La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aún no ha cerrado una polémica inmobiliaria cuando ya le ha surgido otra. A la crisis desatada por la compra del ático en Chamberí, cuyo destino aún está por aclarar, se suma ahora la información revelada por El País en la que se recoge que Ayuso ha decidido instalarse en una urbanización situada en Puerta de Hierro (Madrid) cuya mensualidad oscilaría entre los 2.500 y los 3.000 euros. Pero, ¿cómo de exclusiva es esta zona de la capital y en qué rango de precios se puede encontrar una vivienda?

Puerta de Hierro se sitúa en el noroeste de Madrid, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca, a unos 20 minutos del centro de la capital. Los portales inmobiliarios la describen como una zona “exclusiva” que permite a los residentes vivir “rodeados de naturaleza, gracias a sus muchas zonas verdes y parques, a solo minutos del corazón de la ciudad”. En cuanto a los precios del alquiler, el portal inmobiliario Idealista dibuja un rango amplio que va desde exclusivos chalets por 14.000 euros al mes, hasta pisos en urbanizaciones con piscina que van de los 2.000 a los 3.500 euros, hasta algunos estudios más asequibles, aunque de escasas dimensiones, que rondan los 1.300 euros al mes.

De acuerdo con la información publicada, el inmueble al que se habría mudado la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría entre 130 y 150 metros cuadrados dentro de una urbanización con piscina (algo habitual en esa zona) y garaje. Algunos inmuebles similares en ese perímetro están en torno a los 2.500 euros mensuales.

En cuanto a la tendencia de los precios en la zona de Puerta de Hierro, la inmobiliaria Engel & Völkers apunta que el alquiler medio de los pisos ronda los 16 euros por metro cuadrado, con un aumento del 7,17% con respecto al año pasado. Si lo comparamos con la media de Madrid, el precio en esta zona ha subido por encima de ese umbral. De hecho, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) estimó este mes de agosto que el incremento interanual de precios en la capital sería del 5%.

Con esta mudanza, Ayuso cambia un piso de 183 metros cuadrados en Chamberí, donde residía con su pareja Alberto González Amador, y donde también disfrutaba del ático de lujo que se encontraba en la planta superior, por otro de dimensiones similares en una de las zonas más caras de Madrid. Aunque no ha trascendido si compartirá residencia con su pareja, el importe anual de un piso en esta zona rondaría los 30.000 euros anuales, un precio que podría llegar hasta 40.000 si nos colocamos en los rangos superiores de pisos anunciados. Este importe, si fuera ella sola la que hiciera frente al pago, superaría el 30% de sus ingresos, el límite recomendado por encima del cual la vivienda supone un sobreesfuerzo económico. El sueldo actual de la presidenta es de 103.090,32 euros brutos al año, unos 7.360 euros brutos mensuales. No obstante, tampoco ha trascendido quién hará frente al pago del alquiler. 

El traslado a Puerta de Hierro coincide con el proceso de venta del ático en el que Ayuso residía hasta ahora en Chamberí. El piso se ha puesto a la venta junto con otro inmueble propiedad de su pareja, situado en la misma dirección, por 3,4 millones de euros. Esta operación se conoció pocas horas después de que el diario El País revelara que el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid había comprado por 6,3 millones de euros otro ático, también en Chamberí, que se encuentra justo enfrente a un piso que posee Ayuso en régimen de nuda propiedad gracias a una donación que le hicieron sus padres en 2011. Este último ático adquirido por el Ejecutivo madrileño no sería, según la información oficial difundida por Sol, para disfrute personal de Ayuso, sino, en teoría, para utilizarlo como oficina.

En un primer momento, el Gobierno de Ayuso dijo que este inmueble en Chamberí sería utilizado como "oficina" de la presidenta madrileña mientras durase la reforma prevista en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Aunque la normativa municipal impedía utilizar áticos como oficinas, lo que despertó sospechas sobre la operación y una polémica inmobiliaria más en la cuenta de la presidenta. Todo ello llevó a que este ático terminase de nuevo a la venta por un importe de 6,69 millones.

Este mismo lunes, la presidenta madrileña volvió a ser interpelada sobre la compra del ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, aunque no ha dado explicaciones detalladas. Señaló que estaba "todo dicho" y que "la oposición vuelve a estrellarse en un nuevo intento" de "azuzar" y "enredar". Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había transmitido en una entrevista con Europa Press que la Comunidad "deberá explicar por qué compró un local" que, "al parecer", no se podía destinar a oficina. Cuando se le ha preguntado a la presidenta madrileña por la respuesta del líder de su partido ha zanjado la conversación con una expresión que ha llamado mucho la atención: “Está en venta. Chao, pescao”. 

La mudanza de Ayuso se produce mientras se dirimen estas cuestiones políticas y las cinco denuncias —tres de particulares y una del PSOE, más una quinta interpuesta directamente por el partido Iustitia Europa— que se han presentado por la compra del polémico ático que hizo la Comunidad de Madrid.

El triángulo diplomático entre España, Marruecos y Argelia no alcanzaba semejante tensión desde la crisis de 2021 y 2022, cuando Argelia cortó el gasoducto Magreb-Europa, que surtía a Marruecos y a la península ibérica, y posteriormente suspendió el tratado de amistad con España por su cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. Desde entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de recuperar su relación con Argelia, su principal proveedor de gas natural, y las cifras apuntan a una notable mejora. Con datos hasta el mes de julio, el año 2026 ha registrado la mayor importación de gas argelino desde la ruptura diplomática de hace cuatro años.

El incremento de estas exportaciones se ha basado principalmente en que el gasoducto Medgaz –el que conecta directamente Argelia con España, sin pasar por Marruecos– se ha llevado a alrededor del 90% de su capacidad desde principios de año. En los siete primeros meses del año ha transportado por tubería, según Enagás, 69.863 GW/h de gas, un 13% más que en 2025 y la mayor cantidad desde 2021, cuando llegaron en ese mismo periodo 99.326 GW/h, gracias a que estaba disponible la tubería Magreb-Europa, que tenía una capacidad de exportación similar al Medgaz. De esta manera, Argelia se mantiene como el principal proveedor de gas a España, lejos de Estados Unidos (58.763 GW/h) y Rusia (39.443 GW/h).

No obstante, esta subida ha sido parcialmente atenuada con una reducción de las llegadas de gas natural licuado (GNL), el que llega en barcos metaneros, desde la costa argelina. Entre enero y julio se importaron 5.073 GWh, la cifra más baja desde 2022 y la mitad que en 2025. No obstante, incluso con este recorte, 2026 sigue siendo el mejor año en importaciones energéticas de Argel del último lustro.

La mejora de las relaciones comerciales ha ido acompañada de una visita en marzo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la primera en cuatro años, y de una segunda en julio del propio Pedro Sánchez, que se reunió con el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, y a la que también se sumaron la ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, Albares y directivos energéticos de Naturgy, Repsol o Enagás, entre otros. De ese último encuentro salió un pacto pendiente de ratificar para aumentar un 10% la circulación por Medgaz hasta el 100% –un incremento que en la práctica ya está casi completado–, y también duplicar el comercio de GNL.

Este acuerdo, el relativo al gas que llega por barco, sería realmente determinante para España, puesto que el gasoducto Beni Saf-Almería (el Medgaz) ya opera prácticamente a su máxima capacidad, y es la vía marítima la que realmente puede apoyar el abastecimiento de España durante el próximo invierno. La crisis energética derivada de la guerra en Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, llevando a prácticamente cero la exportación de gas de una región que suministraba el 20% del GNL del planeta, provocando que los países asiáticos –quienes compraban ese combustible– ahora se disputen con Europa el gas natural estadounidense. A esto se suma que la Unión Europea prohibirá a partir del próximo 1 de enero de 2027 cualquier compra de gas natural a Rusia, dejando un profundo agujero en el suministro ibérico, ya que Moscú es el tercer proveedor más importante de España en este momento.

El acercamiento gasista de España a Argelia no se explica solo por razones geopolíticas y de seguridad energética, sino también por una cuestión de precios. Ignacio Urbasos, investigador de la Universidad de Navarra especializado en relaciones internacionales y energía, afirma que las empresas gasistas españolas, las que compran el combustible a terceros países, ganan más dinero si comercian con Argelia.

"La razón principal que yo veo para ese incremento de las importaciones, más que diplomática, es comercial. El gas que vende Estados Unidos se está desplazando hacia Asia y además ese gas está indexado al gas europeo TTF, mientras que el argelino está indexado al Brent", opina Urbasos. Se refiere a que el precio del gas argelino se basa en la evolución del petróleo Brent, más estable que el gas TTF, al que están ligadas las importaciones desde Estados Unidos. Mientras que el TTF se ha encarecido un 139% desde el 1 de enero, el Brent lo ha hecho un 51%, de manera que los contratos de gas indexados a este último se han encarecido notablemente menos que los ligados al TTF.

Urbasos también hace hincapié en que no solo a España le hace falta acercarse a Argelia, sino que la necesidad de entendimiento es mutua. El país norteafricano pasa por una profunda crisis diplomática con Francia que el diario Le Monde califica como "la más grave desde la independencia de Argelia en 1962", hasta el punto de que ambos países retiraron a sus respectivos embajadores entre 2024 y 2025. "Argelia sabe que no puede estar a malas con todos sus socios europeos", valora el analista.

Otro experto en materias primas, Ronald Pinto, analista de gas y GNL de la consultora Kpler, añade otra razón a la subida de las importaciones de gas argelino por tubería: el mantenimiento de las plantas de regasificación españolas durante el verano. Estas siete instalaciones portuarias transforman en gas el GNL en formato líquido que transportan en los barcos metaneros, pero al funcionar por debajo de su rendimiento habitual, se ha compensado ese déficit con un incremento del comercio por la tubería Medgaz.

Sin embargo, Pinto adelanta que este incremento del flujo en la primera mitad del año no va a durar mucho más, y en invierno –el periodo con los precios del gas más elevados– probablemente haya que pelear para obtenerlo de otros proveedores. "Calculo un ligero descenso de las importaciones de gas procedentes de Argelia en los próximos meses, sobre todo durante el invierno, cuando Argelia utiliza sus reservas nacionales de gas para satisfacer las necesidades locales de calefacción", valora.

En España, el fenómeno de los eclipses ha llegado para quedarse por un tiempo. El evento astronómico del pasado 12 de agosto dejó un impacto económico significativo y unas reservas en hoteles y apartamentos mucho más caras que de costumbre, pero el que se prevé para el año que viene va camino de pulverizar las cifras. En este año, zonas como Soria, León o Palencia –lo que se suele denominar como la España vaciada– eran ideales para observar el evento y multiplicaron por 400% el número de reservas, ya que no son tradicionalmente turísticas. Sin embargo, el eclipse que se espera para el 2 de agosto de 2027 atravesará parte del litoral sur, una región de alta demanda turística a la que ahora se suma el efecto llamada de este evento. Y los precios ya están desbocados.

Buscar dos noches en Cádiz, del 1 al 3 de agosto, deja anuncios sorprendentes: “Apartamento entero, dos dormitorios, 67 metros cuadrados: 16.319 euros”; “Apartamento entero, dos dormitorios, 21.640 euros”. Entre lo más asequible, pocas cosas por debajo de los 2.000 euros y abundan anuncios entre los 5.000 y los 7.000 euros por dos noches. En cuanto a los hoteles, la noche más barata que aparece en el portal inmobiliario Booking del uno al dos de agosto asciende a 450 euros.

“Se están observando incrementos muy significativos de los precios, incluso con una gran antelación, para poder ver el eclipse del próximo verano desde las zonas de mejor visibilidad”, explica César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Díaz apunta que, desde el punto de vista jurídico, en este tipo de servicios “existe libertad de fijación de precios y el alcance de estos, por muy elevados que sean, no implica que estemos ante un precio ilegal”, subraya. Eso sí, deben especificarse en el anuncio de forma clara las condiciones.

Sin embargo, la percepción generalizada de que se trata de precios abusivos puede resultar contraproducente. “Desde la perspectiva de las personas consumidoras, consideramos que estos incrementos pueden resultar especialmente perjudiciales, no solo para quienes quieran desplazarse con motivo del eclipse, sino también para las personas residentes, vecinos y visitantes habituales de estas zonas, si la elevada demanda acaba repercutiendo en los precios de otros servicios”, señalan desde CECU. Y es que el efecto arrastre en las reservas puede extenderse también a servicios habituales que requieren los vecinos de esas zonas.

A la singularidad de un fenómeno como el eclipse se suma la promoción que se ha hecho en España durante estos meses y el interés internacional que despierta. Este año acudieron alrededor de medio millón de visitantes extranjeros que generaron cerca de 350 millones de euros de beneficio, según las estimaciones que realiza el Ministerio de Economía. Entre quienes se movieron dentro del territorio nacional, el gasto se elevó hasta los 94,9 millones, según las mismas fuentes oficiales.

En 2027, el fenómeno se contemplará al 100% desde 115 localidades del sur de Andalucía, así como Ceuta y Melilla. Muchas de ellas, como Málaga, fuertemente tensionadas ya por la vivienda turística. De hecho, si el eclipse de este año ya estiró los precios en zonas de poca afluencia como Soria hasta los mil euros por una noche, en estas localizaciones el incremento de precio va camino de ser muy superior. Otro factor a tener en cuenta es la época del año: el fenómeno astronómico volverá a ser en pleno verano, coincidiendo con el tirón turístico de la región.  

Realizar una búsqueda para principios del próximo agosto en la capital malagueña ya no es apto para todos los bolsillos. Los estudios rondan los 1.000 euros por pernoctación en los portales inmobiliarios, hay camas en hostales de habitaciones compartidas por 445 euros y la oferta hotelera es limitada, con precios que en algunos casos superan ampliamente los 900 euros para la noche del uno al dos de agosto. De hecho, un hotel de tres estrellas en el distrito de Churriana (Málaga) oferta una pernoctación para un adulto por 1.269 euros y advierte: “Nos queda una a este precio”.

Las conclusiones que ha dejado el eclipse que se produjo a principios de agosto son que el turismo extranjero es un motor relevante en la demanda y el consumo. Según un informe de BBVA Research, las compras presenciales de ciudadanos extranjeros en España se incrementaron casi un 14 % interanual entre el 10 y el 16 de agosto, pero no así las de los nacionales. Soria fue la provincia que encabezó el crecimiento del gasto extranjero durante la semana del eclipse, con un aumento del 220,1% interanual, seguida de La Rioja (106,2%), Asturias (88,7%), Segovia (83,1%), Teruel (79%), León (78,3%) y Zaragoza (77,6%).

La antelación con la que se están produciendo las reservas de cara al año que viene y las expectativas de la patronal hacen pensar que se superarán las cifras de este año. La patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) ha detectado una mayor anticipación en las reservas para principios de agosto. En algunos establecimientos, que a un año vista suelen estar en estas fechas al 7% de ocupación, las reservas alcanzan el 12% de las plazas disponibles, afirmaba a la agencia EFE el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Javier Hernández. Y de hecho, los principales demandantes son extranjeros: “Entre los turistas más previsores con el fin de asegurarse los alojamientos a comienzos de agosto de 2027 predominan los británicos (27 %), seguidos de alemanes (18 %) y españoles (13 %)”, informó a EFE la patronal.

Natalia Sáez (27 años) vive en Santander, es dependienta en una cadena de perfumería y su sueldo ronda los 1.400 euros. Vive desde hace tiempo fuera de su hogar familiar, pero siempre ha compartido piso y aún lo sigue haciendo. "Vivir sola sería inviable. Cuando cambié de piso la última vez, me planteé buscar un estudio para mí sola, pero nada bajaba de 700 euros y no me lo podía permitir ni aun yéndome a las afueras", relata. Esa renta, sin contar los gastos, se llevaría la mitad de su sueldo. Cuenta que, como ocurre con muchos de sus amigos, sus padres le echan una mano de vez en cuando con los gastos, algo cada vez más habitual en España. "Mis padres nunca me han pagado el alquiler propiamente, pero me ayudan con los gastos, por ejemplo con la compra del mes, que se nota muchísimo", concluye.

La proporción de jóvenes de entre 18 y 34 años que viven de forma independiente sin apoyo económico de su familia ha bajado del 41% al 31% en 2025, según el informe Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación, realizado por Comisiones Obreras. Y lo preocupante es que la tendencia no hace más que empeorar. Natalia, Lidia, Yasmín y Sergio, cuatro jóvenes entre los 22 y los 27 años, cuentan a infoLibre hasta qué punto se ven reflejados en este dato y qué expectativas tienen en torno a la vivienda y el futuro.

El informe de Comisiones Obreras pone cifras a esta tendencia: “Mientras la tasa europea de jóvenes entre 18 y 34 años emancipados y sin necesidad de apoyo económico se mantiene estable (en torno al 50%), España experimenta una caída tendencial de su tasa de emancipación que se traduce en una brecha creciente con Europa”, advierte el análisis.

Lo mismo que le ocurre a Sáez en Santander, le sucede a Lidia Cascón (27 años) en Salamanca. Trabaja como dependienta en una tienda y su salario, de entre 800 y 1.000 euros "dependiendo del mes", no le permite independizarse del todo. Vive sola y paga 500 euros de alquiler, pero sus padres la ayudan con los gastos: luz, agua, teléfono... "Mi alquiler no es muy caro porque he tenido la suerte de que no me lo han subido en varios años, pero si tuviese que vivir en otro sitio sin ayuda, no podría sostenerme. No es solo el alquiler, sino la comida, los gastos y todo lo demás", relata. La renta que paga por el piso no deja margen para mucho más y comprar es una quimera: "Ni yo ni la mayoría de personas de mi edad que conozco se pueden plantear comprar una casa porque ni tienen el dinero, ni la posibilidad de que el banco se lo dé", concluye.

En una frase resume el círculo que tiene atrapados a muchos jóvenes en España: "No tengo una nómina que me permita vivir bien o ahorrar y tampoco puedo parar de trabajar para formarme porque no podría hacer frente al alquiler". Esto ha provocado que, para buena parte de la población, el momento de comprar una vivienda llegue una vez rebasados los 40 años. De hecho, solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%.

Sergio Maqueda (25 años) gana un poco más como empleado en una empresa de transportes: 1.800 euros al mes. Él ha decidido vivir con sus padres para tratar de saltarse el alquiler y ahorrar para comprar una casa, pero tampoco se muestra optimista. "Tal y como está el tema de la vivienda ahora mismo, me es imposible adquirir una porque no dispongo del capital para dar una entrada", relata. Cuenta que se ve unos cuantos años más viviendo con sus padres para poder asegurarse una casa, aunque sea a largo plazo.

Las previsiones de Maqueda pueden sonar pesimistas, pero los datos tampoco son muy esperanzadores. Según un informe de Infojobs basado en los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 en el conjunto de España, deja un exiguo colchón para planificar el futuro. Además, en general, la media salarial de los jóvenes se queda muy por debajo de lo que cobra Maqueda: en concreto, el Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano —es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo— es de 1.191 euros mensuales.

Basta señalar que el precio de los alquileres se sitúa de media en España en 15,3 euros por metro cuadrado. Es decir, que un piso de 60 metros cuadrados costaría unos 918 euros al mes, lo que supondría el 77% del sueldo mediano de los jóvenes. Si hablamos de grandes zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, las cuentas son aún más difíciles de cuadrar.

Yasmín García (22 años) también vive en Salamanca y su sueldo, ligeramente superior a esta mediana, ronda los 1.400 euros. "Puedo llegar a los 1.500 si trabajo sábados o festivos", comenta. Trabaja en una fábrica de productos de pastelería donde "las condiciones no son malas", pero no ve claro el camino para proyectar un futuro por sí sola. "Independizarse está jodido porque da la sensación de que te vas a tirar toda la vida para poder tener una vivienda", cuenta. Por el momento, ella aún vive con sus padres, pero lamenta que, si "ya hay gente pagando mil euros por una habitación", no parece que las cosas vayan camino de arreglarse.

Si algo dejan claro estos testimonios es que entre la juventud no reina el optimismo. Los jóvenes tienen que echar mano de las familias cada vez con más frecuencia y hasta edades más tardías, a pesar de que, sobre el papel, los datos de empleo han mejorado. Por un lado, la tasa de paro juvenil ha descendido desde el 40% en 2013 hasta el 16% actual, por otro, la temporalidad ha descendido desde el 56% en 2018, hasta el 32% en 2026. Sin embargo, los salarios de los jóvenes siguen avanzando a golpe de subidas de SMI y los alquileres avanzan a precios desbocados. El Consejo de la Juventud estima que los menores de 30 años que se deciden a emanciparse destinan al alquiler el 98,7% de sus ingresos.

"Los datos nos dicen que trabajar ya no es suficiente para emanciparse", señala a infoLibre Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud. A pesar de la mejora en la temporalidad y los salarios, Muñoz señala que el precio de la vivienda y el coste de la vida están absorbiendo cualquier mejora. "Entre quienes se están emancipando, la capacidad de ahorro es muy limitada, en muchos casos por debajo de 100 euros al mes", un margen demasiado estrecho si lo que se busca es reunir la entrada para un piso.

Natalia Sáez, que coincide con las estimaciones de Muñoz, lo resume así: "Si un mes quiero ahorrar 200 euros, tengo que ir del trabajo a casa y no hacer nada más. Por ejemplo, si quieres ir a un gimnasio, que tampoco es un lujo, ya no lo consigues porque te dejas 40 euros al mes". Las cuentas cada vez salen más ajustadas mientras el precio de la vivienda sigue creciendo a doble dígito y los salarios se quedan cada vez más atrás. "Parece que te puedes tirar la vida trabajando y no vas a conseguir nada", concluye Yasmín García.

Los creadores de contenido son un cajón de sastre bajo el que se amparan perfiles de lo más variopintos. Hay escritores de microrrelatos y expertos en cuidado facial, hay millonarios que muestran vidas de ensueño y mecánicos que te sacan de un apuro con un tutorial, hay analistas políticos, comentaristas, anarquistas, reaccionarios, viajeros… Una lista infinita de oficios e identidades que comparten vídeos, textos, imágenes o audios y que en muchos casos aspiran a vivir de ello. TikTok, Instagram, X, YouTube, Facebook, Twitch, Etsy, Substack… La lista de canales donde compartir contenido es cada vez más larga, pero, al mismo tiempo, son pocos los que consiguen hacer de las redes su profesión.

En España, este conjunto de influencers mueve cantidades millonarias y ha roto el monopolio de audiencia que ostentaba la televisión y la prensa tradicional hasta crear un ecosistema donde se compite por retener la atención –cuanto más tiempo, mejor– en cada pequeña comunidad de seguidores. Esta industria mueve a nivel nacional 400 millones de euros, según un análisis del despacho Maio Legal relativo a 2024. El informe identifica a alrededor de 10.000 personas que reciben pagos por publicar contenidos en redes sociales en España.

Una de esas personas es Marc Biarnés, cuyo nombre en redes es Nosoloviernes. Biarnés acumula más de un millón y medio de seguidores entre TikTok e Instagram pendientes de sus análisis de actualidad en clave cómica desde la cocina de su casa. "En mi caso, pasaron cuatro años desde que empecé con esto hasta que conseguí ingresos suficientes como para abandonar otros trabajos", explica.

Sin embargo, parece que acumular seguidores ya no garantiza el éxito. En los últimos días, las redes han comenzado a cuestionar la capacidad de algunos creadores de contenido para conectar con su audiencia, sobre todo la de aquellos dedicados al estilo de vida. En un sector en el que todo era nuevo y cuyo auge parecía no tener techo, han comenzado a aparecer la repetición, el hastío y la desconfianza de muchos seguidores hacia la honestidad de las recomendaciones. Nada que no haya pasado antes en otros ámbitos comerciales, aunque aquí la ‘caída de los influencers’ también es material para crear contenido y las redes se han llenado de comentarios al respecto. 

Esta crisis, bromea Biarnés, quizá tiene que ver “con que ya hemos visto suficientes viajes a Bali o cómo me compro la segunda casa y la tercera… No es que nadie vaya a caer, porque hay mucho dinero ahí, pero mucha de esa gente se ha puesto de pronto a comentar política y ha terminado cancelada por mostrar algunas veces la cara más facha”, concluye. “No va a ser una crisis económica, pero sí una crisis de público”. También apunta a la irrupción de la inteligencia artificial y de los avatares como una cuestión relevante en este momento. Pero, ¿cuánto mueve esta industria y cómo gana dinero un prescriptor? 

No todos pueden vivir de sus publicaciones, pero entre quienes lo hacen, el grueso de sus ingresos procede de la publicidad. La banca de inversión Goldman Sachs señala que hoy en día, el 60% de los ingresos de la economía de los creadores proceden de los acuerdos con marcas. En la cúspide del sector, los contratos pueden alcanzar cifras millonarias: por ejemplo, Spotify ha pagado 250 millones de dólares a Joe Rogan y Amazon 100 millones a MrBeast por sus colaboraciones. Además, Goldman Sachs calcula que solo un 20% de los ingresos de estos grandes nombres del negocio mundial procede de los pagos de las plataformas por reparto de ingresos. El grueso lo ponen las publicidades y colaboraciones con empresas. 

Otro informe, en este caso de la consultora de marketing digital 2btube, apunta que actualmente operan en España aproximadamente 285.000 perfiles con más de 10.000 seguidores en Instagram y TikTok. De ellos, cerca de 15.000 superan los 100.000 seguidores y alrededor de 1.540 rebasan el millón. Instagram, TikTok y YouTube concentran la mayor parte de la actividad, mientras que Twitch acapara el entretenimiento en directo.

Biarnés explica a infoLibre que en España, en contra de lo que se suele pensar, las visualizaciones no generan ingresos por sí solas en la mayoría de plataformas. “La única manera de ganar dinero ahora mismo es a través de la publicidad”, explica. Matiza, no obstante, que YouTube sí monetiza las visitas y que, en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, las plataformas pagan más las visualizaciones. 

Los contratos con las marcas son el principal motor de ingresos y, en general, explica el influencer, suelen ser generosos. “Hay marcas que, por cuatro o cinco publicidades en un año, se mueven en horquillas de entre los 25.000 y los 50.000 euros”. En cuanto a las tarifas que les ofertan, dependen de las estadísticas de cada perfil y se negocian a partir de esos datos de rendimiento. “No basta con los seguidores, sino que es importante la interacción. Hay perfiles con miles de seguidores, pero con 20 comentarios en una publicación, y eso no encaja”, puntualiza. A partir de estos datos, las dos partes y la agencia de representación del influencer (si la hubiera) negocian las tarifas. 

Ahora bien, una vez alcanzado un cierto nivel de seguidores y de colaboraciones, el modelo de negocio también se diversifica hacia otras actividades. “Después de haber afianzado una comunidad de seguidores, ahora puedo permitirme hacer, por ejemplo, una gira de teatros”, concluye. Biarnés. 

De acuerdo con IAB Spain, una asociación de publicidad, marketing y comunicación digital, TikTok ha superado a Instagram como la plataforma en la que más crece el contenido patrocinado, con un aumento del 73%, frente al 45% de Instagram.

“La inversión publicitaria directa en influencers en España alcanzó los 158 millones de euros en 2025, un 25,9% más que en 2024 y un crecimiento acumulado del 100,1% entre 2023 y 2025”, recoge el Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2026 de IAB Spain con PwC. A partir de estos datos, 2btube estima que el valor de mercado que generó la inversión publicitaria habría ascendido en 2025 a 245 millones de euros, un 49%más que en el ejercicio anterior.

Los millones se cuentan por cientos, aunque las cifras varían entre los distintos informes en función de si se contempla solo la inversión publicitaria o se incluyen también las retribuciones de las plataformas, los ingresos por eventos, y otras vías de negocio. En lo que sí coinciden los análisis es en que se trata de una industria que ha dejado de ser incipiente y cuyas cifras, a corto y medio plazo, seguirán creciendo aunque el lifestyle esté en crisis. 

El alcance de los anuncios, la frecuencia con la que los usuarios los ven y el retorno que generan en relación con su coste son algunas de las variables principales que se analizan a la hora de vincular un producto con un creador de contenido. Ya no se trata solo de acumular seguidores —cuanto más, mejor—, sino de crear comunidades y medir la actividad y las interacciones de sus miembros, así como las conversaciones que se generen en torno a un producto o un tema. Así se han ido haciendo más complejas unas relaciones publicitarias que ya han dejado de ser novedosas.

Para los usuarios, ahora el problema parece estar en identificar cuándo algo es una recomendación espontánea y cuándo es una promoción publicitaria. La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) recoge que un 69,8% de los usuarios considera que los prescriptores abusan de la publicidad encubierta y un 61,9% asegura que la mayoría de los comentarios y publicaciones de los influencers deben interpretarse como promociones publicitarias, aunque no se avise abiertamente. Esta percepción ha llevado a casi la mitad de los encuestados (45,7%) a considerar que la credibilidad de los creadores de contenido está disminuyendo.

Biarnés, que centra su trabajo en temas de actualidad, apuesta por un “equilibrio” a la hora de gestionar la presencia de marcas en su perfil. “Hay perfiles en los que entras y parece el escaparate de la teletienda. Yo procuro hacer, más o menos, una publicidad al mes”, señala, consciente de que los seguidores pueden estar cansándose de este modelo de negocio. 

El Ministerio de Consumo ha multado a la empresa de alquiler de coches Avis con un millón de euros por “llevar a cabo prácticas abusivas”. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto la sanción máxima a la compañía por cobrar una tasa de entre 33,88 euros y 45 euros en concepto de gastos de gestión de sanción administrativa a la clientela que hubiera sido sancionada con una multa de tráfico en el momento en que tenían uno de sus vehículos en alquiler. La compañía impuso esta tasa por gestionar el pago de la multa y por comunicar a la administración la identidad de la persona infractora, una gestión a la que está obligada por ley, por lo que Consumo considera que está llevando a cabo una práctica abusiva.

La sanción es de carácter “muy grave” y Consumo señala que ha multado a la empresa “en el grado máximo posible”; sin embargo, la empresa tiene la posibilidad de recurrir la decisión en los tribunales. Para el ministerio que dirige Bustinduy, el principal agravante ha sido la persistencia de Avis en llevar a cabo una práctica que ya había sido considerada ilícita por parte de un juzgado. En concreto, por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Vitoria-Gasteiz, el cual había declarado esta cláusula como abusiva en una sentencia de 22 de septiembre de 2020 y condenaba a la compañía a eliminarla, dejar de aplicarla en los contratos vigentes y abstenerse de incorporarla en el futuro, según recoge la nota de prensa distribuida por Consumo.

De hecho, el expediente nace tras una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV Euskal Kontsumitzaileen Alkartea (EKA/ACUV) y con esta resolución se agota la vía administrativa, aunque puede recurrirse judicialmente.

La decisión de Consumo se sustenta en el hecho de que la ley obliga al titular del vehículo –en este caso Avis– a identificar al conductor responsable, y recuerda que cobrarle al cliente por algo a lo que se está obligado por ley no es lícito. "En el caso de las empresas de alquiler, esta obligación se cumple facilitando a la Administración la identidad de la persona arrendataria o, en su caso, el contrato de alquiler, por lo que no puede repercutirse a la clientela un coste adicional por realizar un trámite que la ley impone al titular del vehículo", concluyen.

Trabajar expuesto al sol causa una de cada tres muertes por cáncer de piel (distinto al melanoma), según un informe publicado por Comisiones Obreras (CCOO) basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El calor cada vez es un factor más relevante en lo que se refiere a los riesgos laborales, y las estadísticas recogen un aumento en la incidencia de las dolencias derivadas de la exposición al sol y a las temperaturas extremas. Sin embargo, para expertos y sindicatos, las estadísticas aún distan mucho de estar bien afinadas y señalan un infrarreconocimiento en lo relativo a las muertes y accidentes por calor. Si a eso sumamos que enfermedades como el cáncer son difíciles de vincular con el trabajo y no tienen protocolos de reconocimiento claros, el resultado es un ecosistema menos seguro para los trabajadores.

En este marco es donde debe ubicarse el dato de muertes por cáncer de piel. “Hay otro peligro muy relevante, que se agudiza también en verano, y que pasa desapercibido en muchas ocasiones: la radiación ultravioleta”, afirma un informe de CCOO que señala a la radiación como responsable, en gran medida, de esta afección.

El calor y el cáncer son dos de los grandes agujeros negros en la prevención sobre los que las agrupaciones sindicales llevan tiempo poniendo el foco. “Pese a las evidencias, en España el cáncer de piel derivado de la exposición solar no está considerado una enfermedad profesional”, explican desde CCOO, que ha propuesto incluir esta afección en el grupo de enfermedades profesionales que recoge el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). “Esta realidad nos obliga a que la única forma que actualmente tenemos para declarar un cáncer de piel por exposición solar como contingencia profesional es tramitarlo como accidente de trabajo”, apuntan.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y con la opinión de la Comisión Europea, la cual recoge que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

La dificultad para establecer una relación causal deriva de que muchos agentes carcinógenos no están reconocidos por el INSS, por ejemplo, el gas radón o la propia exposición continuada al sol. Además, cuando se trata de enfermedades cuya latencia y evolución se estira en el tiempo, reclamar resulta más difícil y suele conducir a un proceso judicial por el que no todo el mundo quiere pasar, sobre todo si se trata de una persona con una enfermedad grave.

En el caso del cáncer de piel, desde CCOO señalan que, si no se reconoce el origen laboral de esta enfermedad, tampoco las medidas para evitarlo podrán ser efectivas y la lista de casos seguirá aumentando. Más en un contexto de cambio climático donde las olas de calor y los días soleados se suceden. De hecho, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo estima que en la UE existen 14,5 millones de trabajadores expuestos a radiación solar durante al menos el 75% de su jornada laboral.

“A nivel de empresa es importante porque, si se reconoce la enfermedad, se debe revisar la evaluación de riesgos y adoptar las medidas preventivas necesarias”, apunta el documento. Además, su reconocimiento como enfermedad profesional implicaría mejores prestaciones económicas para el afectado o para sus familiares, en caso de fallecimiento, y mayores multas para las empresas que deliberadamente expongan a sus trabajadores no aplicando las medidas preventivas necesarias.

Agricultores, obreros de la construcción, personal de carreteras, servicios de limpieza, jardineros… son algunas de las profesiones que más se exponen a un fenómeno que continuará agravándose a medida que el cambio climático avanza, pero además son oficios que ya tienen niveles altos de siniestralidad laboral. La OMS estima que la exposición prolongada a la radiación solar puede incrementar el riesgo de padecer un cáncer en la piel hasta un 60%. Además, han mostrado que entre 2000 y 2019, las muertes por cáncer de piel que se pueden identificar como directamente relacionadas con la exposición a radiación solar durante el trabajo casi se duplicaron, pasando de 10.088 fallecimientos a 18.960. Es decir, la incidencia está aumentando más de un 80% en 19 años al ritmo de la crisis climática.

Por ello, la actividad sindical ha comenzado a poner más atención en los efectos del calor sobre la salud de los trabajadores a largo plazo. “Hay que señalar que la incidencia del melanoma está aumentando más rápidamente que cualquier otra forma de cáncer (con la excepción del cáncer de pulmón en las mujeres)”, recoge el documento.

De hecho, la nueva ley de riesgos laborales que el Gobierno lleva tiempo intentando adaptar contempla, entre otras cosas, actualizar los riesgos profesionales por calor, aunque por el momento sigue atascada y aún le falta un largo camino antes de entrar en vigor. Este nuevo texto reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo y, por tanto, la salud de los trabajadores, por lo que obliga a las empresas a crear planes específicos para olas de calor, riadas u otros fenómenos extremos.

Además, regula los tiempos de exposición a olas de calor y pone el acento en el infrarregistro que existe en torno a los accidentes laborales por temperaturas extremas. Sin embargo, aunque ya ha obtenido el visto bueno del Consejo Económico y Social, la norma tiene pendiente el trámite parlamentario, donde previsiblemente tendrá problemas para salir adelante.

En España, uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 29 años está en riesgo de pobreza. Son algo más de dos millones de jóvenes expuestos a algún tipo de carencia material o precariedad laboral, según concluye un informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Detrás de este dato hay un cóctel económico que no se lo pone nada fácil a quienes están empezando un proyecto vital. La pinza que forman la crisis de vivienda, que impide tener un lugar estable en el que vivir; los salarios bajos, sobre todo cuando se accede al mercado; la precariedad; y la incertidumbre económica que provoca el aumento del coste de la vida, mantiene bajo presión a unas generaciones que están, o bien formándose, o bien aterrizando en el mercado laboral. Quienes estudian, enfrentan mayores dificultades para moverse de ciudad, con un precio disparado en los alquileres; quienes arrancan su carrera profesional, cobran menos, tienen contratos poco estables y el alquiler (más caro que nunca) condiciona su capacidad de ahorro.

Este jueves el INE confirmaba que el IPC de julio se situó en el 3,6%, el dato más alto desde mayo de 2024. “Por quinto mes consecutivo, los salarios pactados por convenio han subido menos que la inflación, un 3,02%. Esto significa que las personas trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo”, señaló Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT. En el caso de los jóvenes, la situación es aún más complicada, ya que ganan menos que la media. El Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano, es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo, es de 1.191 euros mensuales frente a los 1.450 euros del conjunto de los trabajadores. Y, aunque es cierto que los jóvenes son el grupo que más ha mejorado salarios en los últimos años, lo han hecho en gran medida a golpe de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional que han acordado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

El problema detrás de todas las cifras y los porcentajes es una emancipación cada vez más tardía —30 años, uno de los datos más altos de toda la Unión Europea— y unas dificultades crecientes “para llevar a cabo un proyecto vital autónomo”, advierten desde la Secretaría Confederal de Juventud de Comisiones Obreras.

Otro elemento que se debe considerar, además de la complicada situación de los jóvenes, es el efecto arrastre que tiene en las familias que deben apoyar económicamente a sus descendientes durante más tiempo. Quienes pagan los estudios o prestan dinero para la entrada de una primera hipoteca no son familias necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobreesfuerzo económico para tratar de compensar la situación económica en la que se ven atrapados muchos jóvenes. De hecho, las donaciones de padres a hijos se han disparado un 13% en 2025, una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Que la ayuda familiar gane peso en el bienestar de los jóvenes es un factor de desigualdad que deja peor posicionados a quienes menos tienen. Es algo de lo que advierten desde el ámbito universitario, donde han constatado que quienes proceden de un entorno socioeconómico superior son quienes más cambian de provincia a la hora de elegir carrera y también quienes mejor rendimiento académico tienen, según el informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil, que realiza la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “Los datos demuestran que para acceder a la oferta formativa más amplia que suele concentrarse en las comunidades más ricas como Cataluña y Madrid se necesita un nivel socioeconómico más alto”, recoge el documento. Y aquí el precio de los alquileres está jugando en la actualidad un papel muy relevante, ya que multiplica el gasto que deben asumir las familias para sufragar una habitación en un piso compartido o una plaza en una residencia de estudiantes.

De esta forma, advierten los expertos de CREUP, los estudiantes con menos recursos no logran “acceder en igualdad de oportunidades y de condiciones a la educación universitaria” y más si se tiene en cuenta que la vivienda se encarece especialmente en las comunidades con mayor oferta educativa, como Madrid o Barcelona.

Para aquellos jóvenes que ya han superado la etapa formativa, la vivienda sigue siendo un factor importante de desequilibrio. Solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%. Para la mayoría de los ciudadanos, el momento de comprar llega más allá de los cuarenta.

Cada vez hacen falta más años para poder reunir el dinero que exige la entrada de una casa propia. Según un informe de Infojobs que parte de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 a nivel nacional, deja un exiguo colchón para planificar el futuro.

Son estos los mimbres que han dejado a dos millones de jóvenes en una situación delicada, con la vivienda —uno de los principales problemas de los españoles, según el CIS— como el trasfondo más preocupante en el corto plazo. También como el factor que más condiciona los presupuestos familiares cuando hablamos de estudiantes, y los ahorros cuando hablamos de jóvenes en su primera etapa profesional.

La búsqueda de un piso se ha convertido en un rompecabezas para la mayoría de la población, pero para los estudiantes que se mudan desde su ciudad hacia otras localizaciones (y para las familias que lo tienen que sufragar) es un tema especialmente complicado y un factor de desigualdad que se empieza a manifestar. Si tradicionalmente la opción económica para quienes se iban de casa para estudiar era compartir piso, esa realidad está cambiando con la crisis de la vivienda. En una época en la que empieza a dispararse la búsqueda de alojamiento para el curso que viene, los colegios mayores ganan demandantes porque la diferencia de precio con los pisos compartidos ya no es tan grande; los inversores apuestan por el negocio de las residencias privadas de estudiantes para compensar la escasez de plazas; y la edad de emancipación se sigue estirando de forma que solo el 31% de los jóvenes menores de 34 años vive sin ayuda familiar en España, según un informe de Comisiones Obreras.

El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España señalaba recientemente a EFE que la permanencia en este tipo de alojamientos se está alargando hasta una media de tres años, frente a los dos años y medio de la etapa anterior al covid, e insistía en que la diferencia de precio respecto a una habitación en un piso era “cada vez más pequeña”. En cifras, el Consejo estima que un estudiante que comparte piso paga al mes alrededor de 1.000 euros frente a los 1.088 que cuesta, de media, un colegio mayor a nivel nacional con pensión completa, aunque en determinadas regiones es más barato.

Esta dinámica es uno de los factores que han disparado la inversión privada en residencias de estudiantes. Según los datos recopilados por la consultora JLL, el 64% de las residencias de estudiantes registran una ocupación superior al 90% y la inversión en este negocio se disparó un 150% en 2025, con operaciones por valor de 1.700 millones de euros. Las ciudades que más interés han despertado entre los inversores son, además, zonas con mercados tensionados, donde adquirir una vivienda o alquilar una habitación no resulta sencillo. “Los inversores más significativos señalan Valencia como uno de los destinos predilectos. El podio de ciudades en el radar de los inversores se completa con Madrid, donde también un 79% de los inversores quiere invertir, y Barcelona, con un 63%. Otras ciudades españolas en el radar de estos inversores son Málaga (63%) y Bilbao (42%)”, recoge el análisis de la consultora.

En paralelo, las ciudades con los alquileres más caros coinciden con las regiones donde más interés suscita la inversión en alojamientos para estudiantes. Barcelona es, según el portal inmobiliario Idealista, la ciudad con los alquileres más caros (23,4 euros por metro cuadrado). La segunda es Madrid (20,7 euros), con un encarecimiento en 2025 del 15,3%. Málaga ocupa el quinto lugar (15,1 euros), con un aumento de precios del 11,4%. Finalmente, Bilbao es la sexta ciudad más cara (14,9 euros), seguida de Valencia (14,9 euros), que ocupa el séptimo lugar.

La altísima demanda de casas en estas ciudades, unida a la presión turística que eleva la presencia de alojamientos vacacionales y a la concentración de estudiantes, son el cóctel perfecto que complica y condiciona la posibilidad de muchos jóvenes de elegir una universidad lejos del hogar familiar. “El mercado de la vivienda está imposible para el estudiantado”, explicaba recientemente a infolibre Ángeles Guzmán, miembro de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “La vivienda pone una primera criba económica que los estudiantes no pueden pasar, pero además, está llegando el momento en que el piso compartido se está equiparando con las residencias (tradicionalmente más caras)”, concluía.

En España hay 1,8 millones de estudiantes dentro del sistema universitario, de los cuales 417.000 cambiaron de provincia para cursar su formación, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De estos casi dos millones, la mayoría de los matriculados optan por Madrid (264.733), seguida de Cataluña (240.076), Andalucía (209.733) y Valencia (143.110).

El hecho de que la vivienda alcance precios desorbitados no solo empuja las inversiones en residencias de estudiantes, como apuntan los datos, sino que ahonda en las brechas de desigualdad. El informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil que realiza la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) indica que los hijos de las familias con menos renta tienen menos posibilidades de elegir una universidad o una carrera que esté lejos de su hogar familiar. “En las zonas geográficas con menor oferta universitaria, los perfiles económicos familiares medios o bajos tienen muchas más limitaciones a la hora de elegir ámbito de estudio”, apunta el documento. Y constata también que entre los estudiantes con perfil económico familiar más alto existe una mayor proporción de desplazamiento a otras provincias, “sobre todo entre los que tienen progenitores con ocupaciones altas (65,3%) o con estudios superiores (61,9%)”, recogen.

En definitiva, la crisis habitacional ha hecho que, para algunos estudiantes, moverse lejos de casa haya empezado a dejar de ser una opción. A la vez, la oferta en residencias públicas o colegios mayores está lejos de cubrir la demanda, ya que solo existe una plaza pública por cada cuatro estudiantes universitarios. En este sentido, el Gobierno ha comenzado a tomar medidas y el pasado mes de julio aprobó un paquete económico de 45 millones para que una decena de universidades públicas construyan, con financiación del Estado, alojamientos para estudiantes e investigadores. Aunque, como casi todo lo que tiene que ver con la vivienda, los resultados no llegarán en el corto plazo.

El alcalde de Nueva York ha declarado la guerra al modelo de negocio de Amazon y otras grandes compañías basado en externalizar el reparto de paquetes. En un video publicado en la red social X, Zohran Mamdani mostraba su apoyo a una iniciativa respaldada por los sindicatos para hacer responsables a las grandes compañías de las prácticas laborales abusivas que se producen en sus redes de reparto. “Grandes empresas como Amazon han creado una vasta red de subcontratistas que reparten sus paquetes, al tiempo que las protegen de asumir responsabilidades”, señalaba en la publicación que acompaña al video. "Eso deja a nuestros trabajadores desprotegidos y vuelve nuestras calles menos seguras. Es hora de un cambio", concluía.

Los defensores de la nueva regulación que promueve Mamdani sostienen que el modelo de subcontratación permite a estas empresas esquivar normas sobre salarios y prestaciones. Amazon, por su parte, la rechaza al considerar que encarecerá el reparto, mientras que las empresas subcontratadas también se quejan de que la regulación –conocida como Delivery Protection Act o ley de protección de los repartidores– podría perjudicarles. Sin embargo, los trabajadores consideran que este modelo de subcontratas es perjudicial porque, ante sus reclamaciones sobre las altas cargas de trabajo, las empresas descargan la responsabilidad en Amazon y, al mismo tiempo, al no estar vinculados laboralmente a la compañía, tampoco pueden reclamar mejoras ni negociar los objetivos de reparto con la multinacional.

La compañía fundada por Jeff Bezos siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, la vigilancia constante de los trabajadores o una marcada política antisindical. De hecho, este último punto ha sido uno de los detonantes de la iniciativa, ya que los trabajadores consideran que esta política de subcontratación dificulta la negociación sindical y repercute en peores condiciones laborales y grandes desigualdades entre personas que realizan la misma actividad.

La medida propuesta por el Ayuntamiento de Nueva York afecta a lo que se denomina reparto "de última milla", es decir, a las empresas que llevan los paquetes directamente hasta los domicilios. Lo que propone el consistorio es un nuevo sistema de licencias para ciertos almacenes e instalaciones de distribución de última milla y, al mismo tiempo, establecer nuevos estándares de seguridad y protocolos sometidos a supervisión. También permitiría garantizar que las principales empresas, como Amazon, sean responsables de las consecuencias de las decisiones comerciales que toman cuando los trabajadores se vean afectados.

“Corporaciones como Amazon construyen modelos comerciales de miles de millones de dólares para aislarse de la responsabilidad a través de un sistema de subcontratación abusivo. A medida que los centros de entrega de última milla han explotado en Nueva York, también lo han hecho los accidentes de tránsito y las lesiones de los trabajadores", explicaba el edil neoyorquino.

El sindicato Teamsters, nombre habitual de la International Brotherhood of Teamsters (IBT), uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos y Canadá, fue el promotor de la reforma, redactada por la concejala Tiffany L. Cabán. Ella también aparece en el video junto con Mamdani y varios trabajadores que lanzan paquetes vestidos con uniformes de Amazon. "Si parece un reparto de Amazon y se comporta como un reparto de Amazon, entonces es un reparto de Amazon, ¿verdad? Para Amazon, no", reza la publicación del alcalde en X.

En España, la compañía también trabaja con subcontratas y ha tenido problemas al respecto. En 2022, la Inspección de Trabajo de Cataluña propuso una sanción de 3,2 millones de euros a la compañía de Jeff Bezos y otra de 2,6 millones a 17 empresas subcontratadas por cesión ilegal de personas trabajadoras. Es decir, porque esas empresas tenían trabajando para Amazon a 559 personas que cobraban menos de lo que les habría correspondido si hubiesen estado contratadas directamente por la multinacional estadounidense. En 2024 volvió a ocurrir algo similar, esta vez en Valencia, aunque la compañía se escuda en que su negocio es “la gestión de centros logísticos, no el reparto”. 

Si al tirón de actividad económica que se produce habitualmente en España en verano le sumamos un eclipse, no es de extrañar que los precios y las cifras de ocupación hotelera a principios de agosto se hayan desbocado en algunas regiones. Un análisis reciente del portal inmobiliario Booking señala que en algunas zonas como Soria, León o Palencia, que se encuentran en la franja donde el fenómeno se observará mejor, se han registrado incrementos en las búsquedas de hasta el 500%. Y, como ocurre cuando se impone la ley de oferta y demanda, los precios también se han movido al alza.

Por otro lado, el Ministerio de Economía estima que este fenómeno solar, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, atraerá a nuestro país casi medio millón de turistas más de lo habitual. De esta estimación, 280.000 serán españoles que se moverán por el territorio para conseguir la mejor perspectiva y 160.000 serán extranjeros que llegarán por nuestras fronteras y se dejarán alrededor de 1.500 euros de media, lejos de los 340 que gastarán los nacionales. En total, casi 348 millones de euros llegarán a la economía, según estima el Gobierno.

“Estamos observando un crecimiento muy significativo de las búsquedas de alojamiento en destinos desde los que el eclipse podrá contemplarse en buenas condiciones”, señala Pilar Crespo, responsable de Booking en España. Es la franja que va desde Asturias, pasando por zonas como Soria o Castellón y Baleares. Las estimaciones apuntan a que las reservas en esta franja se habrían incrementado un 76% y los precios, en torno a un 85%.

Otro informe, en este caso de Analistas Financieros Internacionales (AFI), estima que la distribución del gasto asociado a este evento se repartirá en esa franja, aunque también impactaría significativamente en otras comunidades donde el eclipse no será del 100%. “La Comunitat Valenciana se sitúa muy destacada en primer lugar, con 130,6 millones de euros. A continuación, aparecen Madrid, con 54,76 millones, y Castilla y León, con 37,54 millones. Tras ellas se sitúa un segundo escalón integrado por Aragón, Galicia, País Vasco y Cataluña”, recoge el documento.

Basta con realizar una búsqueda rápida por los portales inmobiliarios para comprobar que los precios por habitación rondan por abajo los 500 euros y sobrepasan los mil en otros casos en regiones tradicionalmente poco turísticas como Soria. En Castellón, los más rezagados pueden encontrar apartamentos por 3.200 euros o habitaciones por 500 euros. Asturias es otra de las ubicaciones estrella y plataformas de comercio hotelero como SiteMinder apuntan a un incremento de precios medio que ronda el 80%. Una noche en la capital asturiana ronda los 400 euros a menos de una semana del eclipse.

Mientras los informes y las estimaciones se suceden, los bares y restaurantes también esperan rentabilizar este fenómeno. Un análisis de CoverManager, sistema de gestión de reservas y eventos, estima en un 32% el incremento de las reservas para comer o cenar en Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón. Por capitales, León lidera el aumento nacional de comensales con un 112,8% más de reservas previas, seguida por A Coruña (92,7%), Castellón (76,4%), Segovia (71,2%) y Zaragoza (42,1%).

Como ocurre con cualquier acontecimiento capaz de concentrar a cientos de miles de personas en pocos días, el eclipse dejará una factura económica positiva, pero también pondrá a prueba la capacidad de algunos territorios para absorber una demanda extraordinaria justo cuando las protestas por el turismo masivo alzan la voz en zonas como Barcelona, Palma, San Sebastián y Granada contra un modelo que, según denuncian los vecinos, expulsa a las personas de los barrios y dispara el precio de la vivienda.

 Si algo ha demostrado el problema de la vivienda es que, además de ser el principal quebradero de cabeza de los españoles, es un campo abonado para la lucha política. Y, si bien todos los partidos coinciden en el diagnóstico, pocos se avienen a pactar soluciones conjuntas. Entre los socios de investidura, Sumar y Podemos tratan de intervenir el mercado, Junts se escora hacia las posiciones del PP y lo rechaza, incidiendo en crear beneficios fiscales a los caseros, y el PSOE trata de cuadrar el círculo sin demasiado éxito hasta el momento.

Intervenir el mercado de vivienda es un peaje por el que Junts no quiere pasar. Lo ha mostrado con su voto en contra de la polémica prórroga de los alquileres, que decayó en abril después de que PP y Vox hiciesen lo propio en la votación del Congreso. También se ha opuesto en Cataluña a la reciente propuesta que trata de sacar adelante el Ejecutivo socialista de Salvador Illa para frenar la compra especulativa de casas, así como a otras iniciativas como la idea del Govern y los Comuns para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial convirtiendo oficinas y locales en casas. La secretaria de organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, calificaba esta última medida de "ataque a la propiedad privada", un argumento que han utilizado en otras ocasiones para oponerse a las medidas que implican una regulación del mercado.

El caso más reciente es la queja que Junts elevó junto al PP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña para frenar una regulación destinada a prohibir la compra especulativa de vivienda en áreas tensionadas dentro de la comunidad autónoma. La iniciativa, impulsada por el Govern y los Comuns pretendía incluir esta cuestión modificando la ley de urbanismo, pero el órgano consultivo emitió un dictamen desfavorable este martes, dando así la razón a Junts y al PP. “Era una ley confiscatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión", declaró Lorena Roldán, portavoz del PP en el Parlament tras conocerse las conclusiones del Consell. Toronjo también recordó que ellos habían lanzado una propuesta similar, aunque con incentivos fiscales, y atacó la del Ejecutivo de Illa alegando que no sabían si implicaba expropiaciones.

Al ser un órgano meramente consultivo, tanto los Comuns como el Ejecutivo socialista anunciaron que buscarían el encaje legal para su implementación. Esta es la primera tentativa que se hace para cumplir con una de las reivindicaciones que con más insistencia piden los colectivos sociales de vivienda: evitar que la vivienda sea un vehículo de inversión.

Otra cuestión que está en el aire y con la que Junts también aprieta al Gobierno central es el decreto de vivienda. La propuesta no llegó al último Consejo de Ministros a finales de julio, como estaba previsto, por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El “difícil encaje parlamentario”, como lo describió el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha impedido en varias ocasiones que la medida avance y una de las cosas que tratan de hacer los socios de Gobierno es convencer a la formación independentista. Junts rechaza intervenciones en el mercado para regular precios, prioriza aumentar la oferta, exige blindar a los pequeños arrendadores y apuesta por rebajas fiscales a los caseros.

En abril, cuando decayó la prórroga de los alquileres por primera vez, el Ejecutivo trató de salvarla hasta el último momento, pero se encontró con un Junts poco dado a negociar. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado de su negativa inicial.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas y Junts a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones para tratar de sacar adelante el decreto de vivienda después del verano. 

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda. Por su parte, Junts se acerca al PP en lo que tiene que ver con el control de la crisis inmobiliaria, generando una pinza parlamentaria que al Gobierno no le será fácil sortear.

Europa se acerca poco a poco al invierno con unas reservas subterráneas de gas natural anormalmente bajas. Este viernes el almacenamiento medio de los 27 socios se situaba en el 58,1%, su menor nivel desde hace casi 20 años, con países en una situación realmente complicada como Alemania o Países Bajos, dos grandes consumidores de energía, cuyos depósitos están por debajo de la mitad. España es uno de los países que se desliga de este problema, con sus reservas por encima del 70% de capacidad.

La situación no coge a nadie por sorpresa porque los expertos llevan meses advirtiendo de que este año el mercado del gas estaría especialmente tensionado por la combinación de las guerras de Ucrania e Irán. La disponibilidad global de combustible es menor que otros años, lo que incrementa la competencia y los precios del gas natural. En esa pugna, las empresas gasistas europeas han decidido durante los últimos tres meses esperar a que los precios bajen para abastecerse, pero el verano avanza y el problema parece cada día más profundo.

Jaime Concha, experto en gas natural del medio especializado Energy Intelligence, opina que las energéticas apostaron por que la guerra de Irán se apaciguaría en verano, pero nada apunta a que vaya a ocurrir. "El mercado esperaba que el cierre del Estrecho de Ormuz se resolviese y bajase el precio del gas, pero eso no ha llegado. Cuanto más se extienda esta situación, más difícil será llegar al invierno con un buen aprovisionamiento en países como Alemania", valora el analista.

Posponer las compras de gas ha provocado, además, que el mercado de gas se encarezca todavía más a sabiendas de que la Unión Europea está cada día que pasa en una situación más comprometida. Antes del 1 de diciembre, los Estados miembros deben alcanzar un nivel de abastecimiento del 90% –puede reducirse al 80% si hay problemas de suministro o de precios–, lo que garantiza a los vendedores de gas que los países europeos terminarán por comprarlo tarde o temprano. Desde el 1 de julio, la cotización del gas holandés TTF, el de referencia en Europa, ya se ha encarecido un 30% hasta los 55 €/MWh, y los expertos creen que subirá todavía más.

No obstante, Concha matiza que este problema no se traduce directamente en un desabastecimiento de gas, puesto que los almacenes de gas estratégicos tienen una capacidad limitada que se complementa con compras constantes a lo largo del invierno. La reserva subterránea máxima que puede tener la Unión Europea es de 115.000 millones de metros cúbicos de gas natural, mientras que la demanda total de este combustible en 2025 fue de 340.000 millones de metros cúbicos, tres veces más.

"Unos bajos inventarios no significan de por sí una crisis de abastecimiento de gas en invierno. Son, más bien, una garantía, una ayuda para que los precios de la energía no suban demasiado si sufrimos una sucesión de olas de frío", valora Concha. La agencia Bloomberg calcula que desde al menos 2008 Europa no tiene un nivel tan bajo en sus inventarios de gas. A estas alturas del verano, en los últimos cinco años, los inventarios han estado de media al 75%, casi 20 puntos porcentuales por encima.

Los analistas especializados en gas natural también llevan semanas advirtiendo de que incluso metaneros que se dirigían a Europa –a Francia, por ejemplo–, se han desviado hacia Asia para vender allí su mercancía, dificultando aún más el rellenado. Es habitual en el mercado de materias primas que una venta se cancele y se dirija hacia un nuevo destino si un comprador supera la oferta inicial, y en este momento el precio que se paga en Asia por el gas natural supera al que ofrecen las compañías europeas.

Mientras tanto, la guerra en Irán parece seguir estancada, bloqueando indefinidamente el Estrecho de Ormuz, por donde salía a mar abierto el 20% del gas natural licuado (GNL) que consume el planeta y que principalmente iba destinado a Asia. En la Unión Europea, Italia es el país más vulnerable a este agujero porque un tercio del GNL que importó el año pasado provenía de Catar, un país que ha paralizado por completo sus exportaciones.

Antonia Syn, analista de gas en la consultora Rystad, escribió esta semana en una nota de prensa que "en estos momentos, los mercados del gas se ven sometidos a dos fuerzas opuestas: más demanda por las condiciones meteorológicas frente a una escalada de los riesgos geopolíticos". Mientras las olas de calor asolan Europa e incrementan la demanda de electricidad, la paralización de las conversaciones en Irán mantiene el abastecimiento global de gas en completa incertidumbre, presionando al alza el precio de este combustible.

La construcción y la agricultura han sido históricamente los sectores con mayor mortalidad por la dureza del trabajo, la falta de prevención de riesgos laborales y la exposición continua a agentes o materiales tóxicos. A estos problemas, advierten los expertos, se suma cada año con mayor intensidad el calor extremo, que afecta con más intensidad a estas profesiones al aire libre y con poca capacidad para adaptarse a las altas temperaturas.

Un caso de libro ocurrió el 23 de julio en Paracuellos del Jarama (Madrid), cuando un trabajador de 61 años sucumbió al calor mientras trabajaba en una obra industrial de la compañía Comsa, cavando una zanja para una construcción eléctrica. Una persona sexagenaria trabajando a pleno sol en un secarral, un día de aviso amarillo por calor, sometido a un intenso esfuerzo físico y sin prácticamente medidas de prevención.

"Tenían un tenderete con una lona para descansar del calor, eso no es una medida de prevención, no te sirve para enfriar el cuerpo", dice indignado en conversación con infoLibre Javier Pinilla, experto en salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la delegación de Industria de Madrid. Él mismo ha denunciado el caso a la Inspección de Trabajo para que se registre como una muerte en jornada laboral por una negligencia de la empresa. El parte del hospital, donde falleció tres días después, recoge literalmente "defunción por golpe de calor".

Pinilla afirma que en los últimos años ha aumentado la atención sobre los accidentes por calor debido a los picos de temperaturas puesto que los trabajos en el exterior son extremadamente vulnerables. "La prevención en fábricas cerradas es más sencilla porque la ley acota la temperatura que debe hacer en interiores, pero en exteriores no paramos de pegarnos con las empresas", asegura. "Las medidas desde arriba son 'párate si tienes calor', 'bebe mucha agua', 'busca una sombra'... pero eso es trasladar la responsabilidad al trabajador, no es una medida seria de prevención", añade.

Estas situaciones agregan un riesgo adicional a profesiones que ya sufren estructuralmente una mortalidad muy elevada. De los cuatro grandes sectores de la economía, la construcción ocupó el primer lugar con 10,94 fallecimientos anuales por cada 100.000 trabajadores entre 2015 y 2025, seguido de la agricultura, con una incidencia de 6,68. La media de mortalidad española en toda la economía es de 3,41 fallecidos por cada 100.000 empleados durante la última década, según las cifras recopiladas por CCOO. Además, las siete actividades con mayor índice de mortalidad han disparado el número de ocupados en 693.000 personas desde 2019, multiplicando el número de personas expuestas al riesgo.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en el sindicato UGT, exige que la Inspección de Trabajo multiplique la presión sobre los sectores más vulnerables, como el campo o la construcción, pero también sobre trabajos urbanos como la jardinería o el reparto en bicicleta. "La normativa es insuficiente para proteger a estos trabajadores. Hay que adaptar horarios, garantizar la hidratación y tener ropa fresca… pero eso a veces no es suficiente. En los días más duros, si hace falta, se debe paralizar el trabajo", afirma.

La agricultura es, junto a la construcción, el otro gran sector afectado por el calor. El trigo, la cebada, la uva o el garbanzo son algunos de los cultivos que se cosechan en verano, y aunque sea común adelantar las jornadas de trabajo, es inevitable que decenas de miles de agricultores se expongan a altísimas temperaturas. Por ejemplo, en agosto de 2025 falleció por un golpe de calor un temporero de 61 años en Alcarrás (Lleida), y en mayo de 2026 murió una temporera marroquí en Moguer (Huelva) mientras recogía la fresa.

Óscar Reina, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), denuncia que los jornaleros, a menudo inmigrantes que no tienen capacidad para rebelarse, y los que trabajan bajo los plásticos de Huelva o Almería llegan a exponerse a temperaturas de más de 50 ºC. "La clase obrera migrante está completamente indefensa. Faltan inspecciones de trabajo, falta poner la lupa sobre lo que pasa a diario, y nosotros hemos denunciado ya más de 400 tajos [como se llama a las fincas]. En realidad, las olas de calor son un problema más dentro de la explotación laboral sistemática que ocurre aquí", explica.

Patricia Ruiz, de UGT, también recalca que hay un vacío estadístico a la hora de contabilizar las muertes por calor, porque el año pasado solo se contaron cinco muertes por altas temperaturas en jornada laboral, y en 2024, solo una. "No es normal que haya ese vacío estadístico. Para que se cumpla la ley hace falta también contar con datos reales", valora la portavoz sindicalista. El Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos a las olas de calor el pasado verano, y los expertos en salud laboral asumen que muchos de ellos murieron trabajando.

El verano es un maratón para los trabajadores de muchos sectores, sobre todo para el de la hostelería y el comercio, que exprimen al máximo la temporada alta. Terrazas llenas, reservas a tope y el turismo en su momento dorado del año. También el empleo, que supera los 22,5 millones de afiliados y alcanza un nuevo récord impulsado por la entrada en el mercado laboral de 66.045 cotizantes más de nacionalidad extranjera y 24.318 de nacionalidad española, pone su granito en este periodo de actividad desenfrenada. Son precisamente el comercio, la hostelería y la sanidad los sectores que más personas incorporan durante estos meses, pero también aquellos donde la actividad frenética se nota más en las dinámicas de trabajo y las horas extra se hacen más visibles.

Aurora ha trabajado en varios restaurantes de la costa asturiana para sacarse un extra en verano. “Lo que te dicen es que hay que aguantar sin descansar, que hay que aprovechar el tirón, pero muchas veces estás agotada”, relata. “Ganas dinero, pero luego te pasas un mes en el fisio”, puntualiza. Las jornadas se alargan y las horas extra son la norma: “Te quedas por no dejar tirados a tus compañeros o porque no quieres quedar mal y quieres que te sigan llamando…”. Son dinámicas que se acentúan en los sectores con alta estacionalidad, que necesitan compensar el bajón de actividad en otras épocas del año, pero que atropellan los derechos laborales.

Este lunes el sindicato Comisiones Obreras emitió un informe en el que señalaba que cada semana 436.000 personas asalariadas realizan 2,54 millones de horas extra que no se pagan ni se compensan con descanso, un volumen equivalente a la creación de 68.000 empleos a jornada completa y que supone un coste de 3.378 millones de euros anuales. El dato es demoledor si además tenemos en cuenta que en España hay 2,3 millones de parados, según datos de julio.

En trabajos como la hostelería, con jornadas largas y un considerable desgaste físico, la cuestión cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que, según CCOO, los trabajadores de este sector realizan una media de 7,5 horas extraordinarias semanales no compensadas, un dato por encima de la media nacional (5,8 horas). El comercio, otro sector con un pico de actividad en verano, también está entre las ramas profesionales donde más se alarga de forma invisible la jornada: un 8,5% de las horas trabajadas de más no se compensan de ninguna forma.

“En la hostelería se ha normalizado la idea de que ‘sabes cuándo entras, pero no cuándo sales’. Los propios turnos ya incorporan un exceso implícito de jornada, la prolongación de los cierres de servicio no se compensa y no se respetan las condiciones pactadas en convenio”, explica a infoLibre Paco Galván, responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO. De hecho, señala que en época estival este problema se agrava: “En un país que ocupa las primeras posiciones mundiales en recepción de turistas y donde la actividad aumenta durante el verano, la realización de horas extras crece hasta el punto de que en la mayoría de los establecimientos se entienda como una práctica habitual”, concluye.

“En mi caso, no me importa tanto porque lo entiendo como un trabajo de paso, pero no me plantearía dedicarme a esto”, explica Aurora a infoLibre. La joven, de 27 años, prefiere no dar su nombre porque “aunque es un secreto a voces” –algo que corrobora Galván– puede suponerle un problema.

Sobre las causas, el delegado sindical alude a un modelo laboral que no se termina de ajustar a las cargas de trabajo que impone el sector: “Las plantillas no están dimensionadas en función del volumen de actividad necesario. Existe un abuso de la pseudocontratación parcial que afecta en gran medida a mujeres, jóvenes y personas migrantes, que han de alargar sus jornadas de forma habitual para poder finalizar los servicios”.

Otro grupo profesional que vive en los meses estivales un fuerte pico de actividad es el comercio. “El verano intensifica la presión sobre las plantillas, sobre todo en zonas de alta afluencia turística. Durante estas temporadas, las empresas aplican estrategias de ‘flexibilidad interna’ basadas en modificaciones de horarios a la carta y en la ausencia de conciliación, eliminando descansos a cambio de una disponibilidad total”, explica a infoLibre Eugenio Gámez, de la secretaría sectorial de comercio de CCOO. Gámez enumera mensajes como “debes acabar la tarea antes de marcharte” o “debes entrar antes para tenerlo listo”, que se transmiten a las plantillas y que en su opinión ahondan en la precarización en un periodo donde, precisamente, “el trabajo debería estar mejor planificado y mejor retribuido”, concluye.

Si atendemos a los datos de la Federación de Servicios de CCOO, el número de horas extras no pagadas realizadas semanalmente en el conjunto de este sector es de 243.917. “Las empresas que emplean estas prácticas lo convierten en una forma de adoctrinamiento. Se normaliza la extensión de la jornada por 'vocación' o ante la posible promoción dentro de la 'carrera profesional', cuando lo que realmente se produce es el impago del salario correspondiente y, por tanto, de su cotización”, protesta Gámez.

Además del coste que implican las horas de trabajo invisibles para los trabajadores, las estimaciones se traducen en datos económicos. “Las horas extras no pagadas en hostelería evidencian una situación de explotación laboral y fraude social a través de menores ingresos públicos en cotizaciones, IRPF e impuestos no pagados vinculados a los salarios no abonados”, protesta el representante de los trabajadores de la hostelería. “Esto hace que sí nos tengamos que plantear hablar de un término tan de moda en la actualidad como es el absentismo, pero en este caso de ‘absentismo patronal’”, concluye.

Tanto en el ámbito de bares y restaurantes como en el comercial, los dos representantes coinciden en que el problema es un modelo laboral instalado en dinámicas perniciosas. "Cuando estas horas se realizan de forma habitual, continuada y sin planificación, resulta evidente que deberían haberse consolidado como jornada ordinaria", protesta Gámez. O en su defecto, haberse traducido en un refuerzo de plantilla, pero no ha sido así.

A lo largo de este año, el Ministerio de Trabajo ha tratado de legislar en torno al registro de la jornada laboral para tratar de sacar a flote todas las horas extra que no se compensan; sin embargo, la propuesta permanece atascada. El ministerio que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz lleva meses tratando de que se aplique un registro horario digital e interoperable, al que tenga acceso directo Inspección de Trabajo, pero la propuesta no encuentra el camino para su aplicación.

Mientras tanto, los representantes de los trabajadores apuntan que la atención mediática sobre este hecho ha tenido cierta incidencia y la tendencia se ha corregido ligeramente. "En 2025 se observa una leve corrección, con una ligera reducción de las horas extraordinarias totales en el sector, pero el problema sigue siendo estructural. Las empresas han pasado de un modelo de 'horas extras masivas' a otro de 'adoctrinamiento disciplinar', basado en la parcialidad y en una disponibilidad y flexibilidad total 24/7", concluye el responsable de comercio.

El destino de la guerra de Irán cambia cada semana. El presidente estadounidense pasa de prometer bombardeos masivos sobre el país a asegurar, apenas un día después, que está a un paso de cerrar un pacto con Teherán. Este tira y afloja ha estabilizado el precio del barril de petróleo entre 20 y 40 dólares por encima de su precio a comienzos de año, sin que la demanda se haya resentido apenas, un panorama que ha disparado las ganancias de las grandes petroleras, entre ellas las españolas. 

Los márgenes de refino –la diferencia entre lo que una compañía paga por el crudo y lo que saca por vender el producto en las gasolineras–, se sitúan en niveles récord o casi récord por el encarecimiento de la energía y los recortes de producción, lo que supone una lluvia de dinero para estas empresas.

Repsol ganó en la primera mitad del año 2.202 millones de euros, superando en beneficio a todo 2025 y todo 2024. Estos resultados astronómicos se han repetido a lo largo de todo el sector petrolero. La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, ha ganado en solo seis meses 67.200 millones –si fuese un país, sería el 77.º del mundo con mayor PIB solo con esos beneficios–. La número uno de Estados Unidos, Exxon, multiplicó por dos sus ganancias; la británica Shell las duplicó; y la española Moeve incrementó sus beneficios un 41% respecto al año pasado. Todo ello mientras los hogares se empobrecen por la inflación y la crisis climática se intensifica.

Daniel Quigguin, investigador de T&E, una organización europea que promueve el transporte limpio, opina que estas crisis, que estrujan a la población, son siempre beneficiosas para las empresas. "Las petroleras salen ganando en cualquier crisis energética. Cuando un conflicto retira barriles del mercado, el precio al que los venden se dispara, pero el coste de extraer y refinar un barril no varía. Es una transferencia, directamente de los conductores, los transportistas y los hogares a un puñado de accionistas", señala a infoLibre. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) calcula que el margen de refino del petróleo, la principal herramienta para medir las ganancias de estos gigantes, se situó en julio en 18,90 dólares por barril de media para todos los tipos de crudo, y lleva rondando los 20 dólares desde marzo, justo después del inicio de la guerra de Irán y del cierre del Estrecho de Ormuz.

El margen de refino habitual está entre los cinco y 10 dólares por barril, y solo se registraron niveles ligeramente por encima de los actuales durante los peores meses de la crisis energética de 2022. Algunos tipos de crudo, como el ligero y dulce mediterráneo –uno de los que se procesa en España–, nunca antes habían sido tan rentables como en julio de 2026.

"La desconexión entre unos mercados de crudo aparentemente bien abastecidos y unos mercados de productos derivados ajustados impulsó un repunte de los márgenes de refino hasta máximos de cuatro años a principios de julio", se lee en el último informe petrolífero de la IEA.

El Banco Central Europeo confirmó la semana pasada que los márgenes de refino del sector petrolero están en niveles "casi récord" y espera que alcancen su pico este mes de agosto para luego comenzar a bajar suavemente durante los próximos meses, hasta llegar a la normalidad a finales de 2027. 

Repsol multiplica su rentabilidad en plena crisis

El mayor exponente español de este beneficio es Repsol, con un margen de refino declarado de 14 dólares por barril durante la primera mitad del año, que llegó a superar los 30 dólares en julio, una anomalía que ha disparado sus beneficios. El propio consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, sacó pecho durante la presentación de resultados del primer semestre, que tuvo lugar el 26 de julio, de que este indicador creció "un 137%" respecto a 2025.

Uno de los motivos que dio para explicar su semestre dorado es que la demanda de combustible es "resistente y muy sólida" pese al encarecimiento de los carburantes. La principal razón, según explicó, es que gobiernos de todo el mundo, entre ellos el español, han apoyado el consumo de carburante mediante subvenciones.

Sin embargo, mantener este apoyo millonario con dinero público es extremadamente caro y España ya está en retirada de estas ayudas, que empezaron siendo de 20 céntimos por litro, bajaron a 15 céntimos en julio, se mantienen en 10 céntimos por litro en agosto y descenderán a cinco céntimos en septiembre. No obstante, sigue vigente una cláusula para recuperar el descuento original de 20 céntimos si el precio del carburante sube un 15% respecto al año pasado, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística.

Rusia, más que el Estrecho de Ormuz

Sobre el contexto internacional, Jon Imaz citó que el conflicto de Oriente Próximo ha mejorado los beneficios de sus refinerías, pero cree que la guerra de Ucrania es todavía más importante. "Creo que Rusia podría ser incluso más importante que el Estrecho de Ormuz hoy en día para el mercado europeo, ya que probablemente entre el 45% y el 50% de las refinerías rusas están actualmente fuera de servicio, alrededor de 900.000 o 1.000.000 de barriles diarios de destilados", afirmó.

A la pérdida de producción en Rusia se suma el vacío que ha dejado el Golfo Pérsico, donde ha dejado de fluir una parte del crudo por el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, un punto por donde solía transcurrir el 20% del suministro mundial de petróleo. Este vacío de abastecimiento de crudo y productos refinados es el que ha permitido que las petroleras con capacidad para refinar la materia prima –Repsol opera cinco refinerías en España, más que ninguna otra empresa– ganen dinero en toda la cadena.

Más impuestos a las petroleras

La organización T&E es una de las múltiples voces que exige, como ya hizo en 2022, que las compañías energéticas paguen impuestos adicionales para compensar el gasto público que se destina a fomentar la demanda de combustible. España ya ha gastado, entre los dos decretos anticrisis (el de marzo y el de junio), 6.572 millones de euros, entre ayudas al carburante, la electricidad y el gas natural, tanto para la población general como para los sectores profesionales más afectados.

"Los gobiernos están optando por absorber esta crisis por sí mismos en lugar de pedir a las empresas que se benefician de ella que contribuyan. Se trata de una decisión política, y es una decisión equivocada. Esta no será la última crisis del petróleo y el gas. Lo que se necesita es un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios", opina Daniel Quigguin.

La regularización extraordinaria de migrantes que comenzó en abril y concluyó el pasado mes de junio ha impulsado con fuerza el mercado laboral, al menos si se atiende a los datos de la estadística oficial. El proceso se ha traducido en un total de 262.475 afiliados extranjeros a la Seguridad Social a finales de julio, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una incorporación al mercado de trabajo que se produce en tiempo récord y que ha elevado considerablemente las cifras de afiliación en España. Para los analistas y las asociaciones, esta entrada rápida en el ámbito profesional obedece a la demanda de mano de obra en algunos sectores como la hostelería o la construcción, pero también a que han emergido trabajadores que hasta el momento “habrían estado trabajando de forma irregular”, como señala un análisis de Funcas.

De estos 262.475 afiliados, 213.883 estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el 81,5% del total, mientras que 12.675 eran trabajadores autónomos (4,8%), 21.718 pertenecían al sistema especial de trabajadores agrarios (8,3%), 14.054 al del hogar (5,4%) y 155 al del mar (0,05%). Si miramos las cifras totales, en España trabajan 3,5 millones de personas con nacionalidad extranjera, 420.875 más que hace un año, lo que supone que este colectivo aporta un 15,6% del total de la fuerza laboral.

Si bien el proceso de regularización extraordinaria que propuso el Gobierno ya está cerrado, la tramitación está en curso para muchas personas que aún no han obtenido una resolución a su solicitud, por lo que el efecto de la medida se seguirá notando durante los próximos meses. Lo que sorprende es la velocidad a la que muchas de estas personas han logrado un contrato. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones apuntan a múltiples factores, aunque destacan la alta demanda en algunos sectores. Pero otras voces hablan de un afloramiento del empleo irregular.

El think tank Funcas señala que el acelerón en la afiliación con respecto a años anteriores puede explicarse precisamente por este fenómeno. “Podrían haber estado trabajando previamente de forma irregular. De hecho, esta aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha presentado en los últimos meses una tendencia a la desaceleración”, explican desde el área de Coyuntura de Funcas. De hecho, la evolución interanual en junio del empleo de extranjeros ha sido superior a la de los españoles por primera vez desde que hay registros.

Desde Accem, una organización sin ánimo de lucro que ha estado ayudando a muchas de estas personas en los trámites para adquirir el permiso de residencia, resaltan que este proceso ha contribuido a reducir la vulnerabilidad y a agilizar las gestiones, de ahí que muchas de ellas hayan llegado de forma casi automática a obtener un contrato. “La sensación que tenemos responde principalmente a dos realidades: personas que habían trabajado de forma irregular por la imposibilidad o falta de voluntad de hacerles un contrato y que ahora pasan a situación regular, con la consecuente cotización a la Seguridad Social; y la falta de mano de obra en muchos sectores como la agricultura, la hostelería y el sector servicios en general”, explican a infoLibre.

De hecho, en febrero de este año, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ponía en palabras la evidencia del trabajo irregular. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que se estima que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino también a pequeñas empresas de la construcción”, puntualizaba. Y es que la regularización es también una manera eficaz de propiciar que además de lograr un trabajo, este sea decente: "Una autorización de trabajo combate esa vulnerabilidad a la que están expuestas las personas migrantes y facilita el acceso a un trabajo en condiciones dignas", resume Carmen Ruiz, coordinadora estatal del área de Inclusión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Desde Accem explican que también han atendido dudas del lado de la patronal. “En muchos lugares de España en los que trabajamos, los empresarios nos preguntaban por la posibilidad de contratar a personas a las que atendemos, principalmente para estos campos laborales, por lo que creemos que el hecho de que estén regularizados ha hecho que muchos se incorporen rápidamente al mercado de trabajo”, concluyen.

Desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ponen el foco en el papel importante que juegan los trabajadores extranjeros a la hora de cubrir vacantes. “Muchas personas migrantes que ya se encontraban en España estaban a la espera de regularizar su situación administrativa para poder acceder a un contrato de trabajo”, señalan a infoLibre. “A ello se suma la demanda de mano de obra en determinados sectores con dificultades para cubrir vacantes, lo que ha facilitado una rápida incorporación al empleo una vez obtenida la autorización correspondiente”, concluyen.

La formación y el tirón estacional del verano en la hostelería o la agricultura —dos sectores de alta demanda— son otros dos factores importantes para explicar cómo algunas personas han logrado un contrato de forma relativamente rápida. Lo explica Ruiz, coordinadora de CEAR, quien apunta que, antes de obtener un permiso de trabajo, las organizaciones sociales empiezan a ofrecer formación e identifican nichos de empleo para que, cuando la cuestión burocrática se solventa, puedan optar a un contrato acorde con lo que han aprendido. "Nosotros, si la persona no tiene autorización de trabajo, no la derivamos a ninguna oferta, pero sí tratamos de formarla desde que llega, atendiendo a lo que ya sabe hacer y a los nichos de empleo que hay aquí", apunta. "Ese trabajo previo, que seguramente también realizan otras organizaciones, puede explicar la rápida incorporación de muchas personas migrantes al mercado laboral", añade.

Por otra parte, el tirón del empleo en verano en un país como España, con gran peso del sector turístico y de servicios, también puede estar favoreciendo esta incorporación. "Es importante tener en cuenta que es verano y hay más sustituciones y refuerzos de plantilla en sectores como hostelería, logística o agricultura, por lo que también existen más oportunidades de empleo", concluye Ruiz.

Las patronales CEOE y Cepyme llevaban tiempo reclamando la regularización y, con el objetivo de agilizar las contrataciones, han llegado a pedir acceso a los datos de los solicitantes para no contratar a personas cuyas peticiones terminen siendo desestimadas. Esto es así porque, con la mera admisión provisional de sus peticiones, los solicitantes pueden empezar a trabajar en cualquier empresa.

Por sectores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en el empleo por cuenta ajena. En concreto, en hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en agricultura, el 28,9%; en construcción suponen el 25,9%; en actividades administrativas el 18,6% y en transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el agrario, el 41,7%.

Que la vivienda es un problema fundamental para el bienestar de los españoles es algo en lo que coincide la mayor parte de la ciudadanía y del arco parlamentario. Lo corrobora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), situándolo como el principal problema de los españoles; lo muestra un malestar social creciente y un activismo en alza en torno al mercado inmobiliario y lo subrayan constantemente tanto la derecha como la izquierda. Sin embargo, cualquier medida al respecto, incluido el decreto sobre vivienda que plantean desde el Gobierno, termina chocando reiteradamente contra una pared. Primero, el rechazo de PP, Junts y Vox hizo decaer la prórroga de los alquileres que permitía extender los contratos y limitar las subidas de precios a los inquilinos; ahora, la nueva propuesta del Gobierno ni siquiera ha conseguido llegar al trámite parlamentario, ya que la falta de consenso para llevarla adelante era patente. Unos insisten en construir y bajar impuestos, mientras que para otros, sin intervenir el mercado y limitar las inversiones, nada se podrá hacer. Son los dos polos de un puzzle cada vez más difícil de armar.

La pasada semana, el real decreto de vivienda no llegó al Consejo de Ministros del martes como estaba previsto por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha sido uno de los principales promotores de la medida, lo reconocía en una entrevista a El País y aludía a la “difícil aritmética parlamentaria” como causa del retraso en la tramitación. Aunque matizaba que eso “no puede ser excusa para no aprobarlo” y señalaba que las conversaciones se retomarán en septiembre.

A un Partido Popular enrocado en medidas para fomentar la construcción y liberalizar suelo, pero poco dispuesto a intervenir los alquileres, se suma la disputa entre los dos extremos del bloque de investidura: Junts y Podemos. Los primeros rechazan intervenciones en el mercado para regular precios, priorizan aumentar la oferta y exigen blindar a los pequeños arrendadores; los segundos, en cambio, reclaman topar los precios del alquiler, limitar la compra especulativa por parte de fondos y blindar a los inquilinos.

Colocar todas las piezas de este rompecabezas se ha convertido en una tarea compleja que no termina de encontrar un final satisfactorio. En la negociación también entran otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que demanda regular los alquileres de temporada y cambiar la ley de suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos. Sin embargo, Podemos se opone frontalmente a esta medida que daría más margen a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. Ione Belarra, secretaria general de los morados, señalaba que esta medida supondría “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos” y a la especulación.

En esta última medida, los sindicatos de inquilinos y varias asociaciones ecologistas se alineaban con la formación morada para oponerse a cambios en la ley de suelo. “A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública”, lamentaban en una nota de prensa conjunta.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones después del verano. Para tratar de cuadrar el círculo, el decreto incluye medidas fiscales que benefician a los caseros a la vez que intenta añadir una prórroga de los alquileres y un IVA del 21% a los pisos turísticos. Sin embargo, las posturas no parecen acercarse, sino todo lo contrario.

De hecho, Sumar y PSOE también han tenido discrepancias serias al respecto, sobre todo en lo relativo a rebajar la fiscalidad a los caseros, aunque en esta ocasión la formación de Yolanda Díaz aseguraba a infoLibre que sus posiciones estaban mucho más próximas.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. Una situación que hace muy complicado abordar el problema desde un solo flanco, algo en lo que coinciden los expertos cuando apuntan a la necesidad de conjugar un parque de vivienda pública y protegida con un mayor ritmo de construcción. Sin embargo, esos matices parecen más complicados cuando se aborda el tema desde lo político y se aproximan unos comicios generales.

El Partido Popular ha permanecido al margen en estos meses de tira y afloja entre los socios de investidura, pero sus propuestas apuestan por acelerar la construcción y se alejan de cualquier tipo de intervención sobre el mercado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, señaló justo después de conocerse que se aplazaba el decreto, que la decisión era “una buena noticia para los españoles” ya que las medidas que contenía eran, en su opinión, “equivocadas”. Gamarra aprovechó también para insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir.

La propuesta de los populares en materia de vivienda se limita a los puntos expuestos el año pasado en la llamada Declaración de Asturias. Entre las propuestas que recoge el documento está promover más suelo finalista para construir, agilizando trámites y movilizando parcelas públicas; construir más vivienda en propiedad ofreciendo incentivos a promotores y constructores o flexibilizando el marco regulatorio y los perfiles demandantes para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO); crear más vivienda asequible en alquiler con construcción e incentivos fiscales; rebajar la fiscalidad de la vivienda con deducciones por compra, rehabilitación o en el momento de la transmisión. También propone derogar la ley de vivienda, en concreto, cuestiones como la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres.

Ninguna mención a limitar la compra especulativa o establecer un seguimiento y control de los precios del alquiler, como piden a la izquierda del arco parlamentario.

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda.

Con estos mimbres, un acuerdo en materia de vivienda parece alejarse a la vez que gana terreno una bronca política que mira de reojo ya a la campaña electoral de las próximas generales.

La grave crisis migratoria y humanitaria abierta en Ceuta no parece haber alterado, por el momento, la marcha de la Bolsa española. Mientras el Gobierno afronta las consecuencias políticas de lo ocurrido en la ciudad autónoma, el IBEX 35 ha abierto este miércoles con una subida del 0,37% y ha marcado un nuevo máximo histórico intradía cerca de los 20.100 puntos.

Los inversores han centrado su atención en factores internacionales, especialmente en la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y en la consiguiente caída del precio del petróleo. Así, el principal índice español ha alcanzado en los primeros compases de la sesión los 20.096,8 puntos y acumula una revalorización del 16,11% desde comienzos de año.

El nuevo máximo llega después de que el IBEX 35 cerrara el martes por primera vez en su historia por encima de los 20.000 puntos. El selectivo avanzó un 0,21%, hasta los 20.023,6 enteros, y encadenó su segundo récord de cierre consecutivo en agosto.

La Bolsa española ya había superado los 20.000 puntos durante las primeras horas del martes, aunque perdió momentáneamente esa cota por la subida del petróleo, que llegó a alcanzar los 86,33 dólares por barril.

La tendencia cambió tras conocerse la posibilidad de un acuerdo para restablecer el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó que Washington y Teherán podrían alcanzar un pacto de manera inminente.

Las noticias provocaron una fuerte bajada del crudo. Al cierre de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, retrocedía un 3,94%, hasta los 80,47 dólares, mientras que el petróleo estadounidense WTI caía un 4,4% y rondaba los 77 dólares.

La relajación de los precios energéticos impulsó también al resto de las principales bolsas europeas. Milán avanzó un 1,26%; el Euro Stoxx 50, un 0,94%; Fráncfort, un 0,77%; París, un 0,61%; y Londres, un 0,2%.

Wall Street abrió igualmente con ganancias. Al cierre de los mercados europeos, el Nasdaq subía un 2,05%; el Dow Jones, un 1,64%; y el S&P 500, un 1,43%.

Dentro del IBEX 35, ArcelorMittal encabezó las ganancias del martes con un avance del 4,3%. Por detrás se situaron Amadeus, que subió un 2,21%, y Sacyr, con un 1,77%.

En el lado contrario, Acciona cayó un 7,18% después de que una sociedad vinculada a la familia Entrecanales Franco colocara 1,65 millones de acciones de la compañía, equivalentes al 3% de su capital. Acciona Energía perdió un 2,62% y Endesa, un 1,45%.

En otros mercados, el gas natural europeo TTF bajó más de un 4%, hasta los 55,5 euros por megavatio hora. El euro se mantuvo prácticamente estable frente al dólar, mientras que el oro y la plata avanzaron. El rendimiento del bono español descendió hasta el 3,532%.

“Cada mañana, antes de comenzar la tarea, todos los trabajadores realizamos un briefing en nuestras zonas correspondientes con los supervisores. Se repasan medidas de seguridad, te dicen que el cuerpo es lo primero, todo muy bonito… La primera vez que lo ves te quedas alucinado porque todo parece maravilloso, hasta que los mánagers empiezan a deslizar determinados mensajes”, señala un empleado de uno de los centros logísticos de Amazon. “Intentad ir poco al servicio, pedid permiso antes de ir, vuestro tiempo de inactividad ha aumentado, acudid a la empresa si tenéis alguna reivindicación…”, enumera. Es un "capitalismo arcoíris", como lo llama Jaime Caro en su libro Infiltrados en Amazon y Starbucks, que muchos trabajadores han comenzado a percibir a medida que la tecnología gana peso en algunas multinacionales.

Amazon podría ser un país en sí misma. A nivel global tiene alrededor de un millón y medio de trabajadores, y en Estados Unidos (EEUU) es el segundo mayor empleador después de Walmart. En España, este gigante estadounidense obtuvo el año pasado un beneficio de 290 millones y facturó más de 9.000 millones de euros en las siete filiales que tiene registradas en territorio español. Su actividad es muy diversa: desde centros logísticos a trabajo en oficinas, reparto o consultoría, y da trabajo fijo a alrededor de 28.000 personas.

Sin embargo, la multinacional siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, vigilancia constante de los trabajadores o una política antisindical marcada. De hecho, en EEUU la multinacional había invertido años atrás más de cuatro millones de dólares en consultoría antisindical, según cuenta Caro en su libro. Y es que la compañía habría exportado, además de un engranaje logístico envidiable, algunas prácticas laborales que los sindicatos llevan tiempo reclamando.

Santiago M. Sánchez es secretario de Comunicación de la sección sindical de CCOO en Amazon Fulfillment, ha trabajado en varias sedes de la compañía y ahora está instalado en un centro logístico de Asturias. Para él, una de las cuestiones más problemáticas es el seguimiento que se hace de la actividad de los empleados y las consecuencias que eso puede llegar a tener en la salud física y mental. "Uno de los principales problemas es la falta de transparencia. La plantilla sabe, o al menos intuye, que su actividad se mide constantemente mediante distintos indicadores de productividad, calidad, tiempos de trabajo o periodos de inactividad, pero desconoce cómo se calculan esas métricas, qué datos se tienen en cuenta y qué consecuencias concretas pueden tener", señala.

Otra persona que conoce de cerca el sistema, aunque en este caso en el área de oficinas y contact centers, lo corrobora. “Es un modelo muy americano, han conseguido que todo sea una métrica verificable y en la parte de consultoría te encuentras con esa mentalidad de tiburones: chicas diciendo que no quieren planes de igualdad para nada o discursos del tipo ‘no queremos derechos, queremos promociones'”.

En el trabajo de logística todo está medido, todos los tiempos del trabajador desde que entra hasta que se marcha de las instalaciones. Y esas métricas, señala Sánchez, generan dinámicas laborales tóxicas, ya que el trabajador desconoce cómo se obtienen y solo recibe la información que sus supervisores le dan.

“Llega un mánager, siempre con una sonrisa por delante, y te dice que vas por debajo de la media. Otra frase habitual es que tu productividad no es suficiente o que tus números no son buenos, o que tienes demasiado tiempo improductivo. Pero en cuanto preguntas cuál es la media y cómo la calculan, te dicen que esos datos no te lo pueden facilitar”, señala Sánchez.

No es un trabajo por objetivos, ya que no aparecen estipulados, ni se pueden negociar con la empresa, lo que dificulta que el empleado pueda responder cuando su evaluación es negativa. “Un trabajador puede no haber descargado el número de paquetes que ellos estiman que debería debido a que no es lo mismo mover cajas de bolígrafos que un paquete pesado o voluminoso”, apunta, “pero como eso no te lo dicen, ni siquiera te puedes defender”, concluye. De hecho, señala que en algunos de sus encuentros sindicales internacionales otros trabajadores afirman que en países con legislaciones más laxas era la propia aplicación de seguimiento la que generaba automáticamente las cartas de despido.

"El algoritmo puede marcar ritmos de trabajo, identificar supuestos tiempos improductivos, comparar rendimientos o influir en evaluaciones y procesos disciplinarios, pero resulta muy difícil conocer su funcionamiento y poder detectar, discutir o corregir posibles errores", explica Sánchez. Él lo llama “la política del miedo”, porque ha visto cómo eso genera situaciones de agotamiento y estrés constante. "Trabajar sometido de forma continua a determinados ritmos, objetivos y controles puede generar presión, ansiedad, fatiga física y una sensación permanente de vigilancia", concluye el representante.

El efecto de trabajar bajo los parámetros de un algoritmo que calcula métricas y mide en abstracto, sin los matices de las circunstancias que pueden afectar a un trabajador en un día cualquiera, es una de las cuestiones que desde el ámbito sindical intentan redefinir como un riesgo laboral. El sociólogo francés, Dominique Cardón, lo advertía así en su libro Con qué sueñan los algoritmos: “Aún hay tiempo para decirles a los algoritmos que nosotros no somos la suma imprecisa e incompleta de nuestros comportamientos”.

“Si no sabes qué es lo que esperan que hagas, no puedes equilibrar las fuerzas y siempre vas al límite. En una empresa, si un día te piden que eches el resto, puedes decidir hacerlo porque al final quieres que a tu empresa le vaya bien, pero si todos los días te dicen que tienes que trabajar como si fuese el fin del mundo, terminas destrozado”, concluye.

Si en la logística el tiempo es oro para Amazon, en el ámbito de oficinas pasa lo mismo, aunque de diferente manera. “La inteligencia artificial y la deslocalización son los dos grandes problemas”, señala Erick Carrión, responsable de CCOO en el sector de Contact Center de Amazon.

Un trabajador del área de oficinas que prefiere no dar su nombre, explica cómo la presión de la inteligencia artificial sobre los trabajos ha exacerbado el ambiente de competitividad. “Te piden que seas competitivo o te dan unas métricas en las que pone que estás siendo poco proactivo. Cosas muy etéreas que no queda muy claro cómo interpretar”, explica. “Sería mucho mejor que te dijeran directamente que te quieren despedir. Con esas métricas te ofrecen irte o te meten en un proceso de mejora donde se produce una ‘carrera de ratas’ por no ser el último”. El problema, explica, es que si un equipo tiene un 85% de cumplimiento y eso está dentro de los parámetros adecuados para la empresa, quienes estén más abajo en ese equipo, aunque estén cumpliendo, están expuestos. “Como alguien tiene que quedar el último, es muy común en este mundillo que la gente termine con ansiedad y depresiones aunque esté trabajando bien”, concluye.

Erik Carrión ha participado en la creación de la mayoría de comités que han ido apareciendo en su área en España. Los comienzos, apunta, fueron duros, sobre todo en una compañía con una mentalidad tan individualista en lo que a la negociación se refiere. “En los últimos dos años hemos hecho diez comités nuevos de la parte de oficinas y unos 100 delegados sindicales”, señala. Explica que al principio fue más complicado poner sobre la mesa la tarea sindical, pero que ahora las relaciones se han normalizado y actúan “como cualquier gran compañía”. Aunque eso sí, la enorme burocracia y la necesidad de que “todo pase por Seattle” ralentizan enormemente la tarea, matiza. Sánchez, que también puso la primera piedra para la representación sindical en el ámbito de la logística, coincide en el análisis, y señala que la gente poco a poco "ha ido perdiendo el miedo" a sindicarse.

Trabajar para un algoritmo o para alguien que solo responde a las métricas es una de las cuestiones centrales que se están tratando de incluir en los planes de riesgos laborales, aunque la velocidad a la que cambia la tecnología y los modelos de negocio no lo pone fácil.

Este periódico se ha puesto en contacto con Amazon y fuentes de la compañía señalan que los empleados "trabajan en un entorno moderno y seguro, bajo los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo". Si bien no explican nada relacionado con la operativa y la opacidad de los algoritmos de seguimiento, insisten en que la infraestructura e instalaciones de sus centros logísticos "están diseñadas para garantizar un entorno laboral seguro".

“La organización del trabajo en una empresa como Amazon es impresionante desde el punto de vista productivo. El problema surge cuando esa tecnología se utiliza para ejercer un control salvaje de los trabajadores”, resume Santiago Sánchez. El riesgo, añade, es que los empleados acaben reducidos a un engranaje más del sistema. Ya lo decía Dostoyevski en sus Apuntes del subsuelo: quizá un día los hombres tendrían que convencerse de que son hombres “y no un teclado de piano”. También habría que convencer a Amazon.