Dignidad la de Cádiz, farsa la de los jueces

1. Una verdad incómoda

“Después del tercer día de huelga me gustaría daros las gracias a todos los que nos estáis apoyando y disculparme por los perjuicios que ha causado mi ausencia en el juzgado. No queremos fastidiar, queremos que mejore la Administración de Justicia #JusticiaEnHuelga”. Así hablaba en la red social X la jueza @LadyCrocs, el pasado 3 de julio, presentándose como víctima y defensora de la justicia, frente a los supuestos ataques del Gobierno a la independencia judicial y al Estado de derecho.

Poco después, el juez Lino Rubio Mayo, del Juzgado Penal número 1 de Xixón, ordenó el ingreso en prisión de las seis sindicalistas de La Suiza, por realizar actividades sindicales que, en su opinión, causaron un “daño desproporcionado”. Lo contábamos hace unas semanas en esta columna. 

A la vez, el Ministerio del Interior montó la operación “Fuego”, una argucia para detener a hasta veintitrés sindicalistas del metal que participaron en la huelga de Cádiz. Los detuvieron en sus casas, o a punto de salir de viaje en avión. Cuando habían finalizado los altercados de la huelga y regresado a sus trabajos. Uno está en prisión provisional bajo fianza de 40.000 euros. Más de lo que gana en un año de duro trabajo. Mucho más de lo que le han impuesto al narco que mató con su lancha a un Guardia Civil en Barbate, según denuncian los huelguistas en redes sociales.

Los castigan por defender unas condiciones de trabajo dignas, con las únicas herramientas de que disponen frente a quienes les siguen explotando, dos siglos de revolución industrial después: el sindicalismo y la huelga. La Constitución reconoce ambos derechos en su artículo 28. Pero, al parecer, jueces y fuerzas del orden público entienden que la huelga sólo vale si no hace daño al bolsillo del patrón. El viejo truco de convertir los derechos en papel mojado, sin pasar por el bochorno de tener que derogarlos.

2. Cádiz, el metal y la dignidad que sangra

Miles de trabajadores del metal han luchado durante semanas por sus derechos en Cádiz. “Aquello (sic) son verdaderas cárceles: queremos un trabajo digno y no tener que echar 170 horas extras para llegar a los mil euros”, decía un trabajador. No pedían lujos: mejoras salariales, que se respeten los descansos, que no los amenacen con el despido, que les paguen las horas extras y que se les aplique el complemento tóxico para las condiciones especialmente duras de trabajo que sufren. Dignidad.

Después de dos semanas de huelga, llegan las nóminas: a los currantes les quedan 500 euros tras perder hasta 100 euros por cada día de huelga. Adiós a las vacaciones, al pago de la matrícula de la universidad. Muchos comerán gracias a la solidaridad de la caja de resistencia. Y por si fuera poco, detenciones, juicios pendientes (con abogados y fianzas), y el silencio cómplice de los medios.

¿Cuál ha sido la recompensa? Un acuerdo firmado por la UGT a espaldas de los trabajadores, rechazado y denunciado por los demás sindicatos como “el peor convenio de la historia”. Por eso, los más resistentes han iniciado una huelga de hambre contra lo que consideran condiciones de trabajo (y de vida) intolerables. Airbus, Dragados Offshore y Navantia siguen generando beneficios millonarios.

Es jodido defender tus derechos cuando eres de clase trabajadora.

Quizá el problema sea que la democratización del acceso a la carrera judicial amenaza viejos privilegios, como el del negocio opaco de los preparadores, o la endogamia que, en multitud de ocasiones, pesa más que los méritos

3. La huelga de los jueces

El destino, caprichoso, quiso que la huelga de los trabajadores del metal coincidiera con la “huelga” de los jueces y juezas, tan mediática como confortable.

Sin la incómoda presencia de antidisturbios ni tanquetas, los jueces han suspendido decenas de señalamientos durante los tres días que ha durado su “huelga”. Después de años de abandono, la justicia en España se encuentra en un estado deplorable, sin medios suficientes, lo que obliga a la ciudadanía a soportar retrasos que nos recuerdan la frase atribuida a Séneca: justicia lenta no es justicia. Tras meses o años esperando un divorcio, recurriendo un despido, o pidiendo protección frente a alguna violencia, los ciudadanos soportan un nuevo aplazamiento de sus juicios, gracias a esta tróspida huelga de sus señorías, contra el intento de democratizar su poder.

Y es que los jueces, mis queridas lectoras, no protestaban –como los trabajadores de Cádiz– porque sus salarios sean mejorables, ni por las cargas de trabajo insoportables, ni por la falta de medios en sus juzgados. Tampoco protestaban por el verdadero problema que supone para ellos la “politización de la justicia”: el CGPJ designa a los magistrados que integran la cúspide del poder judicial, y para esos puestos elige sólo a los que dictan sentencias que no incomodan al poder. Eso es lo que sin duda les roba la independencia. 

Es más que dudoso que los jueces tengan derecho a la huelga: ni los convenios internacionales, ni los sistemas comparados europeos reconocen ese derecho. La Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Ley Orgánica del Poder Judicial excluyen a jueces y fiscales del derecho a la libertad sindical. Son uno de los tres poderes del Estado, y no pueden abandonar sus funciones sin quebrar el orden constitucional. 

Pero jueces y juezas han parado durante tres días, y han dejado desamparada a la ciudadanía en su derecho a la tutela judicial efectiva, para protestar contra la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Una reforma que sólo busca, tímidamente, que el acceso a esa función sea un pelín más pública, más transparente, menos elitista; que cuente con becas para la clase trabajadora, y que algunas pruebas sean anónimas para combatir el corporativismo existente. ¿Dónde está el ataque al Estado de derecho? 

Quizá el problema sea que la democratización del acceso a la carrera judicial amenaza viejos privilegios, como el del negocio opaco de los preparadores, o la endogamia que, en multitud de ocasiones, pesa más que los méritos. 

Con sus togas, sus joyas y puñetas, lo que han hecho los jueces no es enfrentar la injusticia, sino la democracia. La suya no ha sido una huelga laboral sino una estrategia para desgastar al Gobierno: un paso más –junto a los casos de lawfare– en su cruzada contra el comunismo bolivariano de la Moncloa. De nuevo, juegan a hacer política sin presentarse a las elecciones.

La guinda es que no les descuentan los tres días de salario, porque el CGPJ (que no reconoce la legalidad de la huelga) afirma no tener datos de los participantes en la huelga. Nos toman por idiotas. 

4. Final

“Lavaros la boca con jabón cuando habláis de "huelga". Huelga es lo que hacen los trabajadores del metal en Cádiz, que les cuesta 100€ al día ganando mucho menos que vosotros. Lo vuestro son vacaciones por la jeta, porque ni tenéis el derecho ni os van a descontar el sueldo”, respondía @LadyCrocs en X.

La lucha del metal en Cádiz ha sido ejemplar, casi heroica. Se han jugado el tipo y el pan de sus familias por unas condiciones laborales más justas, frente a la codicia de las empresas que obtienen cada año beneficios millonarios. Han defendido, además, un país con industria propia, que sea digna y sostenible para sus trabajadores, frente al modelo económico imperante de turismo, sol y especulación inmobiliaria. 

Han dado una lección de dignidad frente a la charlotada de los jueces, que quedará impune y sin factura, aunque algunos se atrevan a decir que viven hoy “bajo un régimen dictatorial”. Convendría recordar lo que les sucedía a los que hacían huelga durante la dictadura de Franco. Se puede ver en la serie de TVE Las Abogadas (y al mismo tiempo, apoyar la caja de resistencia de las trabajadoras del metal de Cádiz).

Huelga es lo que han hecho los gaditanos por defender sus derechos. Lo demás es… mucha jeta.