La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) del Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado al nuevo director general de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), Miguel Ángel Fontán, su posición sobre el concurso que debe fijar el modelo de medición de audiencias digitales en España a partir de 2027. El documento, firmado el pasado jueves por José Manuel Nevado, responsable de Comunicación Institucional de Moncloa, plantea que el sistema que resulte del proceso no puede seguir tratando el volumen de audiencia como el indicador central de eficacia. Hacerlo, argumenta el texto, supone medir el ruido en lugar de medir el impacto.

El escrito del Gobierno llega una semana después de que Fontán tomara posesión del cargo. Su predecesor, Carlos Lozano, dejó la AIMC en pleno proceso de licitación tras más de 15 años al frente de la asociación. El concurso, convocado por la AIMC junto con la AEA y la IAB Spain, tiene dos candidatos en liza —GfK y Comscore— después de que Nielsen quedara descartado por no cumplir los requisitos del pliego. La resolución está prevista para este mes de junio.

Es una respuesta a una petición de opinión por parte de la AIMC y no tiene capacidad de condicionar su decisión. No obstante, sí marca una posición muy relevante por parte de un actor central del ecosistema mediático, del que dependen cada año la distribución de millones de euros en publicidad institucional.

El documento de Nevado, al que ha tenido acceso infoLibre, toma como punto de partida el comunicado que publicó el Club Abierto de Editores (CLABE) el 11 de mayo, en el que los editores advertían de los riesgos de integrar el tráfico procedente de redes sociales con el que generan los activos editoriales propios. La Secretaría de Estado comparte ese diagnóstico de partida, pero lo amplía hacia una pregunta más amplia: qué mide exactamente el sistema cuando computa una “impresión” publicitaria.

La respuesta que da el texto es que los sistemas actuales no distinguen entre un lector que pasa tres minutos leyendo un reportaje sobre una prestación social y un transeúnte que cruza frente a un panel digital sin reparar en él. Ambos computan igual. Para el Gobierno, esa equiparación tiene consecuencias directas sobre la eficacia del gasto público en comunicación institucional. “Un sistema de medición que los trate como equivalentes no está midiendo la eficacia de la comunicación; está midiendo el ruido”, subraya el escrito remitido a la AIMC.

El núcleo del argumento de Nevado descansa en una clasificación de los objetivos comunicativos de las administraciones públicas que distingue tres categorías. Las campañas de información persiguen que la ciudadanía comprenda una política pública, un nuevo derecho o un cambio normativo. Las campañas de cambio de comportamiento buscan modificar hábitos: conducción, vacunación, consumo energético, prevención de la violencia de género. Las campañas de llamada a la acción intentan que el ciudadano realice un trámite concreto en un plazo determinado.

En ninguno de los tres casos, sostiene el texto, el número de personas expuestas al mensaje es un indicador suficiente de si la campaña ha funcionado. Una campaña de seguridad vial que llega a 20 millones de personas, pero no modifica el comportamiento de ninguna es un fracaso, aunque sus métricas de audiencia sean impecables. El éxito, en esos casos, se mide por comprensión, por cambio de actitud o por tasa de conversión. Ninguna de esas variables la captura el sistema actual.

El documento introduce además un argumento técnico que va más allá del debate sobre plataformas: la relación entre audiencia e impacto no es proporcional. Duplicar el número de personas que ven un anuncio no duplica el efecto del anuncio. El impacto depende de variables que el volumen no registra: la atención real del receptor, la comprensión del mensaje, la credibilidad percibida de la fuente y la profundidad del procesamiento cognitivo.

El texto cita como ejemplo una campaña sobre una nueva ley de vivienda. Un reportaje televisivo de tres minutos puede transmitir condiciones de acceso, plazos y requisitos documentales con suficiente detalle como para que el espectador actúe. Un vistazo a un soporte publicitario urbano y digital situado en una marquesina de autobús no puede transmitir esa misma información, aunque el panel registre miles de impactos diarios. 

Tratarlos como equivalentes, argumenta el Gobierno, no produce información útil para decidir cómo distribuir el presupuesto de una campaña. Produce justificaciones para decisiones ya tomadas.

“En el ámbito de la publicidad institucional”, explica el documento, “donde el dinero invertido es dinero público y los objetivos son de interés general, la diferencia entre medir el ruido y medir el impacto no es una cuestión académica: es una cuestión de responsabilidad democrática".

La Secretaría de Estado propone que el nuevo sistema incorpore tres variables que los modelos actuales ignoran. La primera es la afinidad entre el mensaje y el perfil del receptor. Alcanzar a un millón de personas del público objetivo de una campaña sobre ayudas al alquiler para jóvenes es más eficaz que llegar a diez millones de personas de perfil aleatorio, pero el sistema basado en el volumen trata el segundo escenario como diez veces mejor que el primero.

La segunda variable es el contexto editorial. El documento precisa que cuando habla de “línea editorial” no se refiere a la orientación política del medio, sino a su especialización temática y a la disposición cognitiva de su audiencia. Un medio especializado en salud es un contexto más receptivo para una campaña de vacunación que una red social donde el usuario consume contenido de ocio.

La tercera variable es la compatibilidad entre el mensaje y el entorno en el que se inserta. El texto señala que cuando un anuncio institucional aparece en un contexto editorial que contradice su contenido, no solo pierde eficacia, sino que puede resultar contraproducente. Una campaña de prevención de la violencia de género en un entorno que trivializa la violencia, argumenta el documento, puede ser ofensiva para las víctimas y corrosiva para el objetivo de la campaña.

El escrito de Nevado se detiene especialmente en el riesgo de lo que denomina medición transmedia indiferenciada: la suma de todos los puntos de contacto de un usuario con un mensaje a través de diferentes medios y plataformas, sin distinguir la naturaleza de cada uno. Una lectura de tres minutos, un story visto durante un segundo, un clic accidental en un enlace patrocinado y una impresión de un banner que el usuario ni siquiera ha procesado conscientemente no generan el mismo impacto. “Producirá cifras más grandes y más detalladas, pero no producirá mejor información para la toma de decisiones“ advierte la SEC a la AIMC.

Para el Gobierno, esto tiene una dimensión específica que va más allá del mercado publicitario. Cuando una administración pública necesita justificar una decisión de gasto ante un órgano de control, un sistema que suma todos los puntos de contacto sin distinguirlos permite presentar cifras de alcance impresionantes aunque la campaña no haya cumplido ninguno de sus objetivos. 

El texto del responsable de Comunicación Institucional aborda también un argumento que circula con frecuencia en los debates sobre publicidad institucional: que el reparto de publicidad pública debe servir también para sostener la viabilidad de los medios pequeños y locales. El Gobierno reconoce que esa función es legítima. Pero sostiene que mezclar ese objetivo con el sistema de medición perjudica a los dos.

Si las administraciones quieren apoyar la pluralidad del ecosistema mediático, deben hacerlo mediante instrumentos específicos —subvenciones, ayudas a la digitalización, beneficios fiscales—, no distorsionando los criterios de asignación publicitaria. Un sistema diseñado para hacer las dos cosas a la vez no hace bien ninguna.

La posición del Gobierno no llega en el vacío. El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026 y pendiente todavía de aprobación definitiva antes de ser remitido al Congreso, obliga a que los medios que quieran optar a publicidad institucional utilicen sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024. El artículo 23 del EMFA exige que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales y que publiquen sus metodologías.

El documento de Nevado conecta esa arquitectura legal con el debate metodológico. Sin un sistema que mida el impacto real y no solo la exposición, argumenta, toda esa legislación se queda sin los instrumentos necesarios para cumplir su función. El estándar que fije el concurso de la AIMC será la base sobre la que descanse la distribución de publicidad pública en España durante los próximos años.

El escrito propone cinco dimensiones que debería incorporar el nuevo sistema. La profundidad de la exposición, que distinga entre formatos que permiten un procesamiento cognitivo sostenido —lectura, visionado, audio— y formatos de exposición superficial. La afinidad entre el mensaje y el público objetivo real de la campaña. La coherencia entre el entorno editorial y el contenido del mensaje. La capacidad informativa del formato, es decir, si el soporte puede transmitir información compleja o solo consignas breves. Y, por último, indicadores de resultado: comprensión del mensaje, recuerdo, intención de acción, acción efectiva.

El documento reconoce que muchos de esos indicadores ya se miden en investigaciones ad hoc de eficacia publicitaria. El problema es que no forman parte del sistema estándar de medición del mercado y, por tanto, no se aplican de forma sistemática a las decisiones de planificación de medios.

El concurso que debe resolverlo está a punto de cerrarse. El contrato con GfK, prorrogado para cubrir todo 2026 mientras se completaba el proceso, expira a final de año. El modelo que lo sustituya determinará qué cuenta y qué no cuenta en el mercado publicitario digital español hasta al menos 2030.

Alberto Núñez Feijóo aseguró este martes en una entrevista en Telecinco que uno de los efectos que tendría un cambio de gobierno, consecuencia de una eventual moción de censura exitosa, sería que Pedro Sánchez “dejaría de tener RTVE para tener el NO-DO 24 horas”. El líder del PP incluyó el relevo de los directivos al frente de los medios públicos entre las medidas que quiere tomar como presidente provisional antes de ir a elecciones, en el caso de que Vox, UPN, Coalición Canaria y cuatro diputados más —que quiere conseguir en las filas del PNV o en las de Junts— apoyen una hipotética votación para ponerle a él en La Moncloa. Entre otras instituciones que quiere cambiar citó también la Fiscalía General del Estado y el CIS.

Completar ese objetivo, sin embargo, no es tan sencillo. Ni tan rápido. Para poner fin al mandato del actual presidente de RTVE, José Pablo López, y al de los miembros del consejo de administración, el PP solo tiene una posibilidad: impulsar la aprobación de una reforma de la ley vigente que regula los medios públicos.

El primer obstáculo es que a Feijóo no le bastan sus aliados tradicionales —Vox, UPN y Coalición Canaria—. Necesitaría el respaldo del PNV o de Junts, o por lo menos su abstención, para validar una reforma de la ley vigente, reformada por última vez el 29 de octubre de 2024.

El segundo es mucho más difícil de superar. El mandato del actual presidente y de los miembros del consejo de administración es de seis años, lo que significa que no expira hasta diciembre y noviembre de 2030, respectivamente. Es decir, apenas unos meses antes de que acabe la próxima legislatura.

Sin la abstención, al menos, del PNV o de Junts, Feijóo no podrá cambiar la ley para destituir a López y modificar la relación de fuerzas dentro del consejo. No podrá hacerlo, al menos, hasta que, en compañía de Vox, tenga mayoría absoluta en el Congreso, lo que, si llega a suceder, previsiblemente no ocurrirá hasta dentro de un año, cuando se celebren las elecciones generales según el calendario de Pedro Sánchez.

Lo que el PP no parece haber tenido en cuenta, a la vista de las declaraciones de Feijóo en Telecinco, es que, aun así, no podrá reformar la ley para cambiar a la cúpula directiva de RTVE sin violar la legislación europea, que prohíbe expresamente ese tipo de maniobras, precisamente para garantizar la independencia de los medios públicos.

Este es el escollo jurídico más directo. El artículo 5.2 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) establece que los procedimientos para el nombramiento y el cese de los directivos de los medios públicos deben tener por objeto garantizar su independencia. La norma está en vigor desde el mes de agosto del año pasado y, de acuerdo con ella, los responsables de gestión y los miembros del consejo de administración deben nombrarse siguiendo procedimientos transparentes y con criterios definidos de antemano. Y solo pueden ser destituidos antes de que termine su mandato —esta es la parte decisiva— en circunstancias extraordinarias, que no incluyen un cambio de mayorías políticas en el Congreso de los Diputados.

Modificar la ley para que el relevo sea posible no sortea esa prohibición: la vacía. Un Estado miembro no puede rediseñar su legislación nacional para eludir un reglamento europeo que es de aplicación directa. El principio de primacía del derecho de la Unión Europea, establecido por el Tribunal de Justicia de la UE, significa que, cuando una norma nacional contradice un reglamento europeo, prevalece el reglamento. Siempre.

Lo que el PP quiere presentar como regeneración institucional sería, en términos jurídicos, una infracción del reglamento al que sus propios eurodiputados dieron el ‘sí’ en el Parlamento Europeo. Si la Comisión Europea detecta que una reforma legislativa nacional lo contradice, puede abrir un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

De hecho, la EMFA blinda la permanencia del actual presidente y del consejo de administración hasta finales de 2030. De manera que Feijóo, aunque consiga llegar a La Moncloa en las próximas elecciones, tendrá que convivir con una RTVE que no podrá controlar durante casi toda la próxima legislatura. O desafiar a la Unión Europea, como hizo la Hungría de Viktor Orbán, y poner fin a su mandato mediante una reforma legal que supondría una violación flagrante de la legislación europea y de las normas del Estado de derecho de la Unión.

RTVE, con cifras de audiencia y una influencia social cada vez mayor, se ha convertido en el último año en una de las obsesiones de Génova. Incapaz de forzar la caída de la actual dirección por procedimientos legales, el PP puso en marcha una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, una iniciativa que, sobre el papel, supone también un incumplimiento flagrante del Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La de RTVE es una más de las muchas comisiones de investigación que el PP ha activado en la Cámara Alta, aprovechando que allí tiene mayoría absoluta para hacer lo que le plazca, con el objetivo de cuestionar así al Gobierno.

Su objeto formal es la gestión directiva, financiera y patrimonial de la corporación, que es un terreno perfectamente fiscalizable a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE que el Senado comparte con el Congreso y que, todos los meses, examina la actuación de los medios públicos. Su función es velar porque el medio cumpla su misión de servicio público y sea viable económicamente.

El problema está en que la comisión de investigación sobre RTVE situó entre sus objetivos cuestionar la línea editorial de los informativos y los programas que emiten TVE y RNE, que el PP considera al servicio del Gobierno. No se trata solamente de investigar contratos, presupuestos o supuestas irregularidades en la gestión. Lo que pretenden es cuestionar qué noticias se emiten y cómo se enfocan. Y ahí empieza el conflicto legal con la EMFA, que prohíbe expresamente que un poder del Estado —y el Senado lo es— cuestione la línea editorial de los medios públicos.

Hay una consecuencia de este tipo de presiones, bien conocida en la literatura académica: el chilling effect, o efecto disuasorio. La sola amenaza de tener que comparecer ante una comisión parlamentaria para explicar por qué se eligió un enfoque informativo y no otro basta para que los periodistas empiecen a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar menos conflictivo. Ese proceso silencioso ocurre antes de que la comisión emita ninguna conclusión, antes incluso de que cite a nadie.

La propia RTVE lo denunció el mismo día del anuncio de la comisión. La corporación invocó el artículo 4.2 de la EMFA, el que prohíbe que los organismos estatales “interfieran o traten de influir” en las decisiones editoriales de los medios públicos. La iniciativa “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, advirtió.

Al mismo tiempo, el secretario general de la corporación remitió una carta a la CNMC —la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, encargada por ley de la supervisión de los medios audiovisuales públicos, pidiendo que analizara si la comisión constituía una interferencia en la independencia editorial y trasladara el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por la propia EMFA para vigilar el pluralismo en los medios.

Para entender la urgencia del PP basta con echar un vistazo a las cifras de audiencia de RTVE. La 1 cerró 2025 con una cuota del 11% de pantalla, su mejor dato en trece años, y el grupo RTVE en su conjunto alcanzó el 16,6%. RTVE fue el único de los tres grandes grupos que mejoró su cuota en 2025: subió 0,7 puntos mientras Atresmedia cedía 0,3 y Mediaset 0,4. En abril de 2026, el conjunto del grupo alcanzó el 17,8% de share, su mejor abril en catorce años.

Una televisión pública que crece mientras las privadas retroceden es un desafío para un PP que se siente amenazado por los profesionales de los informativos y quienes trabajan en los programas de actualidad —La Hora de La 1, Mañaneros 360, Directo al grano o Malas Lenguas—.

Imagina que tienes una panadería. Cada día entran 100 clientes que vienen a comprar el pan porque les gusta lo que haces. Pero resulta que Glovo reparte otros 500 pedidos tuyos cada jornada. ¿Eres una panadería con 100 clientes o con 600?

La respuesta es que depende de para qué. Si lo que quieres es que alguien pague un anuncio en tus envoltorios, querrás decir 600. Pero si un inversor quiere saber si tu negocio es sólido por la calidad de tu público —cuánta gente vuelve por su propio pie, cuántos te son fieles—, el número que importa es 100, porque los otros 500 dependen de que Glovo siga queriéndote. Si Glovo cambia sus reglas, si deja de promocionarte, te quedas sin esos clientes de un día para otro.

Con los medios digitales pasa exactamente lo mismo. Un periódico digital puede tener millones de visitas al mes, pero buena parte de ese tráfico llega desde Google, Facebook o TikTok. Si esas plataformas cambian su algoritmo —lo que hacen constantemente y sin avisar—, ese periódico pierde la mitad de su audiencia sin haber hecho nada mal.

Esta no es una metáfora académica. Es el problema concreto que tiene que resolver el concurso que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) fallará en junio, cuando elija a la empresa que medirá las audiencias digitales de los medios españoles a partir de 2027. Es una decisión técnica. Pero tendrá también consecuencias directas sobre qué periodismo sobrevive, quién recibe publicidad pública y cómo se controla que el dinero de los ciudadanos no acabe financiando a pseudomedios.

Los anunciantes necesitan saber a cuánta gente llega un medio antes de pagar por aparecer en él. Los medios, a su vez, precisan demostrar ese alcance para cobrar por el espacio. El sistema de medición de audiencias es la moneda que hace posible esa transacción. Si la moneda está mal fabricada —si mide cosas que no debería medir, o no distingue lo que debería distinguir—, todo el mercado queda distorsionado.

Durante casi una década, esa moneda la fabricó Comscore. En 2021 la relevó GfK DAM, pero su contrato expiró aunque sigue haciendo las mediciones a la espera de que la AIMC decida quién se va a ocupar del nuevo modelo a partir de 2027. Se presentaron tres candidatos: la propia GfK, Comscore —que vuelve a intentarlo— y Nielsen, que al final ha quedado fuera porque su proyecto no cumplía los requisitos fijados en el concurso.

Medir audiencias digitales es, en apariencia, más sencillo que medir las de la televisión. Un televisor necesita un aparato especial —el audímetro— instalado en casa para registrar qué canal se está viendo. En internet, cada visita deja un rastro. El problema es que ese rastro es tan abundante y tan fragmentado que resulta casi imposible de interpretar sin ayuda.

Un mismo lector puede entrar a un periódico desde el ordenador del trabajo, desde el móvil en el metro y desde la tablet por la noche. ¿Es un lector o tres visitas? ¿Cuenta igual si llega directamente escribiendo la dirección en el navegador que si llega porque un titular le llamó la atención en Instagram?

El sistema que se va a contratar tiene que responder a todas estas preguntas con un método que sea, al mismo tiempo, verificable, comparable entre medios distintos y suficientemente sencillo como para que los anunciantes puedan usarlo sin necesidad de un doctorado en estadística.

“Lo que está en juego”, explica a infoLibre Ana Isabel Rodríguez, profesora y experta en audiencias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), “es la definición del valor informativo en un entorno dominado por la distribución algorítmica y la influencia/dependencia de plataformas tecnológicas externas a los medios de comunicación, así como el valor de la atención en España”.

El pliego técnico que ha publicado la AIMC exige un modelo híbrido que combine dos fuentes de datos. Por un lado, etiquetas instaladas en el 100% de los sitios web que registran cada visita. Por otro, un panel de al menos 5.000 personas reales —seleccionadas para representar a la población española— que permitan humanizar esos datos: saber que detrás de esas visitas hay personas concretas, con edad, sexo y lugar de residencia. Sin ese panel, los números son solo tráfico. Con él, se convierten en audiencia.

Aquí es donde está el nudo del debate. Las plataformas tecnológicas —Google, Meta, TikTok— distribuyen contenido periodístico a escala masiva. Cuando alguien hace clic en un titular que le aparece en el muro de Facebook, esa visita llega al periódico y queda registrada como una más. Pero ese lector no ha buscado el periódico: ha encontrado un titular que le pareció interesante en un momento de desplazamiento infinito. No sabe ni el nombre del medio. Y si mañana Facebook decide que ese tipo de contenido ya no le interesa a su algoritmo, esa audiencia desaparece.

Los editores de medios, a través de una de sus asociaciones, CLABE, llevan tiempo denunciando que mezclar ese tráfico con el que llega de forma directa —el lector que escribe la dirección del periódico en el navegador, el suscriptor que abre el boletín— distorsiona el mercado. No porque un tipo de tráfico sea mejor que el otro en términos morales, sino porque tienen valores comerciales y estructurales completamente distintos. Y entre ellos, según fuentes consultadas por infoLibre, hay cierta preocupación porque acabe ganando el concurso el modelo de Comscore, al que atribuyen querer implantar el sistema de medición que menos les gusta.

Un anunciante que quiere llegar a lectores comprometidos con un medio, que confían en él y que lo buscan activamente, está comprando una cosa muy distinta a un anunciante que quiere impacto masivo en cualquier contexto. Si el sistema de medición mezcla ambos sin distinguirlos, el anunciante no sabe lo que compra. Y el editor no puede demostrar lo que vale.

“Ya está ocurriendo que hay medios que están contratando influencers que nada tienen que ver con sus contenidos para engordar sus métricas”, advierten las mismas fuentes.

La solución que propone el sector es técnicamente posible, pero cara: que el medidor sea capaz de desglosar, con un solo clic, de dónde procede cada parte de la audiencia de un medio. Cuánto es tráfico directo, cuánto llega desde buscadores y cuánto desde redes sociales. Que el número total exista —porque los anunciantes lo necesitan para comparar—, pero que ese número pueda desmontarse para quien quiera saber cómo está construido.

“La ventaja de este enfoque es evidente”, explica la profesora de la USC, “porque permite distinguir qué parte del consumo ocurre en los entornos controlados por el editor y cuál depende de plataformas externas como las redes sociales o los agregadores de noticias. Este sistema aporta trazabilidad, protege el valor editorial y ofrece una fotografía más precisa de la fortaleza real de cada medio”.

El principal beneficio, explica, “sería la transparencia”, porque permite al mercado “entender el origen real del dato y premiar la lealtad directa frente a la volatilidad del algoritmo de turno”. Porque la agregación pura “puede resultar devastadora para los editores de valor” al ocultar “la dependencia del medio respecto a plataformas externas, diluye la calidad de la atención y fomenta de forma indirecta el fraude de tráfico o el sensacionalismo enfocado a engordar artificialmente los datos”.

Es importante, añade Rodríguez, que cualquier métrica agregada pueda ser reversible metodológicamente para que el mercado pueda reconstruir cómo se compone exactamente el dato total y “que evite convertirse en una caja negra opaca”.

La medición de audiencias, además, ha dejado de ser un asunto que solo preocupe al mercado publicitario privado. Hay una razón concreta para que este concurso sea ahora una cuestión de interés general: el dinero de los ciudadanos.

“La medición de audiencias ya no es solo una cuestión estadística, sino que va a convertirse en un estándar estratégico. Una herramienta de responsabilidad pública que debe garantizar la pluralidad del ecosistema”, subraya la profesora Rodríguez. La transparencia en la medición de audiencias “no es solo una cuestión de eficiencia publicitaria, sino también de equilibrio competitivo, sostenibilidad del pluralismo mediático y gobernanza democrática del ecosistema digital”.

Las administraciones públicas —el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos— gastan cada año decenas de millones de euros en publicidad institucional: campañas de salud, avisos de trámites, información de servicio público. Ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y durante décadas ha ido a sitios que dependían, en parte, de la proximidad política del medio al gobierno de turno.

El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026, intenta cambiar eso. Establece que los medios que quieran optar a publicidad institucional deberán usar sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024 y se está desplegando progresivamente en todos los países de la UE.

La EMFA, en su artículo 23, obliga a que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales, y a que publiquen sus metodologías. La idea es que ni los gobiernos ni las plataformas puedan manipular el mercado fijando las reglas del juego a su conveniencia. Sin un sistema de medición fiable, toda esa arquitectura legal se queda sin cimientos.

El Comité Técnico Digital que evalúa las ofertas de las dos candidatas que quedan vivas —GfK y Comscore— incluye representantes de los grandes grupos de comunicación —Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento—, además de algún nativo digital —eldiario.es—, de agencias de publicidad como Publicis y Dentsu, y de la propia AIMC. Son los actores con más peso en el mercado, pero también los que tienen más recursos para adaptarse a cualquier sistema que se elija.

Los medios pequeños y locales carecen de representación directa en ese comité. Y eso importa, porque el coste del nuevo sistema no va a ser el mismo para todos. Acceder a los datos del medidor, integrarse técnicamente con sus herramientas, defender ante los anunciantes las propias cifras: todo eso requiere recursos que un periódico local de Jaén o un medio nativo digital de Galicia no tiene en la misma proporción que un gran grupo multimedia.

“La transparencia no puede ser un lujo que solo los grandes grupos puedan permitirse”, advierte la profesora de la USC consultada por infoLibre. “Debe ser la garantía básica de que cada lector, viva donde viva y consuma el medio que consuma, sea contado de manera justa y transparente”.

El pliego de condiciones del concurso convocado por AIMC menciona la necesidad de que los precios sean “asumibles”. Pero varios expertos del sector proponen ir más lejos y establecer tarifas progresivas según el tamaño del medio, para que el coste de acceso al sistema no actúe como una barrera que invisibilice a los medios más pequeños. Si un medio no puede pagar por los datos que le afectan, queda a merced de lo que el medidor decida publicar. Y si no puede verificar esos datos, no puede defenderlos ante sus anunciantes locales.

Hay además otra novedad en este concurso que merece atención: la AIMC ha incluido en el contrato la posibilidad de que, al finalizar el periodo, la propiedad del panel de medición pase a ser de la propia asociación, dejando al adjudicatario solo como gestor técnico. Una forma de que la industria española recupere el control sobre su propia infraestructura de datos, en lugar de depender indefinidamente de empresas privadas extranjeras.

Rodríguez advierte, en todo caso, sobre los peligros de un modelo que no priorice la calidad y la recurrencia del usuario. “El reto no consiste solo en elegir entre agregación o desagregación, sino en encontrar un equilibrio que permita combinar una visión integrada del alcance total con niveles suficientes de transparencia y auditabilidad”. 

Las presentaciones de las candidaturas tuvieron lugar en mayo. La resolución tendrá lugar en junio. Lo que salga de ese proceso marcará las reglas del mercado publicitario digital en España durante al menos tres años, prorrogables a cinco.

Así que no es exagerado decir que de esa decisión depende, en parte, qué medios podrán demostrar su valor ante los anunciantes y cuáles quedarán atrapados en la opacidad de un sistema que no podrán verificar ni cuestionar. Y, por extensión, qué tipo de periodismo tiene posibilidades reales de sobrevivir en España en la segunda mitad de esta década.

La panadería que solo existe porque Glovo la mantiene en el mapa no es la misma que la que tiene cola cada mañana. Que el sistema sepa distinguirlas no es un detalle técnico. Es la diferencia entre medir clics y conocer qué tamaño tiene el periodismo real.

El Gobierno tiene preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público y está a punto de enviarlo al Consejo de Ministros, pero las organizaciones de periodistas que lo han analizado comparten una misma inquietud: que la norma, bien intencionada en su diseño, no sirva para lo que dice que sirve. 

El texto establece que la publicidad de la Administración central no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público. Lo que no hace, y ahí está el problema, es tocar el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y ese es precisamente el dinero que más ata.

La norma deriva del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y del Plan de Acción Democrática, y llega con el respaldo formal de todas las organizaciones consultadas. Ninguna la rechaza. Pero el apoyo convive con un escepticismo que, en algunos casos, roza la desconfianza explícita hacia su eficacia real.

La asimetría territorial es el punto en el que coinciden todas las voces consultadas. El anteproyecto regula la publicidad del Estado central, pero deja intacta la que distribuyen las administraciones autonómicas y locales, que es donde se concentra históricamente la mayor capacidad de presión sobre los medios.

Joan Maria Morros, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, lo califica como "probablemente uno de los puntos más discutibles del anteproyecto". A su juicio, "no parece coherente establecer límites y mecanismos de control para la Administración General del Estado y no hacerlos extensivos, al menos en parte, a comunidades autónomas y administraciones locales", porque “esta diferencia puede generar estándares desiguales de transparencia y abrir la puerta a usos discrecionales de la publicidad institucional, especialmente en el ámbito local, donde los mecanismos de control suelen ser más débiles”.

Lorena Mejías, decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, apunta en la misma dirección, aunque añade un matiz sobre la arquitectura legal: cada comunidad autónoma tiene competencias propias sobre su publicidad institucional, y la norma estatal “sirve de base, pero siempre y cuando las normas autonómicas se ajusten a esa base”. El problema, dice, es que sin mecanismos estatales de garantía, las desigualdades territoriales son inevitables. “¿Puede haber en ese sentido desigualdades territoriales? Pues seguro que sí, seguro que se van a producir”.

Mejías va más lejos en su diagnóstico sobre los límites económicos. El techo del 35% puede sortearse con facilidad porque hay “un montón de formas de que las empresas de comunicación reciban dinero a través de las administraciones públicas mediante otro tipo de contrato”. No solo publicidad directa: “Puede ser a través de patrocinio, puede ser mediante organización de eventos, puede ser mediante jornadas de cosas que se inventan”. La conclusión es que una empresa puede respetar el límite del 35% en publicidad y seguir recibiendo fondos públicos por otras vías que la ley no cierra.

El límite del 35% es la medida más visible del anteproyecto y también la más cuestionada en su diseño técnico. María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), señala que el texto no aclara si ese porcentaje se calcula por cabecera o por grupo editorial, y que eso “es muy determinante, cambia mucho las cosas”. La APM ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) precisamente porque la norma le parece “imprecisa” en aspectos que condicionan su alcance real.

Rey enumera otras incógnitas que el anteproyecto deja sin resolver: quién sanciona, cómo sanciona, cuál es el régimen de excepciones para medios autonómicos y con qué criterio. “Exactamente no sabemos ni siquiera cuál es el régimen sancionador, si existe”, afirma. La presidenta de la APM reconoce que las asociaciones están siendo deliberadamente cautelosas porque el texto está en una fase muy inicial: “Estamos vigilantes, estamos pendientes, pero ahora mismo falta mucha concreción”.

El anteproyecto incluye además una excepción significativa: los medios con una facturación inferior a dos millones de euros y audiencia regional quedan exentos del tope. Esta cláusula, pensada para proteger a los medios pequeños, puede tener el efecto contrario: dejar sin regulación efectiva a buena parte del tejido de publicaciones locales que teóricamente más dependen del dinero público. 

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que ha presentado un documento formal de alegaciones, propone rebajar ese umbral de dos millones a un millón de euros, “al entender que el umbral actual supera ampliamente la facturación de buena parte de los medios locales que teóricamente se pretende proteger”.

Los periodistas gallegos proponen también que el límite del 35% se extienda a las administraciones autonómicas y locales, y que la ley incluya una reserva mínima del 25% del presupuesto de cada campaña para su difusión en medios que difundan información mayoritariamente en lenguas cooficiales. Galicia, recuerdan, sigue sin disponer de una ley autonómica propia de publicidad institucional.

Hay una cuestión que las organizaciones profesionales han identificado como especialmente sensible: el anteproyecto da preferencia a los medios de carácter informativo para recibir publicidad pública, pero no especifica quién determinará que un medio es informativo o no.

Mejías no oculta su irritación. “El Gobierno en su anteproyecto de ley identifica a los medios de comunicación informativos, es decir, da prioridad a los medios de comunicación informativos y determina cómo tiene que ser un medio informativo, pero no indica quién se va a encargar de determinar que un medio es informativo o no”. La decana andaluza señala que ese vacío se llenará con decisiones discrecionales de organismos que no tienen formación ni competencia específica en materia periodística, “habiendo como hay corporaciones de derecho público –como los colegios, que tienen esa capacidad– y a las que el Gobierno central sigue ninguneando de forma sistemática”.

El Col·legi de Catalunya también pone el acento en cómo se apliquen los criterios, más que en los criterios en sí. Morros advierte de que el límite del 35% puede convertirse en “un tope rígido que no tenga en cuenta la realidad del mercado ni la capacidad efectiva de los distintos medios para difundir campañas”, y que si se aplica “de manera mecánica, podría penalizar a medios con mayor audiencia o implantación, primando el reparto sobre la eficacia comunicativa”. Para el decano catalán, lo que importa no es el porcentaje en sí, sino que “su aplicación responda a criterios técnicos claros, transparentes y evaluables”.

Morros resume la posición de su organización con una frase que podría firmar cualquiera de las organizaciones consultadas: la nueva regulación “deberá aplicarse con criterio”, porque lo que está en juego “no es solo la eficiencia de la publicidad institucional, sino también el equilibrio del sistema mediático”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propio informe sobre el anteproyecto con una valoración globalmente positiva, pero con un enfoque que revela una prioridad diferente a la de las organizaciones de periodistas. Mientras estas se preocupan por la captura de medios y el pluralismo informativo, la CNMC pone el foco en la distorsión del mercado publicitario y la seguridad jurídica de las licitaciones. Son problemas distintos, y la diferencia de perspectiva es muy relevante.

El organismo regulador advierte de que el techo del 35% “no existe en la contratación pública” y puede convertirse en una barrera económica que impida a algunos medios presentarse a licitaciones una vez superado el umbral, “distorsionando la competencia”. Señala también que, al fijarse el límite sobre el grupo empresarial en su conjunto, se podría incentivar la creación de medios específicos para eludir el tope, “lo que vaciaría de contenido la regla”.

La CNMC propone que, si se mantiene el límite, el porcentaje se calcule por cada empresa del grupo, no por el grupo en su totalidad, y que se estudien “porcentajes máximos decrecientes por tramos de ingresos para evitar dependencias excesivas”. También critica la excepción para pequeños medios con audiencia concentrada en una o varias comunidades limítrofes, porque permite que esos medios lleguen al 100% de dependencia de la publicidad pública, mientras otros de igual tamaño pero con ámbito estatal quedan limitados al 35%. La CNMC lo considera “potencialmente discriminatorio”.

El informe también pone el foco en algo que el texto da por resuelto y no lo está: la definición de qué es publicidad del sector público. El anteproyecto habla genéricamente de "asignación de fondos públicos", pero el Reglamento EMFA europeo habla de "fondos públicos o cualquier otra remuneración o ventaja", incluyendo contratos de servicios, subvenciones, convenios y patrocinios. Si la ley española no cierra esa lista, las vías de elusión que ya señalaba Mejías quedan abiertas por defecto.

Sobre la obligación de que los medios comuniquen sus tarifas —que el anteproyecto convierte en precios máximos para la contratación pública— la CNMC advierte de que una interpretación rígida podría "favorecer el alineamiento de precios entre competidores y desincentivar descuentos y precios dinámicos". En su lugar, propone usar bandas o rangos en lugar de tarifas puntuales.

Finalmente, la CNMC pide recursos. Señala que ni el anteproyecto ni su memoria de impacto explican con qué medios humanos y organizativos se reforzará el organismo para asumir las nuevas funciones de supervisión que la ley le atribuye. Sin esa dotación, las obligaciones de seguimiento y control que la norma deposita en la CNMC quedan en el papel.

Sobre todo este debate pende una pregunta que las propias organizaciones de periodistas ya se hacen en voz alta: ¿llegará esta ley a aprobarse? La APM lo duda. Rey afirma que la asociación “sinceramente duda mucho, tal como está ahora mismo la legislatura, que vaya a poder salir adelante”. El anteproyecto aún debe superar algunos trámites, convertirse en proyecto de ley, pasar por el Congreso y el Senado, y recibir el visto bueno final.

Con unas elecciones generales que apuntan a la primavera de 2027, el margen para completar ese recorrido es estrecho. La legislatura no tiene tiempo ilimitado, y el anteproyecto todavía no es ni proyecto. Lo que hoy existe es una norma en construcción, con apoyo profesional condicionado, con reservas técnicas de la CNMC y con las principales brechas estructurales —la asimetría territorial, la elusión por vías alternativas, los vacíos en el régimen sancionador— pendientes de corrección. Si el Gobierno no acelera el trámite, la ley que debía poner orden en el reparto de la publicidad pública puede convertirse en la norma que nunca llegó a tiempo de intentarlo.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.

Una redacción publica un reportaje en Facebook o en X. Horas después, la publicación ha desaparecido. No hay aviso previo, no hay explicación, no hay nadie al otro lado que responda. No hay responsabilidad. Solo un mensaje automático que remite a las condiciones de uso. El medio puede reclamar, claro. Puede rellenar un formulario, esperar días, recibir otra respuesta automática. O no recibir nada. Eso, con distintas variantes, ha ocurrido a medios de toda Europa en los últimos años: desde cabeceras con décadas de historia hasta emisoras locales con una docena de periodistas.

Para cambiarlo, la Unión Europea hace tiempo que puso en marcha su capacidad de legislar. Y ahora las cosas ya han llegado al punto en el que las grandes plataformas tienen que responder. Es lo que declaró el pasado 22 de abril el Media Board de la Unión Europea, el organismo creado para velar por la independencia y la pluralidad del periodismo en el continente y en el que España está representada a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El texto celebra las directrices que la Comisión Europea aprobó el pasado 6 de febrero y urge a Meta, Google, TikTok, X y el resto de las grandes tecnológicas a que las apliquen “cuanto antes”. Esas directrices no son sugerencias: son las instrucciones concretas, punto por punto, que explican cómo deben construir las plataformas un mecanismo para que los medios de comunicación puedan identificarse como tales y quedar protegidos frente a borrados arbitrarios. La ley que los obliga lleva más de un año en vigor. El mecanismo todavía no existe en ninguna de ellas.

Para entender el estado actual de la cuestión, hay que remontarse a 2024, cuando la Unión Europea aprobó el Reglamento Europeo de la Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act). Es la primera norma de ámbito europeo que intenta blindar el periodismo independiente frente a dos tipos de presión: la de los gobiernos y la de las grandes plataformas digitales.

Su artículo 18 es una de las piezas más prácticas de ese edificio. Establece que las plataformas más grandes —las que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE— tienen que tratar a los medios de comunicación de forma diferente a como tratan a un usuario corriente. Un periódico, una radio o una televisión que publica contenidos en Facebook, YouTube o TikTok no puede estar sujeto a las mismas reglas informales que alguien que cuelga un vídeo de su gato.

Concretamente, la ley les exige tres garantías básicas: que la plataforma avise al medio con antelación si va a borrar o limitar uno de sus contenidos, que le explique los motivos con claridad y que le dé 24 horas para responder antes de que el borrado se haga efectivo. Si un medio considera que está siendo limitado de forma sistemática e injustificada, puede exigir además un diálogo formal y que sus quejas sean atendidas con prioridad.

Suena razonable. El problema es que, para beneficiarse de estas protecciones, los medios primero tienen que identificarse como tales ante cada plataforma. Y para que eso sea posible, cada plataforma tiene que crear un mecanismo —un botón, un formulario, algún tipo de canal específico— a través del cual los medios puedan presentar esa declaración. Hasta febrero de 2026, nadie había explicado con suficiente detalle cómo debía ser ese procedimiento. Las plataformas, en ausencia de instrucciones precisas, no lo habían construido. Eso es exactamente lo que las directrices de la Comisión vienen a resolver.

Las directrices —publicadas en el Diario Oficial de la UE con la referencia C/2026/901— son bastante concretas. No dejan demasiado margen a la interpretación.

Lo primero que establecen es que ese mecanismo de declaración tiene que ser visible y accesible. No puede estar enterrado en un submenú de configuración avanzada. Debe estar disponible en todos los idiomas oficiales de la UE y ser fácil de encontrar para cualquier redacción, con independencia de su tamaño o sus recursos técnicos.

Para declararse como medio de comunicación, las organizaciones periodísticas tendrán que proporcionar siete elementos concretos. Entre ellos: que producen contenido informativo, que son editorialmente independientes —esto es, que no están controladas por un gobierno, un partido político o un Estado extranjero—, que están sujetas a algún mecanismo de supervisión regulatoria o de autorregulación reconocido (un consejo de prensa, un defensor del lector, un código deontológico acreditado), y sus datos de contacto y los del regulador o autoridad competente en su país.

Hay un punto que merece atención especial: las directrices exigen también que los medios declaren si sus contenidos generados con inteligencia artificial tienen supervisión humana y control editorial. Es, probablemente, la novedad más relevante del texto en el contexto actual, y anticipa una conversación que apenas ha empezado en la industria periodística.

Una vez presentada la declaración, la plataforma tiene que acusar recibo de forma automática e inmediata, con un contacto humano real —no un sistema automatizado— para facilitar la comunicación posterior. Las declaraciones deben además ser públicas: cualquier ciudadano podrá consultar qué medios se han declarado como tales en cada plataforma.

Las directrices también acotan el margen de maniobra de las plataformas cuando tengan dudas sobre si un supuesto “medio” cumple realmente los requisitos. En ese caso, no pueden limitarse a rechazar la declaración: deben consultar al regulador nacional correspondiente antes de tomar ninguna decisión. 

La incertidumbre no puede usarse como excusa para el bloqueo. Y si un medio pertenece a un mecanismo de corregulación o autorregulación reconocido —un consejo de prensa, por ejemplo—, su declaración debe aceptarse de forma automática, siempre que el resto de elementos estén en orden.

Por último, las directrices abren la puerta a que organizaciones como verificadores de datos participen en la supervisión del proceso, para evitar que medios dedicados sistemáticamente a la desinformación o a la propaganda disfrazada de periodismo se beneficien de protecciones que no les corresponden.

La pelota está en el tejado de las plataformas. Las normas ya existen; lo que falta es que las implementen. La lista de obligadas incluye a Meta (Facebook, Instagram, Threads), Alphabet/Google (YouTube, Google Search, Google News), TikTok, X, Microsoft (Bing, LinkedIn), Snapchat y Pinterest, entre otras. Todas ellas están sujetas al Reglamento de Servicios Digitales y, por extensión, al artículo 18 del EMFA.

Pero no son las únicas que tienen que actuar. Los medios de comunicación que quieran beneficiarse de estas protecciones tendrán que preparar su declaración y presentarla en cada plataforma en la que tengan presencia relevante. Eso implica verificar que cumplen los requisitos —en particular los de transparencia sobre propiedad e independencia editorial— y mantenerla actualizada si sus condiciones cambian.

Y los reguladores nacionales de medios deben estar preparados para ser consultados por las plataformas cuando estas duden sobre alguna declaración. En España, eso corresponde principalmente a la CNMC y, en su ámbito audiovisual, al organismo que prevé la Ley de Comunicación Audiovisual. La agilidad de esa respuesta importa: si el regulador tarda semanas en contestar, la protección pierde buena parte de su sentido práctico.

¿Cuál es el problema? En España la CNMC sigue sin tener la habilitación legal para ocuparse de este asunto más allá del campo audiovisual.

La presidenta del Media Board, Amma Asante, resume el propósito del artículo 18 en que estas normas existen para que los intermediarios privados no puedan “restringir indebidamente el discurso público”. Dicho de otra forma: para que la decisión sobre qué periodismo llega a la ciudadanía no la tome un algoritmo de Silicon Valley.

No es una amenaza hipotética. En los últimos años, medios de distintos países —incluidos algunos europeos— han visto contenidos borrados o alcances limitados sin previo aviso, sin explicación clara y sin posibilidad real de réplica. Las plataformas aplican sus propias condiciones de uso, las cambian cuando lo consideran oportuno y no tienen, hasta ahora, ninguna obligación legal de tratar a un medio periodístico de forma distinta a cualquier otro usuario.

El artículo 18 del EMFA no cambia eso radicalmente: no obliga a las plataformas a no borrar contenidos. Solo les exige que, antes de hacerlo, avisen, expliquen y escuchen. Es una protección modesta, pero es la primera de su tipo a escala continental. Y tiene una virtud: pone por escrito, en una norma jurídicamente vinculante, que el periodismo independiente merece un tratamiento distinto al del contenido ordinario.

La eficacia de esa protección depende ahora de que las plataformas construyan el mecanismo, de que los medios lo usen y de que los reguladores hagan cumplir la norma. El Media Board ya ha avisado esta semana de que el reloj está corriendo. El primer test es el más sencillo: ¿tienen ya Facebook, YouTube o TikTok ese formulario? La respuesta, por ahora, es negativa.

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

RTVE ha respondido este lunes con un comunicado institucional a la propuesta del Partido Popular de crear una comisión de investigación en el Senado sobre la corporación pública. La respuesta es jurídicamente muy relevante porque abre un frente inédito en España: el texto invoca por primera vez el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025, que prohíbe expresamente a los Estados miembros —incluidas sus autoridades y organismos reguladores— interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de comunicación.

RTVE sostiene que la iniciativa del PP viola ese marco normativo, “se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, por lo que, avisa, hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que significa que está dispuesta a pedir el amparo de las instituciones comunitarias.

El argumento central de la corporación no es la ilegitimidad formal del Senado como institución —el comunicado reconoce “total respeto institucional hacia la Cámara Alta”— sino la orientación concreta de la comisión. Según RTVE, el problema no es que el parlamento fiscalice, sino que la comisión propuesta apunta directamente a “cuestionar la actual línea informativa” de la radiotelevisión pública.

Eso, a juicio de la corporación, cruza una línea: transforma el control institucional en lo que el comunicado llama, sin rodeos, “juicio político”. “Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un ‘tribunal de medios’, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales", subraya el comunicado.

El reglamento citado por RTVE —conocido como European Media Freedom Act— fue aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y es de obligado cumplimiento en España desde el verano de 2025. Su artículo 4.2 constituye uno de los pilares garantistas del texto: establece que ningún poder público —lo que incluye al Senado— puede presionar o condicionar las decisiones editoriales de los medios, incluidos los públicos. La intención del legislador europeo era precisamente blindar a las redacciones frente a los gobiernos, pero la norma opera en todas las direcciones: también frente a la oposición cuando actúa desde instituciones del Estado.

RTVE convierte ese precepto en el eje de su defensa. La tesis implícita del comunicado es que una comisión parlamentaria orientada a interrogar la línea editorial de un medio público no es fiscalización presupuestaria ni control de gestión: es injerencia. Y que la injerencia, en el marco comunitario vigente, no es un asunto opinable sino una infracción normativa.

Es un movimiento inédito desde el punto de vista estratégico. En lugar de entrar en el debate político sobre si la cobertura de RTVE es o no sesgada —terreno en el que el PP lleva años intentando instalar la discusión—, la corporación eleva el conflicto a un plano jurídico donde la pregunta que se plantea es distinta: ¿puede una cámara legislativa investigar las decisiones editoriales de un medio público sin vulnerar el derecho europeo?

El comunicado incluye un reproche que va más allá del caso concreto. RTVE señala que el sistema español ya cuenta con mecanismos de control específicos para la radiotelevisión pública: la Comisión de Control Mixta del Congreso y el Senado, y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Lo que el texto no dice de forma explícita pero deja en el aire es que esos instrumentos existen precisamente para evitar lo que ahora se propone: que el control ordinario derive en control político extraordinario.

La referencia a la Comisión Mixta tiene, además, una carga adicional. El comunicado menciona que ese órgano está siendo dejado ahora “sin competencias”. Si el PP propone una comisión de investigación al mismo tiempo que se vacía de contenido el órgano ordinario de supervisión, el resultado es la sustitución de un mecanismo técnico por uno político. RTVE no lo llama así literalmente, pero la secuencia que describe apunta en esa dirección.

El comunicado no es solo una respuesta jurídica. Es también un mapa del contexto. RTVE recuerda que esta iniciativa llega “pocos días después de que la patronal de las televisiones privadas —UTECA— intentara bloquear la comercialización del Mundial de fútbol 2026”. La mención no es accidental: sitúa la propuesta del PP en una secuencia de presiones que la corporación interpreta como coordinadas, aunque no lo diga con esas palabras.

Al vincular esa disputa económica con la iniciativa parlamentaria del PP, el comunicado construye una narrativa de hostigamiento coordinado: intereses privados del sector audiovisual e intereses políticos de la oposición coincidiendo en el mismo momento y con el mismo objeto, que sería debilitar o deslegitimar a la corporación pública. RTVE lo formula con contención pero con claridad: está ”desarrollando su actividad en un contexto en el que se mezclan intereses partidistas y económicos”.

Frente a ese contexto, la corporación contrapone datos. RTVE alega que La 1 ha alcanzado un 12,2% de cuota de pantalla en enero de 2026 y un 12,3% en febrero, sus mejores cifras de audiencia en 14 años. Las últimas cuentas anuales reflejan una reducción del 7,6% en los gastos de explotación, un recorte del 18,7% en el gasto en programas y un beneficio neto de 55,6 millones de euros, sin ninguna salvedad contable. El comunicado subraya que esas cuentas no han sido recurridas judicialmente ni por el PP ni por sus consejeros.

El PP ha incluido en su propuesta varios asuntos concretos: la devolución de fondos europeos, la investigación sobre Loterías y el endeudamiento derivado de un conflicto con la Agencia Tributaria por el IVA. RTVE desmonta cada uno de ellos.

Los fondos fueron devueltos en 2024 y redistribuidos por las autoridades competentes. El asunto de Loterías no supuso pérdida de dinero público, sino un "trasvase entre dos sociedades estatales que benefició a ambas". El conflicto del IVA se inició en 2015, es ajeno a la operativa actual de la corporación y resulta incompatible con un balance auditado sin salvedades. La conclusión del comunicado sobre estos tres casos es la siguiente: "Se demuestra así el objetivo de rescatar expedientes cerrados para generar confusión".

La parte más llamativa del comunicado es, paradójicamente, la más genérica. En el último tramo, RTVE advierte de que en el debate político actual hay "posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE". Y añade que se trata de "expresiones y planteamientos inéditos en nuestra democracia".

La corporación no cita a nadie. No atribuye esas posiciones al PP como partido ni a ningún dirigente concreto. No dice que el PP quiera cerrarla. Dice que en el entorno político en el que se mueve hoy hay voces que lo plantean. Y que eso, como mínimo, merece ser nombrado.

El comunicado cierra con una apelación a los principios constitucionales y a la función democrática de los medios públicos. Y se pregunta abiertamente si la iniciativa del PP responde "realmente a un interés por mejorar el servicio público o si se aplican criterios distintos en otros territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público", en alusión al férreo control que el PP ejerce sobre televisiones y radios allí donde gobierna.

El pasado 2 de diciembre de 2025, cuando el presidente del Consejo de Informativos (CdI) de TVE, Óscar Nieto, tomó la palabra por videoconferencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se produjo una paradoja.

La sesión había sido convocada para revisar una petición sobre "la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE" registrada en 2017, ocho años antes, cuando en España gobernaba el PP y al frente de la radiotelevisión pública estaba José Antonio Sánchez, hoy cabeza visible de la independiente Telemadrid y entonces orgulloso votante del PP.

El salto temporal —hoy RTVE la preside José Pablo López, al que Ayuso puso en la calle para acabar con el periodo de mayor prestigio e independencia de la historia de la tele pública madrileña— no fue sin obstáculos, porque la situación ha cambiado mucho. Pero Nieto no desaprovechó la oportunidad que le brindaba una iniciativa que había permanecido dormida en Estrasburgo durante casi una década para asegurar que el problema de RTVE "sigue vigente", dando a entender que la situación de sometimiento y control político de entonces es equiparable a la de hoy. Aunque las evidencias puestas sobre la mesa y, sobre todo, las denuncias a cara descubierta, sean incomparables.

El presidente del CdI, eso sí, explicó a los eurodiputados que "RTVE ha vivido malas épocas bajo distintos Gobiernos, del PSOE y del PP”. Y que, con el cambio de ley de 2024 —el que desbloqueó la gobernanza de los medios públicos devolviendo el control a la mayoría absoluta del Congreso, un modelo incompatible con el vigente Reglamento Europeo de Libertad de Medios, EMFA por sus siglas en inglés—, "hubo protestas de los trabajadores y del Consejo de Informativos por considerar que supuso un ataque a la independencia, la neutralidad y el pluralismo".

La base de la acusación pública del CdI tiene que ver más con la externalización de determinados programas y su praxis profesional que con denuncias concretas sobre consignas dirigidas a los periodistas de RTVE. En el punto de mira, programas como Mañaneros 360, Malas Lenguas o Directo al grano, que el CdI considera informativos —lo que impediría su externalización—, pero que la actual presidencia de la corporación califica de "programas de actualidad", lo que le permite echar mano de productoras privadas.

Nieto denunció también los ataques que reciben los periodistas de RTVE y, aunque no los citó por su nombre, también aludió a las reiteradas amenazas de Vox de disolver la corporación y entrar en ella "con lanzallamas y motosierras".

Para entender el alcance del conflicto es imprescindible comprender qué es el Consejo de Informativos. Nacido al amparo de la Ley 17/2006, que refundó RTVE como corporación pública, es el órgano elegido por los propios periodistas, técnicos y profesionales de la televisión para velar por la independencia, la neutralidad y el pluralismo de los contenidos informativos.

Sin capacidad sancionadora directa, sí tiene poder de denuncia, de investigación interna y de presión institucional. Y a lo largo de su historia ha actuado como contrapeso frente a Gobiernos de distinto signo: lo hizo contra los excesos del PP durante la etapa Rajoy, y lo hace ahora —según sus propios miembros— frente a lo que consideran una deriva análoga bajo el Gobierno de coalición.

En su versión actual, el CdI se constituyó el 4 de abril de 2025. Óscar Nieto, camarógrafo de profesión y, según algunas fuentes, próximo a Comisiones Obreras, fue elegido presidente y su mandato expira en abril del año que viene, a las puertas de lo que se avecina como una durísima campaña electoral en la que el papel de los medios públicos será juzgado con lupa. El CdI no respondió a las peticiones de información que le ha hecho llegar infoLibre en los últimos días para conocer, entre otras cosas, la composición completa de este órgano de representaciñón profesional.

Sus críticos han señalado que la participación en la elección que llevó a Nieto a la presidencia rondó el 40% del censo, lo que situaría su respaldo directo en torno al 14% del total de la plantilla con derecho a voto. Un argumento esgrimido con frecuencia para cuestionar la legitimidad representativa del órgano, pero que apenas se sostiene si se compara con elecciones anteriores. Es verdad que ha descendido la participación, pero no tanto como para cuestionar la legitimidad del Consejo.

Es el historial combativo del CdI lo que alimenta las críticas de quienes celebran los nuevos programas y no observan —o minimizan— los sesgos políticos en sus contenidos. Porque el nuevo Consejo no tardó ni un mes en hacer su primera gran jugada. El acta constitutiva del 4 de abril de 2025 incluía ya el anuncio de una investigación interna sobre el documental 7291, emitido el 13 de marzo en La 2 y Canal 24 Horas. El documental abordaba las muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Las preguntas que el Consejo trasladó a la dirección eran de calado editorial, pero muchos vieron en ellas una equidistancia incompatible con la gravedad de lo ocurrido en las residencias bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso: ¿por qué se programó un "especial" para una producción externa? ¿Por qué el foco geográfico se limitó exclusivamente a Madrid y a un periodo concreto? ¿Cumplía el tratamiento los criterios de equilibrio territorial y proporcionalidad que exige el manual de estilo de RTVE? El CdI pretendía poner sobre la mesa, desde el primer momento, el debate sobre la externalización de contenidos informativos y la posible influencia de la agenda política en las decisiones de programación.

El caso 7291 fue también la primera chispa de la guerra política en torno al Consejo. Medios y voces afines al Gobierno señalaron que la investigación respondía a una lectura sesgada de la realidad: que cuestionar un documental sobre las muertes en residencias madrileñas durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso era, en sí mismo, un acto de alineamiento con la derecha. El Consejo rechazó esa lectura y defendió que su función es velar por los criterios editoriales con independencia del color político del contenido cuestionado.

Pero el verdadero campo de batalla del mandato está siendo, sin embargo, la externalización de programas de actualidad política, parte sustancial de la mejora sin precedentes en cuotas de audiencia que acompaña a RTVE desde hace meses. Un asunto que, en rigor, es más competencia del Comité de Empresa que del CdI.

La dirección de RTVE, con José Pablo López al frente, apostó por una parrilla que incluía espacios de infoentretenimiento producidos por empresas externas: Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz y Adela González; Malas lenguas, conducido por Jesús Cintora; y Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró.

El Consejo de Informativos ha hecho del combate a estos programas una prioridad. El argumento central es editorial y laboral: que esos formatos no solo profundizan en la subcontratación de la producción, sino que externalizan también la agenda informativa, delegando en productoras privadas el control sobre qué se discute y desde qué ángulo se presenta en la televisión pública.

Durante ese periodo, el Consejo también impulsó la vuelta simbólica a los "viernes negros", la protesta por la que los trabajadores se visten de ese color para expresar su malestar con la gestión editorial, aunque de momento con alcance poco más que testimonial. Y denunció que la dirección había puesto trabas a la realización de una encuesta interna sobre el estado de ánimo de la plantilla respecto a esos programas de actualidad, algo que la corporación ha desmentido argumentando que lo único que hizo fue proteger los datos de los trabajadores, no impedir la encuesta.

La tensión ha acabado tomando color político. PP y Vox mantienen una batalla frontal contra el actual presidente de RTVE, intensificada desde que la audiencia sonríe a la nueva programación y amenaza la hegemonía de sus aliados audiovisuales privados, en particular Antena 3. Y algunos medios alineados con la izquierda han hecho de la caracterización del CdI como un organismo dominado por afines a la derecha su principal argumento para tratar de desautorizar las protestas que formula en nombre de los trabajadores de RTVE.

En las últimas semanas, el enfrentamiento ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Tras recibir más de un centenar de quejas internas y actuar también de oficio, el Consejo hizo público un extenso análisis sobre Mañaneros 360 y Malas lenguas en el que concluía que ambos programas incumplían de forma habitual y grave el Manual de Estilo de RTVE. Los cargos concretos: tratamiento sesgado de la actualidad, selección de tertulianos que proyecta una visión política determinada y confusión sistemática entre opinión e información, presentando la primera con apariencia de la segunda.

El informe subrayaba también la responsabilidad institucional de RTVE por avalar con su marca y sus infraestructuras formatos que delegan el control de la agenda política en productoras externas y en sus propios criterios editoriales. Era, en definitiva, la acusación más articulada que el Consejo había lanzado hasta ese momento.

La réplica de la corporación, a través del consejo de administración, fue contundente. No solo desmontó, una a una, las acusaciones del CdI, sino que, en defensa de la reputación de RTVE, amenazó a los representantes de los trabajadores con llevarlos a los tribunales si no rectificaban públicamente el informe en el que cuestionaron los programas de La 1. El plazo para que presenten esa rectificación acaba a mediados de marzo, cuando se celebre la próxima reunión del Consejo de Administración.

La batalla interna está teniendo lugar en un momento extremadamente delicado, en el que las audiencias de la televisión en abierto —privadas y públicas— no dejan de caer, en el que los partidos políticos españoles —a izquierda y derecha— se niegan a abrir el debate sobre la regulación de la independencia en los términos que mandata la EMFA, y a las puertas de una campaña electoral decisiva.

Hay una cifra que resume décadas de promiscuidad entre el poder y la prensa en España: el porcentaje de ingresos que algunos medios obtienen de las administraciones públicas. No es un dato fácil de conocer, porque nunca nadie ha estado obligado a publicarla.

La nueva Ley de Publicidad del Sector Público, cuyo anteproyecto está a punto de llegar al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre, cambia eso. Y va más allá: fija un techo del 35% de la facturación anual por encima del cual ningún medio podrá recibir publicidad de la Administración central. Quien supere ese umbral, quedará fuera del circuito.

Es, si sale adelante en estos términos, la reforma más ambiciosa en este ámbito desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley 29/2005, una norma que el tiempo convirtió en papel mojado con mayor rapidez de lo que sus impulsores están dispuestos a admitir.

El anteproyecto no ha llegado de la nada. Es una pieza del Plan de Acción para la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024 y, sobre todo, es la traducción al ordenamiento español del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como Reglamento Europeo de Libertad de Medios o EMFA, por sus siglas en inglés.

Bruselas lleva años alertando de que la publicidad institucional se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para doblegar la independencia editorial sin necesidad de teléfonos, ni presiones directas, ni grandes escándalos. Basta con repartir el dinero con inteligencia: más para los amigos, menos para los críticos, nada para los incómodos. El mercado hace el resto.

El texto que está previsto que llegue al Consejo de Ministros deroga la ley de 2005 y construye sobre sus ruinas un régimen nuevo, más amplio y con mayor vocación de eficacia. El primer cambio es semántico, pero no menor: se abandona el término "publicidad institucional" y se adopta el más comprensivo de "publicidad del sector público".

La diferencia no es retórica. La vieja categoría solo cubría las campañas de imagen y comunicación de la Administración. La nueva abraza también la publicidad industrial, comercial o mercantil promovida por el sector público estatal: los anuncios de empresas públicas, las promociones de marcas bajo tutela estatal, los patrocinios vinculados a campañas. Todo entra en el mismo saco regulatorio. Todo queda sujeto a los mismos criterios de transparencia y a los mismos límites de dependencia.

No obstante, la medida que tiene potencialmente más posibilidades de cambiar el ecosistema mediático, si se aplica con rigor, es ese tope del 35%. El anteproyecto dice que "no podrán recibir publicidad del sector público estatal los medios de comunicación y las plataformas en línea cuyos ingresos por publicidad procedente del conjunto del sector público superen" ese porcentaje "del importe neto de su cifra de negocio".

Es decir: un medio cuyos ingresos dependan del sector público (lo que incluye a la Administración local y autonómica) por encima del 35% no podrá recibir más publicidad del Estado. Lo cual no impide, tal y como ha sido redactada la ley, que pueda seguir superando ese porcentaje si el dinero llega de comunidades, ayuntamientos o diputaciones. E incluso llegar al 100%.

La justificación declarada es impecable: se trata de evitar la existencia de medios privados esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas. En otras palabras, el Estado no quiere pagar para que un medio le deba la vida.

El problema es que, aparentemente, no cierra la puerta a esa dependencia por parte de otras administraciones públicas. Algunas de ellas, como es público y notorio, están en el centro del problema porque son las que financian y sostienen a buena parte del ecosistema informativo que difunde desinformación y garantiza el funcionamiento eficaz del ciclo del bulo.

No es esta la única vía de escape al control. El borrador del anteproyecto de ley establece otra excepción que importa tanto como la regla. Quedan exentos del límite del 35% los medios con facturación anual inferior a dos millones de euros y con audiencia concentrada en una, dos o tres comunidades autónomas limítrofes. Quienes cumplan simultáneamente estas dos condiciones podrán financiarse sin límites del dinero público, también del que maneja la Administración central.

El anteproyecto, a partir de las obligaciones que impone la EMFA, construye además toda una arquitectura de transparencia destinada a hacer visible, por primera vez de forma sistemática, el flujo completo del dinero público hacia los medios.

Para empezar, los medios que quieran publicidad estatal deberán estar inscritos en el registro estatal o autonómico de medios previsto en el reglamento europeo y que, en España, todavía no se ha creado. Esa inscripción no es un mero trámite burocrático: implica haber publicado quiénes son los propietarios del medio, cuál es la estructura de control y cuánta financiación pública recibe. Sin esa transparencia previa, el grifo de la publicidad estatal permanecerá cerrado.

Hay más capas. Los medios deberán facilitar a la Comisión de Publicidad y Comunicación sus tarifas de mercado para los formatos y espacios susceptibles de ser contratados en el marco del plan anual de publicidad y comunicación institucional, y esas tarifas funcionarán como precios máximos en la contratación pública. No habrá descuentos opacos, ni contraprestaciones en especie, ni bonificaciones cruzadas entre los medios y las agencias que gestionan fondos públicos. Se trata de iluminar un circuito que durante años ha funcionado en penumbra, donde el valor real de los contratos publicitarios era casi imposible de conocer desde fuera.

El engranaje de control se completará, siempre que la ley supere el largo camino que tiene por delante, con dos piezas institucionales que el anteproyecto remodela en profundidad. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá la función de seguimiento del gasto en publicidad del sector público estatal a medios y plataformas, recopilará información de los reguladores autonómicos y elaborará los informes anuales que exige Bruselas. En las comunidades que no cuenten con una autoridad independiente, no podrán escapar: la CNMC recabará los datos directamente de las administraciones autonómicas y locales.

Por otro lado, la antigua Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional se transforma en una Comisión de Publicidad y Comunicación de mayor alcance, con competencias ampliadas al terreno industrial y mercantil y con apoyo técnico de la Secretaría de Estado de Comunicación.

El texto presta también atención, por primera vez, a la eficacia de la inversión publicitaria pública, no solo a su control. Las entidades del sector público estatal deberán exigir a los medios y plataformas que participen en sus campañas el uso de sistemas de medición de audiencia conformes con la EMFA, con acceso a su metodología y a sus resultados. Y se establece que la publicidad estatal se difundirá preferentemente a través de medios de carácter informativo, un criterio que no es neutral en un ecosistema donde proliferan los soportes que se presentan como medios sin tener la función informativa como núcleo de su actividad.

La principal limitación estructural del anteproyecto, que ninguna redacción cuidadosa puede ocultar, es que el límite del 35% se aplica exclusivamente a la publicidad del sector público estatal. El dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos queda fuera, pendiente de que decidan autolimitarse o seguir como hasta ahora.

Y es precisamente ahí, en ese territorio autonómico, provincial y local, donde se concentra la mayor parte del problema. Las relaciones de dependencia más estrechas entre medios y poder político en España se tejen en las capitales autonómicas, en las ciudades medias, en los municipios con presupuesto suficiente para comprar cobertura favorable o castigar la crítica con el silencio publicitario.

El anteproyecto lo sabe, y por eso establece que los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia y no discriminación en la asignación de fondos se convierten en normativa básica aplicable a todas las administraciones, no solo a la estatal.

Eso significa que comunidades autónomas y entidades locales quedan obligadas a respetar ese marco general de criterios, tal y como, por otra parte, ordena la EMFA. Pero el límite cuantitativo, el techo del 35%, no es básico: cada comunidad podrá decidir si lo replica en su propia legislación o si prefiere no ponerse ese tipo de corsé.

Con todo, veinte años de experiencia con la ley de 2005 enseñan que las normas sobre publicidad institucional tienen una tendencia particular a perder eficacia entre su aprobación y su aplicación. Los criterios objetivos se vuelven subjetivos cuando quien los aplica tiene intereses en el resultado. Los registros de transparencia se llenan de información que nadie cruza o que no se contrasta. Los informes anuales se publican con retraso y se leen poco. La CNMC puede hacer mucho, pero solo si tiene recursos, voluntad política y capacidad para actuar sin que cada expediente desemboque en un largo contencioso.

Por primera vez, alguien invoca ante la justicia la violación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y en vigor desde 2025. Un texto legal que, en España, casi nadie está cumpliendo. Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la primera demanda presentada en nuestro país basada en la EMFA. Una iniciativa que abre un frente judicial inédito que, en teoría, puede redefinir las reglas del juego en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas.

La historia que ha llevado a los tribunales valencianos a tantear este territorio inexplorado tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático: un cambio de gobierno, una reforma legislativa exprés, unos mandatos interrumpidos sin justificación y, sobre todo, una nueva herramienta legal europea cuya eficacia real está aún por demostrar. 

Miquel Francés, expresidente del desaparecido Consejo Rector de la corporación que regula los medios públicos valencianos, junto con los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, han decidido plantar cara a lo que consideran un cese de facto inmotivado, amparado en una ley que, según su lectura, vulnera de raíz las salvaguardas que Bruselas ha establecido para blindar a los medios públicos frente a las interferencias políticas. Los tres accedieron en su día a estos puestos en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

La cronología de los hechos dibuja un patrón conocido. Tras el vuelco electoral de mayo de 2023 en la Comunitat Valenciana, la nueva mayoría parlamentaria (PP y Vox) aprobó la Ley 2/2024, que suprimió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y creó en su lugar la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) con el único objetivo de someterla al control del Ejecutivo. En apariencia era un simple cambio de estructura corporativa. En la práctica, una vía para resetear el órgano de gobierno del ente público sin tener que esperar al fin natural de los mandatos vigentes. 

Los tres recurrentes ostentaban cargos con plazo de expiración fijado para el 15 de abril de 2029, es decir, con casi cuatro años por delante. Pero, desde el 11 de marzo de 2025, dejaron de ser convocados. Si la demanda es atendida, los tres tendrán que ser convocados a las reuniones del consejo de administración de la nueva corporación, el primero en calidad de presidente, hasta la finalización de sus mandatos en 2029.

Este tipo de operaciones a medida no es una novedad en el panorama mediático autonómico español. A lo largo de los últimos años, las radiotelevisiones públicas han funcionado en muchos territorios como botín político, con consejos de administración renovados al compás de los cambios electorales mediante reformas legislativas que permitían eludir la continuidad de los órganos de gestión. 

La novedad, esta vez, es que existe un instrumento jurídico europeo que puede frenar estas prácticas. El Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA, entró en vigor el 8 de agosto de 2025 y tiene aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. Es decir, desde esa fecha, cualquier decisión sobre la gobernanza de un medio público en España debe ajustarse a sus exigencias.

El núcleo de la demanda presentada ante el TSJCV se centra en el artículo 5.2 del Reglamento, que establece un conjunto de garantías diseñadas específicamente para evitar que los gobiernos puedan controlar a los medios públicos a través del nombramiento y cese de sus directivos. 

La norma europea es clara: los mandatos de los responsables de los medios de servicio público deben tener una duración suficiente para garantizar su independencia efectiva. Además, solo pueden ser cesados antes de que expire su periodo de forma excepcional, por no cumplir ya las condiciones profesionales requeridas, y nunca por razones políticas o por cambios legislativos instrumentales. Por último, cualquier decisión de destitución debe estar debidamente justificada, notificada previamente y sujeta a revisión judicial.

Los demandantes argumentan que la ley valenciana ha buscado precisamente lo que el reglamento europeo pretende impedir: acortar mecánicamente los mandatos mediante una reforma estructural que, bajo la apariencia de modernización corporativa, permite renovar el órgano de gobierno sin justificación profesional alguna y sin control judicial previo. 

En su recurso, los demandantes solicitan tres cosas: la anulación de la exclusión de sus cargos en el nuevo consejo de administración, su reposición inmediata como presidente y vocales hasta el fin de su mandato original en 2029, y el abono de las dietas y salarios dejados de percibir desde que fueron apartados.

La Sala Cuarta del TSJCV, al admitir la demanda a trámite, ha emplazado a la Generalitat Valenciana a contestar en un plazo de veinte días. Es solo un trámite procesal, pero también un hito simbólico: por primera vez en España, un tribunal examina si una reforma autonómica sobre un medio público vulnera las nuevas salvaguardas europeas. La decisión que se tome en València puede sentar jurisprudencia y condicionar la manera en que otras comunidades autónomas gestionan sus entes audiovisuales.

El caso se produce, además, en un contexto de preocupación por la deriva de À Punt. Desde el cambio de gobierno, se han denunciado decisiones como el intento de restringir las funciones del Consejo de Informativos, el desmantelamiento de servicios de documentación y un descenso en los contenidos en valenciano, elementos todos ellos que han generado inquietud entre profesionales y observadores del sector. La cuestión de fondo no es solo quién gobierna el medio, sino cómo se gobierna y con qué garantías de independencia editorial y funcional.

La EMFA representa, en efecto, un cambio de paradigma. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se introduce una regulación sustantiva sobre el funcionamiento de los medios de servicio público. Hasta ahora, su independencia era un principio reconocido en diversas directivas y recomendaciones, pero sin la fuerza vinculante de un reglamento. Con la EMFA, la independencia de los medios públicos se eleva a la categoría de requisito de cumplimiento de la legislación de la Unión, lo que permite un control judicial más estricto sobre las estructuras de gobernanza nacionales.

Las consecuencias prácticas de esta norma son de largo alcance. En primer lugar, establece un blindaje efectivo contra los ceses políticos. Los directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos ya no pueden ser destituidos al albur de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias. Solo caben destituciones excepcionales, por causas profesionales tasadas de antemano, y siempre con posibilidad de revisión judicial. 

En segundo lugar, la EMFA exige la aprobación de una financiación estable para los medios públicos. Los Estados miembros deben asegurar recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles, preferiblemente decididos de forma plurianual, para evitar que el presupuesto se convierta en un instrumento de presión política.

El Reglamento refuerza, en tercer lugar, la independencia editorial y funcional. Los medios públicos tienen la obligación legal de proporcionar información e ideas de manera imparcial y plural. Una manera de garantizar eso es la creación de órganos independientes de representación de los trabajadores, como los consejos de informativos que la actual corporación está intentando ahora mismo limitar. 

Y, en cuarto lugar, cada Estado debe designar una autoridad u organismo independiente, libre de influencia gubernamental, para supervisar el cumplimiento de estas salvaguardias. En España, ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo representante, de hecho, presidió en 2025 el nuevo regulador europeo, conocido como Media Board, el organismo encargado de coordinar la aplicación de la EMFA en toda la Unión. Y, a escala valenciana, en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la corporación de medios públicos autonómicos y el modo en que la regulación vigente incumple lo dispuesto en el reglamento europeo.

Los cambios que la EMFA impone a la regulación española son significativos. Al ser un reglamento, tiene efecto directo y es vinculante desde su entrada en vigor, lo que obliga a España a ajustar cualquier ley interna contradictoria. Pero ningún gobierno —ni los autonómicos ni el central— lo está haciendo.

La práctica de suprimir entes públicos para crear otros nuevos con el fin de renovar sus consejos queda bajo escrutinio judicial europeo. Se espera que la regulación española deba garantizar la inamovilidad de los consejeros incluso frente a cambios estructurales de los entes, si estos mantienen las mismas funciones. Las decisiones de destitución en medios públicos españoles deberán incluir obligatoriamente la posibilidad de control judicial, permitiendo que los cesados recurran si consideran que no hay una justificación profesional válida según criterios establecidos previamente.

El caso de À Punt es, en este sentido, una prueba de fuego. Si el TSJCV concluye que la reforma valenciana vulnera el reglamento europeo y ordena la reposición de los consejeros cesados, habrá sentado un precedente que puede disuadir a otras comunidades autónomas de intentar maniobras similares. Si, por el contrario, avala la legalidad de la operación, habrá abierto una vía para eludir las salvaguardas europeas mediante cambios corporativos formales que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo político: controlar el mensaje del medio público.

No habrá, en todo caso, una respuesta rápida. El trámite contencioso-administrativo puede demorarse varios años. Y después, cualquiera de las dos partes puede recurrir al Constitucional.

Pero lo que está en juego va más allá de tres cargos institucionales. Lo que se dirime en los tribunales valencianos es si Europa puede efectivamente proteger a los medios públicos de la captura política o si las viejas prácticas nacionales y autonómicas encontrarán siempre un resquicio legal para perpetuarse. 

Un año después de la entrada en vigor de la norma europea que obliga a los medios de comunicación de toda Europa, también a los españoles, a revelar quiénes son sus dueños y a detallar cuánta publicidad reciben de las Administraciones públicas, las televisiones, periódicos y emisoras de radio que han dado ese paso, siquiera parcialmente, siguen siendo una minoría.

España se arriesga a que el incumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024, emborrone el cumplimiento de las reglas del Estado de derecho sobre las que la Comisión Europea examina anualmente a los 27 socios de la Unión. Un informe negativo en esta materia, que Bruselas se toma muy en serio, puede dar lugar a sanciones e incluso condicionar la entrega de nuevos fondos europeos.

La EMFA es de obligado cumplimiento. Y los artículos que afectan a la transparencia de los medios no necesitan de desarrollo legislativo en España. El artículo 6 obliga a las empresas de medios a hacer "accesible, de forma sencilla y directa, a los destinatarios de dichos servicios, entre otras cosas, información actualizada sobre el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública".

No basta con decir que un medio es propiedad de la compañía tal o de la sociedad limitada cual. El punto 6.1.c del reglamento puntualiza que lo que deben revelar es "el nombre o los nombres de los titulares reales" del medio, tal como se definen en una directiva de la UE de 2015, según la cual "titular real" es "la persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen al cliente o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción".

O, en su caso, "la persona física o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o participación en el capital de una entidad jurídica", entendiendo que una participación directa o indirecta del 25% o más se considera indicativa de propiedad o control.

De acuerdo con este artículo, que en realidad lleva en vigor desde el 8 de febrero de 2025, no vale esconderse tras sociedades pantalla o estructuras en cascada. Si una empresa de medios pertenece a una SL que a su vez está controlada por una sociedad en Luxemburgo, el medio debe seguir el rastro hasta identificar y publicar quién es la persona física detrás de esa estructura.

En las últimas semanas han sido varios los medios que han dado pasos, algunos de ellos solo parciales, para someterse a una norma que infoLibre cumple desde el pasado verano. Lo hacen, sin embargo, mediante enlaces que relegan al pie de sus páginas de inicio, a menudo bajo epígrafes equívocos, lo que parece poco compatible con la obligación legal de publicar esos datos de forma "accesible, sencilla y directa".

Es el caso de los periódicos que forman parte de Editorial Prensa Ibérica, muchos de ellos líderes del mercado local en sus respectivas provincias, aunque no en todos los casos. La Nueva España, por ejemplo, lo ha incluido en un enlace a "Quiénes somos". En él el diario hace público que los "titulares reales" de la propiedad son el empresario Javier Moll y su esposa, Aránzazu Sarasola, y que en 2024 ingresó en "publicidad estatal" 1.638.284 euros. Ni una palabra sobre el dinero que ha recibido del Principado de Asturias o de los municipios de la comunidad.

El Periódico, de los mismos propietarios, repite este esquema. Deja constancia de la publicidad estatal que recibió en 2024 (7.133.790,04 euros), pero no la cuantía de lo que obtuvo de la Generalitat de Catalunya o de los Ayuntamientos de la comunidad. Los demás periódicos del grupo, desde La Opinión de Murcia a la de A Coruña (el grupo lo forman 27 cabeceras de una docena de comunidades), calcan este esquema: reflejar solo la publicidad estatal y ocultar la autonómica, local o provincial. Con una excepción, que afecta a uno de sus diarios más importantes: Levante, el periódico hegemónico en València, no da cuenta, en la fecha en la que se redactó esta información, ni de quién es su propietario ni del dinero que recibe en concepto de publicidad con origen en las Administraciones públicas.

Los medios del grupo Vocento, propietario de ABC, El Correo y otras once cabeceras locales, también se han apuntado a dar cumplimiento a la EMFA, pero de forma parcial. ABC, por ejemplo, ha situado al pie de su página de inicio un enlace llamado "Reglamento UE 2024/1083" que remite a la página corporativa del grupo. En ella descartan revelar quiénes son los propietarios que toman las decisiones sobre el diario, alegando que, "por tratarse de una entidad cotizada sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no existen titulares reales identificables". Igual que los diarios de Prensa Ibérica, oculta el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid o de los Ayuntamientos y se limita a dejar constancia de que en 2024 recibió, en concepto de publicidad estatal, 5.965.070 euros.

El Correo, a su vez, utiliza el mismo recurso para no revelar quién toma las decisiones en su empresa matriz. Pero, a diferencia de ABC, sí da cuenta el dinero que recibió en 2024 "de fondos públicos recibidos de autoridades públicas (nacionales, autonómicas y/o locales)”: 2.819.504 euros.

Los medios del Grupo Godó también han iniciado el camino. La Vanguardia ha incluido los datos en el "Aviso legal" que todos los medios tienen en el sótano de su página principal. Allí, debajo de un largo texto sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, el diario catalán revela que el titular real del periódico es Javier Godó Muntañola. Y que el importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito), correspondiente al ejercicio de 2024 fue de 8.347.920 euros. Precisa, eso sí, que esa suma representa el 11,8% de su cifra total de negocio, algo que no hacen los diarios de Prensa Ibérica y de Vocento.

El Grupo Godó repite el esquema en su emisora de radio: RAC1 hace constar en el epígrafe "Aviso Legal" que en 2024 ingresó 5.380.416 euros (el 21,74% de su cifra de negocio) procedentes del conjunto del sector público. Y en Mundo Deportivo: ingresos de publicidad pública de 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio).

Los diarios del Grupo Joly (diez cabeceras, todas andaluzas) también han optado por incluir esta información en el epígrafe "Aviso legal" al final de sus páginas de inicio. Ahí hace constar que el titular real de la propiedad es el empresario José Joly Martínez de Salazar. El Diario de Sevilla, sin embargo, no indica cuánto dinero recibe de publicidad pública y se limita a decir que representa "el 10,87% de los ingresos publicitarios totales" del grupo. De nuevo, la misma plantilla se repite en el resto de diarios de Joly.

Diario de Navarra, por su parte, en su "Aviso legal", no dice quién controla su sociedad matriz. Las acciones, argumenta, son propiedad "casi en su totalidad" de "los descendientes de los 57 industriales que en 1903 pusieron en marcha la sociedad. El capital está muy diluido, sin que exista ningún accionista de referencia que pueda ejercer control por sí mismo". En 2024, dice el mismo texto, recibió 643.900 euros de publicidad pública, lo que supuso el 12% del total de sus ingresos publicitarios y el 3,8% de los ingresos totales del periódico.

Su rival en este territorio, Noticias, explica en el apartado "Quiénes somos" que el control del periódico está en manos de Jon Iñaki Alzaga Etxeita y de Juan Manuel Ugarte Martín y que en 2024 recibió de publicidad estatal 22.956 euros (ni una palabra acerca de lo que obtuvo de la Comunidad Foral o de los Ayuntamientos y sus empresas públicas).

El mallorquín Última Hora también ha creado un enlace al pie de su página de inicio titulado "Aviso Legal y transparencia" en el que hace constar que el control de la empresa está en manos de los hermanos Serra Magraner: Carmen, Miguel y Paula. Este diario tampoco revela el dinero público que ha recibido a través de la publicidad. Solo dice que en 2025 la cifra alcanzó el 16% de sus ingresos.

Estos medios se suman a otros que, algunos parcialmente, ya estaban cumpliendo la EMFA desde hace varias semanas: elDiario.es, Heraldo de Aragón, 20Minutos o El Confidencial.

Al incumplimiento por parte de la mayoría de los medios de las obligaciones de transparencia en vigor desde hace un año, se suman otros por lo que España tendrá que rendir cuentas en Bruselas. Las Administraciones públicas, tampoco están cumpliendo sus obligaciones de transparencia y equidad en materia de reparto publicitario, no han iniciado la reforma de las leyes reguladoras de los medios públicos —estatales y autonómicos— para liberarlos del control político y por no han designado todavía un organismo independiente para supervisar el sector.

El primer informe europeo de evaluación del cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) deja a España en muy mal lugar. España: Informe de captura de medios y monitoreo de EMFA 2025 parte de una nueva serie de estudios que examinan la captura de los medios de comunicación y el cumplimiento en los Estados de la UE del reglamento europeo de medios, se publicó el pasado mes de diciembre y evidencia un incumplimiento generalizado en aspectos clave relacionados con la independencia de los reguladores de medios, el funcionamiento de los medios públicos, el uso de fondos de las administraciones para publicidad institucional, la transparencia mediática y el pluralismo. 

Para los responsables del informe, elaborado bajo la responsabilidad del Instituto Internacional de Prensa (IPI) y el Centro de Investigación de Medios y Periodismo (MJRC), dos de los interlocutores con los que contará Bruselas para examinar el cumplimiento del Estado de derecho en nuestro país, la situación evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para garantizar los estándares que la EMFA establece, y que el país necesita reformas profundas y urgentes si quiere alinearse con los objetivos europeos.

Uno de los capítulos más críticos del informe se centra en la independencia de los reguladores de medios. La EMFA exige que los reguladores sean funcionalmente independientes de los gobiernos, operen con imparcialidad y transparencia, y cuenten con competencias claramente definidas y mecanismos efectivos de apelación. España, según el informe, cumple solo de manera parcial estos criterios.

En particular, critican que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de supervisar los mercados audiovisuales, mantenga una dependencia legal respecto al Ministerio de Economía, lo que genera percepciones de subordinación. Además, su autonomía presupuestaria es limitada: cualquier reasignación de recursos o ampliación de personal requiere aprobación gubernamental previa. De aquí que el informe recomiende implementar un modelo similar al del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que garantice financiación estable y predecible, y permita a la CNMC operar con independencia funcional real.

El informe también destaca la necesidad de fortalecer los procedimientos de nombramiento dentro de la CNMC mediante comités independientes y multidisciplinarios, que incluyan expertos en gobernanza de medios, periodismo y comunicación digital. Esto permitiría asegurar que los cargos de responsabilidad se otorguen por mérito y con criterios transparentes, evitando la influencia política que hasta ahora ha sido visible en la práctica.

Más allá de la independencia formal, el informe subraya que España carece de mecanismos robustos para consolidar la capacidad institucional de la CNMC a largo plazo. Sus autores recomiendan planes plurianuales de personal y formación, así como la creación de direcciones especializadas en medios y servicios digitales que permitan supervisar de manera efectiva la creciente complejidad del sector audiovisual, incluida la vigilancia de plataformas digitales y servicios a demanda.

En materia de transparencia y evaluación externa, el informe subraya la creación de un portal unificado de datos abiertos, acompañado de evaluaciones periódicas independientes sobre el desempeño de la CNMC frente a los estándares europeos. También recomienda la rendición de cuentas ante el Parlamento y la sociedad civil, para reforzar la confianza pública en la independencia y eficacia del regulador.

El informe dedica un apartado específico a la independencia de los medios de servicio público, y reprocha que España no garantiza plenamente el funcionamiento autónomo de RTVE. Según la EMFA, los Gobiernos deben asegurar que los medios públicos mantengan independencia editorial y funcional, que los procedimientos de nombramiento de la dirección sean transparentes y no discriminatorios, y que la financiación sea adecuada, sostenible y predecible.

Pero en España, como recuerda el informe, el actual Consejo de Administración de RTVE está claramente politizado, lo que compromete la neutralidad de la gestión. El informe recomienda establecer criterios más restrictivos de incompatibilidad y asegurar que los cargos se otorguen siguiendo criterios de formación y experiencia profesional verificables. Asimismo, urge renovar el marco normativo de RTVE y aprobar un contrato-programa que garantice la asignación de recursos adecuados y sostenibles, cumpliendo con el mandato de servicio público.

Proporcionar mayores recursos financieros y humanos a la CNMC permitiría también, según este estudio, una supervisión más eficaz de RTVE y de su misión de servicio público, sobre todo frente a las responsabilidades adicionales que la EMFA introduce para los reguladores, incluyendo la evaluación del cumplimiento de estándares de independencia y pluralismo.

Uno de los capítulos más críticos tiene que ver con la necesidad de reforzar la transparencia y objetividad en la asignación de publicidad institucional, un objetivo en el que España no ha dado un solo paso desde la aprobación de la EMFA. Según el reglamento europeo, los fondos públicos deben asignarse siguiendo criterios transparentes, objetivos, proporcionales y no discriminatorios. Sin embargo, España aún carece de un marco sólido de control anterior y posterior que asegure la rendición de cuentas, la diversidad y la independencia en la toma de decisiones a la hora de repartir este dinero.

Entre otras cosas, el documento recomienda la adopción de buenas prácticas como convocatorias públicas abiertas, criterios objetivos basados en datos de audiencia y consumo mediático, y comités independientes de expertos que planifiquen, seleccionen y supervisen las campañas. Además, se insiste en la necesidad de informes públicos detallados sobre la distribución de los fondos, evaluaciones anuales de resultados y la supervisión parlamentaria, como medidas estructurales para garantizar transparencia y pluralismo.

Otro de los puntos débiles de España señalado en el informe es el pluralismo mediático. La legislación vigente cubre el sector audiovisual, pero deja fuera a la prensa y a los medios digitales. Sigue sin exigirse que los sitios web divulguen la titularidad efectiva de su propiedad.

El informe recuerda la necesidad de revelar la titularidad efectiva y la financiación pública, y propone aplicar una prueba de pluralidad autónoma y evaluada caso por caso en todos los mercados. Además, recomienda vincular bases de datos para facilitar la trazabilidad de propiedad, control y financiación, incluyendo fuentes de terceros países, y garantizar la participación pública informada en los procesos de decisión.

El primer examen europeo sobre la EMFA pone de relieve que España se encuentra lejos de cumplir los estándares de independencia, transparencia y pluralismo que la Unión Europea considera esenciales para un ecosistema mediático democrático. La falta de autonomía de los reguladores, la politización de los medios públicos, la gestión opaca de la publicidad institucional y las limitaciones en la transparencia dibujan un panorama preocupante.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno que modifique el anteproyecto de ley de regulación del secreto profesional de los periodistas para que este derecho pueda también ser invocado por los influencers.

En su amparo a esta actividad, que casi en su totalidad está en manos de personas ajenas al periodismo y, por tanto, libres de las obligaciones de buena praxis y deontología a las que sí están sujetos los profesionales de la información, la Comisión se contradice a sí misma al afirmar, en el mismo dictamen, que el secreto profesional solo se puede invocar para proteger la información “veraz”. ¿El motivo? Que “la desinformación y los discursos de odio en ningún caso pueden verse amparados en el secreto profesional de los profesionales de la información”.

La propuesta de la CNMC ha sido muy mal recibida por las organizaciones profesionales que defienden el reconocimiento de este derecho a los periodistas profesionales —trabajen o no en plataformas sociales— y no a los influencers. En los registros públicos del regulador, que preside Cani Fernández, no consta que sus directivos hayan recibido nunca a representantes de los periodistas, pero sí, este mismo año, a la organización que agrupa y defiende los intereses de los influencers: la Asociación de Profesionales de Influencia Digital.

La Comisión ni siquiera quiere que el reconocimiento del secreto profesional se limite a los llamados usuarios de especial relevancia (UER), que la ley define como aquellos que obtienen elevados ingresos y disponen de un gran número de seguidores. Su propuesta es que cualquiera que hable en redes sociales y se defina a sí mismo como difusor de información pueda invocar un derecho que siempre ha sido patrimonio del periodismo profesional, sin “umbrales de seguidores o limitaciones adicionales como los recogidos en la normativa nacional actualmente vigente”.

La clave es que la CNMC considera a los “vloggers”, “influencers” o “prescriptores de opinión” como “prestadores de servicio de comunicación audiovisual” a partir de la Ley Audiovisual española, que equipara a los UER con las emisoras de televisión o con las cadenas de radio.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés), en cambio, es mucho más restrictivo. En su definición de un servicio de medios de comunicación caben las emisiones de televisión o de radio, los servicios de medios de comunicación audiovisuales a petición, los pódcast de audio o las publicaciones de prensa. Pero excluye expresamente “los contenidos generados por los usuarios y cargados en una plataforma en línea, salvo que constituyan una actividad profesional prestada normalmente a título oneroso, ya se trate de una compensación económica o de otro tipo”.

En realidad, a la Comisión lo que le gustaría es que el anteproyecto del Gobierno no incluyese ninguna definición concreta de profesional de la información para así “abarcar un amplio espectro de agentes profesionales de los medios de comunicación que entran en el ámbito de aplicación de la definición de servicio de medios de comunicación, incluidos los profesionales independientes”.

La propuesta de equiparar a los influencers con los periodistas a efectos del secreto profesional parece partir de una confusión: el secreto profesional, de acuerdo con el derecho de la información generalmente aceptado, no es un privilegio corporativo ni un derecho individual ligado al hecho de comunicar, sino una garantía democrática asociada al ejercicio de una función muy concreta. 

Protege a la ciudadanía, no al emisor. Su razón de ser es permitir que informaciones de interés público —especialmente aquellas que afectan al abuso de poder— puedan ver la luz sin que las fuentes sufran represalias. Desvincular el secreto profesional de esa función —que no es, ni de lejos, el estándar por el que se guían los influencers, salvo que sean periodistas en ejercicio de su profesión— es vaciarlo de sentido.

En el periodismo, el secreto profesional está indisolublemente unido a un marco de responsabilidades y a un código deontológico. No existe como un derecho aislado, sino como parte de un ecosistema que incluye la disciplina de verificación, la rendición de cuentas, el derecho de rectificación, la existencia de editores responsables y la sujeción a códigos deontológicos que no rigen en el mundo de los “prescriptores de opinión” de las redes sociales.

El periodista que protege a una fuente responde también ante su medio, ante los tribunales y ante la sociedad. El influencer, en cambio, opera mayoritariamente como una marca personal: decide contenidos, fuentes y enfoques sin controles editoriales, sin obligaciones equiparables de corrección y, en muchos casos, sin transparencia sobre intereses económicos o contractuales.

Para muestra, un botón: la asociación que les representa en España y a la que la CNMC tiene como interlocutor fue creada hace ahora un año por doce agencias “de marketing de influencia y de representación de creadores de contenido” (Bushido Talent, Grupo GO, Hamelin Agency, In Management, Keepers, Let’s Be Group, Lolita Manager, Nickname, Okiko/Creatives, SO Media Group, Tkers y Youplanet) todas ellas ajenas al periodismo profesional.

Equiparar ambas figuras supone, por tanto, otorgar una protección jurídica reforzada sin exigir las contrapartidas que históricamente la justifican. Es una asimetría peligrosa. El secreto profesional dejaría de ser una herramienta excepcional para proteger informaciones sensibles de interés general y pasaría a convertirse en un blindaje potencial para la opacidad.

En un entorno digital donde proliferan la propaganda encubierta, las campañas coordinadas y la desinformación, permitir que un creador de contenido invoque el secreto profesional sin un marco claro de responsabilidades abre la puerta a abusos evidentes.

El secreto profesional, concebido como garantía frente al poder, podría convertirse así en un instrumento funcional al propio poder económico o político que financia o instrumentaliza determinados discursos. Una herramienta pensada para proteger la verdad podría terminar protegiendo la manipulación.

Además, esta equiparación contribuye a una confusión ya muy extendida entre informar e influir. El periodismo persigue —al menos normativamente— el interés público, la exhaustividad y la proporcionalidad; la lógica de los influencers responde a la visibilidad, el impacto y la monetización de la atención. No se trata de una diferencia moral, sino funcional. Confundir ambas actividades bajo el mismo paraguas jurídico no amplía derechos: diluye los criterios que permiten a la ciudadanía distinguir entre información verificada y contenido persuasivo.

Si cualquiera que comunica puede invocar el secreto profesional, este deja de ser una garantía excepcional. La consecuencia no es una mayor protección de la libertad de expresión, sino una mayor dificultad para exigir responsabilidades cuando se difunden falsedades o se manipula deliberadamente a la opinión pública.

El anteproyecto del Gobierno, aprobado a finales de julio, fue sometido a información pública el pasado verano, sin que desde entonces el Ejecutivo haya sido capaz de darle forma definitiva y de someterlo a consideración final en el Consejo de Ministros.

El borrador inicial definía a los periodistas, etiquetados como “profesionales de la información”, sin exigir ninguna clase de titulación para el ejercicio profesional, como “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”.

Los criterios jurídicos y profesionales generalmente aceptados sugieren que, para considerar que hay “dedicación profesional” a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, esta debe ser habitual, no esporádica. No basta, por tanto, con publicar contenidos informativos puntuales o en redes sociales: tiene que ser una ocupación principal o una forma de vida y tiene que ejercerse, además, a través de medios a los que se pueda pedir “responsabilidad editorial” o, lo que es lo mismo, que se hagan corresponsables de lo difundido.

Su trabajo debe versar, además, sobre “información veraz” de interés público. Algo que, en España, ha fijado el Tribunal Constitucional: aquella que es producto “de una investigación diligente; esto es, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información”.

Y debe ser “de interés público”, lo que exige que afecte o concierna al bien común, al funcionamiento democrático o a los derechos de la ciudadanía, más allá del simple interés o curiosidad del público (la deontología periodística exige no confundir lo que el público quiere saber con lo que el público necesita o tiene derecho a saber para ejercer sus derechos, tomar decisiones informadas o exigir responsabilidades).

¿Y qué significa que el trabajo que se desarrolla deba tener como objetivo hacer efectivo el derecho a la información? Pues que quien quiera ser periodista no se dedique a la producción de contenidos orientados únicamente a entretener, persuadir, hacer propaganda, marketing o crear opinión sin base informativa. Y que se sujete a normas deontológicas (las reconocidas por los colegios profesionales, la FAPE o por organismos como la Unesco o el Consejo de Europa).

Esta es la clave que la CNMC no ha tenido en cuenta: esta definición excluye, por ejemplo, a creadores de contenido o influencers que informan de temas sociales, pero sin tratamiento periodístico ni sujeción editorial; a activistas, portavoces o personas que publican información útil o relevante, pero no de forma profesional ni bajo estándares periodísticos; y a ciudadanos que difunden información, aunque sea veraz, incluso relevante, pero lo hacen sin estructura, continuidad ni responsabilidad editorial.

Dentro de cinco semanas, el 8 de febrero, se cumplirá el primer año de vigencia del artículo del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) que obliga a los medios de comunicación de toda Europa, incluidos los españoles, a detallar de forma visible en sus páginas web tanto la propiedad real de las empresas de las que dependen como la publicidad institucional que reciben de las Administraciones públicas.

Tan largo plazo no ha servido para que el poder mediático en España se ponga las pilas: la práctica totalidad de los medios sigue ocultando al público quiénes son sus dueños, si sus intereses pueden condicionar la información que publican y a cuánto alcanza su dependencia del dinero público que reciben en forma de publicidad institucional.

La única excepción sigue siendo, a día de hoy, infoLibre, que desde hace meses incluye un enlace bien visible al lado de su cabecera, que conduce a una página en la que se detalla la totalidad de la composición de su accionariado. Y a través de la cual se puede conocer el porcentaje de publicidad institucional que alimenta sus ingresos.

A este ejercicio de transparencia se han sumado parcialmente otros tres medios, aunque de manera insuficiente.

El primero de ellos es elDiario.es que, aunque no detalla la composición del accionariado de su empresa matriz, Diario de Prensa Digital SL, sí publica que su director, Ignacio Escolar, tiene el control de la compañía, sin precisar su porcentaje.

La información, que no está accesible fácilmente —es necesario buscar y rebuscar hasta dar con ella, a partir de un enlace enterrado al final de su página principal— añade que otros miembros de la redacción también tienen acciones, pero sin explicar en qué cuantía.

Sí detalla, en cambio, que en 2024 elDiario.es recibió 336.438 euros en campañas de publicidad institucional del Gobierno de España, un “2,1% del total” de sus ingresos. Entre el resto de las administraciones locales, autonómicas y europeas ingresaron 1.183.119 euros en publicidad institucional. Entre todas ellas, sumadas, suponen el 7,6% del total de sus ingresos, aseguran.

El segundo medio nacional, entre los más relevantes en términos de audiencia, que ha dado pasos para cumplir con las exigencias de la EMFA es 20Minutos. Eso sí, como en el caso anterior, hay que bucear para dar con la información, situada al final de la página, bajo un enlace de muy reducidas dimensiones que remite al epígrafe “Transparencia”.

Ahí, 20Minutos explica que pertenece al 100% al Grupo Henneo y que este, a su vez, es propiedad de “la familia Yarza” y de Ibercaja Banco, sin detallar los porcentajes de cada miembro del clan ni de la entidad financiera.

En cuanto a la publicidad institucional —del Estado, las administraciones autonómicas y las locales— 20Minutos admite que supone “el 23% de sus ingresos totales“ (hay que suponer que se refieren al ejercicio de 2024, porque no lo especifican).

El tercer medio que cumple parcialmente con la EMFA, aparte de infoLibre, es El Confidencial, que también ha incluido información sobre su accionariado, aunque prácticamente oculta en la última línea de su página de inicio. Allí figura que es propiedad de Titania Compañía Editorial SL, controlada a su vez por Comitia Inversión SL, de la que es dueño José Antonio Sánchez, el hombre fuerte de este diario digital, con un 46,17% de las acciones. De lo que no habla es de la publicidad institucional que recibe por parte de las Administraciones públicas.

Por limitados que sean estos datos y por muy escondidos que estén, siguen siendo la excepción. El resto de los grandes medios —desde las televisiones privadas a las emisoras de radio, pasando por las cabeceras de papel y los diarios digitales más conocidos— siguen sin cumplir lo que la EMFA les exige desde febrero. Hace once meses.

El reglamento europeo es claro: no basta con cubrir el expediente; hay que revelar esa información de forma visible y detallada. Su artículo 6 dice, literalmente, que los medios de comunicación están “obligados” a hacer “accesible, de forma sencilla y directa”, el “nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. Es decir: los nombres de quiénes son sus dueños.

Pero no solo eso. No basta con decir que un medio es propiedad de la compañía tal o de la sociedad limitada cual. El punto 6.1.c del reglamento europeo puntualiza que lo que deben revelar es “el nombre o los nombres de los titulares reales” del medio tal como se definen en una directiva de la UE de 2015 contra el blanqueo de capitales, según la cual “titular real” es “la persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen al cliente o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción”. O, en su caso, “la persona física o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o participación en el capital de una entidad jurídica”, entendiendo que una participación directa o indirecta del 25% o más se considera indicativa de propiedad o control.

Esto significa que todos los medios deben revelar públicamente quién controla o posee la empresa editorial o audiovisual, incluso si lo hacen mediante otras sociedades de propiedad indirecta. Ya no basta con publicar el nombre de la sociedad editora o del consejo de administración, como hacen la mayoría: tienen que identificar a la persona física que, en última instancia, ostenta el control o la propiedad efectiva.

No vale esconderse tras sociedades pantalla o estructuras en cascada. Si una empresa de medios pertenece a una SL (Sociedad Limitada) que a su vez está controlada por una sociedad en Luxemburgo, el medio debe seguir el rastro hasta identificar y publicar quién es la persona física detrás de esa estructura.

El reglamento, que en su día mereció el respaldo en el Parlamento Europeo de todos los partidos españoles allí representados, con la única excepción de Vox, lo que busca es impedir que personas físicas con intereses políticos, económicos o ideológicos ocultos controlen medios sin que la ciudadanía lo sepa. Una norma de transparencia estructural que trata de preservar el pluralismo y la independencia informativa.

Además, también desde el 8 de febrero, todos los medios deben divulgar, de nuevo de manera clara, detallada y accesible, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.

Medios tan potentes en audiencia como Antena 3, La Sexta y Onda Cero Radio remiten a la web de su propietario común —Atresmedia— mediante enlaces corporativos que obligan a esmerarse para encontrar algo. Al final, lo único que muestran en estos momentos es una tarta de reparto accionarial según la cual el accionista mayoritario es el Grupo Pasa Cartera/ Planeta-Agostini, con un 41,7% de la propiedad. Ni una referencia a la familia Lara, ni tampoco a los dueños de la compañía italiana con la que están asociados y, por supuesto, ni una mención a la publicidad institucional que reciben de las administraciones públicas.

Con Telecinco y Cuatro ocurre lo mismo. Para encontrar un enlace a la matriz del grupo —Mediaset—, hay que buscarlo al final de sus páginas de inicio. Una vez dentro hay que rebuscar para encontrar un enlace a información sobre el grupo. Y de ahí a la información corporativa, que se muestra en inglés porque remite a la empresa domiciliada en Países Bajos —Media for Europe— controlada a su vez por el holding familiar del fallecido político italiano Silvio Berlusconi, que ni se menciona. Como tampoco se habla de su director ejecutivo, Pier Silvio Berlusconi, ni del presidente del consejo de administración, Fedele Confalonieri, el que fuera hombre de confianza del fundador del grupo.

El País y la Cadena SER hacen algo parecido. Se limitan a incluir enlaces, al final de sus páginas de inicio, a la web corporativa de su empresa matriz, Prisa. Una vez allí, cualquier interesado en saber quién es el dueño debe navegar por diferentes enlaces hasta uno que hace referencia a participaciones significativas y autocartera que, en realidad, conduce a la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez allí hay que ir a “notificaciones de derechos de voto e instrumentos financieros” para encontrar una primera referencia que indica que los accionistas mayoritarios son la sociedad Amber Capital UK LLP, con un 29,5%, y el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, con otro 29,5%. Pero nada más: imposible saber por esta vía quién está detrás de Amber Capital, un fondo de inversiones opaco gestionado por el propio Oughourlian.

Sobre publicidad institucional, la opacidad es total. No hay un solo dato visible en El País ni en Cadena SER ni en la web corporativa de Prisa.

Ni siquiera la Iglesia católica se ha apuntado a cumplir la EMFA en lo que a transparencia se refiere. COPE y Trece TV evitan hacer referencia a que su empresa matriz es Ábside Media y que esta, a su vez, está controlada por la Conferencia Episcopal. Tampoco explican a los ciudadanos, como obliga el reglamento europeo, qué porcentaje de publicidad institucional nutre su cuenta de resultados.

La Vanguardia tampoco ofrece la información que está obligada a facilitar en aplicación de la EMFA, más allá de incluir un enlace a la web corporativa del Grupo Godó, que tampoco lo hace. Su emisora RAC1 va más lejos: ni siquiera hace referencia a que pertenece al grupo propietario de La Vanguardia. Imposible, por tanto, conocer de forma accesible el porcentaje del accionariado ni qué importancia tiene la publicidad institucional en sus ingresos.

Incumplen también El Mundo, Expansión, Marca y Radio Marca, todos medios de Unidad Editorial. La matriz se limita a enlazar con RCS Group, la web corporativa del grupo italiano al que pertenece —en idioma de aquel país—. En ella no hay referencia alguna al hombre fuerte del grupo, Urbano Cairo, que participa en RCS a través de Cairo Communication SpA. Ni una palabra, tampoco, de la publicidad institucional que engrosa la cuenta de resultados de cada uno de los medios que dependen de Unidad Editorial.

Abc actúa del mismo modo que El País. Al final de su página de inicio incluye un enlace a su grupo matriz, Vocento, en el que no solo no se detalla la composición del accionariado sino que tampoco se da cuenta de la publicidad institucional que reciben sus medios.

La web corporativa acaba remitiendo a la de la CNMV, en enlaces ocultos detrás de otros enlaces. Allí consta que el accionista mayoritario es Francisco García Paramés (15%), seguido de dos sociedades. La primera, Mezouna SA (11%), de la que no se informa que pertenece a la familia Ybarra Aznar. La segunda tiene por nombre Valjarafe SL, con un 10,1%, y tampoco se explica que está administrada por Soledad Luca de Tena y García-Conde.

EsRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos, se limita a poner un enlace al Grupo Libertad Digital que explica su origen. Si se busca en detalle dentro de esta página, aparece que el consejo de administración lo preside Losantos, al que suele atribuirse el control accionarial del medio, pero no se detalla la composición accionarial. Tampoco, por supuesto, cuánto suponen en sus beneficios la publicidad institucional que recibe.

El repaso a otros medios digitales no ofrece tampoco ejemplos de transparencia. Es el caso de El Español y su empresa matriz, El León de El Español Publicaciones SA, que preside Pedro J. Ramírez, aunque no consta que sea el accionista mayoritario. Ni una palabra sobre el dinero que llega de las administraciones públicas.

Público, al final de su página, deja constancia de que es propiedad de Display Connectors SL, pero no detalla ni enlaza a quién es el propietario —se supone que es el empresario Jaume Roures—. Sobre los ingresos por publicidad institucional se limita a decir que “han representado en Público en los últimos años entre el 5% y el 8% del total percibido por publicidad”, muy lejos del ejercicio de transparencia al que obliga la EMFA.

El cumplimiento de la norma europea para detallar el capital de su empresa matriz (Dos Mil Palabras SL) y la publicidad que recibe de los poderes públicos tampoco está entre las prioridades de OKDiario, el digital ultra que dirige Eduardo Inda.

Hace un año y ocho meses, en abril de 2024, el presidente Pedro Sánchez sorprendió a propios y extraños al anunciar que abría una reflexión de cinco días sobre su continuidad al frente del Gobierno. ¿El motivo? Su mujer, Begoña Gómez, acababa de ser procesada en el marco de lo que consideraba —y todavía califica en esos términos— una “operación de acoso y derribo” de la derecha y la ultraderecha con el objetivo de hacerle “desfallecer en lo político y en lo personal” atacando a su esposa.

Sánchez resolvió la situación pasando aparentemente al ataque. Confirmó no solo su continuidad, sino que también anunció lo que acabó bautizando como un Plan de Acción Democrática que, entre otras cosas, incluía una batería de iniciativas destinadas a frenar la difusión de bulos y desinformación a través de seudomedios de derecha y extrema derecha, financiados en gran medida por administraciones gobernadas por el PP. Una práctica que, rescatando un término creado por el semiólogo italiano Umberto Eco, bautizó como “la máquina del fango”.

La idea era sencilla y fue rápidamente aplaudida por la izquierda. Se trataba de combatir los llamados seudomedios —que han convertido la desinformación en un negocio alimentado con fondos públicos— y reforzar el periodismo de calidad. Sin embargo, a año y medio del final de la legislatura, de nuevo sumergidos en un ciclo electoral que no dará tregua hasta las elecciones generales, las medidas siguen sin concretarse. No existe un calendario claro para su impulso y ni siquiera está claro que el Gobierno cuente con aliados suficientes para sacarlas adelante.

De hecho, lo único que se ha ido concretando, en parte porque es una derivada de los fondos europeos de recuperación, ha sido el paquete de ayudas aprobado en diciembre de 2024, dotado con 124,5 millones de euros. Este presupuesto, orientado al refuerzo del periodismo digital, incluye un programa de 65 millones para la consolidación digital de la prensa (adquisición de nuevas tecnologías y renovación de infraestructuras) y un “kit digital” de 5 millones para fortalecer a los periódicos locales.

Se han reservado 15 millones para mejorar la ciberseguridad de los medios, 10 millones para proyectos de I+D con inteligencia artificial dirigidos a medios grandes y medianos, otros 10 millones para innovación basada en la compartición de datos y 19,5 millones en préstamos para digitalización y herramientas tecnológicas de difusión. Estas ayudas —en línea con las buenas prácticas europeas mencionadas en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido como EMFA por sus siglas en inglés— se conceden con la intención de reforzar la capacidad tecnológica de la prensa, pero no tienen relación directa con la lucha contra la desinformación.

Lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno no ha culminado ningún proyecto legislativo relacionado con los medios. El único que ha salido del Consejo de Ministros y ha llegado al Congreso de los Diputados es el que desarrolla la EMFA para convertir a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en el organismo independiente encargado de supervisar el sector y crear un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos.

El proyecto, sin embargo, acumula prórroga tras prórroga del trámite de enmiendas en la Cámara baja desde el pasado mes de julio, sin que nadie sepa cuándo se someterá a debate en el pleno.

Los medios, entretanto —con infoLibre casi como única excepción—, desafían la normativa y, pese a estar obligados por la EMFA desde el pasado mes de febrero, siguen sin divulgar de forma detallada y accesible quiénes son sus propietarios y cuánta publicidad reciben de las administraciones públicas, un dato crucial para saber si sus contenidos rinden obediencia a un partido u otro.

El resto de iniciativas ni siquiera han sido enviadas al Congreso. El Gobierno da vueltas desde hace meses a la anunciada reforma de la Ley reguladora del Derecho de Rectificación, con el objetivo de agilizar las reclamaciones contra noticias falsas o tendenciosas y aplicar indemnizaciones adecuadas. Pero no se decide a llevarla siquiera al Consejo de Ministros en forma de anteproyecto.

Lo mismo sucede con la ley reguladora del secreto profesional de los periodistas, un mecanismo de protección reconocido por la Constitución pero que nunca se ha desarrollado en nuestro país, y al que ahora el Gobierno —aprovechando que también es una exigencia de la EMFA— quiere dar forma. El anteproyecto, aprobado antes del verano, salió a información pública y sigue esperando a que el Ministerio de la Presidencia se decida a enviarlo al Congreso.

Sometido a un debate interno que el Gobierno no parece capaz de resolver sigue el proyecto de ley regulador de la Publicidad Institucional, una reforma que también es consecuencia directa de la EMFA europea. El objetivo es que toda la publicidad que se paga con fondos públicos —por parte del Estado, de las empresas de capital público, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos— se distribuya con criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.

Y no solo eso: el proyecto debe dar forma a lo que ya es un mandato en vigor de la EMFA: que anualmente se publique el detalle de ese reparto, para saber qué administración paga a qué medios y cuánto dinero recibe cada televisión, diario o emisora de radio.

Tampoco hay avances en varios compromisos del Plan de Acción Democrática, en particular en la introducción de límites legales a la financiación pública de medios. No existe tampoco ningún avance en la propuesta de crear una comisión parlamentaria contra las campañas de desinformación ni en relación con la prometida reforma de artículos del Código Penal (escarnio público, delitos contra los sentimientos religiosos, entre otros) vinculados a la libertad de expresión, que ha quedado fuera de la agenda del Gobierno y sigue en manos de iniciativas parlamentarias en el Congreso que tampoco parecen avanzar.

Es lo que sucede con la anunciada modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza—, que tampoco ha dado pasos concretos. Si bien el Gobierno y los grupos que le apoyan retomaron conversaciones sobre esta reforma, aún no hay acuerdo. La derogación parcial de la “mordaza” —eliminando, por ejemplo, las sanciones por tomar fotografías o grabar a agentes policiales— sigue atascada en fase de negociación, sin que se haya abierto formalmente la ponencia parlamentaria.

Otro compromiso del plan, la estrategia nacional contra las campañas de desinformación, ha iniciado su tramitación técnica, pero todavía no ha dado frutos. El Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 28 de enero de 2025 el procedimiento para su elaboración, pero el proceso sigue pendiente.

La publicidad institucional no solo financia campañas de interés público. También condiciona, de manera más o menos indirecta, la estructura económica de gran parte de las empresas que se dedican al negocio de la información. Y cuando se convierte en pieza esencial de la supervivencia empresarial de quienes la reciben, da lugar a lo que se conoce como la captura de medios: el proceso mediante el cual un actor político o económico logra influir en el trabajo periodístico mediante mecanismos que no pasan por la censura directa, sino por la dependencia financiera.

El fenómeno tiene tanta importancia que la Unión Europea decidió abordarlo como un elemento más del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Desde este verano, es obligatorio que los poderes públicos europeos y españoles (lo que interpela al Gobierno central, pero también a las comunidades autónomas y a la Administración local) repartan de manera transparente y reglada la publicidad institucional que llega a los medios, detallando cuánto recibe cada uno de ellos y por qué.

Ninguno lo está haciendo, pero la regulación ha abierto un debate soterrado e incómodo entre partidos y medios de comunicación, muchos de los cuales dependen de ese flujo de dinero público para sobrevivir. Es un asunto de enorme relevancia porque una arquitectura económica dependiente incentiva la autocensura y la alineación editorial con el poder que distribuye los recursos. [Ver aquí, como ejemplo, la investigación realizada por infoLibre sobre el reparto de publicidad institucional del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid].

El sistema actual de reparto de la publicidad institucional favorece ese mecanismo. Las Administraciones —estatales, autonómicas o locales— concentran cantidades significativas de inversión pública en medios de comunicación, en ocasiones con criterios opacos, discrecionales o directamente vinculados a afinidades políticas. Algunos de los principales actores de la desinformación política en España se sostienen, en todo o en parte, con dinero público de las Administraciones del Partido Popular.

Pero también es una fuente de financiación vital para muchos medios profesionales, especialmente los de ámbito local o regional, porque supone una parte sustancial de sus ingresos anuales. Y cuando la continuidad de un proyecto informativo depende de una decisión política renovable cada año, la frontera entre independencia y complacencia se vuelve mucho más frágil.

Impedir la captura de medios es la razón por la que el borrador de reforma de la Publicidad Institucional que prepara el Gobierno llegó a incluir un artículo que prohibía a los medios recibir más del 30% de su volumen de negocio en forma de publicidad institucional. Pero solo a los que facturaran más de dos millones de euros al año: los demás, los más pequeños, podrían seguir recibiendo inyecciones de dinero público por encima de ese porcentaje, incluso si alcanza el 100% de su volumen de negocio.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, se lo está pensando dos veces. Todavía no hay un anteproyecto listo para llevar al Consejo de Ministros, pero la idea de fijar un porcentaje máximo se ha caído, de momento, del borrador. Y sigue sin haber una decisión definitiva, según fuentes consultadas por infoLibre.

A la espera de lo que el Gobierno decida sobre este asunto, el debate ya ha estallado en Castilla y León. Los partidos de la oposición en esta comunidad —PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos— se pusieron de acuerdo para imponer a la Junta de Alfonso Fernández Mañueco (PP) una reforma de la ley autonómica de Publicidad Institucional que, entre otras cosas, limita al 33% los ingresos que los medios de este territorio pueden recibir por este concepto en proporción a su volumen de negocio.

Los medios de la región y el Colegio de Periodistas de Castilla y León, que afirman no haber sido siquiera consultados por los promotores de la norma, se oponen frontalmente a su contenido. A la fijación de un porcentaje, que en la práctica limita cuánto dinero de publicidad institucional pueden recibir los medios, y a un artículo que excluye de estos fondos a los medios que hayan sido condenados en sentencia firme de manera reiterada.

La movilización es tal que una plataforma de 29 empresas periodísticas que representan a 33 medios de la comunidad ha decidido impugnar la nueva ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pidiendo su suspensión cautelar. Se apoyan en un dictamen redactado por el Consejo Consultivo de Castilla y León, a petición de la Junta del PP, según el cual la normativa no tiene encaje en la Constitución porque, al fijar límites en la contratación y supuestos de prohibición a la hora de percibir estos fondos, invade competencias estatales.

Si la ley no se cambia, el Colegio de Periodistas pronostica el cierre de muchos medios de comunicación. Esta organización afirma que el nuevo escenario ya ha provocado los primeros despidos en algunos de ellos, lo que, sostiene, afecta directamente a la pluralidad informativa en Castilla y León.

La modificación de la ley ha llegado a pocos meses de las elecciones que decidirán el futuro político de la comunidad. Presionados por el sector de medios y organizaciones de periodistas, el PSOE de Castilla y León ha presentado una proposición de ley para volver a reformarla, eliminando precisamente el límite del 33%.

Pedro Lechuga, decano del Colegio de Periodistas, considera arbitrario ese porcentaje, asegura que perjudica especialmente a los medios de zonas rurales y dice que vulnera los derechos de las empresas. “Esta nueva ley no viene a arreglar los problemas que puede tener la ley de publicidad institucional, sino a poner unas trabas y a poner unos condicionantes que, precisamente, a quien va a afectar es a los medios de comunicación más pequeños”, sostiene.

Del mismo modo, se opone a que los medios condenados de manera reiterada y firme se vean privados de estos recursos. Según Lechuga, eso es tanto como abrir las puertas “a que haya campañas para intentar cerrar algún medio” mediante denuncias judiciales “por posibles fallos que hayan cometido o por posible información no correcta que hayan podido publicar”. “A nosotros también nos parece que es algo muy peligroso”, concluye.

El rol de los medios tradicionales se ha visto diluido ante el auge de los pseudomedios, algunos de ellos correas de transmisión de determinados intereses políticos, que imitan la apariencia de los medios pero ignoran los principios básicos del rigor periodístico. La urgente necesidad de identificar mecanismos de autorregulación eficaces y preservar la calidad e independencia informativa es cada vez más acuciante, especialmente ante la expansión de la inteligencia artificial y su capacidad para manipular la opinión pública.

Esta situación ha incrementado la importancia otorgada hasta ahora a los Consejos de Medios en la mayor parte de Europa. Los Consejos de Medios, también conocidos como Consejos de Prensa, son organismos independientes creados para promover los principios éticos y deontológicos del periodismo y garantizar la calidad de la información que reciben los ciudadanos. Suelen estar compuestos por periodistas, editores y, en algunos casos, representantes del público.

Su función es actuar como mecanismos de autorregulación del sector mediático. Por eso, entre sus funciones están recibir y tramitar quejas o reclamaciones sobre posibles vulneraciones del código ético periodístico por parte de los medios; emitir resoluciones, recomendaciones y dictámenes sobre la calidad y veracidad de los contenidos publicados; fomentar el debate sobre buenas prácticas profesionales y adaptarse a los nuevos retos de la comunicación digital; defender la libertad de información en su doble vertiente, la que garantiza a los periodistas poder informar y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural; y servir como punto de referencia en la definición de los límites éticos del periodismo —especialmente frente a fenómenos como la desinformación, los pseudomedios y los discursos de odio—.

En España, sin embargo, las demandas históricas de las organizaciones de periodistas para convencer a los Gobiernos de turno —tanto del PP como del PSOE— de la necesidad de contar con un organismo equivalente siempre han encontrado la oposición de los grandes partidos, de los medios más influyentes —que desconfían de cualquier régimen de supervisión— y de una parte de la profesión, que mantiene la creencia de que la mejor regulación de la prensa es la que no existe.

La excepción siempre ha sido Cataluña. Impulsado por el Col·legi de Periodistes, y con el respaldo de la mayoría de los medios y de las fuerzas políticas, desde 1997 existe un Consell de la Informació de Catalunya, que sus creadores, con apoyo sindical y profesional, quieren ahora que goce de refrendo institucional mediante una ley autonómica. Desde entonces funciona como consejo de autorregulación.

En el resto de España, en cambio, los diferentes Gobiernos han preferido mirar para otro lado para no incomodar a los grandes medios que tradicionalmente han controlado el mercado de la información en televisión, prensa y radio. Y cuando no han tenido más remedio que nombrar un supervisor, obligados por la Unión Europea, como es el caso de lo previsto en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), han decidido dejar el asunto en manos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), un organismo todoterreno que lo mismo se pronuncia sobre el mercado eléctrico que sobre el servicio de correos o la competencia ferroviaria, por citar solo tres de la extensa lista de áreas sobre las que tiene competencia.

En cambio, el consenso en Europa es muy elevado, especialmente ante la transformación digital, el auge de la desinformación y la aparición de nuevos actores (como influencers y creadores de contenido). Existen diferencias nacionales muy acusadas, pero, en general, los consejos se consideran esenciales para la defensa de la ética periodística y la confianza pública.

La independencia de los Consejos de Medios frente al poder político constituye un elemento central en su credibilidad y eficacia como mecanismos de autorregulación. Según un estudio reciente publicado por Raad voor de Journalistiek (Consejo Neerlandés para el Periodismo), aunque la existencia de una base legal o un reconocimiento institucional puede considerarse positiva, el funcionamiento autónomo exige garantizar la ausencia de interferencias gubernamentales sustantivas. En este contexto, la financiación y el grado de dependencia normativa aparecen como indicadores clave para medir la capacidad real de estos organismos para operar sin presiones políticas.

Los consejos más independientes suelen caracterizarse por la ausencia de financiación estatal directa y por modelos organizativos no sustentados en estructuras legales rígidas. La combinación de voluntariedad, tradición y autofinanciación reduce su exposición a los ciclos políticos y limita la posibilidad de presión a través de presupuestos o reformas legislativas. Entre los casos más representativos figuran el Raad voor de Journalistiek de Países Bajos, el Press Council of Ireland —cuya propia constitución restringe cualquier financiación externa ajena a sus miembros—, el consejo eslovaco Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky, el Pressinõukogu estonio y el modelo sueco articulado en torno al Medieombudsman y el Mediernas Etiknämnd.

En un nivel intermedio se sitúan los consejos con independencia moderada, cuya vulnerabilidad deriva bien de una financiación estatal parcial, bien de una estructura definida por ley. Esta situación los hace más sensibles a la turbulencia política o a posibles modificaciones legislativas. Es el caso del Deutscher Presserat alemán, que recibe una subvención gubernamental específica para el Comité de Quejas; del Julkisen Sanan Neuvosto finlandés, parcialmente financiado por el Ministerio de Justicia; y del Österreichischer Presserat austríaco, que también cuenta con apoyo estatal.

Bélgica presenta un modelo mixto en el que los consejos RVDJ y CDJ obtienen financiación gubernamental indirecta a través de asociaciones profesionales. En Dinamarca, el Pressenævnet no recibe fondos estatales, pero sí opera bajo una estructura fijada por la ley de responsabilidad de los medios. En España, el Consell de la Informació de Catalunya accede a financiación pública para proyectos concretos, tras una etapa en la que el apoyo al consejo era un requisito para optar a fondos públicos.

El grupo de organismos más expuestos a interferencias políticas lo encabeza Luxemburgo, cuyo Conseil de Presse depende íntegramente de la financiación estatal. Su papel adquiere un peso adicional porque la emisión de carnés de prensa —su principal función— determina el cálculo de las subvenciones públicas a los editores, vinculadas al número de periodistas acreditados.

El debate sobre la eficacia de los consejos de medios suele girar en torno a su limitada capacidad para imponer sanciones. Con frecuencia se les reprocha ser “tigres sin dientes”, ya que la mayoría carece de mecanismos coercitivos y basa su actuación en la fuerza moral de sus resoluciones. La sanción más habitual consiste en exigir al medio implicado la publicación de la decisión, un gesto que no conlleva consecuencias legales o financieras pero que sí tiene un peso reputacional dentro del sector.

Algunos consejos, sin embargo, disponen de instrumentos con efectos reales y vinculantes. Estos mecanismos pueden implicar sanciones económicas, responsabilidades legales o incluso la exclusión de organizaciones profesionales. En Suecia, los medios que incumplen deben pagar una multa administrativa que contribuye a financiar al propio consejo, y la reincidencia puede derivar en la expulsión de la organización que gestiona la ética mediática.

El modelo danés es aún más estricto: desobedecer una orden de publicación puede acarrear una multa o incluso penas de prisión de hasta cuatro meses. Lituania introduce un componente financiero significativo, ya que los medios infractores pueden ver restringida su capacidad para optar a fondos o contratos públicos y perder durante un año la tarifa preferencial del IVA. En Bulgaria, el consejo puede remitir los casos al regulador estatal, que está facultado para imponer multas que oscilan entre 2.000 y 5.000 levas búlgaras (BGN).

La mayoría de los consejos, no obstante, se apoyan en sanciones de carácter fundamentalmente moral. En estos modelos se privilegia la publicación obligatoria de la resolución como instrumento de autorregulación. En Irlanda, los miembros están obligados a difundir las decisiones siguiendo pautas específicas de colocación y formato. Alemania recurre a la figura de la “reprimenda”, cuya publicación los editores se comprometen a garantizar. Finlandia opera de manera similar, con la obligación de publicitar sin demora cualquier reprimenda por malas prácticas periodísticas. Países Bajos mantiene un enfoque más flexible: no existe una obligación vinculante, pero se espera que las redacciones atiendan las solicitudes del consejo. En Bélgica, en el ámbito de Wallonia-Brussels, el medio debe colocar durante 48 horas en un lugar destacado el resumen de la decisión y mantener una referencia permanente en el artículo cuestionado.

Aunque estas sanciones se perciban como débiles, su impacto suele ser mayor de lo que se reconoce. La presentación de una queja provoca debates intensos dentro de las redacciones, y la falta de publicación de las resoluciones erosiona el funcionamiento del sistema de autorregulación, cuyo prestigio descansa precisamente en la responsabilidad asumida por los propios medios.

Los cuerpos ejecutivos y de quejas son responsables de gestionar denuncias y emitir resoluciones, y su composición busca combinar experiencia periodística con sensibilidad hacia el interés público. El liderazgo —en manos de presidentes u ombudsman— es decisivo para la autoridad del consejo. Se exige que sus miembros sean figuras reconocibles, con independencia y solvencia profesional. En numerosos sistemas, la presidencia de los comités de quejas recae en juristas, a menudo con trayectoria judicial, lo que se interpreta como una contribución determinante a la credibilidad del organismo. 

Suecia, por ejemplo, nombra a su Ombudsman de Medios mediante un comité especial en el que participan el Defensor del Pueblo Parlamentario, el presidente de la Asociación Sueca de Abogados y el presidente del Club Nacional de Prensa. En Luxemburgo estos comités están encabezados por un exjuez, mientras que en Irlanda el modelo de autorregulación se anticipó a la intención gubernamental de crear un ombudsman estatutario.

La presencia de periodistas en estos órganos se considera natural y necesaria. Los representantes del sector deben incluir a profesionales en activo y reflejar la diversidad del ecosistema mediático, evitando que solo participen actores tradicionales. La selección aspira a combinar conocimiento y experiencia, y algunos países establecen mecanismos formales: en los Países Bajos, por ejemplo, los periodistas son propuestos por la Asociación de Periodistas y por la Asociación de Editores en Jefe, según recogen los estatutos del consejo.

La incorporación de miembros públicos o externos es ampliamente respaldada porque contribuye a que el organismo no sea percibido como una instancia corporativa. La presencia de académicos, especialistas en derecho de los medios o representantes de organizaciones de derechos humanos refuerza la legitimación social de las decisiones. Otros sistemas abogan por reflejar a la sociedad civil en su conjunto. Sin embargo, no todos los países siguen este modelo. Alemania no incluye miembros del público, y en Austria y Luxemburgo su participación es muy limitada: solo los presidentes de los comités de quejas proceden de fuera del sector periodístico. Entre los argumentos para esta restricción figuran la posible falta de conocimiento en ética periodística o la preocupación por conflictos de intereses en países pequeños.

Le ha tocado presidir el Media Board, el órgano que reúne a los supervisores de medios de los 27 miembros de la Unión Europea, cuando el que él mismo representa, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), todavía no ha podido asumir esas funciones porque la ley que debe encomendárselas aún no se ha tramitado en el Congreso. Carlos Aguilar (Barcelona, 1972), doctor en Comunicación Audiovisual y profesor de Economía Aplicada a los Medios, es, en todo caso, la cabeza visible de una supervisión mediática que, a duras penas, se abre camino en España a través del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

La EMFA está en vigor, pero nadie se da por aludido. El desarrollo de la norma, que incluye la designación de la CNMC como supervisor, acumula polvo en un Congreso sin mayorías. ¿Qué calendario cree que le espera?

Estamos en stand-by. Hemos hecho el trabajo preparatorio, pero hasta que no se apruebe la norma y se nos atribuyan las competencias, no hay más que podamos hacer. Somos muy activos a nivel europeo: estamos en la presidencia del Media Board, participamos en todos los grupos de trabajo… Tenemos un papel todo lo activo que se puede tener, sin traspasar las competencias que tenemos atribuidas. Somos como el que está en la línea de salida esperando que le den la bandera verde.

Si la ley se retrasa, ¿habrá consecuencias?

Para mí hay dos niveles. Uno es la conciencia de los grupos parlamentarios de que esto es importante, que es algo más allá del capricho partidista, que tiene que ver con la protección de las fuentes, con la transparencia, con una cultura general de lo que deben ser los medios de comunicación. Y otro tiene que ver con la obligación de cumplimiento de las directivas europeas. El segundo tiene un camino largo, pero es verdad que a la larga fuerza a los Estados a actuar. Pero, para mí, lo ideal sería el primero: que los grupos parlamentarios y la sociedad civil entendieran, con una lectura objetiva de la EMFA, lo que realmente pretende. Me consta que la Comisión Europea está haciendo seguimiento y que, a partir de esa información, se inician los procedimientos de infracción.

Como presidente del Media Board, lo sabrá bien: ¿en qué puesto estamos? ¿Somos los últimos de la clase?

Hay países que ya tenían cosas parecidas y están por delante. Y hay países que no están haciendo absolutamente nada. Nosotros estamos en la parte media-baja de la cola. Cuanto más tiempo pase, más abajo nos quedaremos.

¿La CNMC va a poder establecer criterios o indicadores que permitan evaluar la independencia real de los medios públicos, más allá del reparto por cuotas políticas en los consejos, que es a lo que estamos acostumbrados?

Lo que debería pasar es que sea la legislación de los Estados miembros la que especifique estos criterios, y el regulador independiente el que los supervise. Nosotros podremos opinar. La función real del supervisor no es marcar la pauta de qué está bien o mal; eso es potestad de los legisladores. Y desde mi punto de vista —y aquí te doy mi opinión personal— está clarísimo que esto afecta al escalón autonómico y a las corporaciones públicas autonómicas, tanto para garantizar los mismos derechos del artículo 5 como para que exista una supervisión efectiva e independiente.

Lo que es muy relevante es que se apliquen las salvaguardas del artículo 5 de la EMFA: debe haber un sistema claro y transparente de designación de los directivos. Tiene que ser aprobado, evidentemente, por la mayoría del legislativo y luego debe haber un cumplimiento. ¿Qué evitaría eso? Cambios sucesivos con legislación ad hoc, que es lo que nos ha estado pasando últimamente. Y eso daría la garantía que el servicio público necesita para poder desarrollar su trabajo con la tranquilidad necesaria.

¿Harán falta herramientas como consejos de informativos independientes y estatutos que protejan a los periodistas que trabajan en los medios públicos?

Si la pregunta es si serían convenientes, es un hipotético, por lo tanto, si respondo que sí, no hay ningún problema, porque es un hipotético. Pero déjame que vaya un poco a la realidad. Al final, si repasas la normativa europea, la EMFA o incluso la Ley General de Comunicación Audiovisual, es algo que se da por supuesto de manera implícita: debe haber independencia respecto a la propiedad y respecto a la actuación política. Lo que tú planteas, de alguna manera, es que sean estos consejos informativos los encargados de garantizarlo. Es una de las soluciones posibles para hacerlo.

Lo que está claro es que debe haber algún mecanismo dentro de los medios públicos que lo garantice, que esté articulado y que funcione, y que, por lo tanto, exista. Pero la solución por la que se opte puede ser diversa, porque también va a depender del país. No se tomará la misma decisión en España que en Suecia.

¿Deberían reformarse las leyes que regulan los medios públicos en España para adaptarlas a lo que prevé la EMFA?

Yo creo que deberían actualizarse. “Reformar”, a lo mejor, es una palabra demasiado fuerte, pero lo que parece evidente es que es una oportunidad para volver a empezar. No de cero, pero sí para limpiar y reestructurar el cuerpo legislativo que rige los medios públicos, que con los años se ha ido complicando. Sería el momento de sentarse a recolocar las piezas. Pero esto también es una opinión absolutamente personal. Lo digo porque, en este caso, no hablo en nombre de la Comisión.

¿Es una anomalía que la supervisión independiente que deben ejercer las comunidades —en materia audiovisual ahora y en el futuro en relación con los medios— se lleve a cabo directamente desde sus gobiernos?

En términos formales es difícil decir que sea una anomalía, porque la ley permite esta posibilidad. Pero, de una manera natural, la EMFA parece decir que deberían crearse autoridades supervisoras audiovisuales independientes al estilo de los consejos audiovisuales de Cataluña, Andalucía o la Comunitat Valenciana. Esto sí que es un cambio que se tendrá que dar. Dicho esto, que es la opinión formal, parece lógico que la mejor manera de funcionar sea la de crear un regulador independiente. Pero, de nuevo, estamos ante una decisión de los legislativos autonómicos.

Es un poco extraño que la supervisión la ejerzan los gobiernos autonómicos, que son los que tienen que ser supervisados, por ejemplo, en lo que afecta al reparto de la publicidad institucional.

El reglamento es clarísimo en ese punto: quien realiza estas funciones tiene que ser un órgano independiente.

Pero es chocante que ninguna comunidad haya dado el paso para adoptar esa medida.

Estoy contigo, y lo comparto a nivel personal y como académico. Creo, además, que estos pasos se tendrán que dar porque es un reglamento y, si no se hace, entraremos en infracción.

¿Tiene sentido que en España sea el Gobierno quien concede las licencias de TDT —e hipotéticamente tenga la capacidad de revocarlas— en vez de un organismo independiente?

Como CNMC, la respuesta institucional es que no nos pareció contrario a lo que se puede hacer. Pero es verdad que, en este punto, yo hice un voto particular personal al primer anteproyecto de ley del año 2022: debería ser el regulador independiente y no el Gobierno. Pero es solo mi opinión, no tiene nada que ver con la de la institución. Al no entrar en contradicción con el texto de la EMFA, acaba siendo una decisión del legislador.

La EMFA ha generado grandes expectativas sobre la transparencia de la propiedad de los medios. Pero, aunque este punto concreto está en vigor desde febrero, casi nadie lo está cumpliendo. ¿Cómo se va a hacer cumplir esta obligación?

Va a ser posible en el momento en que se atribuyan competencias al supervisor y conlleve sanciones a quien no cumpla. El anteproyecto de ley ya va en esa dirección, y creo que es un paso positivo. Pero para mí hay una segunda cosa muy importante: esto debería ser un elemento distintivo de los medios respecto a los ciudadanos y para quienes ponen publicidad. Esa es la cultura que la EMFA quiere transmitir: si quiero publicitarme en un determinado medio, para mí debería ser un prerrequisito que ese medio cumpla una normativa de transparencia respecto a los ciudadanos. Es una cuestión casi cultural: un elemento que me garantiza que, sea cual sea su orientación, un medio está siendo con la información tan transparente como lo es con su propiedad.

Hay quien ha planteado que el acceso a la publicidad institucional esté vinculado a cumplir estrictamente la exigencia de transparencia en la propiedad.

De nuevo no te puedo dar la opinión institucional, pero desde mi punto de vista creo que con lo que te he dicho antes queda absolutamente claro.

Para repartir la publicidad institucional y también para detectar la concentración, es esencial contar con mecanismos fiables de medición de audiencias. El Gobierno ha renunciado a legislar sobre este asunto, así que, ¿cómo salimos de esta? ¿Cuál sería la receta óptima?

Es una pregunta demasiado difícil. Lo que hemos hecho primero es ver cuál es el panorama, hablando con los medidores de audiencia, con los anunciantes y con los medios. Es una primera visión de cuál es el mapa y el estado de situación para acompañar a la Comisión en la elaboración de unas guías. Lo importante es que, sea cual sea el sistema, debemos garantizar que sea transparente, replicable y que recoja las singularidades de un mercado determinado. No solo me parece lo más complicado, sino también lo más sensible, porque de ahí deriva la supervivencia de muchos. Debería alcanzarse por consenso de todos.

Y, en paralelo, lo que sí está ya en funcionamiento es la obligación de que los sistemas de audiencia pasen por una auditoría anual y externa. Esa auditoría es con la que debemos nutrir a las autoridades audiovisuales para empezar a plantear soluciones. Porque ahora tenemos un conocimiento muy limitado.

La obligación de repartir con transparencia y criterios objetivos la publicidad institucional también está en vigor, pero ninguna administración lo está cumpliendo. Si la ley se aprueba, ¿la CNMC podrá obligar al Estado, a las autonomías o a los ayuntamientos a cumplir?

La EMFA dice que, con el fin de evaluar la exhaustividad de la información sobre la publicidad estatal, los organismos reguladores podrán solicitar a las entidades públicas información más pormenorizada.

Tendrá, entonces, el poder de reclamar a las administraciones...

Eso es. Esto es un consenso por el bien de los ciudadanos y de la democracia, y de lo que los medios suponen para la democracia. No aceptarlo no es ir contra la EMFA, es ir contra una idea de lo que es Europa y de lo que supone la democracia.

La CNMC supervisa desde hace relativamente poco tiempo a los influencers con más seguidores e ingresos más elevados. ¿Cómo sabe la CNMC que alguien tiene esos ingresos?

Porque los pedimos. Tenemos la capacidad de supervisión, y eso nos da la capacidad de saber. En caso de que no respondan, pasa lo mismo que cuando imponemos una multa: podemos mirar en el Registro Mercantil. No tenemos un convenio con Hacienda a día de hoy, pero digamos que tenemos maneras de llegar a saber lo que alguien declara, porque además es información pública. Indagamos hasta donde es necesario para ver si alguien está o no sujeto a la ley.

Actúan como si no fuese con ellos. Los gobiernos autonómicos están ignorando la aplicación, en sus respectivos ámbitos territoriales, del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) que entró en vigor el pasado mes de agosto. En particular, la necesidad de designar o crear un organismo independiente para gestionar el registro de medios, supervisar la radiotelevisión pública autonómica y vigilar el reparto de publicidad institucional.

En el ámbito estatal no es que el Gobierno se esté dando mucha prisa. Pero, al menos, y aunque el texto lleva meses acumulando polvo en algún cajón de la Cámara Baja, ya ha remitido al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de dejar esta responsabilidad en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que ya tenía encomendada la supervisión del sector audiovisual.

Lo que dice la norma europea es que cada Estado miembro debe contar con una autoridad reguladora nacional independiente, con poderes suficientes, funciones claramente separadas del Gobierno y garantías de autonomía funcional y financiera, encargada de supervisar a los medios —incluidos los públicos— conforme a los estándares de independencia editorial, gobernanza y financiación establecidos por el reglamento. Una previsión que, en el caso de los Estados descentralizados, como es el de España, el Gobierno central comparte con las comunidades autónomas, lo que obliga a cerrar entidades semejantes a escala de cada territorio.

La EMFA exige, además, reformas legales para implementar procedimientos de nombramiento y cese del órgano de dirección de los medios públicos autonómicos que garanticen su independencia, mandatos estables y financiación suficiente, así como salvaguardas contra interferencias políticas en la gestión y en las decisiones editoriales.

Del mismo modo, el reparto de publicidad —también la autonómica— debe realizarse con transparencia y reglas no discriminatorias: los poderes públicos deben difundir criterios, procedimientos, importes y beneficiarios; y los medios tienen la obligación de divulgar el total anual de publicidad estatal recibida, además del detalle de sus propietarios.

Para vigilar todo esto, en lo que atañe a cada comunidad autónoma, deberían designarse o crearse organismos independientes, pero nadie ha dado el paso. La mayoría llevan años ignorando su necesidad. Desde 2022 debían haber puesto en marcha un supervisor imparcial en materia audiovisual. Tenían la obligación de hacerlo y solo tres comunidades, al menos sobre el papel, disponen de algo parecido: Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Esta semana, cinco entidades catalanas, lideradas por el Col·legi de Periodistes, dieron el paso de exigir “un gran acuerdo parlamentario” para “crear por ley” un Consell de la Informació i la Comunicació de Catalunya como organismo independiente encargado de aplicar las previsiones de la EMFA: el registro de medios, la transparencia sobre la propiedad y los ingresos por publicidad institucional, la promoción del pluralismo, la consecución de espacios digitales seguros y la protección del trabajo de los periodistas.

Es solamente un primer paso, pero nadie más lo ha dado. Y no parece que esté en los planes del resto de los gobiernos autonómicos.

Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, como los tienen, envían a representantes de sus consejos audiovisuales a las reuniones de coordinación que convoca periódicamente la CNMC. Lo que deja en videncia al resto comunidades y revela hasta qué punto los gobiernos autonómicos —de todos los colores políticos— mantienen un control directo del espacio audiovisual y no tienen la menor intención de cambiar de estrategia con la EMFA.

El País Vasco (PNV) envía a un representante de su Departamento de Cultura y Política Lingüística, y Galicia (PP) al director general de Medios, que depende directamente del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Asturias (PSOE) está representada por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Gobierno del Principado; La Rioja (PP), por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía. Murcia (PP), a su vez, envía a un representante de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital del Gobierno de Fernando López Miras.

En representación del Gobierno de Aragón acude el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón (PP). Castilla y León supervisa su sector audiovisual también directamente desde el Ejecutivo, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital del Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco (PP).

El modelo se repite en Canarias, donde la supervisión independiente tampoco existe y está en manos de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno autonómico, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo

Navarra, con la socialista María Chivite al frente, tampoco se salva. En vez de un organismo independiente, se ocupa de la supervisión el Departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral. Extremadura, que en diciembre inaugurará el nuevo ciclo electoral y a cuyo frente está María Guardiola (PP), tampoco se ha resistido a sortear la supervisión imparcial del sector audiovisual: en este caso, es la Consejería de Hacienda y Administración Pública la que se encarga de todo.

En Illes Balears, con Marga Prohens a los mandos (PP), se ocupa la Consejería de Presidencia, Función Pública e Innovación. En Madrid, bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso, cabeza visible del ala más radical del partido que preside Alberto Núñez Feijóo, está en manos de la Consejería de Digitalización.

El incumplimiento de la EMFA es flagrante. Todas las comunidades tienen la obligación de exigir que los medios de su ámbito territorial hagan pública su propiedad, así como el detalle de sus ingresos por publicidad institucional. Deben, además, hacer transparente y sujeto a reglas conocidas ese reparto. Y no solo eso: las que tengan medios públicos deben adaptar sus leyes reguladoras para que puedan trabajar con independencia. De momento, la única que lo ha hecho es Galicia, y fue justo para lo contrario: reforzar el control político de la mayoría parlamentaria del PP.