¿Está en riesgo la libertad de prensa en España?
La libertad de prensa no consiste en que los periodistas publiquen aquello que satisface a un determinado partido, sustituyendo el criterio profesional por consignas ideológicas diseñadas desde los gabinetes de prensa de las organizaciones políticas. Necesitamos medios libres, periodistas independientes y ciudadanos capaces de distinguir entre información, opinión y propaganda.
En los últimos años, el debate sobre la libertad de información se ha ido contaminando por un fenómeno preocupante: algunos partidos no discuten el trabajo periodístico desde la crítica legítima, sino que cuestionan la propia legitimidad de los medios que no se alinean con sus intereses. El objetivo, más que mejorar el periodismo, pasa a convertirse en controlar quién informa y cómo lo hace.
En este contexto, resulta especialmente relevante analizar la relación entre determinadas fuerzas políticas y los medios públicos. El caso de Vox ha generado controversias por la incorporación de personas próximas a su entorno político a puestos de responsabilidad en organismos de comunicación. Uno de los nombres que ha estado en el centro del debate es el de Álvaro Zancajo. Investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por cobrar de Canal Sur y de Vox. Como ocurre en cualquier Estado de derecho, una investigación no equivale a una condena, pero sí plantea interrogantes sobre la necesidad de preservar la independencia de las instituciones públicas.
La preocupación no se limita a los nombramientos. También afecta a la gestión editorial. Durante la etapa en la que Zancajo dirigió los informativos de Canal Sur, diversas decisiones fueron objeto de una intensa polémica política y profesional. Entre ellas, las críticas por el tratamiento informativo de asuntos de gran relevancia nacional, como la sentencia del caso Gürtel, o cuando un diputado de Vox se dirigió a la presidenta de la Cámara, a la que literalmente mandó “a tomar por culo”. Aquellas controversias alcanzaron tal dimensión que el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, compareció en el Parlamento andaluz y pidió disculpas por errores en el tratamiento informativo de determinados contenidos.
Más allá de la valoración concreta de esos episodios, la cuestión de fondo es otra: ¿puede un medio público cumplir su función cuando la ciudadanía percibe que existen interferencias políticas en sus contenidos? La credibilidad de un servicio público de comunicación depende precisamente de su capacidad para informar con independencia de quien gobierna.
La libertad de prensa tampoco puede convertirse en un privilegio reservado únicamente para quienes comparten una determinada orientación ideológica. Los periodistas deben poder investigar tanto a gobiernos de izquierdas como de derechas, denunciar casos de corrupción con independencia del partido implicado y ejercer su profesión sin campañas de intimidación, descalificaciones personales, intentos de señalamiento y amenazas de motosierra y bombas atómicas cuando ellos se hagan cargo.
La independencia periodística no pertenece a la izquierda ni a la derecha; pertenece a los ciudadanos
Resulta paradójico que quienes afirman defender la libertad de expresión propongan, al mismo tiempo, mecanismos destinados a condicionar la actividad de los medios o a desacreditar sistemáticamente a aquellos que publican informaciones incómodas. La pluralidad informativa exige precisamente lo contrario: más independencia, más transparencia y menos control partidista.
No se trata de impedir que existan periodistas conservadores, progresistas o liberales. La diversidad ideológica forma parte de cualquier sociedad democrática. Lo preocupante aparece cuando la fidelidad a un partido pasa a ser el principal criterio para acceder a puestos de dirección en medios públicos o cuando la información queda subordinada a intereses políticos —es lo que yo llamo “síndrome Urdaci” o “enfermedad del Ce Ce o o”—.
Necesitamos periodistas incómodos, profesionales capaces de hacer preguntas difíciles al poder, sea cual sea el color del Gobierno. Cuando la información se convierte en una extensión de la estrategia de un partido, ya no sirve al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad de los hechos.
El deterioro de la libertad de información rara vez comienza con el cierre de periódicos o la censura explícita. Suele empezar de forma mucho más sutil: mediante la ocupación de espacios de influencia, el cuestionamiento permanente de los medios independientes, la presión sobre las redacciones y la normalización de que la lealtad política pese más que el mérito profesional. Ello da lugar a ciertas invisibilizaciones —por ejemplo, relegando las masivas manifestaciones de las Mareas Blancas a lugares secundarios en los informativos—, ocultando datos clave —como que las listas de espera sanitarias en Andalucía están entre las mayores de España— o no prestando la debida atención a la terrible degradación de la sanidad pública.
Por ello, el debate sobre la libertad de prensa en España no debería centrarse en qué partido controla más medios, sino en cómo garantizar que ningún partido pueda controlarlos. Porque la independencia periodística no pertenece a la izquierda ni a la derecha; pertenece a los ciudadanos. Y cuando esa independencia se debilita, no pierde solo el periodismo, sino la calidad de nuestra democracia.
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Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.
