Empieza la recta final del curso político con dos juicios por corrupción, cuya coincidencia, por cierto, no deja de ser curiosa. El caso Kitchen llega hoy a los juzgados, casi veinte años después de las primeras indagaciones sobre Gürtel, la trama de financiación ilegal del PP que llevó a una sentencia en la que se declaraba a dicho partido responsable a título lucrativo, y que motivó la moción de censura que condujo al primer gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. De aquella Gürtel, esta Kitchen. Es decir, la trama por la que los populares intentaron tapar los casos de corrupción por financiación ilegal utilizando –presuntamente– a la cúpula del ministerio de Interior dirigido por Fernández Díaz para desactivar al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que amenazaba con hablar y contar hasta qué punto máximos dirigentes del partido, incluido un tal “M. Rajoy” que los jueces nunca llegaron a identificar, estaban involucrados en el cobro de sobresueldos y financiación irregular del Partido Popular con dinero procedente de contratos amañados y mordidas (la noticia la desveló entonces El País, en 2013, ¡hace 13 años!, por si alguien no la recuerda). 

Mañana la atención girará hacia Ábalos y Koldo, los socialistas acusados de corrupción por mordidas en contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando los muertos se contaban por centenares cada día. Una trama que ha llevado a que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ingresara en prisión de forma preventiva. Un escándalo que llevó a especular con un caso de financiación ilegal del PSOE –hoy sin constatar– y que alumbró las sombras sobre Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos como secretario de organización en el Partido Socialista, y cuyas –supuestas– irregularidades se siguen investigando.

Pese a que el estallido de los escándalos se remonta en el primer caso a hace casi dos décadas, y el otro a aproximadamente dos años, ambos coincidirán en nuestras pantallas en esta semana que comienza. Bienvenida sea la agilidad de la Justicia en el último de los dos procesos; pero ojalá fuera siempre así y de manera generalizada, incluyendo a asuntos como el primero.

Esta coincidencia va a multiplicar las reacciones equidistantes. Parece sensato criticar con toda la vehemencia posible los casos de corrupción de socialistas y populares y clamar por una regeneración de la vida política que acabe con cualquier atisbo de corrupción. ¿Quién no firmaría esto? Más difícil es, sin embargo, mantener la misma implacabilidad contra la corrupción sin que ello lleve a fomentar la antipolítica. Que me perdonen Santiago Segura y su nuevo Torrente, pero no, no todos son iguales. 

No es lo mismo poner a tu servicio la mismísima Policía para –presuntamente– tapar un caso de financiación ilegal que afecta a numerosos dirigentes y destruir las pruebas después a martillazos, que descubrir que personas de máxima relevancia del partido han estado lucrándose forzando contratos en lo peor de la pandemia. En este último asunto se desvela –supuestamente– una insoportable utilización del dinero público; en el primero, sin embargo, hablamos del tipo más grave de corrupción que puede existir, la captura no ya de políticas, sino del propio aparato del Estado, para hacer callar a quien podría destapar la dimensión de un escándalo.

Tampoco la reacción ha sido igual. Los unos aún no han reconocido públicamente la gravedad de Gürtel y Kitchen y les cuesta distanciarse de aquello –es difícil reprimir una sonrisa cándida al recordar a Pablo Casado anunciar la venta de la sede cuya reforma se pagó con dinero de la Gürtel–. Los otros expulsaron inmediatamente a los presuntos corruptos e iniciaron una auditoría interna que indica que no hay financiación ilegal. Si se desvelara lo contrario, ni sus socios ni sus militantes ni sus votantes lo perdonarían. Los ya exsocialistas están en prisión desde hace meses; los conservadores procesados jamás han llegado a pisar una celda.

Existe una tercera diferencia, sustancial a mi entender, en lo que debe exigirse a cada uno. Al Partido Popular cabe pedirle el reconocimiento oficial de lo que aquello supuso y la depuración política de responsabilidades: Fernández Díaz está suspendido de militancia del PP desde 2021, pero no expulsado, y el resto de dirigentes implicados en Gürtel jamás dejaron el partido. Más hay que exigir, a mi juicio, a los socialistas, que llegaron al gobierno en 2018 izando la bandera anticorrupción. En sus manos está adoptar las medidas necesarias para que ni unos casos ni otros vuelvan a producirse, ni en el interior de los partidos ni mucho menos en las instituciones del Estado. Sin embargo, como se puede leer, la OCDE ha vuelto a afear a España que no tenga una adecuada regulación de lobbys –cuya tramitación ha sido iniciada al menos tres veces (ver aquí), sin llegar nunca a aprobarse–, ni de financiación, democracia interna e integridad de los partidos, algo que clama al cielo, considerando los dos casos que se van a juzgar estos días y que protagonizarán buena parte de la conversación ciudadana en lo que queda de curso. Por cierto, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas. Nada menos.

En definitiva, contra la corrupción cualquier demócrata debe ser implacable. Y justamente por ser demócrata, no debe dejar que esta implacabilidad se convierta en un ejercicio de antipolítica. Porque ni todos son iguales, ni todos los casos de corrupción son lo mismo. No se trata de cuál sea más grave, sino de quién o quiénes están implicados, cómo ha reaccionado el partido en cada caso y qué queda por hacer, o sea, a cada cual, según sus posibilidades.

Dos años después del inicio de su caída a los infiernos, José Luis Ábalos, antaño hombre fuerte en el PSOE –como secretario de Organización– y en el Gobierno –como ministro de Transportes–, deja su escaño en el Congreso de los Diputados. La renuncia al acta se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de dar carpetazo a sus recursos. Y devuelve a los socialistas un voto que habían perdido con la entrada en prisión de Ábalos. Eso sí, la maniobra también amenaza con alargar el calvario del llamado caso Cerdán. El paso dado por Ábalos devolverá la investigación sobre la supuesta trama de amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas a la Audiencia Nacional, lo que puede eternizar la causa.

En su renuncia, publicada en la red social X –antes Twitter–, el exministro explica las razones por las que ha mantenido hasta ahora su escaño: "He tratado de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación, el concepto y los límites de la inmunidad parlamentaria (...) en virtud de un interés general y del propio Parlamento. (...) Que la precipitación en la suspensión de mis deberes y derechos como diputado (...) no vulnerase principios democráticos y del Estado de Derecho como es el respeto a los procedimientos, a la separación de poderes, la igualdad de trato y que una alteración apresurada de las mayorías con la decisión de la Mesa no afectara al buen funcionamiento de la soberanía popular".

Pero ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo de mantenerle en prisión, Ábalos ha decidido dar un paso al lado. Entiende que su "actual situación procesal", en la que está "proyectando" toda su "actividad" en "ejercitar" su "derecho de defensa", le impide seguir manteniendo su acta en el Parlamento. Un asiento que a partir de ahora ocupará Ana María González Herdado. Ejerce desde 2015 como alcaldesa de Llaurí, pequeño municipio valenciano de un millar de habitantes. Un cargo que revalidó con mayoría absoluta en los últimos comicios municipales pese a arrastrar una sonada polémica: su retirada del carné de conducir tras dar positivo en un control de alcoholemia.

Con el estallido del caso Koldo, Ábalos se retiró al Grupo Mixto. Aunque aún no figuraba formalmente como imputado, lo cierto es que la investigación colocaba una enorme sombra de sospecha sobre el Ministerio de Transportes que lideró. Él, en lugar de entregar su escaño, como le exigía su partido, decidió irse solo al gallinero. Pese a ello, su voto siempre solía ir en línea con el de sus antiguos compañeros. Hasta que a finales de noviembre el Tribunal Supremo decidió mandarlo junto con su exasesor Koldo García a prisión. Desde entonces, el Gobierno ha tenido que jugar con un voto menos en el hemiciclo. Un sufragio que ahora, con la renuncia al acta, recupera por completo. Y que dibuja, por tanto, un cambio importante a favor del Ejecutivo en la compleja aritmética parlamentaria actual.

Pero el movimiento de Ábalos, sin embargo, amenaza al mismo tiempo con eternizar el llamado caso Cerdán, en el que se investiga una supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas y que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del PSOE y, por extensión, del Gobierno. Con la renuncia al acta, ya no quedan aforados en la causa que hasta ahora se había seguido en el Alto Tribunal. Y lo más lógico, según apuntan las fuentes jurídicas consultadas por este diario, sería que el asunto se derivase a la Audiencia Nacional, donde ya hay abierta una pieza separada dentro del caso Koldo sobre esta trama en la que están imputados Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras.

Esas mismas fuentes dan por hecho que este cambio de competencia alargará la resolución definitiva del caso. Para empezar, los tiempos de respuesta no son los mismos. Mientras que en el Supremo se están fijando juicios a meses vista, en la Audiencia Nacional se está haciendo a dos, tres y hasta cuatro años. Y luego está todo lo relativo al procedimiento y el sistema de recursos. De ser enjuiciado en el Alto Tribunal, la sentencia sería directamente firme y de ejecución inmediata. Sin embargo, en la Audiencia Nacional cabría posibilidad de recurso, primero ante la Sala de Apelación y, luego, ante el Supremo, lo que alargaría años el cierre definitivo del asunto.

Desde el entorno de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como número tres de los socialistas y uno de los principales investigados en esta causa –que también salpica a García y al empresario Víctor de Aldama–, siempre se quejaron de que el hecho de que el caso estuviera repartido en dos tribunales distintos les generaba indefensión. Al fin y al cabo, argumentaban, no podían tener acceso a toda la información porque la parte que se guardaba en la Audiencia Nacional les estaba vedada. Algo que ahora cambiaría si, como parece, todo se acumula en un mismo procedimiento.

Futuro distinto le espera a la rama principal del caso Koldo/Ábalos, de la que luego surgiría la investigación también contra Cerdán: el caso del cobro de comisiones por contratos millonarios de venta de mascarillas en pandemia otorgados por Puertos del Estado o Adif a Soluciones de Gestión, una de las mercantiles vinculadas a Aldama. Según las fuentes jurídicas pulsadas, este asunto continuará en manos del Supremo. Al fin y al cabo, en este caso ya se dictó auto de apertura de juicio oral. Y la jurisprudencia del Alto Tribunal establece que ese paso es el que fija la imposibilidad de una renuncia al aforamiento con efectos procesales.

Así lo acordó en 2014 el Pleno de la Sala de lo Penal en el marco del caso Fitur. La Fiscalía Anticorrupción recurrió entonces la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya había señalado el inicio de la vista oral, de remitir a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento del asunto tras renunciar a su acta de diputadas autonómicas dos de las acusadas. "En las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado", estableció.

Una jueza de Madrid ha citado el próximo 5 de febrero al exdirigente socialista Santos Cerdán para declarar por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid acuerda su citación en calidad de querellado y remite a la Audiencia Provincial el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la querella de la organización Hazte Oír.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño admitió a trámite la querella ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos. 

Sospecha que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad" en aquella comparecencia del 30 de abril de 2024, un año antes de que renunciase a su escaño en el Congreso tras verse salpicado en una trama de presunto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública que investiga el magistrado Tribunal Supremo.

Según explicó en su auto, esa supuesta "desviación" entre lo que contó en la comisión y la "realidad material" de lo que se le preguntó "resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derivó en su imputación judicial.

Para la magistrada, hay indicios de que mintió cuando dijo que no había contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

El auto indica que "no estamos ante una representación valorativa o subjetiva", sino que las preguntas de la Comisión parlamentaria "eran claras" y "objetivas" y las respuestas de Cerdán también lo fueron: "no, a todas las preguntas".

No obstante, la Fiscalía rechazó que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" que incidan sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes".

En su informe contra la admisión de la querella, la fiscal afirmó que decir que solo vio a Koldo García en dos ocasiones o que nunca vio al presunto comisionista Víctor de Aldama "carece de toda relevancia típica pues es la respuesta a una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho sino sobre, lo que es muy diferente, una construcción valorativa de los hechos". Ello, en sí mismo, "no es faltar a la verdad", apostilló.

Los ingresos y gastos en efectivo en la cuenta de caja del PSOE en el período 2017-2024 –los correspondientes al paso por la secretaría de Organización del partido de José Luis Ábalos y Santos Cerdán– tienen un origen "plenamente trazable y documentado", lo que, según fuentes del partido, permitiría descartar una supuesta financiación ilegal de la formación. Así lo establece un informe encargado por los socialistas a dos profesores de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El documento, que analiza también una muestra de las justificaciones de gastos presentados por Ábalos y resto de miembros del "equipo de Organización", constata que el partido conserva constancia de todos los reembolsos pagados a esas personas, así como las hojas de gastos y los justificantes de pago aportados.

Para analizar todos esos ingresos y gastos en metálico –una muestra de los entregados por el PSOE en la Audiencia Nacional para su investigación– la formación contrató al catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego (que fue candidato al Consejo del Poder Judicial de Unidas-Podemos en 2018) y el profesor titular de la misma área y exasesor económico de Presidencia del Gobierno César Martínez Sánchez. El documento, que se titula Informe sobre la adecuación de las contingencias del sistema de gestión de pagos en metálico en el PSOE (2017-2024), tiene por objeto descartar irregularidades, pero según sostienen en el PSOE, no se aportará a la parte del caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en la que el partido es parte acusadora. Fuentes socialistas aseguran que la documentación presentada en ese juzgado es "mucho más amplia".

Sobre los ingresos en efectivo de la cuenta de caja en el período de ocho años analizado, el informe constata tres fuentes. La primera es el remanente del arqueo de la cuenta del ejercicio anterior (que se registra como primer asiento) al que se suman las reposiciones en efectivo procedentes de la cuenta del PSOE en el BBVA. En los ejercicios estudiados, las cantidades ingresadas en esa cuenta de caja ascendieron a 947.671,79 euros. De ellos, los expertos universitarios refieren únicamente 7.283,79 euros correspondientes a lo que denominan "ingresos atípicos". Se trata, según los autores del informe, de lo correspondiente a pequeñas ventas de merchandising (por ejemplo en las fiestas del Orgullo), venta de mobiliario inservible de las sedes como chatarra y la participación en un premio de lotería en 2023. "Ninguno de estos ingresos plantea incidencia contable significativa", sostiene el informe encargado por el partido.

El documento también analiza las salidas de efectivo y constata que todos los apuntes relativos a estas "identifican al perceptor y al área orgánica" correspondiente de la formación, lo que, según sus autores, "permite relacionar cada disposición de efectivo con su destinatario y con el centro interno al que se imputa el gasto". Todos esos pagos, entre los que se encuentran los percibidos por Ábalos, Koldo, Cerdán o la Secretaría de Organización en su conjunto, figuran contabilizados y se corresponden con sus respectivas disposiciones de caja. "La revisión del período 2017-2024 muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un ajuste bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas", sostienen los profesores en su informe. "No se detecta movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería ni indicios de fondos no declarados o no trazados", añaden.

La segunda parte del informe corresponde a un análisis de los gastos reembolsados al equipo de organización en cuatro de los cinco ejercicios en que Ábalos ejerció como número tres del PSOE. Se trata del período 2017-2020 porque, según el informe, a partir del 2021 (último ejercicio de Ábalos, que fue sustituido por Cerdán el 13 de julio de ese año) y hasta 2024 solo constan cuatro pagos de bajo importe. Los profesores advierten de que su análisis se basa en una hoja de Excel facilitada por el partido por un importe total de 126.858,89 euros, de la cuál se ha extraído una muestra que corresponde a las liquidaciones superiores a los 2.000 euros, que suponen el 51% del total de los gastos correspondientes a comidas y otros gastos de representación, así como a taxis, aparcamientos, gasolina... Entre los comprobantes, todos ellos facilitados por el partido, los autores advierten de que algunos están total o parcialmente ilegibles "lo que podría afectar a la representatividad de los resultados obtenidos", explican.

Los expertos sostienen que, de su investigación, se extrae que, en pocas ocasiones, los gastos fueron "notoriamente improcedentes" y ponen como ejemplo algunos menús infantiles pasados a cobro al partido. Los gastos de restauración de la muestra van de los tres a los 703,95 euros con facturas que van desde un comensal hasta 15. Los autores contemplan como "excesivos" los gastos superiores a 60 euros por persona, que en los tres primeros ejercicios (2017, 2018 y 2019) no superaron el 5% del total, pero que, en 2020 se dispararon hasta convertirse en uno de cada cuatro de los presentados. El informe recoge algunas facturas de comidas del mismo día. "Se han señalado explícitamente los gastos que parecen manifiestamente impropios en relación con el momento temporal de su realización", sostiene el documento encargado por el PSOE.

Respecto a los tiques y comprobantes, "se trata en su mayoría de restaurantes situados en el eje Madrid-Valencia" (esta última es la provincia de la que procede Ábalos y en la que obtuvo su escaño). Pero también constan recibos de restaurantes de otras localidades españolas y en pocas ocasiones del extranjero. Pese a los problemas de legibilidad de algunos de los documentos analizados, los profesores concluyen que "el PSOE ha custodiado, a pesar de su antigüedad, tanto las hojas de liquidación como los comprobantes de gasto". "En las hojas de de liquidación constan los datos básicos que identifican al solicitante del reembolso", prosigue, y se distingue entre "gastos de viaje, gastos de representación y gastos de funcionamiento". "Al final de la hoja de liquidación consta, junto con el recibí, la firma de las personas que ordenan el reembolso, a saber: el visto bueno del secretario responsable [en los casos analizados el del propio Ábalos] y el visto bueno de la administración".

La información analizada en el documento es solo una parte de la enviada por el PSOE a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno reclamó el pasado 3 de diciembre todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, y no solo los vinculados a Ábalos y su exasesor Koldo García. Lo que reclamó el instructor del caso Koldo en ese tribunal fue los desembolsos realizados a "cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos". Lo que el juez quiere conocer es si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su exasesor para blanquear dinero de procedencia irregular o delictiva. Anticorrupción, por su parte, sostiene que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Con el informe encargado a ambos académicos, los socialistas tratan de demostrar, mientras se analiza toda la documentación contable facilitada a la Justicia, que sus ingresos en cash procedieron casi íntegramente de su cuenta bancaria y que los gastos que se acometieron con ellos están correctamente registrados. Si Ábalos, Koldo o Cerdán se sirvieron de su cargo para blanquear dinero o para estafar a la formación con sus justificantes, es algo que corresponde investigar al juez. Porque en caso de que sea cierto, sostienen, el PSOE sería víctima.

“La situación es brutal”. El ala de Sumar en el Gobierno sigue extremadamente preocupada por la crisis que vive el PSOE y continúa insistiendo en que el presidente, Pedro Sánchez, debe hacer una profunda remodelación de la parte socialista del Ejecutivo, porque hasta ahora no “acierta” con una respuesta que lo único que hace es que crezca Vox.

Fuentes del ala gubernamental de Sumar muestran de nuevo sus discrepancias con los socialistas y su insatisfacción por la actitud del presidente. “Si no se hace nada, no se llega a 2027”, reflexionan a la vez que critican la actitud de Moncloa y de Ferraz de inacción y de espera a que todo se calme durante las fiestas de Navidad.

“La política no es solo coyuntura”, emiten desde el núcleo duro de Sumar, donde reiteran que la única fórmula para salvar al Gobierno pasa por un cambio del equipo ministerial y por la aplicación de valientes medidas sociales como la limitación de los alquileres o la prestación universal por hijo menor de 18 años.

La crisis de Gobierno que exige Sumar está enfocada en el área socialista. “En nuestros ministerios no está entrando la UCO”, indican desde el espacio de Yolanda Díaz sobre por qué no tendría que implicar el cambio a su espacio. Con otra reflexión: “Serían buenas nuevas caras ante la sociedad. El cambio del Ejecutivo es gasolina buena para la coalición. Es la carta que tiene Sánchez, no sirve solo hacer retoques en el partido”.

En Sumar reconocen que todo está en manos del presidente: “Puede haber un debate sobre si convocar elecciones o no, pero es su competencia. Él ha decidido que no. ¿Pero seguimos así?”. Por eso, las fuentes reiteran constantemente que esa remodelación sigue siendo necesaria porque sólo se está alimentando que siga creciendo electoralmente el partido de Santiago Abascal, a la vez que reiteran su intención de no romper el Gobierno.

Además, lamentan que el PSOE sostenga que el escenario es igual que en verano: “No estamos en julio, la gente progresista no puede más”. No obstante, las fuentes creen que los socialistas pueden cambiar su opinión y terminar haciendo más adelante ese cambio en el Ejecutivo.

El PSOE y los partidos de Sumar tienen previsto reunirse el próximo viernes, aunque los interlocutores serán cargos orgánicos de estos espacios y no miembros del Gobierno. La delegación socialista estará encabezada por Rebeca Torró, mientras que en el equipo al otro lado de la mesa estarán previsiblemente dirigentes como Laura Moreno (Sumar) y Amanda Meyer (IU).

Los partidos del espacio de Sumar pidieron a los socialistas esta reunión después de que Sánchez rechazara su idea de un gran cambio de Gobierno. El presidente apuesta por hacer un retoque puntual para sustituir a Pilar Alegría, que deja el Ejecutivo para centrarse en su carrera para las elecciones de Aragón, que han sido convocadas de manera anticipada por Jorge Azcón (PP) para el próximo 8 de febrero.

El presidente ha defendido durante toda la semana que está contento con la labor de todos su ministros y sigue mandando el mensaje político de que tiene la “energía y la determinación” para aguantar toda la legislatura, mientras lanza gestos a sus socios catalanes y vascos para rearmar el bloque de investidura. No ha dado pistas de quién ocupará la Portavocía, aunque sí especificó a los periodistas en la tradicional copa de Navidad en La Moncloa que será un mujer.

El exdiputado socialista Santos Cerdán ha dicho a la prensa este miércoles al llegar al Senado para su comparecencia en la comisión del caso Koldo que se dispone a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad".

Cerdán ha llegado a la plaza de la Marina Española en taxi, acompañado de su abogado, y tan solo ha hecho ese comentario a los periodistas, que le han preguntado repetidamente si se dispone a contestar a los senadores o se acogerá a su derecho a guardar silencio, al estar imputado en una causa judicial.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar ante los senadores de la comisión, pero ha aprovechado la primera pregunta para realizar una intervención.

Cerdán ha denunciado que “ha quedado acreditado que se persigue a diputados de forma directa, con restricción de derechos fundamentales sin justificación concreta. Esta forma de perseguir es propia de la Inquisición, no se investiga ningún delito concreto, se investiga a personas aforadas y el procedimiento no respeta ninguna garantía”.

Durante la comparecencia apenas ha respondido a las preguntas que le han hecho los senadores pero sí ha contestado más de lo que prometió.

El exsecretario de Organización ha contestado a Ángel Pelayo, de Vox, para negar que tuviera relación con Antxon Alonso, ni con la exmilitante socialista Leire Díez, ni con Víctor de Aldama.

"Si hubiera tenido algo, hubiera aparecido, seguro", ha dicho el exdiputado socialista que también ha negado ser socio de Servinabar.

Cerdán ha pedido información al senador sobre una supuesta reunión entre dirigentes de Vox con miembros de la Guardia Civil en Toledo en 2021 tras la que, según ha sostenido, "empezó todo", en referencia a las investigaciones policiales que le señalan.

Según el ya exdiputado socialista, esta reunión tuvo lugar en un cigarral de Toledo, propiedad del dirigente de Vox Javier Ortega Smith, el 2 de abril de 2021 con miembros de la Guardia Civil.

En ella se dieron cita "al parecer, lo más granado de la Guardia Civil y de Vox" y "a raíz de ella, empezó todo".

La reunión "marca mucho del inicio de todo lo que ha sucedido después", ha dicho Cerdán.

Al senador de ERC Joan Queralt le ha respondido que "nunca" ha estado con De Aldama tras recordar que salió de prisión provisional por colaborar con la justicia mediante "una declaración falsa".

Cerdán ha señalado que De Aldama le acusó de entregar dinero enfrente de la sede de Ferraz, algo que "no puede demostrar" porque no ocurrió, e incluso se ha mofado de que igual pretende hacer creer que lo hizo delante de los furgones de policía que suelen estar aparcados en la calle Ferraz.

El Gobierno termina el año envuelto en duras polémicas que ahondan en su desgaste. El caso Salazar ha supuesto todo un terremoto interno dentro del partido y un quebradero de cabeza ante sus votantes, mientras que la detención del expresidente de la SEPI y de la exmilitante Leire Díaz ha provocado otro movimiento tectónico para los socialistas.

Y estos escándalos llegan justo en un momento en clave electoral, con el arranque del ciclo este próximo 21 de diciembre en Extremadura. Pero sus reverberaciones se sienten ya en otras citas: Aragón está a punto de ir a las urnas, como planea el presidente autonómico, Jorge Azcón, y Andalucía mira también a las papeletas (como muy tarde tiene que convocar Juanma Moreno para el mes de junio).

Estas dos comunidades son clave para los dos grandes partidos. Y, además, por parte del PSOE tendrán como cabeza de cartel a dos de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez y apuestas del propio presidente: María Jesús Montero (vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general socialista) y Pilar Alegría (titular de Educación y portavoz).

En los círculos políticos aragoneses ya se da por descontado que Azcón, en mitad de infructuosas conversaciones para sacar los presupuestos, llamará a las urnas la próxima semana con la vista puesta en febrero. Esto hará que Pilar Alegría, que cogió las riendas oficialmente del PSOE autonómico en el congreso del pasado mes de marzo, salte al ruedo regional.

Dejaría por tanto en breve vacante su puesto en el Gobierno. El presidente señaló en una conversación informal con periodistas durante el pasado Día de la Constitución que sólo prevé cambios quirúrgicos en el Ejecutivo por la marcha de Alegría y la futura salida de Montero para competir por la Junta de Andalucía, poniendo sobre la mesa que le gustan sus ministros y que no pretende hacer una gran remodelación.

Pero Alegría tendrá que ir a la batalla electoral aragonesa en el momento en el que ha cometido su mayor tropiezo político desde que llegó al Gobierno en el verano de 2021: su fotografía comiendo con Paco Salazar en un restaurante del centro de Madrid meses después de su cese por presunto acoso sexual. La líder de los socialistas aragoneses admitió el pasado martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ese encuentro "personal" fue un “error” y que siente “dolor, indignación y traición” tras conocer las conductas denunciadas recientemente del antiguo secretario general de Coordinación Institucional en La Moncloa.

La postura de Alegría respecto a Salazar ha generado muchos recelos internos dentro del propio PSOE. Cuando se conoció la noticia de las denuncias y minutos antes del importante Comité Federal de julio que remodeló la cúpula del partido tras la irrupción del caso Cerdán, la titular de Educación defendió la honestidad del exdirigente andaluz. Más tarde se sabría que Salazar renunciaba a ocupar un cargo en la dirección y la ministra salió de nuevo ante los medios a matizar sus palabras.

A principios del mes de noviembre se reveló una fotografía de Alegría comiendo en un restaurante con Salazar, que había dimitido en julio de su cargo en el Palacio de La Moncloa. Posteriormente se revelaría que Ferraz no había llamado desde julio a las mujeres que denunciaron y que se había cortocircuitado la investigación al haber salido del partido el antiguo asesor de Sánchez. Además, se conoció luego el contenido de una de esas denuncias, que recogía cómo Salazar se tocaba la bragueta y hacía gestos simulando felaciones ante algunas de sus compañeras. Tras esa información, la ministra de Educación dijo que eran comportamientos “vomitivos” y el martes asumió que esa comida fue un “error”, mostrando todo su respaldo a las víctimas.

El PP de Aragón en estos días de runrún electoral se ha lanzado de lleno contra la portavoz del Gobierno utilizando el caso Salazar para acusarla de encubridora: “Amigos desde siempre, amigos para siempre. Ahora se va entendiendo la falta de explicaciones”. La titular de Educación se reunió con Azcón este jueves dentro de la ronda de contactos sobre los presupuestos autonómicos y luego el popular aireó en redes el caso: “Pilar Alegría se niega a revelar de qué habló con Salazar. Dos veces se ha negado a responder a la pregunta de los periodistas. ¿Qué es lo que está escondiendo que no se puede decir?”. Los populares también están utilizando este caso para desgastar a otras figuras socialistas como Pilar Bernabé, delegada de la Comunidad Valenciana y responsable de Igualdad del partido.

Asimismo, el presidente de Aragón aprovechó las investigaciones de la UCO sobre una supuesta trama de amaños de contratos públicos y el registro de la empresa Forestalia para cargar contra los socialistas este jueves: “La Guardia Civil está entrando, ahora mismo, en empresas de Aragón relacionadas directamente con el Partido Socialista. A esto es, exactamente, a lo que nos referimos cuando decimos que el PSOE no es de fiar”.

En el marco de la operación que está llevando a cabo la UCO se detuvo este miércoles al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que ocupó el cargo en 2018 con la llegada del PSOE a Moncloa tras la moción de censura y bajo las órdenes de Montero como titular de Hacienda. Estuvo en ese puesto un año y medio hasta que lo dejó cuando fue imputado por el caso de la mina de Aznalcóllar.

Esto ha hecho que el Partido Popular haya puesto sus ojos en él para desgastar a la vicepresidenta primera del Gobierno y futura candidata a la Junta de Andalucía. El PP se ha zambullido en tromba contra la ‘número dos’ de los socialistas bajo la premisa: “María Jesús Montero en el centro de todo”.

Montero trató este jueves de frenar cualquier tipo de vinculación con el caso de Fernández, que trabajó con Servinabar, la empresa en el punto de mira de la trama Cerdán, tras salir de la SEPI. "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente año y pico y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", explicó a los periodistas la responsable de Hacienda.

La vicepresidenta afirmó que no ha tenido "ningún contacto de WhatsApp, ni llamadas, ni reuniones con él, ni un entorno que compartamos, ni amigos de amigos". Además, justificó su nombramiento entonces por su “perfil profesional”, ya que había sido interventor general de la Junta y miembro del Cuerpo autonómico de Letrados.

La situación de Fernández supone un nuevo quebradero de cabeza para Montero en la ya complicada campaña que tiene por delante en Andalucía, donde las encuestas siguen poniendo en primer lugar al PP, aunque ya sin mayoría absoluta por el crecimiento de Vox y por el escándalo de gestión sanitaria de los cribados del cáncer de mama.

Mi camino al trabajo, cada día, es igual. Carretera atestada de tráfico, yendo a la contra del atasco, saliendo de un Madrid que se va llenando de coches y dirigiéndome hacia una periferia que cada vez lo es menos: ya no sabes dónde termina Madrid y dónde empiezan los nuevos barrios que ya son viejos. La radio, con las noticias de la mañana, de fondo. La mirada atenta al tráfico, pero hay un último tramo que lo siento como un regalo. En un Madrid lleno de asfalto y ladrillo ver todavía campos en los que se enreda la niebla de la mañana, y eso te hace sentir un poco más cerca de lo que fuiste, de lo que eres. De esa tierra en la que los campos se mezclan con los aviones despegando. Una imagen que a mí me trae calma.

De fondo, la radio cuenta la última hora sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, los casos de abusos sexuales y de conductas machistas que también afectan al PSOE, la votación que el Gobierno perderá esa misma tarde en el Congreso por falta de apoyos... y piensas que esa niebla que se resiste a dejar la tierra a la que se ha pegado se parece demasiado a la resistencia de Pedro Sánchez por no convocar elecciones.

El manual de resistencia no admite ni un desmarque más de Ferraz de todo lo que está pasando, de Cerdán, de Koldo, de Leire Díez, de Paco Salazar, del presidente del partido en Lugo y presidente de la Diputación…Y no es cuestión de mezclarlo todo, es cuestión de ir curando y limpiando de forma casi quirúrgica cada caso y admitiendo que, cuando los casos se empiezan a repetir, dejan de ser aislados y desvelan un problema estructural.

La conexión ayer entre Leire Díez y Antxón Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, enreda aún más esa maraña de casos de amaños de contratos, de mordidas, de adjudicación de contratos públicos y de episodios que se produjeron cuando todos ellos eran personas muy cercanas a Pedro Sánchez. Gente que, de nuevo, utilizó su posición de poder para enriquecerse. Y para algo más si atendemos a los audios que le grabaron a Leyre Díez con el fiscal Stampa.

Todo suena y huele mal. Y a los socios de gobierno, este jueves se les veía la incomodidad de, un día más, salir a decir que serán implacables con lo que se vaya conociendo. El goteo de casos está generando más que hartazgo.

En Moncloa vuelven a cerrar una semana horribilis y llevan ya unas cuantas. Es difícil que la acción de gobierno supere las portadas de los registros y las detenciones que vamos conociendo. Nadie ayer hablaba del portal de vivienda asequible que se va a poner en marcha antes de tiempo. Tampoco de la subida del salario mínimo. La corrupción, como esa niebla de invierno matutina, lo envuelve todo y, así, es peligroso conducir… y continuar.

La detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Joseba Antxon Alonso ha abierto una nueva ruta en el mapa judicial que rodea al PSOE. Los tres fueron arrestados en el marco de una operación de la UCO coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos y en la que se han practicado casi una veintena de registros en varias provincias.

Pero la foto no se acaba en esa causa. Díez arrastra ya otro procedimiento abierto en Madrid, en el Juzgado de Instrucción 9, donde se analizan sus movimientos en un contexto distinto: supuestas maniobras para obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales de Anticorrupción, con la intención de influir en investigaciones judiciales sobre el Gobierno. Mientras tanto, Antxon Alonso es el administrador de Servinabar, la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de una red de adjudicaciones públicas bajo sospecha, y que conecta a los tres detenidos en la vertiente empresarial del caso.

Sobre la mesa, por tanto, hay dos piezas que se solapan: una trama de contratación pública bajo sospecha ligada al entorno de Servinabar —participada por Santos Cerdán en un 45%, según un documento hallado por la UCO en su vivienda—, y una causa por cohecho y tráfico de influencias en la que se examinan reuniones, audios y presuntos intentos de presión sobre investigadores y fiscales. Dos hilos que avanzaban en paralelo y que ahora confluyen en una misma operación policial.

Leire Díez: de “mano derecha” de Cerdán a pieza central de dos causas penales

El nombre de Leire Díez saltó a los titulares en mayo, cuando la publicación de varios audios reveló que había pedido información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales de Anticorrupción. En esa grabación, incorporada a la causa de Madrid, se presentaba como “mano derecha” de Santos Cerdán y como la persona que el PSOE habría puesto a investigar y contrarrestar la supuesta persecución judicial al Gobierno, un relato que el partido niega. 

Díez tiene hoy un pie en cada procedimiento. Por un lado, está imputada por el Juzgado 9 de Madrid por cohecho y tráfico de influencias, a raíz de una denuncia de la organización Hazte Oír avalada por la Fiscalía. El juez investiga si participó en un plan para desacreditar a la UCO y a dos fiscales recurriendo a información personal o comprometedora sobre ellos. En la misma causa figura como investigado el empresario Javier Pérez Dolset, que acudió con ella a declarar el pasado 17 de noviembre. 

Por otro lado, su detención este miércoles en Madrid la coloca en el centro de una segunda investigación, esta vez en la Audiencia Nacional, por presuntas irregularidades en contratos públicos en el entorno de empresas vinculadas a Servinabar. 

Su trayectoria ayuda a explicar por qué su nombre toca tantas aristas: fue jefa de Comunicación de ENUSA —empresa nuclear participada por la SEPI en un 60%— en la etapa en la que la presidía José Vicente Berlanga, dirigente cercano a José Luis Ábalos y cesado apenas cinco meses después de la salida del exministro. Berlanga fue sustituido por el actual presidente de la entidad y antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno. En el marco de esta investigación, la UCO ha requerido documentación a ENUSA, a la SEPI, y a las también públicas Sepides y Mercasa.

Posteriormente, Leire pasó a ser directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, empresa pública también dependiente de la SEPI, al tiempo que se sentaba en el consejo de una empresa tecnológica navarra, Cistec Technology —de la que la SEPI adquirió un 25% en 2018— y que centra parte de las pesquisas de la investigación, según han declarado fuentes de la misma a El País.

El segundo vértice del triángulo es Vicente Fernández Guerrero, jurista malagueño, exalto cargo de la Junta de Andalucía y presidente de la SEPI entre 2018 y 2019, a propuesta de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Antes había sido su interventor general en el Ejecutivo andaluz, durante el Gobierno de Susana Díaz.

Fernández dimitió de la presidencia de la SEPI en 2019 tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. El pasado 5 de diciembre fue absuelto junto a los otros 15 acusados, en una sentencia que calificó de “infundadas” las acusaciones y condenó en costas a las acusaciones particulares. 

Tras su salida de la SEPI, el exalto cargo fichó por Servinabar en 2021, primero como asesor externo y después como director comercial. Según Público, Fernández habría cobrado 219.000 euros brutos entre 2021 y 2023 de la empresa participada de Antxon y  Cerdán. 

Ahora, con su detención junto a Leire Díez y al empresario Antxon Alonso en el procedimiento que instruye la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos, Fernández vuelve al centro de otra investigación penal. Con él, son ya dos dirigentes de la SEPI con mandatos consecutivos los que forman parte de sendas causas penales abiertas, cada una de un lado del hemiciclo: la anterior presidenta, Pilar Platero, figura como investigada en el caso Montoro, que se instruye en Tarragona. 

El tercer detenido en la operación es Joseba Antxon Alonso, empresario vasco y administrador de Servinabar, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la trama de contratos públicos bajo sospecha y que atribuye a la órbita de Santos Cerdán. Durante años ha mantenido un perfil discreto, lejos del foco político, pero su nombre figura en los expedientes de obra pública en Navarra y en otras comunidades donde Servinabar aparece como socio o subcontratista en grandes proyectos de infraestructuras.

Las diligencias de la Guardia Civil ya le habían colocado en el radar del caso Koldo, al vincular a Servinabar con un esquema de comisiones del 2% asociado a adjudicaciones logradas por la constructora Acciona. En esa documentación, Antxon aparece como la cara visible de la empresa: firma memorandos de entendimiento, contratos de “seguridad y salud” y acuerdos de colaboración que, según los investigadores, servían de cobertura a los pagos.

La conexión entre Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso es directa: tras salir de la SEPI, Fernández pasó a trabajar en Servinabar, la empresa administrada por Antxon, que ya estaba en el radar de la UCO por adjudicaciones irregulares con el sector público, el mismo ámbito del que procedía el exalto cargo. Con Leire Díez, la relación era hasta ahora más política que empresarial: ella misma se presentaba como “mano derecha” de Santos Cerdán —también socio de Servinabar— y su nombre aparecía en maniobras de influencia ajenas a la contratación pública. 

Pero la operación de esta semana introduce un elemento nuevo: su presunta participación en contratos bajo sospecha, que la sitúa en el mismo terreno que Fernández y Antxon y estrecha la distancia entre las dos variantes. Aunque el secreto de sumario impide dibujar todavía la operativa completa, la detención de Díez por la misma causa que afecta al exjefe de la SEPI y al administrador de Servinabar sugiere que no solo acompañaba a Cerdán en las gestiones internas del partido, sino que también pudo tener un lugar en la parte del engranaje que la Audiencia Nacional investiga por corrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido este jueves documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa dentro de la operación en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.

Fuentes próximas al caso han informado a EFE de estos requerimientos de información dentro de las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación, que se encuentra abierta y bajo secreto sumarial, se están han desarrollando hasta 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Los agentes han acudido a las sedes de las empresas públicas a requerir información, si bien en el caso de Enusa -donde estuvo contratada Leire Díez- se ha tratado de un registro, según las fuentes.

Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.

Fuentes de SEPI han indicado a EFE que la compañía está prestando "máxima colaboración" con este requerimiento de información.

El juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde ayer en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Antxon Alonso, detenido ayer en Vizcaya, ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45% de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.

Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.

Leire Díez, por su parte, a la que también se relaciona con Cerdán, estaba ya siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Díez, extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, que dependen de SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que resultó absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.

El exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini ha negado en el Tribunal Supremo toda irregularidad en los contratos con Servinabar asegurando que se prestaron "servicios reales" con esta empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, con quien ha dicho que se reunió por ser un "agente social" navarro.

Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona en España, Portugal y África, ha comparecido como investigado ante el juez Leopoldo Puente en la causa abierta por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública que mantiene como imputados al exdirigente socialista Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, estos dos en prisión preventiva.

En su interrogatorio, ha defendido que los pagos a Servinabar -cuyo 45% de acciones se atribuye a Cerdán y que administra Antxon Alonso, también investigado- eran por servicios reales de prevención de riesgos laborales, que los trabajos existieron y que, por tanto, no eran ficticios, pudiendo justificarlo todo con facturas.

Igualmente, ha negado que se pagaran comisiones ilegales a Servinabar, al afirmar que no se abonaba a esta empresa navarra un porcentaje fijo del 2%, sino que ese era el límite por los servicios prestados y que si se superaba, era por anomalías en la obra.

Pelegrini y su subordinado, Tomás Olarte, que también ha declarado, aparecen en el último informe policial que revela que la "principal fuente de ingresos" de Servinabar fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 % de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas, "estaría articulada personalmente" por Cerdán, Alonso y Pelegrini, después de que estos dos últimos firmasen un "acuerdo de colaboración" entre ambas empresas en 2015, que el exdirectivo de Acciona ha enmarcado en algo "dentro de la normalidad".

Al respecto, ha señalado que conoció a Cerdán porque cuando se hizo el primer proyecto conjunto de Mina Muga en 2015 necesitaba tomar el pulso e intercambiar impresiones sobre el sector por tratarse de un representante político y un agente social navarro.

Sí que ha admitido que tenía mucha relación con Antxon Alonso y que a veces a esas reuniones en Madrid se sumó el exdirigente socialista porque era amigo de Alonso, administrador de Servinabar.

Cerdán se unía a estos encuentros para saber el impacto de las obras e inversiones en Navarra, donde era diputado autonómico, con especial atención a Mina Muga, que no se cerró hasta mayo de 2019, con Ábalos ya en el Ministerio, ha asegurado las fuentes.

Tras él, ha declarado quien fuese su subordinado, Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción y actualmente suspendido, que ha reconocido que firmó algunos contratos con Servinabar porque tenía que hacerlo, sin dar más detalles.

Al término de sus comparecencias, la Fiscalía y las acusaciones han pedido al juez que imponga como medidas cautelares comparecencias quincenales ante el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.

Tras la libertad del exdirigente socialista Santos Cerdán y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, el juez del caso Koldo da paso a los investigados de Acciona, señalada por los presuntos pagos del 2% en adjudicaciones a Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán.

Se tratan del exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y de los altos cargos Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que reportaban directamente al primero y que han sido recientemente suspendidos por la compañía. Todos ellos comparecerán el próximo miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Puente les citó tras el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dio lugar a los registros en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla, el cual "contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

La UCO considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".

Cabe recordar que de Servinabar, los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán por el que exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones, si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público.

La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública".

Y precisa que la relación entre estas empresas "estaría articulada personalmente" por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.

Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban "medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias".

Además, la UCO añade que en esta operativa podrían haber participado Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel.

La compañía negó que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y defendió que en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, presuntamente vinculada con Santos Cerdán, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

El exministro José Luis Ábalos ha afirmado este miércoles que, según le contaron "fuentes presenciales", existió una reunión en el País Vasco en 2018 entre el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente abertzale Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura por la que llegó al Ejecutivo, según informa EFE.

Ábalos, en su cuenta en la red social X, ha escrito que, sobre esa supuesta reunión de Sánchez, Otegi y Santos Cerdán en un caserío en Euskadi para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, sólo puede decir lo que "le contaron fuentes presenciales".

"Y es que esa entrevista existió", ha señalado Ábalos el día previo a que el Tribunal Supremo decida si puede ir a prisión después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para él y para su exasesor Koldo García elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio por el caso Koldo, relativo a la trama de las mascarillas en pandemia.

Según la información publicada por El Español Sánchez, Otegi y Cerdán se habrían reunido en un caserío en el País Vasco, al que se trasladaron desde el aeropuerto de Bilbao en un vehículo conducido por Koldo García.

Tanto el presidente del Gobierno como el dirigente abertzale han negado de forma tajante que existiera ese encuentro, y fuentes del Ejecutivo han asegurado que Sánchez no se ha visto nunca con Otegi.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se reunió con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha asegurado que al Gobierno no le preocupa lo que pueda decir el exministro José Luis Ábalos.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra ha dicho que no comparte que se le dé más credibilidad a personas "imputadas y procesadas por los tribunales" frente a los que no lo están.

Además, ha subrayado que lo que pueda decir Ábalos, quien mañana tendrá que acudir al Tribunal Supremo para una vistilla de revisión de sus medidas cautelares, no le preocupa "nada".

"En absoluto", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha afirmado que lo que sí le preocuparía es que el exministro se haya "instalado en la mentira".

"Me extraña que diga esto y que vaya a tener comportamientos de este tipo", ha compartido la ministra, quien ha asegurado a su vez que el Gobierno y el PSOE no tienen "nada que esconder".

En ese sentido, ha añadido que no habrá "ningún problema" con cualquier cosa que Ábalos pueda trasladar, siempre que lo haga "dentro de la verdad" y siendo "fiel a los hechos ocurridos".

"Otra cosa es que hay personas que llegando a los juzgados se instalan en la mentira, pero no digo que sea el caso del señor Ábalos", ha agregado.

Fuentes del Gobierno han restado importancia a la publicación de Ábalos, a la que no han dado veracidad, y han desestimado la posibilidad de que el exministro vaya a adoptar una actitud beligerante contra el Ejecutivo.

Estas mismas fuentes no le ven en esa tesitura de intentar trasladar sombras y dudas sobre miembros del Gobierno o del PSOE.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en libertad desde hace una semana, ha presentado en el Tribunal Supremo un informe pericial que apunta que las grabaciones que fueron intervenidas al exasesor ministerial Koldo García pudieron alterarse.

"Al no realizarse el análisis frame a frame, no puede sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas", indica el estudio de 57 páginas al que ha tenido acceso EFE.

El Tribunal Supremo descartó en julio que hubiera habido cualquier tipo de manipulación en estas grabaciones que son la pieza clave que fundamentó el informe de la UCO de la Guardia Civil que derivó en el ingreso en prisión provisional de Cerdán, ahora en libertad tras cinco meses encarcelado.

Ahora Santos Cerdán presenta este informe que concluye que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno".

El estudio cuestiona la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación, al generar, asegura, "una ruptura insubsanable en la cadena de custodia".

Así, determina que no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación.

La corrupción en España vuelve a todas las portadas. Los casos de Cerdán, de la Diputación de Almería y del clan Pujol acaparan telediarios, tertulias y páginas de periódicos. Y suponen un claro desgaste de imagen para el Partido Popular, el PSOE y Junts en un momento político muy trémulo en el que las encuestas reflejan con claridad la subida de la ultraderecha encarnada en Vox y en Aliança Catalana.

En el Gobierno no ven la situación ahora comparable con la de junio, cuando salió el primer demoledor informe de la UCO sobre Cerdán que puso contra las cuerdas al Ejecutivo. Pero, no obstante, reconocen que estos “garbanzos negros” suponen un desgaste para el socialismo y que la corrupción siempre hace daño, especialmente entre el electorado progresista. Asimismo, en La Moncloa deslizan que esperan nuevos informes de la Guardia Civil sobre el que fuera secretario de Organización del PSOE.

El Partido Popular también se ha encontrado, de nuevo, con toda su dureza, al fantasma de la corrupción a través de la trama de la Diputación de Almería, que este lunes celebró un pleno para oficializar la renuncia de Javier Aureliano García como presidente de la institución. Esto ha supuesto un desgarre brutal para el PP andaluz a siete meses de que Juanma Moreno se enfrente de nuevo a las urnas. Una situación que, al sumarse al episodio de los escándalos por los cribados del cáncer de mama, parece alejar cada día más la posibilidad de una mayoría absoluta. De hecho, en privado dirigentes populares andaluces del sur reconocen que esto puede provocar una fuga de votos hacia Vox, que puede bajar a la tierra al presidente de la Junta.

Y de manera paralela, este lunes Junts se encontró con otra imagen demoledora: el clan Pujol rindiendo cuentas ante la Audiencia Nacional. Los magistrados han decidido que juzgarán a Jordi Pujol por videoconferencia desde su casa, a pesar de su estado a los 95 años. Desde Junts, a través de Josep Rius, se defendió este lunes que hay una “persecución política al legado del expresidente” y tachó de “intolerable” la decisión de la Audiencia Nacional de juzgarle. Pujol, el hombre más poderoso de la política catalana durante la etapa democrática, encara una posible pena de hasta nueve años de cárcel. Todo ello en un clima de sorpasso en esa comunidad, donde Aliança Catalana se está engullendo a un ritmo trepidante al electorado posconvergente.

Este ambiente de detenciones, investigaciones y juicios golpea a los partidos en un momento en el que la ultraderecha crece en los sondeos y aplica un discurso duro contra el bipartidismo y las viejas formaciones que han gobernado durante décadas España. Son ahora estos partidos ultra los que se presentan como antisistema y los que empiezan a recibir el voto de muchos descontentos como sucedió con Podemos durante la crisis económica.

Vox sigue sin tocar techo en las encuestas y este clima, como reconocen en el PP y en el PSOE, abona más su terreno. Según el análisis de Rafael Ruiz (Logoslab) publicado en infoLibre en base a los datos del último barómetro del CIS, los de Santiago Abascal le están quitando ahora mismo a los populares hasta hasta 1.480.000 papeletas respecto a los comicios de 2023. Esto rompe la regla del voto útil del Partido Popular en el espectro de la derecha como quiere implantar Alberto Núñez Feijóo.

Pero hay otro fenómeno que se detecta en el sondeo, como indica Logoslab, que rompe los esquemas: también empieza a haber transferencia directa desde el PSOE hacia Vox, uno de los grandes objetivos de Abascal. De hecho, a tenor de ese barómetro, ya habría hasta 250.000 ciudadanos socialistas que cogerían la papeleta del partido de la ultraderecha. Esta formación empieza a ver cómo su apoyo tiene tintes transversales, pero, sobre todo, es la principal canalizadora de los sentimientos de rabia antisistema y desesperanza. Algo que, por ejemplo, ha sido muy importante para los resultados de Donald Trump en EEUU y de Marine Le Pen en Francia.

La formación de Abascal está sintiendo cómo le da sus frutos demoscópicos su polémica decisión de salirse de los Gobiernos autonómicos en julio del año pasado poniendo como argumento su rechazo a la distribución de menores migrantes no acompañados. Así quedó con manos libres para criticar libremente y para no tener ningún rasguño por la gestión y la responsabilidad de estar en las Administraciones regionales.

Y el escenario político está viendo cómo irrumpe con una fuerza inusual y rápida Aliança Catalana, que ahora mismo, según el sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicado este lunes, estaría en disposición de arrebatarle ya el tercer puesto en la política catalana a Junts, siendo solo superados por el PSC y por ERC. El partido de Sílvia Orriols sería primera fuerza en Girona y Lleida, los dos grandes bastiones, hasta el momento, de los posconvergentes.

Esta encuesta mantiene las tendencias de los últimos meses: Junts se puede dejar ya por el camino hasta 15 diputados en el Parlament catalán respecto a las últimas elecciones mientras que Aliança podría ganar hasta 18 (ahora mismo sólo tiene dos en el Parc de la Ciutadella). Los de Carles Puigdemont son, en estos momentos, el partido con menos fidelidad electoral, ya que solo un 60% de quienes escogieron su papeleta volverían a hacerlo. Experimenta, en este sentido, la fuga directa de un 21% de sus apoyos a la formación de Orriols.

Además, el propio Puigdemont sufre en su liderazgo la sombra de Orriols, que ya está a punto de superarle en la respuesta de figura favorita para presidir la Generalitat (8% frente a 7,9%). No obstante, los dos están por debajo de Salvador Illa (PSC), que lidera este apartado con un 20,6% de las menciones entre los encuestados.

Esta encuesta también indica, por primera vez, que Vox superaría al Partido Popular en el Parlament de Cataluña, con una gran lucha entre los dos partidos en las provincias de Barcelona y de Tarragona. Los de Santiago Abascal crecerían entre dos y tres escaños, el mismo número que perderían directamente los de Núñez Feijóo. Deja el sondeo la foto de que el Parlament pasaría de 13 a 32-34 diputados de extrema derecha si se pusieran hoy las urnas. 

¿De verdad puedes negarlo todo con lo que se ha sabido? ¿De verdad puedes salir de la cárcel, con un auto del juez diciendo que hay “indicios robustos” de tu culpabilidad? Pues sí, se puede y Cerdán lo volvió a demostrar el miércoles cuando salió con su traje, acompañado de su abogado, sin un gesto de arrepentimiento, ni de haber recapacitado durante los casi 5 meses que ha pasado en prisión. Los reporteros intentaban preguntar pero él traía su mantra aprendido: “Se están hablando muchas mentiras y manipulaciones de los informes de la UCO”. Sin inmutarse, sin sentir ni padecer, ni siquiera el frío gélido que hacía a esas horas en Soto del Real. Santos Cerdán está hecho de hormigón armado, el mismo que ha demostrado durante estos meses, manteniéndose en su escaño hasta el mismo día en el que estalló todo, utilizando su tarjeta de Servinabar hasta el día antes de que detuvieran a Koldo, allá por febrero del año pasado; pactando comisiones como si se tratara de una tarifa plana; y dándose la vida padre, mientras aparentaba lo contrario, una vida monacal como dicen quienes le trataron.

Y ahora parece que eso es lo que quiere seguir haciendo: aparentar que no ha pasado nada, que él no es el mismo hombre que aparece en las fotos con directivos de Acciona, o que no es el mismo hombre que pedía acoplarse en un viaje a Marruecos para conseguir más mordidas o el mismo hombre que le hacía callar a Koldo cuando le hablaba del dinero que tenían que repartirse.

Cerdán no era lo que parecía y ahora quiere hacernos creer que tampoco es el hombre que aparece reflejado en el informe de la UCO. Suena a la misma estrategia que ha practicado su ex compañera de partido, Leire Díez. Esta semana le decía al juez que “no se reconocía en esos audios” en los que se le escuchaba presentándose ante el fiscal Stampa como la mano derecha de… Cerdán. Yo no soy esa, negarse a sí mismo para intentar salvarse.

En fin. La justicia será la que podrá desenmascarar a quienes se empeñan en intentar convencernos de que ellos no son lo que contamos, ni lo que vemos, ni lo que la UCO consigue, de forma minuciosa, ir descubriendo. Pero no sé si ese cuajo, esa frialdad absoluta para negarlo todo, es buena estrategia… a largo plazo. A corto, está claro que entienden que sí.

El panorama, mires donde mires, es desolador. Hay corrupción sistemática, quienes llegan a puestos de poder se creen impunes y esa impunidad, alargada en el tiempo, les hace ser osados y soberbios. Soberbios porque son incapaces de ver que, en política, no se está para enriquecerse. Osados porque, a pesar de ser descubiertos, insisten en creer o hacernos creer que eso que hacían no era malo, era lo “normal”.

Luego dirán que si hay desafección de la gente a la política, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren que piense o vote la gente cuando ven que aquí no pasa nada, que la estrategia es patada hacia delante y a otra cosa mariposa?

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que quedó en libertad este miércoles, será citado de nuevo a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado en diciembre.

Lo ha avanzado en rueda de prensa este jueves la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Cerdán ya compareció en esa comisión de investigación parlamentaria hace más de año y medio, el 30 de abril de 2024.

Este miércoles abandonó la cárcel de Soto del Real, donde ha estado ingresado en prisión provisional desde hace cinco meses, cuando fue imputado en el caso Koldo.

García ha considerado que Cerdán ahora tiene "tiempo libre" para volver al Senado y dar nuevas explicaciones, por ejemplo, de "qué papel jugaba Pedro Sánchez en la trama", de "quién impulsó la banda del Peugeot" o de qué contactos tuvieron con el PNV.

La portavoz del PP ha indicado que también será llamado a comparecer a la comisión parlamentaria el diputado socialista Juan Francisco Serrano, quien era estrecho colaborador de Cerdán.

García ha fijado para Serrano una fecha concreta: el 4 de diciembre.

La portavoz del PP en el Senado ha indicado que Serrano tendrá que explicar la "guerra sucia" del PSOE, debido a que participó en reuniones de Cerdán con Leire Díez, exmilitante socialista investigada judicialmente.

Ha avanzado el nombre de otro compareciente en diciembre: el exvicerrector de la Complutense madrileña Juan Carlos Doadrio.

Según García, Doadrio intermedió en la creación de una cátedra de la que estuvo al frente Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntada sobre otras posibles futuras comparecencias, no ha descartado que se cite a declarar en la comisión a dirigentes del PNV o a la esposa y la hermana de Cerdán.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha admitido este jueves que se siente decepcionado, dolido e impactado por el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, pero asegura que "si existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido" sino a personas concretas.

"En este momento, no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido", ha defendido Bolaños durante su intervención en el debate 'La digitalización en la Justicia', organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid y que recoge EFE.

Preguntado por el informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que apunta a que la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Cerdán, se llevaba el 2 % de las obras con Acciona, Bolaños ha reconocido que estos informes están aportando indicios sólidos y ha pedido dejar trabajar a la Justicia y que determine cuál es la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

"Esos informes están dando información que nos duele mucho, que no conocíamos", ha dicho el titular de Justicia, que ha reconocido su "decepción" porque él fue una de las personas que confiaron en Santos Cerdán y en el resto de personas "porque no teníamos la información que ahora conocemos -ha dicho-".

Preguntado por la salida de prisión de Santos Cerdán que ayer denunció que se han vertido "mentiras" y "manipulaciones" sobre su persona y confió en que "la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", Bolaños ha opinado que Cerdán se está defendiendo en la causa penal que está abierta contra él.

Y sobre una posible implicación del PSOE, el ministro ha afirmado: "En el partido, lo que hemos hecho ha sido volver a analizar y a estudiar toda la información y toda la documentación de aquellos años".

"Le puedo decir que la información que tenemos en este momento es que, si existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido. Era una trama de unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido", ha subrayado.

Y ha añadido que está "absolutamente seguro de que no hay ninguna financiación irregular en el partido". "Las cosas que se han conocido era el reembolso de gastos. No hay financiación irregular de ninguna organización cuando se reembolsan unos gastos que un trabajador ha hecho previamente, normalmente en un restaurante, en un hotel".

Ha defendido la actuación del PSOE que "antes incluso de tener información contundente" tomó medidas muy diligentes y contundentes, aunque ha reconocido que en el partido se sienten "muy impactados" por las noticias que se han conocido y ha insistido en que es el momento de la Justicia, "pero no son comportamientos ni mucho menos que nos dejen tranquilos", ha incidido.

Fue detenido el 18 de enero de 2016 e interrogado como imputado por la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La UCO registró su despacho de director general en la sede de Acciona de la Avenida de Europa, en Alcobendas (Madrid), y permaneció imputado hasta 2021. Justo Vicente Pelegrini, el hombre de Santos Cerdán en Acciona, ya apareció como implicado en el caso Acuamed, la trama corrupta que inflaba facturas y certificaciones de obra manipulando mediciones en infraestructuras hidráulicas que le adjudicaba esa empresa pública. Sin embargo, su implicación en ese caso no solo no supuso su salida del gigante de promoción y gestión de infraestructuras, uno de los mayores constructores de obra pública del país. Si durante esa trama corrupta que tuvo lugar con Mariano Rajoy en La Moncloa era director general de Acciona Construcción para España y Portugal, poco después, en 2017, se convirtió en el máximo ejecutivo de la constructora para esos dos países y el norte de África.

Según el informe de la UCO conocido este martes, Justo Vicente Pelegrini fue la persona que suscribió en 2015 un acuerdo con Servinabar, la empresa del guipuzcoano Joseba Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE excarcelado este miércoles. Ese acuerdo tenía como objetivo potenciar la adjudicación de contratos para la cotizada que preside José Manuel Entrecanales que, en algunos casos, concurría en unión temporal de empresas (UTE) con la compañía de Alonso en la que Cerdán tenía supuestamente una participación del 45%. Gracias a la presunta intermediación del dirigente socialista en el Ministerio de Transportes tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, tanto Cerdán como el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García obtenían supuestamente beneficios económicos canalizados por la firma del empresario guipuzcoano.

En la misma época en la que Justo Vicente Pelegrini inició su relación con Servinabar, el directivo de Acciona ya ejercía su influencia en la Administración, entonces dirigida por el PP. La constructora recibió presuntamente por aquellos años fondos públicos obtenidos de manera ilegal gracias a supuestas gestiones suyas en la cúpula de Acuamed, la empresa estatal de desaladoras y otras obras hidráulicas dependiente entonces del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido durante los gobiernos de Rajoy por los ministros Miguel Arias Cañete (hasta 2014) y posteriormente por Isabel García Tejerina. Justo Vicente apareció como el directivo de más alto rango que trataba con el principal acusado en la causa, el ex director general de la empresa pública de aguas, Arcadio Mateo, y otros líderes del entramado corrupto.

En el sumario, pendiente aún de juicio y en el que hay 42 procesados –por delitos como corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, malversación y tráfico de influencias– aparecieron varias conversaciones entre ambos y otros directivos implicados que levantaron sospechas sobre sus gestiones para inflar artificialmente los costes de las obras adjudicadas por Acuamed a Acciona, entre ellas la desaladora de Torrevieja (Alicante), una de las infraestructuras hidráulicas de mayor envergadura en la historia de España. Sin embargo, en marzo de 2021, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió archivar la causa contra el entonces director general de Acciona. En la nómina de personas que se sentarán en el banquillo sí se encuentran otros ocho cargos y empleados de la adjudicataria de obra pública.

El auto de procesamiento detalla cómo esos ocho miembros de Acciona –desde un director de Infraestructuras, hasta un jefe de zona, pasando por encargados de obra civil o trabajadores– consiguieron acceso casi total a la documentación empresa pública de aguas para inflar las facturas y los importes recibidos tras ganar el concurso para la construcción de la desaladora de Torrevieja. Los miembros de Acciona implicados, en connivencia con los cargos de Acuamed, bordeaban los criterios económicos y de calidad expresados por los servicios técnicos del organismo público para pactar los pagos únicamente con Mateo y el resto de directivos que, supuestamente, recibían las dádivas.

La resolución que lleva a juicio a los ocho antiguos miembros de la plantilla de Acciona, firmada por García Castellón en abril de 2023, nombra a Justo Vicente Pelegrini hasta en siete ocasiones. El entonces director general aparece en reuniones con los máximos responsables de la trama corrupta de inflado de facturas y certificaciones de obra en la sede de Acuamed. También surge nombrado como uno de los supuestos muñidores por otros investigados, sin embargo, el titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia concluyó en marzo de 2021que no había quedado acreditado que "entre las funciones del señor Vicente Pelegrini, director general del área de construcción de Acciona Infraestructuras para todo el territorio de España, Portugal, resto de Europa y África, estuviese la supervisión técnica de las múltiples obras que se encontraban bajo su área de actuación ni de analizar personalmente lo que se ejecutaba en ellas".

Que Justo Vicente Pelegrini hubiera sido detenido, interrogado como imputado y el hecho de que apareciera repetidamente en el sumario del caso Acuamed y de que una sede de la compañía fuera objeto de un registro policial no fueron motivo suficiente para que, desde ese momento, fuera relevado de su cargo en Acciona. Al contrario, como recoge el magistrado instructor del caso Cerdán en el Supremo, Leopoldo Puente, el hombre del ex número tres del PSOE en el gigante de obra pública pasó de director general de España y director de África, Oriente Medio y Suecia de Acciona Construcción a máximo ejecutivo (CEO, en los términos de Acciona) del área de Construcción para España, Portugal y el Norte de África, según se confirma en los informes de gobierno corporativo de la entidad correspondientes a 2017. El ascenso se produjo pese a que, hasta marzo de 2021, permaneció imputado en el caso Acuamed. Tuvo que volver a aparecer en otro sumario, el del caso Cerdán, para que Acciona se deshiciera de él el pasado junio.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha denunciado este miércoles al salir de prisión que se han vertido "mentiras" y "manipulaciones" sobre su persona, ha agradecido al apoyo de familiares y amigos y ha confiado en que "la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia".

Cerdán ha hecho estas declaraciones al salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid), hacia las 19:15 horas, después de que el juez que lo investiga haya acordado su libertad tras pasar casi cinco meses en prisión preventiva.

"Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", ha dicho Cerdán a los numerosos periodistas que le esperaban.

Acompañado por su abogado, Jacobo Teijelo, y vestido con un traje de chaqueta, el exsecretario de Organización del PSOE ha agradecido a su familia y "los amigos de toda la vida" el apoyo recibido, así como al labor de sus letrados.

"Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen, que hablaré con todos", ha añadido antes de dirigirse al aparcamiento.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este miércoles la puesta en libertad de Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.

Puente ha dictado un auto en el que le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan sobre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

La salida de prisión del ex número 3 del PSOE tiene lugar un día después de que se conociese un informe de la UCO en el que se establece que la "principal fuente de ingresos" de Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

Según la Guardia Civil, los ingresos relacionados con Acciona y percibidos por Servinabar son de 6.707.294 millones de euros, lo que supondría el 75,73% de los ingresos totales de la empresa navarra.

El informe también defiende que Servinabar pagó 44.645 euros por quince meses de alquiler del ático en el que vivió Cerdán con su familia en Madrid. También gestionó el alquiler de otra vivienda en la capital.

La UCO también señala presuntas contrataciones a familiares del expolítico: su mujer, su hermana y su cuñado. Las autoridades hacen hincapié en que Servinabar habría costeado gastos de corrientes de la familia de Cerdán, destacando los gastos de su mujer.