el máster de Casado
La Fiscalía dice que ningún dato avala que hubiera un plan para beneficiar a Pablo Casado con su máster
El informe por el que la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo investigue al líder del PP, Pablo Casado, se sustenta en una conclusión que podría resumirse así: que no ha quedado acreditado "de forma alguna, ni siquiera indiciaria", que existiera un plan destinado a regalarle a Casado un máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La oposición de la Fiscalía augura que la sala de admisión del Supremo dará carpetazo al asunto.
Firmado por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, el informe tilda de "mera sospecha o conjetura" la afirmación de que el catedrático Enrique Álvarez Conde se encargó de que un grupo de alumnos "escogidos", Casado entre ellos, lograse los créditos necesarios para aprobar el máster sin hacer nada. No hay rastro de que Casado participase en ningún delito de prevaricación, dice el fiscal, que desecha también la posible existencia de un delito de cohecho impropio, la modalidad menos grave del soborno. En cualquier caso, dice el informe, el delito de cohecho impropio habría prescrito –Casado hizo el máster en el curso 2008-2009– y eso impide incluso "profundizar más" en esa dirección.
El informe carga con dureza contra Carmen Rodríguez-Medel, la jueza que ya investiga a otros involucrados en el llamado caso máster y que hace mes y medio remitió un relato de hechos y su correspondiente análisis jurídico -la llamada exposición razonada- con el que solicitaba que Casado, que goza de aforamiento ante el Supremo por su condición de diputado, fuese imputado. Navajas escribe lo siguiente: "Aunque la exposición razonada es perfectamente consciente de los requisitos que la Sala Segunda [del Supremo] viene exigiendo en estos casos (...) es lo cierto que la Magistrada, dicho sea con el debido respeto, no se atiene a dichos criterios", ¿En qué sustenta ese mazazo a Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid? En que "los "indicios" en que se basa, ni son lo suficientemente consistentes, sino todo lo contrario, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna siquiera indiciaria, que existiera concierto del sr. Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados".
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En su exposición razonada, la juez Carmen Rodríguez-Medel sostenía que, "indiciariamente", la investigación permite concluir que el director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, "dirigió una serie de actuaciones tendentes a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva".
"Esta mecánica –añadía la exposición razonada– ha sido reconocida en sede judicial en su declaración como investigada por una de las alumnas que recibió dicho regalo, doña MD.C.A., que detalló cómo siguió las indicaciones de don E.A.C para, tras solicitar el legítimo reconocimiento de 40 créditos pero sin hacer absolutamente nada más para obtener los otros 20 créditos, siendo calificada sin presentar trabajo alguno o sin otro tipo de evaluación en los mismos, obtener el título del Máster Oficial en dicha edición".
Según la jueza, con esta operativa "sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él, de modo que el resto del alumnado del master de esa edición sí cursó con normalidad el mismo".
