Cuando queríamos ser indios Aroa Moreno Durán
No es por hacer spoiler, pero aventurar la sentencia que le espera al fiscal general del Estado, cuyo juicio comienza este lunes, no es destripar nada nuevo. Es otoño y estamos en temporada de caza. Y se da la perversa situación de que el novio delincuente confeso de la presidenta de la Comunidad de Madrid está a punto de abatir al fiscal general con munición defectuosa y la inestimable complicidad de quienes han decidido organizar un proceso alrededor de una causa inexistente a la que se ha ido dando consistencia en la instrucción.
Es un juicio sencillo sin hechos complejos. Reputados juristas no dan crédito a lo lejos que se ha llegado. No se justifica ni tan siquiera la apertura de juicio oral. Pero no se ha montado todo este circo para acabar absolviendo al fiscal general. Los siete magistrados del Supremo que integran el ‘jurado’ no pueden volver a sus casas o quedar a cenar con los amigos si no condenan a García Ortiz. Le estarían haciendo un favor a Pedro Sánchez. Tampoco parece factible que reconozcan que cada paso de la instrucción que se ha impugnado y la Sala Segunda del mismo Supremo ha ido aprobando, era simplemente un fake. Sería una enmienda a la totalidad y un balón de oxígeno para el Gobierno.
Los siete magistrados del Supremo que integran el jurado no pueden volver a sus casas o quedar a cenar con los amigos si no condenan a García Ortiz
“La instrucción ha sido como la del antiguo Tribunal de Orden Público, que juzgaba los delitos políticos durante el franquismo. El instructor tiene ya en mente que hay un culpable y toda la instrucción va dirigida a demostrar la tesis del instructor. Se ha montado un proceso sobre algo que no es delito. El fiscal sólo está obligado a guardar la discreción debida pero no se dice nada sobre la revelación de secretos. Aquí se ha violado también una de las normas básicas del derecho penal, que prohíbe la analogía. Es decir, la discreción debida no es sinónimo de guardar secreto. Por otro lado, no hay indicios de que entre el centenar de personas que podían revelar la noticia, haya sido el fiscal [quien lo haya hecho]”, explica un jurista y ex alto cargo político.
Todavía hay algunos expertos que consideran que no es posible que un tribunal pueda dictar otra sentencia que no sea la absolución, y confían en que a Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal del Supremo y del constituido para este caso inédito, le quede dignidad e integridad como para no avalar la barbaridad que se está gestando.
Otros consideran con sorna que debe de estar a medio escribir la sentencia y hasta aventuran que tendrá que ser larga, de alrededor de 50 folios de pura paja, para sustentar la condena y que estará lista para finales de noviembre. “Puede que Ana Ferrer o Susana Polo emitan voto particular en contra, pero estamos hablando de que la Sala Segunda está dominada por un sector conservador que no tiene tapujos en mostrar su militancia y que ha avalado a un instructor que no vio relación entre el M.Rajoy de los papeles de Bárcenas y Mariano Rajoy. Gracias a lo cual, la mayoría conservadora de un CGPJ caducado le aupó al Supremo, sin merecerlo ni estar preparado”, dice un compañero de carrera que le conoce bien.
Otro dato a tener en cuenta es que se haya negado la retransmisión en abierto, para que la gente pueda formar su propio criterio de lo que está pasando dentro sin necesidad de que se lo cuenten los medios. “Se está juzgando un delito que no es un delito y no procede desmontar la gran causa de la derecha en vivo y en directo. Se juega con la baza de que la opinión pública no está informada de los pormenores del caso, pero si se emitiera, lo podría seguir como si fuera una serie de Netflix, y eso cambiaría la percepción que se tiene”, expone otro de los juristas consultados.
Qué gran noticia sería que prevaleciera la verdad, aunque como se dice en el PP "mentir no es ilegal", y se ve que lo tienen muy contrastado con algunos de los que aplican la ley.
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