Podemos abre un debate interno para fijar postura sobre la prostitución

El debate en torno a la prostitución ha dado un salto. Ya no se trata sólo de una cuestión clave dentro del movimiento feminista, sino que las formaciones políticas se han visto obligadas a tomar posición, de forma similar a lo ocurrido respecto a la gestación subrogada. La pelota está ahora en el tejado de Podemos, el único partido sin una postura clara sobre un debate candente y altamente polarizado.

Según han confirmado fuentes del partido morado en conversación con infoLibre, la manera de abordar el asunto de la prostitución se está articulando dentro de Podemos a través de discusiones en los "círculos feministas autonómicos y en las secretarías feministas autonómicas". Además, añaden las mismas fuentes, la Secretaría de Feminismos estatal ha creado una comisión interna para abordar el tema y prevé invitar a expertas relevantes que defiendan las dos principales corrientes, la abolicionista y la regulacionista. El motivo, añaden, es que existen personas dentro del partido que se encuentran en un punto intermedio dentro del debate, de modo que buscan ampliar conocimientos en relación a ambas posturas para poder formarse y posicionarse. Según ha podido confirmar este diario, además, los círculos autonómicos "llevan años tomando postura y los de Madrid y Galicia ya lo han hecho, en favor del abolicionismo". En Canarias "se está debatiendo y ya está a punto".

Las mismas fuentes recuerdan que "en el PP y en Ciudadanos no hay ningún proceso nunca porque no hay feminismo y son partidos absolutamente verticales", mientras que en el PSOE e IU "hay una posición, pero la han tomado hace años y también les llevó tiempo". Podemos, recuerdan, "es un partido muy joven".

En efecto, los principales partidos del tablero político sí cuentan con posturas definidas al respecto. En su 39 Congreso Federal, el PSOE ratificó su tendencia abolicionista ante la prostitución, "uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia" contra las mujeres. "Daremos los pasos necesarios para la aprobación de una normativa que regule el abolicionismo centrando la responsabilidad en los empresarios, usuarios o consumidores de prostitución", prometían los socialistas en junio de 2017. Esta posición es la que ha defendido el partido desde su llegada al Gobierno. "Mi partido es abolicionista", decía en junio la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en una entrevista con El País.

Ciudadanos representa la corriente diametralmente opuesta. La formación de Albert Rivera apuesta abiertamente por regular la prostitución. El líder del partido, de hecho, ha pedido recientemente al Ejecutivo de Pedro Sánchez "quitarse la venda de los ojos" y asumir la existencia de la prostitución "sin hipocresía", camino hacia la "regulación" para aquellas personas que la ejercen de "forma voluntaria y sin coacciones".

Los conservadores del Partido Popular, por su parte, se han pronunciado en contra de la regulación en diversas ocasiones. Tras la polémica del registro de un sindicato de trabajadoras del sexo en agosto de este año, el PP se apresuró a exigir al Gobierno "una inmediata solución" que pusiera fin a lo que calificaron como un error "muy grave". El sindicato fue impugnado por los propios socialistas al entender que representa una "actividad ilícita".

Podemos, no obstante, ha reconocido no tener una posición consolidada al respecto. Tras la polémica del sindicato emergente, la diputada y portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Igualdad, Sofía Castañón, pidió abordar el asunto "con toda la seriedad, complejidad y profundidad con la que lleva muchísimo tiempo haciéndolo el movimiento feminista". A principios de octubre, una decena de organizaciones abolicionistas se reunieron con representantes de Podemos para exigir un "claro posicionamiento abolicionista". Las dirigentes del partido que acudieron a la cita reiteraron la existencia de un debate interno que aspira a resolver las dudas del partido en esta cuestión.

El debate que se gesta dentro de Podemos es determinante para el grupo confederal, del que forman parte diversas formaciones con ideas no siempre coincidentes. Una de las que alberga mayor peso, Izquierda Unida, se ha expresado tradicionalmente en contra de la prostitución. El coordinador federal del partido, Alberto Garzón, la califica como "el grado más extremo de violencia de género" y la propia formación ha aseverado oficialmente que la prostitución es "consecuencia de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres". Por este motivo, IU rechaza que sea considerada profesión o actividad legalizable. "Cualquier propuesta política debe partir de su consideración de violencia de género y de atentado contra los derechos humanos de las mujeres", sentencia.

El precedente de la gestación subrogada

Podemos ya experimentó un proceso similar en relación a su posición sobre la gestación subrogada. En febrero del presente año, la formación se declaró contraria a "la explotación reproductiva de las mujeres" y manifestó su apoyo al "mantenimiento de la prohibición actual". La consolidación de dicha postura vino precedida por varios meses de diálogo interno. Tal y como ha explicado el partido morado, cuando la polémica alrededor de los vientres de alquiler comenzó a cobrar dimensiones importantes, "Podemos mantuvo que un asunto de este tipo no podía despacharse sin un debate sosegado, participado y, sobre todo, incardinado en los debates feministas".

De esta manera, el 2 de noviembre de 2017 se fraguó dentro de la formación la hoja de ruta a seguir. Se marcó un plazo de "reflexión descentralizada" en torno a la cuestión a efectos de decidir una "postura conjunta como partido". El proceso culminó el 21 de enero de 2018 con un consenso generalizado.

También en esta materia IU mantuvo su posición firme cuando Podemos todavía trataba de abordar las dudas que comenzaban a brotar en su seno. En junio de 2017, Alberto Garzón decía sin ambages "no a la gestación subrogada", un modelo que definió como "tramposo, en el que mujeres pobres se convierten en incubadoras para los ricos".

El debate sobre la prostitución, no obstante, aunque sigue un proceso similar al tomado respecto a los vientres de alquiler, "no es exactamente igual" porque en aquel "existía una clara mayoría en contra", indican las fuentes consultadas. El caso de la prostitución despierta, de la misma forma que ocurre en el propio movimiento feminista, posturas muy polarizadas que requieren de "reflexiones compartidas" para abordar toda su complejidad.

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Abolicionismo y regulacionismo

Lo cierto es que, si bien el debate está abierto en Podemos, algunos de sus miembros ya se han inclinado a favor de posturas concretas. Es el caso de Clara Serra, portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid. En un foro organizado por su partido hace un año, Serra reconocía que "sólo cuando no hay un tercero que obliga ni tampoco necesidad económica, podemos admitir que hay autonomía" en el ejercicio de la prostitución. En una entrevista reciente, la diputada madrileña se manifestaba contraria a la abolición. "Incluso si persigues al cliente al final haces que las propias prostitutas se vean obligadas a negociar en peores condiciones y esconderse de la policía", de manera que, a su juicio, "lo que se debe hacer es dar a las mujeres más herramientas para que sean más autónomas y fuertes".

Beatriz Gimeno, también diputada en la Asamblea de Madrid, se ha declarado, por el contrario, abiertamente abolicionista. "La prostitución es incompatible con una sociedad sexualmente igualitaria", escribía en un artículo publicado por la revista Ctxt. "El abolicionismo es la opción más obvia", reiteraba recientemente en redes sociales, "porque la prostitución es un privilegio masculino que codifica significados que refuerzan la desigualdad".