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El escándalo de las tarjetas

Bronca interna en UGT por las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid

Javier Cubillo, secretario de Organización de UGT.

La sanción a Rafael Torres, antiguo representante de UGT en la comisión de control de Caja Madrid y a quien el sindicato ha aplicado finalmente dos años de suspensión por el uso de las tarjetas black, ha abierto una brecha en la federación involucrada, la de Servicios.

Este jueves, la presidenta de la comisión de garantías de la federación, Mari Luz Martín Barrios, contactó con infoLibre para precisar que el castigo original que ese órgano le impuso a Torres “mediante una resolución del 8 de abril” no fue la suspensión sino la expulsión definitiva. Pero que, a instancias de la ejecutiva, la comisión de garantías confederal revocó luego ese dictamen y rebajó la sanción a dos años de pérdida de derechos como afiliado.

Dirigida por José Miguel Villa, la ejecutiva de Servicios había anunciado en octubre de 2014 que no tomaría medidas contra Torres. El 13 de abril de este año, cinco días después de la "resolución" citada por Martín Barrios, esa misma ejecutiva se reiteró en su posición.

La presidenta de la comisión de garantías de la Federación de Servicios anunció que este viernes recurrirá la rebaja de sanción ante el Consejo de Garantías, órgano en el que participan quienes presiden todas las comisiones de garantías del sindicato.

Un desmentido desde la cúpula

La versión de Martín Barrios fue duramente rebatida por el secretario de organización del sindicato, José Javier Cubillo, quien aseguró que la comisión de garantías de la Federación de Servicios no adoptó ninguna resolución en sentido estricto.

Según Cubillo, la adoptada el 8 de abril por Martín Barrios y un segundo miembro del órgano que tramita las denuncias internas contra afiliados –el tercero se abstuvo porque había participado en una comisión de investigación previa– no puede ser considerada como “resolución”. Y no puede “porque no es válida”. A la pregunta de si, con independencia de su validez, esa resolución existe, el alto dirigente sindical respondió así: “Un acto que no le es propio a un órgano es un acto inexistente”.

A tenor del relato de Cubillo, la comisión de garantías de la Federación de Servicios se extralimitó al no respetar el acuerdo pacífico que la ejecutiva había alcanzado con Rafael Torres mediante un acto de conciliación. Ese acuerdo establecía los dos años de suspensión ya mencionados y la devolución de algo menos de 1.000 euros de Caja Madrid que Rafael Torres destinó a la compra de varios trajes.

Martín Barrios sostiene justamente lo contrario: que los Estatutos capacitan a la comisión de garantías para seguir adelante con un expediente sancionador si no considera proporcionado el acuerdo pactado en el acto de conciliación.

Aunque la presidenta de la comisión elude confirmarlo, otras fuentes sindicales explican que la discrepancia sustancial residía y reside en cómo debía conceptuarse la falta atribuida a Torres: grave equivale a suspensión; muy grave, a expulsión.

UGT entiende que el grueso del dinero de Caja Madrid que su representante en la comisión de control gastó con la tarjeta black está justificado en tanto que sirvió para sufragar las actividades sindicales de su titular. Torres, que ha pedido a la Audiencia Nacional el archivo de su imputación, admite que con esa tarjeta abonó gastos de alojamiento y viajes de otros miembros de la sección de UGT.

Fuentes de la dirección ugetista minimizan el alcance del conflicto y subrayan que la Federación de Servicios mantiene una sola posición sobre el escándalo de Caja Madrid en lo que a Rafael Torres se refiere. 

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Otras fuentes sostienen, por el contrario, que las tarjetas black han dividido a la federación. Por ejemplo, antes del verano el comité federal de Servicios, con un centenar de miembros, sometió a votación la gestión de la comisión de garantías. En el debate había aflorado el asunto de Rafael Torres.

Las versiones sobre el resultado de aquella votación difieren de manera notable: una sostiene que la comisión solo logró un apoyo inferior incluso "al 30%" y otra, en cambio, indica que el rechazo impulsado por la ejecutiva fue superior pero "solo por un voto de diferencia".

Torres es uno de los cuatro representantes de UGT en Caja Madrid que se han visto directamente implicados en el caso de las tarjetas black. Torres es el único que, aunque separado, tiene asegurado el camino de vuelta al sindicato. Tanto José Ricardo Martínez, exsecretario regional de Madrid, como sus otros dos antiguos representantes  -Miguel Ángel Abejón y Gonzalo Martín- han desaparecido literalmente del mapa ugetista.

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