El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha denunciado este viernes el "cinismo" del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que "intenta dar lecciones sobre igualdad de género", pero no piden la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por una denuncia por acoso sexual de una exconcejala.

En el acto de cierre de campaña de las elecciones aragonesas en Zaragoza, Sánchez se ha referido al supuesto comportamiento del PP madrileño, publicado por el diario 'El País' de "tapar" una denuncia de una exconcelaja del partido que acusa de acoso sexual y laboral a Bautista, unos hechos que el regidor ha negado.

"Les vemos tratar de dar lecciones cuando lo que dan es vergüenza de apoyar al acosador y de no estar con la víctima y estar acusándola", ha dicho el líder de los socialistas, quien ha recordado que ningún partido está libre de sufrir este tipo de situaciones, pero ha remarcado que lo importante es cómo se responde.

En esa línea, ha reprochado a los populares que se hayan posicionado, ha dicho, del lado del "acosador" y no de la "víctima del acoso" y ha acusado tanto a Feijóo como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al propio Bautista de "mentir" en sus respuestas por este caso.

Así, ha considerado que la pregunta que queda ahora por hacer es por qué el presidente de los populares no ha pedido aún la dimisión del alcalde y de la cúpula del PP madrileño, algo que, a su juicio se debe a que no quiere que le pase lo que le sucedió a Pablo Casado: "que denunció la corrupción de Ayuso y al día siguiente le sacaron" del partido.

El presidente del Gobierno también ha tenido palabras hacia los ataques de los oligarcas tecnológicos por la voluntad del Ejecutivo de prohibir el acceso a las redes sociales para los jóvenes con menos de 16 años y ha exigido que estos "quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores". Ha aseverado que España está en "el lado correcto de la historia" con esta propuesta del Gobierno y ha asegurado que "los amos del algoritmo" quieren "controlar lo que leemos y vemos para luego saber y controlar lo que votamos".

Además, les ha acusado de expandir "bulos, desinformación y zafiedades", pero ha subrayado que España les plantará "cara" con la "fuerza de la razón, de la ley y de la democracia" y que las críticas de los dueños de redes sociales "le cargan de razones" para defender esta medida.

Sánchez ha estimado que esta propuesta no tiene un corte ideológico y que la intención es proteger "de manera extra" a los más jóvenes del "odio, los bulos y la violencia", que, ha dicho, les llega "en muchas ocasiones" a través de las redes sociales.

Por eso, ha insistido en que es necesario proteger los derechos "en el mundo físico y en el mundo digital" y ha avanzado que el Gobierno no pretende "claudicar", sino "liderar esta batalla en Europa y en el mundo".

El líder socialista ha criticado además la "respuesta" del PP y a Vox, "sintomática" a su juicio, a las críticas de estas compañías (principalmente de los dueños de X y Telegram) al anuncio de la prohibición, una propuesta "soberana y legal".

"El PP (dice), 'Esto no va conmigo', y Vox, hincando la rodilla y diciendo sí a su amo, los tecnoligarcas que tenemos al otro lado del Atlántico", ha dicho de ambas formaciones, a quienes ha criticado por defender la "soberanía nacional cuando les interesa" y por ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes.

¿Qué hará la Unión Europea si Donald Trump decide invadir de manera unilateral Groenlandia como ya ha amenazado con hacer? Nadie lo sabe. Bruselas se mueve de manera muy lenta y desdibujada ante el agitado contexto internacional y el nuevo rumbo emprendido por la Casa Blanca con su intervención en Venezuela.

La UE se mueve sólo a base de comunicados, sin dar un golpe en la mesa ante el ejercicio de imperialismo de Trump. Y el aliento lo siente en la nuca misma de Dinamarca, con la idea de Washington de ocupar Groenlandia, que también es territorio OTAN. Por el momento, los líderes europeos, con una profusa mayoría conservadora y del PPE (Partido Popular Europeo), ríe las gracias al norteamericano.

España es un país profundamente europeísta, como sus grandes partidos, pero ahora nota de lleno esa inacción de Bruselas y su caída como gran actor internacional frente a un mundo que se divide en las esferas de Estados Unidos, Rusia y China.

Esta sensación la concretaba estos días Josep Borrell, pieza clave durante estos años en la UE por su antiguo papel de Alto Representante. El también exministro español de Asuntos Exteriores ha lamentado durante las últimas horas la “mansedumbre” del bloque comunitario ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y ha pedido directamente a Bruselas que deje de ver a Washington como “su gran aliado”.

"Estados Unidos está dispuesto a instaurar un orden dirigido por él [Donald Trump] en áreas de influencia y seguir confiando en que es nuestro gran aliado es negar la realidad", dijo Borrell en una entrevista con la Agencia Efe, donde se preguntó: "Si mañana Trump decide tomar por la fuerza Groenlandia –que no le sería muy difícil porque ya tiene allí bases americanas suficientes para arriar la bandera danesa y poner la americana sin pegar ni un tiro–, ¿qué diríamos los europeos o que podríamos hacer?". Por eso, su solución pasa por la búsqueda en la UE de medios para asegurarse su propia defensa: "Europa ha vivido cómodamente bajo el paraguas protector de Estados Unidos, hoy es un protectorado militar y eso no es una buena solución porque, si el protector decide no protegerte, te quedas desnudo".

El Ejecutivo trata de empujar a Bruselas a tener una posición más decidida. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó a sus colegas europeos a alzar la voz de manera “unida y fuerte” y a asumir “su propia soberanía”. Para él, debe haber una respuesta conjunta: “Aislarnos del mundo es una opción destinada al fracaso”.

El análisis hecho durante estos días por Albares pasa por la existencia de un desafío al derecho internacional, que también asumen partidos políticos dentro de la UE. "Quieren dividirnos y debilitarnos". Para el responsable diplomático español, Europa es una potencia económica pero tiene que dar el salto para convertirse en una potencia política: "Si renunciamos a lo que somos, renunciamos a nuestra voz y peso en el mundo".

España es el país de la UE que está condenando con más contundencia las acciones de Estados Unidos y también está buscando alianzas fuera del ámbito de Bruselas, como se evidenció con el comunicado firmado junto a Brasil, Colombia, Chile y Uruguay. Asimismo, Albares ha lanzado la idea esta semana de promover una alianza mundial por el multilateralismo frente a quienes buscan deslegitimarlo.

“No debemos callarnos”, fue el mensaje que lanzó también el presidente, Pedro Sánchez, durante su encuentro el jueves con los embajadores españoles reunidos en Madrid, a los que trasladó: “Esta Administración es una Administración pro-atlantista. Pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal de igual a igual, que se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa”.

El descontento con el papel de la UE también se ha visibilizado a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha manifestado en estos trepidantes días que la Unión "no puede tolerar relaciones de vasallaje" con Estados Unidos. Ha cargado contra el “ordeno y mando” de Trump y ha advertido de que sus amenazas sobre Groenlandia “no son una broma”.

"Europa no está haciendo lo que tiene que hacer", ha lanzado la también ministra de Trabajo y Economía Social.

Desde Podemos se está denunciando además la situación de inacción internacional frente a Trump y Estados Unidos, un país, según señaló la eurodiputada Irene Montero, "criminal, terrorista, dispuesto a saltarse todas las normas del derecho internacional más básicas, financiar un genocidio, dar golpes de Estado, hacer una agresión militar ilegal como la que ha practicado contra Venezuela, secuestrar a su presidente y además decir abiertamente que es por petróleo". El partido morado, ante la coyuntura actual, apuesta decididamente por salirse de la OTAN y es contrario al posible envío de tropas por parte de España a Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz.

Y, mientras, el Partido Popular sigue atrapado en sus propias contradicciones intentando no criticar a Trump por la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, una figura que ha sido utilizada por Génova 13 durante años para tratar de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Los de Feijóo dejan su posición respecto a Groenlandia en manos de la UE, donde domina el PPE.

Los populares no han salido a criticar a Trump en público a pesar de que lo ha hecho incluso la fundación FAES de José María Aznar. Génova 13, a través de Juan Bravo, se limitó a secundar el comunicado de los países europeos y a mostrar su “máximo respaldo” a Dinamarca.

"Respetamos la posición que adopte Dinamarca, que es el país soberano y socio aliado en el ámbito de la Unión Europea", apuntó Bravo esta semana.

"No vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni de amenaza de personas u organizaciones". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto su silencio así tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y sus declaraciones que llegan a implicar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

Sánchez, en sendas entrevistas en Rac 1 y La 2 Cat este martes, ha cargado contra las "mentiras, bulos y desinformación" de Ábalos, a la vez que ha señalado que él pidió perdón por los casos de corrupción: "No ha habido ni un ápice de connivencia con la corrupción, sino contundencia".

"El PSOE no se ha financiado irregularmente", ha remarcado el jefe del Ejecutivo, quien ha dicho que solo se pronuncia sobre certezas y no sobres hipótesis cuando le han preguntado si dimitiría si fuera imputado. El presidente ha manifestado que había una faceta personal de su ex secretario de Organización que desconocía totalmente. Sánchez, no obstante, ha considerado que no va a entrar en una "espiral de querellas" con el exdirigente socialista.

Asimismo se ha referido a la manifestación del PP del pasado domingo para exigir elecciones señalando que "Isabel Díaz Ayuso no tiene límites y Alberto Núñez Feijóo está en la misma onda".

El presidente ha anunciado, además, un paquete de medidas para acercar de nuevo a Junts a través de un real decreto con iniciativas para el gasto de ayuntamientos como exigía Carles Puigdemont. A la vez ha indicado que se está avanzando para llegar a un acuerdo en el Congreso sobre la multirreincidencia, como quieren los posconvergentes, y se trabaja para la publicación de las balanzas fiscales.

El presidente se ha centrado especialmente en el intento de recuperar la confianza de Junts: "Asumo los incumplimientos y los retrasos que han criticado". En ese punto, ha informado de que el Consejo de Ministros aprueba este martes el real decreto que facilitará y flexibilizará inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales.

"Es decir, que los alcaldes y los presidentes de diputación van a tener más capacidad, más facilidad para invertir, por ejemplo, en proyectos que no conlleven un gasto corriente, como en construcción de vivienda o gestión de agua. Esto va a ser bueno para los ayuntamientos de Cataluña, pero también para los del conjunto del Estado", ha puntualizado.

Además, se va a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación.

Con otro anuncio a continuación: "Llevaremos en los próximos consejos de ministros un Real Decreto para crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables".

El también secretario general socialista ha enviado el mensaje de que el Gobierno está "animado" para acabar la legislatura y que él está dispuesto a ser de nuevo el candidato en las elecciones de 2027 frente a las dudas de que el Congreso está paralizado y podrían ponerse las urnas en los colegios pronto.

Sánchez ha reconocido que "es difícil y complejo aprobar los presupuestos, sin duda alguna". "Podríamos seguir con los que tenemos hasta el final de la legislatura, sin duda, porque son buenos para la economía", ha declarado, pero ha añadido: "No vamos a renunciar no solo a presentar los presupuestos. sino también a tratar de aprobarlos, porque merece la pena. Y porque los grupos parlamentarios se sentirían más representados con unas cuentas del 2026". Mostrando en este punto su eterno optimismo al ver el vaso "medio lleno".

"Este gobierno de coalición progresista le sienta muy bien al país y eso le sienta muy mal a la derecha", ha remarcado el socialista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará antes de que acabe el mes de noviembre el catálogo de elementos y de símbolos franquistas "para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles".

Sánchez ha hecho este anuncio en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso durante una pregunta de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que quería saber qué medidas adoptará el Gobierno "para acabar con la exaltación del franquismo".

El listado anunciado por Sánchez está contemplado en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que encomienda al Estado la elaboración de un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su retirada.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha denunciado que hay "organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado" porque sus actos, asegura, ni se sancionan ni tienen consecuencias.

"Creemos que es hora de que se tomen medidas", ha pedido a Sánchez, al que ha reclamado la aplicación de la propia Ley de Memoria Democrática para acabar con esta situación.

A pesar de que no hay citas en las urnas próximamente, Pedro Sánchez mira ya al próximo ciclo electoral. Y lo hace con los errores y aciertos aprendidos durante el 28M y el 23J. El presidente se centrará ahora en los presupuestos generales, el principal instrumento para atar la legislatura, y en afinar la maquinaria interna del socialismo para el ciclo que está por venir.

Sánchez se mueve estos días en esos espacios, pero rodeado de todo el “ruido”, como él mismo define, que emana de la derecha política, judicial y mediática. Un “acoso”, que ya analizó en su periodo de reflexión, que seguirá creciendo. Pero en La Moncloa dicen que están “tranquilos” y que el “tiempo pondrá las cosas en su lugar” dejando claro que se trata de un Gobierno “limpio”.

La celebración del 46 aniversario de la Constitución sirvió al propio presidente para trasladar esa idea de tranquilidad. Lo hizo durante una conversación informal con periodistas, en la que llegó a vaticinar que el “acoso” al Gobierno se acabará “volviendo en contra de los acosadores”. El jefe del Ejecutivo, tanto con micrófonos delante como en charlas en privado, lleva tiempo recalcando que la legislatura va a ser larga y que no tiene ninguna intención de convocar elecciones adelantadas pese a que la oposición insiste en que está agotado el Ejecutivo.

La intención de Sánchez es que se apruebe en el Consejo de Ministros a principios de año el proyecto de presupuestos generales del Estado. El pacto in extremis que se alcanzó sobre el paquete fiscal ha dado aire al Gobierno de cara a las cuentas públicas. En estos momentos es clave la negociación que mantienen los socialistas con Junts para el traspaso de competencias de migración a la Generalitat, lo que puede dar vía libre al apoyo también a la senda de déficit y a los PGE. “Discreción”, es la máxima que sale de La Moncloa, pero hay aires de acuerdo.

Asimismo, el Gobierno ha esperado a que acaben los procesos congresuales de los partidos que le apoyan. Tras resolverse la incógnita de Junts, ahora falta por saber qué pasará este fin de semana con Esquerra. No obstante, el propio presidente entiende que el vínculo con los republicanos es “sólido”.

El Gobierno transita esos días en mitad de titulares del ámbito judicial por las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, la citación a José Luis Ábalos por parte del Tribunal Supremo como imputado y los pasos dados dentro de las causas contra Begoña Gómez, el hermano del presidente y el fiscal general del Estado. Pero Sánchez afirma estar tranquilo y considera que se trata de un acoso sin precedentes a un Ejecutivo.

Pero el presidente entiende que los ciudadanos perciben la situación y que existe un “empatía” del electorado progresista respecto a la situación del Gobierno. De hecho, el análisis que se hace en el Ejecutivo es que ese “ruido” que llega de la derecha no representa la realidad como sucedió en las elecciones del 23 de julio, cuando el PSOE logró sumar un millón de votos más respecto a los comicios de 2019.

El mensaje de Sánchez va para el PP y también para la izquierda. “Yo no resisto, avanzo”, dijo ante los periodistas en referencia a las palabras de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien criticó tras el congreso de los socialistas que “gobernar no es resistir”. No obstante, en la parte de Sumar también creen que el acoso de las derechas puede activar a los progresistas. “Es tan obsceno…”, reflexionó la ministra de Sanidad, Mónica García, también en los actos de la Constitución en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Aunque no quiere pronunciarse públicamente, Sánchez sigue en primera persona los procesos congresuales que han arrancado en las federaciones. Tras desbrozarse el camino en Madrid con el aterrizaje de Óscar López, ahora todo el partido se fija especialmente en el PSOE de Andalucía. El presidente reconoció que Juan Espadas estaba liderando en un momento muy complicado para sus compañeros del sur, pero no cerró filas con él y señaló que elegirán los militantes en primarias.

Sánchez está obsesionado con unas federaciones competitivas para el próximo ciclo electoral tras la pesadilla del 28M. Por eso ve bien que haya ministros al frente como López y Diana Morant en la Comunitat Valenciana. La hoja de ruta pasa por recuperar gobiernos y ayuntamientos dentro de dos años y medio y cree que es buena la estrategia de que miembros del Gobierno lideren federaciones porque evidencia el “vínculo” entre los militantes y el Gobierno.

El Día de la Constitución también sirvió para evidenciar la distancia abismal entre Sánchez y Feijóo. Los dos líderes llegaron al Congreso un día después de que volvieran a saltar por los aires las negociaciones para un pacto migratorio. Para el socialista, esto evidencia el “chantaje” de Vox a los populares, que deja en el aire los presupuestos autonómicos. “Si esta es la alternativa del PP y de Vox…”, lamentó el también secretario general de los socialistas en la Cámara Baja.

Un aniversario de la Carta Magna que acaba de ser renovada en su artículo 49. El presidente lanzó la idea ratificada por el PSOE de impulsar una nueva reforma para blindar en el texto avances como el matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y la subida del salario mínimo interprofesional. A la vez que incidió en la necesidad de hacer frente al problema de la vivienda, un derecho consagrado en el artículo 47. Un tema que centrará la Conferencia de Presidentes del próximo viernes, pero con pocas posibilidades de un gran acuerdo entre el Gobierno y los presidentes populares.

Quince horas después de sellarse el pacto en Bruselas entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vieron las caras a primera hora del miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Conclusión estratégica: el líder popular imprimió un tono duro para justificar el acuerdo mientras que el presidente no quiso entrar en el cuerpo a cuerpo ni polemizar.

El acuerdo sobre el CGPJ ha removido la política española tras cinco años y medio de bloqueo por parte de la derecha. Se trata del primer pacto de Estado alcanzado por Sánchez y Núñez Feijóo, quien durante mucho tiempo ha sucumbido a la presión de parte de la derecha política, mediática y judicial para no darle ni una gota de agua al Gobierno de coalición.

Feijóo quiso desplegar durante sus dos turnos en la sesión un discurso para marcar distancias con Sánchez en un momento en el que Vox ha acrecentado sus críticas al PP por el pacto. Su primer argumento: buena parte de lo firmado fue expuesto en su sesión de investidura y apoyado por CC, UPN y los de Santiago Abascal. "Usted dijo que el PP era de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha?", le lanzó de aperitivo en sus primeras palabras.

Sánchez puso entonces sobre la mesa que Feijóo hacía ese "aspaviento" para callar a quienes le han llevado "a la senda de la oposición destructiva". Para el presidente se trata de un acuerdo "importante": "Es motivo para felicitarse, es bueno para la ciudadanía, la economía y el buen nombre y reputación del Consejo". "Bienvenido al acuerdo y al cumplimiento de la Constitución", ahondó el presidente en una expresión que repitió varias veces durante su intervención.

El también secretario general del PSOE lanzó el mensaje de que el Gobierno en minoría, "por necesidad y por convicción", siempre ha apostado por el acuerdo: "Todo el que ha querido pactar ha encontrado la mano tendida". Poniendo también como ejemplo el consenso entre partidos que se ha alcanzado en el seno de la UE para los top jobs que ha dejado fuera a la extrema derecha. "Quedan tres años de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar", remachó.

Feijóo volvió a la carga en su segundo turno: "Las instituciones europeas les han obligado a firmar. Este acuerdo no es para ayudarles, sino para poner límite a la voracidad de su Gobierno para controlar las instituciones del Estado. He cumplido con mi deber, el CGPJ no va a ser controlado ni por el PSOE ni por el PP". Y ahí exigió tres acuerdos "muy sencillos". Uno es que el fiscal general del Estado "dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser abogado de su familia". Añadió: que el Tribunal Constitucional "deje de manosear al Supremo y deje de exculpar a condenados socialistas por corrupción". Para rematar: que Sánchez comparezca en el Congreso "para explicar todo lo que sale de su familia".

"Señor Feijóo, para usted la perra gorda. Lo importante es que se cumpla con la Constitución y se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial". Para finalizar subrayando que siempre está dispuesto a pactar en beneficio de la mayoría social: "Ojalá este sea el primero de muchos otros acuerdos". Abandonaba el presidente con una sonrisa el Hemiciclo: "Buenos días, muchas gracias", dijo a los periodistas. El pacto ya está firmado.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, publicó este martes una nueva carta a la ciudadanía, tras citar el juez como investigada a su esposa, en la que muestra su decisión "más firme que nunca" de continuar en la Presidencia del Gobierno y en la que defiende que la causa abierta contra Begoña Gómez es "todo mentira, un gran bulo", por lo que ve un interés electoral en ese paso judicial y por lo que pide "condena y rechazo" en las urnas el domingo.

Sánchez en el mensaje indica: "Quisiera trasladar que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes". "Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lectora extraer sus conclusiones", ahonda el dirigente socialista.

Sánchez indica que se ve en la obligación de compartir "una lectura política" de lo sucedido, recordando que en su anterior misiva ya denunció la "deriva de la coalición reaccionaria" formada por Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo "para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal". "Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso como supimos ayer tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura con una alianza contra natura. Todo les vale", denuncia el presidente.

Según el presidente, "lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria". Y subraya que sabía que la "máquina del fango no iba a parar", sino que se iba incluso a acelerar. Pero señala que va a seguir al frente del Ejecutivo a pesar de ese acoso: "La tarea que tiene el Gobierno de coalición es más necesaria que nunca".

El socialista advierte en su carta a los ciudadanos: "En los próximos días será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno". Con esta confesión al hilo: "Begoña y yo sabemos perfectamente para qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja".

A lo que añade el también secretario general del PSOE: "Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ellos por las responsabilidades de su marido. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del Gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos".

Interpela directamente a los ciudadanos otra vez en el mensaje con el aviso de que se escuchará mucho ruido y "aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijóo y el señor Abascal". "Todo mentira, un gran bulo", sostiene, con la idea directa: "En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán".

Todo ello le lleva a este punto: "Y, dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores (el señor Feijóo y el señor Abascal) encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazos a sus malas artes". Para concluir así la carta: "Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances".

“Dear Minister Bolaños, Dear Deputy Secretary Pons”. Tras semanas de debate interno, la Comisión Europea ha dado el paso para mediar entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace más de cinco años por los populares con más de una veintena de excusas. La primera reunión a tres será el próximo miércoles, 31 de enero, en Bruselas.

Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien puso sobre la mesa en diciembre en su reunión con Sánchez que la Comisión Europea hiciera este papel de árbitro fuera de España, algo que sorprendió al propio Ejecutivo y al PSOE después de meses de duras críticas e insultos por parte de Génova 13 por el papel del mediador internacional entre Ferraz y los independentistas para la investidura.

El papel lo asume finalmente el comisario de Justicia, Didier Reynders, como quería el PP y con quien los populares tienen un buen trato. El Gobierno no puso resistencia a ese nombre, aunque su labor en la Comisión Europea puede acabar muy pronto por el deseo de Bélgica de que compita por la Presidencia del Consejo de Europa. El político tiene también trato con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el que se vio precisamente en Bruselas este viernes y que será el encargado de negociar por parte de la delegación socialista.

En el Gobierno siempre han interpretado que ese papel de mediación pedido por el PP se debe al “callejón sin salida” de Feijóo para seguir bloqueando el Consejo General del Poder Judicial y al miedo al ataque de la derecha política y mediática al hecho de que pudiera llegar a un pacto con el PSOE en estos momentos. Por eso, en La Moncloa siempre pensaron que este era el salvavidas que buscaba el presidente del PP para poder renovar un órgano que llevaba cinco años “secuestrado” por los populares.

Después de conocerse la implicación de la UE, la lectura que hacen también en el Gobierno es que ya se acabaron “las excusas” del PP y que esta debe ser la negociación “definitiva” para renovar el Poder Judicial. La idea que tiene el Ejecutivo, según comentó Bolaños, es que se intente llegar a un acuerdo en las próximas semanas una vez arranque el trabajo, aunque Bruselas se ha dado dos meses como máximo para la firma final.

Pero estas reuniones a tres tienen también otra batalla de fondo. El Gobierno irá con la idea de que se debe concretar ya una renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, pero el Partido Popular quiere utilizar la presión de Reynders para que a la vez se pacte una reforma de la ley que lleve a que los jueces tengan más poder a la hora de elegir el Consejo General del Poder Judicial frente a las Cortes Generales.

El trabajo planeado por la Comisión tiene como hoja de ruta los informes sobre el Estado de Derecho emitidos por Bruselas los dos últimos años, en los que se pide proceder a la renovación del Poder Judicial como “cuestión prioritaria” e iniciar “inmediatamente después” un proceso para adaptar el nombramiento de los miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos de consejos judiciales.

“Lo urgente y lo que pide la Comisión es renovar el Consejo General del Poder Judicial y dar normalidad a la Justicia. La idea del Gobierno coincide con la idea de la Comisión Europea, planteada por escrito en el informe sobre el Estado de Derecho. Esa idea es que la renovación del CGPJ es urgente, es la preocupación máxima de la Comisión y del Gobierno de España. Es urgente cumplir la ley y la Constitución. Una vez que hayamos renovado el CGPJ, por supuesto que podemos hablar de otros asuntos”, consideró Bolaños.

El Gobierno dice que se sentará a la mesa con “la mente abierta” y pone de relieve durante estas horas que no es una noticia menor que los populares “abandonen la rebeldía” de cincos años sobre este órgano. En estos momentos, desde el Ejecutivo se denuncia la estrategia que está siguiendo el PP de erosionar la legitimidad de instituciones como el Congreso o el Tribunal Constitucional.

El PP sigue con la hoja de ruta de que se pacte de manera simultánea esa nueva ley y que, además, se incluya la prohibición de que políticos acaben sentados en el Consejo General y en el Tribunal Constitucional. Desde sectores de la izquierda se achaca al PP ese intento de cambiar la ley para dar más poder a los jueces al dominar, en su opinión, el sesgo conservador entre la magistratura. 

El actual Consejo General del Poder Judicial, controlado por la mayoría conservadora, se ha convertido en un frente contra el actual Ejecutivo, con medidas sin precedentes como comunicados en contra de la ley de amnistía (que todavía no ha sido aprobada por las Cortes) y el demoledor informe contra el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García, hecho por el Consejo de Ministros. Este órgano lo ha llegado a acusar de una “utilización espuria de sus importantes potestades”.

El CGPJ está formado por veinte miembros (llamados vocales) que son elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocido prestigio (diez por el Congreso y diez por el Senado). El mandato es de cinco años y los integrantes no pueden ser reelegidos. En diciembre del año pasado se cumplieron cinco años de bloqueo del Consejo General por culpa del Partido Popular, que ha puesto una treintena de excusas durante este tiempo: desde las críticas de Podemos al rey hasta la reforma de la sedición o la aprobación de los indultos.

La reunión del próximo miércoles llegará en un momento clave, apenas horas después del debate en el Pleno del Congreso de la Proposición de ley de amnistía, donde se dará el visto bueno al texto para pasar al Senado, y que se prevé de alto voltaje dialéctico. Y esa norma llega con modificaciones después de que el PSOE haya pactado con Junts y ERC una enmienda para modificar la parte de la exclusión del terrorismo y blindarla ante el proceso judicial en el que están inmersos Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.

El arranque del nuevo Gobierno de coalición está marcado en buena parte por el choque con sectores del poder judicial, con manifestaciones incluso de jueces en las puertas de juzgados para protestar contra esa ley de amnistía. Serán precisamente los magistrados los que tengan que aplicar esa norma cuando esté en vigor y el PSOE y sus socios han tratado de afinarla técnicamente ante la ofensiva que se espera en los tribunales y blindarla ante diferentes interpretaciones. Además, tendrá que pasar el filtro del Constitucional, que ahora intenta desacreditar el PP con expresiones como que es el “cáncer del Estado”, como dijo Esteban González Pons, que es precisamente el hombre que va a ir a negociar en Bruselas.

A falta de 24 horas para que se celebre la votación, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez no tiene los votos suficientes para sacar adelante tres decretos ley de máxima importancia: medidas anticrisis, ómnibus y protección del desempleo. Se trata de la primera votación ajustada a la que tendrá que hacer frente el Ejecutivo de coalición, que, fiel a sus tradiciones, negociará hasta el último momento a varias bandas para tratar de atar los apoyos de Junts, de Podemos y, como plan b, del Partido Popular. Desde el Gobierno insisten en que estos decretos contienen importantes medidas que decaerían en caso de un rechazo de la Cámara, como la bonificación al transporte o la rebaja del IVA a los alimentos básicos, y también pondrían en peligro el nuevo paquete de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. 

Las formaciones, sin embargo, no se sienten interpeladas y afean al Ejecutivo el hecho de no tener atados previamente los apoyos. Las quejas por el recurrente empleo de la vía del decreto ley —que implica someter a votación del Congreso, en bloque, medidas muy variopintas—son transversales: tanto de aliados del Ejecutivo como de las formaciones conservadoras. Es más, el propio presidente del Gobierno —en 2015, cuando todavía estaba en la oposición— afeaba al expresidente Mariano Rajoy el uso de este recurso. "Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno de la democracia, convirtiendo una figura prevista para circunstancia excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, su función", lamentaba, al tiempo que se comprometía a limitar el uso del decreto ley.

El argumento Sánchez —que ha desbancado a Rajoy como el presidente que más ha utilizado esta figura— sobre la excepcionalidad de los decretos ley es correcto. El artículo 86 de la Constitución Española sostiene lo siguiente: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general".

Si nos atenemos a esta definición, utilizar el decreto ley debería ser una cuestión excepcional en un régimen parlamentario en el que la función legislativa está encomendada a las Cámaras, representantes de la soberanía popular. La frecuencia y la intensidad de su empleo crecieron desproporcionadamente desde 2010, aunque se atribuyó en gran medida a la crisis económica, pero su uso en la última década fue muy elevado. En la última legislatura su utilización alcanzó el récord —aún descontando los inicios de la crisis del covid, una situación que sí puede ser catalogada como excepcional y avala este uso—.

Durante la pasada legislatura el Ejecutivo de Sánchez aprobó 93 decretos ley y, desde que el socialista es presidente —llegó al poder en 2018— ha utilizado este recurso en 141 ocasiones. El primer año de pandemia, con el Congreso a medio gas, se utilizó en 22 veces. Aunque el Consejo de Gobierno es el que tiene la potestad de aprobarlos y su vigencia comienza con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, comienza un plazo de 30 días en los que el Congreso debe votar si se convalida o se deroga. También existe la posibilidad de que se convalide pero, a cambio, se apruebe la propuesta de su tramitación como proyecto de ley, en el que los demás grupos parlamentarios pueden introducir enmiendas.

Sin embargo, muchas veces estos cambios no se llegan a implementar porque el Gobierno, una vez logra que se ratifiquen sus decretos ley, deja aparcada su modificación. La pasada legislatura el Gobierno aceptó tramitar 54 decretos ley como proyectos de ley "para introducir mejoras": 38 de ellos fueron bloqueados indefinidamente, 13 aprobados introduciendo algún cambio y 3 ratificados sin cambio alguno. Al tener la mayoría de los puestos en la Mesa del Congreso, puede prorrogar indefinidamente el plazo de enmiendas a cualquier proyecto. Es un recurso que se utiliza de manera habitual para no tener que tramitar una ley.

Otra de las críticas recurrentes del arco parlamentario a esta forma de legislar por parte del Gobierno es la inclusión en un mismo texto de materias que nada tienen que ver entre sí. Es, precisamente, lo que sucede con el decreto ómnibus que incluye reformas en Función Pública, Mecenazgo y Justicia. Junts ha pedido al Ejecutivo que retire las medidas "macedonia", se trata de la misma queja que han trasladado en el pasado formaciones como Esquerra Republicana o el PNV, que ahora no pondrán en riesgo su convalidación pero sí cargan contra la técnica legislativa del Gobierno.

En el estudio 'Análisis cuantitativo del uso del decreto ley en España (1979-2018)' los investigadores Rafael y Sergio Sáinz, explican que los Gobiernos en minoría emplean más el decreto ley. "Para Gobiernos con mayoría simple, un nivel de fragmentación elevado representa una mayor heterogeneidad de los grupos que apoyan al Gobierno y crea una mayor necesidad de negociar, lo cual obliga a su vez, con una mayor frecuencia relativa, a la tramitación parlamentaria de los decretos leyes aprobados", señalan. Y añaden que en épocas de crisis los decretos leyes "tienden a ser más largos y a tener un impacto mayor en el ordenamiento".

Los autores también se fijan en otro dato. A pesar de que los gobiernos en minoría utilicen más este tipo de fórmula, señalan que los decretos leyes dictados por Gobiernos con mayoría absoluta "se recurren, de media, cuatro veces más" que los dictados por Gobiernos apoyados en una mayoría parlamentaria simple. Eso les permite concluir que la matemática parlamentaria "permite una mayor participación política en el seno del Congreso" y es habitual que el decreto ley "se integre mejor en el sistema jurídico" a través de la introducción de enmiendas. Asimismo, concluyen que otro elemento que favorecería la intervención parlamentaria sería que cada decreto ley regulase una única materia.

A pesar de que este recurso ha sido utilizado —de manera más o menos habitual— por todos los Gobiernos, el Congreso solo ha tumbado cinco decretos desde el año 1979 y, menos en una ocasión, se acabó aprobando una norma equivalente. La primera fue un decreto ley, aprobado durante la legislatura constituyente, para prorrogar el tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento. El siguiente rechazo llegó más de veinticinco años después, en 2006, cuando por equivocación el PSOE votó en contra de un decreto que modificaba los tipos impositivos del tabaco. En 2017, con Rajoy al frente del Gobierno, la Cámara Baja tumbó otro decreto ley sobre los estibadores con 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones.

Durante la etapa de Pedro Sánchez como presidente, el Congreso ha tumbado dos de sus decretos ley. El de  medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que contó con el rechazo de Podemos, y, en 2020, el que aprobaba reglas para el uso del superávit de los ayuntamientos, que la Cámara Baja tumbó con 156 votos a favor y 193 en contra entre críticas por el ataque a la autonomía local.

Casi dos horas frente a frente. Y la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, terminó con dos grandes acuerdos: que la Comisión Europea medie en la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre los dos partidos y modificar el artículo 49 de la Constitución Española para cambiar el término "disminuido".

Estos fueron los dos puntos sobre los que se entendieron los dos dirigentes, con el presidente aceptando la propuesta de Feijóo de que Bruselas supervise las reuniones para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años caducado.

Esto supondrá reuniones a tres, en las que también se abordará un cambio en la ley actual, a petición de los populares, para la elección del órgano de gobierno de los jueces. A los populares les gustaría que participara el comisario de Justicia, Didier Reynders, en tanto que ellos designarán por su parte a Esteban González Pons. Por parte del Gobierno, participará Félix Bolaños, en tanto que se respetará la persona de la Comisión que "medie y verifique", según apuntó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

Desde el Gobierno se defiende que se lleve a cabo cuanto antes esa renovación de la composición del Consejo General Poder Judicial, aunque recuerda que el planteamiento del Ejecutivo es que este se dé este paso y posteriormente tratar un cambio en la propia ley orgánica. "Es un paso muy importante que el PP se avenga a cumplir la Constitución", añadió Alegría.

Fuentes gubernamentales especifican que no se tienen que llegar a la vez a un acuerdo de la renovación del Poder Judicial y de una nueva ley orgánica para la elección de los miembros. De hecho, rememoran que la postura de la Comisión Europea ha sido clara: lo urgente es renovar el actual CGPJ.

Asimismo, la cita deja un acuerdo para reformar el artículo 49 de la Carta Magna. La propuesta pactada por Feijóo y Sánchez es que se realice a través de un proposición de ley para ser aprobada en un pleno monográfico en enero, con el compromiso de que cualquier enmienda al texto ya acordado en la anterior legislatura tenga que contar con el respaldo del PP y del PSOE.

En cambio, el presidente del Gobierno rechazó las propuestas hechas por el PP de paralizar de manera inmediata la moción de censura en Pamplona para darle la Alcaldía a EH Bildu o frenar el nombramiento de Miguel Ángel Oliver al frente de la Agencia Efe. El líder de los populares exigió durante esta cita al presidente del Gobierno frenar la tramitación de la ley de amnistía, algo a lo que se opuso el secretario general de los socialistas.

La portavoz del Gobierno subrayó, en rueda de prensa en La Moncloa, que esta cita se enmarca dentro de la "normalidad democrática" y puso en valor el "diálogo y el acuerdo": "Esperamos también ahora con el PP". Alegría alabó ese acuerdo sobre el artículo 49 para eliminar, "de una vez por todas", la expresión de "disminuidos": "Es una reforma de justicia". Confirmó que se hará a través de una proposición de ley que se registrará antes del 31 de diciembre con fin de aprobarla en enero.

Asimismo, celebró que la Comisión Europea vaya a "mediar y verificar" para lograr una renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial. "Evidentemente es una buena noticia", agregó la también ministra de Educación, que comentó que se da un paso para acabar con esta "anomalía".

"Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí que me preocupa", trasladó Alberto Núñez Feijóo en la rueda de prensa tras la reunión en el Congreso. La cita fue en las dependencias de la Cámara Baja por exigencia del propio líder del Partido Popular, que terminó aceptando a verse con Sánchez tras varias semanas dando largas.

Según Feijóo, el Gordo le ha tocado a los socios del Gobierno. En su opinión, Sánchez no tiene "voluntad de rectificación" y el "margen de maniobra" para cualquier acuerdo entre ambos "es el que dejen los independentistas".

Sobre la propuesta de que Bruselas verifique, manifestó:  "Hemos hecho un sondeo discreto en la Comisión y nos han dicho que estarían dispuestos a supervisar. No le voy a presentar una propuesta al presidente que la Comisión luego rechace; pero sí están de acuerdo a monitorizar y seguir las negociaciones".

Puro equilibrismo. El PSOE tiene que moverse en distintas pistas de manera paralela y con muchos riesgos para mantener la relación con los socios catalanes, necesarios para aguantar la legislatura. Una conexión complicada, en la que se mezclan algunos intereses comunes, pero también muchas disputas entre los diferentes actores. Con un constante horizonte de pulso electoral.

La máxima de Pedro Sánchez es clara: mantener la mejor relación posible con los socios, generar la confianza suficiente, no provocar incendios absurdos y marcar a la vez los límites de lo que está dispuesto a hacer el PSOE. Todo ello lleva a tener que manejar a diario situaciones que pueden hacer descarrilar esa mayoría o provocar titulares adversos, como ha sucedido esta semana con el anuncio de una futura reunión entre Carles Puigdemont y el presidente, con los consecuentes recelos de Esquerra o el ataque de la cúpula judicial y del PP al Gobierno por la intervención en el Congreso de Míriam Nogueras (Junts) sobre el lawfare. O el propio debate de la ley de amnistía, donde también se midieron mucho las palabras para que no hubiera choques con los posconvergentes, como sucedió durante el debate de investidura.

La fórmula a seguir la define de esta manera un miembro de la dirección del PSOE y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez para los temas catalanes: “Los acuerdos se consiguieron precisamente gracias a la discreción, su desarrollo tiene que producirse con la misma discreción. Y cuando hay cosas que comunicar se hace”.

Una de las cosas que también ha pedido Sánchez es en esa búsqueda de confianza es abrir varios puentes y que los interlocutores vayan compactando las situaciones. Por eso, se están cubriendo varios flancos, como la línea directa de Santos Cerdán con Junts, algo que lleva trabajando el navarro desde la noche del 23 de julio con la ayuda inicial del PNV. En Ferraz explican que ha sido muy importante el papel de Jordi Turull para allanar el camino que se está recorriendo.

Pero hay más vías: Félix Bolaños tiene relación con Míriam Nogueras, de Junts, pero también ha cultivado mucho a Esquerra, donde tiene como uno de sus principales contactos a Josep María Jové. Además, hay otros hilos directos con buena sintonía a otra escala como el del director de gabinete del presidente, Óscar López, con Sergi Sabrià (mano derecha de Pere Aragonès como director de la Oficina de la Estrategia y Comunicación del Govern).

En el PSOE, según reconocen varias fuentes, también son conscientes de que muchas veces deben guardar silencio en pos de conseguir acuerdos y a veces les duelen ataques injustificados de la derecha, como cuando sus dirigentes dijeron que se iba a incluir el lawfare en la ley de amnistía o ahora las críticas por un supuesto acercamiento de presos en el futuro a Euskadi. En el partido defienden que todo se hace con transparencia una vez se logra un pacto y que se hacen públicos hasta los documentos, mientras que, por ejemplo, el PP nunca desveló el detalle de investidura junto a Vox.

También reconocen los socialistas que la rivalidad entre ERC y Junts es una constante que flotará en el aire durante toda la legislatura, especialmente conforme se vaya acercando la contienda electoral en Cataluña, prevista para febrero de 2025. A pesar de los continuos rumores de adelanto, el presidente Aragonès no tiene intención de pulsar el botón de las urnas. Considera que queda mucho por hacer y quiere también rearmar a su partido tras el 23 de julio.

Fuentes de Esquerra indican que el bajón en las generales de su partido no se corresponderá con el escenario catalán, ya que entienden que muchos votantes optaron por Pedro Sánchez para frenar un Gobierno entre el Partido Popular y la ultraderecha de Santiago Abascal. Asimismo, en Esquerra creen que el PSC puede sufrir un desgaste entre parte de su electorado situado a la derecha y que venía de Ciudadanos por la aprobación de la ley de amnistía. “A ellos les hace más daño que a nosotros”, indica un dirigente de ERC.

El PSC se ha convertido en el gran rival a batir en las próximas elecciones catalanas, a tenor de las encuestas, aunque los pactos posteriores podrían dejar sin la Generalitat a Salvador Illa, como sucedió en las últimas elecciones. Los socialistas catalanes han perdido puestos clave en Madrid como la Presidencia del Congreso (que antes ocupaba Meritxell Batet) y los ministerios de Cultura (Miquel Iceta) y de Transportes (Raquel Sánchez), pero defienden que se han hecho con el departamento de Industria y Turismo con Jordi Hereu en un puesto muy importante de la relación con el empresariado, un flanco que está cuidando mucho el partido.

El PSOE, además, durante estos días está imprimiendo otro carácter a su defensa de la ley de amnistía, presentando ya “beneficios” palpables ante los ciudadanos, como que los partidos independentistas hayan vuelto al tablero político nacional y acepten como marco la Constitución. Con el flanco además económico, con Pedro Sánchez reivindicando el alto grado de ocupación hotelera durante este puente en Cataluña, el doble que en 2017. De hecho, en el PSOE también interpretan que el hecho de anunciar la reunión por parte de Junts también es una señal por parte de los posconvergentes de que la voluntad es ir a largo y de poder aguantar la legislatura.

La rivalidad entre Esquerra y Junts es uno de los factores que marcará este ciclo político. “Carles Puigdemont no soporta a Oriol Junqueras, lo culpa de todo”, comenta una fuente del soberanismo. En ERC creen que el expresidente quiere aprovechar todas las oportunidades para buscar los flashes y el protagonismo, pero a la vez entienden que el tiempo les ha dado la razón y ahora Junts se suma a la vía pragmática que iniciaron hace años los de Aragonès. Asimismo, también se empiezan a fraguar dos bloques vascocatalanes con intereses comunes: Junts-PNV versus ERC-EH Bildu.

Toni Aira, politólogo y director del máster de Comunicación Política e Institucional de la UPF-BSM, explica que la rivalidad entre ERC y Junts “es histórica, pero descompensada hasta los últimos años”. “Esquerra siempre ha querido ser el mundo convergente en los temas de poder y decisiones. Ha tenido la suerte de que ese espacio saltó por los aires, pero tiene el problema de que no le ha salido esa parte de gestión que tenía CiU”. Pone ejemplos como el episodio reciente de la reacción al informe PISA o la pérdida de alcaldías como Lleida y Tarragona.

Comenta que Junts estaba hasta ahora fuera de la competición, “en su momento hamletiano de ser o no ser y encontrarse”. “Además, ERC había maquinado para marginarlos. Del Govern salió Junts, pero muy empujados por Esquerra por la manera en la que los trataban. No los querían ni los quieren en espacios de poder”, reflexiona Aira.

Por eso, dice, Sánchez camina “sobre un campo de minas” ante el miedo de ERC al “protagonismo” que ahora tiene Junts. “Es una de las dificultades de la legislatura: cómo avanza en una relación con los de Carles Puigdemont teniendo a Esquerra constantemente al borde de un ataque de nervios”.

También analiza este asunto la politóloga Verónica Fumanal, que asegura que Sánchez, más que un presidente, va a tener que ser un “equilibrista” por el “hecho de tener que lidiar con tantas fuerzas al mismo tiempo con intereses confrontados”. Por eso considera que la capacidad de llegar a acuerdos del PSOE será determinante, a la vez que vaticina que será una legislatura sin grandes cambios legislativos. “Es muy complicado embridar en una misma ley a la derecha y a la izquierda”, apostilla.

“El tema de Cataluña va a ser la cuestión central, aunque al PSOE no le vaya a gustar”, prosigue Fumanal, que recuerda que ya es “año preelectoral” en esa comunidad y el Govern está en una situación “precaria”. “Va a haber un pulso muy importante entre el PSOE y Sumar con las fuerzas nacionalistas por ver qué agenda domina la legislatura”, añade la politóloga, que apunta: “Es más fácil que sea la territorial con la complicidad del PP, que no va a dejar que se hable, por ejemplo, de la ley de paridad”. Ella considera que habrá “una pinza” que puede perjudicar a los socialistas.

Para indicar a continuación: “Es una legislatura muy complicada, aunque territorialmente más plácida porque los nacionalistas colaboran en la gobernabilidad de España. Pero tendremos votaciones que se llevarán hasta el final”. Con una última consideración: “Por ejemplo, la amnistía tiene una parte política, pero luego está la del poder judicial, que va a ser muy importante”.

No ha pasado ni un mes desde que se constituyó el nuevo Gobierno de coalición y ya están produciendo los primeros choques entre PSOE y Sumar. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la ausencia de Podemos —que en esta legislatura no tiene ninguna cartera ministerial— implica menos confrontación y más colaboración en la relación entre los socios del Gobierno, aunque tendrán que negociar a nivel parlamentario tras la decisión de sus cinco diputados de pasarse al Grupo Mixto. 

El reto para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es conseguir algo que sí dominaba Podemos: tener un discurso propio frente al PSOE. Una de las críticas que sobrevuelan sobre Díaz radica en su dificultad de diferenciarse de los socialistas por su complicidad con Sánchez y su formas, más propensas al diálogo que al "ruido", como ella misma define a las discrepancias entre los socios del Ejecutivo.

La pasada legislatura, con Podemos como principal partido del espacio, los enfrentamientos con el PSOE se produjeron de manera asidua. Díaz no quiere un lenguaje grueso del tipo "partido de la guerra" —así definió la exministra Ione Belarra al PSOE tras el envío de armas a Ucrania— ni aprueba los tuits incendiarios contra sus socios. Sin embargo, es consciente de que tiene que diferenciarse para no quedar desdibujada frente a los socialistas, por lo que Sumar ya comienza a dar sus propias batallas, tanto dentro como fuera del Gobierno.

El detonante de la primera grieta considerable de la legislatura, entre carteras gestionadas por el PSOE y otra de Sumar, ha sido la reforma del subsidio por desempleo. Hace más de un año que equipos de cuatro ministerios, Trabajo, Economía, Hacienda e Inclusión, se intercambian documentación al respecto, al tratarse de un asunto “de calado” ligado al objetivo de alcanzar el pleno empleo. Pese a la cierta urgencia, los trabajos técnicos no han concluido, “se están puliendo cosas”, según aseveran desde varios de los ministerios mencionados, por lo que todavía no hay un documento que elevar primero al Consejo de Ministros y luego a Bruselas.

Díaz asegura que desde su área no se va a “propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo” y recalca al Ministerio de Economía que lidera Nadia Calviño que los cambios del subsidio por desempleo son "una competencia" de su ministerio. Hace unas semanas se conocieron algunas intenciones del Ejecutivo para reformar estos subsidios, entre las que estaban hacer su cobro gradual en el tiempo, de forma que se incentive más la incorporación de sus beneficiarios a un empleo. A juicio de Trabajo, lo que quiere Economía es disminuir de manera progresiva la prestación de 480 euros, mientras que Díaz aboga por mejorarla.

Este viernes Calviño y Díaz han protagonizado un nuevo enfrentamiento a costa de los impuestos a la banca y a las energéticas que el Gobierno aprobó hace un año. La ministra de Economía ha defendido que "es el momento" de "revisar" estos impuestos "y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que ya no hay subidas tan rápidas de los tipos de interés y de los precios de la energía".  El Ministerio de Transición Ecológica adelantó ya las pasada semana que estudiaba "reformular" el gravamen sobre las empresas energéticas.

Minutos después de las declaraciones de Calviño, Díaz se mostraba "en total desacuerdo" con la posibilidad de eliminar el gravamen y recordaba a los socialistas que el compromiso de mantener ambos impuestos forma parte del acuerdo entre el PSOE y Sumar. "Le diría a la señora Nadia Calviño pacta sunt servanda —lo pactado, obliga— y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar", lanzaba, al tiempo que señalaba que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son "absolutamente contundentes".

Otro de los enfrentamientos entre socios se debe a causa de la retirada de algunas de las medidas aprobadas en el escudo anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y contener la inflación. La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, prepara un nuevo decreto para el próximo 27 de diciembre en el que decaerían algunas de las medidas que actualmente están en marcha. "Trabajamos dentro de un contexto donde Europa pide retirar estímulos extraordinarios", justificó Montero. Hay algunas ayudas, como las del transporte o la bajada del IVA de los alimentos , que sí se mantendrán.

Sin embargo, el actual decreto anticrisis contempla otras ayudas para abaratar la factura de la luz y el gas que podrían decaer. Desde Sumar abogan por prorrogar estas subvenciones en la factura eléctrica pero los socialistas se muestran reticentes. Fuentes de Sumar aseguran que le han otorgado "la máxima importancia a la elaboración de una propuesta completa" para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, que "refleje lo que es su sello de identidad: la firmeza en la defensa de la protección social y en la redistribución de la riqueza".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció este jueves que llevará al próximo Consejo de Ministros la licitación del proyecto de ampliación norte del Puerto de València —una infraestructura que supondrá duplicar su capacidad de tráfico de contenedores—, que requiere de una inversión pública de 660 millones de euros. Se trata de un proyecto polémico por su impacto sobre las playas del sur de València y por el hecho de ampararse en una declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 pese a las sensibles modificaciones que se han introducido y los efectos sobre la ciudad.

La decisión ha generado un profundo malestar en Sumar. Compromís, una de las formaciones que forman parte de la coalición, lleva años rechazando esa ampliación en consonancia con las asociaciones ciudadanas y ecologistas, agrupadas en la Comissió Ciutat-Port. El ministro Puente defendió la seguridad jurídica del proyecto y minimizó el impacto ecologista, pero desde Compromís ya han anunciado su intención de acudir a los tribunales para paralizar la ampliación. Sumar circunscribe esa decisión a una acción del partido y no se plantea elevarlo a la Justicia.

El conflicto entre Israel y Palestina ha acaparado gran parte del debate político en España en las últimas semanas. Desde un primer momento la derecha y la ultraderecha de PP y Vox escogieron bando al aliarse con el Estado hebreo —algunos de sus representantes estuvieron, de hecho, en la concentración ante la Embajada en Madrid la pasada semana—, mientras que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha optado por la línea ya consensuada en el Congreso en 2014 que defiende la vía de los dos Estados, uno judío representado por Israel y otro árabe por Palestina.

La coalición liderada por Díaz ha pedido a Sánchez que reconozca formalmente al Estado Palestino y que se corte el suministro de armas a Israel a nivel europeo. En Sumar consideran que los bombardeos y la ofensiva militar contra civiles palestinos dinamita los acuerdos comerciales armamentísticos que vinculan a Israel y a los países de la Unión Europea.

La ley de paridad vuelve, de nuevo, al Consejo de Ministros. La norma, que no se llegó a aprobar definitivamente la legislatura pasada por el adelanto electoral, obliga a gobiernos, partidos políticos, empresas cotizadas, entidades de interés público y colegios profesionales a tener una representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de decisión, de entre el 60% y el 40%. El Gobierno quería que esta norma se empezara a implementar a partir del 1 de julio de 2024 de manera gradual, pero los plazos se retrasarán por los trámites que debe superar previamente la ley.

Sin embargo, ya lo dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y el Ejecutivo de coalición, pese a contar con mayoría femenina al frente de los ministerios —12 mujeres por 11 hombres, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— incumple su propia ley en los segundos escalafones de la administración. Tal y como está organizado el Ejecutivo, hay 19 hombres al frente de las Secretarías de Estado —la segunda persona con más rango del ministerio— por 9 mujeres, lo que desequilibra la balanza y obliga al Ejecutivo a hacer cambios si quiere cumplir con su propia ley. En el caso de las Subsecretarías sí hay equilibrio entre hombres y mujeres: 9 para ellos y 11 para ellas.

Tras conocerse los primeros nombramientos, que se ratificaron en los Consejos de Ministros del 21 y del 28 de noviembre, Sánchez dio la orden de frenar algunos nombramientos para adecuarse a este principio de Igualdad. Aunque ya se han realizado la mayoría de nombramientos, hay algunas carteras que todavía no han completado los suyos como Igualdad, Transformación Digital, Industria y Ciencia, mientras otros ministerios como Exteriores, Hacienda o Interior de momento mantienen la misma estructura que la la legislatura pasada pero no descartan hacer cambios.

El ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, es uno de los más masculinizados en cuanto a su organigrama. Además de que su cara visible es un hombre —lo que supone un cambio respecto a la legislatura anterior, ya que la cartera de Justicia estaba dirigida por Pilar Llop— las dos Secretarías de Estado dependientes de la cartera también están copadas por ellos: la de Justicia por Manuel Olmedo y la de Relaciones con las Cortes por Rafael Simancas. El primero fue nombrado la pasada semana, mientras que el segundo está en el cargo desde la pasada legislatura. En el siguiente nivel, también hay un hombre ocupando la Subsecretaría de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera, cuyo nombramiento también se ratificó la pasada semana.

El Ministerio del Interior sigue dirigido por Fernando Grande-Marlaska y tiene en sus dos escalafones inferiores a otros dos hombres: a Rafael Pérez Ruiz en la secretaría de Estado de Seguridad y a Ángel Luis Ortiz como secretario general de Instituciones Penitenciarias. Fuentes del ministerio no descartan que se produzcan más nombramientos pero, a día de hoy, solo hay una mujer dentro del organigrama de mando: Isabel Goicochea, subsecretaria de Interior.

En el caso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en manos de Óscar Puente, sucede lo mismo —al igual que en el caso de Justicia ha pasado de estar en manos de una mujer, Raquel Sánchez, a ser dirigido por Puente—. Las mujeres han quedado apartadas de los principales puestos de poder dentro de la estructura ministerial. La Secretaría de Estado la ocupa desde la pasada semana José Antonio Santano, exalcalde de Irún, mientras que el subsecretario del ramo es Jesús Manuel Gómez, ratificados ambos en el último Consejo de Ministros.

Por lo que respecta al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, está ocupado por Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias —el traspaso también ha sido de una mujer, Isabel Rodríguez— y tiene dos Secretarías de Estado. La de Memoria Democrática sigue estando ocupada por Fernando Martínez, mientras que la de Política Territorial será para Arcadi España, según ha adelantado la Cadena Ser. El nombramiento será, previsiblemente, aprobado este martes. La Subsecretaría, en este caso, sí recae en una mujer, Berta Pérez, nombrada la pasada semana.

Luis Planas sigue al frente de Agricultura, aunque era uno de los favoritos en las quinielas para salir de la coalición. En su caso solo cuenta con una Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, actualmente dirigida por Ernesto Abati, por lo que también deja el poder en manos solo de ellos.

La actual ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, puede presumir de que en su cartera ellas son mayoría. La Secretaría de Estado de Hacienda es la única que está dirigida por un hombre, Jesús Gascón, mientras que la de Presupuestos y Gastos y la de Función Pública están lideradas por dos mujeres: María José Gualda y Lidia Sánchez respectivamente. Además, la Subecretaria de Hacienda y Función Pública​ también está dirigida por una mujer, María del Pilar Paneque.

En el caso de la cartera de Nadia Calviño, a la que Sánchez ya le ha encontrado un reemplazo cuando se marche a presidir el Banco Europeo de Inversiones, también está ocupado por más mujeres que hombres —aunque todo podría cambiar en función de quién la sustituya—. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es Gonzalo García, que repite en el cargo, al igual que la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Además, la pasada legislatura el Consejo de Ministros dio el visto bueno al nombramiento de Amparo López como subsecretaria de Economía, Comercio y Empresa.

En el Ministerio de Defensa, salvo que Margarita Robles haga un cambio en su organigrama, también hay mayoría abrumadora de mujeres. La secretaria de Estado de Defensa es Amparo Valcarce, mientras que la persona encargada de dirigir el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es Esperanza Casteleiro. El Estado Mayor de la Defensa sí que es un hombre, Teodoro López Calderón, mientras que la subsecretaria del ramo también es una mujer, Adoración Mateos.

Por lo que respecta a los ministerios de Sumar, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuenta con un hombre y una mujer en las Secretarías de Estado. En la de Trabajo repite Joaquín Pérez Rey mientras que la de Economía Social, de nueva creación, está dirigida por Amparo Merino Segovia. Sin embargo, la Subsecretaría decanta la balanza en favor de ellos: José Ramón del Prado fue elegido la pasada semana como el subsecretario del ramo.

En Cultura, el ministro Ernest Urtasun nombró la pasada semana como secretario de Estado, un cargo de nueva creación, a Jordi Martí Grau, mientras que la subsecretaría quedó en manos de María Pérez. En Sanidad, cartera dirigida por Mónica García, la Secretaría de Estado está dirigida por quien fuera su número dos en la Asamblea, Javier Padilla, mientras que la Subsecretaría está en manos de Ana María Sánchez.

Por lo que respecta a Derechos Sociales, ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, la Secretaria de Estado queda en manos de Rosa Martínez —sustituyó a Nacho Álvarez— mientras que la Subsecretaría está dirigida por Rubén Vaz. Por lo que respecta al Ministerio de Juventud e Infancia, en manos de Sira Rego, su equipo es completamente masculino: el secretario de Estado es Rubén Pérez Correa mientras que el subsecretario es Rafael Escudero.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sacado pecho de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña que aplicó su Ejecutivo y ha arremetido contra el socialista Pedro Sánchez por ir "contra la Constitución y contra la ley". Dicho esto, ha llamado a la "resistencia cívica" frente al "proyecto de mutación constitucional" que pretenden el PSOE y sus socios, ya que, según ha dicho, están ante la legislatura "más decisiva" de las últimas décadas.

En la presentación del desayuno del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, organizado por el foro Nueva Economía, Rajoy ha recalcado que hay que "seguir defendiendo la necesaria igualdad de los españoles" ante "tanto ruido y tanta falsedad" de Sánchez.

Rajoy ha recalcado que un Gobierno y una mayoría parlamentaria "no pueden ir contra la ley ni contra la Constitución" y ha subrayado que "eso es lo que está en juego en esta legislatura" después de que los socios de Sánchez hayan "dejado explícito su chantaje": amnistía y autodeterminación.

"Todos sabemos que ninguna de las dos cabe en la Constitución, hasta tal punto que han hecho una ley de amnistía que en su exposición de motivos se dedica a explicar por qué la ley es constitucional. Nunca había visto yo esa suerte de técnica jurídica", ha exclamado.

Rajoy ha recordado que cuando estaba en Moncloa tuvo que tomar decisiones "relacionadas" con lo que hoy están viviendo, tras la declaración unilateral de independencia en 2017, y ha subrayado que sus decisiones "fueron distintas e incompatibles con lo que está sucediendo hoy en España". "No estoy de acuerdo en nada", ha proclamado.

En este sentido, ha señalado que él aplicó el 155 y defendió la ley y la Constitución, con decisiones que "tuvieron el apoyo del Poder Judicial y de la inmensa mayoría de los ciudadanos". "Aplicar el artículo 155 sirvió para defender la Constitución y la ley. Lo que se está haciendo ahora va en la dirección contraria, va contra la Constitución y contra la ley", ha proclamado, para avisar que Sánchez ha "generad la mayor etapa de polarización y división" que él ha visto a lo largo de su vida.

"El artículo 155 supuso un mensaje nítido y claro, y es que la democracia española tiene instrumentos para defenderla y cuando se le ataca, si hay un Gobierno serio al frente, se defiende", ha dicho, para añadir que ahora el mensaje que se ha dado es "dar alas a quienes pretenden liquidar" el texto constitucional.

Rajoy ha asegurado que se ha dicho que estos años se ha producido "una pacificación gracias al inicio de una etapa de diálogo" y ha rechazado esa manifestación del Gobierno de Sánchez porque, a su juicio, "la pacificación consiste en aplicar la ley". "La pacificación consiste en aplicar la ley y cuando se aplica la ley, cuando se puso en marcha el 155, nadie volvió a intentar liquidar la Constitución y la ley porque sabían exactamente que había un instrumento que los podía poner, como se hizo en su día, en su sitio", ha declarado.

Rajoy ha reconocido que están ante la legislatura "complicadísima" en la que la economía "se está parando" y llevan "mucho tiempo sin hacer reformas", con "serios problemas de desajustes en el mercado de trabajo y crecientes desequilibrios económicos". "Pero por encima de todo esta es la legislación más decisiva de las últimas décadas porque se van a poner a prueba la fortaleza y la dependencia de nuestras instituciones, el coraje de la sociedad civil y la responsabilidad de todos. Estamos ante una legislatura decisiva para el futuro de nuestra comunidad y para la vigencia de nuestro texto constitucional", ha aseverado.

Tras asegurar que a Sánchez le toca gobernar para el conjunto de la sociedad, y no para su mayoría parlamentaria, ha indicado que "convendría una rectificación y no hacer más daño del que se está haciendo en estos momentos". Es más, ha señalado que un gobernante "no debe engañar" ni hacer de forma "sistemática" lo contrario de lo que prometió a sus votantes, ni tampoco debe "levantar muros entre españoles".

Así, ha dicho que la "principal propuesta que se le ha hecho a la sociedad" en el debate de investidura "es levantar un muro contra al menos 11 millones de españoles", abriendo "la mayor etapa de división y polarización de la reciente historia de España".

Rajoy ha señalado que en España hay libertad de expresión "hasta para las mentiras más grotescas" pero ha alertado de que "lo peor de esa mentira es que busca justificar un plan deliberado para socavar la independencia de la justicia en España". "Esto es lo que negro sobre blanco se plasma en los acuerdos políticos que han permitido la investidura. Esos acuerdos son una descalificación intelectual y moral de la democracia española", ha avisado.

Tras asegurar que será en Bruselas donde se haga el control al Gobierno de Sánchez y "donde se le ponga fin", ha indicado que "lo que define el arranque de esta legislatura es la protesta masiva e inédita en democracia de los jueces españoles por unos acuerdos políticos que liquidan la separación de poderes y el principio del imperio de la ley".

"Eso y las propuestas multitudinarias y pacíficas de cientos de miles de ciudadanos que han dicho que no quieren que les cambien por la puerta de atrás su modelo de convivencia y también la reacción de todo el mundo de las asociaciones de todo tipo de personas a título individual de ideologías diferentes algo que nunca hemos visto en democracia desde que ésta volvió a España a finales de los años 70", ha destacado.

De hecho, Rajoy ha destacado que este sábado se verá en la calle otro testimonio de "ese coraje democrático", en alusión a la protesta de la sociedad civil en Cibeles y ha resaltado que en España hay "talento, energía e inteligencia suficientes" para "para resistir ese proyecto de mutación del pacto constitucional". "Creo que tenemos instituciones sólidas y ciudadanos comprometidos con su democracia", ha aseverado, para añadir que gente "de todo tipo" ha expresado su "oposición total" y su "indignación", "muy justificada", ante lo que está sucediendo en España.

Dicho esto, el expresidente del Gobierno ha indicado que el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo -presente en este foro- es el "mejor instrumento para dar la respuesta política a esta situación y para liderar la resistencia cívica al desafío planteado". A su juicio, el presidente del PP es la persona "más preparada, intelectual, política y social y moralmente para tirar abajo ese muro de sectarismo que algunos empeñan en construir".

"Frente a una mayoría parlamentaria que es un sindicato deslavazado de intereses contradictorios, el Partido Popular ofrece el mismo compromiso con la Constitución y el bienestar en todos los rincones de España", ha manifestado. Finalmente, ha dicho estar "muy honrado" de presentar la conferencia de Alfonso Rueda, al que ha retratado como una persona de "fiar" y un político "moderado, sensato y equilibrado", "cualidades muy importantes en un gobernante" y que hoy son "poco abundantes".

Esquerra Republicana y Junts Per Cataluña quieren ser la fuerza hegemónica del independentismo en Cataluña. Lo que les separa va más allá de lo que les une —como se ha visto en estas últimas semanas— pero ambos tienen claro que de ellos depende el futuro político del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y se lo han hecho saber este miércoles durante la primera jornada del debate de investidura.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido el primero en tomar la palabra y ha advertido a Sánchez de "no tiene otra alternativa" para gobernar que no pase por un acuerdo con el independentismo. "No se la juegue", ha remarcado. "Nosotros tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y, quizá, a que se vote un referéndum mañana", ha reivindicado el portavoz de ERC, poniendo en valor su capacidad "para obligarle a salir de la parálisis".

Rufián también ha enterrado la llamada geometría variable, la vía que el Ejecutivo de Sánchez intentó asentar la legislatura anterior y que pasaba por pactar algunas políticas como la reforma laboral con los diputados de Ciudadanos. ¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? ¿No, verdad? No se la juegue", le ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también ha remarcado que su formación no apoyará ninguna iniciativa de los socialistas "si no hay avances". "Con nosotros no pruebe de tentar la suerte, su discurso no ha sido valiente", le ha reprochado. "Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir", ha añadido.

Desde el principio de su intervención el portavoz de ERC ha dejado claro que su enemigo no es Sánchez. "Llevan 46 años diciendo que España se rompe: con el PCE, con la Constitución o con el Estatut", ha reprochado a la bancada del PP, criticando que que asocien "constantemente" la ley de amnistía con la ruptura de España. "España se rompe ahora por la amnistía y quizás también porque el Girona va primero", ha ironizado.

El diputado ha citado a distintos representantes políticos de la derecha que han profetizado esa ruptura —desde Pablo Casado a Fraga Iribarne, pasando por Mariano Rajoy, Blas Piñar a José María Aznar— que nunca se ha llegado a producir.

A juicio de Rufián, la derecha es la que ha contribuido enormemente a que el socialista sea investido presidente. "¿Saben cuál es la única cosa que comparten votantes del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y BNG? Frenarles a ustedes. Frenar a la derecha de bar y a la de after, que no está, porque quizá ya es tarde", ha lanzado.

A Junts le ha enfado especialmente que Sánchez haya pronunciado la palabra "perdón" hasta en tres ocasiones: "Hemos apostado por la vía del diálogo. Hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son muy distintas. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza. En definitiva, la unidad a la fractura", ha asegurado el socialista.

Nogueras le ha recordado que en el acuerdo firmado por ambos partidos “no se habla de reencuentro, de perdón y de medidas de gracia" que sí podían aplicar, ha asegurado, a los indultos, pero no a la amnistía. La portavoz de Junts recalcado que existe "un conflicto histórico y político entre dos naciones" y ha pedido al candidato que "confirme, porque esta mañana no ha quedado claro, si está dispuesto a cumplir todos y cada uno de los puntos del acuerdo firmado y a ratificar las 1486 palabras" del mismo.