Modelo de Estado

El PSOE identifica el nacionalismo catalán como “el problema más grave”

Los miembros del Consejo Territorial del PSOE, ayer sábado minutos antes de comenzar su reunión en Granada.

Juanma Romero (Granada)

Federalismo como el modelo de Estado "definitivo" de la organización territorial de España, como el "único punto de encuentro posible" entre las tentaciones centralistas y las secesionistas. Federalismo como la medicina para neutralizar dos polos opuestos. Son los términos en los que el PSOE planteó su apuesta por una nueva España. Y son los que ayer sábado santificó en pleno, por completa unanimidad, el Consejo Territorial reunido en Granada. El debate ha durado nueve meses, justo desde que la chispa se encendió en Cataluña, se inflamó el sentimiento independentista y desequilibró el tablero de juego. Y es esa, la "ruptura del nacionalismo catalán con el marco estatutario y constitucional y su apuesta por la independencia de Cataluña", "quizás el problema más grave surgido en estos últimos meses", a juicio de los socialistas. 

El PSOE lo escribe en Hacia una estructura federal del Estado, el documento de cabecera con el que el partido pone al día su idea de configuración territorial. El texto que ayer, junto con un manifiesto resumen, la Declaración de Granada, aprobaron la dirección federal y los barones en una cumbre rapidísima –apenas cuatro horas– en el hotel Saray de la ciudad andaluza, donde todo había ido suficientemente masticado. El PSOE, así, acotaba su "reforma en profundidad" de la Constitución, "avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias", su propuesta de "nuevo pacto para convivir" que pide negociar con el PP. Pero también, indudablemente, mataba otro pájaro de un tiro: lograba recomponer su relación con el PSC. Se acabó un quebradero de cabeza de Rubalcaba y su equipo de los últimos meses, cuya solución feliz algunos dirigentes no daban tan por descontada hace sólo unos días. A falta de que se redacte el nuevo protocolo que rija los lazos y contrapesos de ambos partidos, se puede decir que el matrimonio de más de treinta años se ha salvado, y que PSOE y PSC seguirán unidos, recuperando, como dijo el líder de los socialistas, "un modelo compartido", un proyecto "para seguir juntos", una "oferta política que hacer al conjunto de España" y sin fisuras. 

Más allá de las propuestas que recoge el documento final aprobado por el Consejo, de 24 páginas, el consenso visualizado ayer en Granada supone, según la lectura hilada por varios barones consultados por infoLibre, un "reforzamiento" de Rubalcaba de puertas para dentro, porque no era tan fácil hacer casar los intereses dispares de las federaciones bajo el armazón de un texto común. Para ello, se le desbrozó de muchas concreciones, se hizo más genérico y se dejaron sin cerrar plenamente asuntos en lo que no había pleno consenso interno, caso de la nueva configuración del Senado. Como señalaba a los periodistas un secretario general, la redacción es lo suficientemente laxa como para que quepan "19 discursos distintos", que cada federación pueda vender en su territorio sin problemas. La paz sellada por el líder con sus barones, según varios dirigentes, le permite encarar con más sosiego la siguiente cita con los suyos, el Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos, el próximo 13 de julio. Y le otorga cierta "estabilidad" hasta la Conferencia Política del próximo octubre. 

El diagnóstico: las deficiencias

La constatación de que la deriva del nacionalismo catalán, protagonizado por CiU y ERC, es el "problema más grave" nacido en los últimos tiempos –se entiende que para el modelo de Estado, fuera de este debate queda la salida de la crisis económica– forma parte del diagnóstico con el que el PSOE prologa su documento. "Los socialistas no podemos dar por buena esta ruptura. No nos resignamos. Hemos vivido juntos y queremos vivir juntos. Siempre hemos dialogado y nos hemos encontrado", manifiestan en el texto. Pero el PSOE detecta varias deficiencias del sistema autonómico actual: un sistema de reparto de competencias "confuso y conflictivo", la ausencia de una "verdadera Cámara territorial", un sistema de financiación "inacabado e insatisfactorio", la desigualdad de acceso a los servicios públicos entre españoles, la insuficiencia de los mecanismos previstos para atajar la falta de cohesión territorial, la escasa colaboración institucional entre las comunidades y el Estado, la reordenación de la Administración pública o la intervención del Tribunal Constitucional después de que un estatuto de autonomía haya sido aprobado en referéndum. 

A todos estos problemas, el PSOE esgrime como solución una reforma constitucional amplia. No para volver al periodo constituyente y hacer tábula rasa, dicen, sino para "actualizar y perfeccionar el Estado autonómico en una perspectiva federal". Caminar hacia un "modelo federal cooperativo y pluralista", que conjugue reconocimiento de la "igualdad" entre españoles y "legítimas diferencias", sin que estas supongan "privilegios". 

Las propuestas del PSOE se articulan en torno a 14 ejes, la mayor parte de ellos ya avanzados. Los puntos básicos son los siguientes: 

A. INCORPORACIÓN DEL MAPA AUTONÓMICO

Los socialistas quieren que la nueva Constitución recoja las comunidades que componen el Estado, que las cite una por una, por orden de creación y con el nombre que ellas mismas hayan consignado en sus Estatutos. En este punto emergió una discrepancia de interpretación entre Rubalcaba y su homólogo del PSC, Pere Navarro. El primero dijo en rueda de prensa que no cabía la definición de Cataluña como nación porque la había tumbado el TC en su sentencia de 2010. El primer secretario de los socialistas catalanes, en cambio, consideró que el Constitucional anulaba la parte dispositiva, el articulado, y no la referencia a que el Parlament calificó Cataluña como nación, como aparecía en el preámbulo del Estatut. 

El documento también deja claro que los socialistas son "partidarios" de mantener "el actual mapa autonómico sin alterar ninguna de sus delimitaciones geográficas". O sea, que se preservan las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. El texto aboga asimismo por la "desaparición de las disposiciones transitorias" de la Constitución, genéricamente, si bien luego reconoce como singularidades los derechos forales históricos de Navarra y País Vasco. La redacción, un tanto confusa, tiene su enjundia, dado que la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna de 1978 prevé la anexión de Navarra a Euskadi si así lo vota su Parlamento y lo aprueban los ciudadanos. Un asunto siempre de alto voltaje en la Comunidad foral. Fuentes de la dirección del PSOE señalaron a este diario que "en absoluto se piensa en la derogación de la transitoria cuarta", entre otras razones porque se habrían opuesto los socialistas navarros. 

B. COMPETENCIAS Y HECHOS DIFERENCIALES

Se propone que la nueva Constitución incluya "un solo listado con las competencias exclusivas del Estado", definiéndolas "con precisión", de forma que las restantes estarían en manos de las CCAA. En consecuencia, "se reducirán las competencias compartidas y se garantizará que las comunidades ejerzan aquellas que son exclusivas sin interferencias". 

En el tema de los hechos diferenciales sí ha habido más discusión interna. Al final, se reconocen cinco elementos distintivos e históricos de algunos territorios. El primero de todos, la existencia de lenguas propias en algunas CCAA. Aquí, el PSOE plantea una resolución que confronta radicalmente con el modelo del PP o de UPyD: se aconseja "reforzar el poder autonómico" de las CCAA con idiomas cooficiales "en las políticas de ordenación, defensa y promoción de su lengua propia". Catalán, gallego y euskera quedarían así blindados.

El segundo, la denominación de "nacionalidades y regiones" que contempla la Constitución, y que ha hecho que en los estatutos se permita a algunas CCAA su "definición como entidades políticas particulares, dentro del conjunto del Estado". Se reconoce la insularidad, y el hecho de que Galicia, Cataluña y País Vasco dispusieran de estatutos en la II República, así como la foralidad de Navarra. El último de naturaleza histórica es la asunción de las instituciones forales y del concierto económico vasco y el convenio navarro. A estos cinco se añaden otros, como el acceso de Andalucía a su autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución y su equiparación con las nacionalidades históricas o las especificidades de derecho civil en varias comunidades. 

C. LA SUPRESIÓN DEL SENADO

El PSOE sugiere la eliminación del Senado en su configuración actual para reemplazarlo por una verdadera "Cámara de representación territorial". ¿Cómo se elige? Las discusiones se prolongaron hasta ayer mismo por la mañana, sin que se apostase por una fórmula final. La apuesta favorita es la del Bundesrat alemán, cuyos miembros son designados por los gobiernos autonómicos. Pero se deja la puerta abierta a que los nombren los parlamentos regionales, o lo hagan gobiernos y parlamentos o también incluso que sean los ciudadanos quienes los elijan por sufragio universal en los comicios autonómicos. 

La nueva Cámara tramitaría sólo las leyes con contenido "de alta relevancia autonómica" y adoptaría sus decisiones por "mayoría simple". Nada se dice del veto y de cómo se resolvería un eventual conflicto con el Congreso. 

¿De qué más se encargaría? Los socialistas plantean varias funciones: autorizar los convenios de cooperación entre comunidades, asegurar la participación en asuntos europeos, permitir el concurso de las CCAA en la designación de miembros de órganos constitucionales, garantizar la celebración de la Conferencia de Presidentes al menos una vez al año, acoger las Conferencias Sectoriales –foros de diálogo de las autonomías con el Gobierno central– y ser sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

D. UNA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Los socialistas creen que la redacción actual de la Constitución en materia financiera es demasiado vaga, apenas "una hoja en blanco", sin reglas mínimamente precisas. Así que proponen que se incorporen los principios del sistema: solidaridad interterritorial, corresponsabilidad, suficiencia y coordinación. 

Sólo ya después de enunciados estos cuatro pilares, el texto menciona el principio de ordinalidad, una exigencia clara del PSC y que ha sido aceptada por el PSOE porque se ciñe a la interpretación que de él hizo el TC en su sentencia del Estatut: que la contribución interterritorial no coloque "en peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia". Rubalcaba lo expresó gráficamente en su rueda de prensa: "Si alguien está en posición 120 y otro en posición 80, la nivelación tiene que llevar a los dos a 100, no llevar al de 80 a 120 y al de 120 a 80". La nivelación, insistió, debe ser la base del nuevo sistema de financiación.

Foto de familia del Consejo Territorial del PSOE reunido ayer sábado, 6 de julio, en el hotel Santos Saray de Granada | INMA MESA

La Carta Magna debería perfilar claramente cuáles son los impuestos de cada administración, y cuáles son los tributos cedidos total o parcialmente a las comunidades autónomas. El único impuesto "exclusivamente federal" (o sea, del Estado) sería el de Sociedades, el que pagan las empresas, con la intención, explicaron fuentes de la cúpula, de que "no haya competencia desleal a la baja" entre regiones. Igualmente, el documento plantea homogeneizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (cedido a las CCAA) para impedir la carrera a la baja y su "progresiva desfiscalización" y hasta desaparición. Se establecería así un "suelo homogéneo" en toda España, dejando a las CCAA margen para elevarlo. 

El Fondo de Garantía del Estado del bienestar

En este apartado se suman dos medidas anunciadas en las últimas horas por Rubalcaba: que al igual que se añadió al artículo 135 de la Constitución en la reforma de 2011 la estabilidad presupuestaria, se incorpore ahora la "estabilidad social", de forma que se asegure un nivel de los servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales y pensiones) y sea un mandato "imperativo" en la distribución de los recursos del país. 

Se crearía asimismo un Fondo de Garantía del Estado del bienestar, con un funcionamiento similar al de la hucha de las pensiones: se llena en época de bonanza para que cuando vengan los tiempos de vacas flacas se tire de esos ahorros y se eviten los recortes. 

Un Fondo de Solidaridad que fomente la convergencia

Estas dos últimas iniciativas han sido especialmente celebradas por el Consejo Territorial por la componente de "rectificación" de la modificación exprés, "hecha a medias", de la Constitución de 2011, aprobada a solas con el PP. Los socialistas otorgan igual énfasis a la articulación de mecanismos de nivelación financiera que aseguren los "derechos sociales básicos para todos los españoles". Y para garantizar la convergencia territorial, para que se reduzcan las diferencias de desarrollo entre CCAA, sugieren la creación de un Fondo de Solidaridad, que integraría los actuales Fondos de Compensación y Fondo de Cooperación. 

El cupo vasco y la aportación navarra, como se esperaba, serán revisables (no así el concierto ni el convenio). La redacción es más alambicada: se trata de "perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica". 

E. DESCENTRALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Los diferentes procesos "en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales" –reza el documento– deben culminar en los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad "y no en el Tribunal Supremo". El TS no sería una "segunda o tercera instancia", sino que se reservaría su función de "unificación de doctrina". Además, se afirma que "puede ser conveniente una cierta territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial", respetando el carácter de "poder único y exclusivo del Estado". ¿Cómo se conseguiría? Se haría descansar en las salas de gobierno de los TSJ algunas deliberaciones y decisiones que no afectan al núcleo de competencias del CGPJ. El texto no habla, pues, de la creación de Consejos de Justicia autonómicos (pequeños CGPJ). 

F. RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD

El PSOE no quiere que vuelva a ocurrir lo que pasó en 2010: un Estatut, el de Cataluña, aprobado por los catalanes en 2006 y tumbado parcialmente por el TC cuatro años más tarde. Lo que propone es que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad (que se derogó en los ochenta) pero sólo para los estatutos. Así, una vez aprobados estos por las Cortes, se abriría un plazo de tres meses para impugnarlo en el TC, y este a su vez sólo tendría seis meses para resolver. Después vendría el referéndum. 

RUBALCABA Y SUS PLANES: "AHORA NO TOCA"

Todos los dirigentes consultados señalaron que la reunión de ayer discurrió sin sobresaltos. Como tampoco hubo colisiones en la cena del viernes, en la que Rubalcaba reunió a sus barones (sólo faltó el madrileño Tomás Gómez), porque el texto iba ya "muy cerrado" y apenas quedaban por sellar algunos flecos. La impresión de varios secretarios generales contactados es que el líder gana la partida, y con él Pere Navarro, del que destacaron su "buen tono" en la cumbre de Granada. "Objetivamente esto refuerza a Alfredo en este momento. El acuerdo era muy complicado y se ha conseguido: se han cambiado varias cosas del documento inicial y lo más importante, se asume el federalismo", aseguraba eufórico un barón de una federación potente.

Mismo juicio de otro secretario general: "Alfredo ha hecho un trabajo de chinos. Él internamente está bien, como se le pudo ver hoy [por ayer]. El problema es cuando nos situáis los periodistas en el futuro, en el calendario de las primarias". Otro jefe más, en este caso de una federación pequeña: "Sale reforzado él y el partido. El Comité Federal del día 13 irá como la seda. Puede que no haya movimientos hasta octubre, hasta la Conferencia Política. Claro que si lo maneja igual que este asunto, puede llegar fuerte".

Otro compañero de otro pequeño territorio coincide y cree que la tranquilidad está garantizada "al menos hasta el otoño". Aunque en el PSOE todo puede pasar, como ocurrió hace poco más de una semana con la sorpresiva retirada de escena de José Antonio Griñán, que descabaló la vida interna. En los entornos de los líderes de Madrid, Tomás Gómez, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (el que ayer más se resistió a enterrar el debate de primarias), no estaban tan seguros de esa lectura interna tan triunfalista. "Este Consejo Territorial era monográfico, y se ha centrado todo en esto". Al propio líder se le preguntó cómo se veía. Se escabulló: "Ahora quiero volver a la reunión, cerrar el documento sobre la Administración local... y descansar". 

Así que ni hubo tensiones, ni se habló de las primarias (ni en la cena ni en la reunión del sábado), ni Rubalcaba manifestó a sus secretarios generales sus intenciones de futuro, ni se comentó formalmente la decisión de Griñán. En la agenda ponía modelo de Estado, y nada más. Y así fue. Rubalcaba incluso esquivó las preguntas sobre sus planes: "Ahora no toca". 

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