Amnesia y amnistía comparten raíz griega. Y giran alrededor de lo mismo: el olvido. En el primer caso, por la pérdida de la memoria. En el segundo, por la decisión de hacer tabula rasa, de perdonar delitos y extinguir la responsabilidad de sus autores. Pocas veces este instrumento jurídico, cuyo origen se sitúa en la Antigua Grecia, había marcado tanto la agenda política. Es, de hecho, la gran exigencia independentista para facilitar la formación de Gobierno. Una concesión que la derecha ve intolerable. "Eso sería un exceso que los españoles no entenderían", apuntaba el coordinador general del PP, Elías Bendodo. "Nunca estará sobre nuestra mesa ni una amnistía ni un referéndum", resaltaba el secretario general de los conservadores en Cataluña, Santi Rodríguez.

Es cierto que la amnistía, cuyo encaje ha generado un enorme debate entre los juristas, apenas ha sido utilizada en nuestro país desde que se hizo caer la dictadura. Al fin y al cabo, como señaló en los ochenta el propio Tribunal Constitucional, "es siempre una institución excepcional" que implica "un juicio crítico sobre toda una etapa histórica". A ella se recurrió en 1977 para hacer borrón y cuenta nueva. Y cualquier paso en este sentido ha ido siempre enlazado a la norma de olvido impulsada en plena Transición. Así se hizo, por ejemplo, en 1984, cuando con una reforma se trataron de cubrir algunas lagunas que la Ley de Amnistía había dejado respecto a algunos luchadores por la democracia.

Pero aquel no ha sido el único proceso de perdón que se ha impulsado en nuestro país desde el derrumbe del franquismo. En los últimos cuarenta y seis años ha habido otros cuantos. Aunque, en este caso, de carácter fiscal. El último, en 2012. Oficialmente no se llamaba amnistía. Era un "programa extraordinario de regularización de activos ocultos". Aunque, en la práctica, implicaba lo mismo: el perdón a los defraudadores si hacían aflorar sus bienes y abonaban un 10% de impuestos. "El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos", resaltaba el real-decreto que se alumbró durante la primera etapa de Mariano Rajoy en Moncloa.

Los conservadores se habían opuesto frontalmente a cualquier cosa similar en 2010, cuando en plena crisis económica un diario dejó caer que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba trabajando en un plan para aflorar dinero negro –algo que nunca se aprobó y que se llegó a desmentir oficialmente desde el propio Ejecutivo–. "Es impresentable que se dé una amnistía fiscal a quienes han defraudado a Hacienda", llegó a decir María Dolores de Cospedal, entonces número dos del PP. Pero un par de años más tarde, nadie se acordaba ya en la formación conservadora de aquellas palabras. Fue el olvido que dio paso al perdón. En este caso, al perdón fiscal.

El Gobierno conservador se escudaba en la "situación límite" de la economía para justificar una amnistía a la que, no obstante, no podían acogerse todos aquellos –particulares y empresas– que estuviesen bajo investigación tributaria. Sí que podían hacerlo, sin embargo, quienes estuviesen ocultando su fortuna a través de testaferros, siempre y cuando antes los bienes se pusiesen a nombre del titular real. El Ejecutivo esperaba recaudar 2.500 millones de euros. Pero, al final, se quedó en la mitad. Tras una campaña que se prolongó durante cinco meses, se recaudaron, según las cifras oficiales, alrededor de 1.200 millones de euros. En total, 29.683 contribuyentes presentaron la declaración especial para acogerse a la amnistía por los activos ocultados en los ejercicios de 2008 a 2010.

Poco, o muy poco, se sabe de los nombres propios que se beneficiaron del perdón fiscal. La escasa información que se tiene al respecto es la que ha ido saliendo de procesos judiciales o investigaciones periodísticas. A la amnistía se agarró, por ejemplo, el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato. "Yo era un ciudadano normal y que venía de vivir en el extranjero. Ese dinero pasó a ser mío cuando no residía en España. Había otra manera de tributar, pero pensé que la amnistía fiscal requería menos papeleo. Al final, ha resultado ser más difícil", explicaba Rato el pasado mes de mayo en una entrevista televisiva.

El extesorero del PP Luis Bárcenas fue otro de los que se agarraron a este mecanismo para regularizar activos procedentes de su empresa uruguaya Tesedul. No fue, sin embargo, el único caso que salió a la luz durante la investigación de la trama Gürtel. También se acogió a la amnistía Iván Yáñez, el extestaferro de Bárcenas. O los constructores Fernando Martín y Alfonso García Pozuelo, según informó en su momento la Agencia Tributaria al juez instructor. Y también Gonzalo Urquijo y Belén García, los arquitectos que hicieron la reforma de la sede del PP, pagada con fondos procedentes de la caja B del partido.

Los papeles de Panamá o los papeles de la Castellana, del mismo modo, pusieron sobre la mesa otros muchos nombres propios. Es el caso de la familia Escarrer, dueños del grupo hotelero Meliá. O el de los hermanos Jorge y Antonio Gallardo, principales accionistas de la farmacéutica Almirall, que regularizaron nada menos que 113 millones a través de la declaración especial que puso en marcha el Ejecutivo de Rajoy. No son, sin embargo, los últimos. Porque a lo largo de los últimos años han trascendido más identidades: Josep y Oleguer Pujol; Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin; José Ángel Fernández Villa, exresponsable del SOMA-UGT; Inés de Borbón-Dos Sicilias, prima del rey emérito; o Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del exministo Miguel Arias Cañete.

Pero los nombres conocidos representan una parte ínfima de una lista que se encuentra bajo llave. Una información que la izquierda se comprometió a desvelar cuando estaba en la oposición. "Publíquela porque si no lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno", le decía Pedro Sánchez a Rajoy en 2015. Pero cuando el PSOE accedió al Ejecutivo, no tardó en echar el freno de mano. "No hay capacidad jurídica [para publicar la lista]", señalaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, días después de llegar al Ejecutivo. Lo que sí han hecho los socialistas, y esa era otra de las promesas de sus programas, es prohibir por ley "el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal". Es decir, cortar el paso a cualquier futura idea similar.

La amnistía del PP, la tercera en democracia –con los Gobiernos de Felipe González se impulsaron las dos primeras–, fue tumbada por el Tribunal Constitucional justo un año antes de que la moción de censura desalojara a Rajoy de la Moncloa. La decisión se adoptó por unanimidad. Técnicamente, la "excusa absolutoria", como la llegó a calificar un alto cargo del Ejecutivo conservador, cayó por la vía utilizada para su aprobación.

Aquel mecanismo de olvido vio la luz a través de un real-decreto. Se trata de una fórmula pensada para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Y que no puede afectar "a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos" regulados en el Título I de la Constitución. Pero la amnistía fiscal lo hacía. En concreto, afectaba al deber de los ciudadanos a contribuir "al sostenimiento de los gastos públicos" de acuerdo con "su capacidad económica" mediante un "sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". De ahí su anulación.

Aquella sentencia apenas tuvo efectos prácticos. Al fin y al cabo, los magistrados cerraban expresamente la puerta a que pudieran ser revisadas aquellas regularizaciones que ya se habían llevado a cabo por esta vía. Sin embargo, fue un varapalo tremendo para el Gobierno de Mariano Rajoy. Y dejó algunos pasajes para la posteridad: "[La amnistía] viene a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".

Hoy, seis años después, juristas como Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, creen que aquella sentencia puede "dificultar" un intento de amnistía como el que se plantea desde el independentismo. "Se podría considerar que atenta contra el principio de igualdad, por lo que tiene que se tiene que justificar muy bien esa ruptura de la igualdad. Y para ello hay dos opciones. La primera, alegando que la ley que se aplicó no se debería haber aplicado, lo que supone una crítica al Tribunal Supremo. La segunda, defendiendo un interés general", explica el jurista al otro lado del teléfono.

Pero mientras tanto, la idea de un borrón y cuenta nueva que desjudicialice de un plumazo el procés y abra la puerta a una nueva investidura seguirá ocupando, con toda seguridad, páginas de periódicos, minutos de tertulias y horas de debate político. Una "cesión" intolerable para la derecha. La misma que hace poco más de una década impulsó aquella amnistía (fiscal) de la que se beneficiaron decenas de miles de personas que habían escondido sus bienes al fisco. Pero aquello ya está olvidado. Será la amnesia selectiva que impera en política.

Varias décadas después, a raíz de las denuncias interpuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), y que se encontraron con el obstáculo infranqueable de la ley, que impedía juzgar delitos pertenecientes a esa época, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron en repetidas ocasiones al Gobierno la derogación de la norma por considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles. El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió formalmente a España la derogación de la ley argumentando que incumplía la normativa internacional sobre derechos humanos.

Además de haber sido un fraude, esa amnistía fue una “tomadura de pelo” a todos los ciudadanos que sufrieron los crímenes de guerra, los campos de concentración, los ajustes de cuentas durante la dictadura franquista, la represión durante 36 años… Esa amnistía sí fue un verdadero escándalo, convirtiendo en intocables a esos criminales de guerra, que siguieron con sus crímenes tapados durante la dictadura. Nada que ver con la que exige Junts.     

Los encausados en el procés no han cometido ningún crimen y el delito por el que se les acusa es un derecho, (el Derecho de Libre Determinación que tienen los Pueblos, las Nacionalidades, contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado y firmado por el rey Juan Carlos I el 26 de septiembre de 1976, dos años y tres meses antes que la propia Constitución Española). En la declaración de independencia no hubo violencia.

En cambio, sí hubo violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que escandalizaron al mundo entero. Cuando llegaron las críticas y condenas de varios Estados democráticos, Rajoy tuvo que dar la orden de parar.

Aquello fue patético, para avergonzarse del Estado Español. La actuación del rey fue esperpéntica, ya que en vez de pedir perdón a los heridos por la brutalidad policial y parar aquella represión sin precedentes antes de la condena de los Estados democráticos, le echó más leña al fuego transmitiendo que lo único que le interesaba “era su ego” por encima de intereses de los ciudadanos (a los que trató como súbditos) y mantener el Estado monárquico en un puño, costara lo que costase.  

Cualquiera puede preguntar a Google si la amnistía aparece en la Constitución española y la respuesta es clara: la amnistía es una figura jurídica que no está mencionada ni prohibida por la Constitución española.

Así queda claro que la amnistía no es anticonstitucional, pero hay tanto reaccionario en la política, en la judicatura y en los medios de comunicación que todavía no se han enterado.     

Por si este argumento no lo han entendido los referidos anteriormente, hay que recordar que después de la ley de amnistía de 1977 ha habido tres amnistías fiscales, a cual más injusta y escandalosa.

En 1984 con el Gobierno de Felipe González, siendo el ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer, perdonaron el fraude de los que habían defraudado a Hacienda por llevarse sus inversiones a paraísos fiscales.

En 1991, otra vez en el gobierno de Felpe González, siendo ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, perdonaron el fraude a los infractores. ¡Qué chollo para los ladrones invertir con la presidencia de Felipe González!

La historia se repitió con Mariano Rajoy en 2012, siendo ministro de Economía y Hacienda Cristóbal Montoro, en circunstancias y en condiciones similares.

Felipe González nunca fue de izquierdas, y por ello engañó a una mayoría de españoles que pensaban votar a la izquierda, significaba favorecer a los más necesitados, cuando en realidad su voto sirvió para beneficiar al gran capital en detrimento de la clase obrera. Fue el presidente de gobierno que más huelgas generales sufrió (3 o 4) por sus reformas laborales a favor de los empresarios.

Ahora su hipocresía no tiene límites, cuando un día sí y otro también carga contra Pedro Sánchez con su negativa a la amnistía, traspasa todas las líneas rojas de un político decente, como queda demostrado con sus dos amnistías fiscales para perdonar entre otros a sus amigos empresarios más cercanos de ir a la cárcel y aflorar el dinero proveniente de paraísos fiscales en las mejores condiciones para ellos.

Felipe González ya ha hecho méritos suficientes para ser expulsado del PSOE, cualquier militante de un partido ha de tener el suficiente respeto y lealtad a su secretario general, ya que ha sido elegido en unas primarias. Si no está de acuerdo con su gestión que se presente a las próximas elecciones primarias para dicho cargo. Todo lo dicho también es aplicable a García Page, cree que por tener mayoría absoluta en Castilla-La Mancha le da derecho a ser más agresivo con Sánchez que el propio Feijóo. Podría darle consejos si Sánchez se lo pidiera, en privado.

En tiempos de Felipe González hubiese durado el primer asalto. Él tiene competencias en su gobierno de Castilla-La Mancha que cumpla con su deber y deje hacer su trabajo a Pedro Sánchez, que es el único que tiene competencia para formar gobierno. En ambos casos Sánchez está demostrando más paciencia que el Santo Job. 

Ante estas amnistías fraudulentas que benefician a los defraudadores, con el gobierno precisamente de Pedro Sánchez y bajo la presión de UP (estaba en su programa electoral) España ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav.

Además de todos los argumentos ya aportados, otra prueba palpable de que los encausados del procés no cometieron delito es que Puigdemont se entregó voluntariamente en Bruselas (capital de la UE), fue juzgado y puesto en libertad. En Alemania fue juzgado y como no había cometido ningún delito fue puesto en libertad. Ponsatí estuvo en Escocia dando clase en la Universidad y no pudieron culparla de ningún delito. Marta Rovira estuvo en Suiza sin ningún tipo de problemas con la justicia.

Naciones Unidas condenó al Estado Español por la condena del Tribunal Supremo a los encausados del procés. De forma similar se expresó el Consejo de Europa por la sentencia condenatoria del TS a los responsables del procés.

Hay muchos reaccionarios en la política, en la judicatura, en los medios de comunicación que al hablar del principio de igualdad de los españoles expresan que además de votar los catalanes, han de votar los españoles, “confundiendo la velocidad con el tocino”.

El principio de igualdad de los españoles consiste en que todos tienen los mismos derechos, el mismo derecho de autodeterminación que tienen todas las Comunidades Autónomas. En este momento solamente Cataluña tiene mayoría independentista en su Parlament. Euskadi tiene mayoría nacionalista pero ahora no piensa en su independencia hasta que surja otro Ibarretxe. La otra nacionalidad histórica, Galicia, el BNG sólo tiene 19 escaños frente al total de 75. No hay ni un solo nacionalista en el Parlamento de Andalucía, así es irrisorio que el Pueblo andaluz plantease su independencia.

Toda esta oposición a la la amnistía resulta muy sospechosa y la conclusión es que España en este asunto ha dejado de ser un “Estado de derecho” al haber juzgado y condenado el Tribunal Supremo a “presos políticos” (un preso político es una persona que es encarcelada por sus convicciones y actividades de tipo político e implica que su condena en prisión se opone a los Derechos Humanos, concretamente a las cláusulas de libertad de pensamiento, de expresión o de reunión) por sus ideas, sin incurrir en la violencia, que quisieron ejercer el derecho de libre determinación, sin consumarlo.

Pedro Sánchez ha cambiado su concepción sobre la amnistía, antes la negaba (y cometía un grave error, pienso porque creía que esa postura era más conveniente para sus intereses). Ahora se ha asesorado jurídicamente y ha comprobado que la amnistía tiene encaje en la Constitución Española, como ha quedado patente en todos los argumentos que se han expresado anteriormente. Óscar Puente ha sorprendido muy gratamente a propios y extraños y demuestra aplomo, equilibrio y capacitación para dirigir el partido.

Las bases del PSOE han avalado la amnistía, no con el 51%, ni el 60 %, ni el 70 % sino por un aplastante 87% y eso sí es democracia al margen de que los políticos se equivocan con cierta frecuencia, como se equivocó y mintió Feijóo en el cara a cara con Sánchez que le costó perder las elecciones del 23J.

Podría seguir razonando, pues todavía hay más argumentos no solo para defender la amnistía sino también el derecho de libre determinación. Alguien dijo: “El que tenga oídos que oiga”, en definitiva es mantener una actitud abierta, analizar un asunto y tomar el camino más correcto, (no empecinándonos en nuestras propias ideas), sino buscando argumentos válidos que nos conduzcan a la verdad.

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Manuel Cuadrado Vergara es socio de infoLibre.

Debería haberse mantenido en secreto. El gigante del lujo Kering, dueño de la exitosísima Gucci y controlado por el multimillonario François-Henri Pinault, se vio obligado a tirar de chequera para liquidar el capítulo francés del enorme esquema de evasión fiscal que fue revelado en 2018 por Mediapart y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

En 2020, Kering tuvo que pagar al Estado francés al menos 210 millones de euros como regularización fiscal de sus filiales Yves Saint Laurent y Balenciaga, según la información que Mediapart ha compartido con la red de medios EIC y el periódico italiano Il Fatto Quotidiano.

Las dos empresas, emblemáticas del lujo francés, han publicado esta información en los estados financieros oficiales que han presentado en el registro mercantil. Según varias fuentes conocedoras del asunto, la cantidad pagada ha sido en realidad superior a la que aparece en las cuentas. Contactada por Mediapart, Kering confirma que la investigación fiscal francesa ha quedado “cerrada” y asegura que esa cifra “no es exacta”, pero declina revelar la cantidad.

En mayo de 2019, la propia Kering anunció que había pagado una multa de 1.250 millones de euros en Italia, que castigaba la aplicación del mismo régimen fiscal en su filial Gucci, la mina de oro que genera más del 80% del beneficio del grupo. Es el acuerdo fiscal de mayor volumen jamás firmado por la Hacienda italiana con una empresa privada que, en cualquier caso, evitó tanto a Gucci como a su filial suiza una condena penal.

Desde que su directivo estrella Marco Bizzarri fue nombrado consejero delegado en 2014, Gucci ha triplicado sus ventas –9.600 millones de euros en 2019– y cuadruplicado los beneficios –4.000 millones– en cinco años. Y, aunque el covid ha ocasionado una caída en las ventas de 2.000 millones, el lujo ha recuperado el ritmo. El negocio de Kering, que anuncia sus resultados anuales este mismo jueves, creció un 36,6% en los nueve meses de 2021.

Gracias a Bizzarri y al director artístico de moda Alessandro Michele, Gucci se ha convertido en una de las mayores marcas de lujo de Europa, por detrás de Chanel, pero por delante de Hermes y Dior. Factura 13.100 millones de euros y emplea a 36.000 personas en todo el mundo.

Para seducir a los clientes menores de 35 años, Kering no duda en ensalzar los valores de “transparencia” y responsabilidad medioambiental. Las marcas del grupo se han vuelto políticas, con Gucci haciendo campaña contra las armas de fuego, y Balenciaga, a favor de la protección de los animales. Aún más, en el último desfile de Balenciaga en el Museo Metropolitano de Nueva York, Kim Kardashian apareció en la pasarela vestida de negro, incluido un pasamontañas que le cubría totalmente la cara. Y que se interpretó como una muestra de apoyo a las mujeres afganas. El vídeo hizo furor en las redes sociales.

Pero, sobre los impuestos, la transparencia de Kering y Gucci es mucho más limitada.

Durante casi 20 años, François Pinault y luego su hijo François-Henri, que poseen la quinta fortuna de Francia –41.000 millones de euros según los cálculos de la revista de negocios Challenges–, utilizaron un esquema de evasión fiscal a gran escala en Suiza, localizando la mayor parte de los beneficios de Kering en una empresa llamada Luxury Goods International (LGI), situada cerca de Lugano, en el cantón italiano de Ticino.

LGI sólo gestionaba los almacenes y la logística de Kering. Pero cobraba todos los ingresos de las ventas al por mayor de las tiendas, pese a que casi todo el trabajo se hacía en Milán, París o Londres. Este montaje se aplicaba a todas las marcas de Kering, ya fueran francesas (Yves Saint-Laurent, Balenciaga), italianas (Gucci, Bottega Veneta) o británicas (Alexander McQueen, Stella McCartney).

LGI contaba con un tax ruling, un acuerdo fiscal secreto y muy generoso, que le permitía pagar un impuesto de sociedades efectivo sobre los beneficios de sólo el 8,6%. Según revelan Mediapart y EIC, el grupo se ahorró unos 2.500 millones de euros en impuestos entre 2002 y 2017, la gran mayoría a costa del Estado italiano.

Las autoridades francesas no fueron muy severas con los Pinault, que recibieron una importante rebaja en la regularización y no fueron procesados penalmente. “Este caso demuestra que las multinacionales no tienen ningún interés en pagar sus impuestos”, sonríe un abogado fiscalista al que Mediapart le ha enseñado los documentos sobre el caso.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso la red EIC, la Agencia Tributaria francesa (DGFIP) redujo significativamente el importe de la regularización fiscal de Kering, al aceptar en 2020 un acuerdo según un procedimiento muy favorable denominado règlement d’ensemble o liquidación general, que permite rebajar no sólo las sanciones, sino también el importe de los propios impuestos adeudados.

El fisco francés no aplicó las sanciones por fraude fiscal y no presentó ninguna denuncia contra Kering. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF), que había abierto una investigación por blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado, asegura a Mediapart que cerró el caso sin más actuaciones en mayo de 2021, pero ha declinado hacer más comentarios. La DGFIP, por su parte, no ha respondido a las preguntas del periódico francés.

Los fiscales italianos, que investigaron el mismo esquema suizo de Kering, no fueron mucho más severos. Según las informaciones de EIC, el consejero delegado de Gucci, Marco Bizzarri, tuvo que aceptar, el 11 de enero de 2021, un acuerdo con un juez de lo Penal de Milán, que transformó una condena de cárcel de seis meses en una multa de 45.000 euros.

Este acuerdo, al que ha tenido acceso Il Fatto Quotidiano, liquida la responsabilidad de Marco Bizzarri en la evasión fiscal de Gucci. Este ejecutivo estrella de la moda mundial “no declaró sus ingresos” de Gucci, que fueron cobrados en su lugar por la empresa suiza LGI, tal y como describe el juez que validó el acuerdo.

Marco Bizzarri no ha respondido a las preguntas de la red EIC. Kering, además, se ha negado a contestar sobre el capítulo italiano del caso, afirmando que “se trata de temas antiguos, ya tratados por Mediapart en el pasado y sobre los que Kering ya ha tenido la oportunidad de responder”.

El antecesor de Bizzari en Gucci, Patrizio di Marco, también cerró un acuerdo penal, acompañado de una condena a prestar servicios a la comunidad, en marzo de 2021. Pero tuvo que pagar a la Hacienda italiana 20 millones de euros por no declarar sus ingresos reales. Di Marco, ahora presidente de End Clothing, una marca de ropa deporiva controlada por el fondo de inversión Carlyle, cobraba 6,7 millones de euros al año. Residente en Suiza, percibía una pequeña parte de su sueldo de la italiana Guccio Gucci Spa, pero la mayor cuantía procedía de Castera, una sociedad pantalla radicada en Luxemburgo y filial de Kering, que no tenía actividad alguna en el Gran Ducado. Además, al dejar Gucci, se le abonó un finiquito de 11,22 millones de euros a través de una empresa de Panamá llamada Vandy International SA, que le fue ingresado en una cuenta de un banco de Singapur. Di Marco tampoco ha contestado a las preguntas sobre el caso que le ha formulado EIC.

El informe policial de 180 páginas sobre el caso Gucci, presentado el 25 de enero de 2019 por la Guardia di Finanza de Milán y obtenido por Mediapart, muestra que Gucci localizó artificialmente 5.000 millones de euros de beneficios en Suiza sólo entre 2010 y 2017. Esas ganancias tributaron en Suiza entre 2010 y 2017 a una tasa efectiva de entre el 7,2% y el 12,5%. Si hubieran sido declaradas en Italia, Kering habría tenido que aplicarse un tipo del 30%, lo que se traduce en una factura fiscal de unos 1.500 millones de euros. Recuérdese que la multa que el grupo pagó en Italia fue inferior a esa cifra: 1.250 millones.

Pero hay una segunda parte del caso que Kering y Gucci esperaban mantener en secreto. Además de la condena a prisión suspendida por la evasión fiscal de Gucci, Marco Bizzarri tuvo que pagar una enorme liquidación fiscal, esta vez individual. No obstante, esa regularización fue sufragada por Kering, con un coste de casi 40 millones de euros.

Porque los Pinault no se contentaron con eludir el impuesto de sociedades. Kering había trasladado ficticiamente a Suiza a una veintena de altos ejecutivos de Gucci, en un intento por dar contenido al esquema fiscal suizo. Fueron trasladados a LGS, una sociedad pantalla suiza que se encargaba únicamente de sus contratos de trabajo. Este traslado tenía también la ventaja de ahorrar a Kering costes en las cotizaciones a la Seguridad Social –más elevadas en Italia– de los salarios más altos de la empresa.

Bizzari y otros directivos recibieron un trato especial. Desde 2010, cuando trabajaba para la marca italiana de Kering Bottega Veneta, tenía un contrato de trabajo con la luxemburguesa Castera. Además, Bizzarri se convirtió en residente fiscal suizo en virtud del régimen ultraventajoso de forfait, que permite a los extranjeros sin actividad lucrativa en el país helvético pagar impuestos en función de sus gastos, no de sus ingresos o patrimonio. De esta forma, Bizzarri sólo abonaba 150.000 euros de impuestos al año por su salario luxemburgués.

Cuando ascendieron a Bizzarri a consejero delegado de Gucci en 2014, el director general de Kering, François-Henri Pinault, y su adjunto, Jean-François Palus, le ofrecieron un gran aumento de sueldo. Desde ese momento, Castera le pagaba el 60% de su sueldo y Guccio Gucci Spa el resto. Según el informe de la policía fiscal italiana, cobró en total 5,5 millones de euros en 2015 y 6,3 millones en 2016.

Oficialmente, el CEO de Gucci no pasaba más de la mitad del año en Italia. Pero, como demuestra la investigación de la policía financiera, su principal lugar de trabajo era su oficina en el Gucci Hub de Milán. Oficialmente, vivía en un bonito apartamento con vistas al lago de Lugano. En realidad, su casa era un lujoso ático en el centro de la ciudad italiana, con una vista panorámica del Duomo y pagado discretamente por Kering.

Pero el 15 de noviembre de 2016, la policía italiana realizó una primera redada en la sede de Kering Italia, en un caso que llevó a la policía a la investigación de la trama fiscal de Gucci. Cuatro meses después, el 16 de febrero de 2017, Marco Bizzarri presentó una solicitud de regularización ante las autoridades fiscales italianas. Así pudo acogerse a la collaborazione volontaria, vigente hasta el 31 de julio de 2017, que concedía una amnistía penal y una reducción de las penas a los evasores fiscales que repatriaran sus activos.

Durante este procedimiento, el patrón de Gucci admitió que su domicilio en Suiza era falso, y que “su domicilio y su residencia fiscal [...] deben considerarse establecidos en Italia”, según consta en el informe de la policía financiera.

En marzo de 2018, Marco Bizzarri aceptó pagar 16,1 millones de euros por los años 2009 a 2015, más los impuestos italianos por los siguientes años de su contrato con Castera, la empresa fantasma luxemburguesa de Kering.

Las cifras del informe de la policía italiana sugieren que la factura fue pagada en su totalidad por Kering. En 2016, Castera pagó a Bizzarri cuatro millones de euros en concepto de salario, incluidos los bonus. En 2017, año de la regularización fiscal, cobró 43,5 millones. Por lo que se ve, Kering pagó a Bizzarri un superbonus de 39,5 millones de euros brutos para sufragar su regularización fiscal. Esta cifra es coherente con el repunte de los gastos de personal de Castera, que pasaron de 12 a 78 millones de 2017 a 2018, según los archivos de la compañía. Tanto Bizzarri como Kering han declinado hacer ningún comentario al respecto. Pero habría sido difícil para Kering no ser generoso con Bizzarri, que genera, con Gucci, el 83% de los beneficios del grupo.

Kering también tenía su propio interés en zanjar el asunto de forma discreta, ya que se beneficiaba del esquema suizo mucho más que Bizzarri. La operación estaba diseñada “para optimizar la carga fiscal del grupo sobre la remuneración de Bizzarri”, explica el informe policial.

Los investigadores indican que las negociaciones sobre el salario de Marco Bizzarri fueron “conducidas directamente por la dirección de Kering y, en particular, por [el consejero delegado] François-Henri Pinault y [el número 2 del grupo] Jean-François Palus”.

Un correo electrónico, ya revelado por Mediapart, muestra que François-Henri Pinault dio luz verde y fue informado del esquema con todos los detalles, incluso sobre la residencia suiza del jefe de Gucci en la zona de Lugano. La policía también encontró pruebas de que François-Henri Pinault acudía con regularidad a la sede de Gucci en Milán para reunirse con Marco Bizzarri, aunque se suponía que trabajaba principalmente en Suiza.

Más allá del caso Bizzarri, la policía italiana también recogió pruebas que apuntan a la responsabilidad personal de François-Henri Pinault en la trama de evasión fiscal del grupo Kering, que se ahorró más de 2.500 millones de euros en impuestos a través de la empresa suiza LGI.

Micaela Le Divelec, que fue la número dos de facto de Gucci hasta 2018, declaró a la policía financiera que la decisión de “trasladar las funciones globales del negocio [Gucci] a Suiza” se tomó “alrededor de 2011 o 2012 por la voluntad de [Patrizio] Di Marco [en ese momento CEO de Gucci] y con la contribución de Kering Francia (François [Henri] Pinault y Jean-François Palus)”.

Palus también fue hasta 2016 presidente de LGI, la empresa suiza en el centro de la trama fiscal, mientras que su jefe se sentaba en el consejo de Kering Holland, la empresa buzón holandesa que controla LGI. A pesar de estos datos, la justicia italiana no procesó a los ejecutivos de Kering, sino sólo a los sucesivos jefes de Gucci. Y la empresa no tuvo que responder en un proceso penal, puesto que el fraude fiscal se cometió entre los años 2010 y 2017, pero la ley italiana sólo incluyó el delito tributario como motivo para procesar a una sociedad anónima a partir de 2019.

Pues bien, Francia se mostró aún más indulgente, como demuestra el curso de las causas penal y fiscal, que la red EIC ha podido reconstruir gracias a documentos públicos y a fuentes conocedoras del caso.

En marzo de 2018, Mediapart reveló que las filiales francesas de Kering, Yves Saint-Laurent y Balenciaga, también evadieron impuestos en Francia, gracias al mismo montaje en Suiza. Según los cálculos de Mediapart, sólo la marca Yves-Saint Laurent redujo así su factura fiscal en unos 250 millones de euros entre 2013 y 2018. Kering responde que esas cifras “son inexactas”, sin dar más detalles.

La publicación del esquema suizo se produjo en un mal momento para Kering. Dos meses antes, en enero de 2018, la Agencia Tributaria francesa había abierto una investigación fiscal a Yves Saint-Laurent que se amplió más tarde a Balenciaga.

Como resultado, Kering se apresuró a repatriar a Francia los ingresos alojados en la empresa suiza LGI. Entre 2018 y 2019, la facturación de Yves Saint Laurent SAS pasó así de 393 millones de euros a 1.180 millones. Lo mismo ocurrió en Balenciaga, cuyos ingresos se multiplicaron repentinamente por cinco, pasando de 185 a 927 millones de euros.

Desde el punto de vista jurídico, la situación es más compleja. A diferencia de sus colegas italianos, los fiscales franceses no pueden investigar por evasión fiscal a una empresa si no hay una denuncia de la Agencia Tributaria: es el famoso “candado de Bercy”, el que es como se conoce al Ministerio de Finanzas de Francia por la calle donde está situada su sede central.

En febrero de 2019, la Fiscalía Nacional Financiera abrió sin embargo una investigación por blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado, una infracción penal conexa pero autónoma, para evitar la prescripción del caso Kering.

Pero la Fiscalía no hizo registros ni solicitó declaraciones. Ni pidió oficialmente el expediente judicial italiano, aunque se establecieron contactos con los fiscales de Milán. La Fiscalía Nacional Financiera ha optado por esperar al resultado de la investigación fiscal, y a una posible denuncia de la DGFIP. Una denuncia que no ha llegado a presentarse.

En 2019, las autoridades fiscales, que investigaban cuatro ejercicios contables —2015 a 2018— de Kering, notificaron a las dos filiales francesas del grupo una primera “propuesta de rectificación” relativa únicamente a los dos primeros años, 2015 y 2016.

Yves Saint-Laurent hace una provisión de 140 millones de euros en sus cuentas, y Balenciaga de 35 millones, un total de 175 millones. Las filiales de Kering especifican, en sus balances de 2019, que “los ajustes notificados han sido impugnados” y que las provisiones sólo cubren los importes que están dispuestos a aceptar.

En consecuencia, el importe de las regularizaciones notificadas por la Agencia Tributaria supera ampliamente los 175 millones en dos años. Sumando los dos años 2018 y 2019, la Hacienda francesa pide a Kering, por tanto, un total de más de 350 millones de euros.

Un año más tarde, en 2020, el caso se resolvió de forma amistosa con el fisco. En sus cuentas oficiales, Yves Saint Laurent anotó una carga fiscal excepcional de 154 millones de euros, y Balenciaga de 56 millones. Es decir, 210 millones de euros en total para Kering.

Según las fuentes consultadas, el importe total de la regularización es en realidad más elevado, y comparable al que obtuvo Italia, teniendo en cuenta el peso respectivo de Kering en los dos países.

No obstante, las autoridades fiscales francesas redujeron considerablemente sus pretensiones iniciales y concedieron a Kering el régimen más favorable posible.

En caso de acuerdo amistoso, éste sólo reduce las sanciones. Pero Kering se benefició de una “liquidación general”, que también permite conceder una rebaja del importe de los propios impuestos. Este procedimiento, que afecta principalmente a las grandes empresas, fue criticado en 2018 por el Tribunal de Cuentas de Francia por su opacidad y su falta de base legal.

En este acuerdo, la DGFIP no aplicó la sanción del 80% por maniobras fraudulentas, que desencadena automáticamente la presentación de una denuncia ante el fiscal. Por tanto, Bercy no presentó ninguna denuncia. Y la Fiscalía Nacional Financiera cerró finalmente la investigación penal sin más trámite en mayo de 2021. Según las fuentes consultadas, los fiscales consideraron que sería demasiado difícil perseguir el blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal, una vez que la Agencia Tributaria había establecido que no hubo fraude fiscal.

La Fiscalía Financiera también ha declinado comentar esta parte del caso. Y la Agencia Tributaria no ha respondido a las preguntas de Mediapart. Por su parte, Kering indica que sus “discusiones” con la administración fiscal “se mantienen siempre sobre la base de un estricto análisis técnico, relativo, en este caso, a los precios de transferencia”, los que fijan las filiales de un grupo para intercambiarse bienes o servicios y que tienen implicaciones fiscales si no respetan el valor de mercado.

Varios expertos contactados por Mediapart explican, sin embargo, que este tipo de rebajas en las regularizaciones es muy común en los complejos acuerdos fiscales que firman las multinacionales, tanto en Francia como en Italia. “En estos casos, el fisco piensa sobre todo en recuperar dinero, no en sanciones penales. Y dado el carácter técnico del Derecho fiscal, Bercy también teme perder en los tribunales contra estas poderosas empresas y su ejército de abogados”, advierte un abogado fiscalista con experiencia en esta clase de negociaciones fiscales de alto nivel. “Así que, si la empresa acepta pagar y renuncia a los litigios, las rebajas suelen ser muy sustanciales”, añade otro experto fiscal.

En resumen, el asunto Kering es emblemático de la dificultad, y también de la falta de voluntad, de los Estados para reprimir la evasión fiscal de las multinacionales y sus ejecutivos.

El uso de acuerdos fiscales —y por tanto, la ausencia de persecución penal — es fomentado por Emmanuel Macron y su gobierno. Así lo demuestra una nota de julio de 2019 redactada por el director general de Finanzas Públicas, por orden del entonces ministro de Presupuesto, Gérald Darmanin, hoy ministro del Interior. En esta nota, ya revelada por Mediapart, la DGFIP daba instrucciones a la Agencia Tributaria para favorecer “una conclusión pacífica de las investigaciones fiscales”, utilizando toda la gama de acuerdos amistosos, incluyendo, para los casos “particularmente complejos”, el procedimiento de “liquidación global” que permite conceder una rebaja en la regularización fiscal. El mismo mecanismo del que se benefició Kering un año después.

Unidos Podemos busca cambiar la ley para acabar con el carácter reservado de los datos e informes fiscales de aquellas personas con responsabilidad pública que hubieran participado en procesos de regularización especiales o en una amnistía fiscal, sin descartar a priori a miembros de la familia real como el rey Juan Carlos I. Así, el grupo confederal ha introducido una enmienda a la trasposición de la directiva europea de prevención del blanqueo de capitales, a la que ha tenido acceso Europa Press, que, de aprobarse, permitiría conocer qué altos cargos se han acogido a la amnistía fiscal y la publicación de datos e informes "con relevancia tributaria".

Estos documentos podrían publicarse cuando estas personas con responsabilidad pública "hayan sido parte directa o indirecta, en procedimientos regularización especial o amnistía tributaria por ingresos, rentas, bienes, derechos u obligaciones no declaradas, así como en aquellas autoliquidaciones extemporáneas sin requerimiento previo por bienes o rentas originadas en el extranjero".

Asimismo, según esta enmienda, también podría ser objeto de publicación la regularización de bienes o derechos en el extranjero de personas con responsabilidad pública, cuando la misma haya sido resultado de un procedimiento de comprobación o inspección tributaria.

Las personas cuyos datos fiscales relevantes quiere desvelar Unidos Podemos en caso de haber participado en una amnistía fiscal se recogen en la propia trasposición que tramita el Congreso, que incluye jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, o parlamentarios, entre otros. También se consideran personas con responsabilidad pública los magistrados de tribunales supremos, constitucionales u otras altas instancias judiciales, sus equivalentes en la Fiscalía, tribunales de cuentas, consejeros de bancos centrales, embajadores, alto personal de las Fuerzas Armadas, miembros del consejo de administración de una organización internacional.

Este grupo de personas, según la trasposición sobre blanqueo de capitales, también incluye toda persona considerada como alto cargo por la Ley de 2015 que regula los altos cargos de la Administración General del Estado, presidentes y consejeros autonómicos o personas que hayan ejercido como tal, alcaldes, concejales y cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales. Por último, la ley incluye a cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria, pero Unidos Podemos busca con su enmienda que también afecte a cargos de alta dirección y patronos de fundaciones, asociaciones o cualquier tipo de entidades que estén vinculados directa o indirectamente a partidos políticos con representación parlamentaria.

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha asegurado este martes que no se acogió a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y se ha jactado de ser el único jefe del Ejecutivo bajo cuyo mandato no se ha aprobado una regularización fiscal.

Así lo ha señalado Aznar durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP y en respuesta al diputado de Ciudadanos Toni Cantó, quien le ha preguntado expresamente si su nombre está en la lista de beneficiarios de la regularización impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando el PP tenía mayoría absoluta.

"La respuesta es no", ha dicho, antes de añadir que es el "único" presidente del Gobierno que "no ha aprobado una amnistía fiscal en España". "Durante mi época no hubo ninguna porque ese pidió expresamente que no la hubiera", ha apostillado Aznar, incidiendo en que no se ha beneficiado de la regularización de Montoro "ni de ninguna".

No tiene cuentas ene el extranjero

Además, aunque nadie le ha preguntado, se ha "adelantado" a dejar claro, convencido de que alguien le interrogaría por ello, que ni tiene ni ha tenido una cuenta bancaria fuera de España. "No tengo ninguna cuenta fuera, ni ahora, ni antes, ni la voy a tener nunca, por eso no aparezco, porque no la voy a tener nunca", ha enfatizado.

Por otra parte, ante el requerimiento de Cantó, Aznar ha indicado que el presidente del PP, Pablo Casado, "no tuvo nada que ver" con un "asesoramiento empresarial en Libia".

De forma atropellada y confusa, se ha esgrimido, como pretexto para justificar el incumplimiento de promesas anunciadas solemnemente desde la tribuna parlamentaria, la protección de derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la privacidad y la confidencialidad de los datos reservados. En un país democrático, la única barrera aceptable para justificar el secreto de la información transparente debida a los ciudadanos es la salvaguarda de la seguridad nacional. Todo lo demás debe estar a disposición de la opinión publica, que tiene derecho a recibir una información veraz no sólo de los medios de comunicación, sino con mucho más motivo del propio Gobierno.

Los que manejan como excusa el derecho al honor parece que están totalmente desorientados y desconocen por completo las sentencias constitucionales y las resoluciones judiciales que han acotado el ámbito de este derecho fundamental. El contenido del derecho al honor no puede erigirse en obstáculo para que se oculten o se protejan conductas sospechosas de haber incurrido en ilicitud. Ni la Constitución ni la ley pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nace de sus propios actos.

Descartado el derecho al honor, tampoco cabe excusarse en el derecho a la intimidad. Este derecho se compone de una serie de elementos de carácter espiritual y personalísimo que el individuo tiene derecho a poner a salvo de intromisiones ajenas, salvo con autorización judicial en casos de investigaciones de hechos delictivos. Está íntimamente relacionado con el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad y no me parece que quienes defraudan a todos los ciudadanos, llevándose el dinero al extranjero y evadiendo las obligaciones tributarias, contribuya a forjar una personalidad digna de ser respetada. El principio de la seguridad jurídica no puede erigirse en un valor absoluto cuando entra en insoportable contradicción con los principios constitucionales y éticos de solidaridad y con la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas del pago de impuestos. El principio de seguridad jurídica no concede al Estado y en este caso al Gobierno la facultad de convertirse en cómplice de los evasores y defraudadores.

También es obvio que la amnistía afecta a la seguridad jurídica y así lo ha declarado recientemente el Tribunal Constitucional al declarar la nulidad de la amnistía fiscal. Considero que es una decisión que contradice el valor justicia que tiene un rango superior para la estabilidad democrática de un país.

La sentencia del Tribunal Constitucional anula el Real Decreto que acuerda la amnistía fiscal de una serie de personas cuyos nombres eran conocidos por la Administración Tributaria antes de tomar la decisión de protegerles del reproche que nace del propio texto constitucional, que considera un deber moral contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Todos los ciudadanos tienen la obligación de pagar sus impuestos y no es menos sabido que un principio de equidad y proporcionalidad les permite cumplirla de acuerdo con su capacidad económica.

La Ley General Tributaria no se puede utilizar como coartada para un pacto de silencio, sin conculcar clamorosamente los principios de interpretación que exigen llegar a conclusiones que no sean arbitrarias, ilógicas o irracionales. Se ha citado con reiteración y escasa solvencia jurídica el articulo 95 de la Ley General Tributaria que reconoce el carácter reservado, que no secreto, de los datos con trascendencia tributaria. Se refiere no a las cantidades evadidas de manera ilegal y en algunos casos posiblemente delictiva, sino a los obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones. ¿Nos puede garantizar la Administración Tributaria que ha obtenido los datos de los evasores y defraudadores, en el desempeño de las funciones de controlar las declaraciones realizadas por los contribuyentes al liquidar los diferentes tributos a los que están obligados?

Fuera de estos casos, el deber de sigilo, según expresión de la Ley General Tributaria, desaparece y ningún funcionario o gobernante puede cometer un acto delictivo si hace publica la lista de defraudadores. Incluso los asesores del Gobierno deberían saber que la Unión Europea, en su lucha contra el fraude fiscal, autoriza la publicación de los nombres de evasores y defraudadores y así lo admite nuestra legislación tributaria.

La interpretación que ha realizado el Gobierno resulta todavía más irracional si comparamos el texto del artículo 95 con el 95 bis. Este último precepto autoriza la publicación de la lista de morosos cuyos datos ha obtenido obviamente en el ejercicio de sus funciones tributarias. Y para más agravio, añade que la publicación del listado de morosos no será rectificada ni resultará afectada por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, en orden al pago de las deudas y sanciones incluidas en el mismo. Es decir, que el moroso puede ser una persona física o jurídica, perezosamente pagadora o también una persona que haya tenido dificultades económicas que le han llevado a demorar el pago de lo que legal y transparentemente había cumplido tributariamente. La comparación no puede ser mas anómala e irracional.

El Tribunal Constitucional que anula el Real Decreto a petición precisamente del Partido Socialista en la oposición debió meditar el agravio comparativo que supone cualquier posibilidad de invocar la seguridad jurídica para dar argumentos inconsistentes al silencio cómplice.

La amnistía viene de amnesia. La amnesia es un signo inequívoco de una enfermedad degenerativa. La sociedad española no puede encajar y soportar resignadamente la desestabilización ética y colectiva que produce una decisión arbitraria que se pretende cubrir con un manto de legalidad. La obligación tributaria, ya muy laxa debido a la inexistencia de una educación ciudadana, no puede contemplar el desmoronamiento de la moral colectiva.

Al final va a resultar cierto que Hacienda no somos todos y que los pícaros y delincuentes no reciben la respuesta obligada de un sistema democrático que se respete a sí mismo. Las promesas legítimas incumplidas nos llevan a la desmoralización y, lo que es peor, a la resignación, la indiferencia o el cinismo. La calidad democrática está bajo mínimos y en riesgo de descomposición. _______________________________________José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas.

José Antonio Martín Pallín

Por otra parte, ha levantado controversia la respuesta que desde algunos ministerios se dio a la supuesta grabación a un personaje tan insolvente como Corinna en la que habla del rey emérito. Una maniobra de alto voltaje realizada por parte del comisario Villarejo, un personaje vinculado a las cloacas del Estado y que se encuentra en prisión preventiva. Sin dudarlo, algunos partidos exigen abrir una Comisión de Investigación en el Congreso sobre aspectos fiscales de semejante material y sin que exista denuncia en un juzgado; otra cosa es que el normal funcionamiento de las instituciones del Estado (Agencia Tributaria, Fiscalía anticorrupción, jueces, ...) ponga en marcha un trabajo de comprobación e investigación, con normalidad y discreción debida, por si hubiera algún delito.

De entrada, no hay motivo para dudar que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez haya analizado con rigor la existencia de un problema jurídico para cumplir el compromiso reiterado que hizo el PSOE, en la oposición, de hacer pública la lista de los 30.000 defraudadores que afloraron dinero negro en un procedimiento excepcional declarado el pasado año inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional. Si bien, el Tribunal precisó su alcance al declarar "no susceptibles de ser revisadas, como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9 .3 de la CE". ¿Pero su publicación contraviene, en todo caso, dicha seguridad jurídica?

En estos años de crisis, con recortes y sacrificios para millones de familias, la lucha contra la corrupción y, como una variante de ella, la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal así como hacer realidad la transparencia fiscal, se han convertido en una bandera democrática irrenunciable. De ahí que el Gobierno trabaje para no dar la falsa impresión de que ahora no comparte esa demanda ciudadana tan vinculada a la regeneración democrática.

Recuerdo algo sabido, como que el Rey es inviolable según la CE; el rey emérito pasó a ser aforado y dicen que no tiene que dar "cuentas" por hechos anteriores a 2014; la CE consagra el principio de irretroactividad de la ley y la ley sigue siendo igual para todos. Ahora bien, dicho sin ninguna otra intencionalidad, es obvio que para fortalecer la democracia y dar un ejemplo de transparencia fiscal, ambos –el Rey y su padre– deberían hacer públicas, con regularidad, sus declaraciones de renta y patrimonio. Porque si hablamos de reglas de transparencia y de ética, estas han de ser aplicables, siempre y con carácter de ejemplaridad, a gobernantes, políticos y a la propia Casa Real.

Al hilo de esta doble controversia he vuelto a leer la Sentencia del TC dictada contra la amnistía fiscal y me llamó la atención la forzada argumentación que hizo el Abogado del Estado para justificar la amnistía del Real Decreto Ley 12/2012. Unos argumentos que formuló en respuesta al recurso de inconstitucionalidad que interpusimos los diputados socialistas en 2012. Ciertamente, el Abogado del Estado no estuvo muy fino. Y para hacerse una idea transcribo los párrafos más llamativos recogidos en la propia Sentencia de junio de 2017:

"... el legislador puede decidir, en un momento determinado y con una vigencia temporal, introducir junto con el procedimiento ordinario de regularización otro excepcional sin que padezca el principio de igualdad. La única comparación relevante sería, entonces, la del contribuyente cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declaración especial, respecto de la que existe una razón del trato desigual: el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea".

Proseguía el Abogado del Estado, en defensa de aquella amnistía ilegal, señalando que "si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido, lo que supone que debe admitirse un cierto sacrificio de los principios tributarios del art. 31.1 CE, singularmente el de igualdad, en atención a otros principios constitucionalmente relevantes, como es el de estabilidad presupuestaria del art. 135".

Se debió quedar tan ancho haciendo descansar su rechazo al recurso, en nombre del Gobierno del PP, en la protección del polémico artículo 135 de la CE y en la justificación de "sacrificar" los principios tributarios de capacidad económica, igualdad, proporcionalidad para favorecer a los defraudadores frente al conjunto de la ciudadanía. Ni que decir tiene que el Tribunal desbarató toda su argumentación. ¿Pero cabe preguntarse de qué ha servido ganar el recurso, lograr que se declare nula la disposición del Real Decreto que abrió aquella vía, si lo que queda es, junto a la impunidad, el secretismo en favor de los 'aprovechateguis'? ¿Es coherente el desarrollo de los acontecimientos con la aplicación práctica de los principios que dice defender la Sentencia?

Por ello, resulta muy conveniente estudiar con detalle si existe alguna vía legal para su publicación en base a la propia Sentencia que declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto y que según el Tribunal Constitucional no respetaba los principios tributarios del artículo 31.1 CE. Leo opiniones de juristas –pues de todo hay– que argumentan que publicar la lista no iría contra la seguridad jurídica del art 9.3 de la Constitución, considerando que esa simple decisión no conllevaría revisión de los actos tributarios realizados según el Real Decreto, ni supondría sanción alguna para los interesados.

Conocer la lista de los amnistiados favorecidos por el anterior Gobierno haría realidad el principio de transparencia fiscal, incluso en el caso de que sólo se publicaran sus nombres, sin aportar los datos económicos de cada beneficiario. Así se acabarían las especulaciones sobre la composición de la lista y ganaría la credibilidad del Gobierno Socialdemócrata. En conclusión y a la vista de las anteriores consideraciones, no va a resulta fácil renunciar a algo tan básico en una democracia pero que se ha convertido en una utopía real. _________________________

Odón Elorza es diputado y secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará este miércoles en el Congreso "alguna iniciativa" relacionada con la transparencia de la amnistía fiscal que el anterior Ejecutivo del PP aprobó en 2012 y a la que se acogieron 29.683 personas y sociedades. En todo caso, esa medida no tendrá carácter retroactivo, tal y como avanzó en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al ser preguntado por los periodistas por los motivos por los que el Gobierno dice ahora que no puede publicar el nombre de los contribuyentes que se acogieron a esa medida de gracia a pesar de haberlo prometido cuando estaba en la oposición. 

El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya admitió que "no hay capacidad jurídica" para hacer pública una lista con la identidad de los particulares y sociedades que se acogieron a ese procedimiento ya que la normativa vigente no permite aplicar con carácter retroactivo una modificación de tipo fiscal. Sí explicó que a través de modificaciones legislativas se podría modificar ese principio de confidencialidad, aunque sólo tendría validez de cara a futuras amnistías fiscales, una medida que no está sobre la mesa del Ejecutivo socialista. 

La amnistía fiscal que impulsó el predecesor de Montero en ese gabinete, Cristóbal Montoro, volvió a la actualidad la semana pasada tras desvelar OKdiario y El Español conversaciones mantenidas por la aristócrata y empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein con el excomisario José Manuel Villarejo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga en las que la primera asegura que Juan Carlos I se acogió a ese procedimiento para traer a España parte de la fortuna amasada durante su reinado y que permanecía en cuentas en Suiza. Unidos Podemos ha pedido una comisión parlamentaria en el Congreso en la que se investigue el contenido de esas cintas. 

El viraje del PSOE en esta cuestión es muy llamativo, pues durante los años en los que estuvo en la oposición hizo bandera de la necesidad de dar a conocer los nombres de quiénes se beneficiaron de esta medida, que permitió aflorar rentas opacas pagando únicamente el 10% de las cantidades defraudadas y no prescritas. Los beneficiados también quedaban eximidos de abonar intereses ni recargos. A través de ese mecanismo se recaudaron 1.192 millones de euros, menos de la mitad de los 2.482 millones previstos por el exministro Montoro. Esa cifra equivale sólo al 2,63% de la cantidad evadida entre 2008 y 2010, según los cálculos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

Precisamente, los técnicos de Hacienda creen que la publicación generalizada de los datos de todos aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 podría dar lugar a un conflicto legal porque rompería con el principio de confidencialidad consagrado por el decreto a través del que se articuló, según explica a preguntas de infoLibre el secretario general de la organización, José María Mollinedo. De manera reciente, el sindicato sí pidió al Gobierno de Sánchez que optara por una vía "más ingeniosa" y publicara la identidad de aquellas personas que, tras acogerse al procedimiento de 2012, se comprobó que cometieron delitos de fraude tributario o blanqueo de capitales.

Mollinedo explica que la amnistía fiscal que los conservadores aprobaron en 2012 incluyó un "plus de confidencialidad", pues los datos fueron opacos incluso para los propios profesionales de la Agencia Tributaria, que tenían que contar con la autorización de sus superiores, concretamente de los inspectores jefe, para hacer cualquier tipo de comprobación. El secretario general de Gestha defiende que no debería haber más amnistías fiscales y que se tendría que cambiar la ley con ese objetivo. 

Admite, en todo caso, que de haberlas lo "deseable" sería que sí se hicieran públicos los datos de los beneficiados. Eso sí, también advierte del "efecto disuasorio" que tendría esa cláusula de transparencia, que propiciaría que especialmente personalidades reconocidas o grandes empresas, incluidas aquellas que contratan con la Administración, no se acogieran a este tipo de medidas de gracia para evitar ser señaladas de manera pública. 

Las iniciativas del PSOE

Pese a las dudas expresadas por los expertos sobre la viabilidad jurídica de hacer una publicación masiva de datos fiscales con carácter retroactivo, los socialistas, cuando estaban en la oposición, sí defendieron en numerosas ocasiones que sacarían a la luz esos nombres. El propio Pedro Sánchez dijo en alguna ocasión que el "compromiso" de su partido sería publicar "la lista de la vergüenza" cuando llegara al poder o que los ciudadanos tienen "derecho a saber la lista de amnistiados fiscales". "Publíquela porque si no lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al Gobierno", le instó a Rajoy en una intervención en 2015. 

De hecho, hace poco más de medio año, en noviembre del año pasado, los socialistas impulsaron en el Congreso una moción en la que se instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a "adoptar las medidas necesarias, incluso mediante la propuesta de modificación de la actual Ley General Tributaria, para dar a conocer la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica" que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. Esa misma iniciativa también pedía al Ejecutivo que difundiera el importe individualizado de las bases imponibles y las cuotas declaradas a raíz de ese procedimiento especial.

Durante el debate de la moción, impulsada por la diputada del PSOE Patricia Blanquer, la parlamentaria exigió al Gobierno del PP "total transparencia" para esclarecer "a quién se pretendía ayudar" con una amnistía que calificó de "indigna". "¿Al Estado o más bien a unos conocidos?", preguntó desde la tribuna. El punto concreto relativo a la publicación de los nombres de la amnistía fiscal de 2012 fue aprobado con 193 votos a favor. Sólo votaron en contra PP, UPN y Foro Asturias. El PNV se abstuvo porque se trata de un ámbito sobre el que el País Vasco tiene capacidad normativa propia, según explican en la formación jeltzale. 

Unidos Podemos y Ciudadanos votaron a favor de que se hiciera pública esa lista y ambas mantienen su posición en la actualidad. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, aseguró que "no es aceptable decir ahora que no se puede" hacer pública esa información. "Sea valiente y contará con nuestro apoyo", añadió. 

Desde la formación de Albert Rivera, por su parte, exigen a Sánchez "que no engañe a los españoles". "¿Será que también hay políticos del PSOE, además de los de PP y CiU? PP y PSOE llevan 30 años haciendo amnistías fiscales y echándoselas en cara, pero, a la hora de la verdad, se tapan los defraudadores los unos a los otros, porque ambos tienen mucho que esconder", dicen a este periódico fuentes del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. 

Por otra parte, el PSOE registró en junio del año pasado una proposición de ley, firmada por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, que prevé añadir una disposición adicional a la actual Ley General Tributaria para incluir la publicación de los nombres de las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.

En la exposición de motivos, los socialistas señalan que la "alarma social provocada por estos acontecimientos" y la "lógica indignación" de la ciudadanía hacen "imprescindible" que esos nombres salgan a la luz. No obstante, esta iniciativa está a la espera de que se inicie el primer paso de su trámite parlamentario, que es la toma en consideración por parte del Pleno del Congreso. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este viernes que el Gobierno no va a publicar el nombre de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, ya que la ley no permite aplicar con carácter retroactivo una modificación de tipo fiscal, informa Europa Press.

Al término de la reunión del Consejo de Ministro, la titular de Hacienda admitió que el Gobierno "ha estudiado esta posibilidad" y ha concluido que, modificando la ley, se podría hacer de cara a futuras amnistías fiscales –dejó claro que el Ejecutivo no tiene intención de aprobar ninguna nueva amnistía–, pero "no hay capacidad jurídica" para hacerlo con las amnistías pasadas.

En este sentido, y al ser cuestionada por la defensa que hacía el PSOE en la oposición de publicar el nombre de los amnistiados, Montero dijo que el Gobierno no abandona ninguna línea en este sentido, sino que simplemente la publicación de las personas beneficiarias de la amnistía "no se puede hacer", salvo que actualmente hubiera alguna disposición que lo precisara, que no la hay.

"Se podría incorporar en la ley a futuro, pero no con carácter retroactivo", reiteró Montero, que sí mostró en cambio la intención del Gobierno de modificar la Ley General Tributaria para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y de incluir el nombre de los administradores en la publicación de la lista de morosos con Hacienda.

El despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los Papeles de Panamá, ha anunciado este miércoles el cierre de sus oficinas en el país centroamericano y el resto del mundo.

Según las informaciones recogidas por el diario local Panamá América, un total de 600 trabajadores serán despedidos durante la semana por el bufete, que dejará a 36 personas al frente de las tareas pendientes.

"El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones", ha dicho Mossack Fonseca en un comunicado, recogido por la agencia británica de noticias Reuters.

El bufete saltó a la fama tras la filtración de millones de documentos que detallaban las operaciones de sus clientes, entre los que figuraban destacados políticos mundiales, para crear compañías en paraísos fiscales.

Las revelaciones del caso generaron indignación mundial al conocer en detalle cómo políticos, criminales, empresarios y deportistas de élite utilizaban entramados fiscales para pagar menos impuestos en sus países.

El año pasado, las autoridades panameñas realizaron un registro en las oficinas de Mossack Fonseca y arrestaron a sus socios fundadores para investigar posibles nexos con la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios locales y en otros países para obtener contratos.

Ramón Fonseca, uno de los socios que luego fueron puestos en libertad, negó que la empresa tuviera conexión con Odebrecht y acusó al presidente, Juan Carlos Varela, de haber recibido coimas de la firma brasileña. Varela ha negado las acusaciones.

Los Papeles de Panamá, que dieron lugar a numerosas investigaciones fiscales, fueron publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que obtuvo 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca con información sobre empresas creadas en paraísos fiscales.

Al estallar los Papeles de Panamá, a la familia Franco le descubrieron dos empresas en Islas Vírgenes Británicas: Vamfield Alliance Limited y Malini Investments Limited. Las habían clausurado unos años antes, en 2012. El año de la amnistía fiscal del PP, lo que desató las sospechas.

Cuando a Francisco Franco y Martínez Bordiú le preguntaron por las empresas a nombre de sus hijos –Francisco Franco Suelves y Juan José Franco Suelves– en paraísos fiscales, el primer nieto del dictador declaró que era "un tema antiguo y todo está regularizado”, algo “perfectamente legal". El periodista Rafael Méndez dejó constancia entonces de que Francis Franco “parece saber algo más del tema”.

infoLibreha descubierto que, al menos una parte de los activos que tenían en las Islas Vírgenes no vinieron a España, por lo menos no en un primer momento, sino que los trasladaron a Miami.

Francisco Franco entró como accionista de Malini Investments Limited, en las Islas Vírgenes, el 1 de enero de 2012. Al final de ese año, la compañía, que llevaba más de una década activa, fue absorbida desde Miami por Malini Corp, según la documentación oficial localizada en el Registro Mercantil del Estado de Florida.

Como directivos autorizados de la sociedad absorbente figuran Francisco Franco Suelves, el hijo, pero también Francisco Franco Martínez-Bordiu, el padre que parecía "saber algo más del tema".

La declaración de absorción establece que la sociedad de Estados Unidos adquiere los “activos, derechos, privilegios, poderes, inmunidades, franquicias, responsabilidades y obligaciones” de la sociedad de las Islas Vírgenes desde el 1 de enero de 2013.

La operativa de la operación es compleja. Los Franco registraron una empresa en el Registro de Miami, llamada Montecopel Inc, el 19 de diciembre de 2012. Ese mismo día firmaban la absorción de la empresa de las Islas Vírgenes. Dos semanas después rebautizaban la empresa resultante como Malini Corp. Las fechas de estos movimientos coinciden con la vigencia de la amnistía fiscal decretada por el PP, en la parte final de 2012.

Por cierto, el nombre inicial de la empresa de Miami es muy similar al de Montecopel S.A., una de las muchas sociedades que se le conocen a Francis Franco en España.

Malini Corp no es la única sociedad que mantiene en Miami esta rama de los Franco. Hay otra casi idéntica, Pristina LCC, con la misma dirección y en la que padre e hijo (Francisco Franco Suelves) aparecen también como directivos.

Hombres de paja o testaferros

En varios documentos de estas dos empresas figura como dirección en Florida “C/O 2100 Salzedo Street, Suite 300”. Esta es la dirección de la oficina en Miami de los abogados madrileños López de Santiago Consultores, que ofrecen servicios de “internacionalización de empresas”. Como “sede en América del Norte” estos abogados madrileños presentan las oficinas del bufete Arazoza & Co, que figura como responsable del papeleo de las empresas de los Franco en Miami.

infoLibre ofreció a los Franco, a través de sus bufetes de abogados, la oportunidad de comentar estos movimientos empresariales, sin obtener respuesta.

Por otra parte, en las dos sociedades clausuradas en las Islas Vírgenes los Franco tuvieron unos socios peculiares. Reluce el nombre de Thomas Shortt, que se dice barón irlandés de Galmoy, retratado como intermediario en numerosísimas operaciones con famosos españoles e intermediario para docenas de sociedades de Panamá y las Islas Vírgenes.

El de A. Kolupaev es un nombre que se repite en varias de esas operaciones en España, aunque sin relación aparente entre ellas. Esto apunta a un posible hombre de paja, presunto testaferro que por lo menos una vez declaró domicilio en el centro de Madrid y otra vez en unos cines de Vigo.

Con cientos de millones de patrimonio, los herederos del dictador son uno de los clanes a los que se ha relacionado en varias ocasiones con paraísos fiscales. Al frente de la familia, tras la reciente muerte de Carmen Polo, está su primogénito, Francis Franco, señor de Meirás y Marqués de Villaverde.

Se da la circunstancia de que un juzgado de Teruel condenó el pasado jueves a Francisco Franco Martínez-Bordiu por los delitos de atentado a la autoridad, daños y conducción temeraria a 30 meses de prisión. Lo hechos sucedieron el 30 de abril de 2012 en la provincia de Teruel, cuando agentes de la Guardia Civil de Tráfico observaron, a la altura de Monreal del Campo, el vehículo Toyota Hilux, conducido por el nietísismo, circulando por la CN-234 en sentido contrario y con las luces apagadas. Tras darle el alto, el conductor hizo caso omiso a las órdenes luminosas y acústicas y emprendió una huida de película que acabó con un agente herido.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reprochado este sábado al Gobierno que pida a los ciudadanos que ahorren para pagar las pensiones y la educación, mientras "se funden la hucha de las pensiones". "Hay que aumentar los impuestos a la clase media y trabajadora, así como la factura energética", pero, en cambio –ha dicho– "se aprueban amnistías fiscales para buena parte de compañeros del PP que quieren blanquear sus recursos económicos provenientes de la financiación irregular", informa Europa Press.

"Qué comodidad la del partido de los sobresueldos que le dice a aquellos damnificados de su reforma laboral con una devaluación salarial que están sufriendo que tienen que ahorrar para pagar las pensiones del mañana y también la educación de sus hijos", ha enfatizado.

Sánchez ha realizado estas declaraciones en una asamblea abierta que se ha celebrado en Castellón, en la que ha criticado la última reforma laboral, y ha apostado por derogar la misma, proponer un pacto de renta a los trabajadores, aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, y recuperar la negociación colectiva, la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación laboral y familiar.

El dirigente socialista ha destacado que la sociedad está en una "encrucijada": el camino de la resignación o "plantar cara", y ha subrayado que el primero actúa como una "especie de droga, anula las conciencias".

"Y no importa que vivamos en una sociedad en la que los hijos ven a sus padres desempleados de larga duración, que vean a sus madres sufrir una brecha salarial, y que vean los padres a sus hijos emigrar por la falta de oportunidades, o sufrir la explotación laborar por los contratos de la reforma laboral", ha añadido.

Por eso, ha explicado que cuando el presidente del Gobiermo, Mariano Rajoy, dijo que hay que ahorrar para las pensiones y hay que favorecer las pensiones privadas, "se olvida de decir que la mitad de esos fondos de pensiones son producto de ahorros del 20% que tiene más recursos económicos en este país, es decir está olvidando al 80 por ciento que no tiene recursos económicos como para poder ni tan siquiera ahorrar porque no puede llegar a fin de mes".

"Mercancías"

Sánchez ha criticado que el Gobierno trata a las personas como si fueran "mercancías" cuando dice que hay que pagar con ahorros las pensiones y la educación, pero –ha aclarado– "las pensiones dignas y la educación de calidad son derechos, no son mercancías", y por tanto ha dicho que no se pueden dar pasos atrás y caer en la resignación, "que impregna todo, pues no sólo están las élites políticas, financieras, también tiene sus tentáculos en las élites mediáticas, que vienen a decir que lo que representa el sentido común es situar la voluntad del ser humano por debajo de la voluntad de la economía".

La encrucijada, según ha destacado, "es resignarnos o revelarnos y plantar cara, y esto no es un gesto grandilocuente o una actitud meramente intelectual, porque queremos remover las conciencias de muchos ciudadanos que quieren decir 'basta ya', queremos otro camino", y ese camino –según ha añadido– "es el que pone ser humano en el centro de todas las decisiones políticas y económicas".

Sánchez ha manifestado que hay que reivindicar un camino que pasa por la socialdemocracia, "hay que abordar transformaciones, volver a reescribir un contrato social que se definió cuando gobernaban los socialistas, es decir, que si uno estudia podrá encontrar puesto de trabajo y si uno paga impuestos percibirá educación pública y sanidad de calidad y pensiones dignas".

El líder socialista ha reivindicado la libertad, "pues tenemos una reforma laboral que ha hecho que 14% de los trabajadores no llegue a fin de mes, con una devaluación salarial que ha hecho que la gente se sienta poco libre".

Al respecto, ha indicado que la socialdemocracia también representa libertad y seguridad, y ha subrayado que el estado de bienestar "solo está garantizado con gobiernos socialistas". "Tenemos que reivindicar la libertad, seguridad, igualdad y cultura y tenemos que intentar que los jóvenes sean libre pensadores, y vamos a apostar por ello", ha añadido.

Acuerdos

Pedro Sánchez ha señalado que los socialistas proponen diez grandes acuerdos, entre los que ha destacado un pacto de renta a los trabajadores, derogar la reforma laboral, aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, y recuperar la negociación colectiva, la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación laboral y familiar. Así mismo, ha apostado por los convenios sectoriales y una política de reindustrialización.

"El futuro depende de nosotros, tenemos sed de cambio y no vamos a alterar nuestro discurso, no nos descentrarán los ruidos ajenos de unos y de otros", ha subrayado Sánchez, quien se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará a la derecha en las próximas elecciones municipales y autonómicas y generales.

A preguntas de los ciudadanos, Sánchez ha abogado por reformar a fondo el sistema de pensiones "que garantice que sean públicas y, sobre todo dignas", y se ha preguntado "cómo es posible que el PP sea la primera fuerza política entre los mayores el PP".

Financiación

Sánchez también se ha referido a la financiación autonómica, para asegurar que hay que plantear los parámetros en base a los que los territorios tienen más o menos recursos, y la despoblación debe ser uno de esos indicadores. Así mismo, ha indicado que también hay que hablar de financiación local.

Finalmente, en cuanto a la corrupción, el líder socialista ha recordado que el PSPV fue, "a pesar de las críticas que llovieron" quien empezó a "tirar del hilo" de los casos de corrupción , y –ha dicho– "el PP es la Gürtel y la Gürtel era el PP".

“Lo del procés” nos ha ocupado muchísimo espacio del disco duro, cierto, pero a pesar de la monotemitis aguda que padecemosmonotemitis –yo voy de ronchas hasta las cejas–, han sucedido más cosas. ¿Qué se apuestan a que encontramos, al menos, un hecho relevante en cada mes?

Enero 2017:

Trump toma posesión de su cargo. Presidente poseído

¡Música!

♪ “Tenemos chica nueva en la oficina que se llama Donald y es...”♪ (continúen ustedes, a mí solo se me ocurren tacos gordos).

En once meses de mandato, entre dimisiones y despidos, ha abandonado más gente la Casa Blanca que la de Guadalix de la Sierra. Faltó una tirolina para ver salir disparados a Price, Bannon, Scaramuci, Spicer, Flynn, Comey, Dubke y Yates, entre otros.

A Donald le ha cundido la propagación del buen rollo, además de practicar el lema de su programa televisivo: “You are fired”, ha removido el avispero con el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel y ha alimentado su calentón con el joven norcoreano, una Tensión Nuclear No ResueltaTensión Nuclear No Resuelta que como lleguen a resolverla estos dos, aquí no queda en pie ni Tabarnia...

Febrero 2017:

Sentencia judicial del 'caso Nóos'

¡Música!

♪ “Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura...” ♪

Seis años de prisión para Urdangarin. La Fiscalía del Supremo pide aumentar hasta diez y él ha recurrido: “A un olmo no se le puede demandar por no dar peras”. Supera eso, Paulo Coelho.

♪ “Pero una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido, no sé quien era, tal vez un viejo amigo...” ♪

Al viejo amigo al que abrazaba, Diego Torres, le ha salido por ocho años y seis meses de prisión la broma que Nóos gastaron. Para Jaume Matas, perejil de todas las salsas, tres años y ocho meses, Jaume acumula bote hasta completar el rosco.

La infanta Cristina de Borbón obtuvo la absolución con multa de 265.088 euros y aquí paz y después... Ginebra.

Ella no sabía nada, como la protagonista de la canción de Rafaella:

♪ “Lucas, Lucas, Lucas, ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, ¡nunca lo sabré!”♪

Marzo 2017:

Los reguladores de la CNMV y del Banco de España le dicen al juez que de la quiebra de Bankia, ni idea, oye

¡Música!

♪ “No culpes a la noche, no culpes la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas...” ♪

Los comparecientes lanzaron sus balones fuera de la sala judicial, Miguel Ángel, MAFO le echó la culpa a la recesión y aquí paz y después... quiebra.

Abril 2017:

Prisión para Ignacio González, navegante de aguas turbias Madrid-Colombia...

¡Música!

♪ “Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla” ♪

Dos días antes de que ingresara en Soto de Real, vimos las lágrimas de la lideresa –hoy desaparecida– barruntando la enorme decepción porque su Nacho pudiera o pudiese salirle rana. Otro batracio, ay. En días tan familiares se la echa de menos, era la estrella del árbol.

Este ha sido también el año de las conversaciones de González y Zaplana. Desde las entrevistas de El loco de la colina, no escuchábamos frases tan memorables...

Mayo 2017:

Pedro Sánchez regresa a la Secretaría del PSOE

¡Música!

♪ “Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no no, que estaba tomando cañas, lerelerele...” ♪

Después de dimisión, gestora y primarias, Pedro volvió al puente de mando y aquí paz y después... las catalanas.

Junio 2017:

Declaran inconstitucional la amnistía fiscal de Montoro

¡Música!

♪ “Tal vez lloré, tal vez reí. Tal vez gané o tal vez perdí (...) Y todo fue, puedo decir, a mi manera.” ♪

31. 484 contribuyentes se beneficiaron de eso que Montoro llama “una regularización tributaria extraordinaria, en condiciones diferentes de una regularización ordinaria” y el resto del mundo “amnistía fiscal”.

¿Y qué pasó? Nada. Zasca del Consti y aquí paz y después... ejercicio del IRPF 2017. Vayan mentalizándose.

Julio 2017:

Cuarenta aniversario de las elecciones del 77

¡Música!

♪“Qué poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se las lleva tras él y quedan solamente los recuerdos uh, uh, uh, promesas que volaron y no pueden volver.” ♪

Escúchense entera la canción de Karina, no hace falta explicar más...

Agosto 2017:

Atentados en Barcelona y Cambrils

Aquí no hay música de baile. Solo caben el recuerdo –a pesar del aparente olvido–, el respeto y el dolor compartido.

Septiembre 2017:

En la foto de la apertura solemne del año judicial no hay mujeres

¡Música!

♪Macho, macho man, I've got to be, a macho man, macho, macho man, I've got to be a macho! Ow... ♪

Perdonen, se me ha colado una obviedad en la selección de hechos relevantes. ¿Que las mujeres no salgan en ciertas fotos es noticia? LOL.

Octubre 2017:

La sequía amenaza con restricciones en 2018

¡Música!

♪ “Agua que no has de beber déjala correr...” ♪

Y la dejamos correr, a pesar de que el asunto de la sequía es gravísimo, estamos a otra cosa... por ejemplo, “lo del procés”.

Noviembre 2017:

Salen a la luz los Paradise papers

¡Música!

♪ “Soy cantor de silencios que no vive en paz. Que presume de ser español por donde va.” ♪

Nuevo listado de patriotas variopintos que se llevan la pasta por el mundo paradisíaco. “Patrioteros viajeros”.

Diciembre 2017:

El cardenal Cañizares nos manda una carta en el cumpleaños de la Constitución

¡Música!

♪ “Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más” ♪

Nada más navideño que recibir correspondencia en diciembre. Aunque el cardenal se ha modernizado, a sus reprimendas epistolares les da un tono de coña de Whatsapp, “Coñizares”.

¿Han visto? Quitando la obviedad de la invisibilidad femenina, un hecho relevante por mes. Y lo del procés, eso también...

Ah, olvidaba lo más importante. Mención especial para la desaparición de un personaje clave, alguien sin quien no podría entenderse la historia de este país: Chiquito de la Calzada.

Lectores de mis entretelas, gracias por hacerme un sitio entre sus lecturas. Me encantaría que hoy además se bailaran mi columna, por cada noticia les regalo una canción para despedir el año. Que “lo que venga” nos pille bailando.

Si ustedes quieren, nos encontramos en enero, en el mismo sitio y a la misma hora, como Chiquetete.

¡Feliz año nuevo!

Cada vez que hay un nuevo caso, a pesar de las excusas, de negar lo evidente, de señalar a terceras personas y de acusar a los medios de comunicación de orquestar campañas... en fin, a pesar del recurso a la llamada posverdad(que es engaño), sale a la luz como se adjudican obras millonarias por cantidades de dinero muy considerables y empresas grandes y pequeñas se enganchan a la telaraña de la corrupción.

El rechazo a la corrupción se generaliza en el país, aunque parece que eso afecta muy poco a los votantes. Además, hay burladeros donde esconderse, pues los corruptos disponen de tres parapetos que el gobierno no parece tenga intención de eliminar. Parapetos que protegen, que permiten escapar.

Parapeto de las guaridas fiscales

Las cuentas receptoras de las ilegales comisiones de los corruptos se esconden en paraísos o guaridas fiscales. Ahí se ocultan al fisco en cuentas difíciles de conocer y más difíciles de controlar.

Ese dinero corrupto está en los mismos bancos donde esconden sus fondos los terroristas, narcos, traficantes de personas y todo tipo de criminales. Un lugar donde los políticos corruptos no tienen inconveniente alguno en coincidir con lo peor de cada país. Con la existencia del primer parapeto no sorprende que tras la Amnistía Fiscal no se den a conocer quienes son los corruptos beneficiados por la misma.

Parapeto de la falta de medios de la Agencia Tributaria

Algunas personas corruptas han sido descubiertas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica Fiscal de la Policía Nacional), por la UCO (Unidad Central Operativa de policía judicial de la Guardia Civil) y por esforzados jueces y tenaces fiscales.

¿Cómo parece actuar el gobierno en tal situación de afrontar la corrupción? Pues sin proporcionar los recursos necesarios que precisa la Agencia Tributaria ni las personas precisas que investiguen y persigan el gran fraude. De 2010 a 2016 los empleados de la Agencia Tributaria son casi tres mil menos.

Teniendo en cuenta que el volumen de fraude fiscal en España es un 23%, (el doble que en Alemania, Bélgica, o Francia), en España hay menos de la mitad de empleados de Hacienda que en esos países y menos que la media de la UE-28 en la proporción de empleados de Hacienda respecto a la población.

Además no se han convocado plazas en los últimos años. No aumentan los medios de inspección ni las personas que investigan, aunque el fraude sea enorme y a pesar de que ha aumentado la dificultad de inspeccionar grandes empresas y fortunas. Y para colmo el 40% de la Agencia Tributaria se jubilará en diez años. Se jubilará el personal con más experiencia.

Esta situación impide que sean investigadas grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude fiscal en este país, con la interposición de múltiples sociedades y otros trucos y trampas contables que convierten en ardua gesta el descubrir a corruptos y defraudadores.

Parapeto del funcionamiento deficiente de la administración de justicia

A pesar de parapetos y burladeros, en ocasiones se descubre a los corruptos, son acusados y van a juicio. Y ahí surge un tercer parapeto como el nombramiento por el gobierno de fiscales anticorrupción no muy dignos de confianza que son reprobados por el Congreso de Diputados. Además de ser designados algunos jueces muy cercanos al gobierno. Otro sí, por falta de medios materiales, en ocasiones de personal y otras razones, los juicios se prolongan 5, 10 o más años y es sabido que justicia retardada es justicia denegada.

La muestra del interés real del gobierno por resolver este panorama inquietante es que el presupuesto del Ministerio de Justicia de 2008 fue de 3.904 millones de euros, pero en 2016 solo era de 3.948 millones que, ponderada la inflación, resulta ser un 10% menos que ocho años atrás. Y, mientras en Europa hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España solo hay 11, poco más de la mitad.

Tal escenario, más las sabidas prácticas de los abogados del mundo, logra que los corruptos actúen de hecho con impunidad considerable. Panorama que hace imprescindible que el Gobierno y los partidos se propongan en serio acabar con la corrupción, yendo contra los paraísos fiscales (verdaderas guaridas de corruptos), aumentando recursos y funcionarios de inspección de la Agencia Tributaria y proporcionando más medios a la administración de Justicia.

Solo así habrá un sistema fiscal y judicial equivalente al de los países europeos de nuestro entorno que elimine la corrupción o la reduzca de modo considerable. ------------------------------------------------------------------------------

Xavier Caño es miembro de ATTAC y de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó este lunes responder de manera directa a la pregunta de si Mariano Rajoy sigue confiando en él tras su reprobación por el Congreso de los Diputados, las informaciones sobre el despacho de asesoría que fundó y los datos revelados por el exministro José Manuel Soria en sus memorias inéditas. Pero sostuvo que el hecho de que él estuviese en la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que había aprobado el techo de gasto "tiene una clave". Es decir, que se siente respaldado por su jefe.

No es ningún secreto que Montoro es uno de los ministros de Rajoy más desgastados. El varapalo del Tribunal Constitucional a la amnistía fiscal y la reprobación parlamentaria consecuencia de esta decisión del alto tribunal han puesto todavía más en el foco al titular de Hacienda. Pero el presidente del Gobierno no parece dispuesto a dejarle caer, cuentan las fuentes del PP y del Gobierno consultadas por infoLibre.

Montoro ha conseguido, argumentan, algo muy complicado en una situación de minoría parlamentaria: sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y está "en vías" de conseguir lo mismo para 2018. "Esto es lo que da verdaderamente oxígeno a Rajoy, lo que le alarga la legislatura", defiende un diputado para ilustrar la confianza del presidente en su ministro de Hacienda.

En todo caso, ¿consideran los conservadores que hay una estrategia de 'fuego amigo' contra Montoro para debilitar, todavía más, su imagen? Las fuentes consultadas coinciden en que no puede hablarse en "sentido estricto" de una campaña desde dentro del PP y del Gobierno para hacer caer a Montoro. "Esto tiene su letra pequeña", considera un destacado dirigente conservador. Y esa "letra pequeña" consiste en el convencimiento en círculos del PP y del Ejecutivo de que "antiguos ministros" de la primera etapa de Rajoy en la Moncloa, con José Manuel Soria a la cabeza, y "altas esferas empresariales" están aprovechando la situación que atraviesa el ministro para "disparar contra él".

"Hace una semanas el foco estaba en Catalá..."

"Están aprovechando el momento. Pero la cosa no va a pasar a de ahí. Hace unas semanas [Rafael] Catalá [el ministro de Justicia] estaba en el punto de mira por las supuestas injerencias de su departamento en la Justicia y ahora le ha tocado a él", interpreta un dirigente regional.

Según informa este lunes el diario El Mundo, Montoro alarmó a Mariano Rajoy con una vieja cuenta suiza de la madre de Soria. Es, al menos, lo que asegura el propio exministro de Industria en un libro inédito del que el citado periódico da algunos detalles.

Dicha cuenta, siempre según la versión del exministro,  ya había sido liquidada y declarada al fisco, pero no quiso tener que informar en el Parlamento sobre las actividades de su madre. A Soria, afirma El Mundo, le pareció indignante la actitud de Montoro y la tomó como un ajuste de cuentas por desencuentros del pasado en el Gobierno.

El libro, que aún no tiene fecha de publicación, está cargado también de críticas contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y también contra grandes grupos eléctricos y audiovisuales.

¿La vuelta del G-8?

Las fuentes consultadas no sólo ven a Soria "maniobrando". Subrayan que es posible que esté preocupado por algún asunto que pueda estar a punto de estallarle y que, de paso, esté aprovechando para "saldar cuentas" con Montoro. Pero no descartan, además, la posibilidad de que el llamado"G-8", el grupo de ministros rivales de Santamaría y del propio Montoro de la primera legislatura de Rajoy, esté reactivando sus reuniones.

En todo caso sería un G-8 ya muy reducido en el que los miembros más activos serían el propio Soria, el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, el exministro de Educación José Ignacio Wert o el extitular del Interior Jorge Fernández Díaz. "Entre algunos de ellos hay cabreo porque no han logrado aquello a lo que aspiraban tras pasar a la segunda línea de la política", coinciden las fuentes. El propio Soria se quedó sin plaza en el Banco Mundial.

El propio Montoro había admitido en rueda de prensa que hay "intereses" para que dimita como ministro de Hacienda como "hay intereses en que no hubiese entrado". "Son los mismos", llegó a decir. "Intereses en esta vida los hay unos y otros y los de más allá", dijo antes de sostener que tiene "mucho trabajo".

El enfrentamiento entre Montoro y Soria vivió un momento clave el mismo día de su dimisión, cuando el ministro responsable de la Agencia Tributaria dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "quien ha operado en paraísos fiscales" no puede "formar parte del Gobierno".

No pasa inadvertido que en el actual gabinete de Rajoy hay ministros enfrentados internamente entre sí: la relación de Montoro y Luis de Guindos no es la mejor, como tampoco es la mejor la relación entre Santamaría, que siempre se ha contado entre los principales apoyos del ministro de Hacienda, y la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal. Tampoco pasan inadvertidos los roces entre el titular de Hacienda y exdestacados miembros del PP como Esperanza Aguirre o el expresidente Aznar.

"Conspiraciones empresariales"

La semana pasada, el diario ABC, publicó varias portadas sobre la relación del ministro con Equipo Económico, el despacho que originalmente en 2006 fundó con el nombre de Montoro y Asociados. Unas informaciones tras las que algunos compañeros de partido de Montoro ven "conspiraciones empresariales", el "enfado" de las "altas esferas" por algunas de las políticas adoptadas en sus años en Hacienda.

Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitió a trámite la semana pasada la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados.

El ministro de Hacienda se desvinculó de este despacho dos años más tarde de su fundación, que inicialmente se llamó Montoro y Asociados. Ante las noticias aparecidas en su día sobre este asunto, el propio Montoro señaló que cuando abandonó la consultora pasó a denominarse Equipo Económico y que hasta entonces no había contratado con ninguna administración.

El Mundo también ha desvelado que en 2012 Soria accedió a un correo electrónico del gabinete del ministro de Hacienda con una propuesta para la reforma energética. Esta llegaba con el membrete de Abengoa, cliente de Equipo Económico.

En sus memorias inéditas, el propio Soria menciona algunos episodios empresariales, como sus enfretamientos con los grandes del sector audiovisual por ejecutar la sentencia del TC que instaba a cerrar nueve canales de TDT, algo que, según narra, le llevó a "tensos encuentros" con el presidente de La Razón, Mauricio Casals. Casals ya estuvo en el punto de mira de la operación Lezo y ahora lo está por la operación Hanta.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicas y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó el pasado jueves un operativo contra el Grupo Zed y la familia al frente de esta empresa, los Pérez Dolset, por dañar a sus accionistas con su concurso de acreedores. Entre los principales querellados se encuentra el hombre fuerte del Grupo Planeta y presidente de La Razón.

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para obligar al Gobierno a revelar la identidad de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a la declaración tributaria especial de 2012, más conocida como amnistía fiscal, declarada inconstitucional.

La iniciativa legislativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, consta de un único artículo para añadir una nueva disposición adicional a la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria.

En ella se establece que el Gobierno deberá adoptar en el plazo máximo de quince días desde su aprobación "las medidas necesarias para dar a conocer la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica" que se acogieran a dicho proceso de regularización.

Asimismo, el PSOE quiere que también sea público el importe individualizado de las bases imponibles y cuotas declaradas por los amnistiados fiscalesamnistiados fiscales y, en caso de las empresas acogidas, que se especifique la titularidad real, directa o indirecta de los accionistas o partícipes de las mismas.

Por último, para la comunicación de la propuesta de inclusión en el listado, la posibilidad de presentar alegaciones por parte de "las personas y entidades afectadas", la publicidad por medios electrónicos y el tratamiento de datos necesarios para la publicación, el PSOE se refiere a lo establecido en la propia ley para las situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

La sentencia del TC le costará a Montoro su reprobación

El PSOE ya presentó hace dos legislaturas, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy contaba con una cómoda mayoría absoluta en el Congreso, una proposición de ley para revelar la identidad de los amnistiados fiscales, todo ello dentro de una batería de medidas dirigidas a combatir dicha regularización aprobada por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Precisamente, ha sido una de estas medidas, el recurso ante el Tribunal Constitucional del decreto ley, el que ha provocado que la amnistía fiscal vuelva a estar en el centro del debate político. Así, el Alto Tribunal declaró el pasado 8 de junio la nulidad de la regularización extraordinaria, considerando que la norma suponía "legitimar" el fraude fiscal.

Esta misma semana, el Congreso ha debatido la propuesta de reprobación de Montoro, que contará con el voto favorable de todos los grupos de la oposición, a excepción del PNV. Únicamente el PP defendió al ministro durante el debate en el Pleno del Congreso.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden que el Gobierno no apruebe ninguna medida propuesta por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vía decreto ley, y que tenga hacerlo mediante un proyecto de ley con el objetivo de que los distintos partidos políticos puedan debatirlo en el Parlamento, de modo que no sea aprobada sin consenso.

Ante la reprobación a Montoro que se realizará este martes por la tarde en el Congreso de los Diputados tras la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la amnistía fiscal, Gestha "entiende" este gesto político de reprobación por parte de los partidos, pero va más allá y reitera su petición de dimisión al ministro, desde un punto de vista "exclusivamente técnico".

El sindicato pide su dimisión porque "con el decreto ley de la amnistía fiscal quebró los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad que deben regir el sistema tributario según la Constitución, de modo que su continuidad al frente del Ministerio es insostenible".

Para Gestha, Montoro debe asumir responsabilidades después de la sentencia del Constitucional, y esto empezaría por no poder acometer ningún cambio legal sin el debate y propuestas de enmiendas del resto de grupos parlamentarios, pues esta decisión judicial le invalida para ello tanto a ojos del resto de grupos políticos como de la sociedad. En este sentido, pide que se abra en el Congreso una subcomisión de estudio de la AEAT, de los Tribunales Económico Administrativos y del Ministerio de Hacienda para que afloren los problemas estructurales que impiden que se reduzca la economía sumergida, que no se controle el gasto público con eficacia, que se produzcan dispendios o que se demore la resolución de las reclamaciones de los contribuyentes.

"Las conclusiones de esa subcomisión deberían establecer un mandato al Gobierno para que adopte las principales medidas de mejora y su orden de prioridad en el tiempo", señala.

Igualmente, los técnicos reiteran su petición de que se incluya en el artículo 31.1 de la Constitución española, que hace referencia a los principios esenciales del sistema tributario, la prohibición de aprobar nuevas amnistías fiscales, sean estas en la forma que sean.

Para Gestha, esta es la única forma de asegurar a los contribuyentes que no se volverá a producir una situación como la de 2012, en la que más de 30.000 personas pudieron regularizar su situación con Hacienda "sin ningún tipo de penalización".

"Esta medida es más necesaria aún a la luz de los datos recogidos por el colectivo, pues al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal han continuado defraudando una vez regularizada su situación, lo que supone el porcentaje más elevado de fraude dentro de todos los grupos de contribuyentes que hay en España", subraya.

Por ello, también reitera la necesidad de que se abra una investigación tributaria a las 29.065 personas y 618 sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar si han cambiado su compartimiento evasor o siguen defraudando. Además, en estos años de investigaciones, también se ha detectado que 705 personas que tienen indicios de haber blanqueado se habían acogido igualmente a la amnistía fiscal, lo que representa al 3,4% de los amnistiados.

Ante estas cifras, además de la investigación, Gestha solicita que se hagan públicos los nombres e importes de la amnistía fiscal, al igual que se hace con la lista de morosos, para que toda la sociedad sepa el nombre e importes aflorados de esas personas o compañías que han aprovechado la amnistía fiscal.

El Congreso de los Diputados  aprobó este jueves retirar la confianza al ministro de Hacienda por haber aprobado una amnistía fiscal ahora derribada por el Constitucional. La propuesta salió adelante, tal y como estaba previsto, gracias a los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, ERC y Compromís (una amplia  mayoría absoluta de 197 diputados). El PNV se abstuvo (cinco votos) y el PP votó en contra (135 votos). Los grupos de la oposición avanzaron su sentido del voto el martes en el Pleno de la Cámara baja durante la moción consecuencia de interpelación urgente defendida por el Partido Socialista.

Con ello, Montoro se convierte en el segundo ministro de Mariano Rajoy que no cuenta con la confianza del Congreso. El pasado mayo salió adelante la reprobación del titular de Justicia, Rafael Catalá, por la actuación de su departamento en la investigación de los casos de corrupción. Una sesión en la que también se reprobó al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el ya ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix. Y, hace menos de una semana, ocurría lo mismo con el número dos de Interior, José Antonio Nieto. El secretario de Estado de Seguridad fue reprobado por su reunión con Pablo González, hermano de Ignacio González, en el marco de la operación Lezo.

Tras la votación, el ministro ha dicho aceptar el resultado de la votación asumiendo que la "la reprobación es un acto democrático", pero ha renglón seguido ha indicado que es un "reproche" que no tiene consecuencia práctica.

En ese sentido, ha querido dejar claro que no giene intención de dimitir y seguirá trabajando en la preparación de los Presupuestos Generales de 2018, empezando por el techo de gasto, que es la "antesala" y que el Gobierno aprobará el próximo lunes. "La vida sigue y hay que seguir trabajando y negociando", ha dicho, informa Europa Press.

El ministro no pudo escuchar los argumentos de los partidos para su reprobación. El pasado martes gran parte del Gobierno, él incluido, estaba en el Senado. De ahí que la Cámara baja dejara para el jueves la votación. "Ningún defraudador puede estar tranquilo hoy", dijo el ministro en la Cámara alta.

Para Julián López Milla, portavoz del PSOE en la defensa de esta iniciativa, con la amnistía fiscal Montoro se acabó convirtiendo en "colaborador necesario para que los negocios" de los corruptos saliesen "redondos".

El parlamentario del principal partido de la oposición intentó desmontar el argumentario con el que los conservadores defienden la amnistía fiscal: que sirvió para recaudar dinero en un momento de "prequiebra". Y que el TC sólo critica el vehículo elegido para poner en marcha la medida, el real decreto ley.

A juicio de López Milla, el PP se equivoca en sus interpretaciones de la sentencia. E insistió en que el tribunal se pronuncia con "claridad y dureza" al señalar que con la amnistía fiscal el Estado "ha abdicado".

La sentencia, resumió del socialista, "pulveriza todos los argumentos del ministro de los últimos años para defender su decisión".

En el turno de Unidos Podemos fue el diputado Alberto Garzón el que subió a la tribuna de oradores. El diputado hizo hincapié en que el Gobierno "no está preocupado" por esta reprobación. "Parece que las va a acumular hasta lograr el equipo completo", ironizó al tiempo que añadía que el el caso es de "extrema gravedad".

En este sentido, recalcó que la sentencia no tiene consecuencias penales. Y consideró que el Partido Popular "sabía que era inconstitucional, pero a pesar de eso lo hicieron". "No se cree nadie que no había alternativa", censuró.

Vicente Ten (Ciudadanos) insistió en que "el fin no justifica los medios" y en que su grupo parlamentario "exige un alivio fiscal a los contribuyentes". Horas antes, Rajoy se reunía con Albert Rivera en la Moncloa en plena negociación del techo de gasto para 2018, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.

Desde ERC, Ester Capella i Farré criticó que el Gobierno del PP premiase a los defraudadores. Y desde el PNV, formación que se abstendrá, Idoia Sagastizabal recordó que su grupo fue crítico con la medida, que no se aplicó en Euskadi y que, en todo caso, esta reprobación "no obliga a nada". 

En defensa de Montoro salió la parlamentaria del PP Ana Madrazo. "¿Por qué se pide la reprobación de Montoro? ¿Por qué es bueno? ¿Qué es lo que les molesta del ministro?", preguntó a los socialistas.

En este sentido, interpretó que quizá lo que le molesta al principal partido de la oposición es que "en dos ocasiones" Montoro haya tenido que sacar a España del "hoyo" en el que la dejó el PSOE.

Querella contra Equipo Económico

La iniciativa fue debatida horas después de que el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitiese a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados, según han informaron fuentes fiscales a Europa Press.

El ministro de Hacienda se desvinculó de este despacho dos años más tarde de su fundación, que inicialmente se llamó Montoro y Asociados. Ante las noticias aparecidas en su día sobre este asunto, el propio Montoro señaló que cuando abandonó la consultora pasó a denominarse Equipo Económico y que hasta entonces no había contratado con ninguna administración.

La iniciativa que se debatió este martes en el Congreso de los Diputados es consecuencia de una interpelación urgente de la semana pasada a iniciativa de los socialistas.

Rechazo a dimitir

El ministro de Hacienda se enfrentó el pasado miércoles a una jornada parlamentaria dominada por su amnistía fiscal ilegal compareciendo en comisión para rendir cuentas de esta polémica medida tumbada por el Tribunal Constitucional hace un par de semanas. Durante una hora de intervención previa, el titular de Hacienda insistió en que la medida no era de su agrado, en que se aprobó por la delicada situación económica en la que se encontraba España y en que el Tribunal Constitucional sólo critica que "el vehículo normativo no fue el acertado". Se reservó el titular para el final, cuando estaban a punto de tomar la palabra el resto de grupos parlamentarios: una reforma de la Ley General Tributaria para que no vuelva a haber más amnistías fiscales en España.

"La Declaración Tributaria Especial se presentó como una última oportunidad para regularizar dinero oculto", fue preparando el terreno antes de proponer al resto de formaciones con representación parlamentaria una modificación legal para que la Declaración Tributaria Especial (DTE), como el Gobierno califica a la amnistía fiscal de 2012 sea la última. Lo propuso, dijo, dado que "se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie".

"Creo que hay un consenso muy amplio en contra de que haya nuevas regularizaciones extraordinarias como las que ha habido en España en las últimas décadas. Por eso les propongo modificar la Ley General Tributaria para que incluso lleguemos a prohibir expresamente nuevas regularizaciones", subrayó.

Ya este día, PSOE y Unidos Podemos reclamaron a Montoro su dimisión, algo a lo que se negó. "Cuanto mas se dedica usted a pedir mi dimisión, menos me puedo ir", llegó a responder al socialista Pedro Saura.

Fue hace ahora casi tres semanas cuando el Tribunal Constitucional daba un contundente varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy declarando inconstitucional la amnistía fiscal, el Real Decreto Ley 12/2012, una de las medidas más polémicas de la X Legislatura (2011-2015) si se tiene en cuenta que personas vinculadas con el partido del Gobierno o inmersas en investigaciones judiciales se acogieron a ella para aflorar bienes ocultos hasta esa fecha.

En el Gobierno han intentado salir al paso de este mazazo judicial con el argumento de que el TC, que anula la amnistía fiscal, pese a que no tiene efecto sobre las regularizaciones, censura con su sentencia el vehículo mediante el que se llevó a cabo la medida: el real decreto ley. Y justificando que vio luz verde para hacer frente a una situación económica límite, pese a que no se llegó a recaudar lo inicialmente previsto. En todo caso, este episodio pone el foco sobre el excesivo recurso al real decreto ley a la hora de legislar. Una vía a la que Rajoy ha recurrido en 93 ocasiones desde que asumió el Gobierno a finales de 2011. El reparto es el siguiente: 76 en la X Legislatura, una en la corta XI Legislatura y 16 en lo que llevamos de XII Legislatura.

La petición de Gestha

Ante la reprobación a Montoro, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reiteraron su petición de dimisión al ministro. Para Gestha, "Montoro debe asumir responsabilidades después de la sentencia del Constitucional, y esto empezaría por no poder acometer ningún cambio legal sin el debate y propuestas de enmiendas del resto de grupos parlamentarios, pues esta decisión judicial le invalida para ello tanto a ojos del resto de grupos políticos como de la sociedad".

Gestha reclamó este martes en un comunicado "que se abra en el Congreso una subcomisión de estudio de la AEAT, de los Tribunales Económico Administrativos y del Ministerio de Hacienda para que afloren los problemas estructurales que impiden que se reduzca la economía sumergida, que no se controle el gasto público con eficacia, que se produzcan dispendios o que se demore la resolución de las reclamaciones de los contribuyentes". "Las conclusiones de esa subcomisión deberían establecer un mandato al Gobierno para que adopte las principales medidas de mejora y su orden de prioridad en el tiempo", añaden.

También reiteran la necesidad de que se abra una investigación tributaria a las 29.065 personas y 618 sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar si han cambiado su comportamiento evasor o siguen defraudando.

Todos los grupos parlamentarios de la oposición, a la espera de la decisión final del PNV, apoyarán este martes en el Pleno del Congreso la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal de 2012 que ha sido declarada inconstitucional.

La moción, consecuencia de la interpelación que el PSOE dirigió la pasada semana al ministro Montoro, tiene un único punto que hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitución del pasado 8 de junio por el que declaró nulo el decreto ley de la regularización fiscal extraordinaria llevada a cabo en 2012, conocida como amnistía fiscal.

En el texto, recogido por Europa Press, se pide la reprobación de Montoro "por haber beneficiado a los defraudadores mediante la amnistía fiscal que contemplaba dicha norma, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable, actuando en contra de los principios de capacidad económica y justicia del sistema tributario y de su deber de promover la conciencia fiscal entre los españoles".

En la última sesión de control, tanto el presidente Mariano Rajoy como el ministros Montoro han restado trascendencia a la sentencia haciendo hincapié en que el Alto Tribunal sólo rechaza el instrumento empleado, el decreto ley, y destacando que el fallo no tiene efectos legales. "Y lo demás son juicios de valor", zanjó el jefe de Gobierno.

En principio, la reprobación del ministro de Hacienda cuenta con respaldo suficiente para ser aprobada pues tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han anunciado su apoyo, lo que ya les otorga mayoría absoluta.

Pero, además, la reprobación contará con el voto favorable de los independentistas catalanes de Esquerra  y del PDeCAT , el partido mayoritario del Grupo Mixto.

El PNV, que prefirió abstenerse en la última propuesta de reprobación planteada por el PSOE, en concreto contra el "número dos" de Interior, está pendiente de celebrar una reunión de su grupo parlamentario para fijar posición.

Montoro se puede convertir en el segundo ministro del Gobierno de Mariano Rajoy que es censurado por el Pleno del Congreso. El primero fue el titular de Justicia, Rafael Catalá, censurado el 16 de mayo acusado de "obstaculizar" la acción de la Justicia en casos de corrupción como la llamada Operación Lezo.

La semana pasada el Pleno del Congreso reprobó también al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por un presunto "chivatazo" en la operación policial que ha llevado a prisión preventiva al expresidente madrileño Ignacio González y a su hermano Pablo González, con quien Nieto se había reunido.