Las seis condiciones de Podemos que obvia el PSOE en su oferta

Pocas novedades, y prácticamente ninguna que satisfaga las principales demandas de Podemos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El documento que envió este lunes el PSOE al partido morado para tratar de conseguir su voto favorable no incluye cambios sustanciales con respecto al pacto que han suscrito los socialistas con Ciudadanos, y tampoco cede en las exigencias fundamentales de Podemos: ni se deroga la reforma laboral, ni se habla de suprimir el artículo 135 de la Constitución, ni se incrementa el aumento del salario mínimo, ni tampoco se profundiza en una reforma fiscal, entre otros asuntos.

El Comité Federal del PSOE aprobó este lunes enviar una última oferta "valiente" –en palabras de Sánchez– a Podemos, En Comú Podem, En Marea, Compromís e IU-UP para intentar que estas formaciones se replanteasen su negativa tajante a apoyar el pacto suscrito entre los socialistas y Ciudadanos. Pero el documento enviado no gustó ni al partido morado ni a las confluencias gallega y catalana: el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo calificó de "corta y pega" del acuerdo ya suscrito, mientras que Alexandra Fernández, portavoz de En Marea, criticó la falta de "compromisos concretos" y En Comú Podem afirmó jocosamente que "apenas" contenía novedades salvo el "cambio de portada".

Lo cierto es que los ocho principales desacuerdos que –según Podemos– dieron al traste con la mesa de negociación a cuatro entre Podemos, PSOE, IU-UP y Compromís siguen muy presentes, ya que el PSOE no ha modificado prácticamente en nada el contenido del pacto con Ciudadanos en asuntos como la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma laboral, el complemento salarial, el salario mínimo, la política macroeconómica, el artículo 135 de la Constitución, la Sanidad pública o la despolitización de la Justicia.

'Ley mordaza'

Una de las quejas más repetidas por los dirigentes de Podemos desde que se dio a conocer el pacto entre PSOE y Ciudadanos es que el documento no contemplaba expresamente la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza. El acuerdo únicamente planteaba "reformar" la norma para "revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional" y otros que "reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas".

Podemos se quejó de la laxitud de la redacción y de que no se incluyera de forma taxativa el término "derogación", pero en la propuesta remitida a la formación morada los socialistas no hacen ni siquiera mención a la polémica norma, por lo que no existen cambios al respecto. Sin embargo, en el documento enviado a IU-UP, el PSOE sí que se muestra abierto a "derogar" la norma en los mismos aspectos que antes únicamente se planteaban "revisar", es decir, los recurridos ante el TC y los que otorgan mayores competencias a las fuerzas de seguridad.

Mercado laboral

Para Podemos, es esencial sacar de la circulación tanto la reforma laboral aprobada por el PP la pasada legislatura como la que, previamente, sancionó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que entre otras cosas redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días por año a tan sólo 33. Los socialistas, ya en su programa electoral, únicamente proponían derogar la reforma laboral de los conservadores, pero en el pacto fimado con Ciudadanos no se contemplaba esta posibilidad, aunque sí se cambiaban algunos aspectos de la legislación del mercado de trabajo.

"PSOE y Ciudadanos pactan reducir aún más las indemnizaciones por despido", denunció Podemos nada más conocer el pacto entre ambos partidos. El motivo principal de la queja de la formación morada es el establecimiento de un nuevo tipo de contrato temporal –que el pacto PSOE-Ciudadanos define como "estable progresivo"– con indemnización creciente. Tal y como indica el pacto, en esta nueva modalidad el despido improcedente continuará igual que hasta ahora –después de una polémica modificación–, pero el procedente "tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año".

Los socialistas no ofrecen novedades a este respecto en su oferta, más allá de las propuestas que ya aprobaron en su pacto con Ciudadanos. Aunque hay puntos en común con el programa de Podemos –por ejemplo, el referente a "recuperar con carácter urgente la fortaleza de la negociación colectiva" o la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores–, los planteamientos son muy amplios y no incluyen medidas como la vuelta a la indemnización de 45 días por año.

Tampoco es asumible para Podemos el compromiso de incremento del salario mínimo interprofesional que aprobaron Ciudadanos y el PSOE en su pacto, en el que proponen para este año una subida "de al menos el 1% con el fin de ir recuperando su pérdida de poder adquisitivo". En la oferta remitida por los socialistas a Podemos, la redacción se mantiene exactamente igual que en el acuerdo con el partido naranja, mientras que la formación de Pablo Iglesias plantea elevar el salario mínimo hasta los 800 euros en 14 pagas durante los dos primeros años de legislatura.

Reforma fiscal, déficit y artículo 135

Nada nuevo se dice en la oferta del PSOE a Podemos sobre disminuir el ritmo de reducción del déficit público o la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal de carácter progresivo, dos de las propuestas principales de Podemos en materia económica. Por tanto, lo que plantean los socialistas es lo que está expresado en su pacto con Ciudadanos: situar el déficit por debajo del 3% en 2017 y llevar a cabo una reforma fiscal que se centre en desplazar "parte del peso de la carga tributaria hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos", sin subir el IRPF y rebajándolo cuando la situación económica lo permita.

Los planteamientos chocan frontalmente con la propuesta de Podemos, que establece –como inicialmente hacía el PSOE– un calendario de reducción del déficit más lento, que tendría que ser negociado con Bruselas y que implicaría que el déficit sólo se situaría por debajo del 3% en el año 2018, lo que supondría tener un año más de margen para rebajarlo. Además, la propuesta de Podemos establece incrementar el número de tramos del IRPF a partir de los 60.000 euros de base imponible, y aumentar los tipos de estos nuevos tramos hasta establecer uno máximo del 55% para rentas anuales superiores a los 300.000 euros.

En otros impuestos, como el de sociedades o el de patrimonio, las posiciones podrían ser más cercanas entre Podemos y el PSOE, ya que los socialistas plantean cambios en estos tributos en su pacto con Ciudadanos, aunque con muy poca concreción. Y este problema no se soluciona en la oferta remitida al partido morado este lunes, ya que ni siquiera se menciona en qué dirección planean PSOE y Ciudadanos modificar estos impuestos.

Otro de los puntos claves en materia macroeconómica para Podemos es la derogación del actual artículo 135 de la Constitución, que establece que el pago de la deuda gozará de prioridad sobre otras inversiones públicas. En su oferta, el PSOE únicamente propone "garantizar, mediante la reforma constitucional" un "suelo social presupuestario" que implique una cantidad mínima a invertir en gasto social; la propuesta va en la línea de la que ya incluye el pacto con Ciudadanos, que establece que la reforma de la Carta Magna debe permitir "la superación de los límites de déficit y deuda pública" para financiar adecuadamente "los grandes servicios públicos".

Sanidad y copago farmacéutico

Una de las principales novedades en la oferta enviada por el PSOE a Podemos está en la referencia al copago farmacéutico, ya que el documento plantea la necesidad de "garantizar" que "no sea una barrera de acceso, eliminando los que puedan suponer el no seguimiento o la interrupción de tratamientos, en especial para los personas de rentas más bajas". Esto supone una novedad con respecto al pacto firmado con Ciudadanos, que no explicita la posibilidad de eliminar la obligación de pagar por sus medicinas a aquellas personas que carezcan de medios.

No obstante, Podemos se quejó al conocer el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos de que se abrían "las puertas a la privatización de la gestión" sanitaria, ya que el pacto plantea la necesidad de "mantener la titularidad pública de centros y servicios sanitarios, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un papel complementario". Por el contrario, el partido de Pablo Iglesias plantea derogar la ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que es la que establece que "la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas".

Plan de emergencia social

Tampoco vienen recogidas en la oferta remitida este lunes por el PSOE a Podemos algunas de las medidas estrella planteadas por la formación de Pablo Iglesias, como es la necesidad de garantizar los suministros de gas y luz a las familias que no puedan sufragarlos. El documento, no obstante, sí establece la garantía del "suministro de agua, de forma que ningún hogar pueda ser privado del suministro básico para cubrir los usos vitales de una familia".

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital que plantean PSOE y Ciudadanos –un ingreso mensual para familias con pocos recursos–, Podemos critica la inconcreción de la medida. "La única novedad es que dice que llegará a 700.000 familias sin ingresos, lo cual es pura obviedad, ¿para quién era si no?", denunció el partido en un argumentario. Y tampoco se hace mención en la oferta al complemento salarial para trabajadores que cobren sueldos bajos, una propuesta muy criticada por Podemos tras ser incluida en el pacto PSOE-Ciudadanos, pese a que el partido morado la planteaba también en su programa electoral.

Las reivindicaciones de En Marea y En Comú Podem

Pese a que Podemos y las confluencias gallega y catalana presentaron un documento de propuestas conjuntas para iniciar la negociación con el PSOE, los socialistas les han remitido este lunes ofertas por separado. Pero En Comú Podem y En Marea han mostrado tan poco entusiasmo como Podemos al examinar unos documentos que, en palabras de Alexandra Fernández, portavoz de la coalición gallega, suponen un "chantaje de última hora" para "comprar" votos.

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En este sentido, la oferta incluye medidas concretas para los sectores lácteo y pesquero gallegos, como la consistente en "incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un régimen sancionador", "definir un precio 'sostenible' para cada eslabón de la cadena de valor" o "impulsar con medidas de apoyo al segmento de la flota artesanal de pesca más frágil y de gran calado social, y a los mariscadores, a través de programas de modernización de los barcos, mejoras de infraestructuras y servicios en tierra y de diversificación de sus actividades". Pero En Marea reclama concreción: "Las medidas que plantea sobre Galicia son generalidades que no se concretan en nada", denunció Fernández este lunes.

Para En Marea, tampoco existe suficiente claridad en otro de los temas que consideran capitales: la anulación de la prórroga concedida por el Gobierno a la multinacional Ence para mantener 60 años más una fábrica sobre uno de los bancos de marisco más ricos de Galicia. Los socialistas plantean en su oferta "revisar" la decisión, mientras que los diputados de la coalición gallega abogan por la cancelación de la prórroga. Y "tampoco dice nada acerca de propuestas [...] como la apertura de una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia", criticó Fernández.

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Xavi Domènech, aseguró que la propuesta remitida por el PSOE no va "más allá" del acuerdo firmado con Ciudadanos. La oferta incluye medidas específicas para Cataluña, como la "revisión inmediata del modelo de financiación autonómica", revisar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas o el "cumplimiento de los compromisos presupuestarios del Estado recogidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña". Pero el PSOE no ha cedido en su principal línea roja, que a la vez es una de las reivindicaciones fundamentales de la confluencia catalana: la organización de una consulta sobre la independencia.