El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido esta mañana otorgar el amparo solicitado a la jueza número dos de Violencia sobre la Mujer de Granada, Aurora Angulo, frente al abogado de Juana Rivas y las ministras de Igualdad y Juventud e Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, el exvicepresidente Pablo Iglesias y la exdelgada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. La decisión ha salido adelante con los votos de los diez vocales conservadores, a los que se ha sumado el de la presidenta, Isabel Perelló. Los consejeros progresistas se han opuesto.

La solicitud de amparo se originó el 10 de enero de 2025 tras unas manifestaciones públicas del abogado de la granadina, Carlos Aránguez, en la que acusaba a la jueza de no comprender lo que es "la violencia vicaria". El letrado reprochaba a la magistrada, además, que hubiera archivado en 2016 una denuncia de Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, acusado de maltrato. "Quédense con este nombre: Aurora Angulo", dijo a los medios.

Horas después, 107 jueces de violencia sobre la mujer de toda España emitieron un comunicado advirtiendo de que las palabras del abogado desprestigiaban "a todo el sistema judicial". La controversia se generó después de que la jueza rechazara pronunciarse sobre si el hijo menor de Rivas debía o no permanecer con ella en España, al considerar que no era competente.

Angulo presentó su solicitud de amparo ante el Consejo manifestando que las palabras de Aránguez afectaban a su independencia. Su escrito también se dirigía contra las ministras y políticos que se hicieron eco del caso. El Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, redactó un comunicado en el que pedía que se atendiera "el interés superior del menor" ante el riesgo de que el niño tuviera que convivir en Italia "con un maltratador". Días antes de que la jueza se inhibiera del caso, la ministra Sira Rego también manifestó su preocupación sobre el futuro del hijo pequeño de Rivas.

Fuentes del Consejo aseguran que la intención de Perelló era sacar adelante el amparo por unanimidad de los vocales, pero el sector progresista, que no se hubiera opuesto si la resolución solo se dirigiera al abogado de Rivas, ha decidido no apoyarla al considerar que con la mención a las ministras y el resto de representantes, se entraba en el debate político y la libertad de expresión.

"Tenemos un grave déficit de jueces y así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial", dijo la presidenta de ese órgano, Isabel Perelló, el pasado 3 de febrero durante la entrega de despachos a la última promoción de nuevos integrantes de la carrera. "La media de jueces por habitante está muy por debajo de la europea", añadió. Después saltó a las consecuencias de esa carencia: "Este déficit provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales", dijo. "También retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos". El Gobierno ha asumido la queja y acaba de anunciar 500 nuevas plazas judiciales y planea crear otras 500 más en 2027, además de aprobar una macroconvocatoria de oposiciones y concursos de méritos para asumir a los nuevos jueces y magistrados que las cubran.

El discurso de Perelló, sostenido por gran parte de los jueces y magistrados españoles y que les permite –tanto al CGPJ como a muchos jueces y magistrados– eximirse de cualquier responsabilidad en el atasco secular de la justicia para centrarlo en el Gobierno –que debe contratar más jueces y funcionarios, y dotar a los órganos de varias autonomías– o en los ejecutivos autonómicos con las competencias de Justicia transferidas –que deben proporcionar los medios a los de sus territorios– no se compadece con los datos que arrojan las estadísticas del propio órgano de gobierno de los jueces. Solo tres de cada 10 juzgados (ahora integrados en tribunales de instancia) y secciones de tribunales sufren una sobrecarga "no razonable" de trabajo. O al contrario, siete de cada diez órganos judiciales reciben cada año un número de asuntos que se considera asumible.

El Consejo tiene establecido el número de asuntos que cada juzgado o sección debe asumir. Hay órganos judiciales que, por baja demanda, no lo cubren, y otros que lo superan al tener una mayor litigiosidad. El servicio de Inspección del Consejo, que se encarga de supervisar el funcionamiento de todos ellos, considera que, cuando se supera en un 50% esa cifra de entrada, el juzgado o sección correspondiente sufre una sobrecarga no razonable de trabajo. Los últimos datos correspondientes al anuario La justicia dato a dato, correspondiente a 2024, indica que el 32,44% de los órganos judiciales se encuentran en esa situación. De este último porcentaje, el 10,71% se encuentran en un estado especialmente grave, al duplicar el número de causas que les debería corresponder según las estimaciones del Consejo.

Según los datos estadísticos de 2024, los últimos disponibles, ese año había en España 3.910 juzgados unipersonales (ahora integrados en tribunales de instancia) y 313 secciones de tribunales colegiados (audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). De todos esos órganos –4.223 en total– 1.369, es decir, aproximadamente un tercio, soportan más trabajo del que deberían, mientras que los que se encuentran en una situación especialmente penosa por la excesiva carga de asuntos serían 452, apenas uno de cada 10. Es decir que la "sobrecarga" y el "sobreesfuerzo" del que se queja Perelló en sus discursos no son generalizados, pese a que esa sensación la comparta gran parte de la carrera.

Sí es cierto que los 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes que tiene España, la colocan en la parte más baja de la tabla facilitada por la Comisión para la Eficiencia Judicial y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dos organismos pertenecientes al Consejo de Europa. El dato español se sitúa, sin embargo, por encima del de otros países de nuestro entorno, como Francia, Suecia, Noruega, Malta o Dinamarca, y a muy poca distancia del de Italia, Bélgica o Países Bajos. Muy por encima de la cifra española se encuentra la de Grecia (37,3 jueces por cada 100.000 habitantes) o Croacia (42,4 jueces).

Sin embargo, los datos indican que la ratio de jueces por habitante no es crucial para la calidad de este servicio público. Grecia o Croacia triplican en número de jueces a España en relación a su población, pero el atasco judicial en esos países es mucho peor. En ambos, el tiempo medio de resolución de los casos civiles y penales supera ampliamente al de España pese a contar con una plantilla proporcionalmente mucho mayor. Una demanda civil en España tarda unos 359 días en resolverse, mientras que en Grecia se sustancian en más del doble de tiempo. Los tiempos de resolución de España también son mejores que los de esos dos países en las causas criminales. Así que, el número de jueces o magistrados por cada 100.000 habitantes de cada país no determina por sí mismo la eficacia del sistema judicial.

Si la comparación se hace con los otros seis países más ricos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Bélgica), todos ellos, salvo Francia, con más jueces por habitante que España, los tiempos medios de los procesos en nuestro país son similares a los de Italia y Francia.

Otra de las variables que a menudo se utilizan desde la judicatura para echar la culpa a otros del mal funcionamiento de los órganos judiciales es la falta de medios. La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) percibe un caos y desorganización generalizados en la implantación de los nuevos tribunales de instancia que sustituyen en cada partido judicial a los tradicionales juzgados unipersonales. Ese caos, afirma esa asociación junto a otras, se debería, en gran parte, a que la ley que los ha implantado (la ley de eficiencia) no vino con los fondos necesarios para hacerlos funcionar.

Sin embargo, al contrario que en el índice de jueces por habitante, en el de inversión en Justicia por habitante, España se encuentra entre los primeros del Consejo de Europa, con 96,8€ por persona (en el puesto 16 de los 48 Estados miembros). En esta tabla concreta, sí se encuentra una relación directa entre la inversión por contribuyente y la duración media de los procesos, que se reducen cuanto más dinero se gaste cada país. En febrero de este año, en España había 5.809 jueces y magistrados en activo y otros 423 en excedencia o servicios especiales, según los datos del CGPJ.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre en pleno una subida salarial generalizada para los vocales y la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que en algunos casos supondrá hasta 800 euros al mes.

La subida corresponde a un complemento de antigüedad para los miembros que no son funcionarios de 10.000 euros anuales, es decir, un aumento de 835 euros mensuales que actualiza la de 1998; mientras que para los funcionarios se acordó una subida de 62,8 euros mensuales por cada trienio, según adelanta la cadena SER y confirma EFE en fuentes jurídicas.

Se trata, en concreto, de la adecuación del complemento de antigüedad previsto en el artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que es la que actualmente está en vigor, para los altos cargos del Tribunal Constitucional, el CGPJ y el Tribunal de Cuentas. Los que mas antigüedad tienen son los que más van a notar esa subida salarial.

Fue en el Pleno del pasado 24 de septiembre, hace mas de seis meses, cuando a propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos se aprobó el acuerdo con 18 votos a favor y tres votos en blancos, de las vocales Inés Herreros y Esther Erice además de la presidenta.

Perelló justificó su voto en blanco señalando que no se iba a oponer porque era una decisión que contaba con el respaldo mayoritario pero que, en su opinión, no se trataba de un asunto prioritario.

Fuentes del Consejo explican que no se hizo nota de prensa, si bien el acuerdo fue publicado en el Portal de Transparencia, al tiempo que indican que no tiene carácter retroactivo y no supone incremento presupuestario alguno, pues se ejecutó aplicando una política de redistribución interna del gasto.

La creación de 500 nuevas plazas judiciales por el Gobierno fue un anuncio histórico. Porque respondía a una demanda generalizada en la judicatura de derechas y de izquierdas. Pese a ello, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Isabel Perelló, recibió de uñas la propuesta del departamento que dirige Félix Bolaños, con el que mantiene una tormentosa relación. Esa medida, según sostuvo Perelló el 3 de febrero, "no aborda ni resuelve el problema de fondo", que situó en "el grave déficit de jueces", como si para dar entrada a nuevos efectivos que superen esa carencia no fuera preciso darles previamente el puesto a ocupar. Casi mes y medio después, el Consejo ha enmendado la posición inicial de su presidenta y ha aprobado un informe que, como no podía ser de otra manera, valora muy positivamente la medida del Ejecutivo, que el propio órgano reclamó.

El informe, preceptivo para la aprobación final del decreto con la creación de las nuevas plazas, salió adelante en el Pleno del pasado jueves. Ese incremento que Perelló consideraba insuficiente en febrero, se estima en el estudio del Consejo "imprescindible". "La totalidad de las 500 plazas judiciales cuya creación está prevista en el proyecto de real decreto merecen informe favorable, al estimarse (...) que la creación de todas y cada una de estas plazas tiene carácter imprescindible en orden a lograr los objetivos de mejora perseguidos", dice su texto. "La creación de nuevas unidades judiciales", continúa, "con el déficit actualmente existente, redunda en una mejor prestación del servicio, reduciendo la pendencia y acortando los plazos de resolución y contribuye a garantizar a la ciudadanía la efectiva protección judicial de sus derechos".

Pese a las pegas planteadas por la presidenta nada más hacerse pública la medida, el documento subraya –como hizo Bolaños al anunciarla– que las nuevas plazas obedecen "a una necesidad que el Pleno del CGPJ, en su acuerdo de 9 de julio de 2025 ya evidenció". La enmienda a la totalidad expuesta por Perelló aquel 3 de febrero generó sorpresa en el Ejecutivo, que solo estaba planteando lo que el órgano del gobierno de los jueces le había pedido. Tras el acto, Bolaños recurrió a la ironía: “Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda, y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, dijo el ministro.

La primera autocorrección de Perelló a su inicial oposición a la histórica medida se produjo solo dos semanas después de su sorprendente discurso. El 18 de febrero, el CGPJ acordó con el Ministerio la convocatoria para este año de 375 plazas para juez entre opositores y otras 125 para magistrado escogidos por concurso entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de experiencia profesional (el "cuarto turno"), para dar cobertura a las 500 nuevas plazas.

Las nuevas vacantes se cubrirán por concurso de traslado, pero claro, dejarán su correspondiente hueco en la base de la pirámide judicial. Con estas nuevas convocatorias de ingreso, el Gobierno consigue que se cumpla el cálculo legal de que una de cada cuatro nuevas plazas se cubra con juristas. Esa previsión ha sido sistemáticamente postergada por el órgano de gobierno de los jueces (el único que puede convocar "el cuarto turno"), hasta el punto de que en la plantilla total, los seleccionados por esa vía no llegan al 10%.

El documento informa a favor de todos y cada uno de los nuevos puestos, aunque plantea otros nuevos. En el Supremo, por ejemplo, reitera la necesidad de dos nuevas plazas en la Sala de lo Social –la que se encarga de los asuntos laborales y de la Seguridad Social–. También en la Audiencia Nacional, en la que "se valoran e informan positivamente" las cuatro nuevas plazas a crear en la Sala de lo Penal y los dos nuevos puestos para la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia (los antiguos juzgados centrales de instrucción), pero se reclaman tres plazas más para su Sala de lo Contencioso-Administrativo "por la elevada carga de trabajo, pendencia y complejidad de las materias que llegan a su conocimiento".

Y lo mismo con otros tribunales inferiores. Pero el Consejo no quiere que se sustituyan por las propuestas, sino que se sumen. Es decir, "que las previstas en el proyecto de real decreto se mantengan y se incluyan las que se han sugerido". El ministerio tiene previsto un nuevo decreto en 2027 a través del que se crearán otras 500 unidades judiciales más, según informaron a infoLibre fuentes de Justicia. Serán 1.000 las nuevas plazas en solo dos años, lo que pondrá a España a nivel de la media europea en la ratio de jueces por habitante.

La desautorización de la posición planteada por Perelló el pasado 3 de febrero –durante la entrega de despachos de la nueva promoción de la Escuela Judicial– es aún más patente si a la opinión del Consejo se suma la del resto de órganos judiciales consultados. Para la elaboración del informe, el órgano de gobierno de los jueces pidió la opinión de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. "La valoración general en todos estos informes es muy positiva en cuanto que la creación de plazas era una acuciante necesidad que (...) venían reclamando reiteradamente".

Era pues, una reclamación de toda la judicatura que, inexplicablemente, la presidenta del Consejo no quiso o no supo ver cuando el Ejecutivo la comunicó.

Esta ha sido una de esas semanas en las que resulta ardua la tarea de seleccionar un asunto concreto en el que poner el foco cuando se suceden acontecimientos que son –o uno intuye que pueden ser– trascendentes para el inmediato futuro de este país, de la democracia, de la convivencia y de las cosas que más afectan a la vida de la gente (especialmente de los más vulnerables). Es preciso cada día más un ejercicio selectivo, de modo que procuremos no escribir o hablar demasiado de las falsedades o simples gilipolleces que desde los aparatos mediáticos de la extrema derecha lanzan con el fin de establecer un marco de conversación pública perverso. (Por ejemplo esa supuesta enfermedad cardiovascular de Pedro Sánchez inventada por Federico Jiménez Losantos y elevada a la tribuna parlamentaria por Cayetana Álvarez de Toledo: ni una sola prueba, pero tampoco dudas. El objetivo es obvio).

Vayamos a lo que importa.

P.D. Al cierrre de estas líneas conocemos el ataque militar lanzado por Trump y Netanyahu contra Irán (ver aquí). No disimulan su intención de acabar por la fuerza con cualquier régimen (sea autocrático o democrático) que suponga una amenaza a su dominio en Oriente Próximo. El dúo genocida aprovecha la revolución popular que en los últimos meses ha sido criminalmente reprimida para intentar debilitar definitivamente la fuerza militar iraní y colocar al frente del gobierno a alguien que se someta a sus intereses. Si lo logra, ningún demócrata echará de menos a los ayatolás (tampoco yo), pero conscientes de que se trata de un nuevo golpe en el tablero para controlar los recursos energéticos y los gobiernos que se resistan a su estrategia.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció el pasado jueves un acuerdo con el Gobierno por el que, además de las 91 nuevas plazas judiciales para ese territorio –500 para todo el Estado– que creará en los próximos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se aprobarán otras 90 más a lo largo de 2027. Ese incremento adicional de la planta catalana, que según los republicanos será una herramienta más para luchar contra la multirreincidencia, se enmarca en otro aumento de un total de 500 plazas más el año que viene en todo el Estado. Si lo consigue, el Estado habrá sacado adelante en solo dos años el mayor aumento de puestos para jueces y magistrados de la democracia, con mil plazas más, dando cumplimiento a una reclamación histórica de la judicatura. En un bienio se pasaría de aproximadamente 5.900 plazas a 6.900, un 17% más.

La nota sobre el acuerdo entre el Ejecutivo y ERC difundida por los republicanos explicaba que tanto el incremento previsto para este año (91 plazas en Cataluña, 500 en todo el Estado) como el logrado con el pacto alcanzado el jueves "se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la ley de eficiencia". Fuentes del Gobierno confirman que ese crecimiento de la planta judicial al que se refieren los republicanos no abarca únicamente el real decreto que aprobará el de este año. Los planes del Ministerio de Presidencia y Justicia pasan por elaborar una nueva disposición en 2027 con la que se creen 500 plazas más, entre las que se encuentran las 90 acordadas con la formación que preside Oriol Junqueras, según fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.

El ministerio trabaja ya en la elaboración del real decreto correspondiente a las nuevas 500 plazas a crear este año. El borrador de la norma ha sido enviado al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia –es decir, todas salvo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Murcia, Ceuta y Melilla– para que elaboren sus informes. Pese a que el incremento de plazas judiciales es una reclamación histórica de los jueces españoles –tanto de izquierdas como de derechas–, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, criticó la creación de los 500 nuevos puestos asegurando que "no aborda ni resuelve el problema de fondo". La queja del máximo cargo judicial español se produjo pese a que las plazas se crearán a petición expresa del Consejo que dirige –las reclamó el pasado julio– y en los órganos señalados por esa misma institución.

Crear estos nuevos destinos –tanto los 500 de este año como los 500 más del que viene– es el primer paso para incrementar la plantilla de jueces, secularmente reducida en España en proporción a la población. El Gobierno, al tener los presupuestos prorrogados, asegura que solo podrá sacar 200 plazas para opositores, como el año pasado y el anterior, y reclama al CGPJ –el único con capacidad para hacerlo– que apruebe una convocatoria de lo que en jerga judicial se denomina "cuarto turno", el sistema de acceso por concurso previsto para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional. Pese a que según establece la ley, el 25% de los jueces españoles debería ingresar por este sistema, el Consejo se resiste a iniciar el proceso. La última vez que lo hizo fue en 2023. El resultado es que los jueces del "cuarto turno", que deberían ser uno de cada cuatro, no alcanzan el 10% del personal.

En su discurso del 3 de febrero, en el que se quejó del incremento de plazas que había pedido, la presidenta del CGPJ avanzó que no cooperaría para cubrir los nuevos puestos creados a demanda de su órgano, con sus propios medios, es decir, con convocatorias para seleccionar magistrados a través del "cuarto turno". Fuentes del Ejecutivo aseguran que, al contrario que el ministerio, el gobierno de los jueces cuenta con presupuesto propio que le permite sacar las plazas que sean necesarias, además de tener la obligación de llenar ese déficit de jueces procedentes de otras profesiones jurídicas con 10 años de experiencia hasta llegar a ese 25%. Perelló se alinea así de nuevo con los vocales a propuesta del PP que reclaman al Ejecutivo que convoque más plazas para opositores. Este último método, dar entrada a opositores jóvenes y sin ningún tipo de trayectoria previa, es el sistema favorito de la derecha judicial al constituir el vivero de las principales asociaciones conservadoras.

Pese a la escenificación pública por parte de Perelló de su nuevo choque con el Ejecutivo, el Ministerio y el Consejo continúan con las negociaciones para decidir cómo se cubrirán finalmente las nuevas plazas una vez que estén creadas. Si el Consejo, como anunció Perelló, se niega a colaborar en este paso histórico necesario para poner el sistema judicial español a la altura del resto de Europa, los puestos tendrán que proveerse con sustituciones ordinarias (jueces que acepten cubrir varias plazas con un incremento salarial), magistrados suplentes (seleccionados entre juristas por las salas de gobierno de los tribunales superiores de cada comunidad) y jueces en expectativa de destino recién salidos de la Escuela Judicial y que, al no haber plaza para ellos, quedan a disposición del CGPJ.

Pese a las resistencias y las críticas de Perelló y los vocales conservadores, tanto el Gobierno como el sector progresista del Consejo dan por seguro que el informe preceptivo del órgano de gobierno de los jueces será favorable. Lo contrario sería oponerse a una medida que trata de solucionar una necesidad estructural de la judicatura española y ampliamente demandada por el cuerpo y todas las asociaciones corporativas conservadoras y progresistas. Rechazar un real decreto que atiende una reclamación secular como esa y hecho a petición y a medida del propio Consejo, sería una posición difícilmente explicable.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial criticó el pasado 3 de febrero el histórico incremento de 500 plazas judiciales que se dispone a aprobar el Gobierno pese a que ese aumento es una reclamación histórica de la judicatura que, además, había reiterado el Consejo que ella dirige el año pasado. Pero hubo una segunda razón por la que su discurso durante la entrega de despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial causó una enorme sorpresa en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Perelló compró con sus palabras la teoría conspirativa que agita la derecha política y judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez: que el Ejecutivo pretende rebajar el nivel de exigencia de las pruebas para entrar en las carreras judicial y fiscal.

En su alocución a los nuevos miembros de la carrera, la presidenta aprovechó cada minuto para alabar el sistema actual, una oposición puramente memorística y de recitación de origen decimonónico, que aparta de la sociedad durante casi un lustro a los candidatos, no da nada a los que no la superan tras el esfuerzo y afecta en muchos casos a su salud mental. "Habéis llegado a la condición de juez únicamente por vuestro esfuerzo y disciplina, al superar unas pruebas objetivas que garantizan el pleno conocimiento y el dominio del ordenamiento jurídico, y por ello, no debéis nada a nadie", afirmó Perelló obviando que ni la capacidad deductiva, ni la de relacionar conceptos, ni los idiomas, ni las habilidades de redacción ni la aptitud psicológica se evalúan en el proceso de selección.

Después, en lo que pareció una referencia al proyecto de ley orgánica que tramita el Congreso para la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que introduce pequeños cambios en las pruebas de ingreso actuales, se ató al mantra que las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras (todas menos Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales) sostuvieron para declarar una huelga ilegal el pasado julio. "Tampoco cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman", dijo Perelló, que compartía mesa presidencial con el Rey y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Solo le faltó añadir lo que sostiene sin ningún fundamento la derecha judicial y fiscal: que ese menor nivel para acceder a la carrera busca abrir la puerta a jueces afines al Ejecutivo.

La realidad es que la norma deja la organización de las pruebas al mismo organismo que las gestiona actualmente –la comisión de selección– que propone el temario, el contenido de los ejercicios de las pruebas de acceso y las normas complementarias, además de nombrar a entre dos y tres de los miembros de los tribunales que evalúan a los aspirantes. En esa comisión es el Consejo el que tiene la mayoría al designar a cuatro de sus ocho miembros (un vocal, un magistrado, un técnico de la institución y el director de la Escuela Judicial). De los cuatro restantes, dos los elige la Fiscalía y otros dos proceden del ministerio (el director del Centro de Estudios Jurídicos y un subdirector general). En esas condiciones, si bajara el nivel de exigencia de la oposición o de los concursos para la elección de juristas de reconocida competencia, sería en gran parte achacable al propio Consejo.

Lo mismo ocurre con los tribunales que hacen las pruebas, que tampoco cambian con el proyecto del Gobierno. El presidente se elige por acuerdo del CGPJ y la Fiscalía. El órgano de Gobierno de los jueces designa, además, a dos magistrados e, indirectamente, a través de la comisión de selección, elige a un catedrático y a un abogado de entre las ternas que le envían el Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El Ministerio Público aporta dos fiscales, mientras que el ejecutivo elige solo a dos: un abogado del Estado y un letrado de la Administración de Justicia (el cuerpo que anteriormente se conocía como secretarios judiciales). ¿Qué sentido tiene rebajar la exigencia de la oposición si los que la organizan y los tribunales que tienen la última palabra sobre los que aprueban o no son en su mayoría jueces y fiscales entre otros cargos del Consejo?

Que las sospechas lanzadas por Perelló –que el Gobierno pretende reducir el nivel de exigencia para convertirse en juez– carecen de fundamento se deduce también del informe elaborado por el propio Consejo que preside sobre el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces, avaló por unanimidad (es decir, también con el voto de la presidenta), la reforma con la inclusión de algunas objeciones y propuestas de mejora. Pero ni los progresistas, ni los conservadores, ni la propia Perelló afirmaron en ese informe preceptivo para la reforma que se estuviera facilitando el acceso a la judicatura (y la Fiscalía).

El sistema de oposición vigente supone, básicamente, recitar más de 300 temas como un papagayo ante un juez preparador que, a menudo, cobra en sobres. Pasar una media de cinco años encerrado diez horas al día memorizando leyes y sentencias que están al alcance de todos en bases de datos desde hace lustros sin ningún contacto con la realidad en lo mejor de la vida. Con el riesgo de que sea un esfuerzo que vaya a la basura, en caso de no sacar la oposición. No valorar los idiomas, ni las habilidades prácticas, ni la capacidad de redacción o motivación. Tampoco los conocimientos sociales, políticos o económicos. Sin un examen psicológico previo.

El proyecto de ley orgánica, actualmente en tramitación parlamentaria, pero estancado por la falta de apoyos del Ejecutivo, generaliza las becas para opositores que hasta ahora aprobaba el Gobierno y las incrementa hasta el Salario Mínimo Interprofesional. También establece el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el equivalente a la Escuela Judicial para los fiscales y otros cuerpos jurídicos estatales, como centro público y oficial de preparación "que complementa la oferta privada aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia", según la exposición de motivos. Es decir, que el que quiera seguir con el modelo tradicional de pagar a un juez para ese proceso, podrá hacerlo como hasta ahora. Eso sí, esos jueces tendrán que pedir permiso al CGPJ para desarrollar esa segunda actividad, lo que acabaría con la opacidad.

En cuanto a los ejercicios concretos, el anteproyecto reduce a una las pruebas orales, que "en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística". En ella, los candidatos deberán mostrar sus "competencias técnicas y analíticas" así como "una preparación técnico-jurídica suficiente concretada en el conocimiento de la norma jurídica", pero también "analizando con corrección los problemas que plantean y obteniendo conclusiones generales". A ella se suma "una prueba escrita eliminatoria" consistente en la resolución de uno o varios casos prácticos. En este segundo examen se valorará la "capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto o supuestos que se sometan a su valoración".

El proyecto obliga, además, a convocar al mismo tiempo las oposiciones a juez y los concursos para la selección de magistrados procedentes de profesiones jurídicas con más de 10 años de experiencia. La ley establece desde 1985 que una de cada cuatro plazas debe cubrirse con estos expertos juristas, pero el Consejo, que es el órgano que puede abrir el proceso, se resiste a convocarlo (no lo ha hecho desde 2023), lo que ha provocado que, en lugar de suponer el 25% de la plantilla, no lleguen al 10%. Esta resistencia ha vuelto a provocar un conflicto entre el Consejo y el Ejecutivo, que reclama al órgano de gobierno de los jueces que inicie de una vez ese proceso para cubrir parte de las 500 nuevas plazas que se crearán en los próximos meses. La derecha judicial siempre ha preferido a jueces de carrera procedentes de la oposición que, tradicionalmente, han supuesto el vivero de las asociaciones más conservadoras.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "discurso político" las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que ayer denunció "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas" a los jueces, según informa EFE.

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, Bolaños ha expresado su respeto "a los discursos políticos que se leen" tras ser preguntado por las críticas ayer de Perelló en Barcelona, en la entrega de los despachos a los 121 integrantes de la 74 promoción de jueces, en un acto presidido por el rey Felipe VI.

La presidenta del CGPJ afirmó que la creación de 500 plazas judiciales "no aborda ni resuelve el problema de fondo" del "déficit" de jueces y pidió protección para el colectivo ante "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas".

El ministro de Justicia se ha mostrado, además, sorprendido por "el lugar" en el que se hicieron estas críticas, en presencia del rey.

"Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, conceda la creación de 500 nuevas plazas de jueces y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso. No hay que perder la paciencia", ha bromeado.

El ministro ha advertido, no obstante, de que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte" y ha asegurado que desde su departamento seguirá trabajando en las reformas que necesita la Justicia.

"A nosotros en el inmovilismo no nos van a encontrar, nos van a encontrar en las reformas que necesita la Justicia y vamos a seguir trabajando para implementarlas porque son imprescindibles para que tengamos una justicia de calidad del siglo XXI y bien valorada por la ciudadanía", ha concluido.

Dirige un órgano constitucional y es la sexta autoridad del Estado. Pero desde que Isabel Perelló accedió a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no ha dado una sola entrevista en medios de comunicación. Sin embargo, aprovecha cada discurso en sus actos protocolarios para meter el dedo en el ojo al Gobierno. Este martes, el escenario ha sido la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. La presidenta ha asegurado que la creación de 500 plazas judiciales –la mayor de la historia– anunciada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a petición del propio CGPJ, "no aborda ni resuelve el problema de fondo". Perelló ha alertado del "grave déficit de jueces", pero se queja de que el Ejecutivo cree los puestos necesarios para paliarlo y anuncia que su organismo carece de competencias para colaborar en el proceso en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las palabras de la presidenta del Consejo han causado un profundo impacto en el sector progresista del Poder Judicial y también en el Gobierno, presente en el acto. El déficit de jueces por habitante en España respecto a los países europeos de nuestro entorno es una queja secular de la judicatura. De la de derechas y de la de izquierdas. Para paliarlo, en primer lugar, hay que crear las plazas judiciales necesarias para que después se puedan cubrir con nuevos jueces. El propio CGPJ reclamó al Gobierno el año pasado 507 nuevas plazas y señaló los tribunales concretos en los que había que crearlas. El Ejecutivo anunció hace dos semanas la creación de 500 nuevos puestos en lo que supone el mayor incremento jamás aprobado. El departamento de Bolaños siguió, además, el criterio del Consejo y los situó en los destinos en los que el órgano de gobierno de los jueces se lo reclamaba. A Perelló, ahora, le parece, sin embargo, una mala idea.

"El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo", ha dicho Perelló ante el rey y Bolaños. "Aun cuando se amplía el número de plazas o despachos, no incrementa el número real de jueces disponibles. Se crean plazas adicionales, pero sin aumentar a la vez el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando". Es decir, que si antes el problema era que no había suficientes plazas judiciales, ahora el obstáculo va a ser cómo cubrirlas, porque de no hacerlo, el atasco judicial no irá más que en aumento –por culpa del Gobierno, según la presidenta– con más puestos a cubrir con la misma plantilla. Lo dijo como si el organismo que dirige no tuviera herramientas para el ingreso de más plantilla para los nuevos puestos.

En España existen dos métodos principales para ingresar en la judicatura. El primero es el turno libre, la oposición pura y dura, cuatro o cinco años recitando de memoria como un papagayo, desconectado de la sociedad y pagando los servicios de un preparador que normalmente es un juez o fiscal que completa así sus ingresos mensuales. El segundo es el denominado "cuarto turno", por el que, en teoría, deberían cubrirse una de cada cuatro plazas mediante un concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia (abogados, catedráticos, fiscales, letrados de la administración de justicia, registradores, abogados del Estado...) con más de 10 años de experiencia.

Esta segunda vía ha sido sistemáticamente postergada por los sucesivos Consejos que se han negado a convocar esas plazas como impone la ley. El 25% de la judicatura debería estar formada por juristas con experiencia previa en otros campos, pero la resistencia del CGPJ a facilitar su entrada hace que no lleguen al 10%. Fuentes del Ejecutivo aseguran que las plazas que el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método de ingreso superan las 700 desde la aprobación de la reforma legal que lo introdujo en 1985. La institución que dirige Perelló es la única que puede garantizar que exista ese porcentaje de magistrados procedente de otras profesiones jurídicas, porque es la única competente para convocar los concursos con los que acceden a la carrera. Mientras que las plazas de juez previstas para opositores se ofertan cada año –las convoca conjuntamente el Gobierno y el Consejo– , las previstas para juristas con más de 10 años de ejercicio profesional –que convoca exclusivamente el Consejo– salieron por última vez en 2023.

La coyuntura parlamentaria actual del Gobierno le impide cubrir mediante opositores las 500 plazas que va a sacar. El problema es la falta de apoyo para aprobar los Presupuestos, que ha obligado a prorrogar los de 2023, en los que solo se previó una convocatoria para 200 aspirantes. El proyecto de ley de las nuevas cuentas del Estado que, por el momento permanece paralizado, prevé la convocatoria, en 2026, de 400 plazas por ese método, pero mientras no se apruebe, se quedarán en la mitad. El CGPJ, sin embargo, carece de esas restricciones financieras al ser un órgano constitucional con presupuesto propio, por lo que, según fuentes del Gobierno, del propio Consejo y de las asociaciones judiciales, podría perfectamente aprobar una nueva convocatoria del cuarto turno. Solo el Consejo puede conseguir que un cuarto de los jueces procedan de otras profesiones jurídicas como establece la ley, pero se niega a hacerlo.

Sin embargo, Perelló, en su discurso de este martes, ha anunciado lo contrario. Que el Consejo que preside no tiene la menor intención de paliar esta falta de jueces que denuncia mediante los mecanismos a su alcance. "El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces", ha afirmado. Después ha lanzado un dardo al ministerio que atendió su petición de crear 500 plazas: "Es necesaria una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional". Es decir, que, según la presidenta, pese a que los nuevos puestos se crean a petición del Consejo, todo se ha hecho mal. La preferencia de Perelló por los opositores en lugar de por los juristas de reconocida competencia casa con la de la derecha judicial. Una gran parte de los que ingresan en la carrera por oposición acaba en las asociaciones profesionales más conservadoras y corporativas.

La presidenta del CGPJ es consciente de que una convocatoria de cuarto turno es, actualmente, la vía más rápida para cubrir las nuevas plazas creadas por el Gobierno con magistrados estables y de carrera. Si no se sacan esas plazas habrá que recurrir a las sustituciones ordinarias –que el titular de una plaza ejerza las funciones de otra por un salario mayor–, los jueces recién salidos de la Escuela Judicial y en expectativa de destino o los jueces sustitutos. Así se lo transmitió el departamento de Bolaños al Consejo en una reunión que mantuvieron el pasado 27 de enero. Los dos vocales conservadores que asistieron al encuentro, como parece hacer ahora Perelló, reclamaron que el Gobierno convocara oposiciones, algo que, con presupuestos prorrogados, asegura que no puede hacer.

En esas conversaciones el Ejecutivo explicó que sus intenciones son convocar en los próximos tres años un total de 2.600 plazas que, teniendo en cuenta las jubilaciones previstas para ese período (1.000), supondrían un aumento de la plantilla judicial de 1.600 personas (de los 5.900 actuales se pasaría a 7.500). La idea es convocar cada año 360 plazas para opositores y 120 para juristas de reconocida competencia. Otras mil plazas serían cubiertas por los jueces sustitutos que se acojan a un proceso de regularización de su situación laboral. El problema es que, para que esos planes se conviertan en realidad tendría que aprobarse el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal –el que reforma el sistema de acceso a ambos cuerpos– que, sin embargo, como los Presupuestos, se encuentra paralizado ante la falta de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento.

Jueces de izquierdas y de derechas, de manera sistemática y prácticamente desde la llegada de la democracia, han demandado a los sucesivos Gobiernos que resuelvan el déficit de jueces por habitante que sufre España en comparación con el resto de democracias europeas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto en los próximos seis meses dar un enorme salto en esa dirección con la creación este mismo año de 500 nuevas plazas judiciales, el mayor incremento desde la aprobación de la Constitución. Sin embargo, la noticia no ha sido bien acogida por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ministerio de Justicia propone que gran parte de las vacantes se cubran mediante convocatorias para juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia, el denominado "cuarto turno". Los vocales a propuesta del PP, sin embargo, lo rechazan y exigen a su titular, Félix Bolaños, que incremente las convocatorias de acceso por oposición, el vivero tradicional de la derecha judicial, algo que el Gobierno no puede hacer sin unos nuevos presupuestos.

El ministerio ya está trabajando con el Poder Judicial y las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas para elaborar el real decreto que creará las nuevas plazas. Fuentes del Ejecutivo aseguran a infoLibre que prevén aprobar esa norma en un plazo de seis meses, una vez que reciban los informes del órgano de gobierno de los jueces y de los Ejecutivos autonómicos. Para la cobertura de las vacantes –que irán a los tribunales más atascados que ha señalado el propio Consejo–, Justicia se enfrenta, sin embargo, a dos problemas. El primero es la aprobación de la reforma del sistema de acceso –el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal–, paralizado en el Congreso por la actual falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo. En caso de que se apruebe, el departamento de Bolaños prevé incorporar 480 nuevos jueces anualmente en los próximos tres años, además de iniciar un proceso de estabilización que daría entrada a unos 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La plantilla judicial se incrementaría, en ese caso, en 1.600 personas en el próximo trienio, teniendo en cuenta las jubilaciones que se produzcan.

El segundo problema al que se enfrenta el Ejecutivo para contratar nuevos jueces es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Los últimos, que se aprobaron en 2023, preveían la convocatoria anual de 200 plazas y ese mismo número será el que se oferte este año en caso de que no haya nuevas cuentas. El proyecto de Presupuestos para 2026, por ahora paralizado, contempla una convocatoria de 400 puestos. Cuando se aprueben las 500 nuevas plazas judiciales, en unos meses tendrán que ser cubiertas mediante los correspondientes concursos de traslado y nombramientos discrecionales (tres corresponderán a las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo). Los sucesivos huecos que se creen deberán ser ocupados por jueces o magistrados recién ingresados en la carrera, mediante sustituciones ordinarias (en las que un juez ve aumentado su sueldo por cubrir varias plazas) o con jueces sustitutos (en España hay alrededor de un millar que suplen las ausencias y bajas de sus compañeros de plantilla).

La solución que el pasado martes propuso el Ejecutivo –a través del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo– al CGPJ fue que gran parte de las nuevas vacantes se cubran mediante magistrados correspondientes al cuarto turno, es decir, seleccionados mediante concurso de méritos de entre abogados, letrados de la administración de justicia, profesores de universidad y otras profesiones jurídicas que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial deben ocupar uno de cada cuatro puestos. El Consejo tiene la obligación legal de convocar esas plazas como mínimo cada dos años pero la incumple sistemáticamente. Mientras las plazas de juez a cubrir por oposición se sacan puntualmente cada año, la última convocatoria del cuarto turno –magistrados procedentes de otras profesiones jurídicas– es de 2023. Fuentes judiciales aseguran que, en los últimos ejercicios, el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método 307 plazas de magistrado. Si a ellas se suman las de los jueces en expectativa de destino que salen cada año de la Escuela Judicial, las 500 nuevas plazas que prevé crear el Ejecutivo quedarían prácticamente ocupadas.

Los vocales a propuesta del PP José Eduardo Martínez Mediavilla y José María Páez, ambos de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), plantearon al número dos del Ministerio este martes un método alternativo: que se incremente el número de plazas de la actual convocatoria de acceso por oposición, algo que el Ejecutivo considera que, con los Presupuestos prorrogados, no puede hacer. Es decir, que el sector conservador del CGPJ no quiere que se cubran con profesionales de reconocida competencia ya formados y procedentes de otras profesiones, sino con jueces recién ingresados y sin experiencia previa que emplean una media de cinco años de estudio exclusivamente memorístico asistidos por otro juez o fiscal que actúa como preparador (en una segunda ocupación que en muchas ocasiones les proporciona ingresos extra en negro) tras su paso por la Escuela Judicial.

Las fuentes judiciales consultadas explican que la razón por la que la derecha judicial prefiere la oposición al cuarto turno es que los seleccionados por el primer método constituyen el principal vivero de asociados para los principales colectivos conservadores (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que sostiene que es apolítico pese a que toda la carrera, el CGPJ y gran parte del Parlamento lo sitúan a la derecha). El Consejo, que entre 2013 y 2024 estuvo dominado por los vocales de derechas, se resistió a cubrir el 25% de plazas que según la ley están reservadas para juristas. Actualmente no llegan al 10% de la plantilla total de la carrera. Los actuales vocales a propuesta del PP (10 de los 21 miembros del Consejo tras la renovación de 2024) pretenden dar ahora esa misma batalla.

El déficit español de jueces en relación a la población (11,2 por cada 100.000 habitantes), un dato muy inferior a la media de los países de la UE (17,6), es una de las quejas seculares de la judicatura. El Gobierno pretende acabar con esta anomalía y para ello el Ministerio de Presidencia y Justicia iniciará la semana que viene la elaboración de un decreto que aprobará la mayor creación de plazas judiciales de la historia de España (500). La mayoría de esos nuevos puestos serán para los nuevos tribunales de instancia creados en cada partido judicial por la ley de eficiencia para sustituir a los órganos unipersonales, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha aprobado todavía el reglamento que debe regular el funcionamiento de estos tribunales, en su mayoría ya desplegados. La premura del Ejecutivo, que pretende crear las plazas este mismo año, ha generado malestar tanto en la presidenta del órgano, Isabel Perelló, como en el sector conservador, pese a que el Consejo reclamó 507 nuevas plazas en julio.

El Plan Estratégico para el decenio 2026-2035 de Recursos Humanos en la Carrera Judicial, aprobado por el Consejo el pasado diciembre, recogía en sus conclusiones finales el "déficit estructural de la planta de los órganos judiciales". El documento hacía referencia a un informe aprobado por el Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces que se votó el 9 de julio y en el que se consideraba "imprescindible" la creación de esas 507 unidades judiciales.

El Ministerio de Presidencia y Justicia, que dirige Félix Bolaños, ha atendido esa reclamación y trabaja ya en el mencionado decreto para crear 500 nuevas plazas. Se trata del mayor incremento en la historia de España –en los últimos años giraba en torno a las 70–. El plan gubernamental, que fue adelantado este domingo por El Mundo, es posible gracias a la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que abarata la posibilidad de generar nuevas plazas en los nuevos tribunales de instancia sin tener que acompañarlas de la infraestructura de todo un juzgado con sus funcionarios y sus medios materiales. En los nuevos tribunales, la estructura burocrática es común a todos sus miembros.

Las nuevas plazas se corresponden, en esencia, con las peticiones concretas que trasladó el CGPJ al Ejecutivo, según fuentes de este último. 363 irán a las diferentes secciones de los nuevos tribunales de instancia (de lo Civil, de Instrucción, de lo Penal, Contencioso, Mercantil, Social...) y 85 a las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. En el Alto Tribunal se crean dos nuevas plazas de magistrado para la Sala de lo Civil, la más colapsada, y una más para la Sala de lo Penal. Sin embargo, la histórica iniciativa, hecha a imagen y semejanza de las reclamaciones del Consejo, no ha sido bien recibida por una parte del órgano de gobierno de los jueces. En España hay a día de hoy 5.903 plazas judiciales, así que el incremento planeado por el departamento de Félix Bolaños asciende casi a un 10%.

Fuentes de la institución aseguran que la presidenta Isabel Perelló y algunos de los vocales a propuesta del PP han puesto pegas al plan del Ejecutivo tras conocerlo. Si hasta diciembre el problema era la necesidad de nuevas plazas, cuando al fin se han iniciado los trámites para dotarla, ahora la inquietud es cómo cubrirlas. Desde el Ejecutivo recuerdan que hace tres años que el Consejo no convoca plazas del cuarto turno –las que permiten la entrada en el cuerpo a juristas de reconocida competencia– pese a que uno de cada cuatro miembros de la judicatura debe ser seleccionado de este modo. En la próxima promoción de jueces procedentes de la Escuela Judicial, los que acceden mediante la clásica oposición memorística, estaba previsto que una cuarentena de candidatos quedaran "en expectativa de destino". Con el futuro decreto podrán acceder a una plaza. En caso contrario habrá que recurrir a jueces sustitutos y magistrados suplentes.

La histórica creación de plazas, de las que la mayoría irán a los tribunales de instancia, llega cuando el Consejo todavía no ha adecuado su Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales a esos nuevos órganos, pese a que la ley que los creó fue publicada en el BOE hace más de un año y su última fase de implantación, la correspondiente a las poblaciones más grandes, estaba prevista para el pasado 31 de diciembre. Ese reglamento debe abordar temas centrales como el reparto de asuntos, las guardias, los cambios de titular en cada plaza o las sustituciones, entre otros. Que el Consejo no haya aprobado todavía la reforma reglamento está provocando que cada tribunal de instancia, que abarca todo el término de cada partido judicial, esté improvisando sus propias reglas.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, creó el pasado marzo un grupo de trabajo para abordar el despliegue de estos nuevos tribunales. De él forman parte, además de la máxima responsable del órgano, los vocales progresistas Lucía Avilés, José María Fernández Seijo y Carlos Hugo Preciado (este último propuesto por Sumar pero que suele formar grupo con Perelló y los conservadores), y los conservadores Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez Mediavilla y Esther Rojo. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, desde su creación, su actividad ha sido muy escasa pese a la trascendencia del cambio que impone la ley de eficiencia, que da la vuelta como un calcetín a la tradicional estructura de la justicia en España.

El Tribunal Supremo (TS), a través de su Sala de Gobierno, ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un acuerdo aprobado por unanimidad de sus miembros para que se retrase la edad de jubilación de sus magistrados de los 70 a los 75 años. La medida, que supondría una prórroga de la apabullante mayoría conservadora del órgano, implica una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fuentes del Gobierno ven inviable. El Alto Tribunal justifica su iniciativa por la falta de experiencia del gran número de nuevos miembros recién nombrados tras años sin poder hacerlo debido al bloqueo del Consejo, pero fuentes judiciales aseguran que detrás de ello hay, sobre todo, un motivo económico: la enorme pérdida de ingresos que supone convertirse en pensionistas.

La propuesta fue aprobada el pasado octubre en la Sala de Gobierno por unanimidad de sus miembros, lo que significa que salió adelante también con el voto de la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perelló. El encargado de redactar el informe que la contiene fue el vicepresidente del Alto Tribunal, el conservador Dimitry Berberoff. "El desempeño de los nuevos magistrados de reciente ingreso no alcanza un rendimiento pleno, equiparable al de los magistrados veteranos, hasta trascurrido cierto tiempo", decía el documento. "La exigencia de calidad en las resoluciones judiciales (...) y la altísima especialización (...) impone una especial dedicación por parte de los magistrados recién incorporados", añadía.

Actualmente, la edad de jubilación de los miembros de la judicatura está establecida en los 70 años en el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa misma norma permite que dos meses antes de que cumplan esa edad, puedan solicitar una prórroga al CGPJ hasta los 72 años que este está obligado a conceder. Los magistrados del Supremo mantienen esa categoría desde su nombramiento hasta que alcanzan esa edad. La Sala de Gobierno asegura que, en los próximos 10 años, 65 magistrados –es decir, el 72% de la plantilla del Supremo– se convertirán en pensionistas, lo que impediría garantizar, a su juicio, "una plantilla estable, de modo que la actividad del Tribunal Supremo mantenga la homogeneidad deseable", sostiene su informe.

La propuesta reclama que la ampliación de la edad de jubilación a los 75 se apruebe para todos los jueces y magistrados, pero en caso de no poder hacerse, se establezca únicamente para los miembros del Alto Tribunal. Como alternativa, plantean la reintroducción de la figura de los "magistrados eméritos", que puedan desarrollar sus funciones hasta esa edad. Esa figura fue abolida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. "En el caso del Tribunal Supremo, la situación coyuntural que atraviesa precisa el establecimiento de dicha medida de prolongación de la edad de jubilación de modo urgente", afirma la Sala de Gobierno en el documento que ha enviado al Consejo.

En el órgano de gobierno de los jueces, las posiciones están divididas. La presidenta Perelló –que también preside la Sala de Gobierno del TS– ha trasladado ya el acuerdo a los vocales. Mientras que en el sector conservador se ve con buenos ojos la propuesta, el progresista, en principio, se opone. Una de las razones para hacerlo es supondría alargar el mandato de los actuales magistrados, muy escorados a la derecha, después de un Consejo netamente conservador prorrogado durante más de cinco años por la negativa del PP a negociar su renovación hasta junio de 2024.

En el Gobierno, que es quien tendría que incluir la medida en alguno de los proyectos de ley orgánica en tramitación, tampoco se entiende la propuesta. Fuentes judiciales aseguran que la iniciativa de la Sala de Gobierno no es nueva y que lo que en realidad tiene detrás son motivos económicos. Al jubilarse, los magistrados del Supremo quedan con la pensión máxima, pero ello supone una pérdida de ingresos en su nómina mensual de varios miles de euros. Permitirles jubilarse más tarde, según fuentes del Ejecutivo, supondría un agravio comparativo frente a otros cuerpos, como, por ejemplo, los profesores de universidad.

La falta de apoyos del Ejecutivo en el Congreso debido a la ruptura de Junts con el PSOE también dificulta que una iniciativa como esta, que requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de la reforma de una ley orgánica, pueda salir adelante.

Es muy difícil explicar desde posiciones de izquierdas que un vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial –Carlos Hugo Preciado– rompa todos los consensos establecidos en el seno de ese sector y entre ese sector y el de los conservadores; que, además, se excluya del resto de vocales nombrados por los partidos que forman el Gobierno para crear una nueva mayoría con los vocales a propuesta del PP y con la presidenta, Isabel Perelló; y que termine entregando a estos últimos el control de nueve de las 11 comisiones y con ello el control de facto del órgano de gobierno de los jueces. La jugada se produce en uno de los contextos judiciales más graves de los últimos años, con el omnipresente asociacionismo conservador conspirando contra el Ejecutivo por la ley de amnistía, múltiples pronunciamientos políticos de jueces y magistrados en activo que quedan sistemáticamente sin castigo y tras una huelga ilegal contra las reformas judiciales en tramitación, entre ellas la que aprobará este martes el Consejo de Ministros para entregar la investigación de los delitos a los fiscales.

En medio de ese contexto –en el que gran parte del estamento judicial más conservador dibuja España como una suerte de dictadura cuyo Gobierno solo quiere acabar con la separación de poderes y la independencia judicial– varias voces han surgido desde Sumar o las diversas fuerzas que convergen en esa formación, no para lamentar la enésima ruptura de la izquierda representada en el Consejo o criticar la maniobra que permitirá a Preciado (que sale sobrerrepresentado con presencia en nada menos que cuatro comisiones), sino con el sorprendente argumento de que la "traición" que, según los nueve progresistas restantes, ha terminado por consumar el "tránsfuga" Preciado es, en realidad, una buena noticia para la izquierda. Fuentes judiciales y los progresistas del CGPJ –entre ellos la fiscal Inés Herreros, la otra vocal propuesta por la formación de Yolanda Díaz– lo rechazan drásticamente. También la magistrada de Las Palmas, exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada de Podemos Victoria Rosell.

El primero en salir a defender a Preciado ha sido el que se considera su máximo valedor, el diputado de Sumar y ex secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago. El mismo día del vuelco a la derecha en el CGPJ, el pasado jueves, el parlamentario publicó un post en X en el que sostuvo que, en realidad, lo ocurrido era "una buena noticia", porque "de 15 comisiones y grupos de trabajo elegidos, ocho presidencias son progresistas". En realidad, las presidencias de comisiones que quedan en manos de vocales de la izquierda son cinco. Además, poco importa la presidencia, porque solo da el voto de calidad en caso de empate, y en todas ellas, los conservadores son mayoría.

En su post –y en otro posterior que publicó el sábado– Enrique Santiago critica indirectamente al sector progresista al afirmar que, desde que se constituyó en julio de 2024, "el nuevo CGPJ nombró un 65% de conservadores en altos tribunales", a lo que añadía: "Hoy esto cambió". Se trata de un argumento similar al esgrimido en repetidas ocasiones por el propio Carlos Hugo Preciado. En una entrevista publicada ayer en Diario Red y retuiteada por Pablo Iglesias, subía ese porcentaje al 68% y dejaba en 32% los puestos discrecionales que habrían ido a magistrados progresistas. Ese mismo porcentaje fue repetido en un comunicado distribuido por Izquierda Unida, la formación de la que Santiago, siempre desde el grupo de Sumar, actúa como portavoz en el Congreso.

Es cierto que los más de 150 nombramientos que ha tenido que poner en marcha el Consejo desde su renovación han beneficiado de manera neta a los candidatos conservadores, sobre todo a los procedentes de la mayoritaria y tradicionalmente alineada con el PP Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los vocales a propuesta del PP solo han apoyado a candidatos de ese colectivo hasta tal punto de que muchos jueces aseguran con sorna que la "APM es una agencia de colocación". O que, en España hay que hacer dos cosas para ser un juez exitoso: "Sacarse la oposición y afiliarse a la APM". El menor porcentaje de nombramientos de miembros de la única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la tercera en número de afiliados, se ha debido a la ausencia de candidatos, que ha obligado a la izquierda del Consejo a buscar a sus aspirantes entre jueces no asociados o miembros de otros colectivos más conservadores, como en la Francisco de Vitoria e, incluso, en el Foro Judicial Independiente. Otro de los factores determinantes es que, a muchas de las vacantes, solo se presentaba un único candidato o candidata y era del sector conservador.

Un destacado magistrado de JJpD lo explicaba a infoLibre el pasado marzo: "Tenemos que animar a nuestros asociados a que se presenten a las convocatorias porque en la inmensa mayoría de ellas siempre hay un candidato de la APM". Un magistrado progresista de la Audiencia Nacional también relató que la creciente derechización de la carrera desincentiva a los jueces de izquierdas que, a final de 2024, vieron cómo los colectivos de derechas se hicieron con la práctica totalidad de los puestos electivos de las Salas de Gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia en unas elecciones a las que estaban llamados todos los miembros de la carrera. "Para muchos, optar a un cargo discrecional es como un estigma entre sus compañeros, mayoritariamente conservadores", añadió. Los vocales conservadores juegan con esa ventaja que ahora, con el apoyo evidenciado por Preciado y Perelló, se multiplica, aunque sin llegar a los 13 votos necesarios para las designaciones más importantes. La inmensa mayoría de los nombramientos que se han aprobado hasta ahora salieron por unanimidad o por muy amplias mayorías.

Frente a lo planteado por el diputado y responsable de Justicia de Sumar, la nota de Izquierda Unida defendiendo al díscolo Preciado y las apreciaciones del propio vocal al que sus compañeros del sector progresista consideran un "tránsfuga", Victoria Rosell, en una respuesta a Enrique de Santiago, explicó por qué, en realidad, la formación de una nueva mayoría conservadora con el apoyo de ese consejero y de la presidenta no era una buena noticia. A la mayoría conservadora en nueve de las 11 comisiones (las presidencias, en realidad, no importan), Rosell añadió la ruptura de la paridad. Solo en tres de ellas hay mayoría de mujeres (Igualdad, Escuela Judicial y Relaciones Internacionales), frente a ocho dominadas por hombres. Entre las presidencias, solo cuatro fueron a consejeras y las otras siete fueron para hombres. Otro de los elementos que hicieron de la maniobra de Preciado una "mala noticia" para Rosell y los vocales de izquierda fue la salida de uno de sus referentes, el juez de lo Mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo, que presentó su dimisión tras el Pleno.

Pero es que, además, Preciado y la otra vocal propuesta por Sumar, la fiscal Inés Herreros, ni se hablan, como recordaba Rosell y confirman fuentes progresistas. La ruptura entre ambos se produjo después de que el vocal "tránsfuga" tratara de presionarla, sin éxito, para atraerla a su terreno, lo que hubiera dado a la nueva mayoría –los 10 conservadores, Perelló y Preciado– los 13 votos que conforman la mayoría de tres quintos, la necesaria para los principales nombramientos: presidentes de tribunales, presidentes de sala del Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia, y magistrados del Tribunal Supremo. Con Herreros, el poder de Preciado, la presidenta y sobre todo el de los vocales del PP habría sido total, pero la vocal se ha mantenido fiel al resto de compañeros de su grupo. La propuesta de reparto de comisiones que finalmente se aprobó –la presentada conjuntamente por los conservadores y Preciado– la dejó fuera de todos los órganos en juego. Solo después de que los progresistas advirtieran de que era ilegal y se reservaran "el derecho de acciones", accedieron a incluirla en la comisión de Escuela Judicial. ¿Cómo habría justificado o defendido Sumar que sus vocales sumaran 13 votos con la derecha? Los vocales conservadores siempre votan como un solo hombre. Disciplina total.

Desde su llegada al órgano, Preciado se ha encargado, además, de escenificar el conflicto con sus compañeros de grupo denigrándolos públicamente al referirse a ellos como "negociadores promovidos por el PSOE" –sin contar con que Herreros, que sigue con el resto de progresistas, fue propuesta también por Sumar– y burlarse de sus "magros resultados" pese a haberse fijado, según sostuvo, "unos objetivos que pasaban por [lograr] la presidencia del Tribunal Supremo y las dos Salas", en referencia a las presidencias de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, dos plazas clave, una de las cuales debió ser ocupada por una mujer propuesta por los progresistas. Perelló, con el apoyo inquebrantable de Preciado, forzó que las dos candidatas promovidas por la izquierda retiraran sus candidaturas para dejar el puesto a dos hombres aupados por los conservadores. Para el vocal díscolo, lo más importante es haber logrado "la presidencia del Tribunal Supremo" con su "decisiva intervención". Una presidencia que, como él, ha terminado rompiendo consensos para aliarse sin complejos con la derecha.

El último episodio ha sido la cesión de las comisiones más importantes del Consejo General del Poder Judicial –y con ello el control de la institución– a los vocales a propuesta del PP, lo que ha provocado un choque de proporciones inéditas con los progresistas. Hasta el punto de que uno de los pesos pesados de este último sector, el juez de lo Mercantil de Barcelona José María Fernández Seijo, ha terminado por presentar su renuncia. La nueva mayoría del órgano de gobierno de los jueces, conformada por los diez vocales conservadores, la presidenta, Isabel Perelló, y uno de los dos vocales a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, se venía fraguando hace meses. Desde la elección de Perelló para el puesto, el Consejo ha conseguido sacar adelante más de 150 nombramientos, pero todas las batallas clave, gracias al apoyo de la presidenta, las ha ganado la derecha.

La primera fue su propia elección. La renovación del órgano, en junio de 2024 y tras cinco años y medio de bloqueo propiciado por el PP, generalizó las expectativas de un Consejo escorado a la izquierda. El empate a 10 vocales entre ambos sectores obligaba a negociar y pactar al no alcanzar ninguno de los dos los 13 votos necesarios para sacar adelante los nombramientos discrecionales más importantes, pero en la izquierda esperaban que la elección de la presidenta –sonaron para ella las magistradas del Supremo Pilar Teso, de la Sala de lo Contencioso, y Ana Ferrer, de la Sala de lo Penal– terminara por conformar un órgano de gobierno de los jueces de mayoría progresista. El pacto entre PSOE y PP para el nombramiento de los nuevos vocales no incluyó el nombre del presidente, permitiendo que, por primera vez desde la creación del CGPJ, fueran sus miembros los que lo eligieran.

La primera sorpresa del nuevo Consejo nada más constituirse fue el bloqueo para alcanzar su principal y primordial designación. Los conservadores vetaron en sucesivas reuniones a Teso y a Ferrer al considerarlas "las preferidas del Gobierno" y pusieron sobre la mesa el nombre del presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Pablo Lucas. Los progresistas advirtieron de que el puesto, necesariamente, debería ir a una mujer para garantizar el reparto igualitario entre sexos que imponía la recién aprobada ley de paridad, y solo ellos defendían a candidatas. A escasas horas del acto de apertura del año judicial, con la angustia generalizada de que no hubiera nuevo presidente o presidenta que se sentara junto al rey en el acto solemne, el vocal conservador José Antonio Montero y uno de los propuestos por Sumar, Carlos Hugo Preciado, se sacaron de la manga en nombre de Perelló. Las prisas provocaron que finalmente fuera designada, pero en la votación los diez progresistas se dividieron por primera vez a favor y en contra de la nueva presidenta. Los vocales de derechas la apoyaron de manera unánime.

Su elección provocó titulares elogiosos en los medios de izquierdas. Por primera vez, una mujer se convertía en la principal autoridad judicial del Estado. Un episodio en el que se enfrentó a su antecesor en el cargo, el conservador Carlos Lesmes, por no utilizar el lenguaje inclusivo –una carta de queja firmada junto a su excompañera en la Sala de lo Contencioso y actual ministra de Defensa, Margarita Robles– le valió la etiqueta temporal de "feminista". Pertenece, además, a la asociación minoritaria y progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). En el Consejo consideran que Robles es su principal valedora en el Gobierno y Montero (su compañero de sala y actual vocal conservador), su primer aliado en el Consejo. Durante su paso por el órgano de gobierno de los jueces (2008-2013) fue la actual ministra de Pedro Sánchez la que propició el nombramiento de ambos para el Alto Tribunal el 2009.

Desde su designación, la sintonía de Perelló con los conservadores ha sido mucho mayor. En su año largo de presidencia, el sector progresista –en el que están representados varios miembros de su asociación, JJpD– no ha logrado reunirse con ella ni una sola vez, más allá de la presencia de todos en el Pleno, según varios de sus miembros. Solo Preciado, el vocal progresista que la apoyó desde el principio, tiene acceso a ella, según fuentes del Consejo, donde sus compañeros lo consideran un "tránsfuga". Este consejero de Sumar, además, se ha convertido en su único apoyo –incondicional, según sostiene él mismo– entre los vocales de izquierdas. Preciado, desde hace meses, va por libre. Tiene agenda propia que no acuerda previamente con el resto de consejeros propuestos por los partidos del Gobierno y sugiere candidatos que no avalan los otros nueve miembros de ese grupo y para los que intenta encontrar apoyo en el otro.

Con el respaldo de Preciado, Perelló ha conseguido que las dos plazas más importantes de todas las que el CGPJ tenía que nombrar en el Supremo –la presidencia de la Sala de lo Penal, que mantiene un enfrentamiento desbocado con el Gobierno por la ley de amnistía, y la de lo Contencioso-Administrativo, que resuelve los recursos contra los actos del Ejecutivo y las principales instituciones del Estado– hayan terminado en manos de los candidatos propuestos por el sector conservador. Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, que ya ocupaban ambas plazas de manera interina por la salida de sus antecesores, fueron nombrados el pasado julio después de que las dos aspirantes progresistas –Ana Ferrer y Pilar Teso– fueran forzadas a renunciar en un proceso en el que la presidenta del CGPJ tuvo mucho que ver.

Como en el propio nombramiento de Perelló, al menos una de esas vacantes debía ser ocupada por una mujer para garantizar la paridad entre las cinco presidencias de Sala del Supremo. Solo las vocales a propuesta del PSOE y Sumar habían postulado a candidatas –Ferrer y Teso–, con lo que la elección de una aspirante progresista para dirigir una de las dos salas era la única salida para cumplir la ley. Pero Perelló, en lugar de acercar posturas para lograr ese reparto equilibrado, se decantó desde el principio por Arrieta y Lucas, los conservadores, pese a que ambos están al borde de la jubilación. Hasta el punto de que intentó llevar al Pleno ambos nombramientos sin acuerdo para que las sucesivas votaciones fallidas sirvieran para declarar desiertas ambas plazas y obligaran a iniciar desde cero todo el proceso selectivo. La jugada provocó la renuncia de Teso y Ferrer y, gracias a ella, cuatro de las cinco salas del Alto Tribunal las presiden hombres.

Pese a la etiqueta de "feminista" con la que fue recibida y su empeño en mantenerla, a Perelló, el imperativo legal de que las mujeres alcancen al menos un 40% de las presidencias y de la composición de cada una de las salas de los principales tribunales le ha parecido, desde el principio, un estorbo para sus propios intereses (muy coincidentes con los de los vocales de derechas). La comisión de igualdad del órgano de gobierno de los jueces estableció en uno de sus informes que esa debía ser la regla para garantizar el cumplimiento de la ley de paridad. Pero, tras conocerse el texto, la presidenta encargó un contrainforme a los servicios técnicos del Consejo. En este último se concluía que el reparto del 40%-60% entre sexos solo debía garantizarse en el conjunto total de nombramientos que hiciese la institución a lo largo de los cinco años que dura su mandato.

Tampoco fue muy feminista –y también dio ventaja a los conservadores– su veto a la vocal progresista Lucía Avilés, la única representante de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y especialista en violencias machistas, para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Conservadores y progresistas habían pactado que la representación en ese órgano (que dirige el Consejo pero en el que también está presentes el Gobierno, la Fiscalía, las autonomías y la abogacía) fuera mayoritaria para la izquierda. Pero Perelló, mediante un ardid, tachó de la lista a la consejera que no querían los conservadores provocando un empate entre ambas sensibilidades. La AMJE fue la asociación que, tras la constitución del nuevo CGPJ, reclamó con más fuerza que una mujer accediera por fin a su presidencia.

Otro de los mandatos legales con los que los nuevos vocales tomaron posesión fue la obligación de elaborar una propuesta para la reforma del sistema de elección de sus 12 miembros procedentes de la judicatura. El Pleno aprobó por unanimidad un texto que contenía los sistemas antagónicos defendidos por ambos sectores: el de los conservadores, que propugna que sean los jueces los que elijan sin intervención de las Cámaras, y el de los progresistas, que pretende que la última palabra siga, como hasta ahora, siendo del Parlamento. Semanas antes de la votación en el Consejo, Perelló se mostró a favor a la propuesta conservadora.

La presidenta del Supremo y del CGPJ es la sexta autoridad del Estado, pero, desde su nombramiento, no ha concedido una sola entrevista. Su silencio comunicativo, sin embargo, no le ha impedido escenificar frecuentes roces públicos con el Gobierno. En un momento de activismo judicial desbocado contra el Ejecutivo, la máxima autoridad judicial no ha dudado en reclamar respeto hacia las decisiones más controvertidas de los jueces, criticadas, no solo por representantes del Ejecutivo y el Parlamento, sino también por sectores progresistas de la propia judicatura, la fiscalía o la academia. Su sintonía con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, es nula, según fuentes del órgano que preside. Perelló ha cuestionado gran parte de las reformas judiciales de Sánchez –como la democratización de acceso a la carrera para abrirlo a las clases populares– pese a que los informes del Consejo las han avalado.

Lo que se venía fraguando desde hace meses, al final se ha consumado. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el vocal a propuesta de Sumar Carlos Hugo Preciado –considerado por los integrantes del sector progresista un "tránsfuga"– han votado esta mañana junto a los 10 vocales a propuesta del PP para entregar el control del órgano de gobierno de los jueces a la derecha. El acuerdo, alcanzado por 12 votos a nueve, deja en franca minoría, con solo dos representantes, a los vocales a propuesta del PSOE en la comisión clave de la institución, la permanente, y rompe todos los consensos alcanzados entre ambos sectores tras la renovación para renovar la composición y las presidencias de los órganos internos.

Progresistas y conservadores pactaron en septiembre de 2024 que los cambios en la composición de las diferentes comisiones del órgano constitucional se harían mediante rotaciones de mayorías y presidencias. El objetivo era que aquellas que durante el primer año hubieran tenido una presidencia progresista, esta pasara a una conservadora y viceversa, aplicándose la misma regla al cambio en las mayorías. Pero en el tenso Pleno que se ha retomado este jueves, Perelló y Preciado, junto con los 10 vocales a propuesta del PP, han hecho saltar ese consenso básico con el que el Consejo echó a andar hace más de un año. La presidenta (perteneciente a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, pero propuesta para el cargo por los conservadores) y el vocal a propuesta de la formación de Yolanda Díaz han votado la propuesta defendida por el sector conservador sin dar margen a ningún tipo de negociación.

La comisión permanente, el órgano más trascendente del Consejo tras el Pleno, que actúa en delegación de este último y decide todas las cuestiones laborales y profesionales de la carrera, además de acordar la apertura de investigaciones disciplinarias, seguirá presidida, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la presidenta. Pero la mayoría de vocales conservadores con la que contaba hasta ahora –cuatro miembros, frente a tres progresistas– no se ha revertido, sino que se mantiene. De ella, además de Perelló, seguirá formando parte, como hasta ahora, Carlos Hugo Preciado, al que los progresistas no consideran parte de su grupo y cuyo voto va siempre unido al de la máxima responsable del Consejo. La presencia del sector progresista queda así reducida únicamente a dos consejeros.

Además de Perelló y Preciado, en ella repiten tres de los cuatro vocales conservadores que la integraban hasta ahora: Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal. Pilar Jiménez, también propuesta por el PP, cede su puesto a su compañero de grupo Carlos Orga. Los dos consejeros a propuesta del PSOE serán Argelia Queralt y Bernardo Fernández. Los progresistas querían incluir también a José María Fernández Seijo, pero los conservadores, la presidenta y Preciado lo han vetado. Perelló, Preciado y los cuatro conservadores contarán, también este año, con una amplia mayoría.

El pacto para la renovación alcanzado por los partidos que sustentan al Gobierno (PSOE y Sumar) y el PP en junio de 2024 establecía un empate a 10 entre conservadores y progresistas. Pero, mientras que los vocales a propuesta del partido de Alberto Núñez Feijóo actúan en cada votación como una sola persona desde el inicio del mandato, Preciado ha optado por formar una suerte de tándem con Perelló del que se valen sistemáticamente los conservadores para romper la igualdad de votos. Con el desmarque de la presidenta y Preciado, los conservadores pueden hacer valer una mayoría de 12 votos frente a los nueve de los progresistas para sacar adelante decisiones tan importantes como la de este jueves.

En esas condiciones, la propuesta conservadora para la renovación de las comisiones sobrerrepresentaba a Preciado. Frente a la propuesta progresista, que pretendía que ningún vocal perteneciera a más de tres comisiones ni a menos de dos, la propuesta del sector afín al PP –apoyada por Perelló y el vocal de Sumar– coloca a este último en cuatro comisiones. Además de en la permanente, Preciado estará en la de Escuela Judicial, en la de Carrera Judicial y en la Comisión Mixta entre el Consejo y el Ministerio de Presidencia y Justicia. Esta última, que mantiene su composición actual con la presencia de solo un miembro del sector progresista (Esther Erice). Sus funciones, según fuentes del Consejo, son fundamentales para sacar adelante y poner en marcha las grandes reformas judiciales que ha puesto en marcha el Gobierno.

La propuesta ha salido en un Pleno bronco y tenso que anticipa la ruptura del consenso con el que el Consejo había funcionado hasta ahora, y que le ha permitido cubrir en la inmensa mayoría de los casos por unanimidad las más de 120 vacantes que había provocado el bloqueo de su renovación forzado por el PP. "Se han roto las reglas de representatividad, territorialidad y paridad", aseguran desde el sector progresista. "La presidenta, Preciado y los conservadores nos han colocado a cada uno donde ellos han querido sin intentar ni siquiera alcanzar un acuerdo", concluyen.

Desde su nombramiento en septiembre de 2024 como presidenta del CGPJ y del Supremo, Perelló ha sido muy cuestionada por su constante alineamiento con la derecha judicial. La máxima responsable del órgano de gobierno de los jueces ha aprovechado sus escasísimas intervenciones públicas para cuestionar las reformas puestas en marchas por el Ejecutivo. También ha apoyado a los vocales a propuesta del PP en la designación de los presidentes de dos salas clave el Tribunal Supremo, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, que finalmente fueron a parar a dos candidatos propuestos por los conservadores, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas. La presidenta ha reclamado al Gobierno respeto a los jueces en varias ocasiones ante las críticas a determinados procesos judiciales, pero ni una palabra frente al creciente activismo judicial que ha llevado a muchos miembros de la magistratura a cargar contra el Gobierno, la Fiscalía o el Tribunal Constitucional.

Carlos Hugo Preciado fue, junto al vocal conservador José Antonio Montero, uno de los principales valedores de Perelló para alcanzar la presidencia del CGPJ. Desde entonces, la trayectoria de ambos ha ido de la mano. El vocal no ha dudado en descalificar a sus compañeros progresistas, a los que ha llamado "negociadores promovidos por el PSOE" y a los que ha acusado de ser víctimas "de presiones externas" y de alcanzar "magros resultados". La presidenta y el progresista díscolo ya votaron con los conservadores varios nombramientos el pasado mayo. El resto de miembros del sector progresista, hace meses que lo acusa de actuar con deslealtad y al margen de sus compañeros.

Sus escasísimas manifestaciones públicas en el año transcurrido desde que fuera nombrada presidenta del Supremo y del Poder Judicial en septiembre de 2024 se han destinado, casi íntegramente, a criticar supuestas descalificaciones del Gobierno y su presidente a los jueces. También a cargar contra reformas judiciales que el Ejecutivo ha puesto en marcha, como la del acceso a la carrera para democratizarlo y abrirlo a candidatos de ingresos limitados; reforma que provocó una huelga judicial ilegal, irresponsable, descontrolada y sin merma salarial para los que la suscribieron el pasado julio. El segundo discurso de apertura solemne del año judicial, pronunciado este viernes por Isabel Perelló ante el rey, ha seguido ese mismo camino.

Las palabras de Sánchez en su entrevista en TVE del pasado lunes advirtiendo de que "una minoría de jueces" –entre ellos los que actúan contra su esposa y su hermano– "hacen política", son, según la presidenta del alto tribunal "impropias de un Estado de derecho avanzado". Perelló ha calificado de "alarmante" la escasez de jueces en España pese a que el ministro de Justicia, Félix Bolaños acaba de plantear la mayor convocatoria de la historia, con casi 2.500 plazas nuevas de jueces y fiscales para los próximos tres años. También ha mostrado comprensión hacia los jueces huelguistas, que tienen una "legítima preocupación" por las reformas judiciales del Ejecutivo.

Que Perelló volvería a cargar contra Sánchez pese a su muy matizada crítica a los jueces –dijo que confiaba en la justicia y subrayó que la inmensa mayoría hacen bien su trabajo– era lo esperado. Así se lo había reclamado toda la derecha judicial, empezando por los 10 vocales del Poder Judicial a propuesta del PP y las tres asociaciones profesionales de derechas –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente–. Durante su discurso, la presidenta ha tildado, de manera genérica, de "inoportunas y rechazables" lo que ha considerado "insistentes descalificaciones a la justicia".

La máxima representante de la judicatura ha sostenido que velar por "la confianza y la credibilidad en la justicia" es algo que no solo corresponde al Poder Judicial, "sino también a los demás poderes del Estado", ha dicho en clara referencia al Gobierno. Manifestaciones como las de Sánchez, según Perelló, socavan "la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces". Pero la apelación más directa a las declaraciones del jefe del Ejecutivo se ha producido al asegurar que, pese a que el desacuerdo y la crítica al Poder Judicial son legítimos, no lo es atribuirle "intenciones y objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional". "Hacer política", como afirmó Sánchez, no está entre ellos, según Perelló.

Tras defender la independencia e imparcialidad de los jueces, Perelló ha hecho por primera vez referencia a su responsabilidad, una apelación que le han reclamado reiteradamente los vocales progresistas. "El CGPJ tiene atribuida la potestad disciplinaria sobre los jueces y magistrados", ha dicho. "El Consejo puede sancionar las conductas inadecuadas de los jueces, la desatención o los retrasos de acuerdo con un catálogo de infracciones que se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial", ha añadido. Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez, tiene dos investigaciones de este tipo abiertas en este momento, aunque los vocales del Consejo dudan de que alguna pueda terminar en sanción, dada la proximidad de su jubilación, en agosto de 2026.

El Ministerio de Presidencia y Justicia anunció la pasada primavera que el Gobierno iba a lanzar para este año la mayor convocatoria de plazas de jueces y fiscales (480), que se repetirá en 2026 y 2027, lo que supone casi 1.500. Además, ha anunciado un proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos que dará entrada a otros 1.004 candidatos (673 de ellos, jueces). La contundencia de esos números, sin embargo, no ha convencido a la presidenta del alto tribunal, según su discurso de este viernes.

"Hace dos meses el CGPJ aprobó un informe que considera urgente la creación de 509 plazas judiciales", ha recordado Perelló. "Esta es una iniciativa que no puede demorarse ni quedar supeditada al incierto devenir de determinadas iniciativas legislativas", ha añadido en referencia al proyecto de ley del Gobierno que busca la democratización del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía, que actualmente tramita el Congreso.

Una reforma del sistema de acceso que, según su alocución, "no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional". La reforma del Gobierno, además de generalizar las becas y crear un centro público de preparación de oposiciones, introduce una prueba práctica para que los aspirantes muestren sus habilidades para razonar y motivar sus decisiones en lugar de recitar temas de memoria como un papagayo. Con esa afirmación, Perelló se suma a las críticas de las asociaciones judiciales de derechas. Estos colectivos han difundido el bulo de que la nueva prueba es en realidad una argucia del Ejecutivo para introducir a candidatos afines.

Esa modificación de la tradicional oposición y el proceso de regularización de jueces sustitutos que incluye (al que obliga la UE), fue uno de los motivos argüidos por los colectivos de la derecha judicial para convocar una huelga ilegal y formalmente prohibida por el CGPJ. Perelló, sin embargo, ha mostrado comprensión a los que secundaron esa protesta irregular.

Tras asegurar que los jueces no se oponen, en general, a las reformas, ha afirmado que "estas deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia y no pueden darse pasos que signifiquen un retroceso de estos dos elementos esenciales". Las modificaciones legales del Ejecutivo "afectan directamente a la carrera judicial y generan legítima preocupación en la judicatura", ha añadido. Por ello ha reclamado que se elaboren "mediante diálogo institucional y con la participación del CGPJ".

El órgano de gobierno de los jueces ha avalado todos los anteproyectos de ley en marcha con la propuesta de algunos cambios, de los que parte se han introducido en sus textos o podrán introducirse durante su tramitación parlamentaria, según el Ejecutivo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado ante el rey que es "plenamente consciente" de su situación procesal, pero ha dejado claro que si asiste a la apertura del año judicial es porque cree en la justicia y en las instituciones que la conforman "y, por supuesto, también en la verdad", según informa EFE. Se ha referido así en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo después de que las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le hayan pedido que no asistiera a este acto por estar procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio.

Bajo la atenta mirada de jueces y fiscales, entre ellos quienes previsiblemente le juzgarán en los próximos meses, el fiscal general ha asegurado que es "plenamente consciente de las singulares circunstancias" de su intervención como consecuencia "de su situación procesal", y ha señalado que respeta todas las opiniones.

Pero acto seguido ha hecho una mención directa: "Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad".

Además, García Ortiz ha aprovechado la ocasión para pedir respeto al Ministerio Público y defender a la institución: "Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley".

Es más, ha subrayado que "lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía es la mejor salvaguarda para la ciudadanía y el Estado de derecho".

Por eso, ha apelado a la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, un cambio legal que "precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española".

Entre ellos, ha citado, "los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias". "Será preciso, pues, establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general. Restringir el poder del fiscal general del Estado, si se considera pertinente", ha añadido.

García Ortiz ha comenzado su discurso subrayando explícitamente su posición institucional como fiscal general. "Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí -en mi condición de fiscal general del Estado- en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo". Inmediatamente ha hecho referencia a que acude a "este acto solemne y reglado presidido por el jefe del Estado" para "participar como dispone la ley en la apertura de un nuevo curso judicial en España".

La víspera del acto, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, así como los vocales conservadores del CGPJ, habían pedido que no asistiera pero desde Fiscalía destacaron que García Ortiz estaba obligado a acudir a este acto como marca la ley; por tanto, no puede elegir ir o no ir que es, en síntesis, lo que ha defendido ante la judicatura y las altas instituciones del Estado.

Pese a la tensión que precedía este acto, su intervención ha transcurrido con normalidad y no se ha producido ninguna acción de protesta ni gesto discordante por parte de los asistentes al acto.

Al contrario, al término de su intervención se han escuchado aplausos en la sala, un hecho insólito y poco común en este acto, muy rígido en costumbres y protocolos, si bien los más próximos a García Ortiz no han aplaudido su discurso y han permanecido en silencio, como la mayoría de los magistrados y vocales del CGPJ.

El primer curso del nuevo Consejo General del Poder Judicial, renovado en junio de 2024 tras cinco años y medio de bloqueo del PP, estaba llamado a reflejar, por primera vez en 11 años, una mayoría progresista. Pero el año judicial que acaba de terminar ha demostrado que la negociación entre el Gobierno y el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo no ha favorecido a la izquierda, sino al sector conservador.

Dos de las grandes victorias de los consejeros a propuesta del PP se produjeron al inicio y al final del recién concluido año judicial. La primera, la elección de Isabel Perelló como presidenta, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia pero propuesta por la derecha judicial, con la que se ha alineado desde su designación. La última, la retirada de las dos candidatas progresistas a presidir las dos salas más trascendentes del Tribunal Supremo, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo (a las que aspiraban Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente) tras el veto reiterado a ambas por los conservadores, y el consecuente nombramiento de los candidatos de este último sector.

El nuevo curso se iniciará el próximo 5 de septiembre, con la apertura solemne del año judicial que presidirá el rey. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que no asistirá al acto porque asegura que tiene el compromiso previo de acudir a otro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero la verdadera razón que subyace al plantón del líder de la oposición al monarca es la presencia en el acto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por una presunta filtración de datos de la presidenta madrileña que el jefe de la Fiscalía niega y de la que no existe una sola prueba. Con o sin Feijóo en ese acto tan simbólico presidido por el rey, los principales retos del curso al que dará inicio en el órgano de gobierno de los jueces serán los siguientes.

Uno de los aspectos más positivos que se pueden achacar al nuevo consejo durante el año judicial que acaba de terminar es su eficacia en los nombramientos discrecionales, los que exigen una mayoría de tres quintos (13 votos) que obliga a conservadores y progresistas a ponerse de acuerdo. Tras cinco años y medio de bloqueo, en los que, tras las reformas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Consejo perdió su facultad de nombrar mientras estuviera prorrogado, los nuevos vocales han logrado sacar adelante las cerca de 130 vacantes por cubrir, que habían afectado en general al funcionamiento del sistema judicial y muy en particular al del Tribunal Supremo, cuyos magistrados ejercen su cargo hasta la jubilación. La práctica mayoría de las designaciones se acordaron previamente y salieron adelante por unanimidad.

El reparto de cuotas entre las dos sensibilidades del Consejo, sin embargo, ha sido muy favorable a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La práctica totalidad de los nuevos magistrados y presidentes de sala del Supremo, de los tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico y de las presidencias de las audiencias provinciales cuya propuesta ha correspondido al grupo de vocales aupados por el PP son miembros y dirigentes de ese colectivo. Una organización cuya presidenta, María Jesús del Barco, participa abiertamente en actos del PP en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y los principios de ética judicial aprobados por el Consejo basándose en tratados internacionales firmados por España. "Para medrar en la judicatura española hay que hacer solo dos cosas", bromea un magistrado progresista: "Sacarse la oposición y afiliarse a la APM; funciona como una agencia de colocación".

En el caso de las propuestas del sector progresista, la asociación más beneficiada ha sido Juezas y Jueces para la Democracia (la situada más a la izquierda y la tercera en número de afiliados), pero en proporción muy inferior a la APM. Han sido los vocales a propuesta del PSOE y Sumar los únicos que han dado espacio a candidatos del resto de asociaciones (las también conservadoras Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y a otros jueces no asociados. La entrada de afiliados de esos dos colectivos históricamente infrarrepresentados en el Consejo y las de los magistrados que no pertenecen a ninguna agrupación es una reivindicación histórica de la judicatura que solo los consejeros de izquierda han cumplido.

En el curso que entra, el CGPJ tendrá que culminar el proceso de nombramiento de dos magistrados de la Sala de lo Militar. Entre los candidatos se encuentra el progresista José Ricardo de Prada, juez del Tribunal de Naciones Unidas para Ruanda y la antigua Yugoslavia y exmiembro de la sala que juzgó la pieza principal del caso Gürtel, al que los conservadores pretenden vetar. La sentencia condenó al PP como responsable a título lucrativo de esa trama de corrupción y afirmó que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy había faltado a la verdad en su declaración como testigo, lo que supuso la caída de su Ejecutivo en la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez a su puesto en 2018.

Entre los aspirantes conservadores está el exvicesecretario del PP y ex mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno madrileño Enrique López. También José Luis Concepción, expresidente del Tribunal Superior de Castilla y León, que comparó al PCE con los nazis y dijo que la entrada de Podemos en el Ejecutivo ponía "en solfa" la democracia. Su última polémica fue su participación en un acto de Neos, la fundación ultracatólica que dirige el exministro del PP Jaime Mayor Oreja.

El curso que empieza en septiembre terminará con la reapertura de otro de los principales conflictos que ha marcado el que está a punto de acabar. La retirada de la progresista Pilar Teso, vetada por los diez vocales del sector conservador, dejó expedito el camino del candidato de estos últimos, el magistrado Pablo Lucas a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Lucas, sin embargo, alcanzará la edad de jubilación el 13 de julio de 2026, con lo que el órgano tendrá que abordar de nuevo la cobertura de su plaza, lo que abrirá previsiblemente una nueva batalla.

Es una de las facultades clave del CGPJ y, probablemente, una de las más polémicas. El órgano de gobierno de los jueces recibe multitud de críticas por supuesto corporativismo ante las enormes dificultades que tiene para sancionar las irregularidades que jueces y magistrados cometen en el ejercicio de sus funciones. Sobre la mesa seguirán este curso los casos del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en unas declaraciones hechas en un curso relativas a la ley del solo sí es sí, reprochó a la exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), que pretendiera dar lecciones a los jueces sobre el consentimiento "desde su cajero del Mercadona".

El Promotor de la Acción Disciplinaria, que instruye todos los casos de este tipo, propuso el archivo al considerar que no dijo esas palabras como juez, sino en ejercicio de su libertad de expresión. Pero la comisión permanente del Consejo lo rechazó y le obligó a continuar investigando. Lo mismo ha ocurrido con el juez Carlos del Valle, titular del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que en un interrogatorio al humorista Quequé por una querella de Abogados Cristianos le preguntó qué le parecería que alguien planteara volar la plaza de Pedro Zerolo (en el barrio madrileño de Chueca) y usar las piedras para tirarlas "el día del Orgullo", "a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños".

En los últimos días ha trascendido la apertura por el promotor de otras dos investigaciones disciplinarias contra Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez. La primera surge tras una queja del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tras su interrogatorio como testigo y después del archivo por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la exposición razonada contra el miembro del Gobierno que Peinado elevó achacándole indicios de malversación. La segunda fue promovida por el PSOE por no prorrogar la instrucción contra un cargo del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida por una supuesta malversación de fondos públicos en la organización de un acto municipal adjudicado a dedo a la editora del medio ultra OK diario. Esta última es la que, según fuentes del Consejo, tendría, a priori, más posibilidades de prosperar. Sin embargo, las mismas fuentes advierten de que no dará tiempo a instruir el expediente antes de su jubilación, en agosto de 2026. Hasta entonces, el magistrado actuará con plena impunidad disciplinaria.

En el conjunto de reformas judiciales emprendidas por el Gobierno, algunas de las cuáles están detrás de la huelga ilegal promovida por las asociaciones conservadoras, sin servicios mínimos y sin retención de haberes que jueces y fiscales convocaron el pasado 3 de julio, una está aprobada desde principios de este año. Se trata de la conocida como Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que da la vuelta como un calcetín a la organización de los juzgados en nuestro país para agrupar todos los órganos unipersonales en lo que se denomina tribunales de instancia. El objetivo es permitir la especialización de sus miembros, agilizar las sustituciones y dotar de mayor eficiencia toda la maquinaria administrativa que los asiste en sus funciones. El nuevo sistema permitirá, además, incrementar fácilmente las plantillas, porque, a partir de ahora, ya no que habrá que abrir un nuevo juzgado con todo su personal, sino que bastará con crear una nueva plaza de magistrado.

El Consejo, junto con el Ministerio de Justicia y las comunidades con competencias en materia de Justicia, ya han empezado este año esa transformación en los partidos judiciales que cuentan con un solo juzgado. Pero a partir de este curso, comenzará la parte más difícil: llevarla a los núcleos más importantes y grandes capitales. Madrid, por ejemplo, cuenta con 54 juzgados de instrucción y 105 de primera instancia, lo que da una idea de la complejidad de su agrupación. Comunidades presididas por el PP, como Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía o Galicia han comenzado a poner trabas a la reforma. Sin embargo, se trata de una ley plenamente vigente. El proceso tendrá que estar concluido el próximo 31 de diciembre.

En sus escasas alocuciones públicas, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha alentado entre jueces y magistrados la oposición a la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal que prepara el Gobierno. Lo que no está dispuesta a admitir es que ese descontento –que ella comprende– de gran parte de la carrera, la más escorada a la derecha, justifique la convocatoria de una huelga. Por eso, frente a los paros convocados para los próximos 1, 2 y 3 de julio, Perelló ha defendido en los últimos días un acuerdo que rechace el reconocimiento del derecho de huelga a los jueces y magistrados al no estar regulado, según fuentes del órgano. En esa misma línea, la presidenta propone que la institución que preside tenga por no presentada la convocatoria y no regule los servicios mínimos, como pidieron las tres asociaciones conservadoras en el preaviso que enviaron al Consejo la semana pasada.

Perelló ha convocado este jueves un pleno extraordinario para abordar la convocatoria de huelga y decidir qué se hace. El conflicto con el Gobierno se inició en un grupo de WhatsApp que ha pasado a llamarse Unión de Fiscales y Jueces. Sus reinvindicaciones —que el Ejecutivo retire su reforma sobre el sistema de acceso a ambas carreras y la del Estatuto de la Fiscalía que refuerza su autonomía del Gobierno- han atropellado a las asociaciones de derechas— Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FdV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- que han decidido sumarse a la protesta y canalizarla al ver que más de 1.800 jueces y fiscales la secundaban a sus espaldas. El Consejo, con los votos a favor de los ocho vocales conservadores de la APM (que apoya la huelga) ha avalado el grueso de ambos proyectos del Ejecutivo, aunque ha solicitado algunos cambios.

Los sectores progresista y conservador, empatados a 10 vocales, negociaron durante toda la tarde del miércoles una resolución de consenso que pueda ser aprobada este jueves por unanimidad. Las posiciones de ambos grupos eran distantes. Nueve de los 10 vocales a propuesta del PSOE y Sumar sostienen, como Perelló, que la huelga no es legal y que, por tanto, el Consejo carece de competencias para establecer servicios mínimos. Entre sus argumentos está que se trata de una protesta política que afectaría a la separación de poderes, ya que los huelguistas pretenden que el Ejecutivo retire sus reformas. Los progresistas sostienen, además que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ni el Estatuto Básico del Empleado Público avalan para los jueces el ejercicio de ese derecho fundamental que sí tienen trabajadores y otros funcionarios. La LOPJ, que recoge el estatuto orgánico de jueces y magistrados, sí lo prevé para los funcionarios judiciales y los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales), pero no para los miembros de la judicatura.

Frente a los vocales de izquierdas, los propuestos por el PP oponen que, pese a la falta de regulación del derecho de huelga de los jueces, lo cierto es que se han realizado cinco paros desde 2009 (el convocado sería el sexto) sin que haya ocurrido nada, lo que demostraría que ese derecho existe. Los conservadores consideran, además, que el hecho de que la huelga no esté regulada para estos cuerpos no significa que no tengan derecho a hacerla, ya que la ley lo veta de manera expresa para otros cuerpos, como militares y policías. Como los progresistas, consideran que ni el CGPJ ni el Gobierno están habilitados para fijar sus servicios mínimos y avisan que el Ministerio de Justicia, el organismo que paga sus nóminas, no puede restarles lo correspondiente a los días no trabajados.

Así lo estableció un juzgado central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tras la última huelga de 2018. El órgano decidió que el secretario de Estado de Justicia no era competente para "la detracción de haberes", la resta del sueldo de un huelguista del dinero correspondiente a los días no trabajados, algo que cualquier empleado o funcionario tiene que afrontar. Fue una prueba más de cómo los jueces utilizaron su poder para eliminar las consecuencias más adversas de una huelga para cualquier trabajador. El Ministerio de Justicia optó por devolver a todos los que siguieron la movilización el dinero que les había sustraído, algo que ningún empleado -público o privado- hubiera conseguido jamás tras secundar un paro.

El CGPJ ya se pronunció en febrero de 2009 sobre esta cuestión. Y rechazó que los jueces pudieran organizar una movilización de este tipo "porque el ejercicio de ese posible derecho carece, en el momento actual, de soporte normativo". El Consejo, mantuvo el Pleno ese año, "no puede acceder a las peticiones que se formulan y consiguientemente, no puede proceder a la fijación de servicios mínimos, ni tener por tales aquellos que pudieran señalar quienes suscriben los escritos", es decir, las juntas de jueces y asociaciones judiciales que convocaron la movilización. Pese al rechazo, los vocales aprobaron en el mismo acto una declaración institucional que se solidarizaba con los fines de los convocantes en solidaridad con el juez sevillano responsable del error judicial que llevó al asesinato de la niña Mari Luz Cortés en Huelva. Su asesino, Santiago del Valle, estaba en libertad pese a contar con una sentencia firme a penas de cárcel por abusar de su hija.

Fuentes del sector progresista se muestran contrarias a que, en este caso, pueda aprobarse una declaración de solidaridad semejante. El objetivo de la huelga convocada es que los proyectos de reforma del Gobierno se retiren, lo que, sostienen, supondría una injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Al contrario, algunos de los vocales de este grupo consideran que el Consejo no solo debería mostrar una posición contraria a la huelga, sino que tendría que reservarse la posibilidad de actuar en caso de que el servicio público resultara perjudicado por una protesta que consideran ilegal.

En junio de 2024, PSOE y PP pusieron fin a uno de los episodios más anómalos de la justicia española en los últimos tiempos y, tras más de cinco años de bloqueo sistemático del principal partido de la oposición, este último accedió a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Después de 10 años largos de dominio conservador, ambas formaciones (junto con Sumar, socio de Gobierno de los socialistas) pactaron un empate a 10 entre vocales progresistas y conservadores en la nueva composición del órgano. En septiembre, en vísperas de la apertura solemne del año judicial, los consejeros eligieron como presidenta a Isabel Perelló, miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y primera mujer en dirigir el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo. Dos lustros largos después, la institución tenía, sobre el papel, una exigua mayoría de 11 miembros procedentes de la izquierda judicial.

Con más de 120 vacantes por cubrir debido al bloqueo a la renovación por el PP, Perelló apostó desde su toma de posesión por fomentar los acuerdos entre las dos sensibilidades del Consejo y no llevar al Pleno ningún nombramiento que no hubiera sido previamente pactado por el grupo de vocales a propuesta del PSOE y Sumar y los propuestos por el PP. Esa forma de actuar de la presidenta ha permitido al órgano sacar adelante en solo ocho meses una tarea que se antojaba titánica: aprobar por unanimidad la designación de 102 miembros de la cúpula judicial para que los principales tribunales —entre ellos el Supremo— volvieran a trabajar a pleno pulmón. Esta búsqueda del consenso, sin embargo, se ha interrumpido al abordar el nombramiento de dos de las plazas más trascendentes del Supremo: la presidencia de la Sala de lo Penal, la que juzga a los políticos y el resto de aforados, y la de lo Contencioso-Administrativo, la que resuelve los recursos contra los actos y normas del Gobierno y otras instituciones y que puede, incluso, anular.

Perelló, que pese a su ascendencia progresista, apoya para esos puestos a los dos candidatos aupados por el sector conservador —en contra del juego de mayorías del órgano y de la ley de paridad, que impone que al menos una presidencia sea para una mujer— ha abandonado en este caso su búsqueda del pacto previo y ha decidido someter ambas designaciones a los vocales pese a saber que no había acuerdo. El resultado ha sido que ninguno de los candidatos ha alcanzado los 13 votos necesarios y los nombramientos han sido devueltos a la comisión de calificación para que los vuelva a proponer más adelante, cuando conservadores y progresistas los pacten. Pero, además, someter esas plazas y otros puestos de menor relevancia a votación sin acuerdo previo ha servido para comprobar la solidez de ambos grupos y las posibles disidencias tras meses de nombramientos a la búlgara, por unanimidad.

Mientras que los diez integrantes del sector de derechas han actuado siempre de consuno y en el mismo sentido, la presidenta y el vocal a propuesta de Sumar Carlos Hugo Preciado, ambos, sobre el papel, progresistas, han votado en el Pleno de este miércoles en contra de su grupo y junto a los conservadores en tres designaciones (una de la Escuela Judicial y dos inspectores). Preciado fue, junto con el vocal conservador José Antonio Montero, uno de los principales valedores de Perelló el pasado verano, cuando el empate a 10 entre entre ambas sensibilidades impidió durante meses un acuerdo sobre la presidencia del Consejo. Desde entonces, Preciado se ha convertido en uno de los principales apoyos de la presidenta. El resto de consejeros progresistas lo consideran un vocal "díscolo" al que acusan de "ir por libre" y "desautorizar" a sus compañeros de grupo.

Preciado, sin embargo, niega esas acusaciones y afirma que en los 105 nombramientos por unanimidad en los que ha participado se ha "alineado inequívocamente con las diversas sensibilidades progresistas", un dato que, sostiene, "avala una coincidencia del 99%" con sus compañeros de sector". El vocal propuesto por Sumar asegura que apostará "por apoyar a la presidencia y a la institución" y afirma que la "inquietud" de sus compañeros hacia él se debe "tanto a presiones externas como a los magros resultados logrados por los negociadores promovidos por el PSOE", que, según su versión, se fijaron unos objetivos que pasaban por la presidencia del Tribunal Supremo y de las salas de lo Penal y de lo Contencioso del alto tribunal. Preciado no percibe fracturas en el sector progresista y cree que la situación se debe a "un momento de tensión que se superará".

Tras ser propuesta por Preciado y Montero, Perelló se convirtió en la primera mujer presidenta del órgano. Los principales apoyos, sin embargo, no le llegaron de la izquierda, sino del sector conservador, cuyos 10 vocales le dieron su voto. Entre los progresistas, varios consejeros no la votaron pese a proceder de JJpD. Desde entonces, la presidenta del CGPJ se ha alineado siempre que ha podido con la derecha. Además de apoyar a los dos candidatos conservadores a la presidencia de las dos salas clave del Supremo, también ha aprovechado cada reforma judicial planteada o apoyada por el Gobierno para mostrar su oposición: desde la modificación del sistema de acceso a la judicatura y la Fiscalía hasta la limitación de la acción popular. También ha reducido la presencia progresista en el Observatorio contra la Violencia de Género y ha cuestionado las críticas del Gobierno contra las actuaciones estrambóticas de determinados jueces.

Como presidenta del Tribunal Supremo y de su Sala de Gobierno, Perelló, además, se ha pronunciado a favor de la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo por los propios jueces, una reivindicación histórica del PP. Se trata de un modelo que daría de manera permanente a la derecha judicial el control del órgano de gobierno de los jueces.