Los cuatro "objetivos" del Gobierno para justificar la aplicación del artículo 155

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobará este sábado, en un Consejo de Ministros que tiene carácter extraordinario, las medidas concretas que llevará al Senado para continuar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es el que faculta al Ejecutivo –previo requerimiento al presidente autonómico y con la autorización del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta– a "adoptar las medidas necesarias" para obligar a una comunidad al "cumplimiento forzoso" de las "obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" o para la "protección" del "interés general".

En un argumentario, el Ejecutivo justifica esta decisión ante la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las "máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias" de Cataluña a los pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional y señala que esta conducta ha afectado "de manera grave al interés general de España". El documento detalla los cuatro "objetivos" que persigue el Ejecutivo con la aplicación de este precepto constitucional. Son los siguientes: 

1. Restaurar la legalidad constitucional y estatutaria. Para el Gobierno este es un cometido "irrenunciable" tras la constatación de que las autoridades autonómicas catalanas han "ignorado" la legalidad vigente por haber "contravenido" sus disposiciones y "alterado" sus principios y literalidad. El Ejecutivo sostiene que haber planteado un proceso soberanista al margen de la legalidad y haber tratado de "suplantar el marco constitucional y estatutario del autogobierno de Cataluña" sin apenas debate parlamentario ha "invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno". "Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía", sostiene la Moncloa.

2. Garantizar la neutralidad institucional. El Ejecutivo entiende que la Generalitat ha "obviado" el interés general de los catalanes "en favor del ideario independentista de una parte de ellos", de ahí que entre sus objetivos con la aplicación del 155 esté "asegurar" la "neutralidad institucional" para que las ideas de unos catalanes no se coloquen "por encima de los derechos de todos y al margen del ordenamiento constitucional". "Los ciudadanos catalanes tienen, como el conjunto de los españoles, el derecho a confiar en sus instituciones", subraya el Gobierno.

3. Mantener el bienestar social y el crecimiento económico. El Gobierno cree que hay "garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica" porque los "planteamientos" del proceso independentista "han relegado a un papel marginal las necesidades más básicas de los ciudadanos catalanes", al tiempo que han generado una amplia "desconfianza" tanto en la sociedad como en los agentes económicos (traslado de sedes sociales y fiscales de empresas, desincentivo de inversiones y del turismo...). Advierte que la independencia llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25% y el 30%. 

En este apartado, más extenso que los otros tres, el Ejecutivo detalla las consecuencias de las pretensiones independentistas desde el punto de vista comercial, financiero y de la financiación pública. En relación a las cuestiones comerciales subraya que supondrían el abandono de la UE y la y la salida de la Organización Mundial del Comercio y, en consecuencia, la aplicación de los derechos autónomos del Arancel Exterior Común, además de controles aduaneros en frontera. 

Las medidas del 155 recibirán como máximo el apoyo de tres de los 24 senadores catalanes

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Respecto a los temas financieros, el Gobierno advierte que una hipotética independencia de Cataluña supondría perder el "amparo" y las "facilidades" del Banco Central Europeo, la imposibilidad de utilizar el euro e incluso de la creación de una moneda y un banco central propios "por el elevado nivel de déficit público". "Se harían irremediables la expansión monetaria, la inflación desproporcionada y la contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión", mantiene la Moncloa.

También serían "evidentes" las tensiones presupuestarias, pues la capacidad recaudatoria sería "muy limitada" por la erosión de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea. Al mismo tiempo, los gastos se verían incrementados, al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados. 

4. Asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes. El Gobierno asegura que resulta "esencial" garantizar la libertad, la seguridad y la pluralidad que son consustanciales a un Estado de Derecho y a una democracia avanzada y a los principios y fundamentos de la Constitución. El Ejecutivo sostiene que es "absolutamente incompatible con las bases del sistema democrático" la justificación del incumplimiento de la ley, lo que lleva a las instituciones a arrogarse la capacidad de ejercer "un poder sin control y sin límite". En ese contexto, advierte la Moncloa, "los derechos y libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y la arbitrariedad de sus gobernantes".