Los siete días del pecado original del PSOE
Quince años después de la reforma del artículo 135, aquella decisión sigue proyectando su sombra sobre el socialismo español.
En apenas unos días, Zapatero y Rajoy pactaron reformar la Constitución para introducir el principio de estabilidad presupuestaria. La reforma se tramitó por el procedimiento de urgencia y fue aprobada en el Congreso con los votos de PSOE, PP y UPN.
El nuevo artículo 135 estableció que todas las administraciones debían adecuar su actuación al principio de estabilidad presupuestaria y consagró que los créditos destinados a satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública tendrían “prioridad absoluta”.
No fue una decisión cualquiera. Fue una decisión constitucional. España atravesaba una situación extraordinaria. La crisis financiera había puesto al país contra las cuerdas, la prima de riesgo se disparaba y el Gobierno temía que España acabara necesitando un rescate. Es perfectamente legítimo defender que Zapatero actuó condicionado por unas circunstancias excepcionales.
Pero comprender una decisión no obliga a compartirla.
Porque una cosa es adoptar medidas de disciplina presupuestaria cuando las circunstancias lo exigen y otra muy diferente es introducirlas en la Constitución, limitando el margen de actuación de los gobiernos que vendrían después.
Y aún hay algo más preocupante, la forma exprés.
Una Constitución no debería modificarse como respuesta urgente a las exigencias de los mercados. La reforma fue planteada el 23 de agosto y llegó al Congreso pocos días después. El Senado la aprobó posteriormente con los votos de PSOE, PP y UPN.
¿Dónde quedó el debate interno del PSOE? ¿Dónde quedó la voz de su militancia? ¿Dónde quedó la izquierda socialista?
Porque aquella decisión tuvo también una consecuencia política, muchos militantes y votantes socialistas sintieron que su partido había dejado de defender aquello que tradicionalmente lo diferenciaba de la derecha.
No todos los diputados socialistas estuvieron de acuerdo. Antonio Gutiérrez votó en contra y Pérez Tapias terminó absteniéndose, años después acabaría disputando la secretaría general del PSOE.
El socialismo democrático siempre ha tenido que resolver tensiones, ser responsable en la gestión de la economía sin convertirse en prisionero de las reglas económicas, defender la estabilidad de las cuentas públicas sin olvidar que detrás de cada partida presupuestaria hay personas, derechos y servicios públicos.
En aquel agosto de 2011, para una parte de la izquierda socialista, el equilibrio se rompió y el resultado electoral llegó tres meses después. El PSOE perdió más de cuatro millones de votos respecto de 2008.
Sería intelectualmente pobre atribuir semejante desastre exclusivamente al artículo 135. La crisis, el desempleo, los recortes y el desgaste del Gobierno explican buena parte de aquella derrota. Pero tampoco ignoremos el simbolismo de aquella reforma.
Para muchos ciudadanos progresistas fue la imagen de un PSOE que, ante la presión económica, parecía mirar antes hacia los mercados que hacia su propio electorado.
Y eso tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de las elecciones de 2011. La reforma constitucional fue desarrollada posteriormente mediante la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que extendió la disciplina fiscal al conjunto de las administraciones públicas.
Durante los años siguientes, la austeridad, los recortes y la prioridad otorgada al cumplimiento de los objetivos fiscales marcaron la agenda política española.
La izquierda pagó un precio muy alto, y no sólo el PSOE.
También surgió una nueva izquierda que hizo de la impugnación de aquellas políticas una de sus principales banderas. El artículo 135 se convirtió en uno de los símbolos de la ruptura entre una parte de la izquierda social y el bipartidismo.
En 2014, Pedro Sánchez, que había votado aquella reforma como diputado, reconoció que había sido un error y llegó a plantear su corrección.
Fue una rectificación importante. Pero insuficiente para borrar lo ocurrido. Porque el problema del artículo 135 no es solamente lo que dice. Es lo que simboliza.
Simboliza el momento en que el PSOE aceptó con el PP que una determinada concepción de la política económica debía quedar protegida constitucionalmente.
No se trata de defender el endeudamiento ilimitado. Los socialistas somos responsables con el dinero público
Y desde el ala más a la izquierda del PSOE, deberíamos hacernos una pregunta, ¿habríamos aceptado entonces constitucionalizar de la misma manera la sanidad pública, la educación, la dependencia, las pensiones o el derecho a una vivienda digna?
La Constitución priorizó el pago de la deuda. ¿Por qué no estableció con la misma contundencia la prioridad de garantizar determinados derechos sociales?
No se trata de defender el endeudamiento ilimitado. Los socialistas somos responsables con el dinero público. Pero responsabilidad fiscal no significa aceptar que el equilibrio presupuestario sea siempre más importante que las necesidades sociales.
Un Estado también debe endeudarse para invertir, para proteger a sus ciudadanos ante una crisis y para construir el futuro.
La pandemia demostró precisamente que las reglas económicas no pueden convertirse en dogmas cuando la realidad cambia.
Por eso, 15 años después, quizá haya llegado el momento de revisar aquella decisión. No desde la revancha. Desde la izquierda.
El PSOE no puede limitarse a decir que aquello ocurrió en otro tiempo y bajo otras circunstancias. Debe preguntarse qué aprendió de aquel episodio.
Porque el socialismo no nació para administrar resignadamente los límites que impone la economía. Nació para intentar transformar esos límites.
Y quizá la mayor lección del artículo 135 sea precisamente esta, cuando un partido socialista deja de preguntarse para qué sirve la economía y empieza a preguntarse únicamente qué permite la economía, corre el riesgo de dejar de parecer socialista.
Aquel agosto de 2011 duró apenas unos días, sus consecuencias políticas todavía las estamos pagando. Porque reconocer los errores del pasado no debilita al PSOE.
Lo que lo debilitaría sería volver a cometerlos.
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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.
