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Canal de Isabel II

Los trabajadores del Canal de Isabel II se manifiestan contra el traslado del ‘call center’ a Perú

Manifestación de los trabajadores del Canal de Isabel II.

El comité de empresa de GSS Venture convocó este martes una manifestación ante las puertas del Canal de Isabel II para protestar por la deslocalización realizada por la empresa del servicio de atención al cliente, que se prestará a los madrileños desde Perú.

Por el momento, la descentralización se encuentra paralizada con motivo de los recursos presentados por las otras dos empresas concursantes, Atento y Konecta, que han interpuesto quejas en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales “porque entienden que ha habido irregularidades en la concesión del contrato”, contó Raquel García, delegada sindical de CCOO del Canal de Isabel II.

“Nos tememos que en un futuro se va a trasladar todo el servicio a Perú”, denunció García. Un servicio cuyo contrato tenía un valor de 20 millones de euros sin IVA y que se adjudicó a GSS Venture por 15,35 millones.

La adjudicación anterior también correspondió a GSS Venture. El Canal de Isabel II permitió en 2010 y “por primera vez” que una empresa que se llevase el servicio de call center fuera de la Comunidad de Madrid. Ángeles Hernáez, representante de CCOO de GSS Venture, cuenta que los servicios de urgencias, averías, seguros y riesgos ya han sido trasladados a Perú.

“Consideramos, porque las matemáticas no engañan, que la idea es deslocalizar todo el call center de atención al cliente”, coincidió Hernáez. GSS Venture paga a sus empleados en el país andino un sueldo mensual de 214 euros, lo que le permite ahorrar nueve millones de euros al año en salarios de personal.

A esta manifestación se unieron los siete educadores despedidos por la empresa Lavola 1981, subcontratada por Canal Educa, el programa de educación ambiental del Canal de Isabel II, para desarrollar servicios de educación en colegios de la Comunidad de Madrid.

Rocío Lorenzo, antigua educadora de Canal Educa, denunció que la empresa adjudicataria, Lavola 1981, decidió prescindir de los siete educadores “debido a que nos ofrecieron un contrato fraudulento que nosotros nos negamos a firmar”.

Canal Educa obligó a Lavola 1981 a realizar contratos a sus empleados de 40 horas semanales, pero la empresa adjudicataria propuso a los educadores “un contrato ilegal que proponía firmar por 40 horas pero realizar luego realmente 32”, relató Lorenzo.

Los trabajadores despedidos denunciaron que Lavola 1981 les ofrecía un salario de 11.800 euros brutos al año, cuando el convenio de educación ambiental de la Comunidad de Madrid que rige su trabajo lo cifra en unos 15.400 anuales "como mínimo". Finalmente la empresa se hizo con otros educadores dispuestos a cobrar 13.200 euros brutos anuales por un contrato de 40 horas semanales en el que figuran como auxiliares administrativos.

Los siete educadores relataron que los nuevos contratados por Lavola 1981 “no hicieron el periodo formativo de un mes” y que esto está provocando quejas en los colegios a los que asisten, como el Colegio Albanta de Fuenlabrada.

“Nos avisaron de que prescindían de nosotros por llamada telefónica y cuando pedimos una reunión para negociar nuestras condiciones laborales, la empresa se negó en rotundo”, denunció Lorenzo, “pusimos en conocimiento de Canal Educa lo que estaba pasando, pero nos dijeron que ni querían saber nada ni se querían hacer cargo”.

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La protesta de los trabajadores de Canal de Isabel II contó con la presencia de Luis García Montero, candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y de María Espinosa, la número 10 de la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid.

Ambos reivindicaron la titularidad pública de Canal de Isabel II y un cambio en el modelo productivo de la empresa, ya que “busca la precarización del trabajo y la explotación de sus trabajadores”, denunció García Montero.

Espinosa recordó, por su parte, que Podemos incluye entre sus propuestas la de crear un banco del agua que garantice que las inversiones del Banco Europeo de Inversión y las que vienen desde el exterior “se destinen a la Comunidad de Madrid”.

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