La izquierda presiona al PSOE para adoptar nuevas medidas sobre vivienda que den oxígeno a la legislatura

“O tomamos medidas sobre vivienda o los ciudadanos darán la espalda al Gobierno”. Esta reflexión sale del núcleo de Sumar en el Gobierno en un momento de colapso de la legislatura por los escándalos de corrupción y denuncias de acoso sexual que rodean al ala socialista y al bloqueo impuesto por Junts.

Los partidos a la izquierda del PSOE en el Congreso están presionando con fuerza, tanto pública como de manera privada al ala socialista, para tomar medidas “valientes” en el tema de la vivienda, la principal preocupación en estos momentos para los ciudadanos, a tenor de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esa presión se está librando dentro del propio seno del Gobierno de coalición, donde Sumar trata de empujar al PSOE a aprobar medidas de carácter intervencionista. Según fuentes del espacio de Yolanda Díaz, los propios ministros están hablando con sus compañeros socialistas en el Consejo de Ministros para que se abran a propuestas que ya han puesto sobre la mesa en forma de un posible real decreto.

Evitar la subida masiva de los alquileres

Los ministros de Sumar están dispuestos a llevar sus propuestas a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, zona de estudio previa para ir al Consejo de Ministros, para que al menos los socialistas tengan que retratarse. Y hay, sobre todo, una petición con fuerza por parte de los socios a la izquierda: la prórroga de los más de 630.000 contratos que expiran en 2026. Su idea es congelar las rentas de más de un millón de inquilinos, que se enfrentan a subidas de entre un 20 y un 50%. Por el momento, Vivienda no se abre a esa posibilidad aludiendo a la seguridad jurídica y a que haría falta una mayoría en el Congreso.

Asimismo, Sumar está pidiendo en la negociación al PSOE que se incluya en el mismo real decreto una nueva moratoria de los desahucios de alquiler que expira el 31 de diciembre y que afecta a unas 60.000 familias vulnerables.

El Ministerio de Derechos Sociales, pilotado por Pablo Bustinduy, ha elaborado un informe al respecto en el que se recoge que un total de 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir de media un incremento anual de 1.735 euros con la renovación. Si se tienen en cuenta los contratos que concluyen en 2027, el número de afectados se eleva hasta casi los 2,7 millones.

El impacto anual de estas renovaciones sería más alto en Baleares (4.615 euros), quedando por detrás Comunidad Valenciana (2.686 euros), Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros). Por encima de los mil euros se sitúan además Cantabria (1.969 euros), Andalucía (1.952 euros), La Rioja (1.408 euros), Castilla-La Mancha (1.131 euros), Asturias (1.087 euros) y Murcia (1.013 euros). Se excluye a Cataluña de los datos al contar con zonas tensionadas (aplicadas en función de la ley de vivienda) que aglutinan al 80% de la población, además de País Vasco y Navarra por ser comunidades con régimen foral.

Presión de Podemos, ERC y EH Bildu

Los socios de investidura llevan tiempo avisando al PSOE de que se deben tomar medidas en vivienda y de carácter social para que tenga sentido la legislatura. Este mismo miércoles durante la sesión de control Gabriel Rufián (ERC) se lo volvió a repetir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo, el portavoz republicano puso sobre la mesa otras medidas para ayudar a las familias ante el alto coste de la vida con la idea de sacar la comida del “mercado especulativo”. La fórmula sería la de topar los precios de los alimentos y planteando la puesta en marcha de distribuidoras públicas de alimentación.

Esa presión por parte de los partidos de izquierdas sobre el ala socialista del Gobierno se escenificó también en la sesión de control, donde la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, tuvo que responder preguntas tanto de Oscar Matute (EH Bildu) como de Ione Belarra (Podemos). El mensaje de la líder morada fue directo: “Su política de vivienda no vale para nada”. En su opinión, hay que intervenir el mercado y actuar con el “BOE en la mano”.

“Váyase de una vez por todas a la patronal inmobiliaria y deje paso a alguien que quiera hacer algo”, le trasladó Belarra a Rodríguez, a la que también le dijo que “no hay campaña de comunicación que tape este desastre”. La líder de Podemos le reclamó medidas como cambiar los pisos turísticos a alquileres "normales"; prorrogar "de una vez por todas y de manera indefinida" la suspensión de los desahucios y hacer indefinidos los contratos de alquiler "de una santa vez".

La presión también llegó desde EH Bildu, que reclama, al igual que Sumar y Podemos, congelar la subida de los alquileres “mientras haya esta emergencia habitacional”. “No cuesta nada mantener la prórroga de los alquileres y el escudo social. Se trata de ser útiles. Si no lo somos, la gente nos va a detestar”, enfatizó Matute, que citó a Robe Iniesta: “La vida es cabalgar un camino empedrado de horas, minutos y segundos”.

Rodríguez apela a la prudencia y la seguridad jurídica

Pese a todas estas peticiones, el Ministerio de Vivienda no se ha abierto a hacerlas realidad por el momento. Isabel Rodríguez se limitó en la Cámara Baja a decir que hay que tener “prudencia” a la hora de dar respuestas y que se debe garantizar la “seguridad jurídica”. Además, pidió a los grupos unir sus votos para sacar en el Congreso la reforma de la Ley de alquiler de temporada y habitacional.

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Puso en valor que se ha puesto en marcha la empresa pública Casa 47 y que el Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que regula una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas. El objetivo de esta cobertura, que será gestionada por las comunidades autónomas, es facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes y las personas vulnerables.

Para contar con este aval, según el Gobierno, los arrendadores deberán haber cumplido los siguientes requisitos: firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables, cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler.

Fuentes del Ministerio de Vivienda insisten en que la fórmula viable para poder para un aumento masivo de los alquileres pasa por la aplicación de la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas, algo que compete a las autonomías, y sacar adelante la ley de alquiler de temporada, que ahora mismo no tiene garantizados los votos de Junts.