El futuro de Cataluña

El PDeCAT se enreda en el laberinto de Puigdemont

Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, junto a Artur Mas.

El bloqueo de su investidura ha situado a Carles Puigdemont en un laberinto con una salida extremadamente difícil. Pese a que públicamente tanto Junts per Catalunya como ERC siguen apoyando al expresident de la Generalitat como el único candidato posible para ser investido, en privado los republicanos se oponen y un sector dirigente de su propio partido, el PDeCAT, asume que Puigdemont se encuentra en un callejón sin salida, ya que no puede ser investido a distancia ni puede volver a España sin ser detenido. Además, es probable que Puigdemont pierda su principal baza para evitar que el bloque independentista le dé la espalda y escoja otro candidato para ser president, ya que el Tribunal Supremo prevé inhabilitarle en un plazo de dos meses, lo que le impediría presentarse en una eventual repetición electoral.

El acelerón de la crisis en Cataluña en los últimos días sumó este miércoles un nuevo capítulo al desvelar, El Programa de Ana Rosa, que Puigdemont envió al exconseller de Sanidad Toni Comín –también fugado en Bruselas–, varios mensajes en los que asumía que el procés "se ha terminado"procés porque los independentistas le habían "sacrificado". "El plan de Moncloa triunfa, sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo es histórico", lamentaba Puigdemont en esos mensajes.

El expresident reconoció horas después de su publicación que esos mensajes eran ciertos, pero aseguró que sigue siendo la máxima autoridad en Cataluña y afirmó que no tiene intención de renunciar a ser investido. "No me acobardaré ni retrocederé, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país", sostuvo Puigdemont. Y el PDeCAT lo apoyó públicamente, aseguró que no tiene intención de variar su posición política y sostuvo que el proceso independentista "ha llegado para quedarse". "El procés no se ha acabado, porque además no es cosa solo de unos partidos sino una cuestión que sale de una mayoría del pueblo de Cataluña", planteó el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries.

Pero en privado lo que plantean muchos nacionalistas es muy diferente. Fuentes consultadas por este diario explican que una parte significativa del PDeCAT, encabezada por el expresident Artur Mas y la coordinadora general Marta Pascal, considera que la opción Puigdemont se ha convertido en inviable. Sin embargo, la posición oficial es la contraria, y especialmente Pascal rechaza públicamente que el PDeCAT se esté planteando apartar a su líder. "Basta de mentiras, el PDeCAT está y estará siempre al lado del president", aseguró en un mensaje en Twitter este martes.

 

Lo cierto, en cualquier caso, es que Puigdemont tiene prácticamente imposible volver a ser presidente, ya que el Tribunal Constitucional le ha prohibido ser investido de manera telemática o delegada y tampoco podría someterse a una votación aún cuando estuviera presente en el Parlament sin permiso del juez, por no hablar de que la Policía lo detendría si volviera a España. Por ello, buena parte del independentismo asume que la única manera de desbloquear la situación es que Puigdemont dé un paso atrás y elija a un candidato con opciones reales de ser elegido presidente por el Parlament. El nombre que suena con más fuerza, tal y como adelantó infoLibre, es el de su número dos en la lista del 21D, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez.

El líder de Junts per Catalunya se resiste a esa posibilidad, y así lo dejó entrever en el vídeo que hizo público el martes por la tarde, en el que exigió al bloque secesionista que se mantenga unido. "Ha llegado el momento de que la mayoría social y política del soberanismo dé una respuesta unitaria y coordinada a este nuevo ataque para abordar la etapa de despliegue del mandato del 1-O y del 21D", sostuvo Puigdemont en un mensaje que se leyó como una referencia directa a ERC, pero que también tiene como destinatario al sector del PDeCAT que duda de su continuidad.

La principal baza con la que cuenta Puigdemont es su popularidad y el tirón electoral que demostró en los últimos comicios, cuando consiguió ser segunda fuerza en el cómputo global y el partido hegemónico del independentismo escondiendo la desgastada marca del PDeCAT y haciendo una campaña de corte personalista cristalizada en "la lista del president". De hecho, el PDeCAT tuvo que dejar las manos libres a Puigdemont para diseñar la candidatura, y por ello más de una veintena de los 34 diputados de Junts per Catalunya que se sientan ahora mismo en el Parlament le son mucho más fieles al candidato que a las siglas del partido, según explican las fuentes consultadas.

Esa lealtad a Puigdemont de más de la mitad del grupo parlamentario de Junts per Catalunya dificulta una posible ruptura del PDeCAT con su líder, dado que sin los fieles al expresident –y sin contar tampoco con los cuatro diputados de la CUP, que solo aceptan la vía unilateral y la restitución de Puigdemont– el independentismo no tendría mayoría suficiente para investir a cualquier otro parlamentario. Esa es la principal baza con la que cuenta Puigdemont para mantenerse como candidato y, si no consigue ser investido presidente, forzar una repetición electoral en la que, si el PDeCAT decidiera darle la espalda, el expresident arrastraría consigo –según sus cálculos– la mayoría de los votos de Junts per Catalunya.

El Supremo prevé inhabilitar a Puigdemont

Pero el plan de Puigdemont podría venirse abajo por la acción de la justicia. Este miércoles, El País publicó que el Tribunal Supremo prevé inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos tanto al expresident como a los cuatro exconsellers que lo acompañan en Bruselas, una decisión que sería efectiva a finales de marzo, meses antes de que se celebrasen unas eventuales segundas elecciones en Cataluña. Esta inhabilitación sería posible en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando sea "firme un auto de procesamiento" y haya sido "decretada la prisión provisional" por un delito de terrorismo o rebelión, "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Es decir: para que el juez pudiera inhabilitar a Puigdemont, el primer paso es que termine la instrucción de su caso –algo que está previsto para el mes de marzo– y lo procese por el delito de rebelión, una imputación a la que probablemente se sumarán las de sedición y malversación de caudales públicos. Cuando esto ocurra, el magistrado tendría que decretar prisión provisional para el expresident, y sería entonces cuando Puigdemont quedaría inhabilitado para ocupar un cargo o presentarse a unas nuevas elecciones. Y si el dirigente no puede presentarse a unos eventuales nuevos comicios, su principal herramienta de presión –la amenaza de armar una candidatura por su cuenta y sin las siglas del PDeCAT y quedarse con la mayoría de su electorado– se viene abajo.

El PDeCAT quiere evitar a toda costa una repetición electoral, y mucho menos en caso de ruptura con Puigdemont. Y los plazos del Constitucional pueden convertirse, curiosamente, en su mejor aliado. Si Puigdemont llega a la conclusión de que puede ser inhabilitado en marzo, posibilitar cuanto antes una hipotética investidura de Jordi Sànchez serviría para mantener su estrategia de enfrentamiento con el Estado. Sànchez se encuentra en prisión y la posibilidad de que el Parlament eligiese a un president que ese mismo día es llevado de nuevo a prisión, es previsible que tuviese un gran impacto en la sociedad catalana. Para esta operación los tiempos son claves, ya que Sànchez también está siendo investigado por rebelión y, a partir de marzo, también podría quedar inhabilitado si el juez decide –como parece– finalizar la instrucción y procesarlo firmemente por este delito.

Por ello, para que Sànchez pueda ser investido presidente, Puigdemont debería darle paso antes de que tenga lugar su procesamiento, dado que hasta entonces Sànchez no tiene limitados sus derechos políticos y tampoco está sujeto a ninguna suspensión del Tribunal Constitucional como la que sí está dictada sobre Puigdemont. La jurisprudencia establece que, pese a estar en la cárcel, Sànchez tendría derecho a acudir a una sesión de investidura para presentar su programa y someterse a la votación, tal y como hizo el etarra Juan Carlos Yoldi en 1987, cuando Herri Batasuna lo presentó como su candidato a lehendakari y pudo acudir al Parlamento Vasco pese a estar preso.

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