, además de nombrar a entre dos y tres de los miembros de los tribunales que evalúan a los aspirantes. En esa comisión es el Consejo el que tiene la mayoría al designar a cuatro de sus ocho miembros (un vocal, un magistrado, un técnico de la institución y el director de la Escuela Judicial). De los cuatro restantes, dos los elige la Fiscalía y otros dos proceden del ministerio (el director del Centro de Estudios Jurídicos y un subdirector general). En esas condiciones, si bajara el nivel de exigencia de la oposición o de los concursos para la elección de juristas de reconocida competencia, sería en gran parte achacable al propio Consejo.

Lo mismo ocurre con los tribunales que hacen las pruebas, que tampoco cambian con el proyecto del Gobierno. El presidente se elige por acuerdo del CGPJ y la Fiscalía. El órgano de Gobierno de los jueces designa, además, a dos magistrados e, indirectamente, a través de la comisión de selección, elige a un catedrático y a un abogado de entre las ternas que le envían el Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El Ministerio Público aporta dos fiscales, mientras que el ejecutivo elige solo a dos: un abogado del Estado y un letrado de la Administración de Justicia (el cuerpo que anteriormente se conocía como secretarios judiciales). ¿Qué sentido tiene rebajar la exigencia de la oposición si los que la organizan y los tribunales que tienen la última palabra sobre los que aprueban o no son en su mayoría jueces y fiscales entre otros cargos del Consejo?

Que las sospechas lanzadas por Perelló –que el Gobierno pretende reducir el nivel de exigencia para convertirse en juez– carecen de fundamento se deduce también del informe elaborado por el propio Consejo que preside sobre el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces, avaló por unanimidad (es decir, también con el voto de la presidenta), la reforma con la inclusión de algunas objeciones y propuestas de mejora. Pero ni los progresistas, ni los conservadores, ni la propia Perelló afirmaron en ese informe preceptivo para la reforma que se estuviera facilitando el acceso a la judicatura (y la Fiscalía).

El sistema de oposición vigente supone, básicamente, recitar más de 300 temas como un papagayo ante un juez preparador que, a menudo, cobra en sobres. Pasar una media de cinco años encerrado diez horas al día memorizando leyes y sentencias que están al alcance de todos en bases de datos desde hace lustros sin ningún contacto con la realidad en lo mejor de la vida. Con el riesgo de que sea un esfuerzo que vaya a la basura, en caso de no sacar la oposición. No valorar los idiomas, ni las habilidades prácticas, ni la capacidad de redacción o motivación. Tampoco los conocimientos sociales, políticos o económicos. Sin un examen psicológico previo.

El proyecto de ley orgánica, actualmente en tramitación parlamentaria, pero estancado por la falta de apoyos del Ejecutivo, generaliza las becas para opositores que hasta ahora aprobaba el Gobierno y las incrementa hasta el Salario Mínimo Interprofesional. También establece el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el equivalente a la Escuela Judicial para los fiscales y otros cuerpos jurídicos estatales, como centro público y oficial de preparación "que complementa la oferta privada aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia", según la exposición de motivos. Es decir, que el que quiera seguir con el modelo tradicional de pagar a un juez para ese proceso, podrá hacerlo como hasta ahora. Eso sí, esos jueces tendrán que pedir permiso al CGPJ para desarrollar esa segunda actividad, lo que acabaría con la opacidad.

En cuanto a los ejercicios concretos, el anteproyecto reduce a una las pruebas orales, que "en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística". En ella, los candidatos deberán mostrar sus "competencias técnicas y analíticas" así como "una preparación técnico-jurídica suficiente concretada en el conocimiento de la norma jurídica", pero también "analizando con corrección los problemas que plantean y obteniendo conclusiones generales". A ella se suma "una prueba escrita eliminatoria" consistente en la resolución de uno o varios casos prácticos. En este segundo examen se valorará la "capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto o supuestos que se sometan a su valoración".

El proyecto obliga, además, a convocar al mismo tiempo las oposiciones a juez y los concursos para la selección de magistrados procedentes de profesiones jurídicas con más de 10 años de experiencia. La ley establece desde 1985 que una de cada cuatro plazas debe cubrirse con estos expertos juristas, pero el Consejo, que es el órgano que puede abrir el proceso, se resiste a convocarlo (no lo ha hecho desde 2023), lo que ha provocado que, en lugar de suponer el 25% de la plantilla, no lleguen al 10%. Esta resistencia ha vuelto a provocar un conflicto entre el Consejo y el Ejecutivo, que reclama al órgano de gobierno de los jueces que inicie de una vez ese proceso para cubrir parte de las 500 nuevas plazas que se crearán en los próximos meses. La derecha judicial siempre ha preferido a jueces de carrera procedentes de la oposición que, tradicionalmente, han supuesto el vivero de las asociaciones más conservadoras.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en su cuenta de X que se querellará contra Víctor de Aldama, el empresario investigado por el caso de las mascarillas junto a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Aldama fue entrevistado la noche del pasado miércoles en el programa El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid. Allí, aseguró sin aportar ningún tipo de prueba que el ministro intentó sobornarle. "El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación para ofrecerme mucho dinero para que yo me callara", recalcó.

Bolaños confirmó su querella en una respuesta en redes a un mensaje de la cuenta oficial del Partido Popular que le preguntaba al ministro si era verdad que conocía a Víctor de Aldama. "No conozco a este señor ni a su Dircom", aseguró Bolaños que aprovechó para preguntar al PP si le iban a pedir perdón por "propagar este bulo".