El Gobierno y la Generalitat tratan de taponar la crisis de Rodalies y frenar el desgaste para Illa

La crisis de Rodalies crece cada día desde el accidente del 20 de enero que costó la vida a un maquinista en prácticas. Y los problemas en este servicio se han convertido también en un gran problema político para el Gobierno. Esto ha provocado el primer choque entre el Ejecutivo y la Generalitat, que habían ido hasta el momento de la mano. El Ministerio de Transportes trata de taponar la crisis con los primeros ceses de cargos medios en un momento en el que el caos del servicio en Cataluña complica mucho la situación. A esto hay que añadir, además, la presión de Esquerra y de Junts en el Congreso.

La Generalitat y Cataluña son claves en este momento para Pedro Sánchez, ya que es la principal comunidad en manos de los socialistas y el principal granero de voto para el partido de cara a las próximas elecciones generales. Salvador Illa es el gran referente territorial para el PSOE y el sustento más sólido de Pedro Sánchez en un momento de gran incertidumbre.

Pero la Generalitat llevaba varias jornadas sintiendo la máxima presión social, con 400.000 usuarios afectados cada día por los cortes del servicio de Rodalies desde el temporal de la pasada semana. Con lo que esto implica de desgaste para el Ejecutivo catalán, que se había presentado como el modelo más eficiente después de años de devaneos independentistas. Y este lunes, la desesperación por la gestión de Adif y Renfe, los competentes en el servicio de trenes de Cercanías, se ha hecho evidente este lunes en la Plaza de Sant Jaume, sede del Govern.

Los primeros ceses

La presión de la Generalitat hizo finalmente que se moviera Transportes, ministerio al que los responsables catalanes pidieron en las reuniones de coordinación que se asumieran ya responsabilidades. Esta crisis se lleva por delante a dos cargos medios: el director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif, Raúl Míguez.

Según explicó en TVE el propio secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, "somos sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir". Para el número dos de Óscar Puente, se requiere un “punto de inflexión” para mirar "con tranquilidad al futuro".

La gestión del Ministerio de Transportes centra ahora todas las miradas tanto por el accidente de Adamuz (Córdoba) como por la crisis de Rodalies. El ministro Puente comparecerá el próximo jueves en el Senado (aunque el PP quería que fuera Pedro Sánchez). El presidente del Gobierno, en cambio, hablará sobre la situación ferroviaria en el Congreso el próximo 11 de febrero.

Los partidos acorralan al Gobierno central y al Ejecutivo catalán estos días desde todos los espectros políticos y cada vez reducen más el círculo. Por ejemplo, Esquerra Republicana ha pedido incluso la dimisión de Puente. No obstante, en La Moncloa y en Ferraz se hace una defensa cerrada del exalcalde de Valladolid, cuyo trabajo reconocieron tanto Sánchez como los principales dirigentes del PSOE a puerta cerrada durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada este lunes en la sede en la madrileña calle de Ferraz.

El enfado de Illa con Madrid

Además, hay una ofensiva en Cataluña para hacer caer a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, cuyo cese exigen Junts, ERC, PPC, Vox y la CUP. Ella declaró que se ve “con más ganas y energía incluso que antes”. Es quien ha puesto la cara a la tensión con el Gobierno central en la reunión que mantuvieron ambas administraciones para el seguimiento de la crisis. Calificó de “intolerable” lo que está sucediendo y exigió al secretario de Estado de Transportes que se asumieran responsabilidades de manera inmediata. “Nosotros también estamos indignados”, verbalizó la socialista catalana.

Desde la Generalitat catalana se ha elevado el tono para exigir mayores inversiones a Madrid en este servicio, que acumula un déficit histórico y que suma incidencias cada día. Asimismo, la presión independentista se ha acrecentado en un momento en el que se está negociando el traspaso total del servicio, uno de los puntos más importantes del acuerdo para que ERC diera su apoyo a Sánchez en la investidura tras las elecciones generales de 2023.

Pero pasan los días y crece la desesperación ciudadana. Adif y Renfe no han concretado todavía la fecha en la que se recuperará la normalidad, aunque este lunes señalaron que ven “el principio del fin”. Ahora mismo se están revisando todos los puntos críticos de la red, aunque estos trabajos están condicionados a la climatología.

El Gobierno no tiene apoyos para sus decretos

La crisis de Rodalies en Cataluña tiene también una importante reverberación en las Cortes Generales porque supone una mayor tensión dentro del bloque de investidura. Y llega en un momento clave, con la votación este martes de dos decretos de gran importancia política para el Gobierno central: el escudo social (que incluye la revalorización de las pensiones) y el de transportes (con ayudas para los viajeros). 

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El Ejecutivo le da mucha relevancia a estos dos textos porque incluyen medidas que forman parte del corazón de su acción y dan sentido a que siga la legislatura, como la moratoria de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga de la prohibición de suministros básicos también a hogares vulnerables. 

El Gobierno confiaba en diciembre en que no habría problema para sacar esos textos, pero el contexto ha cambiado totalmente. El Partido Popular ya ha anunciado que votará en contra de esos dos decretos, por lo que todas las miradas vuelven a estar en la posición de Junts. Los de Carles Puigdemont han adelantado que no están a favor, pero no han concretado todavía el sentido de su voto. Los socialistas no quieren perder la esperanza y, aunque las relaciones están rotas, hicieron este lunes un llamamiento a las formaciones para que den su voto en el último minuto ante medidas positivas para los ciudadanos.

No obstante, Junts ha hecho un movimiento que anticipa ese posible rechazo al registrar una proposición de ley que se centra únicamente en garantizar la subida de las pensiones, dejando fuera el resto de medidas. Fuentes socialistas insiste en que no van a retirar el decreto con todas las medidas y creen que se vive un deja vù, en referencia a lo sucedido con el decreto ómnibus del año pasado, que tumbaron PP, Junts y Vox. En aquel momento se perdió la primera votación, pero luego se rehizo el texto y salió unas semanas más tarde con la revalorización de las pensiones incluida.