El PP fía toda su estrategia a la comparecencia de Sánchez en el Senado tras esquivar Ábalos y Koldo la prisión

El Tribunal Supremo, epicentro del tablero político. El paso de José Luis Ábalos y Koldo García ha mantenido en vilo a los partidos. Pero la decisión del juez Leopoldo Puente de mantenerlos en libertad y no enviarlos a prisión ha supuesto un chasco para las derechas, especialmente el PP, que ha centrado en ellos el foco de la oposición. Y ha provocado un respiro dentro del Ejecutivo.

Los populares esperaban especialmente la foto de José Luis Ábalos en la cárcel, lo que hubiera supuesto para el PSOE tener en prisión a sus dos antiguos secretarios de Organización. Y, para desgastar al Gobierno, se agarran ahora a la citación del presidente, Pedro Sánchez, para comparecer el día 30 de este mes en la comisión de investigación del Senado por el caso Cerdán-Ábalos-Koldo. Los conservadores todavía no han desvelado qué persona será la elegida para interrogar al presidente del Gobierno, aunque los favoritos son Alejo Miranda de Larra y Rocío Dívar, cercanos a la dirección nacional. Tampoco se descarta que sea Alfonso Serrano, número dos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el que le interrogue, aunque voces de Génova exponen sus dudas sobre su idoneidad porque supondría generar otro enfrentamiento entre Moncloa y Sol.

Aunque Ábalos y Koldo son las personas investigadas de la trama, junto con Santos Cerdán, el PP siempre ha apuntado a Sánchez como el principal responsable. Y así lo volvió a hacer su líder, Alberto Núñez Feijóo, este jueves: "La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor de ver cómo de las tres personas que encumbraron a Sánchez, una declaró ayer en el Supremo, otra lo hará hoy y otra está en la cárcel", dijo. El conservador, sin embargo, evitó respaldar la reforma legal que planteó el juez Leopoldo Puente para poder quitar el acta de diputado a quienes están investigados judicialmente.

El PP explota su mayoría absoluta en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue la encargada de anunciar este jueves el día de comparecencia, aunque ella misma se autodescartó para realizar el interrogatorio. "No hay cortina de humo que tape su responsabilidad sobre su agenda judicial", señaló en rueda de prensa, recurriendo al mismo argumento en el que se refugia el PP cada vez que un tema le es incómodo, como sucede con el aborto o Gaza, entre otros. "El sanchismo ha montado un sistema de corrupción piramidal: en la cúspide, Pedro Sánchez, en la base, la financiación ilegal del PSOE", añadió.

A esa supuesta financiación irregular se agarra ahora el PP, pese a que en el último informe de la UCO no se menciona en ningún momento –solo apunta a un desfase de 500 euros en la liquidación de gastos que el PSOE le abonó a Ábalos para cubrir dietas– y a que, hasta ahora, la investigación judicial no ha podido constar dicha irregularidad. Sin embargo, esto no ha impedido un aluvión de acusaciones del PP (y de la derecha mediática) sobre esa presunta financiación ilegal en Ferraz para justificar la citación de Sánchez en la Cámara Alta.

La última en comparecer en esa comisión ha sido la empresaria Carmen Pano, que evitó hacer declaraciones "por indicaciones" de su letrada tras conceder entrevistas a varios medios de la derecha mediática como El Español o The Objective en las que aseguró que en octubre de 2020 entregó dos bolsas con 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz. Lo único que consiguió el PP de ella fue un gesto de asentimiento cuando le preguntaron si había entregado ese dinero. El próximo jueves 23 acudirán también los dos gerentes del PSOE: la actual, Ana María Fuentes, y su predecesor, Mariano Moreno.

El Gobierno espera una "performance" del PP

En el Gobierno y en el PSOE han respirado tranquilos tras ver que el juez no ha enviado a prisión a García y a Ábalos, aunque aseguran que afrontan este proceso con “tranquilidad” porque se ha evidenciado en el último informe de la UCO que no hay ningún tipo de irregularidad en la financiación del partido.

El equipo del presidente del Gobierno trabaja ya a pleno rendimiento en la preparación de esa comparecencia en la Cámara Alta y están analizando las posibles preguntas que lanzará al PP el también secretario general de los socialistas. Están convencidos de que esa cita puede ser un “bumerán” para el propio Partido Popular y ven evidencias de ello en que todavía ni siquiera saben quién interrogará a Sánchez. En el PP no quieren adelantar el nombre del senador o senadora encargado de preguntar al presidente del Gobierno por no añadirle presión y por no darle pistas al Ejecutivo sobre por dónde irán las preguntas.

Como señala un ministro del núcleo duro de Sánchez, en Moncloa esperan una “performance impresentable” por parte del Partido Popular, mientras que adelanta: “El presidente hablará. Siempre ha contestado y ha dado explicaciones. Además, ponen el acento en que los populares han elegido el día 30, un día después del aniversario de la tragedia de la dana, para convocarlo a la comisión “para tapar las vergüenzas de Mazón”.

En la calle Ferraz también insisten: “La fecha es de bajeza moral total. Pero lo de Mazón no lo tapa nadie”. En la sala de máquinas de los socialistas dicen que el secretario general saldrá airoso porque “no hay nada”: “Todo cuadra al céntimo, todo está auditado”.

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El paso de Ábalos por el Tribunal Supremo ha reabierto la polémica sobre si el valenciano, adscrito ahora al Grupo Mixto, debe seguir con su escaño en el Congreso. Todo a raíz del cuestionamiento hecho por el juez Puente en su auto sobre el exministro de Transportes: “No es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley). Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión”.

En la parte socialista de la Mesa del Congreso hay enfado con esas afirmaciones del juez. En el grupo parlamentario hay una sintonía general con que Ábalos debería dejar su escaño, pero la ley le permite seguir. Las críticas al magistrado vienen por no respetar la separación de poderes y por hacer esa reflexión en un auto del Tribunal Supremo. El vicepresidente primero de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, afirmó que “cualquier ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión y a opinar de lo que quiera”, pero sugirió al juez: “Hay una forma de participar del legislativo que es presentarse a las elecciones”.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, recalcó hasta en tres ocasiones ante los periodistas que cada poder tiene que “influir” e “intervenir” en su ámbito. El actual titular de Transportes, Óscar Puente, aseveró: "Ábalos hoy no sería diputado si del Partido Socialista dependiera"; pero mostró su sorpresa por el hecho de que, en su comentario, el juez haya obviado la doctrina, "muy consolidada" en España, respecto a que el acta es personal y no del partido.